AGLI Recortes de Prensa   Lunes 20  Diciembre  2021

155
Rosa Díez. okdiario 20 Diciembre 2021

Ningún sistema democrático está a salvo de que aplicando el sufragio universal llegue al Gobierno una persona o un grupo de individuos que utilicen el poder obtenido legítimamente para destruir el sistema democrático utilizando medios ilegítimos para conseguirlo.

Hay muchos ejemplos en la historia que demuestran la posibilidad de pervertir el sistema democrático utilizando los poderes del propio sistema; la Segunda Guerra Mundial es la expresión más cruenta de cómo un “´líder” votado en las urnas utilizó todo el poder para destruir el sistema de libertades que le permitió acceder al Gobierno de Alemania.

Por eso todas las democracias establecen cautelas y/o cortafuegos en sus ordenamientos jurídicos que no se limitan a proclamar como fórmula ordinaria e inseparable del propio sistema democrático la separación de poderes entre el ejecutivo, el legislativo y el judicial, sino que introducen artículos de protección del sistema que deben ser utilizados cuando la defensa del interés general así lo requiera; o prohíben –como es el caso de Alemania- la existencia de determinados partidos políticos cuya ideología ya ha demostrado ser un peligro para la sociedad plural y democrática.

Los detractores de los cortafuegos en defensa de la democracia se han empeñado durante años en decir que el efecto del artículo 155 de nuestra Constitución es la suspensión de la autonomía. Pero la realidad es justamente la contraria, pues la aplicación de este artículo tiene por objeto reponer la legalidad allá donde haya sido vulnerada, o sea, proteger a los ciudadanos frente al despotismo de los gobernantes y proteger la autonomía de los individuos –sus derechos- frente a la pulsión totalitaria del gobernante que se los niega y/o los mancilla.

Como se detalla en la contextualización y sinopsis del propio texto constitucional, estamos ante un artículo que se inspira claramente en la figura de la llamada “coerción federal” (Bundesswang), prevista en el artículo 37 de la Ley Fundamental de Bonn, lo que se advierte incluso en la literalidad del texto español. En otros sistemas federados o de estructura compleja, el mecanismo de reacción extrema cuando se atente contra la lealtad federal consiste no solo en dar instrucciones para el cumplimiento forzoso de las obligaciones incumplidas, sino que conlleva la suspensión o disolución de los órganos sub estatales o territoriales, la llamada “intervención o ejecución federal”. Ejemplos de ello encontramos en el artículo 100 de la Constitución austriaca, el art. 126 de la Constitución italiana o el apartado 321 del artículo 75 de la Constitución argentina.

Así pues, el artículo 155 de la Constitución Española es un artículo ordinario de nuestra Carta Magna y que resulta común en las democracias de nuestro entorno. Un artículo que debe activarse cuando las autoridades de una comunidad autónoma actuaran contraviniendo las leyes y vulnerando los derechos de los ciudadanos y el interés general. Esto es lo que dice:

»Artículo 155
»Si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general».

Durante la pasada semana hemos visto al consejero de Educación del Gobierno autonómico de Cataluña presentarse en el Colegio de Canet del Mar para solidarizarse con quienes persiguen, excluyen y señalan a un niño y a su familia que reivindican su derecho a recibir un 25% de su educación en castellano. Hemos visto a ese mismo consejero apoyar la decisión del Colegio de incumplir una sentencia del Tribunal Supremo que protege el derecho de los niños a ser educados en la lengua común. Hemos visto que el presidente del Gobierno autonómico se ha negado expresamente a apoyar la implementación de la sentencia del Tribunal Supremo. Hemos visto a Pere Aragonés reunirse con entidades sociales y culturales para “dar respuesta” a la sentencia del Supremo y anunciar su decisión de blindar el catalán para que sea la única lengua vehicular a través de una batería de iniciativas y una ofensiva inspectora para incumplir la sentencia del Supremo y garantiza la “inmersión lingüística”.

Hemos visto al presidente de la comunidad autónoma encabezar una manifestación contra la sentencia del Tribunal Supremo, a favor del segregacionismo lingüístico y en contra de los derechos de los niños a ser educados en su lengua materna. Hemos visto a la presidenta del Parlamento autonómico de Cataluña animar a los manifestantes a defender el catalán “con firmeza”, mientras sonaban gritos a favor de la inmersión, que es una manera educada de llamar a la segregación lingüística. También hemos visto a los sindicatos llamados de clase – subvencionados con el presupuesto y los impuestos que pagamos todos los españoles- apoyar a los victimarios y pedir que se incumpla la sentencia del Supremo.

Hace demasiado tiempo que Cataluña se viene convirtiendo en un territorio sin ley. Pero ha llegado un momento en el que la violación sistemática de las leyes por parte de los gobernantes de esa comunidad, en connivencia con quienes forman el Gobierno de España, trae como consecuencia la violación directa de los derechos más elementales de los ciudadanos, lo que además de ser una injusticia inaceptable representa un riesgo real para la convivencia. ¿Qué más tiene que ocurrir para que el Gobierno de la nación active el artículo 155 y reponga la normalidad democrática (ahí si) en una Comunidad cuyos gobernantes actúan de forma que atentan gravemente el interés general de España? ¿A qué espera Sánchez para cumplir, él mismo, con su obligación constitucional?

Antes de que sea demasiado tarde, artículo 155. Ya.

Ni calidad democrática ni higiene económica
Miguel Ángel Belloso. okdiario 20 Diciembre 2021

¿Sabían ustedes que en el Congreso de los Diputados hay una Comisión de Auditoría de la Calidad Democrática? Yo no, desde luego, aunque parece algo insólito en una democracia sólidamente asentada como la española a pesar de los esfuerzos ímprobos de Sánchez y de sus socios para socavarla. Pero, una vez conocido el hecho, presumo que tal engendro sirve de poco porque, en caso contrario, debería haber armado mucho ruido después de que el Tribunal Constitucional haya sentenciado que los estados de alarma decretados por el Gobierno con motivo de la pandemia no se han atenido a la ley, o que el Ejecutivo hace poco por garantizar el derecho de los niños a escolarizarse en Cataluña en castellano o que concede indultos arbitrariamente a los presos catalanes rebeldes o la gracia a una madre como Juana Rivas que se negó a que se investigasen los abusos sexuales a uno de sus hijos.

Pero lo que me interesa destacar ahora es que ante la citada Comisión el Partido Socialista, acompañado de Más País, ha registrado un informe que pone en duda la legitimidad de las autoridades y organismos independientes, que ejercen de contrapeso al poder ejecutivo, y que son la Comisión Nacional del Mercado de Valores, la de la Competencia, la Autoridad Fiscal Independiente y hasta al Banco de España, por citar las más importantes. Todas estas instituciones que velan por el buen funcionamiento de los mercados a cargo de personas que, por otra parte, nombra el Gobierno son básicas para el sano discurrir del sistema económico y proporcionan las dosis de seguridad jurídica y de confianza que son ineludibles en cualquier país desarrollado para atraer a los inversores, fomentar el desarrollo de los negocios al margen de la intervención pública y propiciar la entrada de capital extranjero.

Pero a la izquierda, por lo visto, no le parecen del todo adecuadas. Está dispuesta a cambiar este estado de cosas que considera insatisfactorio. Y para tratar de justificar este atropello a la civilización dicen que los máximos responsables de estos organismos no son depositarios de una relación de confianza con el Parlamento ni están sometidos al control de las Cámaras y que por eso han adquirido un estatus exorbitante no previsto en la Carta Magna.

Por fortuna, no todo lo que sucede en un país libre sometido al imperio de la ley está minuciosamente reglado por la Constitución y hace tiempo que los estados desarrollados, a fin de poner coto a la inclinación de los gobiernos por colonizar la vida pública decidieron dotarse de organismos independientes que, por ejemplo, estuvieran al cargo de la política monetaria, que procuraran la mayor competencia posible entre las empresas o que vigilarán el correcto funcionamiento de las bolsas y de los mercados de valores. Al frente de ellos suelen estar personas con experiencia y reputación que velan por una causa tan noble como impedir la ‘colonización democrática’ de todos los espacios de la esfera pública. Porque este y no otro es el propósito fundamental de los socialistas y de los representantes de Más País que han presentado este informe en la llamada comisión para la calidad democrática: invadir todas las instituciones y someterlas a la dictadura del voto. En definitiva, acabar con su independencia de criterio y de juicio.

Entre las perlas del documento de marras se pueden leer las siguientes: “Es el Gobierno el sujeto legitimado para adoptar las decisiones en todos los ámbitos”. “Son los representantes de la ciudadanía los que deberían nombrar a los máximos responsables de estas instituciones”. “Hay que valorar la idoneidad de las personas propuestas y controlar su posterior desempeño”. Y aquí viene el mayor torpedo de profundidad: “Entre las incompatibilidades para ejercer como máximo responsable de estos organismos NO puede figurar la militancia en un partido político”. “Sería oportuno una dirección colegiada en lugar de una unipersonal en estos organismos para mejorar la pluralidad”.

Como diría un castizo, verde y con asas. La pretendida calidad democrática que aducen en el informe es un pretexto para malversarla. ¿Qué pluralidad puede reclamarse para subir o bajar los tipos de interés, o para continuar comprando deuda pública de los estados o cesar en este empeño? Aquí no hay pluralidad que valga. Todos los organismos independientes tienen sus estados mayores y múltiples profesionales que asesoran y contribuyen a adoptar una decisión final sobre bases técnicas en pos del mejor resultado posible. En estos terrenos no cabe lugar para las componendas, los intereses partidistas, el lenguaje inclusivo ni demás clase de monsergas contemporáneas al servicio de lo políticamente correcto.

Una de las mayores gestas del Gobierno socialista de Felipe González fue la aprobación de la entonces ley de autonomía del Banco de España, con Carlos Solchaga como ministro de Hacienda. Fue como un hara kiri, la renuncia a parte de la soberanía en un terreno, como la política monetaria, que conviene que esté al margen de la ideología por el bien del país. Después llegó la completa independencia de la institución y entre tanto la creación de organismos reguladores, al margen de la eventual manipulación del Gobierno electo, en favor del bienestar común.

Lo que se pretende con este informe presentado por la izquierda en la comisión de calidad democrática es una regresión en toda regla, un retroceso hacia el arcaísmo económico. Y la voluntad declarada de silenciar las opiniones críticas, que como el Banco de España o la Airef han refutado las previsiones económicas oficiales o han mostrado su rechazo a decisiones como subir el salario mínimo, reformar de manera inconveniente el sistema de pensiones o revertir las normas laborales aprobadas en su día por el PP.

Toda la iniciativa persiguiendo falazmente la legitimidad democrática de los organismos todavía ajenos al control gubernamental constituye un atentado contra la modernidad, y lo que es peor, contra los principios que inspiran la Unión Europea. La Comisión de Bruselas jamás tolerará tal retroceso en las reglas del juego de su corpus básico, lo cual realza si cabe el aventurerismo, la desorientación y el desparpajo inquietante de la izquierda española ante la actitud cómplice del presidente Sánchez.

Sánchez mira para otro lado con la pandemia y solo mete miedo a la ciudadanía
El presidente apela a la cogobernanza, declarada inconstitucional, para escurrir el bulto en vísperas de otra Navidad imprevisible por el virus y sus negligencias.
Editorial ESdiario  20 Diciembre 2021

Pedro Sánchez malgastó su enésima "comparecencia institucional" sin preguntas, un formato inaceptable que ahora toleran los otrora denunciantes del plasma de Rajoy, para no decir nada relevante sobre la sexta ola de Covid, aplazar toda decisión hasta unas horas antes de la Nochebuena y atemorizar a la ciudadanía con todas sus indefiniciones.

Cuando todo el mundo esperaba algún anuncio relevante, Sánchez sorprendió con una discurso hueco que básicamente le sirvió para justificar su desplazamiento en Falcon al congreso del PSOE en Cataluña y confirmó su irresponsable tendencia a lavarse las manos cuando los problemas se agravan.

Que el mismo presidente que ha dado por derrotado al virus se presente ante la opinión pública para no decirle nada, tenerla en vilo en las vísperas de la Navidad y trasladar a los presidentes autonómicos una responsabilidad que en primer lugar es suya; resulta inaceptable.

Reservarse la foto de la llegada de las vacunas para desaparecer a continuación retrata al personaje como un negligente dispuesto siempre a explotar la propaganda pero renuente, siempre también, al ejercicio de sus funciones más elementales.

En ese contexto, hacer un llamamiento a la tranquilidad sin explicar primero qué está pasando, cuál es la gravedad de la epidemia, qué medidas se barajan y hasta qué punto siguen siendo eficaces las vacunas; se antoja cínico y solo contribuye a aumentar el pánico.

Porque España llega a este punto sin una Ley de Pandemias, con la cogobernanza repudiada por el Tribunal Constitucional y con la sensación, alimentada desde el Gobierno, de que tanto esfuerzo y tantos daños no han sido suficientes para vivir con algo de tranquilidad.

Si esto es así, y si nada de ello ha sido suficiente, lo mínimo que se puede esperar de un presidente solvente es que lo reconozca y adopte decisiones claras, rápidas y proporcionales. Pero lo que tenemos es un político esquivo, confuso y centrado, casi en exclusiva, en quitarse de encima toda responsabilidad y confiar en que otros lo hagan por él, para culparles luego si algo no funciona del todo. Lamentable.

Sánchez riega Cataluña con casi cuatro veces más inversión en infraestructuras que en Madrid
Paula Baena. okdiario 20 Diciembre 2021

La Comunidad de Madrid recibirá en 2022 del Gobierno de Pedro Sánchez casi cuatro veces menos de inversión en infraestructuras que Cataluña. Así consta en el proyecto de Presupuestos del Ejecutivo para el año que viene, mientras que la región que preside la popular Isabel Díaz Ayuso recibe del Estado 500,6 millones de euros en infraestructuras, la comunidad autónoma con Pere Aragonés a la cabeza recibe 1.846,9 millones de euros, es decir, 1.346,3 millones de euros más, lo que equivale a 3,7 veces más.

Un agravio que critican con dureza desde la Consejería de Transportes e Infraestructuras. «Madrid ha sido castigada, se nos ha bajado en un 9% las inversiones en infraestructuras, mientras que Cataluña se le aumentaban un 17%. Por cada euro invertido en Madrid invierten 4 en Cataluña y, por ejemplo, en carreteras en Cataluña se han invertido 231 millones y en Madrid 90 millones», señala el consejero del ramo, David Pérez.

En concreto, ADIF invertirá en Madrid a lo largo del próximo año 181,8 millones de euros, mientras que en Cataluña dejará 848,5 millones de euros; ADIF-AV en la región capitalina invertirá en 2022 51,1 millones de euros mientras que en Cataluña lo hará 389,7 millones. Por su parte, Renfe Operadora y Enaire se dejarán en Madrid 27,4 y 102,1 millones de euros, respectivamente, y en Cataluña lo harán 273,9 y 95,4 millones de euros, respectivamente.

El propio Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana invertirá en Madrid 138,2 millones de euros y en Cataluña, 241,4 millones de euros. Lo que deja el saldo total en los ya mentados 500,6 millones de euros a Madrid versus los 1.848,9 millones de euros para Cataluña.

En términos generales, los Presupuestos de Sánchez sitúan a Cataluña a la cabeza de la inversión territorializada, con 2.230 millones de euros, a los que hay que añadir otros 200 millones adicionales, derivados de la sentencia del Tribunal Supremo de 2017. En total, recibirá 2.430 millones de euros.

Esto supone un 11% más que la cifra presupuestada en 2021, y el 17,2% del total de la inversión del Estado en las diferentes comunidades autónomas, frente al 16,5% de 2021. Si sumamos los 200 millones de la sentencia, que son los fondos pendientes de liquidación de 2008, el porcentaje sube hasta el 18,4% de la inversión total del Estado

El caso contrario es el de Madrid, que recibirá este año un 8,9% menos que el año pasado, al pasar de los 1.250 millones recibidos en 2021 a los 1.151 que recibirá en 2022.

Cada madrileño recibirá 170 euros de los Presupuestos, mientras que en Cataluña esa cifra alcanza los 312 euros por habitante y casi 240 euros en Valencia, que ve como la inversión estatal crece este año un 9,3% en su territorio, y supera en términos absolutos a la Comunidad de Madrid en inversión del Estado con 1.208 millones de euros.

La inversión por habitante del Gobierno: Cataluña supera en un 16% a Andalucía, un 30% a Valencia y un 83% a Madrid.

La venganza catalana
Amando de Miguel Libertad Digital 20 Diciembre 2021

Estamos acostumbrados a percibir las noticias como sucesos, hechos ocasionales y discretos; a veces, incluso, aleatorios. Sin embargo, la realidad noticiable es, más bien, una trayectoria continua de hechos concatenados. Este es el caso, por ejemplo, del intento de orillar la lengua castellana (la común de los españoles) de Cataluña. Este es el verdadero "proceso" independentista; lleva operando, silenciosamente, desde hace más de una generación.

En los países europeos resulta normal que se hable un idioma común y, luego, distintas lenguas o dialectos regionales. Lo más corriente es el bilingüismo de hecho, por parte de muchos nacionales, pero, también, que la enseñanza de todo el país se realice, fundamentalmente, en el idioma común. España es una notoria excepción, al menos por lo que respecta a la región catalana. En ella, durante los últimos cuarenta años, los partidos dominantes han sido los nacionalistas o separatistas. No pretenden, como dicen, asegurar el bilingüismo, sino desplazar el castellano (hablado por la mitad de la población, más o menos), para quedarse con una única lengua, el catalán, considerada como "nacional". No se trata de sucesos discretos, anecdóticos, sino de una tendencia firme que no siempre se detecta bien. Realmente, es una pretensión imposible. Aunque el castellano no sea la "lengua vehicular" de la enseñanza, o no domine en la tele, no es fácil que desaparezca de la sociedad catalana. Razón de más para que los separatistas dominantes arrecien en su pretensión de erradicar de la región catalana la lengua común de los españoles.

Las autoridades de Cataluña (las políticas y las culturales) podrían haberse fijado en el modelo de Irlanda que, hace un siglo, luchó bravamente por su independencia. Claro es que las escuelas irlandesas actuales proveen de cursos para estudiar el gaélico. Desde luego se puede practicar y cultivar donde quiera que se tercie. Pero el idioma común de los irlandeses (y nadie les gana a nacionalistas) es el inglés. Gracias a ello, la verde Erín se ha convertido en una gran potencia económica y cultural. Tanto es así, que está a punto de superar la hegemonía del Reino Unido de la Gran Bretaña y el Norte de Irlanda.

En Cataluña, la situación es la contraria del modelo irlandés. No hay que llegar a ejercer la censura o la imposición lingüística. La sociedad catalana lleva cuarenta años expulsando profesionales y empresarios por el hecho de la discriminación lingüística en contra del castellano. En el fondo, se trata de una suerte de racismo, de odio étnico. Se basa en la pasada superioridad de Cataluña como núcleo fundamental de la industrialización española. Eso fue en el pasado. Hoy, la economía catalana ha entrado en franco declive. Lo cual lleva a una suerte de resentimiento colectivo en las huestes de los separatistas. Es lógico que desemboque en un movimiento de venganza respecto a los castellanohablantes, de desprecio de lo español.

En buena lógica, a las autoridades separatistas de Cataluña les interesaría que los escolares aprendieran bien el castellano, sin vacilantes porcentajes. Podría, incluso, plantearse la doble opción de unos centros escolares en castellano y otros en catalán. El castellano es una lengua "fuerte" de comunicación internacional y de suma utilidad. Queda dicho que el ejemplo irlandés puede ser un buen modelo. Sin embargo, no lo será para los catalanes mientras permanezca latente y se cultive el complejo racista del resentimiento y el lógico afán vengativo.

En definitiva, no hay nada que hacer respecto a la cuestión catalana, si no se alteran, radicalmente, los planteamientos políticos. Lo peor, que ese mismo esquema se contagie a todas las regiones españolas con dos lenguas: País Vasco y Navarra, Galicia, Valencia y Baleares. En cuyo caso llegaríamos a una verdadera esquizofrenia colectiva, al odio étnico como criterio de organización social.

Chile: lecciones para después de una derrota
EDITORIAL. https://gaceta.es 20 Diciembre 2021

Chile ha caído. La izquierda dura y los comunistas se han hecho con la presidencia de una República golpeada por la violencia izquierdista desde octubre de 2019. El nuevo presidente, Gabriel Boric, es apenas un activista universitario con un preocupante pasado de connivencia con el terrorismo que ha sido aupado por un conglomerado de fuerzas entre los que está, y eso ya debería descalificarle, el Partido Comunista chileno. Puede que hoy mismo, en otros periódicos, lean que Boric es un moderado socialdemócrata. No lo es.

Chile ha caído como cayó la cúpula de la iglesia de la Asunción en octubre de 2020. Los mismos que prendieron fuego al templo, los mismos que luego incendieron la iglesia de San Francisco de Borja, refugio de carabineros, son los que hoy han votado por Boric. Y junto a ellos, millones de electores insensibles ante el desastre que para la prosperidad de las naciones de la Iberosfera significa entregar el poder a los correividiles del Foro de Sao Paulo, esa Internacional de la Miseria pagada por Venezuela y liderada por Cuba.

Frente a esa izquierda mentirosa que ha hecho del indigenismo hispanófobo una de sus obsesiones políticas, ha habido un hombre solo. el conservador José Antonio Kast, que con una pequeña estructura de partido y contra todos y contra tantos, fue el candidato más votado por los chilenos en la primera vuelta, muy por encima del heredero del blando presidente en retirada, el centro-centradista Sebastian Piñera.

A esta hora, cuando la victoria de Boric es un hecho y Chile se asoma al precipicio por el que se despeñan naciones vecinas como Argentina y Bolivia que deberían —insistimos: deberían— haber servido de advertencia a los chilenos, sólo podemos extraer una lección de esta segunda vuelta. Y es la de que a esta izquierda dura, hispanófoba, indigenista y mendaz no se la enfrenta con melindres.

En democracia, mientas la haya, las elecciones se pueden perder, pero lo que no se pueden perder son las convicciones porque entonces no hay gloria en la derrota, que cuando la hay, es otra manera de triunfar.

******************* Sección "bilingüe" ***********************

Sánchez evita respaldar la sentencia del 25% en castellano para no incomodar a Esquerra
El presidente sale en defensa del niño de Canet, pero sin asegurar el español en la escuela catalana
Javier Gallego. Toni Bolaño. Barcelona. larazon 20 Diciembre 2021

Primer desembarco de Pedro Sánchez en Cataluña tras toda la polémica suscitada en torno a la aplicación de la sentencia del 25% de castellano en la educación catalana. Y mensaje claro: quiere evitar tropiezos con esta cuestión. A la prueba está que el presidente del Gobierno ha evitado asegurar el cumplimiento de la resolución judicial y eso que tenía el camino bastante allanado porque el PSC ya le ha generado el clima propicio al defender su acatamiento. Sánchez ha querido evitar enredarse en una cuestión de máxima sensibilidad porque puede descontentar a sus socios de legislatura (Esquerra) en un momento de máxima importancia: queda la aprobación final de los presupuestos y reformas importantes como la laboral por delante.

Así las cosas, el presidente del Gobierno, que ha aterrizado en Barcelona para arropar a Salvador Illa en la clausura del Congreso extraordinario del PSC que oficializaba el relevo de Miquel Iceta al frente del partido, ha evitado este domingo hacer referencias a la sentencia y al modelo lingüístico que defiende (si está a favor de mantener la inmersión lingüística o corregirla) y se ha limitado a salir en defensa del niño de Canet de Mar que ha sido acosado por el independentismo por pedir más clases en castellano en su aula. «Tenemos que denunciar cualquier campaña de acoso», dijo.

El presidente del Gobierno ha evitado ser claro ya que es consciente que el tema de la lengua es un debate envenenado para él mismo y para el propio PSC, a pesar de que los socialistas han mostrado hasta ahora mucha mayor claridad que el propio Sánchez. «Siempre reivindico que los socialistas hemos estado y estamos donde siempre estamos. Y hemos estado donde está la mayor parte de la sociedad que es con el sentido común y este sentido común nos dice que tenemos que denunciar cualquier tipo de acoso y defendiendo la legitimidad democrática y defendiendo que la lengua es un formidable vehículo para la convivencia. Ahí es donde va estar el socialismo, construyendo convivencia desde el respeto», ha afirmado Sánchez, 24 horas después de la manifestación independentista en defensa del catalán con el apoyo del Govern.

Es decir, ha evitado exigir el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) en diciembre de 2020 y que ordena a la Generalitat que en todos los centros educativos catalanes se imparta al menos un 25% de las horas lectivas en español. Se debe dar cumplimiento a la resolución judicial antes de que finalice el mes de enero, pero el Gobierno sigue sin cerciorar si va a exigir su aplicación mientras la Generalitat amaga con desobedecer. El PSC, en cambio, sí ha pedido ya el cumplimiento de la sentencia, a pesar de que genera bastante polémica porque los socialistas estuvieron en los 80 en la base del consenso que impulsó el modelo de la inmersión lingüística, que radica en que el catalán es la lengua vehicular.

En este sentido, Illa ha evitado este domingo situarse en ninguno de los dos bandos que hay en liza: los independentistas, que apuestan por escuela monolingüe en catalán, y los constitucionalistas, por una escuela bilingüe en catalán y castellano o trilingüe (añadiendo el inglés). «No nos dividirán por la lengua. Mensaje claro a los que quieren dividir a Cataluña por la lengua: No lo conseguiréis. ¡Un solo pueblo!», ha afirmado, en un mensaje dirigido a ambos bandos. «El PSC no ha fallado nunca a Cataluña. El PSC no falló a Cataluña con la escuela catalana evitando segregar a los niños por la lengua. Tampoco fallará ahora en este tema», ha añadido.

En paralelo, el Govern avanza en su desafío con este asunto y la pasada semana anunció medidas para blindar el catalán en las escuelas. Entre otras cosas, Pere Aragonès informó que la Generalitat ordenará «intensificar» a los inspectores educativos la supervisión en las escuelas para comprobar que el catalán es lengua vehicular y avanzó que lanzarán una «ofensiva» legislativa para garantizar la lengua por Ley.

En cualquier caso, Sánchez se ha desplazado a Barcelona para arropar a Illa, se ha deshecho en afectos al PSC («me siento tan del PSC como del PSOE», dijo) y ha animado al flamante primer secretario a convertirse en el próximo president de la Generalitat. También ha aprovechado para reivindicar el balance del Gobierno y, eufórico, ha asegurado que España está «mejor que hace un año» y ha vaticinado: «Estaremos mejor dentro de un año», ha afirmado, a pesar de que la sexta ola amenaza con fuerza. El presidente del Gobierno subrayó logros como que hace un año había un millón de personas en ERTE y hoy hay 20 millones de empleados; que hace un año no había vacunas y hoy hay más de 38 millones de españoles con pauta completa; o, que nuestro país se ha convertido en el primer estado europeos en recibir los fondos europeos.

Illa, en su turno de palabra, también ha reivindicado que «hoy comienza el camino para gobernar Cataluña» y ha querido apelar a la unidad de Cataluña y España y situar al PSC como garantía de la unidad de España, en esa búsqueda por reconquistar al votante que se marchó a Ciudadanos. «El PSC nunca le ha fallado a Cataluña ni a España porque ha estado al lado de la democracia, de la convivencia, de la fraternidad con España y Europa», ha afirmado, en referencia, sobre todo, a estos últimos 10 años convulsos con el «procés». «Somos el PSC que une y reúne a los catalanes y reúne a los catalanes con España y con Europa», ha afirmado.

En este sentido, ha querido reforzar ese discurso más constitucionalista del PSC para corregir los desvíos del pasado, cuando coqueteó con el nacionalismo (Iceta ha representado esa transición, esa desvinculación de la línea más nacionalista del partido e Illa tiene el papel de consolidarlo). Illa ha resaltado así la contribución del PSC a la Transición, a la sanidad universal o a la transformación del Ejército.

La inmersión está muy bien para los obreros
José García Domínguez. Libertad Digital 20 Diciembre 2021

Rufián no lo sabe, pero él fue un gran privilegiado en su infancia.

Sostenía el tribuno Rufián hace unos días que el logro de prohibir el uso docente del español en las aulas de Cataluña había constituido en su día una gran conquista de la clase obrera. Si bien, acaso por simple desconocimiento personal, no aclaró Rufián a su audiencia madrileña que esa gran conquista se circunscribe casi única y exclusivamente a la clase obrera desde los últimos cuarenta años a esta parte. Al punto de que cuanto más alejados se muestren los padres de un alumno catalán de pertenecer a la clase obrera, más probable resultará en la práctica que sus hijos no vayan a disfrutar de esa legendaria victoria del proletariado en las aulas de primeras letras.

Sin ir más lejos, el propio presidente de la Generalitat, el mismo Pere Aragonès que se manifestó el sábado pasado por las calles de Barcelona para reclamar el derecho inalienable de los hijos del prójimo a no recibir ni una hora de clase en castellano dentro del colegio, tuvo que pasar personalmente por la tortura de no poder formarse en uno de esos centros monolingües que disfruta nuestra victoriosa clase obrera local. Bien al contrario, Aragonès, al igual que ahora mismo sus propios hijos, fue forzado a cursar primaria y secundaria en un centro privado gerundense, la Escuela Montesori Palau, en cuya página web puede leerse que "respeta la teoría de la lengua materna y promueve el aprendizaje del catalán, castellano, inglés y alemán ya desde educación infantil; el francés se añade a partir de secundaria. Además, en algunas materias se utiliza el inglés como lengua vehicular".

Y otro tanto pasa con la sufrida prole de Junqueras, también marginada del triunfo obrero tras haber sido inscrita en la misma institución donde formaron a su padre, el Liceo Italiano de Barcelona, un lugar en el que la lengua vehicular resulta ser el idioma de Dante. Aunque la condena más sangrante es la que sufren los descendientes del mismísimo consejero de Educación, el muy combativo ( a favor siempre de los derechos educativos del proletariado, huelga decir) González- Cambray, sometidos como están al oprobio de padecer a diario el horror de un centro privado y también multilingüe, el Frederic Mistral de Barcelona. Rufián no lo sabe, pero él fue un gran privilegiado en su infancia.

Un gobierno que no haga cumplir la Constitución, prevarica
En algunos lugares de la península han surgido elementos perturbadores que pretenden dar una imagen distinta del país
Miguel Massanet. diariosigloxxi 20 Diciembre 2021

“Quienes están embriagados de poder son ineptos para percibir que el poder es enceguecedor y que su horizonte interior es cada vez más estrecho. El poder está así asociado con el intelecto y hace uso de él en cualquier circunstancia", Teitaro Suzuki.

El tema es de una sencillez diáfana. Una nación perfectamente estructurada, dotada de las instituciones adecuadas para un funcionamiento democrático, que se proporcionó una Constitución, apoyada mayoritariamente por los españoles; un país libre que está en su perfecto derecho a defender su unidad, sus normas, sus costumbres, su Estado de derecho y su estructura política basada en una monarquía parlamentaria que ha venido funcionando aceptablemente, fruto de una transición pactada por todas las fuerzas políticas que se propusieron olvidar un pasado de enfrentamientos, disensiones, asesinatos y guerras, en pro de una reconciliación nacional que ha durado muchos años y que ha proporcionado a la ciudadanía una época de paz y prosperidad como hacía mucho tiempo que no se conocía.

Como es evidente nos estamos refiriendo a nuestra nación, España, en la que hay algunos que parece que se han olvidado de que los españoles, los que formamos parte de esta nación multi centenaria, hemos ido de la mano durante muchos años, con nuestras diferencias, nuestras individualidades, nuestras propias costumbres y nuestras ideas que podemos defender gracias a nuestras cámaras de representación popular, que es donde deberían discutirse y solucionarse las cuestiones que afectan al pueblo español; con un balance positivo en cuanto a la era de progreso que hemos conseguido para el conjunto de ciudadanos que formamos parte de la población de nuestra patria, España.

Sin embargo, en algunos lugares de la península han surgido elementos perturbadores que pretenden dar una imagen distinta del país; que intentan convertirse en los destructores de esta convivencia de la que hemos venido gozando y que no dudan en inventarse historias, presuntos derechos, identidades opuestas, ofensas inexistentes, veleidades separatistas y cuestiones discriminatorias en las que basan unos supuestos derechos y atribuciones, que sólo existen en sus mentes sectarias, pero que han conseguido, a través del chantaje continuo al Gobierno, que los más absurdos pronunciamientos, las más descabelladas teorías y las más infumables pretensiones territoriales y exigencias soberanistas, hayan cundido y tomado cuerpo en una gran parte del pueblo, especialmente en la comunidad catalana y en la vasca.

El caso es que, si uno lee la prensa catalana, si hace caso de los articulistas, si se deja engañar por la TV3 o por las distintas emisoras locales, llegaríamos a la conclusión de que la Constitución no está vigente; de que las víctimas de una opresión estatal son ellos; de que la defensa de su idioma vernáculo exige la postergación y desaparición de la lengua oficial del Estado; de que la enseñanza debe hacerse íntegramente en catalán, basándose en que esta lengua está en peligro de desaparición, cuando la evidencia demuestra todo lo contrario.

Cuando el presidente de la Generalitat habla en público, se diría que ellos son el Estado y que el resto de España no es más que una sucursal de Cataluña. Cuando en el Congreso el jefe de filas del PP recrimina al Estado la perturbación de la legalidad en Cataluña y se queja de que el gobierno no actúe para poner fin a semejante desastre, los catalanes elevan el grito hacia el cielo, como si sus pretensiones estuvieran basadas en derechos constitucionales infringidos, sin contemplar que los que llevan incumpliendo, sistemáticamente, las normas constitucionales por las que debemos regirnos, no son más que ellos, su Parlamento y su Generalitat, que siguen en su línea de desencuentro, disparidad, enfrentamiento y rechazo a todo lo español, a sus magistrados y a las leyes que están obligados a cumplir.

Con todo, esta postura de insurrección, de pretensiones separatistas, de insultos y desprecios por todo lo español, de manifiesta oposición a hacerse cargo de sus obligaciones como españoles, de insumisión y obstruccionismo en cuanto a la aplicación de leyes y sentencias del Estado y de los tribunales de justicia de la nación española; no entendemos que sea lo más grave de este contencioso entre Cataluña y el resto de España. Lo peor y de lo que se quejan, con toda la razón, el señor Casado del PP y el señor Abascal de VOX es de que, ante la gran campaña desatada en Cataluña en contra de la enseñanza en castellano, el Gobierno permanezca callado, ausente, como si no fuera un tema importante el que, el idioma oficial de la nación, fuera despreciado y proscrito de la enseñanza en una parte del territorio nacional. Panfletos soberanistas, como La Vanguardia del grupo Godó, se han lanzado como fieras a criticar al señor Casado por denunciar los hechos que están ocurriendo en Cataluña donde, su Gobierno, con el señor Aragonés al frente, han emprendido la gran batalla contra la familia del niño de cinco años que pidió que se aplicase la ley y recibiera el 25% de enseñanza en el idioma estatal.

Pedir que se enseñe un mísero 25% en castellano ya es un absurdo, cuando la Constitución dice que el castellano es el idioma oficial del Estado y que todo ciudadano español tiene “el deber y el derecho” de usarlo. Pero que se critique y califique de “navajero” a Pablo Casado o se hable de que practica “una política de crispación” o que los discursos de la derecha “avanzan hacia el esperpento” o que el líder del PP “inflama la polémica lingüista” no es más que una forma más de demostrar cómo entienden estos descerebrados del separatismo y la izquierda lo que representa la democracia y la función que le corresponde a la oposición en sus actuaciones ante las cámaras de representación popular. Estos señores, que de demócratas no tienen nada, confunden expresar opiniones distintas a las sustentadas por el Gobierno, algo perfectamente legítimo y conveniente para la defensa de los ciudadanos que votaron al PP, con lo que conviene a sus intereses partidistas o secesionistas, como sucede con todo el elenco de periodistas que escriben en La Vanguardia, con pocas excepciones.

Por ejemplo, no sabemos a lo que se estará refiriendo la señora García Pagan cuando habla de que los discursos de la derecha avanzan hacia el esperpento.¿Acaso se refiere a que son un desatino o un absurdo o, puede que a aquel género utilizado por Valle Inclán deformando, sistemáticamente, la realidad? Mucho nos tememos que esta señora no ha medido la forma de expresarse y ha incurrido en una grave contradicción ya que, en el caso que nos ocupamos quienes sueñan con imposibles y están en una posición falsa y antijurídica son los que atacan el castellano y quienes defienden la Constitución y lo que se ordena en su normativa son, precisamente, estos señores del PP que piden que se aplique la Carta Magna, en contra de aquellos que quieren dividir España con fines manifiestamente espurios.

No creo que exista ninguna otra nación, dentro del mundo civilizado, en la que se permita que cualquier personajillo de la política que, por añadidura, ejerce una función que depende de la organización política del Estado, tenga la cara dura, la indecencia, el atrevimiento y la insolencia de, públicamente, desde la propia oficina en la que ejerce su cargo, despotricar, criticar y oponerse descaradamente a que se cumpla la legislación estatal en su propia circunscripción.

Pues esto mismo, señores periodistas de los insurrectos, es lo que está sucediendo con el señor Aragonés y todos los que se atreven a enfrentarse al Estado español. Es cierto que da la sensación de que muchas autoridades, estamentos, militares y demás fuerzas vivas de la nación parece que se han quedado en la inopia, no sabemos si por miedo a manifestar su oposición a este sistema de gobierno, por comodidad y conformismo o por participar de las ideas de estos comunistas y separatistas que, desgraciadamente para España, son los que tienen en sus manos el poder de llevarla a su propia autodestrucción.

Creo que estamos en momentos críticos para el país. Por muchos que los ministros del gobierno y que el propio Pedro Sánchez nos quieran pintar el futuro de color de rosa, es evidente que hay motivos para dejar el optimismo aparte y ponerse a pensar, seriamente, lo que nos prepara en los meses siguientes a estas fiestas navideñas. Nadie espera que se cumpla la promesa del señor presidente de que la luz vaya a bajar y que nos cueste lo mismo a los ciudadanos (déjense de querer dorar la píldora hablando de los famosos promedios) de lo que les costó en el 2018. Descartado.

Pero es que, lo que está sucediendo durante estos día previos a las celebraciones de las Navidades es que, de nuevo, el Covid 19, transformado en Ómicron, se está demostrando como un virus tan o más peligroso y contagioso como las cepas que lo precedieron, con el peligro de que entremos en una sexta ola que, no solo pueda poner en peligro la salud de los españoles, sino que, a su vez, haga imposible que la cacareada mejora de nuestra economía y la recuperación del desempleo, se conviertan en una de las utopías de este Gobierno, que no acierta ni cuando se equivoca.

O así es como, señores, desde la óptica de un ciudadano de a pie,el pesimismo que hemos venido manteniendo desde que el señor Sánchez se hizo con el poder, no sólo se mantiene vivo, sino que sigue aumentando a medida que los ministros se muestran más convencidos y así pretenden que nos lo creamos, de que todo va a ir bien en los meses venideros.

El silencio de los docentes
Isabel Fernández Alonso. cronicaglobal 20 Diciembre 2021

Todos estamos contemplando el incalificable comportamiento del consejero Gonzàlez-Cambray, de un buen número de padres del Colegio Turó del Drac, y de diferentes partidos y entidades nacionalistas ante la ejecución de las cautelares acordadas por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña para que se aplique al menos el 25% de docencia en español en las clases a las que asiste el menor de una familia de Canet de Mar que así lo ha reclamado.

En este contexto, como profesora que ha participado en el impulso de la plataforma Universitaris per la Convivència, que defiende la autonomía universitaria frente a las presiones nacionalistas, quiero poner el acento en el silencio de tantos maestros y profesores (de secundaria) que estoy convencida de que no comparten lo que está sucediendo tras la ratificación de la sentencia que pone fin a la inmersión. Porque el inaceptable acoso a la familia de Canet no habría sido tal si no fuera inminente la ejecución de la sentencia promovida por la Abogacía del Estado que, esa sí, vinculará a todo el sistema educativo catalán.

En todos estos años del procés, ante las abrumadoras evidencias de instrumentalización política de la escuela, las únicas manifestaciones de los docentes no universitarios que hemos escuchado son las de sindicatos y directores de centros, todas ellas orientadas a apuntalar el discurso del poder nacionalista.

En el caso de los sindicatos, cabe recordar el ilustrativo discurso de Ramon Font, entonces presidente del sindicato mayoritario USTEC-STES, el 8 de noviembre de 2017, en la plaza de la Catedral de Barcelona, con motivo de la huelga general convocada por la Intersindical-CSC. Decía, con una gigantesca pancarta de fondo que rezaba “Llibertat presos polítics!”, que Ponsatí era su “consejera legítima” y que no reconocerían “ninguna autoridad impuesta antidemocráticamente”. Apuntaba también que “los herederos de la formación del espíritu nacional franquista” les estaban acusando (a maestros y profesores) de adoctrinamiento, que no darían clases en castellano bajo ningún concepto y que no renunciarían a hablar de política en los centros educativos. Vale la pena escuchar la intervención.

En cuanto a los directores de centros, es difícil olvidar a muchos de ellos entregando simbólicamente las llaves a Puigdemont en el Palau de la Generalitat para que organizase el referéndum ilegal –colocando a los menores en el foco de un más que previsible conflicto— o pidiendo por carta a la Comisión Europea solidaridad con los heridos el 1 de octubre. Entonces, como ahora, las obsesiones identitarias por encima de los derechos de los menores. ¿O no habría sido lo razonable rechazar que las votaciones se celebrasen en los centros educativos para proteger a los niños del más que previsible conflicto que se avecinaba?

Pero todo ello tiene una explicación: el plan de control de las entidades sociales descrito en el celebérrimo Programa 2000 –exitoso en casi todos los ámbitos, entre ellos el sindical— y el sistema de designación de los directores en el que participan personas nombradas directamente por la Generalitat desde 2010 y que está absolutamente controlado por ellas desde 2015. Cuando se aproximaba el momento álgido del procés se reformó el Decreto 155/2010, de 2 de noviembre, sobre la dirección de centros educativos públicos y sobre el personal directivo profesional docente, y se estableció que la comisión de selección de los directores estaría conformada por cinco representantes de la Administración, un miembro del consejo escolar que no sea profesor y tres profesores del centro elegidos por el claustro (artículo 16).

Así las cosas, están actuando como portavoces de maestros y profesores sindicatos abiertamente nacionalistas​ que representan –esto no se explica— a bastante menos de la mitad de los docentes, puesto que la participación en las últimas elecciones sindicales (2019) fue del 42,8%. Y, a la vez, la implementación de las políticas lingüísticas depende de los directores elegidos por el procedimiento antes descrito.

Existen, no obstante, muchos profesionales que en modo alguno comparten los delirios identitarios que planean de forma asfixiante sobre la vida pública catalana o que sencillamente querrían trabajar al margen de tanta presión, pero el problema es que no se les escucha. No se les escucha como no se nos escuchaba a nosotros, los profesores universitarios, hace apenas tres años, cuando empezamos a observar que había muchos colegas dispersos en diferentes facultades y campus que de vez en cuando discrepaban en claustros y reuniones diversas.

Hoy las cosas han cambiado. Nos hemos organizado y ya contamos con resoluciones judiciales y del Defensor del Pueblo que amparan nuestras reivindicaciones de neutralidad política de los órganos de gobierno de las universidades. Y también contamos con múltiples apoyos de colegas de otras universidades españolas y extranjeras, con voz en los medios y hasta se observan frecuentes iniciativas parlamentarias que recogen nuestras reivindicaciones.

¡Ojalá que los compañeros de otros niveles educativos también den un paso al frente para, en primer lugar, reclamar un sistema de elección de los responsables de los centros sin injerencia política y, desde luego, para combatir los discursos identitarios de unos sindicatos que reproducen los mantras nacionalistas hasta el punto de colocarlos por encima de los derechos de los menores como se observó en torno al 1 de octubre de 2017 y como se observa ahora ante una sentencia que obliga a algo tan razonable como implementar una escuela bilingüe en una sociedad bilingüe!

Estoy convencida de que muchos lo han pensado más de una vez. Falta dar el paso. Romper el silencio. Es una cuestión de salud democrática. Y también de libertad personal.

Recortes de Prensa   Página Inicial