AGLI Recortes de Prensa   Domingo 2  Enero  2022

Termina 2021 como el año de 'la gran decepción': lo que le espera a la economía española en 2022
Daniel Rodríguez Asensio. Libertad Digital 2 Enero 2022

España acaba el año 2021 liderando por la cola los rankings económicos en Europa y en la OCDE. También acabamos el 2020 como el país con el mayor déficit de toda la UE, el de mayor tasa de paro.

2021 se acaba igual que 2020: Con la economía española liderando por la cola los rankings económicos en Europa y en la OCDE. Y esta conclusión no es mía, la ha hecho pública The Economist esta misma semana, en un ranking en el que analiza 23 países para determinar cuáles han gestionado mejor y peor esta pandemia.

Incluso tras la revisión al alza del INE, el PIB español aún es el que más lejos sigue de los niveles precrisis (-6,6% frente al cuarto trimestre de 2019). Pero hay más: También acabamos el 2020 como el país con el mayor déficit de toda la UE, el de mayor tasa de paro y, desde el pasado jueves, muy probablemente con una de las inflaciones más elevadas de todo el Viejo Continente y el mundo desarrollado.

Parece difícil pensar que, tras una caída histórica en 2020 (-10,8% interanual) el PIB avance por encima del 5% en 2021, y el consenso de analistas habla de un 4,5%. Un dato indudablemente pobre, y que en un contexto de estímulos más elevado de la historia, es ciertamente preocupante.

En definitiva, 2021 iba a ser el año de la gran recuperación y se ha quedado como el de la gran decepción. Quienes siguen habitualmente esta columna saben que nunca dimos credibilidad a la tasa de crecimiento superior al 9% con la que inundaron de optimismo los medios afines las fuerzas del gobierno. Como tampoco nos hemos creído los falsos datos de un supuesto dinamismo laboral que se reduce (lean) al buen comportamiento del sector público y a la pujanza de Madrid.
https://www.libremercado.com/2021-12-05/daniel-rodriguez-asensio-datos-de-paro-maquillados-marketing-madrid-y-el-empleo-publico-salvan-a-espana-de-la-debacle-daniel-rodriguez-asensio-6843577/?_ga=2.163132287.2139847610.1640867236-1130404980.1592038531

Los economistas y medios afines al gobierno llevan varios meses con la lupa puesta en 2022. Ya saben, desviar la atención con la cantinela de siempre: Este año no es bueno pero el que viene será el mejor. ¿Hasta qué punto es eso cierto? Veamos 3 grandes tendencias que, a mi juicio, marcarán la agenda económica del año que viene.

1. España, camino de la estanflación
A día de hoy no hay ni un solo indicador que nos permita pensar que la situación en España vaya a mejorar en los próximos meses. Ni las variables de coyuntura económica, ni los indicadores adelantados de actividad económica, ni los índices de precios industriales ni los de importación… Nada.

La realidad económica en España lleva meses presentando un encefalograma plano, en el que tan sólo los grandes planes de estímulo y el efecto base consiguen maquillar la situación de forma temporal.

El escenario base es una estabilización en la evolución económica con una tendencia a la baja por la debilidad en el consumo interno y por un sector exterior que, aunque evoluciona de forma favorable, no acaba de ser el motor de recuperación económica que necesitamos. Y tampoco lo será en 2022.

El incremento de los precios, que lleva meses superando el doble dígito en bienes de primera necesidad, será un elemento adicional de presión a la baja durante el año que viene. Quien piense que la inflación va a desaparecer en 2022 está muy equivocado. Por supuesto que se estabilizará, probablemente en la segunda parte del año, en niveles que oscilarán el 4 ó 5%. Pero en ningún caso bajará hasta el 2% que tiene por objetivo el BCE y, por supuesto, va a estar notablemente por encima del crecimiento de los salarios.

España ha sido, junto con Alemania, los dos países europeos que más han sufrido revisiones a la baja en las expectativas de crecimiento del consenso de analistas para 2022. Esto da buena fe del nivel de incertidumbre que rodea a nuestra economía. Personalmente, veo difícil que crezcamos a un nivel superior al 5% el año que viene, y no puedo descartar que a finales de año la tasa de variación trimestral del PIB esté merodeando con una cifra negativa.

¿Y los fondos Next Generation? BBVA Rearch estimaba una utilización de los fondos de entre 10.000 y 15.000 millones de euros a principios de este año. Según esta casa de analistas se han usado 8.000 millones en 2021 y se ejecutarán 21.000 en 2022. ¿Cabe espacio al optimismo con ellos? Difícilmente. Merece la pena recordar que Japón, el país que mayores estímulos ha inyectado durante la crisis del Covid19 está siendo uno de los países con una recuperación más débil, que la desaceleración económica en Estados Unidos se está produciendo en medio del mayor plan de estímulos de toda su historia (3,2 billones de euros) y que la historia económica de nuestro país está llena de Planes E y sucedáneos que siempre han dado muchos titulares pero resultados muy pobres.

2. Inestabilidad financiera
Además, debemos recordar que el año que empieza va a ser clave en los mercados financieros internacionales. La FED y el Banco de Inglaterra ya han subido tipos o han anunciado que lo harán. El BCE, por el momento, se ha remitido a anunciar que no prolongará el plan de estímulos que nació como consecuencia del Covid19 (APP), pero sí que aumentará los programas anteriores (PEPP) y no llevará a cabo subidas de tipos.

Esto, como ya hemos analizado en esta columna, tiene varios efectos sobre la economía internacional de los que España debería estar muy pendiente. Somos uno de los países más afectados por la reducción del volumen de compras por parte del BCE, en tanto en cuanto somos uno de los prestatarios más importantes del máximo organismo monetario desde hace años.

Pero, además, debemos recordar que el BCE tiene en sus estatutos un límite del 33% de la deuda nacional bruta. Esta es una cifra que probablemente se alcanzará a finales del año que viene para el caso español y otras economías importantes de Europa. Lo que ocurrirá entonces es una verdadera incógnita, y un riesgo claro para nuestra estabilidad financiera.

España lleva meses mostrando debilidades y vulnerabilidades en indicadores coyunturales de carácter social y de solvencia financiera (lean). En 2022, además, finalizarán prácticamente todos los programas de ayuda del gobierno puestos en marcha por el Covid19, entre los que tendremos que concentrar la atención en el fin de las moratorias crediticias.

Con una economía tan débil, con un tráfico internacional que no se recupera y con un sistema financiero cada vez más incierto podría producirse un repunte en la tasa de morosidad que pusiera en jaque a todo el sistema bancario nacional.

3. Ausencia de las reformas estructurales
2021 también se ha caracterizado por ser una excelente oportunidad perdida en materia de reformas estructurales. Ni la reforma de pensiones ni la del mercado de trabajo han ido en la dirección adecuada ni han sido lo suficientemente valientes.

2022 comienza con elecciones en Castilla y León, seguirá con comicios también en Andalucía, y quién sabe si no acabará con elecciones generales. Lo que queda claro es que si no es año electoral será año pre-electoral y, por lo tanto, no es momento de jugársela ni de abrir el canal al país y/o jugar con el descontento de la gente.

Los grandes movimientos que necesita nuestro país en materia de administración pública, fiscalidad, energía, competitividad, mercado laboral, sostenibilidad de las finanzas públicas, estructura económica y un largo etcétera seguirán guardados en un cajón a la espera de que otro los haga.

España ha decidido transitar la senda del oportunismo y abandonar la del liderazgo y la responsabilidad. La decadencia nacional es evidente, y la sufrirán las próximas generaciones. Lo más próximo, el 2022, tan sólo será un buen ejemplo más de ello.

La ineficiencia del Gobierno: solo ejecuta 3 de cada 10 euros de los fondos europeos y los despilfarra
Los datos de la Intervención dejan en pañales al Ejecutivo.
Diego Sánchez de la Cruz. Libertad Digital

La Intervención General de la Administración del Estado publica mensualmente un avance de la ejecución presupuestaria de los distintos ministerios del gobierno de España. El último boletín disponible muestra que el Ejecutivo que preside Pedro Sánchez apenas ha tramitado 3 de cada 10 euros de los fondos europeos prometidos para 2021.

A 31 de octubre, la IGAE documenta que apenas se han ejecutado el 33,5% de los créditos presupuestados. Para ser precisos, el desembolso realizado es de apenas 8.117 millones de euros, de modo que dos de cada tres euros anunciados siguen siendo solo una promesa y no se han concretado en ninguna licitación o programa de inversión.

La vicepresidenta del gobierno y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, ha insistido recientemente en que ya se ha autorizado el 73% de los fondos previstos y también ha subrayado que el 64,5% de las inversiones están comprometidas. Ambos ratios se traducen, respectivamente, en 17.700 y 15.600 millones de euros.

Pero lo cierto es que los datos referidos a la ejecución real muestran que el dinero que efectivamente se ha desembolsado se queda muy por debajo de tales umbrales. De hecho, incluso si damos por bueno el dato referido a las inversiones que están comprometidas, encontramos que 11.000 de esos 15.600 millones han sido distribuidos entre los gobiernos autonómicos, de modo que se ha producido una transferencia a la capa regional de la administración pero eso no significa que los gastos en cuestión se hayan materializado.

Contabilidad creativa
Hay que tener en cuenta, además, que los Presupuestos Generales del Estado para 2021 incluían el adelanto de 27.000 millones de euros provenientes de los fondos europeos. Sin embargo, la autorización de tales fondos depende de distintos procesos comunitarios y, a fecha de hoy, todo apunta a que la Comisión Europea solo llegará a autorizar transferencias para España por un monto de 19.000 millones de euros.

De esta cifra, el llamado "anticipo" ya es una realidad y está valorado en 9.000 millones. En los últimos días del año, el Ejecutivo espera que Bruselas pueda canalizar otros 10.000 millones, aunque no está nada claro que esto sea posible. Por lo tanto, o nos quedaremos 22.000 millones por debajo de lo anunciado o, en el escenario más optimista, la brecha seguirá siendo de 8.000 millones.

Despilfarro
Libre Mercado ha documentado numerosos ejemplos de despilfarro en los programas que el gobierno de España ha incluido en el Plan Nacional de Reformas, Recuperación y Resiliencia, mediante el cual se gestionarán los fondos del rescate europeo: 60 millones para evitar la electrocución de pájaros en tendidos eléctricos, 4 millones para una campaña de autobombo del ministro José Luis Escrivá, 1 millón para pagar estancias de escritores en el extranjero, 3 millones para promover la "transversalidad de género" en el empleo, 25 millones para constituir nuevas oficinas burocráticas de "orientación" para el empleo...

España lleva desde 2016 sin analizar las duplicidades del Estado y las comunidades autónomas

Fernán González. okdiario 2 Enero 2022

Seis años sin analizar duplicidades y gastos superfluos en la Administración pública española. El Ministerio de la Presidencia reconoce a preguntas de OKDIARIO que el 2016 fue el último año en el que se realizó algún tipo de auditoría sobre ineficiencias en la estructura del Estado y las comunidades autónomas.
 
Así lo explica en un documento oficial el subsecretario de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Alberto Herrera Rodríguez, preguntado sobre el último análisis del Gobierno sobre duplicidades en direcciones generales, organismos públicos, observatorios, etc. Este alto cargo del Ministerio traslada que se creó por acuerdo del Consejo de Ministros en 2012, en plena crisis, la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA). Se trató de una medida puesta en marcha tras la llegada de Mariano Rajoy al Palacio de La Moncloa. Tras el aumento de la estructura orgánica propiciada por el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero, se trató de poner orden.

Tras crear la CORA, se puso en marcha la Oficina para la Ejecución de la Reforma de la Administración (OPERA), con «el objetivo de velar por la ejecución de las medidas incluidas en el informe CORA, asumir su seguimiento, impulso y coordinación, y, en su caso, proponer nuevas medidas de reforma». Esta oficina estuvo adscrita orgánicamente al Ministerio de la Presidencia desde ese momento hasta finales de 2016. Aún se pueden consultar los informes que se elaboraron. No obstante, el último informe trimestral data de octubre de 2016 cuando se dejó de actualizar esa documentación.

Entonces se detalló que se habían sugerido 222 medidas para potenciar la eficiencia de la Administración. Tras un plan de seguimiento exhaustivo a través de una Oficina especializada (OPERA) y un calendario detallado de implantación se alcanzó un cumplimiento del 87% de la hoja de ruta a junio de 2016, tras «tres años de intenso trabajo por parte de todas las administraciones públicas». Las comunidades autónomas se adhirieron a las medidas «en un 87% de media, un 93% si no se considera a Cataluña, Andalucía y País Vasco». Se firmaron 400 convenios con el Estado para evitar duplicidades. En total, más de 100 normas fueron modificadas o aprobadas. Algunas de «calado importante» como la ley de impulso de la factura electrónica para el control de los gastos y para la creación del registro contable de facturas. También se consiguió un sistema de control de la deuda comercial, de garantía de unidad de mercado, o normas básicas como la Ley de estabilidad y la de transparencia.

Se hizo patente el «adelgazamiento de estructuras administrativas, con la supresión de 2.364 organismos y entidades públicas», un listado plasmado en el anexo. Con todo ello se consiguió unos ahorros acumulados de cerca de 31.000 millones de euros para las administraciones y de 5.000 millones para ciudadanos y empresas. No obstante, ese plan se frenó en seco y una crisis económica como la actual no ha sido suficiente para retomar ese plan para poner a dieta al Gobierno y sus miles de .

Petición de Vox
En este contexto, el grupo parlamentario de Vox en el Congreso de los Diputados ha alzado la voz para retomar esta práctica. En medio de una crisis económica de gran calado fruto, entre otros asuntos, por la pandemia del Covid-19, los de Santiago Abascal creen que el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha de elaborar un informe sobre las ineficiencias y duplicidades que pueda haber en cada uno de los ministerios con el objetivo de acabar con todo el «gasto superfluo» y aplicar «austeridad» al Estado en el actual contexto económico.

El portavoz del grupo, Iván Espinosa de los Monteros, avanzó esta propuesta que han registrado para su trámite parlamentario. El diputado en rueda de prensa criticó la «euforia económica injustificada» que se propugna desde el Palacio de La Moncloa. Recordó que las cifras del desempleo todavía están en cotas altas, hay miles de trabajadores aún en Expedientes de Regulación Temporal del Empleo (ERTE). También aludió al alto precio de la luz y a las colas de hambre. En este punto, manifestó que los españoles que atraviesan necesidades podrían sentir alivio si el Ejecutivo de Pedro Sánchez «fuera austero».

Vox Alberto Rodríguez
El dirigente de Vox atacó la «mastodóntica» estructura del Gobierno y ha defendido que el Estado debe aplicarse austeridad «a sí mismo». «La única industria que ha crecido en España es la política», afeó, al tiempo que pidió una reducción del altísimo número de altos cargos que prestan servicio en la Administración. «La Administración mantiene duplicidades, a veces triplicidades, y gastos superfluos que siempre son indeseables, pero en la situación actual con mucha más razón», argumentó.

Para acabar con esta situación, Vox pide que la Secretaría de Estado de Función Pública elabore ese informe de duplicidades y evitar que haya un solo euro público «despilfarrado». «Cada céntimo de los impuestos debe verse debidamente registrado y tratarse con mucha más delicadeza, honradez y sentido común», concluyó. OKDIARIO se ha puesto en contacto con dicho Ministerio para saber si han realizado algún tipo de estudio recientemente pero han remitido la consulta al departamento de Presidencia que lidera Félix Bolaños.

El gran error económico compartido por nazis, comunistas y socialistas
La economía no es un juego de suma cero, al contrario de lo que defienden las ideologías totalitarias.
Rainer Zitelmann. Libertad Digital 2 Enero 2022

Las ideologías totalitarias detestan al individuo. Quieren subordinarlo ante el colectivo, sin importar el precio que toque pagar. Pensemos en las máximas del nacional-socialismo: "du bist nichts, dein volk ist alles" ("tú no eres nada, tu pueblo lo es todo") y "gemeinwohl vor eegenwohl" ("el bien común por encima del bien propio"). El propio Hitler declaró en noviembre de 1930 que "en cada esfera de la vida económica debemos eliminar la idea de que el beneficio del individuo es lo importante y la noción de que el beneficio colectivo emerge del beneficio del individuo. Es al revés: el beneficio del conjunto es lo que puede otorgar beneficio al individuo. Si no partimos de ese principio, el egoísmo se asienta hasta desgarrar a la comunidad".

Esta convicción une a todos los pensadores totalitarios, revolucionarios y dictadores, desde Robespierre y la Revolución Francesa hasta Lenin, Stalin, Hitler o Mao. Hannah Arendt, una de las más importantes pensadoras del siglo XX, escribió en su obra Sobre la revolución que "la Revolución Francesa no es un caso aparte, en todas las revoluciones ha aparecido la caracterización del interés individual como enemigo de lo colectivo. Precisamente, el terror de Robespierre, como el de Lenin y Stalin, se explica por la urgencia de aplastar al individuo y acabar con cualquier interés particular". Arendt defendió al respecto que el altruismo es la más alta virtud del hombre precisamente porque le lleva a dejar a un lado su interés propio y su voluntad, para actuar en pro del bien común.

Siglos antes de Arendt, Adam Smith enfatizó los beneficios del egoísmo, al tiempo que insistió en que todas las personas necesitan ayuda de los demás, de modo que sus acciones particulares se mueven siempre dentro de ese cálculo de dependencias mutuas. Smith destacó, en cualquier caso, que nadie puede depender únicamente de la buena voluntad de los demás: "si queremos prevalecer, debemos demostrar que tenemos amor propio y que queremos usarlo en beneficio propio (…). No es por la benevolencia del carnicero, el cervecero o el panadero que podemos contar con nuestra cena, sino por su consideración de los intereses propios. No apelamos, pues, a su humanidad, sino a su interés y su amor propio, y no buscamos entendernos con ellos en base a nuestras propias necesidades, sino a las ventajas que obtendrán vendiéndonos su producto".

Por su parte, Ludwig von Mises enfatizó que es un error contrastar acciones egoístas y altruistas. Afortunadamente, "el poder de elegir si mis acciones y mi conducta me servirán a mí o a mis semejantes es algo que me haya sido otorgado... Si así fuera, la sociedad no sería humanamente posible".

Muchas personas equiparan la búsqueda de ganancias con la codicia e incluso se sienten incómodas con la idea de que existan beneficios empresariales, pues creen que la vida económica funciona como un juego de suma cero. La investigación científica ha demostrado que las personas que mantienen sentimientos de envidia hacia los ricos se adhieren a este tipo de creencia, según la cual la ganancia de una persona siempre se deriva de la pérdida de otra, como en un partido de tenis en el que siempre debe haber un ganador y un perdedor.

Los creyentes en la teoría de suma cero imaginan que una persona rica solo puede enriquecerse a expensas de otros, especialmente de los trabajadores, a quienes explotan. Se imaginan la economía como un pastel que siempre tiene el mismo tamaño. Por eso, si una persona se come una porción más grande, será necesariamente porque a otra persona le corresponderá una porción más pequeña.

Pero no es así como funciona el capitalismo. Las ganancias comerciales y de productividad aumentan el tamaño del pastel. Cuando la economía crece, muchas personas se benefician, no solo los capitalistas, sino también sus empleados. Y si hay una crisis económica, entonces, en el peor de los casos, el empresario debe temer por la existencia de su empresa y los empleados por sus puestos de trabajo.

La contradicción de clase entre capitalistas y trabajadores no existe como tal. Más bien, los intereses de ambas partes son convergentes, porque en una empresa floreciente, tanto el propietario como los trabajadores suelen estar en mejores condiciones que en una empresa que obtiene pocas ganancias y quizá incluso se ve amenazada por la bancarrota.

Rainer Zitelmann es el autor de "El capitalismo no es el problema, es la solución" (Unión Editorial, 2021). Considerado uno de los liberales más influyentes de Alemania, es doctor en Sociología e Historia, empresario de éxito y columnista habitual en medios como City AM, Frankfurter Allgemeine Zeitung, Le Point o Forbes. En enero de 2022 se publicará su nuevo libro, "Los ricos en la opinión pública" (Colección Centro Diego de Covarrubias, Unión Editorial, 2022).

La Agenda 2030, en las elecciones francesas de 2022
Federico Jiménez Losantos. Libertad Digital  2 Enero 2022

"En 2030 no tendrás nada y serás feliz" decía la recomendación más apabullante del Foro de Davos y su criatura totalitaria, la Agenda 2030, que en España está en manos de Enrique Santiago, secretario general del PCE y representante en La Habana de las FARC. Sí, esa banda narcoterrorista que ha perpetrado, entre otras fechorías, el secuestro, violación, aborto forzado y asesinato de miles de niñas colombianas. No pregunten por ellas en el Ministerio de Igualdad, el Instituto de la Mujer, ni en las concejalías de género. Ni siquiera a Cristina Pedroche, que, en su anual desnudo, esta vez vestido de libélula -que no deja de ser un gusano con ínfulas- nos atizó la habitual monserga victimista y LGTBI+ de todas las millonarias rojas.

En rigor, a las que viven de exhibir el sexo como ideología o como mercancía, que los comunistas violen niñas por millares les importa tanto como que los islamistas prohíban la enseñanza a las mujeres afganas, o sea, nada. El velo que, como un saco de arpillera, las oculta del mundo es como el que se ponían durante el franquismo las españolas en misa, dirán Irene Montero y Begoña Pérez, dos cursis que estas Pascuas habrán tenido que despedir criadas y contratar criados para servir la mesa en rigurosa paridad. Pero la cursilería ternurista del moderno totalitarismo no debe ocultarnos el fondo de estos movimientos ideológicos que en 2022 irán a las urnas en el país político por excelencia, Francia, y con la herencia como tema central.

Contra la propiedad a través de la herencia
Olivier Babeau acaba de denunciar en un gran artículo en Le Figaro un informe del CAE -Consejo de Análisis Económico-, que, hasta mayo, está en manos de Macron. En síntesis, se trata de gravar la herencia hasta hacerla desaparecer en una generación. Babeu lo achaca al "bourdieuisme", es decir, a las ideas de Pierre Bourdieu, defensor del marxismo-leninismo más salvaje con la típica facundia del academicismo en Francia, donde el comunismo es "La Révolution", tanto la de Robespierre como la de Lenin.

Este ataque a la propiedad pretende luchar contra las desigualdades, y hacerlo dejando en manos del Estado todas las propiedades de todos los franceses para que Él las administre. Y en vez de combatir esta idea, se la apropia el centro de reflexión de Macron, el hombre de la Banca Rohstchild en el Partido Socialista de Hollande y Mitterrand, que salió del Gobierno por la izquierda para volver a entrar en el Elíseo por el centro de la derecha.

El artículo de Babeau termina resumiendo cómo afrontan el impuesto sobre la herencia las tendencias políticas en estas vísperas electorales: "la izquierda quiere subirlo; la derecha, bajarlo, y el centro… no dice nada." Esto último, sin duda, es lo más grave de todo, porque demuestra hasta qué punto se ha inclinado a la izquierda la balanza del debate político francés. Sólo eso explica que, en 2022, Francia vaya a votar el más ambicioso de los puntos de la Agenda 2030: el de la felicidad de acabar con la propiedad.

El debate que se ganó en España
En España, por suerte, este debate se dio hace años y lo ganaron los liberales, empezando por el Madrid de Esperanza Aguirre, que suprimió los impuestos de herencias y donaciones con el subterfugio de bonificarlos al 99%. Su sucesor, Ignacio González, resistió heroicamente la campaña de Cristóbal Montoro, el vampiro de Rajoy, para devolver a la Comunidad al redil de los confiscadores de herencias. Contó con el apoyo de Ciudadanos, entonces socialdemócrata, inventores del "dumping fiscal" de los egoístas madrileños, empeñados en pagar menos impuestos. Pero no contaba con la rebelión popular que en Andalucía salió a la calle a protestar por el llamado "impuesto a los muertos", que desheredaba a un tercio de los andaluces, incapaces de asumir los impuestos a la herencia del modesto piso familiar.

Aquellas manifestaciones se reprodujeron en toda España, y todas las regiones del PP acabaron aceptando la tesis madrileña de anular la gravosa infamia. De modo parcial, incluso en Andalucía, pero ideológicamente, con Vox pidiendo la anulación total de ese tipo de impuestos "post mortem", no parece posible que, en las elecciones de Castilla y León, de Andalucía o las generales se produzca en España un debate como el de Francia. A cambio, allí no padecen la Ley de Violencia de Género o la de Memoria Histórica. O sea, que tampoco es que España sea el paraíso de las libertades. Sucede que esa batalla, genuinamente ideológica, en España la Derecha la dio. Y la ganó. La de la Viogen y la Memoria Historia no las quiso dar. Y las perdió.

De Bakunin a Macron
Aunque Bourdieu sea un marxista de catón, o de cartón-piedra, la idea de llegar al comunismo, estadio de felicidad definitiva del ser humano, mediante la prohibición de la herencia no es de Marx sino de Bakunin. En Memoria del Comunismo explico el porqué de esa vía en vez de la simple expropiación que defendían Marx y Engels. Como buen ruso, Bakunin pensaba en los campesinos, el 90% de los que trabajaban en el imperio de los zares, y era consciente, como lo comprobó Lenin medio siglo después, de que nadie defendería más la propiedad de la tierra que los campesinos. Su idea, como la de su amigo Herzen, era subsumir la propiedad privada campesina en las formas de propiedad comunal tradicionales en Rusia, el mir y la obschina. El gran problema de la agricultura rusa, que entendió muy bien Stolypin, era el de su escasa productividad, ya que las parcelas se sorteaban anualmente y no había incentivos para mejorar lo que, al año siguiente, beneficiaría a otro. Al privatizarse, subía la productividad. Como siempre, eran las instituciones las que frenaban o aceleraban el desarrollo.

Bakunin no pensaba en formas comunales de propiedad definitivas, como Herzen, sino en la forma más suave de que los campesinos aceptaran el comunismo o, al menos, no se opusieran frontalmente a él, porque en ese caso la lucha sería a vida y muerte y seguramente perdería la Revolución. En cambio, garantizar la propiedad presente y dejar para otra generación su apropiación por el Estado, aunque lo llamaran colectividades, era factible. Digamos que era una forma más benigna y también más astuta de plantear la misma cuestión que Marx: aceptar la propiedad privada o combatirla. Lo que nadie, ni Bakunin, ni Kropotkin, ni anarquista alguno supo explicar es el milagro de que lo que era de todos podía ser para disfrute de cada uno. La historia del comunismo real, incluidas las famosas comunas aragonesas en la Guerra Civil española, es la del robo y el asesinato para conseguirlo. Nadie renuncia a su propiedad voluntariamente. Para eso hay que matarlo.

Lo políticamente correcto, aplastante
Lo políticamente correcto, resumido en la Agenda 2030, ha llegado, sin embargo, tan lejos, que una idea teóricamente tan antipopular como la de destruir la herencia de los franceses se plantea a cuatro meses de las elecciones generales y la valora un instituto de estudios asociado a la Presidencia de la República. Ni De Gaulle, Pompidou, Giscard, Chirac o Sarkozy, ni siquiera Mitterrand y Hollande, se habrían atrevido nunca a plantear esta agresión a todo lo que un país que, aunque con un Estado elefantiásico, presumía del matrimonio por interés y de la hipocresía conyugal para no poner en peligro la herencia, había defendido siempre. El reto es de civilización, porque no hay propiedad sin libertad, y viceversa. Y los comunistas, colectivistas, buenistas o igualitaristas lo saben muy bien. Los que no se enteran o no se quieren enterar de nada son los centristas.

Moncloa, oficina de enchufados
Editorial ABC 2 Enero 2022

Lejos de ajustarse a la lógica que los tiempos inflacionistas exigen a los bolsillos de todos los españoles, el Gobierno ha culminado 2021 con una cifra récord de altos cargos y asesores que nunca antes ningún otro Ejecutivo había tenido a sueldo. Es lo que tiene disponer de un gabinete con más de una veintena de ministerios, muchos de ellos absolutamente innecesarios. Y es lo que tiene la prerrogativa de un jefe del Ejecutivo que basa buena parte de la solidez de su coalición con Unidas Podemos en las regalías y los privilegios con un partido que si algo ha demostrado es su obsesión por sobredimensionar las nóminas públicas a base de amiguismo y nepotismo. Las cifras que hoy revela ABC dejan lugar a poco engaño.

El año 2021 ha cerrado con unos 1.500 altos cargos y asesores, tras sumar un incremento del gasto en sueldos del 5,6 por ciento en solo doce meses. Se trata de 458 altos cargos más que en el último Gobierno del Partido Popular, de los cuales 363 son exclusivamente asesores extra, a los que hay que añadir 95 altos cargos más. En total, Pedro Sánchez dispone de un 30 por ciento más de altos cargos de libre designación a través del BOE, y de un 51 por ciento más de asesores designados a dedo. El gasto salarial es ya un 40 por ciento superior respecto a 2017, y alcanza los 90 millones de euros anuales, casi 40 en sueldos de altos cargos, y más de 42 millones en nóminas de asesores, cotizaciones a la Seguridad Social aparte. En la última etapa de gobierno de Mariano Rajoy, tan cuestionado por la izquierda por su política de recortes y ajustes, esa cifra era de 61 millones, nada desdeñable. El enchufismo, con Pedro Sánchez en La Moncloa, no tiene precio.

Además, el análisis de muchos de esos cargos revela que son prácticamente inservibles. Cuentan con millones de euros de los Presupuestos Generales para su libre disposición y actúan como meros canalizadores de subvenciones a organizaciones amigas, bien camufladas entre mantras del progresismo. El Ministerio de Igualdad y sus múltiples organismos satélites son buen ejemplo de ello. Lo mismo ocurre con el Ministerio de Consumo, que nunca debería haber pasado de ser una mera dirección general y que solo programa políticas sectarias y adoctrinadoras. Si muchos altos cargos y asesores sirvieran realmente para una gestión eficiente de los recursos públicos, podría tener sentido esta sobredimensión de nuestra Administración. Pero no es el caso.

Tal como denunció ABC en el pasado, el propio Sánchez ha utilizado organismos públicos para contratar como directivos y asesores a amigos de su juventud de los que no se conoce más mérito que el de ser enchufados de lujo. Y eso es precisamente lo que el PSOE, y sobre todo Unidas Podemos, se comprometieron a erradicar. Muchas de las asesorías creadas artificialmente son solo eso, coartadas ideológicas para sufragar con recursos públicos una agencia de colocación, como si La Moncloa fuese en realidad un inmenso cortijo en el que acoger a personas afines para dotarlas de un sueldo público para fomentar la propaganda gubernamental. Tanto es así que hasta el Tribunal Supremo se ha visto forzado a anular varios nombramientos por la absoluta carencia de justificación. En realidad, no ha habido un solo año de los tres y medio que Sánchez lleva en el poder en el que no se haya incrementado la nómina de asesores. Y tendría lógica si, en beneficio del interés general de los españoles, al menos le diese resultado. Pero ni siquiera ese es el caso.

España es hipersensible con las lenguas minoritarias
A diferencia de Portugal, Francia, Italia, Bélgica o Irlanda, nuestro país ratificó la Carta Europea que protege idiomas no mayoritarios; la imposición y los porcentajes son una excepción
María Jesús Cañizares. cronicaglobal 2 Enero 2022

En contra de lo que puedan afirmar los partidos independentistas, España es un país especialmente sensible con las lenguas minoritarias. Tanto que la imposición o los porcentajes educativos son una excepción. Así lo asegura José Antonio Perea Unceta, profesor de Derecho Internacional Público de la Universidad Complutense de Madrid, quien compara el modelo español con otros países del entorno.

"En todos los países de nuestro entorno europeo hay lo que se denomina en lenguaje jurídico internacionalista 'lenguas minoritarias', con mayor o menor variedad, implantación o problemática, incluso en países aparentemente homogéneos étnicamente, como Portugal o como Luxemburgo", explica Perea Unceta. En el ámbito del Consejo de Europa, en 1992 se aprobó la Carta Europea de Lenguas Minoritarias que establece, entre otras cuestiones, la obligación de los Estados parte de reconocerlas, salvaguardarlas, fomentarlas en la educación y la cultura, y de permitir y facilitar su uso en la vida privada y en la pública. "Curiosamente, en nuestro entorno más cercano solo ha sido ratificado este tratado internacional por España, pero no así por Portugal, Andorra, Francia, Italia, Bélgica ni Irlanda; sí por Reino Unido, Países Bajos, Alemania y Suiza. También casi todos los centrales y orientales, y casi ningún balcánico", añade el jurista.

Entre los que no han ratificado ese tratado hay diferentes tratamientos legales. En Portugal, donde hay una gran expansión del romaní, no se reconoce éste, "pero sí otra lengua con implantación territorial, como es, en el noroeste, el mirandés (a modo de asturleonés), pero solo con medidas de fomento y conservación. En Francia, como consecuencia intencionada de la Revolución, y porque así lo promovía la Ilustración, se ha considerado constitucionalmente al idioma francés como una seña de identidad nacional, de tal modo que hace dos siglos sirvió para 'igualar' en oportunidades a todos los ciudadanos tras una Francia del Antiguo Régimen con una enorme variedad comarcal de lenguas, costumbres o instituciones locales, y en la Francia actual, para buscar esa igualdad entre los originarios y los procedentes del extranjero, como medida de integración, de identidad y de igualdad".

En un país donde se habla en algunas zonas lenguas como el bretón, vasco, catalán o el corso, "la principal amenaza para estas lenguas minoritarias no ha sido el francés --como prueba su supervivencia durante estos 230 años de republicanismo igualitario--, sino que es actualmente la lengua propia de los inmigrantes, que aun siendo de segunda generación continúan hablando (principalmente el árabe) en su vida privada". Por eso, a iniciativa de un diputado bretón, en abril de 2021 se aprobó una ley para proteger las lenguas regionales, con un apoyo del 75% de la Asamblea Nacional.

Proponer, no imponer
"Esta ley --precisa Perea Unceta-- no se parece nada al sistema español, porque no prevé la 'imposición' de esas lenguas minoritarias, sino la 'proposición', como se explica en la misma, pues lo que se trata es de dar la opción de estudiar esa lengua (no 'en' esa lengua) si así lo solicitan los padres, y de ir ampliando su uso si hay acuerdo entre padres y profesores en cada colegio a algunas actividades (en principio no se habla de asignaturas). Asimismo, no se prevé ninguna medida para su uso obligatorio u opcional en los procedimientos, instituciones públicas, etcétera".

En Italia, donde hay muchos dialectos del italiano (napolitano, siciliano, lombardo...), pero también otros propios de Estados vecinos como el alemán tirolés (Alto Adigio), el catalán (Cerdeña), el francés (Valle d'Aosta) y el esloveno (Trieste), una ley de 1999 promueve su reconocimiento en las Administraciones regionales (la mayor parte lo han hecho), lo que se ha traducido en la enseñanza de esas lenguas en los colegios (nuevamente 'de', no 'en'), su uso en programas de la radiotelevisión estatal y en las cadenas públicas regionales. El caso más singular es el francés en el Valle d'Aosta pues es cooficial, por lo que también se utiliza en los procedimientos públicos.

Solo en España
Como puede comprobarse, solo en España se estudia en lenguas minoritarias, se utilizan en las instituciones y medios públicos y son el idioma de los procedimientos administrativos y judiciales. En ninguno de los países de nuestro entorno europeo se plantea un porcentaje de asignaturas en lengua minoritaria. Perea Unceta nació en Marruecos, donde es cooficial el amazigh o bereber, junto al árabe y al francés, que cada vez habla menos gente".

"Caso muy diferente es el de Bélgica o Suiza porque, aunque hay lenguas minoritarias, no hay mayoritaria, sino varias oficiales igualmente", subraya.

El panorama en la Europa Oriental "es un puzle muy complejo. Por poner solo un ejemplo, en Estonia y Letonia, con entre un 25 y un 30 por ciento de rusos étnicos, está prohibido el ruso en la vida pública. De hecho, hay, entre ambos países, unas 300.000 personas sin nacionalidad (con el llamado "pasaporte gris" de la UE) porque sus legislaciones exigen un examen de estonio o letón para ser nacionales, para votar, para ser funcionarios e incluso en algún caso para ejercer trabajos de cara al público (un camarero o un dependiente)".

La propaganda soviética en la guerra civil
Koltsov y Ehrenburg hablaron como soviéticos, pero vivieron como burgueses
José María Zavala. Madrid. larazon 2 Enero 2022

El aparato de propaganda jugó un papel decisivo para los intereses soviéticos en plena Guerra Civil española. Dos nombres sobresalen por encima de todos: los de Mijail Koltsov e Ilia Ehrenburg. El corresponsal del «Pravda», Koltsov, llegó a la Península el 8 de agosto de 1936, permaneciendo en ella hasta el 6 de septiembre del año siguiente. Nacido en Kiev hacía 38 años, era judío y había combatido en el Ejército Rojo durante la Revolución. Poco después se incorporaba a la redacción del periódico del X Ejército. En el «Pravda» colaboraba desde 1920, hasta que fundó después el semanario «Ogokek» y dirigió la revista satírica «Kokodril», cuyo estilo humorístico plasmaría después en algunas de sus crónicas. Viajero incansable, visitó numerosos lugares de Asia y de Centroeuropa, especialmente, Alemania, Hungría y Yugoslavia. La primera vez que pisó España fue en 1931, recién proclamada la República, desplazándose de Madrid a Bilbao y Sevilla.

Koltsov era un hombre menudo, inteligente y locuaz, a quien Ernest Hemingway retrató bajo el nombre de Karlov en su célebre novela «Por quién doblan las campanas». Fue él quien advirtió a los dirigentes comunistas del peligro que suponía para los intereses de la República que los numerosos presos fascistas pudiesen alistarse en las filas nacionales si éstas ocupaban Madrid. En su entrevista con el Comité Central del Partido Comunista, instó a sus miembros a que se fusilase a los reclusos de las cárceles madrileñas, en un claro anticipo de las matanzas de Katin. Sus consejos fueron seguidos al pie de la letra, y centenares de presos, entre ellos, el gran comediográfo Pedro Muñoz Seca, fueron fusilados y enterrados en fosas comunes en Paracuellos del Jarama.

El propio Hugh Thomas no dudaba en afirmar que Koltsov era un agente personal de Stalin en contacto directo con el Kremlin. Visitó todos los frentes, incluso los del norte, participando en ofensivas contra el Alcázar de Toledo, y recogió todas sus experiencias en su «Diario de la Guerra de España», un libro importante para conocer detalles y protagonistas de la retaguardia y el frente, pero demasiado partidista.

Justicia poética
Koltsov fue, en suma, un combatiente ruso más a través de sus artículos y reportajes, y en alguna ocasión incluso disparando un fusil. A su regreso a la Unión Soviética corrió allí la misma suerte que los falangistas a los que tanto odiaba: murió fusilado en febrero de 1938. La envidia de su nuevo jefe Mejlis por el éxito cosechado por Mijail Koltsov en su cobertura de la guerra en España, que le hizo merecedor de la Orden de la Estrella Roja nada menos, pudo tener algo que ver en su trágico final.

Otro periodista soviético que jugó un papel propagandístico de primer orden en España fue Ilia Ehrenburg, que al llegar a nuestro país tenía cuarenta y cinco años. Ucraniano, igual que Koltsov, su personalidad era muy distinta a la de aquel. Fue corresponsal durante la Primera Guerra Mundial en el frente francés y, al producirse la insurrección de octubre en su país, regresó a la Unión Soviética para establecerse después en Berlín, París y Bruselas.

Viajó a Asturias durante la Revolución de Octubre de 1934 y alentó la campaña para presentar a los mineros como verdaderas víctimas de los enfrentamientos armados, entrevistando incluso a algunos de ellos. Recién llegado a España en agosto de 1936, puso en marcha su maquinaria propagandística en favor de los intereses comunistas y soviéticos que defendía. Visitó Madrid, Valencia, Toledo, y los frentes de Guadarrama y Aragón. Más tarde, adquirió un camión y lo acondicionó para sus fines proselitistas con una imprenta portátil, unos altavoces por los que hacía sonar canciones revolucionarias rusas, y una colección de películas, entre ellas, «Los marinos de Kronstat», que proyectaba cada vez que podía en su periplo por el frente de Huesca.

Estaba en contacto permanente con el embajador soviético Marcel Rosenberg, a quien informaba de todas las vicisitudes en Cataluña. Tras la batalla de Guadalajara, se instaló en el madrileño hotel Palace, convertido entonces en hospital. Se quejaba de lo mal que se comía allí y de la falta de calefacción, por lo que solía visitar el hotel Florida donde se alojaba Mijail Koltsov. Valentín González, apodado «El Campesino», le retrató así: «Este escritor judío-soviético se había pasado toda la guerra española viviendo en los más elegantes hoteles y viajando en los más lujosos automóviles, todo a costa del pueblo español». Fallecería en 1967 de muerte natural, algo insólito entre los ciudadanos soviéticos que participaron en la Guerra Civil española.

Llamadme simplemente «Pedro»
Pero ningún nombramiento era tan importante para las autoridades soviéticas como el del jefe de inteligencia y control de seguridad de la NKVD en España. Es decir, el de Alexander Orlov, asistido por el húngaro Ernö Gerö como responsable de la NKVD que había en Cataluña.
El agente Ernö Gerö era un auténtico camaleón, oculto bajo infinidad de seudónimos como «Ernst Singer», «Pierre», «Pedro Rodríguez Sanz», o, simplemente, «Pedro». Su verdadero nombre era Ernst Moritsovich Gerö, nacido el 8 de julio de 1898 en la localidad húngara de Terbeguets, incorporada luego a Checoslovaquia. Cuando «Pedro» aterrizó en Barcelona en agosto de 1936, procedente de París, hacía un mes que el alzamiento militar había fracasado en la capital catalana. Con casi 1,2 millones de habitantes, la Ciudad Condal era el centro de la 4ª División Orgánica, al mando del general Llano de la Encomienda, un militar contrario a la rebelión frente a la legalidad vigente.

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¿Monolingües acomplejados?
Iván Terual. cronicaglobal 2 Enero 2022

Imaginemos que en Cataluña la lengua vehicular única de la enseñanza fuera el castellano y que el catalán se redujera a las tres horas semanales de la asignatura de Lengua Catalana. Imaginemos que una sentencia judicial estableciera que el catalán también se ha de utilizar como lengua vehicular y fijara ese porcentaje en un 25%. Imaginemos, también, que unos padres catalanohablantes reclamaran a un centro la aplicación de esa sentencia y los padres de los niños castellanohablantes se manifestaran en contra de que sus hijos recibieran una asignatura más en catalán. Por último, imaginemos que, ante esa realidad, una escritora saliera en una televisión pública y se preguntara, con actitud compungida, cómo es posible que unos padres no quieran que sus hijos aprendan una lengua. ¿A qué padres creen ustedes que se estaría refiriendo la escritora? Siguiendo una lógica muy elemental, parecería claro que estaría aludiendo a aquellos padres que se niegan a que sus hijos reciban una asignatura más en catalán. ¿Y qué pensarían si yo les dijera que la escritora, en cambio, acusa a los padres catalanohablantes de no querer que sus hijos aprendan castellano y, como remate, se pregunta si lo siguiente que van a hacer esos padres va a ser prohibir a sus hijos que coman tortilla de patata o jamón ibérico? Parecería delirante, ¿verdad?

Pues eso mismo, invirtiendo los términos, es lo que aseguró la escritora y editora Iolanda Batallé en una tertulia del canal 3/24 de la televisión pública catalana. Acusó a los padres de Canet de Mar –recordemos: por pedir un 25% de horas en castellano– de no querer que sus hijos aprendieran el catalán y se preguntó si lo siguiente que harían sería prohibir a sus hijos comer pan con tomate o crema catalana. Se podría intentar quitar hierro a sus palabras apelando a la falta de representatividad de una opinión que, por disparatada que sea, no deja de ser individual y subjetiva. Pero el problema es que no se trata de una opinión puntual.

Y es que, cada vez que vuelve a ser noticia que unos padres han pedido la escolarización bilingüe en Cataluña, desde el nacionalismo se incurre en ese particular sesgo de atribución: se imputa a los progenitores la voluntad de no querer que sus hijos aprendan el catalán. De hecho, una expresión habitual para desacreditarlos es tacharlos de “monolingües acomplejados”. Y no se trata de una acusación tabernaria o circunscrita a las redes sociales. Esa idea se difunde incluso desde contextos académicos: la filóloga Carme Junyent, por ejemplo, decía en una entrevista que la inmersión funcionaba relativamente bien durante la etapa primaria, donde los niños utilizaban de forma más habitual el catalán entre ellos, pero que, al llegar al instituto, la cosa se torcía porque la renuncia a emplear el catalán tenía que ver con una actitud reacia al conocimiento en general.

Pero esa creencia no solo ha encontrado asiento entre los declaradamente nacionalistas. La periodista Julia Otero, cuando todavía estaba vigente el artículo 155 y el Gobierno lanzó un globo sonda planteando la opción de incluir una casilla en la preinscripción escolar que permitiera a los padres elegir la lengua de escolarización, se preguntaba, con tono grave, si existía el derecho a no aprender, refiriéndose, por supuesto, a los padres que quisieran escoger la escolarización en castellano.

¿Cómo es posible, entonces, que a los padres que piden únicamente una mayor presencia del castellano en las aulas se les impute una especie de hostilidad natural hacia el aprendizaje en su conjunto y, en cambio, a los padres que piden la enseñanza exclusiva en catalán, no solo para sus hijos, sino también para los de los demás, no se les haga nunca tal atribución? La respuesta, una vez más, hay que buscarla en uno de los múltiples prejuicios clasistas y supremacistas del corpus doctrinal del nacionalismo. Así, los castellanohablantes, esas bestias carroñeras con un socavón en el ADN según el anterior presidente de la Generalitat, serían, por naturaleza, refractarios al conocimiento. En cambio, los catalanohablantes con recursos podrían escoger libremente una educación privada multilingüe para sus hijos –como han hecho Artur Mas, Oriol Junqueras y el propio González Cambray– sin que ello significara, en ningún caso, una actitud de rechazo hacia el aprendizaje de la lengua catalana. Antes al contrario: sería una manifestación del carácter culto y cosmopolita del pueblo catalán. Ya ven: clasismo y supremacismo en estado puro. Y es que en Cataluña hace ya tiempo que no hay más cera que la que arde.

«Un ataque directo a la dignidad de las víctimas del terrorismo»
Los homenajes a Henri Parot y otros etarras indignan al PP y a asociaciones de afectados por la violencia de la banda
Andrés Bartolomé. larazon 2 Enero 2022

En el País Vasco y Navarra despidieron 2021 con homenajes a etarras, incluido Henri Parot, «Unai», el mayor criminal de la banda terrorista –con 39 asesinatos en su haber–, lo que ha indignado a asociaciones de víctimas pero también a formaciones políticas tradicionalmente beligerantes contra estos actos como el Partido Popular, Vox o Ciudadanos.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional se opuso a prohibir diversas citas convocadas por la red de apoyo de presos de ETA, Sare, como la prevista en Arrasate-Mondragón, en el que las víctimas veían un homenaje a etarras como Parot pese a la negativa de esta organización. El ministerio público entendió que no había una constancia mínima de la existencia de delito, aunque era partidario de que las Fuerzas de Seguridad se mostraran vigilantes para evitar que se pudiera incurrir en actuaciones castigadas en el Código Penal. En contra de este criterio, colectivos como Dignidad y Justicia o la Asociación Plataforma de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo (APAVT) consideraban que esos actos sí podrían constituir una actuación de enaltecimiento público del terrorismo y de humillación a las víctimas.

El balance para los afectados directamente por el golpe de ETA es desalentador. Este tipo de «humillaciones» casi se han duplicado con respecto a 2020 en el año que acaba de terminar, cuando se han vivido 282 eventos de apoyo a la banda en el País Vasco, según datos de un informe del Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite).

El homenaje a Parot –y a los etarras José Manuel Pagoaga Gallastegui, «Peixoto»; y Eugenio Barrutiabengoa, «Arbe»– coincidió con otro en Pamplona a favor de la amnistía y el acercamiento a las cárceles vascas, con respaldo de asociaciones independentistas.

Las reacciones en contra no se hicieron esperar. El PP aseguró ayer que los «ongi etorri» son «una vergüenza y un ataque directo a la dignidad de las víctimas de ETA y sus familias», y anunció en Twitter que los prohibirá cuando llegue al Gobierno. En esta misma red social, la vicesecretaria de Organización del PP y presidenta de este partido en Navarra, Ana Beltrá, cargó contra el Gobierno de Pedro Sánchez por «permitir» los actos que se celebraron la última mañana del año en Pamplona y en Mondragón (Guipúzcoa). «Solo hay algo más indigno que la celebración de homenajes a etarras: permitirlos», escribió la diputada popular en su perfil de Twitter. Además, la dirigente del PP advirtió de que «Sánchez y su Gobierno pagarán en las urnas esta humillación», en referencia a los actos que organizaron la asociación Etxerat y la red ciudadana Sare.

Por su parte, el consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid y Secretario de Justicia e Interior del PP, Enrique López, acusó al Gobierno de «propiciar» con su «pereza legislativa» la «humillante» manifestación.

La eurodiputada del PP Teresa Jiménez Becerril –hermana del concejal Alberto Jiménez-Becerril, asesinado por ETA junto a su mujer, Ascensión García Ortiz–, escribió en Twitter: «Otra Navidad sin Alberto y sin Ascen. Mi abrazo a todas las víctimas de ETA que no han podido abrazar a sus seres queridos y tienen que soportar homenajes a los terroristas que ordenaron sus muertes».

La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, llamó la atención sobre el homenaje a Parot, «el más asesino», y cómo Sánchez «sigue sin hacer nada para evitarlo».

La decisión de la Fiscalía sobre este homenaje estaba en sintonía con anteriores pronunciamientos de la Audiencia Nacional y del titular del juzgado central de instrucción número 4 de este órgano, José Luis Calama, que rechazó en septiembre prohibir otra marcha a favor de Henri Parot al concluir que no había elementos que permitiesen determinar si los hechos podrían llegar a constituir delito.

La Asociación Profesional Justicia para la Guardia Civil, Jucil, también había pedido la prohibición de estos actos en cumplimiento del artículo 578 del Código Penal.

143 presos de ETA han sido acercados en 2021
El Gobierno ha confirmado el fin de la dispersión de presos de ETA en 2021, un año en el que se han llevado a cabo 143 acercamientos, el 49% de los 288 autorizados desde la llegada de Pedro Sánchez al Gobierno. Desde el pasado julio ningún preso etarra está ya en cárceles al sur de Madrid y en los últimos doce meses se ha aprobado para 70 el traslado al País Vasco, así como para otros nueve a Navarra. Según el Observatorio de la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) con datos del Ministerio del Interior, a lo largo de 2021 se han aprobado ocho terceros grados para presos de ETA, así como otros seis han obtenido la libertad condicional.

La Generalitat paga clases de islam a 337 alumnos mientras se niega a dar asignaturas en castellano
Agustín de Grado. okdiario 2 Enero 2022

La religión islámica está presente en la enseñanza pública catalana a la vez que se vetan las clases en castellano. Ocho escuelas catalanas imparten clases de islam a 337 alumnos con profesores contratados por la Generalitat, en los que gasta 169.925 euros anuales. Es información facilitada por el consejero de Educación, Josep González-Cambray, el mismo que anima a los colegios a sublevarse contra las sentencias que obligan a impartir el 25% de las clases en español.

En una respuesta por escrito a una pregunta parlamentaria de Vox, el consejero desglosa los centros y número de alumnos que están acogidos al plan para impartir clases de islam en Cataluña: son 32 en la Escuela ‘El Turó’ de Mataró, 20 en la Escuela Josep Ferrà y Esteva de Olesa de Montserrat, 38 en la Escuela Mossèn Jacint Verdaguer de Calafell, 44 en la Escuela Santa Creu de Calafell, 84 en el Instituto Vallvera en Salt, 45 en el Instituto Rafael Campalans de Anglès, 66 en Instituto Creu de Saba de Olesa de Montserrat y 8 en el Instituto Frederic Mompou de Sant Vicenç dels Horts.

Entre los argumentos que González-Cambray cita para justificar estas clases figura el de «la demanda de las familias para que sus hijos e hijas puedan recibir clases de la materia religión islámica, tal y como prevé el marco legal». Demanda de las familias y marco legal. Dos requisitos que sorprenden en boca de quien nada más conocerse la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) dando la razón a la familia de Canet de Mar que exigía clases en castellano para su hijo de 4 años tildó el fallo judicial de «ataque intolerable» y se plantó en la escuela que discriminaba al pequeño para solidarizarse con la dirección del centro.

Días después, el Tribunal Supremo propinó el golpe definitivo a la inmersión lingüística en Cataluña al rechazar el recurso de la Generalitat contra el fallo del TSJC que estableció el principio de que al menos el 25% de las clases deben ofrecerse en castellano. Y no tardó González-Cambray en enviar una carta a los directores de los 5.108 colegios de Cataluña animándoles a desobedecer al Supremo: “Queremos que continuéis trabajando exactamente como hasta ahora”.

Junto a la de Canet de Mar, otras 23 familias tienen abiertas reclamaciones contra la Generalitat para conseguir la escolarización de sus hijos en español, la otra lengua oficial de Cataluña. No lo tendrán fácil. El Govern ha convertido la sentencia del Supremo en un nuevo ataque al catalán y su modelo de inmersión lingüística. Hasta el punto de que su presidente, Pere Aragonés, hizo grabar su mensaje de Navidad en una escuela de Santa Coloma de Gramenet, donde proclamó que «la escuela debe ser el núcleo de la nación catalana».

Las trabas y dificultades que los padres encuentran en Cataluña para que sus hijos puedan estudiar en castellano no sólo contrasta con la facilidad creciente que tienen aquellos que piden clases de religión islámica, sino también con la que encuentran los demandantes de lengua árabe. La Generalitat ha ampliado este curso a 30 centros más las clases de Lengua Árabe y Cultura Marroquí. De esta forma, ya son 138 centros públicos los que imparten clases de estas materias (6 en horario lectivo y otros 132 en extraescolar).

Ana Losada, presidenta de la Asamblea por una Escuela Bilingüe de Cataluña, no ve problema dado que se trata de clases voluntarias, «pero, claro, entiendo que muchas personas puedan ver una situación realmente extraña o incoherente cuando vemos que la escuela en Cataluña potencia lenguas que no son oficiales en Cataluña y en cambio las lenguas oficiales, en este caso el español, es excluido deliberadamente de la enseñanza».
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