AGLI Recortes de Prensa   Jueves 13  Enero  2022

Votantes de Vox, esa gente
Carla de la Lá. okdiario.  13 Enero 2022

Con sus defectos, el merecido éxito (y el aislamiento) de Vox se deben a que se ríen sin complejos de este artefactado club de la bondad en que vivimos y nunca se han posicionado junto al virtuoso del buenismo vacío, tan de moda. En el mundo político español (y en el internacional, por supuesto) un individuo que comulga con el discurso de izquierdas es libertador, aliado de la virtud, sinónimo de progreso, lo que el planeta necesita … ¡guapo!; por el contrario, si uno se atreve a criticar la hegemonía progre es un retrógrado-fascista-patriarcal-hetero-privilegiado, está avalando la agresión sexual y el feminicidio, el kkk, odia a los negros, a los indígenas y finalmente es un franquista, homófobo en pos del negacionismo, el hirsutismo y hasta el canibalismo.

Si usted, amigue, está en contra del aborto o de la eutanasia no lo dude, arrodíllese y pida perdón. Si está a favor del matrimonio, de la familia, no se le ocurra hacer apología de semejantes monstruosidades intelectuales: rectifique, aflíjase, laméntelo, recapacite y pida perdón.

¿Son fumadores, blancos, hetero? ¡Desdichados! ¡Pidan perdón! En este templo a la indignación en el que se ha convertido el mundo no se prohíben las acciones, sino que se sancionan las personas. Pero, sobre todo, díganme que no votan a Vox, ¡díganmelo! Es innegable que Vox trae a mucho jumento (como cualquier partido del planeta Tierra), por motivos muy groseros, y también a pijos jovencillos limitones en la búsqueda de sensaciones y a pijos talludos con una visión excesivamente romántica de España y de su posición de privilegio, pero también a personas muy elevadas, divergentes y desprejuiciadas que simplemente no encuentran otro soporte más auténtico en el territorio liberal.

Y ¿quién defiende la unidad nacional y la igualdad de los españoles ante la ley? ¿Sánchez, Errejón? No, Vox. ¿Quién pide independencia judicial? ¿La presunción de inocencia? Vox. ¿Qué partidos defiende más la propiedad privada y el libre comercio? ¿Podemos, Más Madrid, el PSOE? No, Vox. ¿Y que se pueda estudiar en español en toda España?

Vox no es fascista, ni xenófobo (se declara en contra de la inmigración ilegal descontrolada) de hecho se declara liberal en lo económico, cuando el fascismo fue antiliberal; la mayoría de sus miembros manifiestan ser creyentes y más concretamente cristianos (de ahí la defensa de la familia, las alternativas al aborto… entre otras propuestas pro vida…); el fascismo era ateo recalcitrante y por supuesto, anticlerical.

Lo cierto es que a dos años para la fecha teórica de las próximas generales, el partido verde (de la derecha) avanza con paso firme. Si se celebrasen hoy elecciones, el PP y un Vox proyectado, como un pepino, sumarían casi treinta escaños más que las dos formaciones de la coalición en el gobierno. Aun así, no será fácil.

¿Qué hacer con Vox? Imagino que Casado (Casado no quiere que le vean con Vox) se hace esta misma pregunta cada día desde que partió peras con Abascal (“¡no somos iguales!”, ¿recuerdan?) en la fallida moción de censura contra Sánchez; porque el “buen odio” a Vox en España ha sido, estos últimos años, religión, como lo fue entre los nazis el “buen odio a los judíos”. A Pablo Casado, como saben, le “da cosa” ser de derechas, a ver qué van a decir los medios civilizados, las revistas de moda… ¿Qué se yo?

Lo cierto es que Pablo se desmarca de Abascal (su antiguo compañero y amigo) porque no quiere ser de derechas en este país donde la virtud es el tejido conectivo líquido, que circula por las venas de todos los vertebrados de izquierdas.

¿No creen que la política hoy día es sobre todo cinismo? Cinismo, y desplazamiento (psicológico), buscar un sistema credencial que apuntale nuestra autoestima frágil; eso y la repetición incansable de una idea ridícula e infantil: “Hay que ver qué malos son todos y que poco se parecen a mí”.

Sin embargo, la derecha navega con el viento a favor: colocándose Casado en el centro, el PP se va a llevar los infinitos votos de todos los moderados e indecisos (que no votarían a Vox y de los socialistas descontentos que son muchos y cada día serán más. No en vano, Sánchez se ha burlado de sus propios votantes desde el principio, y eso, los socialistas con capacidad crítica no se lo van a pasar. De modo que el PSOE lo tiene muy complicado para mantenerse con esa caterva de minorías radicales, egocéntricas e histéricas que no satisfacen en absoluto el sentir de la mayoría de los españoles.

Hace mucho que esto no se parece a una democracia.

Una vez pregunté a Macarena Olona si Vox conseguiría el soñado sorpasso al PP : “No tengo ninguna duda -dijo- Vox gobernará”.

Hasta entonces, desde la barrera, ¡gracias a ese partido innombrable (y nunca demasiado vituperado)!, por presentar a pecho descubierto su batalla unamuniana, porque la vida es una batalla que hay que luchar con todo, a sabiendas de que está perdida de antemano.

Una ‘Sanchilandia’ de 32 millones de euros
OKDIARIO 13 Enero 2022

Los 11 millones de euros iniciales presupuestados para el pabellón de España en la Expo de Dubái se han convertido, por arte de birlibirloque, en 32 millones, que es el montante de los que nos va a costar nuestra presencia en la muestra. O sea, que ese estallido fatuo de presunto vanguardismo en el que se diluyen los colores de España y se ocultan las señas de identidad nacionales bajo un grimoso manto de artificio nos va a costar un ojo de la cara. Todo para mayor gloria del sanchismo, que ha encontrado en Dubái una plataforma para exhibir sus señas de identidad: igualitarismo, ecologismo, feminismo, todos los ismos de un Gobierno que se ha montado, con el dinero de todos los españoles, una fiesta de luces de neón en la que reconocer las raíces de España es sencillamente imposible.

Recorrer el pabellón español es adentrarse por los mantras más manidos de la izquierda, que no ha desaprovechado la ocasión de derrochar la artillería semántica del Gobierno por cada esquina. La palabra preferida de Sánchez -«resiliente»- aparece junto al Quijote y los colores de la enseña nacional se degradan para convertirse en un juego de luces donde el rojo y gualda se sustituyen por un naranja que oculta la identidad nacional. Todo es una exaltación progre de la nada, porque tras recorrer el pabellón español uno se pregunta dónde está España y si aquello tiene algo que ver con nuestras raíces históricas o es, simplemente, ‘Sanchilandia’.

‘Sanchilandia’ nos ha costado 32 millones de euros: un pabellón a imagen y semejanza del país de cartón piedra que defiende el Gobierno: nada de poner en valor nuestras raíces, la gesta de la conquista, nuestra gastronomía o nuestras hazañas deportivas. Nada: mucha «resiliencia» -hace falta ser cursi-, mucho igualitarismo y mucha sostenibilidad ecológica en mitad del desierto. Encontrar a España en Dubái es imposible. Eso sí: ‘Sanchilandia’ aparece por todas las esquinas.

Zemmour, por desgracia, tiene razón
EDITORIAL. https://gaceta.es/ 13 Enero 2022

Lean a Eric Zemmour. Presten atención (no hace falta que le voten, pero sí que le escuchen) a ese autodenominado pequeño berebere del otro lado del Mediterráneo que quiere reconquistar Francia. Los periodistas, la inmensa mayoría de ellos y no sólo en París, se limitan a leerse unos a otros y se niegan a pensar por su cuenta. Esa inmensa mayoría que ayer estaba con Hollande y hoy con Macron, la forman los mismos, apenas una frontera más al sur, que ayer estaban por el fin del bipartidismo en España y, hoy, por la gran coalición entre PSOE y PP mientras exigen —exigen, oigan— al todavía líder del PP, Pablo Casado, que amplíe la brecha (eufemismo de cordón sanitario) con el presidente de VOX, Santiago Abascal.

Los mismos que hasta hace unos días renegaban de las fronteras porque apenas eran rayas artificiales pintadas en el suelo y ningún ser humano es ilegal, son los que hoy salen en tromba ideológica para que deporten entre insultos a un deportista no vacunado por haber entrado —con alguna irregularidad en su bolsa de raquetas— a un paraíso socialdemócrata.

La misma inmensa mayoría de periodistas que un día reniegan de las etiquetas porque el mundo ya no se mueve en esos parámetros y al siguiente usan sus parámetros y las etiquetas asociadas —y no las razones objetivas— para referirse a la ultraderecha. Los mismos que dicen defender la libertad de prensa y la libertad de expresión y al día siguiente callan cuando Moncloa revive la censura que creíamos enterrada y retira la acreditación de los periodistas de dos medios críticos con el Gobierno. Los mismos, al final, que ayer exigían memoria para hechos de hace nueve décadas ya enterrados junto a sus protagonistas y que hoy exigen olvido para los crímenes de antes de ayer cometidos por los que hoy tienen el poder de desacalabrar presupuestos.

No estamos hablando de unos pocos, sino, como dice Zemmour, de la inmensa mayoría. Como él, nosotros también los conocemos bien. Son los que llaman socialdemócrata a Lula, progresista a Petro o presidente a Maduro. Son los que alaban el leviatán fiscal hasta que les tocan el IVA. Los que ayer aplaudían y hoy ponen en valor. Esa mayoría periodística que es la que pone las reglas del juego, verificadores incluidos, y que medra al cobijo de los que controlan las subvenciones públicas que tanto daño han hecho al segundo oficio más viejo del mundo.

Si tienen alguna duda, sigan con atención lo que va a ocurrir en los próximos días en la mayor parte de los países europeos, incluida España.Todos esos periodistas que hasta hace unas horas clamaban por la vacunación obligatoria, los confinamientos, la vacunación infantil y los pasaportes covid, mañana serán los que activen una campaña feroz a favor de la aceptación de que el covid actual no es más que una gripe moderada y que la gente infectada con síntomas leves no debe acudir a los centros de salud. Y entonces recuerden que fueron esos mismos periodistas los que hasta hace unos días vetaban a todo aquel negacionista (aunque no lo fuera), que se le ocurría disentir de la mayoría y decir entonces lo que ellos van a decir ahora.

Porque la mayoría, como venía a decir aquel ministro Cabanillas, son siempre ellos. Digan lo que digan. Nosotros, por nuestra parte, sólo podemos decir que Zemmour, por desgracia, tiene razón.

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Para macrogranja sin controles, el Consejo de Ministros

OKDIARIO 13 Enero 2022

Las declaraciones del Ministro de Consumo, Alberto Garzón, sobre la supuesta mala calidad de la carne que se produce en las denominadas macrogranjas amenaza con hacer saltar por el aire al Gobierno. Moncloa sigue acusando a Garzón de atizar la polémica de la carne para que se hable de él y Podemos no da su brazo a torcer, señalando la hipocresía del PSOE de Pedro Sánchez, que por una parte defiende lo mismo que el ministro -véase la Agenda 2030- y por otra carga contra el titular de Consumo. Lo cierto es que, a estas alturas, lo que queda meridianamente claro es que si hay una macrogranja sin ningún tipo de controles esa es la del Consejo de Ministros del Gobierno de España.

A un mes de las elecciones en Castilla y León, el cruce de descalificaciones entre socialistas y podemitas amenaza con una hecatombe electoral para la izquierda, perdida en una batalla de intereses particulares que ha alcanzado tintes surrealistas. Las torpes declaraciones de Garzón lo que ponen de manifiesto es que Pedro Sánchez es incapaz -porque no puede- de destituir a su ministro, porque hacerlo significaría la quiebra del Gobierno. Y, entretanto, PSOE y Podemos se siguen despellejando públicamente, un espectáculo grotesco que revela hasta qué punto el Ejecutivo se ha olvidado de la gestión para limitarse a sobrevivir por la vía de untar a golpistas y proetarras. La macrogranja del Gobierno no da para más y a Pedro Sánchez la legislatura se le va a hacer muy larga, porque llegará un momento en que los socios de Gobierno se echarán los trastos definitivamente a la cabeza para marcar su propio territorio dentro de la izquierda.

Y es que, con independencia de la polémica de la carne, lo cierto es que este Gobierno es lo más parecido al camarote de los hermanos Marx: un día sí y otro también hasta que llegue la hora de la rebelión en la macrogranja socialcomunista. Y si no, al tiempo.

Un sujeto repudiable y repudiado
Carlos Dávila. okdiario  13 Enero 2022

Les invito a ustedes a realizar el siguiente ejercicio: acudan a su Diccionario de Sinónimos de más uso y recaigan en los términos asimilables el de repudiado. Desde rechazado -el más generoso-, a despreciado -el más contundente-, toda una batería de vocablos para describir la condición humana de un sujeto que, como ha escrito John Müller, cae francamente mal. Miren, si no, lo que ha ocurrido este pasado fin de semana en Palencia, tierra de la que no se ha llevado precisamente el pan como en los versos antiguos, sino la displicencia y los insultos. Acudió allí para inaugurar su apoyo al candidato socialista Tudanca, y los agricultores, los ganaderos, los policías y hasta los funcionarios penitenciarios se echaron a la calle, ellos sí, para recibir de aquella manera a Sánchez y decirle que no cumple ni una sola de las promesas que les ofreció. Le trataron encima como cómplice de un estólido ministro, el inefable Garzón que, en la imputación de una de las asociaciones convocantes: “Tu abandono y tus agresiones me pueden matar”. O sea, lo que se decía en el lenguaje del Periodismo tópico y clásico: una cálida acogida.

Pero él no parece enterarse. Horas después de este suceso, prólogo de lo que se le va a venir encima de aquí al 13 de febrero, fecha de las elecciones en Castilla y León, se fue a la emisora cómplice, la gubernamental, la que funciona oficiosamente como en los tiempos de la dictadura de Primo Rivera, a poner cara de yo no he roto un plato, a mostrarse dolido por la polémica que las derechas a cuenta de Garzón, y ya, de paso, y aprovechando una incitación de la presentadora, a denunciar que “en Madrid las calles están llenas de miseria”.

Sin pestañear, con el mayor desahogo del Universo. En dialecto coloquial y parafraseando a mi amigo Jose Luis Gutiérrez, uno de los más grandes cronistas de la Transición: “Pero, vamos a ver Pedrito, tontolaba, ¿por qué calles de Madrid te han paseado tú estas Navidades?”. Hablamos de calles del centro y de la periferia, por ejemplo de un barrio emblemático como Usera, atiborrado de un gentío que, es verdad, mayormente atendía a las pocas personas que duermen en la calle, en buena parte porque no aceptan el acogimiento social de roperos y de otros establecimientos sociales de este tipo. “¿Cuándo es la última vez, Pedrito tontolaba, has salido tú a pie de La Moncloa que tienes infestada de enchufados y amiguetes del tres al cuarto, para codearte con el personal que llega a Madrid a raudales?”. “¿A quién quieres engañar Pedrito, tontolaba?”.

Desmontando el Estado
Agustín Valladolid. vozpopuli.es 13 Enero 2022

No descubro nada nuevo si digo que uno de los empeños a los que el nacionalismo centrífugo se ha entregado con mayor entusiasmo es el de eliminar los contrapesos y controles del Estado. Y nada nuevo descubro porque desde que el pueblo español sancionara con su voto la Constitución de 1978, el traspaso de competencias a los distintos territorios no fue únicamente eje imprescindible del proceso de descentralización pactado, sino que desde aquella ya lejana fecha la aceleración no siempre justificada de ese proceso, y la presión ejercida para asumir en solitario competencias compartidas o arrebatar al poder central porciones de competencias exclusivas, han sido habituales exigencias que los nacionalismos han puesto encima de la mesa a cambio de garantizar la estabilidad parlamentaria de los gobiernos de turno.

Nada nuevo salvo por un detalle: en lo esencial, la descentralización está culminada. España es el país más descentralizado de Europa. Ninguna región de la UE alcanza el nivel de autonomía de Cataluña y País Vasco. Y, sin embargo, se sigue ordeñando la vaca. Lo malo: se hace con nocturnidad, por la puerta de atrás, sin que medie debate alguno en sede parlamentaria. Y lo peor: se está haciendo con materias que forman parte de la médula del Estado. La cesión al Gobierno Vasco, en una disposición final de las que acompañan a la Ley de Presupuestos, de la totalidad de las competencias sobre los secretarios, interventores y tesoreros de la Administración Local -incluida la de su selección y nombramiento-, es el último e ilustrativo ejemplo de una dinámica irresponsable que choca abiertamente con el espíritu de nuestra Constitución, expropia derechos compartidos y atenta contra el principio de igualdad.

Estos empleados públicos, que de depender del Estado van a pasar a ser controlados por el Ejecutivo vasco si el Senado no lo remedia, han sido hasta ahora la única garantía de que “los servicios que se prestan en las entidades locales españolas se desarrollan en condiciones de igualdad para todos los ciudadanos, independientemente de su lugar de residencia” (Ver nota del Consejo General de Colegios de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local en La Postdata).

Estos funcionarios, cuya figura se creó hace más de doscientos años para contrarrestar el omnímodo poder del caciquismo, han sido y siguen siendo el principal instrumento contra una corrupción que en las últimas décadas hizo de los municipios su hábitat más natural. Con su traspaso al País Vasco, el PNV no solo consigue eliminar un insustituible mecanismo de imparcialidad; además expulsa del proceso de selección, mediante la exigencia del conocimiento del euskera como requisito para acceder a determinados puestos, a ciudadanos ajenos a la tribu, incómodos observadores y potenciales testigos de cargo.

La osadía de Toni Rodríguez
Ninguna mayoría parlamentaria es merecedora de tal nombre si se construye a costa de desmontar piezas esenciales del engranaje del Estado. Tampoco un gobierno que se precie, para garantizarse la estabilidad, puede mirar para otro lado cuando la sospecha de nepotismo, y de un indisimulado intento de blindaje ante posibles responsabilidades políticas y judiciales, parece estar detrás de determinadas decisiones tomadas por autoridades autonómicas. Es el caso de la destitución del jefe de la Comisaría General de Investigación Criminal de los Mossos d’Esquadra, Toni Rodríguez, elocuente ejemplo de las prácticas consentidas al nacionalismo excluyente desde tiempos inmemoriales. En apariencia, Rodríguez es el arquetipo de funcionario que cree en lo que hace, en su independencia, en el respeto a las leyes y en la obediencia a los tribunales como estipulaciones inexcusables de su contrato con los ciudadanos. Cometió la osadía de ser fiel a la promesa que hizo cuando tomó posesión de su cargo. Investigó en 2019, por indicación de la Fiscalía, al entonces consejero de Interior de la Generalitat, Miquel Busch, que será juzgado por un presunto delito de prevaricación gracias al trabajo realizado por la unidad que comandaba el intendente Rodríguez. ¡Hasta ahí podíamos llegar!

Pero lo más triste no es que el independentismo haya cesado a Rodríguez sin aparente justificación objetiva y fulminado por traidor al mayor Trapero; ni que probablemente estas destituciones ralenticen -o paralicen- pesquisas relacionadas con presuntas corrupciones en ayuntamientos nacionalistas y las irregularidades, también presuntas, cometidas por la actual presidenta del Parlament, Laura Borràs, cuando era presidenta del Instituto de las Letras Catalanas. Lo más grave es la inacción del Gobierno; la renuncia a corregir, mediante las herramientas legales que tiene a su alcance, decisiones más que objetables que obstaculizan la investigación policial, interfieren en la correcta administración de la justicia y consolidan privilegios políticos intolerables en una democracia. Especial responsabilidad tiene en esta inadmisible actitud de pasividad el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, quien al menos debiera haber convocado con carácter de urgencia la Junta de Seguridad para tratar del asunto, pedir explicaciones y en su caso utilizar los recursos de autoridad que le atribuye la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Lamentablemente, hace tiempo que Grande-Marlaska parece haber asumido que los condicionantes electorales de Pedro Sánchez y del PSOE están muy por encima de su responsabilidad política y personal.

Purga en los Mossos y desmantelamiento sostenido y consentido del Estado en el País Vasco: dos caras de la misma moneda; dos hechos de enorme trascendencia que la pandemia, los Djokovic, garzones y una Oposición desorientada acabarán empujando al cajón de la irreversibilidad.

La postdata: “El cambio que se pretende carece de justificación”
El pasado 22 de diciembre el Consejo General de Colegios de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local (COSITAL) hizo pública una nota (aquí texto íntegro) en la que se rechazaba la cesión al País Vasco de la totalidad de las competencias que sobre estos funcionarios corresponden hoy al Estado. Una nota que, a pesar de su enorme interés, ha pasado por las redacciones sin pena ni gloria y de la que he extraído estos significativos párrafos:

“Estos empleados públicos tienen reservado por la Ley el ejercicio de una serie de funciones en todas las Entidades Locales de España cuyo cumplimiento en condiciones de igualdad en todo el territorio nacional justifica la existencia de su régimen jurídico propio y común para garantizar que su ejercicio se realiza con suficiencia técnica, independencia y objetividad. Dichas funciones son la fe pública y el asesoramiento legal preceptivo -que proporcionan seguridad jurídica a los ciudadanos y aseguran la adecuación de la actuación de los poderes locales al ordenamiento jurídico- y el control y la fiscalización interna de la gestión económico-financiera y presupuestaria, así como de la contabilidad, la tesorería y la recaudación -que permite el control de la adecuada utilización de los recursos económicos de las Entidades Locales, en términos de legalidad, eficacia y eficiencia-“.
(…)
“El cambio que ahora se pretende -traspasando a la Comunidad Autónoma del País Vasco todas las funciones que hoy corresponden al Estado sobre la selección y formación de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional y la provisión de los puestos de trabajo a ellos reservados en su territorio, ya sea con carácter provisional o definitivo-, carece de justificación, y conduciría en la práctica a la eliminación del carácter nacional de unos funcionarios que llevan prestando servicios a las entidades locales desde hace más de doscientos años, y cien años siendo seleccionados y formados por el Estado como garantía de que los servicios que prestan en las Entidades Locales españolas se desarrollan en condiciones de igualdad para todos los ciudadanos, independientemente de su lugar de residencia”.

En Santa Coloma no querían la inmersión (2)
José García Domínguez. Libertad Digital 13 Enero 2022

Cuando les preguntaron, los ciudadanos de la localidad barcelonesa rechazaron masivamente el experimento inmersivo.

Cuenta la leyenda suburbana fabricada por esa gran factoría de guionistas de cuentos chinos, la que produce bajo encargo exclusivo de la Generalitat, que la variante catalana del terrorismo cultural conocida por inmersión lingüística nació de una conversación entre un pobre hombre, cierto Jesús Martínez, ciudadano catalán de Santa Coloma de Gramanet nacido en Murcia, y otro pobre hombre, el célebre delincuente común y padre espiritual del País Petit Jordi Pujol i Soley. Así, narran extasiados los escribidores oficiales en la prensa también oficial, que en el caso catalán resulta ser toda, que el tal Martínez confesó abatido al gran Ubú que sus dos amados hijos no sabían dónde estaban las islas Medas, que aquello no podía ser, que urgía hacer algo.

Y que Pujol, de consuno con Martínez, entendió que la única manera de conseguir que los descendientes de aquel pobre murciano de Santa Coloma descubrieran la localización exacta de esos islotes sería prohibirles terminantemente hablar en castellano durante el resto de su vida escolar. Mutilación lingüística que tanto los hijos de Martínez como sus compañeros de clase celebraron luego dando gracias al gran Ubú por haberlos librado de tan pesada y vergonzante carga. Después fueron todos felices y comieron calçots a falta de perdices. La historia real, sin embargo, se aparta un poco de ese guión caramelizado.

Veamos, en el curso 1982-83, el alcalde comunista de Santa Coloma, un cura Hernández, ofreció su municipio para que otro cura iluminado, Joaquim Arenas, más conocido por Camarada Arenas –antiguo comunista pero del PSAN, si bien reconvertido al pujolismo más fanático–, usara a los hijos de sus votantes y feligreses como conejillos de indias del proyecto de la inmersión ya en marcha. Pero aquellos eran otros tiempos. Y ciertas cosas, a diferencia de lo que pronto ocurriría, todavía no se podían hacer por las bravas. Así que, muy educadamente, Arenas y sus inmersores preguntaron a los padres si deseaban que sus hijos fueran sometidos al invento. Y el resultado fue que el 84% de los consultados respondió que… no. Según la Generalitat, tres años y mucha presión después seguía habiendo en Santa Coloma en torno a un 50% de progenitores que se negaban a inscribir a sus hijos en las escuelas piloto de la inmersión. Así que al cuarto año dejaron de preguntarles si querían o no querían. La broma democrática del derecho a decidir se había acabado. Y hasta hoy.

Las otras heridas de ETA
Al Gobierno vasco no le basta con inventarse absurdos programas, incluso de artesanía, como coartada para liberar a los presos etarras; peor aún, los sufraga con seis millones de euros
Editorial ABC 13 Enero 2022

El Gobierno vasco encubrió ayer con una palabrería insidiosa para las víctimas del terrorismo su auténtica estrategia para comenzar de inmediato el proceso de excarcelación de presos de ETA, tras haber asumido semanas atrás las competencias en materia penitenciaria que le cedió Pedro Sánchez. La consejera de Justicia, Beatriz Artolazábal, anunció un primer plan dotado de seis millones de euros para empezar a sacar de prisión a terroristas, y asignarlos a proyectos de reinserción sufragados con dinero público, para que sean «una puerta hacia otra vida». No pudo elegir una expresión más ofensiva e indignante si se tiene en cuenta que está aludiendo a criminales con casi mil muertes a sus espaldas. Incluso se refirió al plan del Ejecutivo vasco como «una válvula de salvación» para los terroristas, otra prueba más de que ya no existe ningún resquicio de reparo moral a la hora de blanquear el pasado asesino de ETA con los parabienes incluidos de La Moncloa.

El dibujo que hace el Gobierno vasco de unos asesinos, asimilándolos con un lenguaje tan insensible a unos delincuentes comunes a los que hay que dar salida para su ‘resocialización’, es una agresión a cualquiera que tenga memoria de qué fue ETA y cuánto dolor causó.

La llamada ‘Agencia de Reinserción Social Aukerak’ contará en efecto con seis millones de euros para financiar proyectos, programas y talleres para etarras en ámbitos tan genéricos como «la logística, la atención sociosanitaria y los cuidados a la dependencia, o la artesanía». Sin embargo, esto es solo la coartada jurídico-administrativa para acometer una decisión política, la de poner en la calle a terroristas incluso con delitos de sangre, que se encuentran en la fase final de sus condenas, pero que aún no cumplen íntegramente. Ya lo advirtió Arnaldo Otegi sacando pecho en una reunión interna de Bildu: si apoya a Pedro Sánchez es para posibilitar la excarcelación de todos los presos en un máximo de cinco años. Y en vista de que el proceso de jibarización del terrorismo iniciado por Sánchez para presentar a Bildu como un partido legítimo más, y no como lo que son, los herederos de ETA en las instituciones, el PNV ha decidido impulsar los beneficios a etarras para que Bildu deje de achicarle más espacio político. Nada es casual, y mucho menos hay interés alguno en cumplir con la previsión de nuestro sistema penal de orientar las condenas hacia la reinserción de los reos. Si fuese así, antes tendrían que indemnizar a las víctimas, colaborar con la justicia, pedir perdón y expresar un público arrepentimiento. Pero nada de eso está ocurriendo. Solo hay un interés táctico del PNV por hacerse agradable a una parte del electorado de Bildu, consciente como es de que ya en el PSOE ni siquiera se discuten futuras alianzas políticas con Bildu y Podemos para asumir la ‘lendakaritza’.

Más allá del fondo, las formas son hirientes. Si atender unas horas a ancianos en residencias o practicar la alfarería, por ejemplo, se van a convertir en el asidero de los terroristas para redimir su pena y regresar a sus casas, la coartada del Gobierno vasco no podía ser más burda. Aludir a «actividades productivas» de los presos, «intensificando su formación, explorando sus habilidades y conocimiento, y revirtiéndolas en su beneficio», es un insulto. Lamentablemente, toda España conoce de sobra cuáles han sido sus «actividades productivas» y sus «habilidades»: el tiro en la nuca, el coche bomba, la extorsión, el secuestro… Lo mínimo sería que cumpliesen íntegras sus penas porque cualquier proceso de reinserción exige unas condiciones que ningún etarra cumple.

Un país a la deriva

José María Múgica. vozpopuli.es 13 Enero 2022

Son claras las debilidades de los regímenes democráticos, máxime en situaciones de crisis como la actual, en que una pandemia contribuye a potenciar el descontento social y a incrementar una crisis de representación que alcanza a gobernantes que, sistemáticamente, obtienen un rango de aceptación en las encuestas absolutamente inidóneo.

España no es una excepción a lo que sucede en grandes democracias en el mundo; en nuestro caso, contamos con instrumentos adecuados para comprobar con toda claridad la debilidad de nuestro sistema democrático. Una polarización indeseable, una vocación antagónica, que trabaja mucho más para agudizar los disensos que para construir consensos hacen que la política resulte objetivamente tóxica para la sociedad y para el progreso; afecta a la convivencia, paraliza al país, mata las reformas necesarias antes de que éstas nazcan, y nos convierte en un país de segundo nivel en la escena internacional. Caminamos hacia lo que podría denominarse tribalismo, la política concebida en grupos cerrados que encuentran su cohesión en la negación del rival, en el rechazo radical de éste que ofrece a su vez el combustible para permanecer unidos y apoyados.

Provoca accesos de pánico pensar que lo que quede de esta lastimosa legislatura, atravesada por una pandemia feroz, no vaya a ser sino una repetición de lo que desde el primer día venimos observando. No parece que la formación de un Gobierno de coalición justo en vísperas de la aparición de la pandemia fuera la mejor de las opciones para gobernar razonablemente España; gobierno de coalición asentado en el apoyo de unos socios parlamentarios claramente ineptos, partidos antisistema que proclaman la voluntad de destruir el régimen democrático del 78 desde dentro.

De seguir por este camino estrecho y oscuro tendremos la garantía de un país en declive, ajeno a las necesidades que cualquiera interpreta como inminentes. Las fuerzas centrales no pueden seguir gobernando haciendo tabla rasa de los principios y valores sobre los que se asentó nuestra Transición. La izquierda no puede dejar la nación en manos de los nacionalistas. Porque si eso sigue sucediendo, las consecuencias están muy a la vista y son ciertamente graves.

En Cataluña, el empeño del gobierno en construir “mesas de diálogo” con el Govern de esa comunidad sobre objetivos o no explicitados, o de imposible cumplimiento –la autodeterminación-, no es sino un objetivo vacuo que no lleva a ninguna parte distinta a hechos como el sucedido en Canet en materia de imposición lingüística, o a una percepción de decadencia de Cataluña, y de la ciudad de Barcelona, sobre la que las cifras nos vienen advirtiendo de manera incontestable en los últimos años. En el País Vasco, asistimos objetivamente al blanqueamiento de los herederos políticos del terrorismo. No parece que su promesa de poner punto y final a los “ongi etorri” se haya cumplido en modo alguno. Más bien al contrario: la recepción con todos los honores al etarra Mikel Antza, investigado por asesinar a Gregorio Ordóñez. Me contó mi hermano Rubén, que es abogado de la familia Ordóñez, que el tal Antza, para decir ante el juez la mentira mil veces contada de que las pruebas que hay contra él han sido obtenidas mediante tortura, tuvo que sacar del bolsillo un folio para leer dos líneas. Resulta grotesco, pero hiriente, que un tarugo como Antza, incapaz de decir una sola frase sin leerla, sea considerado entre su piara como el intelectual del grupo. Seguimos en esta galería de rufianes tiradores: la entronización del etarra David Pla en la estructura política de Sortu –partido decisivo en Bildu-, la recepción del etarra Mortadelo o la sucesión de marchas en los últimos días a lo largo del País Vasco en reclamación de derechos de los presos terroristas da medida de que ese mundo sigue navegando en la plenitud otorgada por el hecho de ser socio del gobierno de la nación. No, no son buenos aliados estratégicos para sustentar la acción de ningún gobierno, deplorablemente asentada sobre quien quiere destruir la nación y nuestro sistema de libertades, sin tener empacho alguno a la hora de proclamarlo.

Y así, todo se desarrolla en una cascada de acontecimientos en progresiva cuesta abajo. Da igual, cada día nos ofrece constantes oportunidades de comprenderlo. El último, el ministro Garzón, que en un medio de comunicación británico descalifica al sector cárnico de España, lo que equivale a descalificar, en forma por entero gratuita e irresponsable, al sector ganadero de nuestro país. Una polémica que, al cabo, es propia de partidos que carecen de vocación de gobierno.

Es así como peligran las democracias, cómo los países, este país, corren el riesgo de ir quedando atrás. La recuperación de la política exige asumir el compromiso de que hay que hacer muchas transformaciones hacia metas ideales de justicia. Porque, de no ser así, el desprestigio cae sobre los políticos, y los partidos políticos en la vida española. Y así, no alcanzaremos nunca la modernidad, ni haremos de este país un país respetado y respetable hacia dentro y hacia fuera de nuestras fronteras.

Los partidos centrales no pueden proseguir su política de erosión institucional, su pragmatismo endiablado en el que vale todo para alcanzar el poder y luego continuar en él. Porque, de seguir en esta línea que no obedece a ningún proyecto de país, que tiene enfrente de forma creciente a más y más ciudadanos, lo que por desgracia está llamado a crecer es justamente la hermandad de los huérfanos que creen en la política como empresa colectiva, que creen en la comunidad que nos une, mucho más que en las identidades que nos dividen, que creen en el Estado y en las reglas del juego de que nos dotamos, que aspira al bien colectivo, aún sabiéndose carentes desgraciadamente de representación, porque nadie se la otorga. Amarga orfandad que puede acabar agrupando a los sectores más valiosos de nuestra sociedad, abandonados por las fuerzas políticas ajenas al respeto debido a la ciudadanía.

No, los partidos centrales (que no de centro), por la izquierda o por la derecha, no tienen las facultades para poner en peligro las reglas del juego democrático que consagramos a través de la Constitución de 1978. Demasiado patrimonio a preservar, porque de todos es y a todos nos pertenece, y que no puede ir descarrilando paulatinamente en una marcha sin rumbo que a nadie favorece.

Y miren que los presidentes de la democracia siempre han sufrido el llamado síndrome de La Moncloa y la calle, las aceras del vecindario, les han gustado menos que a Urkullu la bandera española. Suárez se enclaustró porque sus últimas jornadas allí fueron un anticipo de la patología que luego le llevó a olvidar incluso quien era. Leopoldo Calvo Sotelo, este sí, se cogía fin de semana sí, fin de semana no, del brazo de potente mujer, una Ibáñez-Martín de toda la vida y se iba de conciertos o de cines. Felipe González terminó por acendrar su postrera afición de escayolar encinas y comprar bonsais para olvidarse de Serra, Roldán y demás robaperas. Aznar, según creo, no faltó ni un solo día a su sesión de abdominales. Zapatero se creyó un Llull y se despejaba jugando, muy mal, al baloncesto. Rajoy descubrió la Casa de Campo y el güsqui al mismo tiempo y se lo pasaba chupi en veladas gastronómicas con sus amigos, salía a la intemperie y una vez incluso un perturbado estuvo a punto de romperle la cara.

Lo cierto absolutamente es que, el aún presidente del Gobierno, sólo abandona el refugio que le pagamos para subirse en el avión, previo paseo en helicóptero, y llegarse hasta un acto político de su partido. En uno de ellos, según confesión del colega de un digital de izquierdas que le sigue por todas partes, fue acogido con el mismo entusiasmo con que el Nou Camp recibe a la corte del Real Madrid de Florentino Pérez. En estas condiciones ¿qué tipo de campaña se le prepara en Castilla y Leon? No hay que ser un adivino: lo confía todo a la televisión, el problema es que en esta región no tiene un canal de cabecera, modo Extremadura o Valencia, y le van a retratar como se merece en medios independientes que poseen un montón de suscriptores del campo a los que Sánchez y el inefable Garzón están tratan dolosamente de arruinar. La última maldad que circula por Madrid (se non é vero, é ben trovato) es que Iván Redondo, el antiguo gurucillo del aún presidente, ha fichado como asesor del ministro de Consumo y le está atizando patadas a Garzón en el tafanario de Sánchez. ¿A que es buena la especie?

Sin más bromas: a este sujeto no es que ya no le quiera nadie, es que una enorme parte del país le detesta. Él suele abusar de dos palabras de reciente uso para vender su política: la cursi e impronunciable “resiliencia” y otra muy reciente en los libros de Psiquiatría: “empatía”. Pues bien, de esas dos, nada de nada. Lo suyo es huir cuando truena, echar la culpa de sus pantagruélicos resbalones al empedrado o a las regiones que no son de sus obediencias y, eso sí, atacar a Madrid, porque, como señaló Fernández Mañueco en la presentación el lunes de Díaz Ayuso: “Es la referencia y el motor de España”. Ahora amenaza con urdir el ametrallamiento fiscal de Madrid resucitando el impuesto de Donaciones y Sucesiones. Pero Ayuso le va a llevar al banquillo, el asiento que le peta como anillo al dedo.

Socialismo y autodestrucción
José Marco. larazon 13 Enero 2022

A veces pensamos en la alianza del PSOE con los nacionalistas es un acuerdo puramente oportunista, por parte del PSOE, y, por parte de los nacionalistas, de fines imposibles de cumplir, como es el referéndum de autodeterminación. Hay una parte de verdad en esta interpretación. El PSOE de Sánchez, como el de Rodríguez Zapatero, están dispuestos a cualquier cosa para alcanzar el poder y seguir en él: basta con recordar los días transcurridos entre los atentados de Madrid de 2004 y las elecciones del 14-M. Ahora bien, en realidad, la alianza no es más que una vuelta a las esencias radicales del PSOE, que el liderazgo de Felipe González, a pesar de su paréntesis «socialdemócrata» y algunos socialistas con conciencia española, no hizo nada por cambiar. Aquello, lo de Felipe González, sí que fue oportunismo. Lo que vino después es la recuperación de los principios socialistas, entre los que se cuentan, de forma destacada, el desmantelamiento de la nación constitucional y el descrédito de la democracia cuando no se atiene a los objetivos del socialismo.

También es cierto que los nacionalistas se han embarcado en un proceso sin salida. No todos, sin embargo. Tras haber sembrado el terror durante décadas, los nacionalistas vascos han conseguido, con la complaciente ayuda del PSOE, la hegemonía política y cultural en el País Vasco. Cuando la nacionalización esté plenamente realizada y se haya consumado la euskaldunización de Navarra –sin prisa pero sin pausa–, un referéndum, más o menos disimulado, pondrá negro sobre blanco la existencia de una mayoría partidaria de la secesión. La torpeza y la impaciencia de los nacionalistas catalanes, muy propias de su carácter o de sus «señas de identidad», han impedido un proceso similar en su región, con la consecuencia, entre otras, de un desprestigio de la causa nacionalista y una degradación acelerada de la economía, la convivencia y la reputación de Cataluña. Lo que se pierde por un lado se gana por otro, sin embargo: la propia degradación es la demostración de la impotencia del Estado y la nación españoles para plantar cara y superar al nacionalismo, retomar el control de la situación y reafirmar la primacía del Estado central. La nación española corrobora su fracaso histórico.

En los dos puntos –la futura apoteosis de la nación euskalduna y la interminable labor de zapa de la nación y el Estado español– los nacionalistas cuentan con la colaboración de los socialistas, espoleados además por sus retoños, los progresistas podemitas. Solemos pensar que los objetivos de los seres humanos resultan en la adquisición de un beneficio. No siempre es así y de hecho, en muchas ocasiones los seres humanos, en particular cuando los arrastran las pasiones políticas, buscan sólo la destrucción, y no sólo la del adversario. Ese odio nihilista está en la raíz del socialismo español y de los nacionalismos de nuestro país, surgidos hace ya más de un siglo con el propósito de acabar con el régimen, la nación y el Estado liberal. No pararán hasta que lo consigan. La experiencia de estos cuarenta años de democracia debería llevar al convencimiento de que sólo una posición firme y clara –y plenamente democrática, porque una sociedad como la española no se degrada tan fácilmente como sus elites– permitirá contrarrestar estas pulsiones autodestructivas.

El PSC se suma al pacto separatista para blindar la inmersión lingüística
Los socialistas catalanes se alinean con ERC, Junts per Catalunya, la CUP y los comunes en política lingüística.
Pablo Planas (Barcelona). Libertad Digital 13 Enero 2022

El PSC ha dado el paso. Tras unas ciertas vacilaciones, ha decidido alinearse con las formaciones separatistas e integrarse en el denominado "Pacto Nacional por la Lengua", el instrumento ideado por el gobierno catalán para tratar de zafarse del cumplimiento de las resoluciones judiciales que indican que el 25% de la enseñanza en Cataluña se debe impartir en español.

Tras episodios como el acoso a la familia de Canet de Mar que pidió y consiguió un 25% de enseñanza en español para su hijo de cinco años (que se ha intentado reproducir en un centro tarraconense afectado por otra resolución judicial), el PSC mantiene su vinculación con el separatismo en materia de política lingüística, fiel a su historia de inspirador de herramientas como la inmersión lingüística.

El pasado mes de septiembre, el grupo socialista en el Parlament votó a favor del antedicho pacto, un acuerdo que se concretará definitivamente en febrero con la primera reunión. La confirmación por parte del Tribunal Supremo de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) alusiva al 25% de español en las aulas hizo dudar a los socialistas catalanes, quienes finalmente han disipado tales dudas a favor de mantenerse en su posición tradicional, al lado de las formaciones separatistas.

Con los espías de los patios
En el "Pacto Nacional por la Lengua" participarán también organizaciones como Òmnium Cultural o Plataforma per la Llengua, la entidad de comisarios políticos voluntarios que se dedica a espiar a los niños en los patios para realizar presuntas encuestas sobre el supuesto riesgo de extinción del idioma catalán. Además, estará dotada con un presupuesto de 350.000 euros para alimentar un debate sobre los mecanismos para blindar la política lingüística de la Generalidad, basada en dos ejes: la inmersión lingüística en la enseñanza y la erradicación del español en todas las esferas de la vida pública en Cataluña.

Ante las críticas de la oposición, los socialistas aducen que se han integrado en el frente lingüístico separatistas para tratar de que el español tenga presencia en los centros educativos de zonas donde su uso es inexistente o testimonial. Sin embargo, su presencia en el "Pacto" alimenta dudas sobre la posición del Gobierno en relación al incumplimiento sistemático de las sentencias sobre el castellano en el sistema educativo catalán y es un espaldarazo para la tesis de ERC y JxCat, que animan a los profesores a desobedecer y les prometen asistencia jurídica a cargo de la administración autonómica si hacen caso omiso de los fallos de los tribunales.

La prueba definitiva de los favores del Gobierno a Bildu y a ETA
La inminente concesión de la semilibertad a 84 etarras culmina la entrega del PSOE a Otegi y pone en evidencia que ese pacto, negado tantas veces, existía desde hace años.
ESdiario Editorial 13 Enero 2022

Hace solo tres meses que el Gobierno de España transfirió al del País Vasco las competencias penitenciarias, tras el mayor acercamiento a sus cárceles de presos de ETA, impulsado por Pedro Sánchez y Fernando Grande-Marlaska, culminado una hoja de ruta perfectamente estudiada pero negada en público.

Una vez hecha la concesión, el líder de Bildu vinculó su respaldo a los Presupuestos Generales del Estado a nuevas concesiones para los terroristas que ya están en marcha: 84 de ellos podrán disfrutar del tercer grado y vivir en semilibertad sin arrepentirse de nada ni cumplir sus penas íntegras y serán tratados como presos comunes.

Bildu compara las víctimas de ETA con los presos de la banda y alienta los homenajes

Aún más, el plan del Gobierno Vasco incluye una partida de seis millones de euros para alquilar viviendas para este tipo de presos, de modo que puedan empadronarse en un domicilio físico real, un requisito indispensable para demostrar “arraigo” y obtener el beneficio penitenciario.
Las prioridades de Sánchez son tristemente evidentes: pagarse un apoyo envenenado con la dignidad de quienes le recuerdan a diario lo nefando de sus alianzas.

El evidente premio a los terroristas se concede apenas una semana después de la celebración de 200 manifestaciones a su favor en el País Vasco y Navarra, con el impulso de Bildu y el respaldo de Podemos y los sindicatos, sin ningún obstáculo del Gobierno y en clara inaplicación de la Ley 29/2011 de 22 de septiembre de Protección Integral de las Víctimas del Terrorismo, que prohíbe cualquier tipo de acto que denigre a los damnificados por el terror.

Humillante para las víctimas
En apenas tres años, Sánchez ha permitido el acercamiento a cárceles vascas de terroristas con delitos de sangre; el traslado al País Vasco de más de un centenar; la cesión del control sobre el cumplimiento de sus penas y la celebración de homenajes, ongi etorris y exaltaciones públicas de muchos de ellos.

Y sin embargo, no ha atendido a la Comisión Oficial del Parlamento Europeo que investiga casi trescientos crímenes de ETA que aún no han sido resueltos. Las prioridades de Sánchez, en fin, son tristemente evidentes: pagarse un apoyo envenenado con la dignidad de quienes le recuerdan a diario lo nefando de sus alianzas.
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