AGLI Recortes de Prensa   Lunes  17  Enero  2022

La inflación, un cáncer que se está volviendo permanente
José María Rotellar. Libertad Digital 17 Enero 2022

Hemos conocido el IPC de diciembre, que confirma el dato del indicador adelantado de finales de dicho mes, incrementa su tasa interanual en 1 punto respecto a la de noviembre y se sitúa en el 6,5% -con impacto importante en ella de los precios de la energía-, con una inflación subyacente -que excluye los alimentos no elaborados y el componente energético- que se incrementa tres décimas, hasta el 2,1%. La tasa mensual del índice general de precios sube también de manera importante, nada menos que 1,2 puntos. Pese a que el dato definitivo del IPC es dos décimas menor que el indicador adelantado, la tendencia alcista es constante y su crecimiento exponencial.

Así, desde noviembre del año pasado se está produciendo una escalada de la tasa anual de inflación, subiendo desde el -0,8% interanual de noviembre de 2020 hasta el 6,5% de este mes de diciembre, con un pequeño respiro que reflejó el índice en el pasado mes de febrero, donde se aplanó ese mes para crecer, al mes siguiente, 1,2 puntos, para continuar incrementándose en los meses restantes.

Es, así, la tasa más alta desde los tiempos en los que se firmó el Tratado de Maastricht: no había una inflación tan elevada en España desde marzo de 1992 -abril y mayo de aquel año tuvieron la misma tasa que ahora y luego se situó siempre por debajo-, hace casi treinta años.

Sin duda, como decíamos, los precios de la energía son responsables de una parte importante del ascenso de los precios, pero esta subida se está dando ya de manera generalizada en todos los productos, como muestra el aumento de la inflación subyacente - que excluye los alimentos no elaborados y el componente energético: si en agosto crecía una décima, en septiembre crece otras tres, en octubre lo hacía en cuatro décimas, en noviembre otras tres, ahora lo hace en cuatro décimas, hasta el 2,1%. Es más, mientras que el dato definitivo del índice general es dos décimas menor al que marcaba el indicador adelantado, la subyacente confirma el dato anticipado en su momento, que muestra ya una mayor penetración del incremento de precios por todas las actividades.

Esta subida supone un incremento del 23,53% de la tasa interanual en este mes, que, desgraciadamente, confirma la repercusión que el incremento energético está teniendo en toda la cadena de valor y que crece más deprisa, incluso, que el índice general, que muestra que la subida de precios ya se está trasladando al conjunto de la economía.

De hecho, al analizar la subyacente desde hace un año, vemos cómo se corrobora el alza generalizada de precios sin el impacto de alimentos no elaborados ni de los precios de la energía. Si en abril la tasa interanual de la subyacente era 0%, ahora es 2,1 puntos superior, con un 2,1%, con repunte intenso desde julio. Por tanto, no se trata sólo del terrible incremento del precio de la energía que en cerca del 50% se debe a costes regulados e intervenidos, no al mercado, sino que empieza a haber una presión inflacionista generalizada.

El impacto de la presión de precios en todo el proceso productivo ya se está viendo, como digo, pues el índice general aumenta rápida y fuertemente, por la subida de los costes energéticos, como la electricidad y el petróleo, pero también sube ya con fuerza y de manera constante la inflación subyacente, que excluye los productos energéticos y alimentos no elaborados, como hemos dicho antes, de manera que el mal que supone la inflación ya se está extendiendo, espoleado, además, por el aumento del precio del transporte en contenedores o la crisis de escasez de semiconductores, por poner dos ejemplos que elevan los precios.

No hay más que ver la variación year to date de muchas materias primas, recursos y productos para darnos cuenta de ello, con subidas de entre el 25% y el 100%, que ya se nota en la cesta de la compra, y más que se notará, tal y como dice el Banco de España, que señala que un 60% de las empresas subirán precios en 2022.

De este modo, se mantiene la mayor tasa de inflación desde hace casi treinta años, cuando se firmó el Tratado de Maastricht para introducir una disciplina que permitiese ir logrando una convergencia económica que hiciese posible fundar la moneda única, elemento esencial para que no hubiese problemas en la aplicación de una política monetaria común. Hoy vemos con espanto cómo no había una inflación anual tan elevada, como decimos, desde marzo de 1992.

Todo ello, en medio de un crecimiento que se ha desacelerado mucho, como el INE certificó tanto en su revisión del crecimiento del PIB del primer y segundo trimestre de 2021, que no se recuperó en el IIITR y que en el IV habrá empeorado debido a la recuperación en algunos lugares de diversas restricciones, con la persistencia de unas elevadas tasas de desempleo, la mayor de Europa. Menor crecimiento que recogen en sus previsiones para 2021 y 2022 la práctica totalidad de instituciones de previsión económica, aunque el Gobierno se niegue a cambiar su cuadro macroeconómico, que se ha convertido en irreal y que sustenta, por tanto, unos presupuestos de manera endeble, por prácticamente imposible de cumplir que resultan sus previsiones.

La inflación es un cáncer para la actividad económica, pues introduce un elemento que no aporta nada positivo, al encarecerla, la hace menos competitiva y puede crear un círculo vicioso que lastre el desarrollo económico durante tiempo.

La inflación es un fenómeno monetario, y si sube se debe a que se financian con más masa monetaria los cuellos de botella y se introducen rigideces artificiales en los mercados, porque, de no ser así, cuando los precios subiesen en un sector o actividad, bajarían en otros mercados, pero el intervencionismo lo impide. La Fed ya va a comenzar a retirar liquidez, con tres subidas de tipos anunciadas para este año; el Banco de Inglaterra ya ha subido veinticinco puntos básicos, pero el Banco Central Europeo insiste en no tomar, de momento, medidas que muestren una firme determinación para frenar la subida de precios.

Se hace imprescindible seguir de cerca la inflación, no olvidarnos de que es el objetivo único del BCE, y combatirla, evitando que el alza del corto plazo pueda consolidarse en el medio y largo plazo, porque, de volverse estructural, nos encontraremos entonces con un problema adicional a la ya incierta situación económica que vivimos. Hay que hacerlo con prudencia, para no generar un colapso económico después de haber inundado el mercado de liquidez -es lo que tiene el haber aplicado durante una década una política monetaria tan laxa-, pero hay que ir haciéndolo, o las consecuencias serán mucho peores.

La inflación puede perjudicar al valor real de los activos; perjudica al poder adquisitivo; fomenta un mayor endeudamiento -por valer, en términos reales, menos, las deudas-; por otra parte, perjudica a los presupuestos públicos que refinancian la deuda de manera constante, camino, en la práctica, de deuda perpetua, al poder sufrir incremento en el coste de dicha refinanciación si suben los tipos de interés para poder controlar esa subida de precios; y supone una mayor presión tributaria para los agentes económicos, ya que, al subir los precios, la base sobre la que se aplican los impuestos es mayor.

Todo ello, además, puede terminar en la espiral precios-salarios peligrosísima para la economía y al empujar hacia una subida de tipos provocará un impacto importante en los sujetos económicos con préstamos a tipo variable. La inflación ha regresado, con elevado riesgo de que se convierta en permanente, y lo que hay que intentar es volver a disminuirla y evitar que terminemos, de nuevo, con aumento de precios, nulo crecimiento y elevado desempleo, que no sería otra cosa más que la estanflación.

Cinismo fiscal
Juan Ramón Rallo. larazon 17 Enero 2022

Cada vez que la izquierda habla sobre la necesidad de subirles los impuestos a los ricos es necesario echarse la mano a la cartera. A la postre, la apelación a la rapiña contra los ricos es sólo la cortina de humo que necesita para distraer la atención de lo que verdaderamente persigue: subirnos los impuestos a todos para acrecentar el tamaño del Estado –es decir, el tamaño de esa maquinaria que maneja a su antojo–.

En contra de lo que suele repetirse desde ciertos sectores políticos, no hay forma de financiar un sector público gigantesco sin obligar al conjunto de la ciudadanía a que abone muchos impuestos. Basta con ofrecer unas pocas cifras para que nos demos cuenta de ello. Primero, el gasto público en España oscila, dependiendo del año, entre el 40% y el 45% del PIB: porcentaje que PSOE y Podemos querrían incrementar hasta el 50% o el 55%. Segundo, el porcentaje del PIB controlado por el 1% de españoles más acaudalados asciende al 12,5%; de entre ellos, el 0,1% más pudiente se embolsa alrededor del 5% del PIB; y de ellos, el 0,01% más favorecido se termina quedando con el 0,6%-0,7% del PIB. Es, o debería ser, muy evidente que los ricos no pueden sostener nuestro Estado mastodóntico: aunque les arrebatáramos absolutamente todo lo que ingresan al 1% más rico de españoles, no lograríamos sufragar ni una tercera parte de todo el gasto público actual (y eso que, para entrar en la categoría de 1% más próspero de España, apenas es necesario que un hogar ingrese 56.000 euros anuales).

Para sufragar un sector público que cope el 45% o el 50% del PIB se necesita mucho más: y ese «mucho más» nos remite necesariamente a gravar con dureza fiscal al resto de la población. Por eso, cuando Yolanda Díaz apeló hace apenas unos días, en una conferencia conjunta con el economista francés Thomas Piketty, a la necesidad de que su formación política centre su propuesta económica en descargar de impuestos a los trabajadores a costa de sobrecargar con tributos a los «hiperricos», la ministra de Trabajo estaba mintiendo deliberadamente a su auditorio. No sólo porque ella misma es muy consciente de que no cabe una traslación significativa de la carga fiscal de los trabajadores a la carga fiscal de las renta altas, sino porque, además, el mismo día que Yolanda Díaz reclamaba una redistribución de la tributación que beneficie al trabajador, su compañero de Gobierno, José Luis Escrivá, planteaba una modificación del régimen de cotización de los autónomos para obligar a este colectivo de trabajadores a pagar mucho más a la Seguridad Social (como ya se ha explicado sobradamente, un autónomo con ingresos similares a los de un trabajador promedio verá más que duplicada su cuota mensual).

Si Yolanda Díaz estuviese tan preocupada como dice estarlo por los muy gravosos impuestos que recaen sobre los obreros, lo primero que hubiese hecho ese día no habría sido proclamar hueramente que su lucha es contra los hiperricos y no contra los trabajadores, sino que le habría exigido a su gobierno que retirara inmediatamente ese proyecto de reforma del régimen de cotización de los autónomos. Pero lo que en realidad le importa a Yolanda Díaz es, por un lado, multiplicar el poder del Estado por cuanto es ella quien aspira a controlarlo; y, por otro, decirle a la población que hará lo contrario de lo que está haciendo por cuanto ella aspira a captar su voto. Cinismo.

Keynes, el gasto público como anestesia mundial y la deuda insostenible
José María Rotellar. Libertad Digital 17 Enero 2022

Este pasado verano, Estados Unidos aprobó el proyecto de ley de infraestructuras que ha impulsado el presidente Biden, como un empeño personal suyo para renovar carreteras, puentes e incluso trenes, tanto de pasajeros como de mercancías, ni más ni menos que por un billón de dólares, en lo que constituye una oportunidad perdida para apostar decididamente, no como un mero brindis al sol, por la colaboración público-privada que alivie de gasto público la economía, en lugar del intervencionismo directo del sector público, que es por lo que se ha optado. Esta medida impulsada por el presidente Biden, pudo prosperar gracias a que muchos senadores republicanos votaron en el mismo sentido que los demócratas, permitiendo que saliese adelante el proyecto, dado que el Senado estadounidense está prácticamente dividido al cincuenta por ciento entre demócratas y republicanos y la votación vino a ser dos tercios de la cámara a favor y un tercio en contra, superando cualquier minoría de bloqueo.

La Unión Europea lleva años siendo flexible en exceso con el incumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria: desde la anterior crisis, toda esa disciplina se ha perdido: varios de los diferentes países de la Unión Europea, por ejemplo, no terminan de alcanzar el equilibrio presupuestario, es habitual que los distintos gobiernos nacionales -como hizo el presidente Sánchez antes de la pandemia, cuando no se encontraba suspendido el pacto de estabilidad- traten de renegociar sus objetivos de déficit y deuda, para que la Comisión Europea les conceda un mayor margen, flexibilizando, así, su cumplimiento. Ahora, la Comisión Europea desliza la idea de que podrían revisarse las sendas de estabilidad -en el sentido de hacer más laxo su cumplimiento- de los países de la zona euro.

Cada día oímos a un político, en muchos casos de cualquier tendencia ideológica, tratar con naturalidad tanto la existencia de déficit público como de su consecuencia, la deuda pública. Sólo durante un período breve de tiempo -desde el establecimiento de los objetivos de convergencia para entrar en la moneda única europea hasta la modificación del protocolo de déficit público excesivo en 2005- vimos defender en algunas ocasiones lo contrario. La disciplina europea fue importante para ello -sobre todo, hasta que los incumplimientos de Francia y Alemania hicieron relajar equivocadamente las actuaciones cuando se entraba en el protocolo de déficit público excesivo- y en España, con el profesor Barea a la cabeza, había por primera vez un Gobierno -el del presidente Aznar- que se tomaba como un objetivo la reducción del gasto, la consecución del equilibrio presupuestario y, con ello, la disminución del endeudamiento. Todo ese rigor, como digo, se ha perdido y el gasto, el déficit y la deuda no paran de crecer, envuelto, además, en una política de incremento de impuestos en algunos países, como es el caso de España, que ahonda en el camino hacia la el carácter confiscatorio de los impuestos.

Definitivamente, el mundo ha vuelto a girar hacia posiciones de gasto público expansivo, fuertemente intervencionistas, si es que alguna vez ha abandonado dicha posición, porque ha habido destellos de liberalismo clásico económico, sí, especialmente a través de las rebajas de impuestos y la eliminación de trabas en la economía, como llevaron a cabo el presidente Reagan en Estados Unidos, la primer ministro Thatcher en el Reino Unido o, en España, el presidente Aznar, pero incluso en sus mandatos, por uno u otro motivo, no dejó de haber partidas importantes para el gasto público -aunque ligadas a Defensa, cosa lógica, aunque, por ejemplo, el presidente Aznar logró rebajar el peso del gasto público total de manera importante, del 44,10% de gasto público sobre el PIB de 1995 al 38,40% de 2003 -último año completo de su mandato-. También, pese a que la reducción del gasto no fue tan intensa como se pensaba que iba a ser antes de las elecciones de noviembre de 2011, en el mandato del presidente Rajoy también disminuyó dicho peso -pero, en este caso ensombrecido su efecto positivo en la economía por una negativa subida muy importante de impuestos el treinta de diciembre de 2011, aunque se debiese a la pésima herencia recibida del presidente Rodríguez Zapatero-.

No obstante, incluso en los mejores momentos del liberalismo clásico en el contexto internacional, aunque se redujo el gasto superfluo, que no es poco, el nivel de gasto ha continuado siendo excesivamente elevado, a mi juicio, para que pueda ser soportado a medio y largo plazo por cada economía.

Ahora, tras la política fiscal expansiva por el lado del gasto aplicada por la casi totalidad de economías mundiales debido a la pandemia, la mayor parte de ellas quiere intensificar dicho gasto público.

Las ideas de Keynes
Tantos años después -y tantos fracasos del intervencionismo público después- los principales dirigentes políticos se empeñan en errar, al aplicar las recetas que Keynes diseñó para salir de la depresión económica del período de entreguerras. Los amantes del intervencionismo se empeñan en defender estas ideas de Keynes sin estudiar en profundidad su obra. El propio Keynes adaptó sus ideas originales -por ejemplo, sobre la teoría monetaria- para llevar a cabo una actuación intervencionista en el corto plazo, pues consideraba que el mercado era, en aquel momento, sumamente débil. En su "Teoría general" obvia muchos elementos que él no podía desconocer -fue, no lo olvidemos, una mente privilegiada; quizás, junto con Friedman y Hayek, una de las tres mejores mentes económicas del siglo XX, aunque muchos de sus postulados no tuviesen utilidad al abandonar el corto plazo y resultasen estructuralmente equivocados, como está más que demostrado-, como la necesidad del ahorro en el medio y largo plazo para financiar la inversión y la importancia de la generación de buenas expectativas con la aplicación de políticas serias y ortodoxas, que impidan fuertes endeudamientos públicos y elevada inflación.

Es más, es conocido que Keynes dijo que había formulado su teoría para un momento muy concreto, pero que la corregiría y adaptaría para contemplar los elementos comentados -cosa que los intervencionistas siempre ocultan-. Su fallecimiento poco después lo hizo imposible y sus seguidores, los keynesianos -que hay que distinguir del propio Keynes-, llenaron de dogma inamovible lo contenido en las teorías de Keynes. Tras la II Guerra Mundial, el gasto público se expandió como nunca, trasladando con fuerza a Europa la práctica de intenso gasto implantada por el presidente Roosevelt en Estados Unidos. El Estado del bienestar avanzó a pasos agigantados, elemento que consolidó unos niveles de gasto muy elevados que, con independencia de que algunas medidas o actuaciones puedan constituir un avance como sociedad, que nadie pone en duda, como una sanidad y educación universales, por ejemplo, el fomento de otro tipo de actuaciones no imprescindibles hace que ese gasto vaya volviéndose cada vez más insostenible.

Así, una cosa es que, como el propio Adam Smith dijo, pueda ser necesaria la intervención del Estado en la educación, por ejemplo, por los efectos beneficiosos que la provisión de ese bien puede tener para el conjunto de la sociedad en el medio y largo plazo, y otra muy distinta es que, al final, se financien múltiples actuaciones que no deberían correr a cargo del gasto público, en lo que mi Maestro, Pedro Schwartz, ha venido en calificar como el proceso en el que "toda necesidad se convierte en un derecho".

Por ese camino va el mundo, desgraciadamente, pues no se dan cuenta, por una parte, de la visión cortoplacista de su actuación, ya que si se trata de que el sector público cubra todo, terminará estallando, más pronto que tarde, con lo que los recortes que entonces habrá que acometer serán mucho mayores, pues el incremento confiscatorio de los impuestos habrá arruinado la economía y el nivel de crecimiento exponencial de la deuda, además de haber expulsado a buena parte de la iniciativa privada, será insostenible. Por otro lado, debido al efecto atracción de su economía, es posible que, pese a no ser deseable un nivel elevado de déficit tampoco allí, Estados Unidos siempre tenga más facilidades para financiarlo, cosa que no sucederá con otras muchas economías.

Nadie puso en duda, insisto, la necesidad de acometer actuaciones en el corto plazo para combatir los efectos económicos de la pandemia -especialmente, cuando es de justicia compensar a quienes el Estado ha arruinado al decretar la prohibición para realizar su actividad económica y empresarial-, pero han de ser muy momentáneos y, por tanto, no deben generar gasto estructural. Es cierto que la Unión Europea insiste en ello y en el regreso a la senda de estabilidad una vez finalice este período excepcional, pero parece no darse cuenta de que algunos estados miembros de la UE están aprovechando dicha suspensión para aplicar políticas fiscales que incrementan el gasto público de manera estructural, como es el caso de España. Deberían tenerlo en cuenta antes de llevar a cabo una expansión tan importante del gasto, asegurándose de que los fondos europeos que reciba cada país vayan a inversiones que generen, en el medio y largo plazo, inversión que haga sostenible la economía por sí misma, no artificialmente con el gasto público. Sin embargo, ese riesgo existe, apoyado en una política monetaria tremendamente expansiva que aporta también una parte importante de la anestesia a la situación, al no impactar mucho en la actualidad en el gasto financiero por intereses de la deuda, pero que será una bomba de relojería en cuanto se vuelva a niveles ortodoxos de política monetaria, y que, además, aunque esto sea otro tema, está dejando de velar por el cumplimiento del objetivo único del BCE, la estabilidad de precios, con el riesgo de que la inflación termine por convertirse en duradera y estructural.

En definitiva, el escenario económico y fiscal que se dibuja es triste y preocupante, pues sobre la base de un gasto estructural creciente y diversos acuerdos para establecer unos tipos mínimos tributarios a nivel internacional, impidiendo, erróneamente, la competencia fiscal, en una escalada cada vez más confiscatoria desde el punto de vista impositivo, harán daño a los estructurales de las distintas economías y a su sostenibilidad por sí mismas, al coartar la generación de actividad económica productiva privada, de la iniciativa individual, de la iniciativa empresarial que, no lo olvidemos, son la base sobre la que progresa la economía y que esta anestesia mundial del gasto público en el corto plazo está poniendo en riesgo para el futuro

La adicción de España al déficit público: impuestos, desequilibrios y 'crowding out'
Daniel Rodríguez Asensio. Libertad Digital  17 Enero 2022

Los mejores años de España fueron a principios de los 2000. Nuestro país venía de hacer reformas estructurales y un esfuerzo fiscal sin precedentes para entrar en el euro.

La historia económica contemporánea de España es la de los desequilibrios macroeconómicos. Si uno de los compromisos para entrar en la Unión Europea (y, de hecho, uno de los motivos de trasfondo para hacerlo) fue el control de nuestras cuentas públicas, el resultado no puede ser más pobre.

A la hora de evaluar el déficit de España debemos comenzar por el principio: El tratado de Maastricht. Para entrar en la UE nos comprometimos a que nuestro país sólo tendría déficit público en momentos excepcionales, que este no podría superar el 3% del PIB y que nuestro endeudamiento público no excedería el 60% del PIB.

¿Hemos cumplido? Difícilmente se puede afirmar. España tan sólo ha registrado superávit público 3 años (2005, 2006 y 2007), y llevamos desde la crisis de 2008 en el vagón de cola del déficit público en la UE.

Esto, debemos recordar, a pesar de sucesivos máximos históricos en términos de recaudación como ya veíamos en los años 2018 y 2019. O, dicho de otra manera: España se ha hecho adicta al gasto público (cerca del 50% del PIB) y, como consecuencia, está generando una situación de déficit público alarmante. En 2020, a pesar del mayor esfuerzo tanto en estímulos fiscales como monetarios de toda la UE, nuestro país lideró el dudoso ránking de déficit público de Europa.

Merece la pena analizar, por lo tanto, los efectos del déficit público sobre la economía española. ¿Es positivo un desequilibrio marcoeconómico de esta magnitud?

Efectos sobre el crecimiento presente y futuro
Los mejores años de España se han vivido a principios de los 2000. Nuestro país venía de hacer una serie de reformas estructurales y un esfuerzo fiscal sin precedentes para poder entrar en el euro, y los resultados fueron patentes. En el 2000 nuestro país crecía al 5,2% y gracias al impulso europeo las cifras para el período 2001-2007 el crecimiento estuvo en torno al 3,5% de media, con un máximo del 4,1% en 2006.

España entonces estaba en el Top10 mundial, creaba el 80/90% del empleo en Europa y el déficit, como hemos visto anteriormente, se reducía a pasos agigantados hasta lograr superávit público.

La inacción, el desprecio por el crecimiento económico y la apuesta por la decadencia iniciada en 2004 tuvo sus efectos en una crisis, la de 2008, que en España fue más dura por los desequilibrios acumulados en esos años de inercia y malas decisiones económicas.

El agujero fiscal de la crisis subprime y financiera en España fue de tal magnitud que no nos hemos recuperado desde entonces. Podemos debatir si el Gobierno de Rajoy debió ser más o menos ambicioso en su política fiscal. La realidad es que España entró a la crisis de 2008 con una deuda del 40% del PIB, en 2019 (tras 6 años de crecimiento ininterrumpido) ascendió al 95% del PIB y a día de hoy oscila el 125%.

¿Es España un país más sólido como consecuencia de este intervencionismo salvaje? Difícilmente se puede afirmar. El crecimiento en 2019 fue del 2,1%, hemos permanecido con una tasa de paro inaceptablemente alta durante todo este tiempo y la productividad se ha desplomado. No es de extrañar que países como Lituania, Chipre o Eslovenia, por citar solo algunos, ya nos superan en PIB per cápita, la medida más habital para medir la riqueza por habitante en un país.

Mayores impuestos presentes y futuros
El déficit, por lo tanto, no impulsa la actividad económica ni soluciona el problema del desempleo. Pero, además, genera desequilibrios adicionales.

El déficit público es una situación en la que el Estado gasta más de lo que ingresa. Y esto, como en cualquier familia, es algo habitual en un momento determinado (cuando hacemos una inversión, compramos una casa o tenemos un gasto imprevisto), en ningún caso puede tomarse como modus operandi.

La razón es muy sencilla: Esa deuda pública que vamos acumulando antes o después hay que pagarla. Y, en un contexto de tipos de interés ultra bajos y períodos de devolución muy altos, el déficit público es uno de los mecanismos de empobrecimiento de las generaciones futuras más importantes.

¿Cómo se va a pagar esa deuda? Con impuestos. Si el país no crece, si la productividad se estanca, el mercado de trabajo no funciona, los salarios no suben y la renta real se estanca o se desploma, la presión fiscal automáticamente aumenta. O, dicho de otra manera, estamos privando de oportunidades a las generaciones futuras por una estructura económica engangrenada y, además, la fuerza impositiva del Estado tiene que ejercer mucha más presión para quitarles lo poco que tienen.

Como consecuencia, la inversión privada se desploma, el consumo privado también, y la espiral a la baja se torna imparable.

Efecto ‘crowding out’
En economía se denomina efecto crowding out a una situación en la que una elevada inversión pública expulsa a la financiación privada de proyectos privados. O, dicho de otra manera: La inversión que va al sector público (poco productiva) no va al sector privado.

Esto, incluso en el período de mayor influencia de los bancos centrales y mayor liquidez en los mercados financieros de la historia, continúa estando vigente. Prueba de ello ha sido la tasa de crecimiento de los créditos al sector público y al sector privado en España durante los últimos años, con tasas de crecimiento de la financiación públicas que eran el doble que las privadas incluso en años de bonanza.

Desequilibrios macro y micro de alto impacto
Una economía dependiente del déficit público es un país condenado al fracaso y a la decadencia. Especialmente, cuando el déficit se produce de forma estructural, es decir, independiente del ciclo económico. Un déficit provocado por una crisis que ha supuesto un desplome de ingresos es coyuntura. Sin embargo, uno producido por un incremento en el gasto estructural (pensiones, salarios públicos, etc.) de 55.000 millones de euros como el que va a provocar el Gobierno de España este 2022 es devastador.

Si el déficit público fuera algo positivo países como Japón y Argentina serían líderes mundiales. Y, sin embargo, su relevancia internacional ha ido en decadencia durante los últimos años y, con ella, sus empresas. Seguro que muchos de ustedes recuerdan a grandes compañías japonesas (Suzuki, Sony, etc.) que dominaban el panorama internacional hace años y ahora, sin embargo, han quedado relevadas a un segundo plano. Y qué les voy a decir de Argentina, que al menos una vez al año aparece en la prensa internacional por sus coqueteos con los impagos y una inflación desbocada.

La razón es que para financiar todos estos déficits nos hemos inventado la figura del banco central, que imprime dinero según las necesidades del gasto político y provoca una situación de estanflación muy difícil de revertir. En Argentina es más obvio que en Europa porque su moneda es mucho más débil, pero si continuamos imprimiendo a esta velocidad antes o después estaremos en su misma situación.

¿Una mayor igualdad?
Hay quien dice que el déficit público es una herramienta imprescindible para garantizar la calidad de vida y la igualdad en una sociedad. Algo que podría llegar a ser cierto cuando el Estado tiene un peso sobre el PIB reducido, pero en ningún caso se está cumpliendo en el caso español, donde el sector público ya supone casi el 50% de nuestra riqueza (y subiendo).

La diferencia del coeficiente de Gini (que mide la desigualdad en los ingresos a nivel nacional) entre 2008 y 2020 es 0. Nula. O, dicho de otra manera: Según el INE, a pesar de los mayores programas de estímulo de nuestra historia (Plan E, planes europeos, bajos tipos de interés, etc.) y de un incremento del endeudamiento sin precedentes, la desigualdad en España permanece constante. La tasa de riesgo de pobreza, que mide el número de hogares cuya renta está por debajo del 60% de la renta mediana nacional, por su parte, se ha incrementado en 3 puntos. 3,5 si miramos el dato de 2018 (antes de la pandemia).

Por lo tanto, difícilmente se puede afirmar que la mayor expansión del Estado en un momento de paz ha supuesto unas mejores condiciones de vida para los ciudadanos, ni una mejor situación económica de nuestro país, ni a nivel nacional ni internacional.

¿Qué podemos hacer?
Un plan de consolidación fiscal que reduzca el déficit de forma estructural debería estar entre las prioridades del Gobierno. Ahí están los avisos del Banco de España, de la AIReF y de muchos organismos internacionales.

La literatura económica demuestra que los procesos de consolidación fiscal más efectivos son los que se producen reduciendo el gasto público (ver "Austeridad, cuándo funciona y cuándo no" de Alberto Alesina o este paper que tuve el honor de hacer con Daniel Lacalle sobre la poca eficacia de los planes de estímulo) pues sus efectos sobre el crecimiento y la productividad son muy limitados y, sin embargo, son efectivos en sus objetivos. Tampoco tienen consecuencias a nivel político.

Y, sin embargo, nuestro gobierno seguirá intentando hacer el ajuste vía ingresos públicos inalcanzables que tan sólo irán agrandando el agujero (los gastos siempre se cumplen) y haciéndonos perder credibilidad internacional.

La colección de desequilibrios que arrastra nuestra economía durante muchos años nos hace parecernos preocupantemente a Grecia en 2011. Lo pagaremos, muy especialmente quienes más dependen del Estado.

El déficit debería ser un objetivo prioritario a nivel político y, sin embargo, es un arma arrojadiza que pagamos entre todos.

Otra Andalucía es posible pese a los fulleros
Pedro de Tena. Libertad Digital 17 Enero 2022

Algunos partidos son ya invotables por los fulleros que los dirigen o los dirigieron. Veremos qué se nos muestra en el escaparate cuando se abran las urnas.

Ya Cervantes hablaba de fulleros, esa rama genética española que vive de hacer trampas para beneficio propio o sus cercanos. Lamentablemente, el de Lepanto vivió mucho tiempo en Andalucía, preso incluso, y desde el patio de Monipodio hasta otras aventuras chocarreras, dejó señalada a la región como sede fundamental de la tahurería aunque obviamente nunca ha sido el Sur español más peor que el Norte o sus demás puntos cardinales. En España se ha robado y corrompido en todas las regiones.

Pero la historia y la costumbre pesan como un pecado original. Y los trileros andaluces han adquirido fama internacional desde que el PSOE "100 años de honradez" ocupó el poder regional en 1982, etapa que hemos investigado minuciosamente en este diario digital y que ha dado como fruto, con la ayuda de unos pocos, procesos judiciales que van a durar años y años en los tribunales. Acaba de conocerse la segunda sentencia del caso ERE con el resultado principal de 7 años de cárcel para el exconsejero de la Junta, Antonio Fernández, primera figura del cartel desde que murió su compadre Francisco Javier Guerrero, la cabeza de turco imperfecta que no evitó que la marea subiera hasta Manuel Chaves y José Antonio Griñán.

En 2022, año electoral en media España y ya veremos dónde más, tendrán lugar otros varios juicios, el primero de ellos, el consorcio Formades de Almonte (Huelva), con cursos de formación que no se dieron, dineros desviados, contrataciones de familiares a pelú y una reina Melchor roja como la de Alicia en el país de las pesadillas en el banquillo.

Sí, es cierto. En Andalucía se ha abonado delicadamente la fullería en todas partes. Hace sólo un día o dos el todavía vicepresidente Juan Marín, denunciado muchas veces por sus bellaquerías electorales internas en Ciudadanos, se ponía estupendo diciendo que "Vox no va cantar el Cara al Sol mientras que yo esté aquí". O sea que los de Vox son filofalangistas, vamos, algo que no se sostiene por parte alguna. Sin embargo, exfalangistas los hay y los ha habido en todos los partidos, también en Ciudadanos. En el PSOE y en el comunismo, dieron pie al libro de César Alonso de los Ríos, Yo tenía un camarada que lleva por subtítulo "El pasado franquista de los maestros de la izquierda". Incluso en Podemos.

El propio Marín tuvo que tener algunas venas azules cuando aparecía como candidato de Alianza Popular en 1982, cosa que le refregó Juan Manuel Moreno en Canal Sur cuando aún no eran tan amigos ni tan altos cargos. Tanta fullería y tanto torpe, agotan.

Sí, estamos saturados de fulleros pero la inmensa mayoría mira fijamente como un búho y calla como una piedra. La UGT no sólo robó en Andalucía. Lo de cobrar por ERE lo hizo CCOO mucho antes en otras regiones. Lo del fraude de la formación también floreció en Asturias y otras comunidades. Mónica Oltra no nació en estos lares, ni la Armengol, ni el ratero Pujol, ni los meapilas amparadores de la muerte del PNV, ni Rajoy, que no incumplió más sus promesas porque no le dio tiempo. Y así, sucesivamente estaríamos hasta donde quieran llegar, al Falcon de Sánchez o a las trampas ladinas en el asalto al Poder Judicial.

Quién supiera escribir, o pudiera, que en Andalucía no todo está ligado a la mamonería y a la cuquería aunque estas deban denunciarse libremente gobierne quien gobierne. De hecho, me emocioné el otro día cuando supe que dos chaveas de La Línea habían creado unos picosatélites "de las cosas" que acaban de ser lanzados al espacio en Cabo Cañaveral. Recordé entonces mi sueño de una pila eléctrica como las de toda la vida cargadas con energía solar lograda en Andalucía, o al menos, en España. Hay mucha esperanza pendiente si dejamos de ser mirones y hacemos algo para enderezar los entuertos.

Dentro de muy poco, después de Castilla y León, los andaluces iremos a las urnas. Hemos tenido tiempo de fijarnos bien en las fullerías, las tretas insanas y la pastelería de lujo que procura endulzar lo que evidentemente sabe amargo. Algunos partidos son ya invotables por los fulleros que los dirigen o los dirigieron. Veremos qué se nos muestra en el escaparate cuando se abran las urnas. Otra Andalucía es posible a pesar de los fulleros.

Campaña electoral Castilla y León
Abascal: El PP es «la cara B del socialismo» y el gobierno un grupo de «frívolos y traidores»
Redacción. https://rebelionenlagranja.com 17 Enero 2022

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha acusado al Partido Popular de parecerse «cada vez más al PSOE» y ser «la cara B del socialismo«, durante la presentación del candidato por parte del partido a la presidencia de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo.

Abascal ha criticado que ambos partidos siempre votan «lo mismo en Bruselas, prácticamente todas las iniciativas» o que llegan a acuerdos para repartirse el Tribunal de Cuentas o el Poder Judicial y «abrazando» la Agenda 2030, «una agenda globalista, alejada de los interés de los españoles y que nada tiene que ver con lo que necesita España».

Sobre el Gobierno, ha afirmado que ni es «nacional» ni es «Gobierno» y que «se parece más a una fiesta extraña de forajidos, frívolos, bandidos, incompetentes y traidores que han convertido al Congreso de los Diputados y a las instituciones en un mercado persa».

En cuanto al presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, le ha tildado de «progre» y de «convertirse en el mejor empleado que podía imaginar Pedro Sánchez», por apuntarse a «imponer la ideología de genero en los colegios, las cuotas por sexos, el lenguaje inclusivo y fomentar los ataques a al educación».

El presidente de Vox también ha puesto el foco en el gasto político, en lo referido a «partidos políticos, sindicatos, subvenciones a ONG ideológicas«, y se ha preguntado: «Cuánto dinero de vuestros impuestos se va para todo eso y cuánto falta para lo verdaderamente importante, no queremos más centros de salud cerrados y no más viejas carreteras o servicios deficientes».

El candidato de Vox a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo Frings, ha subrayado la lucha contra la despoblación como una «misión histórica» del partido, ya que la considera «una cuestión de vida o muerte».

Para ello, ha propuesto medidas que vayan en la línea del fomento de la natalidad o que permitan «contribuir que los jóvenes vuelvan a su tierra, la tierra de nuestros mayores».

Gallardo-Frings, ha denunciado que «Es intolerable, injusto y lamentable que una de las regiones más leales al conjunto de la nación haya sido desfavorecida en beneficio de los separatistas«, ha incidido, al tiempo que ha lamentado que «parece como si Castilla y León fuera una región maldita, condenada a sufrir y a morir lentamente, como si no tuviera remedio». «Pero eso no puede ser así, yo no me resigno», ha remachado.

Ortega Smith agradece la convocatoria
Por su parte, el secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, ha agradecido que al presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, que haya convocado elecciones.

«Gracias Mañueco porque te dijimos que convocaras elecciones y lo has cumplido; ahora te pedimos una cosa más: no molestes«, ha señalado Ortega Smith.

«Hemos venido para gobernar en España, para cambiar las cosas, y sobre todo, para dar voz a tantos castellanos y leoneses que necesitan que alguien les represente, que hable de sus pueblos, que sienta en el corazón y que piense igual que ellos», ha indicado, en referencia a los candidatos, a quienes ha aconsejado, a su vez, que, aunque les acusen de no ser profesionales o de no estar preparados hablen de su «verdadera experiencia: la de la gente que se ha ganado el pan con su sudor y que no ha necesitado vivir de la política».

Vox denuncia ataques «violentos» con pintadas y rotura de cristales en su sede de Valladolid
OKDIARIO 17 Enero 2022

La sede de campaña de la formación política Vox en Valladolid ha amenecido este domingo, «por segundo día consecutivo», dañada por diferenes actos de «vandalismo» como pintadas y roturas de cristales en su sede de la calle Santiago de la capital.

Se trata del segundo acto vandálico durante este fin de semana, ya que ayer la organización denunció la pegada masiva de carteles de «grupos radicales» en sus oficinas, según información remitida a través de un comunicado.

Estas acciones coinciden con la celebración de los eventos de campaña de la formación verde en Valladolid, algo que, ironiza, la organización califica como reacción de los «demócratas» tras la «exitosa» puesta en escena durante la presentación de los candidatos a las Cortes de Castilla y León.

Desde la formación denuncian que los hechos se han producido después de que se presentara una moción Ayuntamiento para la eliminación de las pintadas vandálicas y los grafitis, pero que fue rechazada por el Pleno y el «Equipo de Gobierno socialista». El grupo reconoce que estos actos violentos los han realizado «grupos radicales de izquierda».

Vox ha condenado los hechos acontecidos estos días y ha invitado al resto de fuerzas políticas a «sumarse» a la repulsa y ha procedido a presentar las correspondientes denuncias en comisaría.

¿Cómo es concebible que Macron pueda ser reelegido?
GUY MILLIÈRE (*)https://rebelionenlagranja.com.  17 Enero 2022

Cuando François Mitterrand era presidente, me dije que la elección de un personaje así para la presidencia de la república era un error de la historia y demostraba que los franceses estaban dispuestos a poner a cualquiera al frente de su país. ¡Mitterrand! ¡Un antiguo petainista decorado con el francisco! ¡Un amigo de René Bousquet! Cuando vi las decisiones destructivas tomadas por François Mitterrand, me dije que no podía ser reelegido.

Trabajé para ofrecer una alternativa, y contribuí a lo que se llamó los Estados Generales de la oposición. Allí conocí a hombres de valor y a hombres de ambición. Entre los buenos hombres, dos en particular me han marcado, Philippe de Villiers y Alain Madelin, que se convirtió en un amigo y alguien con quien seguí trabajando durante veinte años. Entre los hombres ambiciosos, estaban Nicolas Sarkozy y Jacques Chirac. El primero tenía rasgos autoritarios, el segundo era claramente un demagogo. Ambos me parecían tener pocas ideas y pocas convicciones.

François Mitterrand fue reelegido, sin programa, mintiendo descaradamente y practicando un cinismo repulsivo. Era de dominio público que tenía una segunda familia mantenida a costa de los contribuyentes, pero ningún periodista lo mencionó. Jean-Edern Hallier, a quien conocía bien, y que estaba un poco loco, quería hablar de ello. Murió de eso.

Jacques Chirac, el demagogo sin ideas, sucedió a Mitterrand y practicó una pasividad sin principios que agravó el daño dejado por su predecesor. Demostró ser muy corrupto. Fue reelegido frente a Jean-Marie Le Pen, y celebró su victoria ante un bosque de banderas musulmanas en la plaza de la República.

Me dije que la presidencia de Mitterrand, que duró doce años, no había sido un error de la historia, sino el signo de una decadencia y que sí, los franceses estaban realmente dispuestos a poner a cualquiera al frente de Francia.

Jacques Chirac había vendido a Saddam Hussein un reactor nuclear, afortunadamente destruido rápidamente por Israel, y aviones de combate que fueron utilizados para gasear pueblos kurdos, y Chirac quiso salvar a su amigo Saddam en 2003. ¡Y los franceses siguen pensando que fue un gesto glorioso! Puso fin a los disturbios del otoño de 2005 pidiendo a los imanes que restablecieran la calma y ratificando la existencia de suburbios islámicos.

¿Podría Francia haber caído aún más? Obviamente, sí.

Nicolas Sarkozy, el hombre que tenía rasgos autoritarios y no muchas ideas, consiguió ser elegido fingiendo ser un conservador. Gesticuló, siguió al gran geopolítico Bernard-Henri Levy y actuó para entregar Libia a los islamistas. No hizo nada, como esperaba. Era demasiado nervioso para los franceses, y lo sustituyeron por un hombre que claramente no iba a hacer nada, y que conducía la política del perro muerto deslizándose por el río, François Hollande.

Mitterrand tenía dos familias. Hollande se paseó en patinete por la calle del Circo, y no hay nada más que recordar de él. Era un personaje de vodevil, y el amante del vestuario era él.

¿Podría Francia caer más? Sí, por supuesto.

Emmanuel Macron ha llegado. Ha demostrado que desprecia a los pobres y que no ama a Francia. Incluso acusó a Francia de crímenes contra la humanidad al hablar junto a los líderes del FLN argelino, un movimiento terrorista con un historial de crímenes contra la humanidad y contra los franceses. Vive con un antiguo profesor que es culpable de secuestrar a una menor: y la menor era él.

Provocó la revuelta de los chalecos amarillos con su arrogancia, y la sofocó con brutalidad y mutilación, de forma absolutamente repugnante e indigna de una democracia. Practicó una política autoritaria, devastadora y asesina durante la pandemia, ¡y continúa! No ha hecho nada, como Hollande, y como Sarkozy. Ha demostrado que el diagnóstico realizado por el psiquiatra italiano Adriano Segatori en 2017 era relevante.

Si miramos los cuarenta años de vida política francesa, es, por desgracia, a pesar de los que me critican cuando lo digo, muy concebible que pueda ser reelegido.

Si Valérie Pécresse le sustituyera, sería una Chirac femenina, o un Macron bis. Si Marine Le Pen está en la segunda vuelta, perderá. Una vez más. Llevar el nombre de Le Pen, manchado de antisemitismo, es incompatible con la posibilidad de ser elegido

Ni Philippe de Villiers ni Alain Madelin llegaron a ocupar cargos muy altos (Philippe de Villiers fue Secretario de Estado de Cultura, Alain Madelin obtuvo algunos ministerios menores, y fue Ministro de Economía durante tres meses, antes de dimitir porque no podía decidir nada) durante dieciséis meses y dejaron la política (sigo teniéndoles en gran estima, y Alain Madelin sigue siendo un amigo).

Las ideas expuestas durante los Estados Generales de la Oposición en 1984-85 quedaron en papel mojado. Eran y siguen siendo inútiles y sin uso. Al igual que los expuestos en la revista Liberalia, que yo dirigía (era la única revista real de ideas liberales en Francia, y en ella publicaba, entre otros, a Ronald Reagan, Richard Pipes, Alexandre Soljenitsyne, Binyamin Netanyahu, Vladimir Boukovsky, Natan Sharansky, ¡Mario Vargas Llosa! ), y las que figuran en el Programa para un Presidente elaborado bajo la dirección de mi amigo Jacques Garello, con quien trabajé durante mucho tiempo, o las elaboradas por el Instituto Turgot cuando yo era su presidente.

Éric Zemmour tiene valor y convicciones. Está intelectualmente mil pasos por encima de todos sus oponentes y, a diferencia de Macron, es verdaderamente culto. Le apoyo, a pesar de mis discrepancias con él (las he expuesto, no volveré a ellas). Me alegraré, pero me sorprenderé (gratamente) si es elegido. Me temo que ni siquiera llegará a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.

Me temo que una mayoría de franceses preferiría que continuara el declive y se resignara a un crepúsculo mediocre y miserable.

Me temo que Francia caerá mucho más.

Espero equivocarme, por supuesto. Sé que muchos franceses quieren que Francia se salve, y a mí también me gustaría.

Pero me temo que no me equivoco, no, por desgracia. Escribo esto con tristeza y rabia. Conozco la política francesa desde dentro.

Sabremos cómo es en menos de tres meses.

(*) Este artículo ha sido originalmente publicado en francés por el digital Dreuz.info y su autor, Guy Millière, es un intelectual, ensayista, traductor, economista y geopolitólogo franco-americano, que se define como «conservador en el sentido americano de la palabra». Ha publicado multitud de artículos y ensayos y es autor de una treintena de libros sobre música, geopolítica, el Islam, la política norteamericana, Israel y Francia, entre otras materias. Sus libros más recientes son: Comment meurt une civilisation, Texquis, 76.p., 2018; L’Ombre du Djihad, Éditions Tatamis, 250 p., 2018;
Après Trump ? Éditions Balland, 2020.


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Dos años aciagos para la economía y el país
Miguel Ángel Belloso. okdiario 17 Enero 2022

“Nadie puede afirmar seriamente que las políticas del actual Gobierno sean radicales ni que se desvíen mucho de lo que se hace en otros países europeos”. Yo debo de ser poco serio. “La presencia de Podemos en el Ejecutivo hace más creíbles las credenciales socialdemócratas del PSOE, pues hasta entonces el electorado percibía que los socialistas, una vez en el poder, hacían políticas más liberales que las que prometían estando en la oposición”.

Estas palabras son de Ignacio Sánchez-Cuenca, catedrático de Ciencia Política de la Universidad Carlos III de Madrid, al hacer balance de estos dos años aciagos. Las traigo a colación para que vean que los juicios van por barrios.

Quienes conocen al señor Sánchez-Cuenca ya saben que es un lunático y un estómago socialista agradecido, pero quizá hay mucha gente, más de la cuenta, que comulga con su opinión -según reflejan algunos sondeos que todavía dan ventaja al PSOE- y que, de manera insólita e inquietante, piensa que la gestión económica de Sánchez está siendo buena. Yo no doy crédito a esta salva de aplausos porque procuro ceñirme a los datos.

Durante la pandemia, España ha sido el país con la mayor contracción del PIB del continente, y el que se encuentra en una posición más retrasada en la recuperación de la actividad. Ha sido de las naciones con más muertes por el Covid de Europa, con la desventaja adicional de que aún desconocemos a día de hoy el dato de fallecimientos al margen de los oficialmente reconocidos, que son muy inferiores a los reales.

Duplicamos la tasa de paro de la UE, con una incidencia todavía más sangrante en el desempleo juvenil, padecemos una de las inflaciones más elevadas, somos el país que menos ayudas públicas ha ofrecido a la industria y el comercio para hacer frente a la pandemia, así como el que contabiliza una mayor destrucción de empresas. El déficit público está por las nubes, la deuda del Estado ha rebasado cualquier registro histórico precedente y la inversión del exterior está completamente detenida porque la reputación de nuestro país en términos de seguridad jurídica y de estabilidad institucional es equivalente a cero.

En contra de lo que señala el catedrático Sánchez-Cuenca, todo lo que nos está sucediendo deviene del pecado original del primer gobierno europeo de coalición con unos comunistas que sienten aversión por la libertad, que repudian el mercado, que tienen una ignorancia suprema de los indicios más elementales de la ciencia económica y que han demostrado fehacientemente su granítica pulsión totalitaria, con el rechazo de la división de poderes -su reticencia hacia la independencia judicial y su ominosa persecución a los medios de comunicación díscolos-. Desgraciadamente, el socialismo del momento comparte todas estas ideas descabelladas con el apoyo de una militancia entregada al nuevo líder y unos votantes que han perdido cualquier atisbo de autocrítica, presos de la biografía o reacios a admitir su error a la hora del sufragio.

Como, a pesar de la alianza, las cuentas no llegaban a la mayoría absoluta necesaria para gobernar, el señor Sánchez ha tenido que buscar apoyos en todos los enemigos de la nación: los proetarras de Bildu, los independentistas catalanes y los pérfidos nacionalistas del PNV, con el resultado de que España hoy es un estado irreconocible porque su presidente, a fin de mantenerse en el poder, no ha escatimado factura alguna, de manera que el país está en situación de derribo, desgajado en taifas como las de Cataluña y el País Vasco, acosado por una marea centrípeta que lo priva de cualquier destino común y de vida compartida. Es un país al que Sánchez está destrozando a zarpazos desde el punto de vista ontológico y político, y cuyas decisiones en materia económica siguen la misma estela de desangrarlo sin remedio.

El señor Sánchez-Cuenca indica como grandes logros de la legislatura la aprobación de los Presupuestos, que como se sabe son literalmente inservibles, pues parten de unas previsiones económicas superadas ampliamente por la realidad. También cita la reforma de las pensiones, que ha renunciado a hacer sostenible el sistema al incluir una revalorización de las jubilaciones totalmente desaconsejable, dada la astenia de las cuentas públicas. Y, faltaría más, se refiere al gran éxito de la reforma laboral, que ya he explicado repetidamente en esta columna que ni reducirá la temporalidad ni ayudará a crear empleo. Luego están las perlas imprescindibles para marcar el signo del progresismo como la ley de la eutanasia o, en otro ámbito diferente, la del cambio climático, que ha disparado los precios de la luz y nos ha convertido en el país más puerilmente romántico y estúpido del mundo, el más dispuesto a perjudicar la vida diaria de los ciudadanos.

Ha habido durante estos dos años aciagos una falta clamorosa de coherencia y de un hilo conductor sensato que favoreciera la actividad empresarial, el mundo de los negocios, que propiciara la inversión del exterior que tanta falta nos hace. Se ha incurrido en una explosión de gasto público que en gran parte se convertirá en estructural -como sucede con las pensiones y los funcionarios-. Se ha subido irresponsablemente el salario mínimo muy por encima del salario medio en una gran parte del país, con la consecuencia de que así se expulsará del mercado laboral a mucha gente sin formación ni cualificación suficiente para obtener remuneraciones fuera de mercado. Se han incrementado de manera general los impuestos y las cotizaciones sociales, y la eventual reforma fiscal en ciernes amenaza con seguir la misma tendencia al alza de la imposición a fin de equipararnos a la media de la presión fiscal europea aunque estamos lejísimos de su PIB y de su renta per capita.

Todo es un despropósito, no se ha hecho nada bien, nada a derechas, y eso que, según la propaganda oficial, el objetivo de todas estas políticas extraviadas es dignificar las condiciones de vida de los ciudadanos y reforzar el Estado de Bienestar.

Si este es el mensaje con el que el equipo de Sánchez nos quiere vender la ejecutoria peor que la de cualquier otro gobierno europeo que se les ocurra, y si, adicionalmente aún, este mensaje parece haber calado entre sectores importantes y puede que mayoritarios de la población es por el éxito cosechado, primero, en la institucionalización de la mentira, y después en la generalización de la impunidad civil al respecto. En esto hay que reconocer que Sánchez, el Gobierno de coalición, sus adláteres y la trompetería acompañante, a la que genuinamente representa el señor Sánchez-Cuenca, han hecho un gran trabajo, cosechando hasta la fecha un triunfo incontestable. Teniendo el privilegio de enseñar a los jóvenes o la facultad de prescribir la opinión pública, sólo unos dementes pueden obviar los hechos subyugados por la beligerancia ideológica y el disfrute de langostinos a cargo del Gobierno.

Los héroes de Cataluña

Rosa Díez. okdiario 17 Enero 2022

«Atacan la carpa de una de las entidades que exige el cumplimiento de la sentencia del 25% en castellano»

«El Ayuntamiento de Vic prohíbe instalar una carpa para reclamar que se cumpla la sentencia del Tribunal Supremo y se imparta el 25% de las asignaturas en castellano por ir contra la moral, las buenas costumbres y el orden público»

«Un fanático, al grito de ´fascistas´ o ´muera España´, ataca la carpa de Escuela de Todos instalada en San Adrián del Besós´»

Estos son algunos de los titulares que dan cuenta del clima guerracivilista que hoy se respira en Cataluña. El pacto con los golpistas en diversos ayuntamientos de la CCAA, la renuncia a defender el cumplimiento de las sentencias de los Tribunales de Justicia, las mociones aprobadas en ayuntamientos gobernados por los socialistas para “avanzar hacia la inmersión en catalán para lograr UNA sola lengua, UNA sola sociedad, UN solo pueblo”, la amnistía encubierta bajo el título de indulto para quienes protagonizaron un golpe contra la democracia y se comprometen a volverlo a hacer, o la constitución de la mesa de negociación entre el Gobierno de España y el Gobierno dirigido por los golpistas catalanes en la que, suplantando al Parlamento, institución en la que está residenciada la soberanía popular, se comprometen a decidir el futuro de todos los españoles… sólo podía saldarse con un peligroso incremento del deterioro de la convivencia entre ciudadanos residentes en Cataluña. Y es que las traiciones de Sánchez a la democracia y las cesiones a sus enemigos tienen consecuencias. La realidad desvelada por estas noticias impugna de forma tajante la propaganda sobre la Cataluña normalizada de la que presumen Sánchez o su delegado Illa.

En la Cataluña de Sánchez (esa a la que hemos llegado gracias a sus pactos con los enemigos de la democracia), los gobernantes pretenden liquidar la sociedad plural propia de cualquier sistema democrático. Y por eso, aunque no lo veamos en los informativos de los medios de comunicación concertados –la mayoría de los realmente existentes en España- es muy notable el avance de la violencia contra los ciudadanos que desde esa comunidad se atreven a defender los derechos que la Constitución (que cualquier democracia normal) les reconoce. Lo que resulta un hecho “normal” teniendo en cuenta que los gobernantes, tanto autonómicos como nacionales, no sólo han renunciado a defender la ley y a proteger con ella los derechos de los ciudadanos sino que avalan –por activa y por pasiva- las tropelías de quienes atacan, incluso físicamente, a los gobernados que ejercen su libertad y no renuncian a sus derechos.

No es exagerado decir que en Cataluña se respira hoy una situación preguerracivilista que se pudo visualizar de forma clarísima en los hechos acontecidos en el Colegio de Canet del Mar cuando pudimos constatar cómo se margina y persigue a un niño y a sus padres ante la aquiescencia del Gobierno de la Generalidad –su Consejero de Educación se presentó en el colegio para apoyar a los acosadores- y el silencio cómplice del Gobierno de España. Canet del Mar sólo es un ejemplo que nos ha permitido levantar el velo y descubrir lo que llevan años sufriendo quienes se enfrentan a la tiranía nacionalista y socialista.

La violencia guerra civilista que se respira en el ambiente –primero te señalan, después te amenazan, después te expulsan…- no llegará hasta sus últimas consecuencias porque, afortunadamente, Cataluña es España y España –menos mal- forma parte de la Unión Europea. Pero este hecho tranquilizador no puede provocar que los españoles que vivimos fuera de Cataluña dejemos abandonados a nuestros compatriotas. El combate por las libertades que diariamente se libra desde Cataluña nos compete a todos. Por eso la respuesta no puede ser la mera solidaridad con quienes luchan desde tierra hostil; son nuestras libertades, las de todos los españoles, las que están en juego, aunque el campo de batalla se les antoje lejano a quienes viven en Castilla, en Madrid, en Andalucía o en cualquier otra región de España. Es nuestra lucha, aunque sean solo unos pocos españoles quienes la están librando en tierra hostil.

Urge que tomemos conciencia de que algo muy grave esta ocurriendo en una tierra en la que la gente corriente (padres, abuelos, profesores. Jóvenes estudiantes…), se ven obligados a montar una carpa para en la calle para exigir que se cumpla una sentencia de los Tribunales de Justicia.

Algo muy grave está ocurriendo cuando ciudadanos normales tienen que agruparse en distintas asociaciones (Escuela de Todos, Asamblea por una escuela bilingüe, Asociación por la Tolerancia, Profesores por el bilingüismo, S´ha Acabat…) para exigir que se cumpla la ley y que se respeten los derechos de ciudadanía que son inherentes a una sociedad plural y democrática.

Algo muy peligroso está ocurriendo cuando los gobernantes, elegidos a través de un proceso democrático, renuncian a proteger a las víctimas del discurso disgregador y rupturista y optan por ponerse del lado de los verdugos.

Algo muy malo está pasando cuando las autoridades protegen a quienes pretenden segregar en la escuela a un niño de cinco años.

Algo muy alarmante -que debiera llamar la atención de las autoridades de la Unión Europea- está ocurriendo cuando son los padres de niños en edad escolar quienes han debido batallar durante años ante los Tribunales de Justicia para doblegar la voluntad de los gobernantes y conseguir que se respeten los derechos básicos, fundamentales e innegociables de sus hijos, derechos que forman parte de la Declaración Universal de Derechos del Niño.

Las personas que desde Cataluña llevan largos años librando esta batalla por la dignidad del ser humano, por el derecho de todos los ciudadanos a vivir en una sociedad plural y democrática, por el derecho a expresarse y ser educados en la lengua materna, por el derecho a vivir en libertad y sin no someterse a la voluntad inquisitorial de los gobernantes… están siendo nuestros escudos democráticos. Ellos son gente corriente que, como tantos y tantos españoles, se levantan cada día para ir a trabajar, a estudiar, o para buscar un trabajo digno con el que sostener o complementar la economía familiar. Son conciudadanos nuestros, gente que tienen el valor de defender lo obvio, lo pre-político, lo que en una sociedad democrática nos vendría dado por el mero cumplimiento de la ley. Ellos son nuestros héroes.

Si unos seres extraordinarios, fuera de lo común, protagonizaran actos extraordinarios, no merecerían ser llamados héroes. Por eso es tan importante reconocer la heroicidad de los hombres y mujeres que mantienen en alto la bandera de la dignidad desde Cataluña, personas comunes que hacen, como si fuera lo más normal, cosas extraordinarias. Su valor les hace acreedores del calificativo de héroes y del reconocimiento y solidaridad activa de toda la gente de bien, sea cualquiera el rincón de España en que viva.

Decidnos, amigos, qué podemos hacer para sumarnos, en la práctica, a la lucha. Dadnos instrucciones y ahí estaremos, a vuestro lado, defendiendo la causa justa. Y mientras tanto y siempre: ¡gracias!. Gracias por contribuir a despertar del letargo a esa mayoría silenciosa, gracias por levantar la bandera de la decencia, gracias por no rendiros, gracias por existir.

España, sucursal del chavismo
Luis Asúa. https://gaceta.es 17 Enero 2022

Iniciamos el año 2022 con un Gobierno roto, sin iniciativa, catatónico. Un Gobierno que sólo aguanta por inercia y cuya única vocación parece ser el reparto de los fondos europeos. Reparto que cada vez resulta más decepcionante y que no parece que vaya a ser un motor económico, sino un parcheo de las muy deterioradas cuentas de las empresas de sus amiguetes y sus socios autonómicos. Porque una de las grandes rémoras de España son los muchos «capitalismos de amiguetes», tinglados autonómicos que se han montado en nuestras regiones al calor del poder político.

El caso del ministro Garzón y su verborrea trimestral -sus salidas suelen coincidir con las estaciones- y su chulería al insinuar que le queda mucho tiempo de ministro es un síntoma del poco margen de maniobra que tiene el presidente. Puede que la garzonada sea premeditada ante una opinión pública que cada vez apoya menos al Ejecutivo. Supongo que Yolanda Díaz, ya consolidada como líder de la izquierda no-PSOE (supongo que las siglas de Podemos desaparecerán como casi lo han hecho en Madrid), le estará muy agradecido al ministro de Consumo por minar aún más la credibilidad de un presidente muy tocado, pues su objetivo es convertirse en la primera fuerza de la izquierda post-Sánchez.

Además, el ínclito Garzón se está buscando su público entre los eco-veggies, urbanos, anti-capitalistas, y póngale, querido lector, todos los calificativos a estos sujetos tan molones que abundan en nuestras grandes ciudades siempre subidos a sus carísimas bicicletas. Ahí tiene Garzón un filón que usar para ir arriba en listas y de paso pegarle un empujón al proyecto político de doña Yolanda.

Pero también nos queda la esperanza que sólo sea una metedura de pata. Y es que sobran ministros en un Gobierno de muy poco talento, menos visión y ningún objetivo más que mantenerse en el poder con algún exceso retórico. Algo parecido vivimos los madrileños con el Gobierno municipal de Manuela Carmena. Los españoles, y por muchas razones, tendemos a pensar que el que manda tiene una gran preparación e inteligencia. Es hora de bajarse del burro: hay mucho inútil en política. Y a veces -desgraciadamente no suele ser raro- se acaban juntando en el gobierno.

Pero volvamos para concluir al proyecto de la nueva izquierda. Hay que denunciar que España se ha convertido en una sucursal del chavismo. Las pruebas de colusión son muchas: las maletas de Delcy Rodríguez, el «affaire Morodo», la financiación grosera -por descarada- a Monedero y a Podemos, los viajes de Zapatero… que lejos estamos de aquella política exterior que irradiaba España hacia la Iberosfera. Esta política ha sido arrumbada por Sánchez ante la perplejidad de nuestros socios europeos.

Hoy se han invertido las tornas completamente y la dependencia hacia Venezuela y su corrupción es una tragedia. Pero el sueño de Maduro no es mantener al PSOE. Ahí se equivoca Sánchez, al igual que lo hace con sus socios independentistas y los filoetarras. Al PSOE le habrán dado algún caramelo, pero envenenado. Una evidencia está en el hecho que ha tenido mucho más eco en España la corrupción venezolana del PSOE que la de la nueva izquierda. El proyecto de Maduro es sustituir al PSOE por una izquierda revolucionaria como la de los nuevos podemitas -o como quiera que se llamen en el futuro-.

En las próximas elecciones generales, como ya ha ocurrido en las regionales de Madrid, el chavismo pondrá todo el empeño y el dinero para que se produzca el sorpasso de la nueva izquierda al PSOE. Esperemos que gane la derecha y que el nuevo gobierno del PP y de VOX se emplee a fondo para acabar con este tinglado y erradicar el proyecto chavista en Europa.

Lenguas autonómicas: trampas y trampillas
Rafael del Moral. vozpopuli.es 17 Enero 2022

Después de décadas de esfuerzos, presiones, condiciones y sinsentidos, deberían las políticas lingüísticas de inmersión dar resultados, pero no queda claro ni en la apreciación subjetiva de los gobiernos ni en los estudios sociolingüísticos. A falta de exploraciones independientes o agencias especializadas que ofrezcan resultados para el contraste, solo podemos elucubrar con los datos autonómicos oficiales y con lo que percibimos.

Y lo que percibimos es que la lengua que más se oye en Barcelona y San Sebastián es, con diferencia, el español. Otra cosa es la que más se lee en la calle: en Donostia, bilingüe, en los països catalans, ¡válgame Dios!, el español enmudece. En los domicilios catalanes o vascos no cabe duda, los libros en castellano predominan.

Pero apliquemos la PCR del sociolingüista para comprobar la infección, pues es sabido que la solidez y estabilidad de una lengua, además de otros componentes, se concentra en dos indicadores que informan con discreción de su estado: el monolingüismo de sus hablantes y la transmisión generacional.

En cuanto al primero, la existencia de hablantes monolingües, la respuesta está clara, aunque la encuesta no proponga la pregunta. No existe en España más monolingüismo que el de castellano, lengua que todos los españoles, incluso los que prefieren no incluirse en el gentilicio, tenemos por propia.

Visto así, cabe pensar, y lo pienso, que si no lo hacen es porque presumen que vasco y catalán pierden hablantes en la transmisión generacional.

En cuanto a la transmisión generacional, es decir, la decisión de los padres de transmitir a sus hijos una u otra lengua, en ningún estudio sociolingüístico queda claro lo que está pasando. Echo de menos una pregunta lúcida al encuestado: ¿En qué lengua le habla usted a sus hijos menores de siete años? Una respuesta sin vacilaciones debería dar resultados inequívocos, pero no hay manera. No se pregunta. Se acercan a la cuestión, eso sí, con maneras aviesas, torcidas y retorcidas, para que ofrezcan un resultado que no se pueda interpretar. Visto así, cabe pensar, y lo pienso, que si no lo hacen es porque presumen que vasco y catalán pierden hablantes en la transmisión generacional.

Otra manera de comprobarlo, diría cualquier mente lógica, es el censo global de hablantes. Tendría que ser fácil, pero no lo es. He oído decir, pero no puedo asegurarlo, que los encuestadores preguntan al encuestado: ¿Vostè parla català? Y si contesta: zi zeñó lo añaden a la lista bilingüe. Explicaré, para escépticos, que ese zi zeñó no es la expresión de un charnego andaluz, sino la de un inmigrante gaditano que aún no se ha integrado, ni siquiera en castellano, al español de Cataluña.

Según la VI Encuesta Sociolingüística del Gobierno Vasco (2016) el 28,4 % de la población es “capaz de hablar euskera”. En comparación con la primera (1991), el vasco ha ganado 223 000 hablantes. Los resultados aparecen en un documento de 267 páginas. Ninguna de ellas explica el significado de “capaz de hablar euskera”. Para informar sobre nuevos vascófonos, el encuestado debe indicar algo tan difícil de evaluar como: ¿Usa el vasco tanto o más que el castellano?, que es como preguntar: ¿Quieres más a tu mamá o a tu papá? Ambas lenguas son propias para un vascófono, ambas funcionan como si fueran una porque son indisolubles.

Necesitamos llegar a la página 104 para que el documento se interese por el asunto que más garantiza la estabilidad de las lenguas, la transmisión familiar. Sorprende que no exista la pregunta que informa sobre el porcentaje de familias que enseñan vasco a sus hijos y las que no. Otros gráficos parecidos se sobreponen con extraños condicionantes sin despejar el principal. Para embadurnar el resultado, las estadísticas mezclan a los hablantes que heredan en familia el vasco con quienes lo aprenden en la ikastola.

Como ni el catalán ni el vasco atraen estudiantes que demanden su aprendizaje, solo podemos contar como vascófonos o catalanófonos a quienes lo heredan en familia. Pues bien, los niveles de uso son tan variados que dificultan la evaluación. Se comprende así que las cifras se tiñan del color que defiende tal o cual propósito. Desvelan, en lectura crítica, que se ofrece la estimación más favorable a los intereses de la institución que las difunde.

Es una pena. Ha dejado de interesar la libertad para la elección de lengua, algo que, por lo que hasta ahora sabemos, nadie antes había utilizado como arma política.

En Santa Coloma no querían la inmersión (y 3)
José García Domínguez Libertad Digital 17 Enero 2022

A propósito de la imaginaria lucha reivindicativa de los centenares y centenares de no menos imaginarios padres y madres castellanohablantes de Santa Coloma de Gramanet, los que en el guión también imaginativo del cuento oficial se habrían movilizado en calles y plazas hasta la extenuación con el propósito de que sus hijos no pudieran estudiar ni una sola asignatura en su lengua materna dentro de los colegios públicos de la localidad, escribió en su día el mismísimo creador de la inmersión, Joaquim Arenas, el célebre Camarada Arenas:

"En el inicio de esta política [se refiere a la época del primer experimento piloto en Santa Coloma, a principios de los ochenta] ordené que el Departamento de Enseñanza estudiase a fondo el grado de receptividad, o de rechazo, que pudiera provocar".

Veamos, los padres de las poblaciones con predominio lingüístico no vernáculo se pasaban el día manifestándose a favor de la urgente inmersión de sus hijos, pero el responsable máximo de sumergirlos no tenía nada claro que ese fuera su deseo, de ahí que se mostrará tan preocupado por "investigar la receptividad" —y "a fondo"— con todos los medios administrativos a su alcance. Un poquito raro tanto afán inquisitivo estando tan clara la voluntad popular, ¿no? Claro que al Camarada Arenas se lo ocurrió poner la verdad por escrito hace ya un par de décadas, momento en el que nadie en el País Petit sospechaba que algún día el Tribunal Supremo de Madrit fuera a tumbar la inmersión y que, en consecuencia, se hiciera necesario reescribir a toda prisa la historia del invento en la red de medios de comunicación del Moviment.

Una reescritura, esa de la realidad a la que tanto empeño dedican siempre los catalanistas con mando en plaza, para la que hubiera resultado ideal contar con el testimonio del hombre que desde el Ayuntamiento de Santa Coloma dirigido por el PSUC les facilitó el trabajo, Pedro García, un maestro de EGB que entonces ejercía como concejal de Educación. Lástima que aquel Pedro García acabase marchándose de Cataluña a Murcia, su tierra natal, asqueado por la imposición idiomática. Y también lástima que su ahora compañera sentimental, otra maestra, haya sido apartada de la docencia hace muy pocos meses por la Generalitat, tal como ella misma confesó entre lágrimas a Antonio Robles, con el argumento de su insuficiente dominio el catalán. Cría cuervos normalizadores.

Desafío independentista
Defensores del castellano en Baleares: "El plan de Armengol con la lengua es inconstitucional y acabará en los tribunales"
EDUARDO COLOM. Palma. El Mundo 17 Enero 2022

Tres entidades cívicas que defienden el uso del castellano en las aulas reaccionan contra el proyecto de ley educativa del Govern balear y su intención de consagrar y blindar la inmersión lingüística en catalán, desoyendo el reciente pronunciamiento del Tribunal Supremo sobre la situación en Cataluña, que ratificó que se imparta al menos un 25% de horas lectivas en castellano.

Las tres asociaciones anuncian que lo llevarán a los tribunales y califican de "inconstitucional" la actual redacción de la ley que está cocinando el Govern que preside la socialista Francina Armengol, incluidos los retoques introducidos por el PSOE en los últimos días, precisamente para tratar de burlar las sentencias.

Una de esas entidades, integrada por profesores de Baleares críticos con la política catalanista del gobierno autonómico, ya ha dado los primeros pasos para impugnar la ley, presentando una denuncia ante el Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares (TSJB). El pleito se ha admitido a trámite y está en fase preliminar. Falta por conocer la postura de la Abogacía de la comunidad autónoma.

El pasado 14 de enero, los partidos que gobiernan el archipiélago, capitaneados por los socialistas baleares del PSIB, llevaron un nuevo texto de la ley al grupo de trabajo parlamentario en el que se negocia su confección. Pretenden aprobarla en febrero y uno de los puntos calientes es el bloque dedicado a la política lingüística educativa.

"Al menos la mitad", en catalán
Atrapado entre sus socios catalanistas de Més per Mallorca -que exigen mantener la inmersión en catalán y minimizar el uso del castellano para "normalizar" el uso del catalán- y las sentencias recientes dictadas en Cataluña, el PSOE, que controla la Consejería de Educación, ha elaborado un texto que declara como lengua "vehicular" tanto al catalán como al castellano.

Sin embargo, y al margen de esa declaración retórica, la ley en la práctica abre la puerta a perpetuar y consolidar la inmersión lingüística integral en catalán y relega al castellano al no recoger esa cuota mínima del 25% en las aulas y agregar que "al menos la mitad" del cómputo total de horas lectivas deberán ser en catalán, pudiendo ese porcentaje ser "incrementado" por cada centro sin límite máximo. Es decir, permite de facto que toda la educación sea en catalán, algo que ya ocurre en la práctica en buena parte de los centros escolares.

Sobre el castellano, el proyecto de ley se limita a indicar que "podrá ser utilizado" por los colegios que lo estimen oportuno. Quedaría así como una posibilidad y no como obligación. A diferencia del catalán, no se fijan unos porcentajes mínimos.

"Esto consagra la inmersión lingüística en catalán y sigue considerando al castellano como una lengua residual", explica Julián Ruiz-Bravo, profesor y uno de los portavoces de Plis Educación, la entidad que ha llevado al Govern ante el TSJB junto a otra, Sociedad Civil Balear.

"Una contradicción"
Tras conocer el texto, Ruiz-Bravo sostiene que el proyecto de ley "choca con la jurisprudencia del Tribunal Supremo basada en la doctrina del Tribunal Constitucional, que indica que el castellano es lengua vehicular obligatoria", que por tanto "debe aparecer necesariamente en los proyectos lingüísticos". Y que se debe impartir en "al menos el 25%" de las asignaturas escolares.

Para este profesor y su asociación de docentes, declarar la lengua como "vehicular" y no obligar a su uso es una "contradicción". "No puede declararse como vehicular y que su uso sea potestativo". Es decir, que quede condicionado a la decisión de cada centro, lo que en la práctica puede convertirla en prescindible o erradicarla de las asignaturas que no sean propiamente lingüísticas, como Lengua y Literatura.

"Sin duda es inconstitucional y será impugnado y anulado", mantiene Ruiz-Bravo, para quien es "lamentable la falta de exigencia en las lenguas", empezando por el castellano. "La escuela no está para asegurar la mera comunicación en un idioma sino para conseguir un registro formal y culto en ambas lenguas, un dominio literario del idioma", sentencia.

"Contrario a la doctrina"
Otra asociación que ha alzado la voz es la que preside Gloria Lago, Hablamos Español, una entidad que se ha significado en las comunidades bilingües por su denuncia de las discriminaciones a los castellanohablantes, con especial actividad en Cataluña. Esta entidad ha iniciado recientemente en Baleares un proceso de reclamación y ha dado asesoramiento a la primera denuncia de un padre, progenitor de una alumna de tercero de ESO.

"Decir que la lengua española 'puede ser utilizada' equivale a decir que puede no ser utilizada y eso es contrario a la doctrina del Tribunal Constitucional y a las sentencias del Tribunal Supremo". Gloria Lago anuncia que su entidad "no va a tolerar que ese mínimo garantizado por sentencias nos sea arrebatado" y avanza que lo "pelearán en los tribunales".

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