AGLI Recortes de Prensa   Miércoles 19  Enero  2022

Desequilibrio en las cuentas públicas
Política económica: La deuda pública aumentó un 8,7 % en noviembre, hasta 1,426 billones
Redacción. https://rebelionenlagranja.com/ 19 Enero 2022

La deuda del conjunto de las administraciones públicas de España aumentó al cierre de noviembre de 2021 un 8,7 % en comparación con el mismo mes del año anterior, hasta superar los 1,426 billones de euros.

Según los datos avanzados este martes por el Banco de España, la deuda en noviembre se incrementó en 4.500 millones respecto a octubre (un 0,3 % más).

La mayor parte de la deuda se concentraba en manos de la administración central, con 1,296 billones de euros, lo que supone un repunte del 0,4 % en tasa mensual respecto a octubre y del 8,7 % en comparación con noviembre de 2020.

También creció la deuda de las comunidades autónomas hasta los 312.369 millones de euros, un 0,35 % más que en octubre y un 2,7 % más en tasa interanual.

Por el contrario, bajó la deuda que presentaban las corporaciones locales hasta los 22.319 millones, lo que equivale a una caída del 0,5 % en tasa mensual y del 1,7 % en comparación con noviembre de 2020.

Además, la deuda de la Seguridad Social ascendió a 93.854 millones de euros, un 2,1 % más que en octubre y un 10 % por encima del dato del mismo mes del año anterior.

Las cifras correspondientes a las distintas administraciones no suman el total de la deuda debido a la existencia de 298.159 millones de euros de deuda autonómica y de la Seguridad Social que también contabiliza al Estado como acreedor.

Como es habitual, la mayor parte de la deuda se encontraba en valores representativos, con 1,23 billones de euros (el 93 % de los cuales en títulos a largo plazo), mientras que el resto se repartía en préstamos (191.002 millones) y efectivo y depósitos (4.978 millones).

Funeral de Estado para Cs
Carmelo Jordá. Libertad Digital 19 Enero 2022

En este país de tanto forofismo político nunca está de más recordar que los partidos son objetos de usar y tirar, herramientas que están aquí para cumplir una función y a las que no debemos nada si dejan de cumplirla, porque además en cuanto no lo hacen suelen convertirse en entes dañinos que, en su decadencia, ya no es que no sirvan al bien sino que suelen entregarse al mal.

El problema está en que, una vez lanzados y, sobre todo, una vez que alcanzan una cuota mínima de poder, los partidos parecen tomar conciencia de sí mismos y, como Skynet, son capaces de cualquier cosa con tal de garantizar su supervivencia, que en muchas ocasiones ya no es sino una mera apariencia de supervivencia: en realidad, cuando les ha tocado la parca ya no hay forma de volver a unir el hilo y todo es una no-vida en la que van arrastrándose como zombis y pronto dejan de dar pena para empezar a dar asquito.

Todo lo anterior aplica, por supuesto, a cualquier partido, si bien está claro que hay diferencias y que algunos, los más grandes, presentan una resistencia mucho mayor, pese a que en no pocas ocasiones sus líderes hacen todo lo posible para acabar con ellos: ahí tienen ustedes al PP, sin ir más lejos, que es un ejemplo perfecto de cómo se puede sobrevivir a pesar de que tus dirigentes –de Rajoy a Pablo y Teodoro– se empeñen en destruirte.

Pero la política es tan injusta como la propia vida, y aunque está claro que algunos pagan mucho más caros sus muchos menos pecados, lamentarse no sirve de gran cosa: si estás muerto, estás muerto. Fue el caso en su día de UPyD y lo es ahora de Ciudadanos, los dos probablemente con menos culpas que el PP y no digamos que el PSOE y sus adláteres, pero también ambos responsables de errores letales.

Sea como fuere, lo sustancial no es si fueron o no partidos útiles, que lo han sido, sino si lo siguen siendo. Y la respuesta es que no: UPyD dejó de serlo hace años, aunque no recibió cristiana sepultura hasta mucho después, tras una larga y penosa agonía. Ciudadanos probablemente pasó a mejor vida el 10 de noviembre de 2019 y desde entonces todo ha sido un sufrimiento innecesario, una triste negación de la evidencia y una molesta distracción que no tiene suficientes votos para servir de nada, pero sí es un impedimento más para configurar la gran mayoría que necesitamos para echar del poder a Sánchez, Yolanda, Irene, Rufián y Otegi.

Es obvio que los pocos y casi heroicos votantes de Ciudadanos que quedan están contra Pedro Sánchez, sus aliados y lo que representan, porque si no votarían al PSOE tranquilamente y serían bendecidos por los santones de la izquierda en la Sexta y Lo País. Sin embargo, eligiendo la papeleta del partido naranja sólo consiguen que la imprescindible mayoría del centro-derecha sea más difícil, para que luego Arrimadas vaya suplicándole al presidente que le deje apoyar alguna de sus barbaridades y así hacerse la ilusión de que pinta algo.

Es injusto, por lo que supuso y lo que hizo en su corta e intensa vida Ciudadanos merece un final mejor, más digno, una sepultura como Dios manda que no deje ver en qué ha quedado lo que tan hermoso fue y, si me apuran, un funeral de Estado que reconozca todos esos méritos. No prolonguen esta agonía, esta no-vida tan inútil y tan poco digna: no les voten, dejen que descansen en paz. Se lo merecen, nos lo merecemos.

La decadencia del idioma catalán
José García Domínguez. Libertad Digital 19 Enero 2022

Yo he vivido durante la mayor parte de mi vida en una ciudad, Barcelona, donde siempre se ha hablado poco el idioma catalán. De ahí que ahora mismo no posea un juicio personal y directo sobre si se ajusta a la verdad ese machacón discurso oficial según el cual el uso social de la lengua vernácula se encuentra en un proceso de acelerada decadencia. No lo sé de primera mano, pero intuyo probable que el lamento institucionalizado resulte cierto. A fin de cuentas, ¿por qué no iba a ocurrir? En Cataluña son, y desde siempre, muy aficionados a autoengañarse con bonitas historias románticas y sentimentales sobre el idioma. Pero el ciclo existencial de los idiomas, de todos ellos, obedece siempre a una lógica determinada por el pragmatismo más prosaico.

No hay ninguna querencia lírica colectiva en el hecho de comunicarse en catalán, castellano, inglés o chino. Por el contrario, la gente usa un idioma concreto solo cuando le resulta útil. Y se desprende de él, lanzándolo a ese cubo de la basura fonética llamado olvido, cuando le deja de resultar útil. He ahí todo el misterio latente tras las querellas nacionalistas con las lenguas. Si el uso social del catalán conoció un crecimiento constante durante el último tercio del siglo XX, fenómeno de sobra constatado, ello fue debido a que la pericia en el manejo de esa lengua menor podría facilitar una mejora en las condiciones materiales de vida de muchos de sus nuevos hablantes. Pero solo a eso.

Expectativa verosímil de progreso económico asociada a la utilización de un idioma que ahora, en el caso de esa enorme oleada de extranjeros poco cualificados que ha atraído –y sigue atrayendo– el modelo productivo catalán, ese basado en el turismo barato de juerga, borrachera y menús de paella congelada y copas de tinto Don Simón, no existe. Para la mano de obra extracomunitaria y paupérrima que hoy recala en Cataluña, el catalán solo es un ruido que flota en el ambiente. Un ruido que no va a hacer de su vida una peripecia menos precaria y desgraciada. Por eso se muestran tan ajenos e indiferentes a él. ¿Queréis que hablen catalán? ¡Pagadles sueldos decentes!

Especial de Libertad Digital: Paracuellos, 1936
Especial completo de Libertad Digital, cinco reportajes y una tertulia, con motivo del 85 aniversario de los fusilamientos masivos en Paracuellos del Jarama.
Nuria Richart. Libertad Digital 19 Enero 2022

Libertad Digital ha visitado el Cementerio de Los Mártires de Paracuellos (que gestiona la Hermandad de Ntra. Señora de los Mártires y Caídos en Paracuellos del Jarama) para recordar aquellas noches de noviembre y diciembre de 1936 en las que miles de españoles fueron fusilados en un descampado por ser "desafectos" al régimen ideológico del Frente Popular.

Al comienzo de la guerra civil, las cárceles de Madrid y las llamadas checas, centros de detención y tortura ilegales, estaban saturadas de personas que habían sido prendidas en sus propios domicilios por su supuesta vinculación con la derecha política o por ir a misa. Entre ellos también cientos de militares retirados por la Reforma de Manuel Azaña y de religiosos, objetivo de las izquierdas desde el comienzo de la Segunda República. Miles de varones, algunos de 16 años, fueron ajusticiados de forma extrajudicial en la retaguardia.

Las extracciones de presos se hicieron de forma calculada y con la excusa de que iban a ser trasladados a cárceles de las afueras de la capital. Los milicianos comunistas, socialistas, sindicalistas o anarquistas llegaban con listados y tras cantar los nombres y apellidos los subían a autobuses de dos plantas de la Empresa Municipal de Transportes, las famosas sacas o convoyes de la muerte. Los ataban de dos en dos con un alambre a la altura del codo.

Se calcula que en el campo santo de Paracuellos puede haber hasta 8000 cadáveres. Familias enteras, padres e hijos que compartieron celda o checa durante semanas y que juntos recibieron el disparo, no siempre letal. Muchos murieron asfixiados en la propia fosa por el peso de los cadáveres que les caían encima. Por cierto, los milicianos obligaron, a punta de pistola, a los vecinos de los pueblos cercanos a cavar las fosas, trasladar los cuerpos y echar algo de tierra por encima. Un trauma que también se recuerda.

Contar la historia de estas siete fosas comunes sería más sencillo si las víctimas lo fueran de Franco y no del Gobierno del Frente Popular de Largo Caballero y de Santiago Carrillo (consejero de Orden Público de la Junta de Defensa en Madrid), y obra de milicianos sindicalistas, comunistas y socialistas. La Ley de Memoria Democrática, elaborada por los herederos morales de aquellos políticos totalitarios de la Segunda República, no ahorraría épica ni lírica para describir los fusilamientos masivos y la matanza selectiva de familias enteras, el genocidio en la retaguardia. Por cierto, es un dato sin duda relevante, Francisco Franco nunca visitó la zona, adecentada en cementerio por las víctimas que no han recibido nunca subvenciones. No hay mal que por bien no venga y, de momento, poco puede hacer aquí el gobierno de Pedro Sánchez.

El Cementerio de Los Mártires de Paracuellos es un lugar privado, privado del reconocimiento y de la compasión ante un dolor que se mantiene vivo gracias las viudas que en los años 40 empezaron a venir en peregrinación cuando se corrió la voz que éste había sido el destino de sus familiares.

Pasamos varias horas recorriendo un lugar asombroso y simbólico. Cuesta creer que estas siete fosas comunes no importen a nadie, no abochornen. Libertad Digital rinde homenaje a estas víctimas, inocentes todos.

La serie de cinco reportajes se completa con una tertulia con Federico Jiménez Losantos Pedro Corral, Miguel Platón y Nuria Richart.

Dirección y redacción: Nuria Richart.
Imagen: Daniel Palacios.
Edición: Iván Martínez Huetos y Juanma Bonaque.

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Cataluña española
José María Marco https://fundaciondisenso.org https://www.gaceta.es/

En Cataluña ha nacido un movimiento nuevo. Lo protagonizan las familias de escolares y estudiantes que exigen el cumplimiento de la legislación vigente según la cual el 25 por ciento de la educación debe ser impartida en español. Los protagonistas podrían aspirar a ampliar ese 25 por ciento alegando, con motivos legítimos, que lo impartido en español debería alcanzar al menos la mitad de la educación. No lo hacen, y aún menos quieren suprimir la enseñanza en catalán y del catalán: saben que Cataluña es una región bilingüe. Se trata por tanto de un movimiento social que pretende algo tan básico como que en un Estado de derecho, como en principio es el nuestro, se cumpla la ley.

Existen antecedentes, como los de las contadas -y heroicas- familias que en 2016, tras una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que corroboraba una tendencia que venía de 2010, exigieron el cumplimiento de ese mismo derecho. Alguna de ellas tuvo que dejar su ciudad ante el acoso al que fue sometida. Esta vez, a finales de 2021, ha sido una familia de Canet (Barcelona) la que ha exigió el cumplimiento de la legislación. A diferencia de entonces, la reacción de acoso y persecución, ha producido otros efectos. Hoy son más de 200 familias las que han solicitado que sus hijos reciban una cuarta parte de la educación en español.

Este cambio no se debe a una relajación de la represión ejercida por la Generalidad de Cataluña. Al contrario, se han sucedido las expresiones sobreactuadas de indignación, los llamamientos a la discriminación y al linchamiento, como en los mejores tiempos de la segregación y el apartheid, y se ha organizado una campaña de presión para que los establecimientos educativos no cumplan la normativa.

El motivo de esta rebelión debe buscarse en otro sitio. Interviene probablemente la indignación ante la arrogancia racista de la Generalidad y de las instancias que subvenciona, esa peculiar “sociedad civil” tan propiamente nacionalista. Algo tendrá que ver, además, el descrédito del nacionalismo catalán tras el intento de golpe de Estado secesionista, descrédito que la voluntad de mantener vivo el procés no ha hecho más que aumentar. A diferencia del nacionalismo vasco, el catalán no ha logrado imponer la hegemonía cultural a la que aspira. Por debajo y en los márgenes del control de la educación y los medios de comunicación ha sobrevivido una sociedad ajena a las consignas nacionalistas: una auténtica sociedad civil que ve cómo su región, y sus propias oportunidades se estancan y retroceden a causa del nacionalismo

También está la señal que ha emitido la justicia, con la sentencia del Tribunal Supremo que respalda la del TSJC de 2016 ,según la cual es obligatorio impartir un 25 por ciento de la enseñanza en español. Desde la Transición, el Estado se ha ido retirando de Cataluña en un proceso bien conocido, que llevó recientemente al dirigente de un partido político nacional a disculparse por la intervención de las fuerzas del orden el 17 de octubre de 2017, una intervención destinada a reprimir un golpe de Estado en marcha. La decisión del Tribunal Supremo viene a recordar, como la acción de las fuerzas de orden público aquel 17-O, o su presencia en su sede del centro de Barcelona, que a pesar de la fantasía nacionalista, Cataluña sigue sujeta a reglas comunes y que el Estado aún está presente en la región.

Para que la sentencia pueda tener efecto, era indispensable la presencia de un tejido asociativo que permitiera ayudar a los afectados, en particular a la familia de Canet que tomó la iniciativa, y que pudiera apoyar y articular las reclamaciones de quienes se decidiera a dar el paso después. Es lo que ha ocurrido, con Asamblea para una Escuela Bilingüe, Asociación por la Tolerancia, Profesores por el Bilingüismo, entre otras muchas, y otras como la veterana Societat Civil Catalana, los valientes de S’Ha Acabat! o Impulso Ciudadano, que además de contribuir al movimiento con su apoyo, y un nuevo planteamiento para que los padres no tengan que sufrir los zarpazos del segregacionismo nacionalista, demuestran que existe una conciencia nueva en la vida catalana, y, además, que los efectos de esta se sienten en el resto de España: los hispanoparlantes que quieren seguir siéndolo -sin renunciar al catalán- no están solos, ni en Cataluña ni en el conjunto de España.

Todos estos hechos se producen en un momento particular. Es cierto que el procés fracasó, pero no lo es menos que la Generalidad y el nacionalismo no tienen la menor intención de olvidarlo. Cuentan con importantes aliados entre la izquierda neocomunista, la que domina instituciones como el Ayuntamiento de Barcelona y está instalada en el gobierno central. Este mismo gobierno, así como el Partido Socialista, no están dispuestos a romper sus alianza estratégica con el nacionalismo, por mucho que este se reafirme en su golpismo secesionista y anticonstitucional. Para gobernar, el sanchismo depende de los nacionalistas y pone al Estado al servicio de quienes no respetan la Constitución porque quieren acabar con España. Por otra parte, las fuerzas políticas no nacionalistas no se encuentran, ahora mismo, en su mejor momento. Ciudadanos, que llegó a representar el conjunto de la sociedad antinacionalista, echó a perder la oportunidad de las elecciones de 2017. El Partido Popular, con escaso crédito, sobrevive apenas y sólo Vox tiene hoy representación parlamentaria suficiente, aunque pequeña, para oponerse consistentemente a las políticas de la Generalidad, y eso a pesar del boicot y la violencia a los que se le somete, dentro y fuera del Parlamento.

El movimiento, por tanto, aunque recuerda en tono menor al que siguió al intento de golpe de Estado del 17-O, resulta sustancialmente distinto. Aquel, de alcance épico tras el intento de golpe de Estado, expresaba una esperanza que los partidos políticos autodenominados constitucionalistas defraudaron. Ahora los movimientos sociales parecen haber decidido actuar por ellos mismos, sin esperar la consigna política. Y se centran en el punto más crucial de la política nacionalista: la cuestión lingüística, en particular la inmersión, que es la clave de bóveda de la nacionalización de Cataluña.

Hay razones prácticas para hacerlo, claro está: Cataluña es una sociedad bilingüe, a la que le corresponde un sistema educativo en español y en catalán. También es territorio español, y mantiene lazos tan estrechos como cualquier otra parte de España con el resto del país: el escaso dominio del español coloca a los futuros ciudadanos de esa comunidad en situación de inferioridad con respecto a los demás, como un reflejo de lo que está sucediendo en la economía y la cultura. Las dos, español y catalán son lenguas propias de la Comunidad: tan propio de Cataluña es el español como el catalán. Con el matiz de que, siendo los catalanes de nacionalidad española, están en el derecho de usar el español –“castellano”, según el texto constitucional- y en la obligación de conocerlos. En consecuencia, el Estado tiene la obligación de suministrar una enseñanza que permita acceder a los catalanes a las mismas oportunidades que el resto de ciudadanos. De ahí el futuro debate, que llegará, acerca de si el 25 por ciento es suficiente.

Además de estas realidades prácticas y políticas -indiscernibles unas de otras-, hay otro motivo, no menos relevante, que tal vez contribuye a explicar lo que está ocurriendo. Atañe por lo fundamental a una cuestión sobre la que hasta ahora el Estado central y la cultura oficial española han impuesto el silencio: la cuestión de la identidad. Ante un gobierno regional con pretensiones nacionales, que está llevando al límite la política de nacionalización de Cataluña, parece que hay catalanes que empiezan a preguntarse qué les espera cuando todo este proceso culmine. ¿Están dispuestos a renunciar a su legado español, a su patrimonio, a todo aquello que han recibido, que recrean y reinventan ellos mismos cada día y que los relaciona con los demás? ¿De verdad quiere la mayoría de la sociedad catalana dejar de ser española? Las nacionalistas alegarán que no es ese su objetivo, y habrá quien esté dispuesto a aceptar el argumento. A estas alturas, sin embargo, nadie debería llamarse a engaño: lo que está en juego es la identidad española de los catalanes. Siempre ha sido así, por cierto.

Por otra parte, la desaparición de la nación española en Cataluña también tiene repercusiones en el resto de España. Es la ratificación de lo que corrientes políticas e ideológicas muy potentes vienen proclamando desde hace ya más de un siglo y se ha consolidado en la cultura y la enseñanza oficial durante toda la democracia: la inexistencia de una nación, como la española, que no ha tenido nunca entidad propia a no ser como una absurda aspiración quijotesca, fracasada de antemano.

Una vez fracasada la nación española no sólo se habrá acabado cualquier pluralismo cultural, reducida la antigua variedad al predominio de los nacionalismos locales. También se habrá acabado el pluralismo político y la convivencia que la Constitución establece construir sobre el fundamento histórico y presente de la propia nación.

Inmoralidad en Vich
Miquel Giménez. vozpopuli.es 19 Enero 2022

¿Tiene doble moral la alcaldesa de Vich? ¿O no tiene?

La Ciutat dels Sants, nombre por el que también es conocida Vich, capital de la comarca de Osona, no parece estar en manos de gente con demasiada santidad. Ahí tienen a su alcaldesa, la señora Anna Erra, de Junts. Bien conocida desde que llegó a su cargo mediante un pacto entre los por entonces convergentes y el PSC – inevitable acompañante, ayudante y lame cueros del nacionalismo – la señora Erra se ha destacado por ser radicalmente lazi. Mediante altavoces ha hecho escuchar sí o sí prédicas separatistas a los habitantes de Vich, ha permitido performances separatas que harían enrojecer a un orate, como instalar una jaula en medio de la plaza mayor para que la gente pudiera sentarse dentro y experimentar lo que padecían los “presos políticos” o, en el culmen de los cúlmenes, ha instado a los catalanes no habar en castellano a quienes no parezcan autóctonos de la patria de Otger Cataló y los Nueve Barones de la Fama. Porque esta historiadora sabe distinguir al no catalán a simple vista.

Bueno, pues con estos antecedentes y otros muchos que no caben en tan poco espacio, la alcaldesa ha decidido en pocos días denegar la instalación de una carpa informativa de la asociación Escuela de Todos, que aboga por el cese de la inmersión lingüística, así como otra que había solicitado para este sábado próximo el PP. ¿Motivos? Acogerse a la ordenanza municipal 96.3 que dice que deberá impedirse la celebración de actos o propaganda de todo aquello que sea “contrario a la moral, las buenas costumbres ciudadanas y el orden público”. Manifestaciones con antorchas pro separatismo, cárceles de mentirijillas, aquelarres lazis de todo tipo y altavoces a toda pastilla loando las virtudes del procés y defendiendo el intento de golpe de estado, sí; asociaciones o partidos que defiendan el orden constitucional, el respeto a la ley, la convivencia y la igualdad, no.

Esto no debería escandalizarnos, porque estamos hasta el galillo de tanto atropello, tanto abuso, tanto robo y tanta inmoralidad como para sorprendernos de que la alcaldesa Erra emplee métodos más propios de dictaduras que de una democracia. Ahora, un dato: la edil que se precia de poder distinguir al catalán del que no lo es de un simple vistazo – qué envidia para Gobineau, Chamberlain o el doctor Robert, que se tenían que contentar con medir cráneos para discernir la arianidad del sujeto en estudio – está convencida de lo que hace. No lo duden. Este tipo de personajes no se mueve por dinero, como muchos de sus conmilitones. Forman parte de esa Cataluña profunda, rancia, oscurantista, anclada en viejos prejuicios y en feudalismos cronificados, cargada con una agresividad feroz contra lo moderno, lo que venga de fuera, lo que no forme parte de su reducidísimo imaginario colectivo. Vich es cuna del reaccionario más furibundo, y no es casual que ahí empezase su corta aunque polémica carrera el partido Plataforma per Catalunya, que basaba su ideario en el rechazo frontal a todo lo que no fuera vernáculo. Añadiremos, tangencialmente, que si se dan una vuelta por la plaza mayor de esta localidad verán a más subsaharianos, para ser correcto políticamente, que en Nigeria. Pero, en fin, como sea que a la alcaldesa lo que le molesta es España eso no debe quitarle el sueño.

Resumiendo, a la señora Erra le parece inmoral que una asociación que defiende el bilingüismo o un partido estatal que ha gobernado España – y con el que, por cierto, se hartó de pactar convergencia – pero todo lo otro, no. Tengo para mí que lo suyo no es doble moral. Lo suyo es inmoralidad pura y dura. Al final, tendrá razón Hemingway cuando decía que moral es aquello que nos hace sentir bien e inmoral lo que nos hace sentirnos mal.
 


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