AGLI Recortes de Prensa   Viernes 21  Enero  2022

De la inflación al déficit: España, la oveja negra de Europa que suspende en todo
Beatriz García. Libertad Digital 21 Enero 2022

La nefasta evolución de la economía española ha truncado las esperanzas -y las promesas- del Gobierno de que España fuera a liderar en 2021 la recuperación. Hasta Nadia Calviño llegó a vaticinar que nuestro país se convertiría en "el motor de crecimiento de Europa" este año, pero nada más lejos de la realidad.

De todas formas, que España se hubiera situado a la cabeza del crecimiento del Viejo Continente en 2021, cuando en 2020 fue el país que más se hundió de toda la Unión Europea (un 10,8%), tampoco hubiera sido una gran proeza por este evidente efecto base. Pero es que, ni eso ha sucedido.

Previsiones ficticias
Así, otro año más, España se sitúa en el vagón de cola de la recuperación. Organismos como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) han rebajado las previsiones de crecimiento de nuestro país para este año al 4,5%, una cifra similar a la que estima la Comisión Europea (4,6%), y muy lejana a los números del área económica del Ejecutivo de Sánchez.

Y es que, el Gobierno todavía mantiene que la economía española va a crecer un 6,5% este año, aunque ni el INE, ni el FMI, ni Caixabank, ni BBVA, ni Funcas, ni la Airef, ni más de una veintena de organismos y casas de análisis se creen las ficticias cuentas de Sánchez.

El segundo mayor déficit y la cuarta deuda
Además, el crecimiento del PIB no es la única variable en la que España está comparativamente peor que sus países vecinos. De hecho, en la mayoría de los rankings, la economía nacional se sitúa entre los que sacan las peores notas.

Por ejemplo, este viernes, la oficina estadística Eurostat publicaba el apreciable desequilibrio presupuestario de España, donde solo el déficit de Malta (8,1%) supera a nuestro país (7,3%) como la economía con el mayor agujero de la eurozona en el tercer trimestre.

En cuanto a la deuda pública, España también se se sitúa en la parte alta de la tabla. Mientras que la ratio sobre el PIB de la eurozona está en el 97,7%, Grecia (200,7%), Italia (155,3%), Portugal (130,5%) y España (121,8%) fueron los países más endeudados. Además, respecto del mismo periodo de 2020, España registró el mayor aumento de la ratio de deuda pública (+7,8 puntos porcentuales).

La escalada de los precios también se está notando más en España que el resto del continente. Así, mientras que la inflación de la zona euro cerró 2021 en el 5%, en España, el dato es del 6,6%, el séptimo país de la UE donde más se desbocan los precios. Eso sí, si tenemos en cuenta a los países del euro, la comparativa más acertada de la inflación entre los países que tienen la misma moneda, España es la economía con mayor presión inflacionista solo por detrás de las subidas de Estonia, Letonia y Lituania.

La sed de sangre de Emmanuel
Itxu Díaz. https://gaceta.es  21 Enero 2022

Macron es el típico masón francés que, tarde o temprano, termina siempre engatusado por el poder desbrozador de la guillotina, esa “espada que brilla en las manos de los héroes de la libertad” en palabras de Robespierre. Representa hoy toda la miseria de ese conglomerado fallido que sigue siendo la Unión Europea. Su última propuesta, la inclusión del aborto en la Carta de Derechos Fundamentales, por más que haya sido proclamada al comienzo de la presidencia francesa de la UE, es el final del camino. La reinvención definitiva de una Europa sin europeos, diseñada por una élite política enloquecida en vanidades, que nada entre laicismos, medioambientalismos esotéricos, y centrismos templaditos que se limitan a pasar a limpio el Catecismo Progre de toda la vida.

La reinvención de Europa sobre la ficción progresista, sin ser un proceso nuevo, toma ahora el cariz preocupante de la institucionalización. Ya no es cosmética, ni palabrería. Macron no está proponiendo un anexo sin importancia a la Carta, si no la demolición desde el principio. No en vano, su propuesta dinamita –nada menos- el Artículo 1: “la dignidad humana es inviolable. Será respetada y protegida”. Y lo hace además con la inconsciencia que le brinda el hecho de desconocer por completo lo que significa dignidad humana, como le ha explicado bien, con otras palabras, Herman Tertsch en el Parlamento Europeo.

Macron destruye también, por supuesto, el Artículo 2: “toda persona tiene derecho a la vida”. Y el 3: “Toda persona tiene derecho a su integridad física y psíquica”. Podría continuar señalando el relato de la gran demolición porque, entre su pasión por el asesinato de bebés y su enfermiza obsesión por la excusa climática para cercenar libertades, apenas quedará algún artículo de la Carta de Derechos Fundamentales sin resultar violado, anulado, mutilado, entrecomillado, o pervertido. El centrismo de Macron es, en fin, moral, no político.

Hay quien dice que tocó fondo hace semanas con la confesión de querer “joder” a los no vacunados. Pero no es así, por más que ese gusto por el sadismo sugiere la urgente necesidad de visitar a un psiquiatra. El verdadero fondo es este, el final del camino es ahora: la vida, la dignidad humana, alfa y omega de todos los derechos todavía heredados de la Vieja Europa de la civilización frente a la barbarie.

Responde el francés, que se cree Napoleón, a un perfil político que llamo “3/4”. Esto es: de cada cuatro ideas, una puede incluso debatirse –casi siempre alguna fría política administrativa-, tres son solemnes tonterías, peajes de niño acomplejado al papá progre que le perdona la existencia sin ocultar todo su desprecio. Proclamó hace años: “he dejado de ser socialista”. ¿Y qué ha hecho desde entonces? Confirmar cada día que sigue siéndolo. Que es rehén de sus pecados del pasado. Y que, en vez de intentar liberarse de una vez por todas de esas cadenas de ruina, pretende arrastrar a toda Europa a su misma celda oscura.

Tampoco es casual el otro filo de la guillotina de Macron: por un lado, el aborto; por otro, el ecologismo. En su lógica desquiciada, el plan para una Europa moderna es retirar los derechos a los humanos y concedérselos al planeta. Este hombre está muy cerca de subir a lo alto de una montaña con un niño en brazos, y sacrificarlo para regar con su sangre las rocas y las plantas, en ofrenda al dios Sol, con el beneplácito de la más perversa de las razones. No sé si terminará haciendo la danza de la lluvia en sede parlamentaria, ataviado con collares de dientes de animales, pero para pretender levantar la Europa moderna del futuro, como proclama, me recuerda muchísimo a algo de no hace tantos siglos, cuando la sangre de los niños saciaba la sed de dioses que no existen, por obra y gracia de gurús enloquecidos que no conocieron la dignidad humana hasta que rozó su frente por vez primera el agua del bautismo cristiano.

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La sentencia del 25% del castellano es firme ¿y ahora qué?
La Consejería de Educación debe de dar instrucciones, antes de dos meses, a todos los centros educativos; las entidades que defienden el bilingüismo se reservan ejercer un incidente de ejecución
María Jesús Cañizares. cronicaglobal 21 Enero 2022

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha informado hoy de que la sentencia del 16 de diciembre de 2020, que establece la obligación de que al menos un 25% de la docencia se imparta en castellano a todos los alumnos del sistema educativo de Cataluña, ya es firme, tras el rechazo del Tribunal Supremo al recurso presentado por la Consejería de Educación. ¿Qué pasa a partir de ahora?

La Administración educativa catalana viene obligada a su cumplimiento desde hoy mismo. Corresponde ahora a la Generalitat, tal como establece la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, indicar el órgano responsable del cumplimiento de esta y llevarla a efecto en un plazo máximo de dos meses, según establece el TSJC en su resolución.

A juicio de Escuela de Todos, formada por 14 asociaciones (Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB),Asociación por la Tolerancia, Aixeca’t, Ampas Paralelas, AMES, CLAC, Cataluña por España, Impulso Ciudadano, Profesores por el bilingüismo, Plataforma Silenciosa, S’ha Acabat, Societat Civil Catalana, Segadors del Maresme, Asociacion de Jóvenes estudiantes Con la libertad) un "mínimo respeto a los principios del Estado de Derecho conduciría a la Generalitat a acatar sin más dilación la mencionada sentencia y no profundizar en el clima de crispación y enfrentamiento que intenta generar entre los catalanes al rechazar una obligación tan básica para los poderes públicos como es la de ajustar su comportamiento a la ley y a las decisiones de los tribunales".

Incidente de ejecución
No obstante, la Generalitat debe informar al TSJC de las instrucciones que va a dar para hacer eficaz el modelo de conjunción lingüística en todo el sistema educativo catalán. No existe razón alguna que pueda justificar el incumplimiento de la sentencia por lo que, en caso de que la Generalitat no dé cumplimiento voluntario a la misma, Escuela de Todos ha anunciado que presentará un incidente de ejecución, al amparo de lo dispuesto en el artículo 109 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. En el incidente, esas asociaciones pedirán al Tribunal que determine el órgano u órganos que han de responsabilizarse de realizar las actuaciones que hagan posible aplicar el modelo de conjunción lingüística en el sistema educativo catalán; que fije el plazo en que se debe adaptar el sistema educativo al nuevo modelo; y la concreción de los medios para llevarlo a efecto.

Sobre la forma de aplicar el fallo, el Departamento de Educación deberá dictar instrucciones dirigidas a todos los centros educativos catalanes para que modifiquen los proyectos lingüísticos que no respeten al menos un 25% de materias troncales o similares en castellano y en catalán. A su vez, la Inspección de Educación debe garantizar el cumplimiento de estas instrucciones. Tanto la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa como el Código Penal, recuerdan desde estas asociaciones, "ofrecen herramientas para impedir y sancionar cualquier medida dirigida a entorpecer la plena eficacia de las decisiones judiciales firmes".

La papel del Gobierno
El Gobierno de España, a su juicio, "tiene obligación de garantizar la enseñanza en castellano en todo el sistema educativo español y eso incluye también a Cataluña, por lo que debe velar desde la posición privilegiada y relevante que tiene en el procedimiento judicial para que la Generalitat ejecute la sentencia que reconoce un mínimo de 25% de clases en castellano a fin de garantizar los derechos lingüísticos de todos los alumnos catalanes".

La sentencia indica que el cumplimiento debe ser inmediato; por lo tanto, no necesariamente debe esperarse el plazo de dos meses previsto en el art. 104.2 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa para cumplir voluntariamente la sentencia. "La sociedad española y la catalana en particular están reaccionando con responsabilidad y mostrando de manera clara su voluntad de no dejar pasar esta ocasión para poner fin a la apropiación nacionalista de las aulas; pero es preciso que todos los actores políticos se comprometan en asumir el cambio inexorable que se va a producir en el modelo lingüístico en las aulas catalanas".

Escuela de Todos aboga "por la defensa de un modelo de convivencia en la escuela catalana respetuoso con los derechos lingüísticos y acorde con los valores democráticos que defendemos".

Indultos a los secesionistas
El Supremo inadmitirá los recursos contra los indultos del «procés» por falta de legitimación
Redacción. https://rebelionenlagranja.com 21 Enero 2022

El Supremo ha rechazado todos los recursos, particulares y de los partidos, contra los indultos a los líderes secesionistas catalanes condenados por el propio Tribunal Supremo, al estimar la falta de legitimación activa alegada por la Abogacía del Estado.

La Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del alto tribunal ha adelantado este jueves el fallo de los autos, cuyo contenido se conocerá en los próximos días, tras deliberar las alegaciones previas formuladas por la Abogacía del Estado.

Así, la Sala ha decidido por mayoría estimar la falta de legitimación activa planteada por la Abogacía en los siete recursos contra los nueve indultos de los líderes independentistas, que suman cerca de 60 recursos, ya que casi todos los recurrentes tienen un procedimiento abierto con nueve expedientes.

Fuentes jurídicas han explicado a Efe que la consecuencia de esta decisión será la inadmisión una vez las resoluciones sean firmes, ya que contra los autos que dicte la sala cabe recurso de súplica ante el propio tribunal.

A falta de conocer el contenido de los autos, la sala considera que ninguno de los recurrentes estaba legitimado para oponerse a la medida de gracia concedida por el Ejecutivo de Pedro Sánchez a los secesionistas del procés, lo que supone que no entrará a resolver el fondo del asunto, añaden las fuentes.

La legitimación activa para recurrir los indultos era el principal escollo a superar en la mayoría de los recursos antes de entrar en el fondo, porque solo pueden ir al Supremo quienes acrediten ser perjudicados directos por la puesta en libertad de los presos.

La legitimación se podía alegar por la Abogacía al inicio del plazo de contestación a la demanda en las «alegaciones previas» y a partir de aquí el Supremo podía abordarlo cuando lo viera oportuno o resolverlo cuando abordarse el fondo del asunto, es decir, que se dejase para la sentencia, lo que no ha sido el caso.

Entre los recurrentes figuran organizaciones como Convivencia Cívica Catalana y Pro Patrimonium Sijena y Jerusalén; partidos como Vox y el PP; y particulares que sostienen que resultaron perjudicados por el «procés».

Así, un recurso lo encabezan a título individual la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas; el actual portavoz en Cataluña, Carlos Carrizosa, y José María Espejo, todo ellos diputados del Parlament en 2017; otro es el presentado por Enric Millo, el que fuera delegado del Gobierno en Cataluña durante el «procés».

El séptimo recurso es el de los parlamentarios del PP en el Parlament de 2017 Alejandro Fernández, Andrea Levy, Santi Rodríguez, Juan Milián, y Lorena Roldán, entonces en las filas de Ciudadanos.

decreta la firmeza de la sentencia de 2020
La Justicia catalana da diez días al Govern para imponer el 25% de castellano en las aulas
En su resolución, la letrada de la sala contenciosa del TSJC decreta la firmeza de la sentencia que el tribunal dictó en diciembre de 2020
Beatriz Parera. elconfidencial 21 Enero 2022

Se acabó el tiempo para la Generalitat en la guerra jurídica por el catalán en las escuelas. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha declarado firme la sentencia que impone un 25% de clases en castellano en los colegios de Cataluña y ha dado diez días de plazo a la Generalitat para que empiece a aplicarla. En su resolución, la letrada de la sala contenciosa del TSJC decreta la firmeza de la sentencia que el tribunal dictó en diciembre de 2020, una vez el Supremo ha decidido no admitir a trámite el recurso de casación interpuesto por la Generalitat contra el fallo.

Con la decisión el Tribunal da un espaldarazo definitivo a la sentencia dictada el pasado 16 de diciembre. En aquella resolución, el tribunal defendía que el uso del español en gran parte de las escuelas catalanas "es residual", atendiendo así el recurso que interpuso la Abogacía del Estado cuando gobernaba el PP y obligando a la Generalitat a "adoptar las medidas necesarias para que garantice que todos los alumnos reciban de manera efectiva e inmediata la enseñanza mediante la utilización vehicular normal de las dos lenguas oficiales".

La Consejería de Educación recurrió entonces la sentencia ante el Supremo y defendió que la misma quedaría "sin efecto" en cuanto entrara en vigor conocida como Ley Celaá, que eliminaba la referencia al español como “lengua vehicular” en la enseñanza catalana de su texto. Sus argumentos cayeron en saco roto ante el alto tribunal y, en lo que se refiere a la idea de que el cambio legislativo dejaría esta obligación sin efecto, el TSJC ya ha rechazado esta idea desde que entró en vigor.

El TSJC apoya su decisión en el marco jurídico sobre el uso vehicular de las lenguas en la enseñanza, para lo que apunta al Estatuto de Autonomía de Cataluña, la Ley de Educación de Cataluña, la Ley Orgánica de Educación y varias sentencias del Tribunal Constitucional. En cuanto a la jurisprudencia del tribunal de garantías, destaca la de abril de 2019, en la que se avaló la enseñanza en catalán siempre que se garantice "el dominio del castellano". El fallo respondía al recurso presentado por el PP contra la Ley de Educación de Cataluña, declarando inconstitucionales diez artículos referidos al currículo y a la evaluación por considerarse que invadían competencias estatales.

No cambia las cosas
Destaca en este sentido una sentencia de septiembre en la que la Sala de lo Contencioso-Administrativo concluye que la reforma educativa "no cambia las cosas". La resolución respondía a un recurso interpuesto en 2019 por un padre que insistía en el derecho de sus hijos "a ser escolarizados durante la enseñanza obligatoria en lengua castellana y catalana en proporción equivalente". Los magistrados atendieron parcialmente sus argumentos y determinaron que debía garantizarse "una enseñanza que incluya el castellano como lengua vehicular, en proporción razonable". Según advertían, el español debía incluirse "en un 25% de las horas efectivamente lectivas".

Más allá del caso concreto, la resolución hace referencia a la ley Celaá a partir de la página 12, bajo un epígrafe que ya deja claro cuál es la postura al respecto: "El uso del castellano como lengua vehicular en la enseñanza deriva de la Constitución". En otras palabras: pese a que la ley Celaá haya eliminado la expresión 'lengua vehicular' al reformar la ley educativa de 2006, la exigencia de garantizar un mínimo de educación en castellano se mantiene en Cataluña.

El tribunal ha adoptado la decisión tras analizar la información requerida al Departamento de Educación de Cataluña sobre los datos reales del uso de ambas lenguas en los centros escolares, estudio que le ha llevado a concluir que "el uso vehicular de la lengua castellana en el sistema de enseñanza de Cataluña es residual, o al menos así es en una parte significativa de centros y grupos docentes, de forma que se constata una infracción del marco jurídico vigente".

La argumentación se basaba en la necesidad de determinar un nivel mínimo de utilización vehicular de la lengua oficial por debajo del cual hay que entender que se infringe el imperativo de uso ordinario y normal de la misma a la enseñanza. "Esta presencia mínima ha sido fijada por la jurisprudencia en un uso vehicular mínimo del 25% de las horas lectivas que, además de la enseñanza de la propia lengua oficial, debe incluir íntegramente al menos otra materia o asignatura no lingüística curricular de carácter troncal o análogo", sostenía.

La universidad, en el punto de mira de la política lingüística del nacionalismo
Isabel Fernández Alonso. cronicaglobal 21 Enero 2022

El Departament de Recerca i Universitats ha difundido una nota de prensa en la que anuncia la celebración, el 28 de enero, de una jornada en la que “reunirá a la comunidad universitaria e investigadora para analizar el uso del catalán y presentar el plan de medidas de fortalecimiento de la lengua”, que se hará público en abril. En esta jornada intervendrán representantes del Govern, la presidenta del IEC, el presidente de la Asociación Catalana de Ciencia Política --Jordi Matas, miembro de la Sindicatura del 1-O--, la lingüista Carme Junyent, el periodista Francesc Canosa, la investigadora Margarita Navia y un estudiante.

En la nota se manifiesta la voluntad del Govern de trabajar y consensuar el mencionado plan con “toda la comunidad universitaria y de investigación”, si bien bastantes miembros de esta comunidad no acabamos de identificar a ningún ponente en la jornada que represente nuestra concepción sobre cuál debería ser la política lingüística en nuestros campus.

En la misma línea, nuestros rectores --los mismos que posaron en la Universidad de Barcelona con pancartas a favor de la “amnistía”-- asumían el pasado junio --en el marco del denominado Compromiso contra la crisis educativa-- una serie de objetivos, también en nombre de todos y sin ningún debate previo, para “detener la regresión que sufre la lengua catalana en la docencia y la investigación universitarias”.

Al igual que sucede con los recurrentes manifiestos de los claustros --siempre alineados con las reivindicaciones nacionalistas y, sin duda, promovidos políticamente--, se trata ahora de generar la sensación de que, entre los miembros de la comunidad universitaria, también existe una especie de mirada única sobre la necesidad de reforzar la presencia del catalán en las aulas. Una mirada tan unánime que quien no la comparta ni siquiera merece ser escuchado.
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Como apuntaba recientemente la consejera Geis en Twitter, “el sistema universitario es una estructura de país”. Por consiguiente, hay que hacer lo posible por controlarla. ¿Y qué mejor forma que utilizando sistemáticamente las posiciones de poder para negar la discrepancia?

Los referidos objetivos del Compromiso de junio, firmados por los rectores con un tal Movimiento Estudiantil, van desde el absurdo de garantizar que se usa la lengua prevista en la guía docente --¡como si los profesores tuviésemos por costumbre anunciar el uso de una lengua y luego cambiarla!-- hasta fijar los mecanismos para que quienes cursen estudios de posgrado, máster y doctorado que se ofrezcan en español o inglés “tengan también conocimientos tanto de catalán como sobre el catalán”, pasando por garantizar que todos los estudios de grado se puedan cursar íntegramente en catalán. Todo ello sin olvidar la meta de alcanzar un 80% de docencia en catalán en todos los niveles universitarios, lo que, dada la importancia que se concede al inglés, supondría la práctica desaparición de las clases en español.

En definitiva, un catálogo de propuestas delirante que, sin duda, está detrás del plan que se prepara para abril. Un catálogo que choca con la realidad sociolingüística de Cataluña, con la lógica de los programas de intercambio, e intuyo que hasta con las previsiones lingüísticas de las memorias de grado y máster porque, si no fuera así, ya estarían exigiendo que se respetara su contenido y esto en absoluto es así.

Se trata de una arremetida contra la sensatez, similar a la que el nacionalismo ha lanzado contra la sentencia que pone fin a la inmersión en la escuela, con el matiz de que en nuestro caso --y esto conviene subrayarlo-- el Estatuto de Autonomía, en su artículo 35.5, establece que “el profesorado y el alumnado de los centros universitarios tienen derecho a expresarse, oralmente y por escrito, en la lengua oficial que elijan”.

Así las cosas, y con esta importante herramienta en nuestras manos, son más necesarias que nunca iniciativas en defensa de la convivencia lingüística en nuestros campus. Y algunas ya han surgido. Es el caso de la carpa de S’ha Acabat, en defensa de la libertad lingüística, destrozada el pasado octubre en el Campus de Bellaterra, y la carta remitida por Universitaris per la Convivència, un mes después, a la Asociación Catalana de Universidades Públicas, bajo el título Las libertades en la universidad catalana. En ella se denunciaba la violencia política que se ejerce en nuestros campus contra los estudiantes constitucionalistas, la vulneración de la libertad ideológica con declaraciones partidistas de los órganos de gobierno y también la presión lingüística. La carta concluye recordando a los rectores una idea clave del Manifiesto de la Capuchinada: que la única exigencia de una universidad democrática es “que ningún centro universitario sea dominio de un grupo político, religioso o ideológico”.

Y no lo será. No lo será porque la discrepancia existe, está cargada de razones y no se dejará arrinconar.

La infamia de Subirats
Alejandro Tercero, cronicaglobal 21 Enero 2022

No nos engañemos. El principal peligro para la convivencia en Cataluña no son los tipos como Puigdemont, Forcadell, Rull o Turull. A ellos se les ve venir. Siempre fueron de frente. Advirtieron una y otra vez de que organizarían un referéndum secesionista ilegal y de que declararían la independencia a las bravas. Y así lo hicieron.

El Estado democrático está sobradamente capacitado para defenderse sin despeinarse de estos energúmenos. Sus aberraciones se solucionan de un plumazo con un puñado de jueces, unos cuantos antidisturbios y unos años a la sombra. Y a por otra cosa.

Los verdaderos enemigos de la convivencia en Cataluña son los que se presentan como moderados, como razonables, como dialogantes, pero que en realidad trabajan incansablemente para socavar el marco legal que garantiza nuestros derechos y libertades. Aquellos a los que muchos consideran sensatos pero cuyos argumentos difieren muy poco de los de los nacionalistas más ultras.

Y no son pocos. Ni permanecen ocultos. Al contrario, en algunos casos alcanzan puestos de relevancia. Normalmente por culpa de la ingenuidad o de la necesidad de los que deberían priorizar la defensa de la legalidad y la equidad.

El último de estos personajes que ha emergido a la primera línea de la arena política es Joan Subirats, el nuevo y flamante ministro de Universidades. El mentor de Colau es una verdadera amenaza para todos los que quieren una sociedad más justa, más igualitaria y más próspera.

"No creo que exista ningún problema con el castellano en las universidades catalanas", soltó en uno de sus primeros encuentros con la prensa recién aterrizado en el cargo. La normalidad para este individuo es que el 75% de las horas de los grados universitarios en Cataluña se impartan en catalán, el 14% en español y el 10,9% en inglés (según datos de la Generalitat correspondientes al curso 2019-2020), pese a que --también según el ejecutivo autonómico-- el 48,6% de los catalanes tiene el castellano como lengua habitual; el 36,1%, el catalán, y el 7,4%, ambas.

Días después, montó el primer incendio en el Gobierno. Con la que ha caído en los últimos años planteó otro referéndum. “Creo que alguna forma de consulta de un cambio en la estructura del Estado tendría que haberla en un momento u otro”, propuso en una entrevista con Cuní. La portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez, se vio obligada a rebatirle de forma inmediata. “Cuando haya consulta, será sobre un acuerdo”, señaló la ministra en referencia a una hipotética reforma del Estatuto –en todo caso, otra frivolidad–.

Subirats compra y divulga los mismos argumentos que los nacionalistas: que si hay un “conflicto político” de España con Cataluña; que “una parte muy importante del problema que tenemos viene determinada porque hubo una reforma del Estatuto que se aprobó por el Parlamento de Cataluña, fue al Congreso de los Diputados, se votó en referéndum por el pueblo de Cataluña y después pasó lo que pasó con la sentencia del Tribunal Constitucional”; que el TC “no debería revisar” leyes aprobadas en parlamentos autonómicos; que si hay que “reconocer la identidad nacional catalana”...

El ministro de Universidades votó en los dos referéndums secesionistas ilegales, el del 9N de 2014 y el del 1-O de 2017. Y defendió su celebración públicamente. “Iré a votar o a lo que sea el 9-N para no dejar de apoyar el derecho a decidir y el amplio movimiento de radicalidad democrática con el que coincido”, alardeaba unas semanas antes desde las páginas de El País, en las que también proponía una posterior "Declaración Unilateral Constituyente".

El 1-O incluso tuiteó una foto suya votando en el referéndum ilegal, con mensajes como “Rajoy dimisión”, “he votado” y “democracia”. Posteriormente, arremetió sin piedad contra la aprobación del 155 (apoyada en el Senado por el PSOE, con el que comparte el Consejo de Ministros), embistió contra la detención de Jordi Cuixart y Jordi Sànchez (condenados por sedición) –“es un problema de democracia” que “quiebra las vías de diálogo posible”, dijo–, calificó a los condenados por el procés de “presos políticos” y reclamó que se colocara el lazo amarillo en la fachada del Ayuntamiento de Barcelona. Hasta ha tenido palabras de cariño y comprensión hacia el fugado Puigdemont.

Por supuesto, Subirats es absolutamente libre para hacer y decir lo que le venga en gana. Lo increíble es que el PSOE le haya permitido entrar en su Gobierno.

Rechazo a los recursos
PP, Vox y Cs llevarán al Constitucional el fallo sobre los indultos del 'procés'
La resolución del Supremo, que niega todos los recursos presentados, ha generado cierto alivio en Moncloa y la Generalitat, mientras que la oposición se muestra decepcionada y resignada por la decisión
Beatriz Parera. Ignacio S. Calleja. elconfidencial 21 Enero 2022

PP, Vox y Ciudadanos elevarán al Tribunal Constitucional el rechazo a sus recursos contra los indultos del 'procés'. En un clima de decepción generalizada por el portazo del Supremo este mismo jueves, los partidos de la oposición articularán en los próximos días una nueva ofensiva contra el Gobierno de Pedro Sánchez para mantener viva la causa contra los nueve políticos presos condenados por malversación y sedición. Sin embargo, no será una tarea fácil.

Tanto estas formaciones como las asociaciones y los miembros del Parlament que acudieron a la Sala Tercera del Supremo, que fue quien dictó la resolución, tienen ahora la posibilidad de acudir en amparo ante el Constitucional, pero antes deberán presentar un incidente de nulidad de actuaciones ante la sala sentenciadora. Una vez que se les responda, tendrán vía libre, pero el proceso será complejo.

Tienen en contra tanto el tiempo como las posibilidades de éxito. Ante el Constitucional, deberán alegar que han visto vulnerado su derecho fundamental a una tutela judicial efectiva. Fuentes jurídicas consultadas indican que en ocasiones anteriores el tribunal de garantías ha sentenciado que la inadmisión motivada de un recurso no lesiona este derecho. Además, la respuesta del tribunal de garantías puede alargarse meses y no es un secreto para nadie que la puesta en libertad de Oriol Junqueras y el resto de políticos catalanes ha comenzado a normalizarse y ese efecto se potenciará cuanto más tiempo pase.

El rechazo a los recursos ha desinflado definitivamente las expectativas de PP, Vox y Ciudadanos de reactivar una posible ofensiva contra Pedro Sánchez. El tiempo vuela y lo que hace solo unos meses cargaba de munición a la oposición ha pasado a un plano secundario, con el Gobierno mucho más cómodo y, desde hace meses, dando por superado todo el desgaste. El fallo, incluso, puede ayudar a calmar la tensión reciente con la Generalitat.

La decepción para el bloque de la derecha es evidente, especialmente porque en el fondo son plenamente conscientes de que cualquier crítica no tiene más recorrido que el que marquen los tribunales. Los tres partidos agachan la cabeza y acatan la decisión judicial con resignación, pero se agarran a la mínima diferencia que ha decantado la resolución para mantener viva la causa contra los nueve políticos catalanes condenados. El líder del PP, Pablo Casado, ha confirmado que el PP recurrirá la decisión alegando que su partido está "legitimado" como afectado, como, a su juicio, demuestra la investigación sobre los comités de defensa de la república (CDR). Además, ha recalcado que tienen que defender "la unidad nacional y la ley".

Alivio en el Gobierno
Desde el Ejecutivo, ven en este momento corroborada su decisión de indultar el pasado verano a los líderes del 'procés'. Fue un movimiento arriesgado, controvertido y que requirió de una buena dosis de pedagogía a nivel político. Fueron el entonces ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, y el ex secretario general de Presidencia Félix Bolaños, unos días más tarde ascendido a ministro, quienes ofrecieron prolijas explicaciones para justificar las medidas de gracia. Por la "concordia", para superar una etapa de conflicto y abrir un tiempo nuevo en Cataluña, expusieron, en el que primara la política. Hoy, siete meses después, la sensación es de alivio tras conocer la decisión del Supremo, según informa Fernando H. Valls.

Moncloa opta por proclamar su "respeto a las decisiones judiciales", manteniendo silencio sobre el rechazo por parte del alto tribunal a los recursos. Justicia hace lo propio. Pero otras fuentes gubernamentales apuntan que el fallo, aunque se haya adoptado por la mínima, insufla ciertas dosis de satisfacción en un momento en que las relaciones entre Moncloa y la Generalitat se han tensionado. El Gobierno central está recibiendo presiones para convocar una nueva mesa bilateral, pero Sánchez está enfriando la decisión.

La Generalitat recibió con el mismo alivio la decisión del Tribunal Supremo. De manera oficial no se han hecho declaraciones, pero la posición del alto tribunal se ha vivido como una victoria de la Administración catalana. Lo que pasa es que el Gobierno autonómico siempre rechazó de manera oficial los indultos, de manera que ahora tampoco podía celebrarse, cuando de forma oficial se ha estado renegando de los indultos mientras se reclama la amnistía en la mesa de diálogo, informa Marcos Lamelas.

Pena y resignación
Este estado de ánimo contrasta con el de la oposición. El PP reconoce también la “pena” que supone el fallo y destaca que la falta de legitimación que arguye el tribunal no ha puesto en cuestión la medida de gracia. “No pone ni un pero a la crítica política de actos tan aberrantes como el perdón concedido a unos delincuentes en contra del criterio unánime de la Sala Segunda del Supremo sin que hayan pedido perdón y se hayan jactado de que lo volverían a hacer”, ha declarado Enrique López, secretario de Justicia y Administraciones Públicas del partido, tras la resolución.

La misma percepción tienen en Ciudadanos. El número dos de la formación, Edmundo Bal, no ha ocultado su desilusión y ha insistido en que la falta de legitimación no puede enterrar una futura resolución sobre la cuestión de fondo. “Seguimos pensando que esos indultos son contrarios al Estado de derecho y a la igualdad entre españoles”, ha dicho Bal.

Pero quién está legitimado o no esconde también el pulso de Vox con el resto de partidos del centro derecha para liderar la causa contra el nacionalismo. La formación de Santiago Abascal ha reiterado que su posición es distinta a la de populares y naranjas, habida cuenta de que ellos fueron los únicos que se personaron en el juicio del ‘procés’ y, por tanto, sí están capacitados para hacerlo. “Nuestra posición no es la misma que la del resto de partidos”, ha declarado Macarena Olona en su perfil de Twitter.

40.000 rojigualdas en el cielo catalán
Sergio Fidalgo. okdiario 21 Enero 2022

El separatismo siente pavor por la selección nacional de fútbol. No hay nada que produzca más urticaria a un enchufado de Esquerra o de Junts, de esos que hablan de la república catalana y del mandato del 1 de octubre mientras se embolsan 80.000 euros por rascarse las nalgas, que ver miles y miles de rojigualdas en las calles de Barcelona y de las principales ciudades catalanas, como pasó cuando España ganó el Mundial de Sudáfrica y las dos Eurocopas.

Miento. Sí que hay algo que les produzca aún más pavor. Que esas miles y miles de banderas nacionales estén concentradas en un recinto deportivo y que ese partido se pueda ver en todo el mundo. La final de los Juegos Olímpicos de Barcelona, en la que la selección de Vicente Miera consiguió el oro frente a Polonia en un Camp Nou en el que ondeaban un aluvión de rojigualdas marcó un antes y un después. A partir de ese momento, Jordi Pujol, mediante las visitas del combinado nacional se fueron espaciando, hasta que dejaron de producirse. El mensaje era claro, había que evitar explosiones de júbilo ‘españolista’ en la Cataluña del oasis.

La final de los Juegos Olímpicos la viví en el Camp Nou junto a un amigo independentista. En 1992 el secesionismo era una minoría casi anecdótica, porque el nacionalismo catalán entonces apostaba con fuerza por el pujolismo del peix al cove, o sea en ir sacando prebendas pactando con el gobierno de turno para expulsar poco a poco al Estado de Cataluña. Les puedo asegurar que mi amigo indepe, que llevaba su estelada a todas partes, acabó aplaudiendo a la selección española como si fuera una mezcla del duque de Alba y el conde duque de Olivares. Es lo que tiene el fútbol, un poder eléctrico que cambia mentalidades.

Por eso, se ha producido la anomalía de que la selección de España no ha visitado durante dieciocho años la segunda ciudad de España, algo increíble muy difícil de explicar salvo por la enorme fuerza política del separatismo catalán. La capital catalana parecía territorio vedado para el equipo nacional, a pesar del esfuerzo de entidades cívicas como Barcelona con la selección, Espanya i Catalans o Societat Civil Catalana, entre muchas otras, para conseguir su retorno. Tras esta incomprensible sequía se ha conseguido que los de Luis Enrique disputen un partido menor, un amistoso contra Albania, el 26 de marzo, en el RCDE Stadium. El Espanyol, al fin, ha tomado el toro por los cuernos y ha aceptado ser el anfitrión del reencuentro de Cataluña con su equipo nacional. Y es que el equipo nacional de Cataluña es, y será, la selección de España.

Ahora toca, a pesar de la modestia del rival, llenar el estadio perico con 40.000 españoles de bien que animen a nuestro equipo nacional y hagan ondear en cielo catalán 40.000 banderas rojigualdas. Hemos de demostrar que se pueda traer a la selección a Cataluña con éxito para que el próximo encuentro sea oficial, contra una selección de nivel, para que todo el planeta vea que en la gran Barcelona la bandera de España ondea como en ningún otro sitio. Y que el ho tornarem a fer por la “república catalana” no tiene la adhesión de la mayoría de catalanes. De la misma manera que el 8 y el 29 de octubre de 2017 se desmontaron buena parte de los mantras separatistas cuando un millón de catalanes salieron a la calle para decir que eran catalanes y españoles, que la presencia del equipo nacional se normalice en los estadios catalanes es imprescindible para luchar por la causa de la defensa de la unidad de nuestro país.

Así que ya saben, el 26 de marzo todos a Cornellà-El Prat, con la bandera nacional bajo el brazo. Hagamos que esa noche Oriol Junqueras y Carles Puigdemont tengan pesadillas.

La versión de Bildu
Vicente Torres. Periodista Digital 21 Enero 2022

El sistema español fue diseñado por unos señores que no se esmeraron mucho en proteger los intereses de los ciudadanos y como consecuencia hay una gran cantidad de partidos antisistema cuya intención es arruinar a los españoles y mientras llega la miseria hacerles la vida imposible.

Uno de esos partidos antisistema que recordemos, que como todos los demás, sirve de apoyo a Sánchez, en un trueque que, básicamente consiste en que mientras él duerme en la Moncloa y se sube al Falcon cuando se aburre, ellos van haciendo de las suyas impunemente. El último espaldarazo a Bildu para que pueda recibir dinero del erario a cambio del mal que hace se lo dieron Pascual Sala, Eugenio Gay, Elisa Pérez Vera, Pablo Pérez Tremps, Luis Ortega y Adela Asúa.

Dicho esto, vayamos al grano: Lo de Alsasua no pudo ser una pelea de bar porque los guardiciviles tienen prohibido participar el peleas y provocarlas, y quienes fueron agredidos son especialmente respetuosos con las normas y las leyes.

Porque la relación de Bildu con la honra, la verdad y el bien común es totalmente inexistente. Todos los integrantes de este partido y sus votantes son moralmente putrefactos, cobardes y torpes. Como prueba de esto último está lo que dijo uno de sus dirigentes, el etarra Otegui, que puede haber cometido más delitos de los que se le conocen, y lo dijo, recordemos, en la mismísima televisión española: «quizá hicimos más daño del que teníamos derecho a hacer». A Sánchez no le cae la cara de vergüenza de que entrevistaran a este en la televisión ni de que sea socio suyo. Ni sus votantes tampoco se avergüenzan.

Alsasua es un pueblo maldito, porque la mayoría de sus habitantes defiende la acción cobarde y criminal de los agresores. Si fueran personas cabales comprenderían lo depravado de la acción. Pero no, son depravados.

El saqueo de la España vaciada (1)
Antonio Robles. Libertad Digital 21 Enero 2022

La proliferación de partidos a imagen y semejanza de Teruel Existe simboliza el triunfo del cantonalismo y el fracaso del Estado como ámbito cívico donde todos los ciudadanos son iguales en derechos y obligaciones, independientemente de su ámbito territorial y su capacidad de influencia. Posiblemente constituya la última y más nociva degeneración del nacionalismo identitario, aunque algunos hayan nacido precisamente para combatirlo. O al menos para defenderse de sus abusos y privilegios.

Pisamos tierra abonada. La España vaciada es una evidencia sangrante de pueblos abandonados o en vías de extinción y ciudades históricas reducidas hoy a la mínima expresión, donde sus hijos no tienen más salida que la huida a las grandes urbes. Esa feliz expresión ha sabido definir la tragedia demográfica de una España cada vez más injusta, desequilibrada y dañina para la vida de millones de españoles desarraigados de su entorno natural y familiar.

Si hoy hay una España vacía no es porque antes no hubiera existido vida, actividad económica, cultura y una demografía equilibrada, sino porque las decisiones políticas y los nuevos modelos de producción la han vaciado. Comenzó el éxodo del campo a la ciudad en la posguerra, pero, paradójicamente, cuando el vaciado se ha hecho irreversible ha sido durante estos últimos cuarenta años de reparto asimétrico de los presupuestos del Estado y los privilegios nacionalistas. De ahí la expresión de España vaciada en lugar de vacía. La dejación del PSOE y del PP tiene mucha responsabilidad.

Definida la tragedia, era una cuestión de Estado crear las infraestructuras básicas para su desarrollo, primar con presupuestos las deficiencias en actividades económicas productivas y fijar población. En una palabra, equilibrar demográficamente el territorio nacional y las actividades productivas. Empezando por la fibra óptica y la telefonía móvil, imprescindibles para el trabajo on line. El modelo es Alemania.

Ese esfuerzo no era ni debía ser partidista, sino un proyecto de Estado como garantía de una nación de iguales, donde territorios y ciudadanos sean tratados según sus necesidades y no según su capacidad de chantaje. Por eso la expresión de la España vaciada no podía ser patrimonio de ningún partido en particular, sino la hoja de ruta de todos para revertirla.

Sin embargo, la feliz expresión España vaciada ya se la han apropiado los inspiradores de Teruel Existe convirtiéndola en partido político (30/9/2021). Tomás Guitarte está detrás manejando lo que de momento se presenta como Plataforma Nacional España Vaciada, con más de 160 entidades y asociaciones de 30 provincias. La ideología ya se la pueden imaginar, un popurrí donde cabe todo bajo el cabreo del agravio y el populismo localista. Lo llaman transversal, y le sirvió a Tomás Guitarte para llegar al Congreso en nombre del abandono de Teruel y acabar apoyando a un Gobierno de populistas, independentistas y proetarras capitaneado por un presidente sin escrúpulos. Seguro que los electores ignorados de Teruel no le votaron para eso.

El quilombo ya está servido en las elecciones autonómicas de Castilla y León. Un sinfín de agrupaciones de electores, partidos localistas y la propia Plataforma España Vaciada han iniciado la pugna por representar los agravios de esa tragedia: Soria ¡Ya!, Palencia Meseta Limpia, Palencia Existe, Burgos Enraíza, España Vaciada Salamanca, Segovia Existe, Coordinadora Rural de Zamora, León Ruge, Unidad del Pueblo Leonés, Por Ávila, Ahora Decide Zamora… Seguro que entre estas iniciativas hay personas honestas y proyectos bien intencionados, pero ni esos ni los que han visto la oportunidad de medrar en el revoltijo escaparán del tocomocho identitario. Convertirán la política en una subasta, y el Congreso en un zoco.

No podemos todavía evaluar su alcance, pero todo hace pensar que, independientemente y más allá de la voluntad que anima a esa ensalada rusa de intereses y voluntades políticas, quienes pagarán el pato serán los ideales sociales de igualdad; y quienes recogerán sus frutos serán los enemigos de la nación. O sea, las ideas reaccionarias del nacionalismo periférico. Esta atomización es su triunfo.

Jorge Buxadé: «Se trata de atacar al separatismo catalán, no de defendernos»

CAKE MINUESA. okdiario 21 Enero 2022

El Ateneo Mercantil de Valencia ha sido el escenario de un debate donde se ha tratado el mito de los llamados «países catalanes» que el separatismo catalanista quiere dominar bajo su yugo en su afán expansionista. El acto fue organizado por la organización DENAES (Fundación para la Defensa de la Nación Española) junto al grupo parlamentario de Vox en las Cortes valencianas, y allí ha estado CiudadanOK para pulsar la opinión de los destacados dirigentes allí presentes.

Jorge Buxadé, vicepresidente de Acción Política de Vox, subrayó que el objetivo buscado en acciones como esta «no es sólo defensa, se trata de atacar. La realidad de lo que se vive en Cataluña, en Valencia, en Baleares, no nos gusta. Queremos defender que cualquiera que quiera ser educado en español pueda serlo».

El director de DENAES, Iván Vélez, le explicó a Cake Minuesa que «lo que pretenden [los separatistas] es unirse a una Europa de las regiones y dominar esas áreas territoriales mediante castas que llevan tiempo implantadas con unos intereses económicos muy concretos. Nosotros, como defensores de la nación española, no podemos consentir esto. Entendemos que lo que hacemos es la legítima defensa».

Uno de los puntos calientes ha sido la situación en Baleares, uno de los lugares donde más se siente el afán expansionista del separatismo catalanista. Jorge Campos, presidente de Vox en esta comunidad autónoma, denunció que «la mancha de aceite del separatismo catalán se expande, y donde más daño ha hecho es en Baleares, después de en Cataluña. En Valencia le han puesto el acelerador y su objetivo es lograr los ‘paísos catalanes’».

Ignacio Gil Lázaro, diputado de Vox por Valencia, explicó que «la izquierda ha tratado de eliminar los valores seculares valencianos, que siendo autóctonos han sido siempre proyectados desde una profunda lealtad a España están siendo sustituidos por otra cosa».

La jornada ha incluido cuatro mesas redondas en las que se ha abordado el problema de los mal llamados Países catalanes desde distintas perspectivas.

Josep Ramon Bosch: «La solución (en Cataluña) no pasa por mesas de diálogo o más competencias»
El historiador y expresidente de SCC Josep Ramon Bosch presenta «Cataluña, la ruta falsa»
Rocío Esteban. larazon 21 Enero 2022

Josep Ramon Bosch (Santpedor, 1963), expresidente de Sociedad Civil Catalana (SCC) y promotor del partido catalanista Lliga Democràtica, ha presentado este jueves acompañado por el ministro de Cultura, Miquel Iceta, en Madrid su último libro, «Cataluña, la ruta falsa» (Deusto). Una obra con la que trata de desmontar el relato independentista en el que continúa instalado una minoría catalana bajo el mantra de que «Cataluña es una nación» o de que «España es el enemigo».

El también historiador ofrece una invitación para volver a construir un «proyecto común» del que asegura que sí existen posibilidades porque «no hay un problema catalán» sino un «problema separatista», según reflexiona en declaraciones a LA RAZÓN. Para el autor, «no hay España y Cataluña, sino Cataluña y resto de España». De hecho, desecha la idea de que haya un grupo de «unionistas» porque, defiende, «no hay nada que unir», sino que existe «un pequeño grupo de catalanes ideologizados que utilizan el populismo surgido de la crisis económica, institucional y moral del 2008, para avanzar su agenda ideológica». Con el mismo argumento descarta que debamos «encajar Cataluña», sino «superar el separatismo en el Estado de Derecho».

El autor recuerda que «la falsa ruta», título de su libro, ya la emprendió el nacionalismo en 1934 y que después «se repitió» en 2017. Lamenta que «cuando puedan, lo volverán a repetir». Ante la posibilidad de que el Gobierno convoque la mesa de diálogo entre Gobierno y Govern, el ex presidente de SCC cree que «la solución al pleito político» no pasa por este foro ni «por otorgar a Cataluña más competencias». Recomienda «trabajar en la mejor tradición del catalanismo político». El autor expresa como deseo que la división «llegue a su fin», así como que «la amenaza de ruptura de nuestro Estado cese» y que el «desafío a la legalidad termine».
Sus propuestas

Con una mirada amplia, Bosch disemina a lo largo del libro una serie de propuestas con el fin de poner fin de abordar el desafío separatista. Augura, eso sí, que «no hay solución, a corto plazo, una vez constatado que el diálogo es difícil y que la aplicación exclusiva de medidas legales no asusta al soberanismo». Como propuestas, además de que vuelva el «impero de la ley», pide que los catalanes sean invitados a ser de nuevo «coautores y coprotagonistas» del horizonte de futuro. Cree que lo ideal sería conseguir el retorno de empresas a Cataluña para lo que es necesario «crear seguridad jurídica» y «fijar los incentivos fiscales suficientes para fijar su retorno». Ve acertada una estructura de gestión descentralizada en diferentes niveles para la mayoría de comunidades, así como el reconocimiento de País Vasco y de Cataluña en la Constitución con el reconocimiento de competencias exclusivas en materia de cultura, lengua y educación. También plantea el reconocimiento de la «nación cultural catalana» o evaluar la posibilidad del traslado del Senado a Barcelona y otras instituciones a otros territorios, así como la titularidad de la capitalidad de Barcelona junto a Madrid. Pide, entre otras cuestiones, la participación de todas las comunidades en los órganos constitucionales. Acentuar la presencia de la Guardia Civil y del Ejército en la comunidad, porque «lo que no se conoce, no se quiere».También apuesta por incentivar la presencia de las obras del museo del Prado en Barcelona para «desinflamar odios».


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