AGLI Recortes de Prensa   Domingo 23  Enero  2022

El Supremo nos niega hasta el derecho a la injusticia
Federico Jiménez Losantos. Libertad Digital 23 Enero 2022

Una decisión, dividida o despiezada, de la que ha hecho méritos más que suficientes para llamarse Sala Dolores Delgado de lo Tendencioso Administrativo (o Bar del Balta y la Lola), ha negado el derecho a pedir justicia contra los golpistas catalanes de los partidos políticos opuestos a la rebelión de la Generalidad, de los diputados catalanes que se le opusieron en el Parlamento regional, de entidades como Convivencia Cívica Catalana y de los que, como simples ciudadanos, han buscado el amparo de la Ley.

Esa Sala, en abierta negación del orden constitucional, ha negado la legitimidad para pedir justicia de partidos políticos que representan a once millones de españoles, de los diputados que, en el parlamento regional, se opusieron al golpe, y de los ciudadanos corrientes que les pagan el sueldo, aunque, los pobres, no pueden garantizarles el ascenso. No es que esa Sala haya tomado una decisión injusta. Es que prohíbe a los españoles hasta el derecho a la injusticia. El Supremo ha alcanzado la suprema indignidad.

Una justicia cada vez más bolivariana
La demolición de las democracias liberales en Iberoamérica sigue el patrón de la Venezuela de Chávez que trato en La vuelta del comunismo. Desde dentro de las instituciones, a través de oenegés y fiscalías especiales, de tribunales ideológicos asociados a la imposición de una Memoria oficial, de reivindicaciones indigenistas, feministas, ecologistas o animalistas, se destruye la idea de ciudadanía basada en la igualdad ante la Ley, y de los derechos humanos, siempre individuales, en favor de supuestos derechos colectivos, ancestrales, de género, históricos o ambientales.

El fruto es una maraña institucional que es a la vez el Estado y su negación, la abolición de la Ley y la imposición del permiso, sin Ley de Leyes o Constitución que garantice su coherencia y continuidad. Si los comunistas (porque son comunistas, no, como dicen las mafias mediáticas, populistas, radicales, ecologistas o indigenistas) llegan al Gobierno, actúan como si siguieran en la oposición. De hecho, gobiernan contra ella y contra los sectores de la sociedad que se les opongan, porque el Gobierno es sólo un escalón para alcanzar el Poder absoluto, totalitario. En Perú y Argentina, países muy distintos, se vive idéntico abuso de poder. En Chile, se admitió una constitución nazi-soviética, en la que la voluntad del pueblo, expresada en el Partido, es perpetuamente constituyente. Ya no existe la Ley en Chile.

¿Es distinto el caso de España? Cada vez menos. Y en algunos ámbitos, como el de la Fiscalía, no hay diferencia, por ejemplo, con la fiscalía del Perú, que cuida las espaldas jorobadas de Sombrero Luminoso. De hecho, fue a las elecciones y se proclamó vencedor gracias a la forma torticera en que se aplicó la Ley antes, durante y después de las elecciones. ¿Qué diferencia hay entre Dolores Delgado, Fiscal General del Estado en España, y su homóloga en el Perú? Que la peruana desaparece de los casos complicados para el Ejecutivo y la española aparece en todos los casos que a toda costa quieren sacar adelante el Gobierno o sus socios. La de Lima peca por ausente y la de Madrid, por omnipresente. Mejor la de Lima. Zoraida Ávalos se desvanece antes los casos comprometidos. Dolores Delgado se entromete incluso en los menos complicados. Mejor Zoraida.

El salón-comedor de lo tendencioso-administrativo
Muchos jueces de lo contencioso-administrativo del Supremo, se han echado las manos a la cabeza viendo a una sala de los suyos declarando no legitimados para pedir justicia a partidos políticos o simples ciudadanos. No hay ley que pueda negar la posibilidad de pedir Justicia en un tribunal superior. Aunque exista el remoto precedente técnico de Eligio Hernández, otro fiscal general del Estado al servicio particular del gobierno del PSOE, es evidente la gravedad del golpe de Estado en Cataluña y el daño que su parcial impunidad legal ha causado en el orden político y en los derechos civiles de los ciudadanos españoles de Cataluña, sujetos a una permanente vulneración de sus libertades por las mismas entidades golpistas de 2017.

Hay que estar muy ideologizado o muy encanallado para declarar no legítimos a los partidos, entidades cívicas y ciudadanos que piden justicia. Porque, insisto, lo que ha negado el Salón-Comedor Dolores Delgado, con la fiscalía al frente, es la legitimidad de pedir justicia contra los golpistas.

No es la primera vez que una Sala de lo Contencioso del Supremo se convierte en Salón-Comedor y sirve su famoso pato laqueado politizado. La última, un plato especial en honor a la deidad local, la Lola del Balta. La declaró perfectamente elegible para el cargo por acreditar sobradamente la independencia y apartidismo que legalmente debe tener el Fiscal General. ¿Cómo puede dudar nadie de la imparcialidad de una señora que acaba de ser ministra de Justicia del Gobierno, es diputada del partido del Gobierno, ha dado mítines, en el escaño y en la calle, en favor del Gobierno y que, tras acreditar en todas sus actuaciones un sectarismo apenas matizado por su ignorancia, se exhibe públicamente con un juez expulsado de la carrera por prevaricación y que es el principal abogado del cartel de los Soles, o sea, el Gobierno venezolano, la mayor banda narcotraficante del mundo?

Había otra razón para declarar a Delgado inelegible para el cargo. Impulsado por ella, el teniente fiscal Navajas negó a los españoles la mera posibilidad de demandar al gobierno por los daños sufridos por el Covid19. Pese a las clamorosas improvisaciones del Gobierno Sánchez, que negó al principio el virus para convocar el 8M, siguió negando la necesidad de mascarillas, prosiguió sin comprar vacunas, y, tras intervenir ilegalmente Madrid, acabó entregando sus competencias a las comunidades autónomas, hete aquí que Delgado, la Lola del Balta, la ministra de Sánchez, la novia del Abogado del Narco, les niega a los españoles, a través de uno de tantos profesionales dispuestos a lo que sea para coronar una carrera en el guano, el derecho a demandar al Gobierno por una serie de incompetencias que se saldaron con la muerte de 140.000 ciudadanos. Muchos, de forma atroz.

De Zoraida Ávalos a Dolores Delgado
Pero todo el mundillo judicial sabe que Delgado tiene en el área de lo Contencioso-Administrativo del Supremo una zona liberada, como las de los narcos en la selva. Y que allí reina la Ley de Acomodamiento al Gobierno Sánchez. Se demostró en el asalto a la tumba de Franco, cuando obligaron por unanimidad a la familia a enterrarlo donde dijo el Gobierno. Semejante atrocidad con los vivos y los muertos no se había producido en España ni siquiera durante las guerras carlistas, sucesión de atrocidades. Ya dediqué entonces uno de estos comentarios a aquella fechoría, que además firmaron jueces muy píos, del Opus Dei, escupiendo al hombre que más ha hecho por los católicos españoles desde que llegó aquí el mensaje cristiano.

¿Qué diferencia, pues, a una fiscal bolivariana de cualquier país bajo la férula comunista, por ejemplo, esa del Perú con el suntuoso nombre de Zoraida Ávalos, de la garzoniana y cantaora Dolores Delgado, La Lola?

Cuesta admitir que, por mucho que uno busque, prácticamente nada

VOX apoyará al mundo rural en su gran movilización de este domingo en Madrid
POR LA COMPETENCIA DESLEAL Y LA ESTIGMATIZACIÓN DE SU MODO DE VIDA
LGI. https://gaceta.es/ 23 Enero 2022

El vicepresidente de Acción Política y eurodiputado de VOX, Jorge Buxadé, y el portavoz de VOX en la comisión de Agricultura del Congreso, Ricardo Chamorro, apoyarán este domingo al mundo rural y acudirán a la manifestación convocada en Madrid y que es secundada por más de 300 asociaciones del sector primario.

La asociación Alma Rural ha convocado la cita, que llevará como lema ‘El mundo rural se muere’, como protesta por la situación y la desprotección que el sector está sufriendo. «El mundo rural se encuentra en una situación insostenible, atacado de forma sistemática por intereses económicos e ideológicos que ponen en peligro la subsistencia del sector primario en España», ha denunciado.

La marcha arrancará a las 11:00 horas con la lectura de manifiestos y reivindicaciones en la plaza de San Juan de la Cruz. Contará, según la organización, con 40 tractores, 50 caballos y 15 carros tirados por bueyes, y perros de trabajo y mascotas, y concluirá sobre las 15:00 horas en Atocha frente al Ministerio de Agricultura.

La Agenda España impulsada por VOX denuncia que uno de los pilares fundamentales de la agenda globalista 2030 es la «estigmatización del modo de vida rural«, del campo, de sus habitantes y de su estilo de vida.

VOX sostiene que la repoblación de las zonas rurales es crucial para garantizar la prosperidad y la vertebración de todas las regiones, por lo que propone impulsar «la creación y el crecimiento de empresas en la economía rural concediendo incentivos fiscales» y reforzar las infraestructuras de transporte para garantizar la rápida conexión de cualquier núcleo rural con servicios públicos básicos como centros sanitarios o educativos.

También aboga por garantizar que el agua sea un recurso accesible a todos los españoles, y por la defensa de la caza como actividad esencial para el control de las poblaciones y para la protección de las explotaciones agrícolas y de los festejos taurinos y las tradiciones populares.

Asimismo, la Agenda España censura el acoso al sector primario a través de la competencia desleal y la «religión climática», y denuncia que las iniciativas promovidas por el globalismo suponen la desaparición de numerosas explotaciones agrícolas y ganaderas, destruyen miles de puestos de trabajo y aceleran el drama de la despoblación en la España abandonada por los Gobiernos del PSOE y del PP.

Por ello, para la formación liderada por Santiago Abascal «España debe desmarcarse de toda legislación internacional» que culpabilice a sus productores de los problemas medioambientales mientras exonera a países que lideran las estadísticas de contaminación como China y asegurar que los productos extranjeros están sometidos a las mismas regulaciones y normativas que han de cumplir las empresas españolas.

No hay dinero para test pero sí ‘pellones’ para perroflautas en Dubái
EDUARDO INDA. okdiario 23 Enero 2022

Una Exposición Mundial, que es como Fitur pero a lo bestia y en versión cosmopolita, se organiza al menos cada cinco años. Sobra decir que estos acontecimientos son siempre una magnífica oportunidad para vender, contar y cantar las excelencias de un país. Claro que también representan un momento que ni pintado para trincar pasta a lo bestia, como se vio en la por otra parte maravillosa Expo de Sevilla de 1992 cuyo gran leit motiv fue el Descubrimiento de América. En aquellos años se hizo famosa una ficticia moneda bautizada como “los pellones” en referencia a las supuestas comisiones cobradas por la cúpula del evento dirigida por Jacinto Pellón. Mordidas que probablemente existieron por cuanto sus presupuestos fueron las cuentas de El Gran Capitán, pero que no se pudieron demostrar por la sencilla razón de que los salvajes modificados de obra jamás se investigaron judicialmente.

Lo primero que hay que subrayar es que la que montó Felipe González a la par que los Juegos Olímpicos en ese memorable 1992 no tiene nada que envidiar a la fastuosísima que ha organizado el integrante más aperturista de los siete Emiratos Árabes. Es más, yo apostillaría que la organizada con motivo de los cinco siglos del Descubrimiento de América era mejor. Lo digo con conocimiento de causa porque, a pesar de ser un chaval, estuve allí. Vamos, que no me lo han contado. Y eso que el nivel de la Dubái, con sus 18.000 millones de dólares de inversión, no es moco de pavo. Nuestros 1.100 millones son infinitamente menos dinero por mucho que los traduzcamos a euros constantes incorporando la inflación de estos 30 años.

Llegar a la Expo de Dubái es pasar del desierto al siglo XXII sin solución de continuidad. Todo es modernidad, fastuosidad, nuevas tecnologías, metaversos y demás inventos de inteligencia artificial. Con todo, el pabellón que más impacta, el más bestia de largo, es el de Arabia Saudí sufragado por la mayor petrolera del mundo, Aramco, y diseñado por un arquitecto checo radicado en Sevilla, Boris Micka. Eso sí que es nivel y lo demás, tonterías. Comparar el continente y el contenido de la embajada de la nación de ese contemporáneo destripador que es Mohamed Bin Salman con la nuestra es mejor no hacerlo so pena de pasarte llorando de aquí al día del juicio final.

Nuestro pabellón es un monumento al paletismo progre y bulero. Lo preside una suerte de murales con leyendas filopodemitas entre las cuales sobresale la frase preferida del presidente del Gobierno: “Todos y todas”. Da vergüenza ajena. Si esto es lo que tenemos que vender al mundo, apaga y vámonos. No sólo transmitimos la sensación de ser una nación de pandereta sino que, además, hacemos el payaso de mala manera por cuanto hay un sinfín de estados más modernos y avanzados en materia social: desde los tres escandinavos hasta el Benelux, pasando por Alemania, Francia, Suiza, Austria, Canadá, los Estados Unidos o Corea del Sur.

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ETA se llama Sortu
Editorial ABC 23 Enero 2022

La izquierda proetarra mandó ayer un mensaje inequívoco: no condenará la violencia de ETA, ni renunciará a los objetivos políticos de la banda terrorista. El congreso de Sortu en Bilbao, de gran importancia para fijar su presencia política en los próximos años, ha sido inequívoco en sus resultados. La formación abertzale confirmó a Arkaitz Rodríguez en la secretaría general e incorporó a su dirección a David Plá y Elena Beloki. Rodríguez fue condenado por integración en ETA; Pla fue el último jefe de ETA y leyó el anuncio del cese de su actividad terrorista; Beloki es una veterana de la organización terrorista, dirigió su actividad internacional y fue condenada a 13 años de cárcel. Con estas decisiones, Sortu, que es la formación central de la izquierda abertzale coordinada por Arnaldo Otegi, deja claro que es la continuación de ETA en el plano político, sin matices ni edulcorantes.

Los ‘pasos’ dados en 2021 por Otegi y los presos con el reconocimiento del daño causado por la violencia de ETA y con el compromiso de no celebrar más ‘ongi etorri’ a los presos excarcelados han sido otra estafa que engañó a los que siempre están dispuestos a dejarse engañar por los proetarras. Por eso, Sortu acoge ahora a Pla y Beloki en su dirección y homenajeó a Mikel Albisu ‘Antza’, entre otros gestos de su auténtica voluntad de mantener vivo el recuerdo de ETA como una organización armada que usó legítimamente la violencia.

La supuesta institucionalización de la política abertzale es una táctica para el logro de los objetivos de ETA, como en su día lo fue el pacto de Estella con el PNV o la negociación política promovida por Rodríguez Zapatero, origen de este perverso proceso de normalización de una organización tóxica para la democracia. Otegi lo explicó con su sincero «votos por presos» y lo está consiguiendo, porque el congreso de Sortu se ha celebrado en una dinámica imparable de acercamientos y excarcelaciones de presos que, en su inmensa mayoría, no se arrepienten, no condenan su violencia y no colaboran para esclarecer los crímenes sin resolver. Contrasta con estas apuestas de Sortu por la ortodoxia política etarra el informe auspiciado por el Gobierno vasco, en el que se afirma rotundamente que fue ‘intolerable’ la persecución que sufrieron las fuerzas de seguridad del Estado por el terrorismo de ETA. Y resulta aún más sorprendente que sean estas circunstancias en las que los socialistas vascos, con su líder, Eneko Andueza, visitando a Otegi en la sede de Bildu, avanzan en el entendimiento de izquierdas en el País Vasco frente al PNV.

ETA no es el pasado de Sortu o de EH Bildu, sino su presente. Un presente muy activo porque entre una y otros hay una continuidad pública que debería merecer la marginación y el reproche unánimes. Pero no los hay porque la izquierda proetarra está en el proyecto político del PSOE, no en el «proyecto de país», que la portavoz del Gobierno dice compartir con estos socios. Arkaitz Rodríguez fue claro en noviembre de 2020: «nosotros vamos a Madrid a tumbar el régimen». Es cierto que en el seno de este movimiento proetarra hay sectores -más del 20 por ciento de la militancia de Sortu- que apuestan por romper con la política de pactos que mantiene Otegi con el PSOE, pero esta discrepancia interna no hace bueno a Otegi, sino que explica la incorporación de personajes como Pla o Beloki. Son diferencias de táctica, pero no de estrategia para llegar a la independencia, mantener la confrontación, seguir legitimando el terrorismo y sacar a los presos de las cárceles. Sí, los socios de Sánchez.

El Gobierno asegura por escrito a los separatistas que los colegios decidirán sobre las clases en español
Luz Sela. okdiario 23 Enero 2022

El Gobierno de Pedro Sánchez sigue decidido a mantenerse de perfil ante la polémica por el ataque al español en Cataluña. El Ejecutivo, que evitó tomar medidas en el linchamiento a la familia de un niño en Canet de Mar (Barcelona) por reclamar el 25% de las clases en castellano, delega en la Generalitat y los colegios las decisiones sobre la enseñanza en catalán y en la lengua de todos los españoles.

Así resuelve el Gobierno una batería de preguntas por escrito en el Congreso, en las que los diputados de Junts per Catalunya Josep Pagès y Miriam Nogueras se quejan de las recientes sentencias -entre ellas, del Tribunal Supremo- que avalan la enseñanza en español en Cataluña. Según los separatistas, «el catalán está siendo de facto residualizado en los centros de enseñanza catalanes».

En este contexto, recuerdan cómo la ley de Educación del Gobierno, también conocida como Ley Celaá, «elimina la referencia a las lenguas vehiculares» y preguntan al Gobierno si «los consensos en materia educativa y en relación con la escuela en catalán» se «han roto definitivamente con la reciente jurisprudencia que impone el bilingüismo en la enseñanza en Cataluña».

En su respuesta, a la que ha tenido acceso OKDIARIO, el Ejecutivo destaca que «cualquier régimen de cooficialidad lingüística debe garantizar que todo el alumnado deberá alcanzar el dominio pleno y equivalente en la lengua castellana y, en su caso, en la lengua cooficial correspondiente». No obstante, a continuación afirma que serán «las administraciones y los centros, cada uno en su ámbito de actuación» quienes deban «asegurar que el alumnado adquiera altos niveles de competencia en las lenguas oficiales, según donde resida».

En este contexto, según el Gobierno, «las actuaciones del Ministerio de Educación y Formación Profesional siempre han sido proporcionadas y respetuosas con la distribución de competencias establecidas para el sistema educativo». Una posición que ha sido muy discutida en tanto se ha inhibido de tomar medidas contra los ataques al español.

Igualmente, defiende su ley educativa que elimina la referencia al castellano como lengua vehicular -en virtud del pacto con ERC- y que delega en las comunidades autónomas la potestad para asegurar el derecho de los estudiantes a recibir enseñanzas tanto en español como en lenguas cooficiales. Una ley que, considera, garantiza «el beneficio de los escolares de manera que se preparen para vivir en sociedad».

Así, si bien admite que «el Gobierno tiene que velar por que se cumpla, no sólo el derecho sino la obligación de que el alumnado adquiera altas competencias en castellano y en la lengua oficial de su comunidad autónoma, cuando sea el caso», en la práctica reconoce que quienes deben asegurarlo son los tribunales de Justicia, las comunidades autónomas y los propios centros. OKDIARIO ya publicó la reacción de varios directores de colegios catalanes ante quienes solicitan que se cumplan las sentencias sobre el castellano: «Payasos, a cagar».

«Valoración flexible»
El Ejecutivo ha admitido, en distintas ocasiones, su inacción ante la discriminación del español en Cataluña.

Como publicó OKDIARIO, como ahora, en varias respuestas parlamentarias el Gobierno se escuda en que son los tribunales los competentes para hacer seguimientos de las sentencias y exigir su cumplimiento. También se remiten a que la Alta Inspección del Estado no tiene competencias para ello, por lo que deriva esa atribución a la comunidad autónoma gobernada por el independentismo.

En otras respuestas, el Gobierno alega incluso que «si bien el Tribunal Supremo estableció en un 25 % el porcentaje razonable de horas lectivas que debían impartirse en castellano, dicho porcentaje se fija como cumplimiento de sentencia».

«En dichas resoluciones se aclara que los jueces imponen este porcentaje para garantizar los derechos de las familias, pero el canon constitucional del bilingüismo castellano y lengua cooficial en la enseñanza no responde a un porcentaje cuantitativo determinado que deba ser atribuido como mínimo a cada lengua», alega el Ejecutivo.

Así, según el Gobierno, la «constitucionalidad del régimen lingüístico en los territorios con lengua cooficial» debe estar basada en una «valoración flexible que determine que ambas lenguas, el castellano y la lengua cooficial, tienen presencia, no sólo como materias sino también como lenguas para enseñar y que con ello el alumnado alcance el dominio pleno y equivalente en ambas lenguas».

Aniversario Gregorio Ordoñez
Consuelo Ordóñez denuncia las «puertas giratorias de ETA» a la cúpula de Sortu
Redacción. https://rebelionenlagranja.com 23 Enero 2022

Consuelo Ordóñez, hermana del concejal donostiarra del PP asesinado por ETA, Gregorio Ordóñez, ha criticado las «puertas giratorias de ETA» por el nombramiento de David Pla, «último jefe de ETA», como número tres de Sortu, partido que es su «fachada política» desde 2012, ha señalado.

Consuelo Ordoñez ha pronunciado estas palabras tras el responso celebrado este sábado en el cementerio de Polloe de San Sebastián en recuerdo del 27 aniversario de la muerte de su hermano Gregorio Ordoñez, asesinado a tiros en un bar de la capital guipuzcoana el 23 de enero de 1995.

El acto, que ha consistido en una ofrenda floral y un responso, ha contado con la presencia del presidente del PP vasco, Carlos Iturgaiz, y otros miembros de este partido como los presidentes de la formación en Álava, Iñaki Oyarzabal, y Gipuzkoa, Muriel Larrea, entre otros, así como el presidente de Vox en Gipuzkoa, Juan de Dios Dávila.

También han acudido al homenaje, organizado por la Fundación Gregorio Ordóñez, Ana Iribar, viuda del fallecido, y María San Gil, expresidenta del País Vasco.

Tras la oración, Consuelo Ordoñez ha recordado a su hermano como un «revolucionario» que estaba logrando «romper las cadenas del miedo» y se ha mostrado convencida de que la orden de su asesinato «salió del despacho de al lado, del despacho de HB».

La presidenta de Covite ha remarcado que hoy mismo Sortu está confirmando en su congreso en Bilbao el nombramiento de David Pla como número tres del partido.

«ETA también tiene sus puertas giratorias. Mientras mi hermano está aquí, en el cementerio, ahí está David Pla como flamante nuevo dirigente de Sortu, con una enorme responsabilidad sobre los gravísimos delitos que ETA cometió bajo su dirección y que nadie le exige depurar», ha indicado.

«¿O es que Pla no tendría nada que decir sobre dónde están los asesinos de Carlos Sáenz de Tejada y Diego Silva, las últimas víctimas» de la banda terrorista en 2009, ha preguntado.

La presidenta de Covite ha incidido en que la justicia «no persigue a los jefes de ETA» porque esta es «la consecuencia de un final negociado».

La paz «es lo mejor que ha pasado en los últimos años», pero ha sido «a cambio de un precio» consistente en que los gobernantes «estuvieron dispuestos a ceder» en la «legalización de los brazos políticos» de ETA, la «impunidad para sus asesinos» y «un final sin vencedores ni vencidos» a cambio de que dejara de matar.

La izquierda abertzale «no piensa dejar» que los terroristas se arrepientan, ha señalado Ordóñez, que ha criticado que «encima, con todo descaro, se atreve a decir que la política penitenciaria con los presos de ETA es excepcional» cuando «es eso lo que exigen ellos».

Ha recordado que su familia interpuso una denuncia en 2015, cuando el asesinato de Gregorio estaba a punto de prescribir, contra quienes formaban parte de la cúpula de ETA en ese momento, pero siete años después «solo Mikel Antza ha sido citado a declarar» debido a la «lentitud del proceso».

Ordóñez ha remarcado que en el 40 por cien de las víctimas no se ha condenado a nadie por los crímenes y un 20 % más ha tenido sentencias incompletas por lo que «se puede afirmar que mas de la mitad de las víctimas no han tenido una justicia efectiva».

«A pesar de las decepciones» sufridas por las víctimas con la administración de justicia, «seguirán defendiendo el Estado de derecho, la democracia y las instituciones», ha indicado Ordóñez, que ha animado a «todos los ciudadanos decentes a reberlarse contra la miseria moral de quienes siguen justificando y beneficiándose del terrorismo».

Separatistas acosan e insultan en Vic a diputados del PP que pedían enseñanza en español en Cataluña

F. G. okdiario 23 Enero 2022

El Partido Popular (PP) ha sufrido este sábado un boicot por parte de un centenar de radicales independentistas en Vic (Cataluña). Después de que alcaldesa de esta localidad prohibiese la instalación de una mesa informativa a favor de la educación en castellano y catalán en las aulas de la región, el líder del PP catalán, Alejandro Fernández, y otros dirigentes de la formación de Pablo Casado han acudido a este municipio donde han sufrido insultos, abucheos, escupitajos y empujones. Entre otros, se han escuchado gritos de «fascistas».

Tras estos incidentes los populares han condenado los hechos. Han agradecido igualmente el trabajo de los Mossos de Escuadra que se han visto obligados a intervenir para abrir paso a los políticos que querían manifestar sus posiciones.

Como el Ayuntamiento les había denegado la instalación de una carpa informativa, el PP había convocado este mediodía una rueda de prensa en la plaza Mayor de Vic para criticar la situación. Como informó OKDIARIO, la alcaldesa independentista de Vic impidió al Partido Popular instalar una mesa informativa en la localidad alegando que va en contra de «la moral, las buenas costumbres ciudadanas y el orden público».

Cuando el grupo de políticos caminaba por el centro de Vic, decenas de personas se han presentado con actitud violenta para impedirles el paso. Además, les han increpado con gritos de «fascistas», «fuera, fuera» y otros insultos.

En la protesta se han vivido momentos de tensión, con empujones y algún zarandeo. Sobre todo cuando algunos manifestantes se han encarado a los Mossos de Escuadra que intentaba de evitar que se aproximaran a los dirigentes del PP. Finalmente un grupo de agentes de la policía catalana –entre ellos de unidades de orden público– se han visto ante la necesidad de tomar cartas en el asunto para asegurar el paso de la comitiva popular y que pudieran celebrar la rueda de prensa convocada, como informa EFE.

En un escrito en sus redes sociales, Alejandro Fernández ha tirado de ironía. Ha calificado la situación de «pacífico recibimiento» hoy en Vic. «No todo el mundo, por supuesto: también hemos podido charlar con muchos vecinos encantadores», ha valorado el diputado del Parlamento catalán.

En su texto, el dirigente del PP ha trasladado un mensaje de agradecimiento a los agentes de seguridad catalanes «por su trabajo» e igualmente ha destacado «coraje» de sus compañeros de filas.

Denuncia a la Fiscalía
El PP catalán anunció este viernes que presentará una denuncia ante la Fiscalía contra el Consistorio de Vic. Considera que estamos ante un caso de prevaricación administrativa tras la decisión del Gobierno municipal, de Junts per Cataluña, de impedir la instalación de una carpa de los populares en la Plaza Mayor del municipio barcelonés.

Por otra parte, el presidente de los populares catalanes, cuando los independentistas radicales han sido apartados por los Mossos, ha expresado que espera que la Justicia y el Estado de derecho actúen si el Govern incumple la sentencia del 25 % de enseñanza en castellano.

En el mismo sentido, en este mensaje a los medios de comunicación presentes en visita a Vic, el líder del PP autonómico ha esgrimido que «si alguna cosa se ha podido demostrar en Cataluña en los últimos años, es que, finalmente, la Justicia actúa» y que aquel que ha decidido incumplir la ley «acaba pagando el precio de la justicia». Además, ha apostillado que «si ellos [el Govern] quieren incumplir la ley, finalmente el Estado de derecho actuará».

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha dado un plazo de 10 días a la Generalitat para que empiece a aplicar la sentencia firme que impone un 25 % de clases en castellano en las escuelas catalanas, con un máximo de dos meses para darle cumplimiento. Este fallo judicial insta a la Generalitat a preservar que el castellano sea lengua vehicular, como mínimo, en el 25 % de las materias de las escuelas de Cataluña. Sin embargo, el Ejecutivo de Pere Aragonés ya ha avanzado que no va a introducir ningún cambio en su modelo de inmersión lingüística.


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