AGLI Recortes de Prensa   Lunes 24  Enero  2022

‘La Agenda 2030 arruina nuestro campo’: el sindicato Solidaridad acompaña al mundo rural en su movilización en Madrid
RECUERDA EL APOYO DEL PP Y DEL PSOE A LA AGENDA 2030
LGI. https://gaceta.es 24 Enero 2022

El sindicato Solidaridad ha acompañado este domingo a agricultores y ganaderos en su gran movilización en Madrid para protestar por las amenazas y la desprotección que sufre el sector.

Así, ha reclamado «soberanía» frente a la Agenda globalista 2030 que apoyan el Gobierno socialcomunista y el PP, y cuya imposición arruina a los productores españoles.

Solidaridad denuncia que la competencia desleal de países extracomunitarios y las imposiciones ecologistas hacen imposible que el sector primario español pueda sobrevivir y critica que los sucesivos gobiernos (de PSOE y PP) lleven años plegados a los dictámenes de Bruselas sin ser capaces de negociar acuerdos beneficiosos para los agricultores y ganaderos españoles.

La multitudinaria manifestación, convocada por la asociación Alma Rural ha partido del Ministerio para la Transición Ecológica con destino al Ministerio de Agricultura (en Atocha).

«Pedimos que se cambien las políticas agrarias, ganaderas y medioambientales que nos están perjudicando, son leyes que vienen de una ideología posiblemente radical y orientada a un planteamiento que no tiene nada que ver con la vida en el campo. Es como si castigáramos continuamente a las personas que nos traen la comida a casa», ha denunciado el secretario general de Alma Rural, Carlos Bueno.

En este sentido, ha subrayado que «la agricultura está a punto de morir» porque «están entrando productos de otros países mientras los nuestros se están quedando en los árboles», y ha recordado que la ganadería se ve afectada por problemas como los ataques del lobo -que mata diariamente a 60 reses, 21.000 al año, ocasionando unas pérdidas de más de 9 millones de euros que soporta el propio ganadero- y que los productores de leche «están trabajando por debajo del coste».

El mundo rural se rebela en Madrid: "Las políticas erróneas se pagarán caro"
La manifestación, a la que han acudido 6.000 personas, busca defender "unidos" los derechos del mundo rural, porque sus actividades son "continuamente amenazadas" por normativas "incoherentes"
Regina Marín Latonda. vozpopuli.es 24 Enero 2022

El mundo rural ha salido a las calles de Madrid para defenderse y denunciar la situación que viven desde hace meses. La Asociación para el Desarrollo y Defensa del Mundo Rural, 'Alma Rural', ha organizado este domingo una manifestación a favor del sector primario, a la que han acudido más de 300 asociaciones y colectivos de toda España para reclamar mejoras en las actividades económicas y los servicios en el territorio.

La movilización ha comenzado a las 11.00 de la mañana en la plaza de San Juan de la Cruz, donde se ubica el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, y ha terminado alrededor de las 16 horas en la Plaza de la Alcachofa, enfrente del Ministerio de Agricultura. Durante la primera hora de la concentración, se han leído un manifiesto y varias reivindicaciones. En ellos se ha asegurado, entre otras cosas, que a partir de ahora el mundo rural estará "unido" para defenderse de los "ataques".

En el inicio, la manifestación ha congregado a 5.000 personas, una cantidad que ha aumentado hasta los 6.000 asistentes a su llegada a Colón, según ha informado a Vozpópuli la Delegación de Gobierno de Madrid, que se basa en datos de la Policía Nacional.

Los manifestantes han exhibido pancartas en defensa de la agricultura, la ganadería, la pesca o la caza y han coreado consignas como 'Sí, sí, sí el campo ya está aquí', '¿Hasta cuándo queréis arruinarnos?' o 'El campo lucha, quien lo escucha'.

La asociación organizadora, 'Alma Rural', ha insistido en que buscan defender "unidos" los derechos del mundo rural, porque sus actividades son "continuamente amenazadas" por normativas "incoherentes" que desatienden "la realidad del campo y de la vida cotidiana" en los pueblos.

Además, ha anunciado que quiere activar mesas sectoriales de trabajo para tratar específicamente cada situación. Natalia Corbalán Romera, CEO de la Fundación Ingenio, destinada a proteger la tierra, ha declarado ante los medios que "darle la espalda al mundo rural con políticas erróneas se pagará caro".

Durante la marcha, que ha arrancado a las 12.00 horas tras la lectura del manifiesto, los ganaderos y agricultores han recorrido las calles de la capital coreando consignas, pitando con sus coches y lanzando petardos. La protesta la han encabezado 40 tractores, 50 caballos, 15 carros tirados por bueyes, perros de trabajo y mascotas y aves de cetrería.

Apoyo político al mundo rural
La marcha ha estado apoyada por los tres grandes partidos de la oposición, Vox, Partido Popular y Ciudadanos. El presidente del PP, Pablo Casado, ha transmitido su apoyo a la manifestación y al mundo del campo a través de un mensaje en su cuenta de Twitter. "Estamos orgullosos de las familias que viven del campo con tanto esfuerzo", ha asegurado.

También ha mostrado su apoyo públicamente el vicepresidente Primero de Acción Política de VOX, Jorge Buxadé. En las declaraciones a los medios, ha reclamado la "suspensión inmediata" de las importaciones de productos agrícolas y ganaderos procedentes de países que no cumplen la normativa "laboral, medioambiental o de calidad" que se exige a los nacionales. El problema de la importación de productos es precisamente uno de los que más denuncian desde las organizaciones del campo, que perjudicada "enormemente" la producción nacional.

Además, Buxadé ha instado a convertir la agricultura y la ganadería en una "prioridad política de primer orden". Para ello, ha propuesto la simplificación normativa, "inversiones masivas" para garantizar el relevo generacional y la puesta en marcha de un Plan Hidrológico Nacional, asegurando que "no puede haber una agricultura verde con números rojos".

A la manifestación también han acudido Rocío Monasterio y el candidato de Ciudadanos a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea.

Objetivos de la manifestación
Los ganaderos y agricultores organizadores piden medidas concretas que les permitan afrontar los problemas del sector primario. Entre otras cosas, solicitan que se priorice el comercio nacional antes que las importaciones de alimentos desde terceros países, con estándares de calidad y laborales más bajos y a precios "más baratos". También quieren que se establezcan cuotas al alza adecuadas para el mundo de la pesca y que se comience a rentabilizar la producción de leche.

Las dificultades de los ganaderos han ocupado un papel importante en esta manifestación. Especial hincapié se ha puesto en criticar el anteproyecto de ley de Protección y Derechos de los Animales porque "perjudica" a sectores enclavados en el entorno rural y porque limitar la caza del lobo puede llevar a suponer un gasto de 9 millones de euros para los ganaderos. En este sentido, los cazadores exigen al Gobierno la aprobación de una Ley Orgánica Nacional Básica de Caza en la que se cree, entre otras cosas, un organismo público para este sector.

El secretario general de 'Alma Rural', Carlos Bueno, ha incidido en que el principal objetivo es conseguir "influir en las políticas agrícolas, ganaderas, sociales y ambientales, porque somos nosotros los que las sufrimos". En declaraciones a los periodistas, Bueno ha denunciado que "muchas veces" se aprueben leyes que "son radicales" contra el medio rural. A su juicio, es una "maniobra orquestada" para "acabar con la vida rural" porque "nos damos cuenta de que están acabando con los servicios de transporte, sanitarios, financieros o las escuelas".

Dos advertencias, dos
Aviso al Ejecutivo y a las organizaciones agrarias «clásicas»
César Lumbreras. larazon 24 Enero 2022

La manifestación que tuvo lugar en Madrid ayer, convocada por Alma Rural, más allá de la habitual guerra de cifras y de que se quedase muy lejos de ese millón de participantes que se habían fijado como objetivo, es un paso importante y supone dos advertencias.

La primera, para el Gobierno de Pedro Sánchez. Una parte significativa de la gente del campo y también de la vinculada con el medio rural, sus usos y tradiciones, se siente maltratada por este Ejecutivo en general y por cuatro Ministerios en concreto: los de Trabajo, Consumo, Transición Ecológica y, por supuesto, el de Agricultura. En este último, Luis Planas y su equipo más directo de colaboradores se ponen de perfil y parece como si la cosa no fuese con ellos. Y no es así. Una parte de las reivindicaciones de los convocantes afectan a competencias directas de este departamento. Y, en las restantes peticiones, Planas también se ve implicado, porque se supone que es el embajador del campo y del medio rural ante el Gobierno y viceversa.

La otra llamada de atención es para las organizaciones agrarias «clásicas». Son cuatro. Tres de ellas, ASAJA, COAG y UPA, reconocidas oficialmente. La cuarta, Unión de Uniones, también existe, especialmente en algunas comunidades autónomas como Cataluña, Castilla y León o Comunidad Valenciana, porque así lo han decidido los agricultores y ganaderos en las elecciones a Cámaras. Ninguna de las cuatro convocó de forma oficial la manifestación de ayer de Madrid, aunque alguna de ellas participó. Los manifestantes que estuvieron por las calles de la capital respondían a la llamada realizada por una amalgama de organizaciones provinciales, locales y sectoriales, cuyos representantes (o una parte) afirman no sentirse representados por los cuatro sindicatos citados anteriormente. Lo de ayer es un aviso claro a los dirigentes de ASAJA, COAG, UPA y Unión de Uniones, que pueden verse sobrepasados. Es muy difícil de entender, por ejemplo, que Planas no haya convocado a estas organizaciones a negociar el Plan Estratégico, el principal instrumento de la nueva PAC, y que sus dirigentes no hayan dicho ni «muuu». Advertidos quedan.

El peligro de la ausencia del sentido del ridículo
Pedro de Tena. Libertad Digital 24 Enero 2022

Hay gente que no tiene sentido del ridículo. Lo hace y no siente estar haciéndolo. Está como abducido por una alienación de la que no es consciente.

El ridículo existe. Hay gente que lo hace, que lo hizo y que lo hará. Hay comportamientos que lo son, lo han sido y lo serán. Se preguntaba el añorado Gustavo Bueno, que se lo preguntaba todo, qué podía ser lo ridículo y ya encontraba un quid de la cuestión, la relación que podemos establecer de lo que alguien dice o hace con lo que debiera decir o hacer si conociera esencialmente la realidad y la verdad. Dostoyevski, más prudente, no sabía qué era pero sí comprendía el temor que muchos le tenían, especialmente entre los adolescentes. "Es una especie de locura. El diablo se ha transformado en amor propio para apoderarse de la generación actual", sentenció su Aliocha en Los hermanos Karamazov.

Por eso, hay gente que no tiene sentido del ridículo. Lo hace y no siente estar haciéndolo. Está como abducido por una alienación, una demencia, de la que no es consciente. La verborrea de Irene Montero en el Colegio de Abogados de Madrid es un ejemplo perfecto, él último, de cómo una persona puede hacer el ridículo sin darse cuenta de lo que ha hecho. Me refiero a la relación que puede establecerse entre su vida y su discurso. Habla de machismo quien ha sido fecundada por un tipo que la ha dejado con tres hijos y actúa como un macho decimonónico. Habla de ricos (blancos, hombres, claro, y heterosexuales) cuando su dinero se ha multiplicado por 100 en pocos años. Habla de pobreza quién decidió cambiar el pisito de Vallecas por la mansión de Galapagar. Uno puede ser todo lo inconsecuente que quiera o sea capaz de digerir sin fatiga moral. Pero cuando lo hace sobre un escenario público, no puede evitar la relación comparativa entre el dicho y el hecho, cuya desproporción conduce al ridículo, y a la aparición de la risa, incluso de la risotada.

Luego está lo del lenguaje inclusivo. Me informó hace unos días el profesor de Filosofía, Francisco J. Salguero, compañero de promoción, de la actitud de la feminista, pero lingüista, Carme Junyent, sobre esta ya famosa jerga del él, ella, elle o todas, todas, todes y demás variantes. Dijo en El País que "ese lenguaje ridiculiza la lucha de las mujeres. Y obstaculiza el mensaje, porque acabamos hablando de cómo se dicen las cosas en vez de qué se dice." Pues sí, lo que está consiguiendo Irene Montero y cía con sus ocurrencias es, sencillamente, hacer el ridículo hundiendo, de paso, la aspiración a la igualdad de derechos y deberes de hombres y mujeres en una sociedad democrática.

Lo de la defensa de una justicia feminista, ya rizó el rizo y volvió a poner de manifiesto que desde el socialcomunismo nunca se ha creído, ni se cree ni se creerá en una justicia igual para todos. Primero, fue la justicia "de clase" sin definición concreta alguna de lo que sea una "clase". Luego fue la justicia "proletaria" frente a la justicia "burguesa", que fue, textualmente, a la que apeló Largo Caballero para mentir en el juicio sobre su responsabilidad en el golpe de estado socialcomunista y separatista de 1934. Ahora la cosa se centra en la justicia "feminista" frente a una imaginaria justicia "machista". (Y entonces va el presidente del Colegio de Abogados de Madrid y admite que tal justicia "machista" existe, sin percatarse de que su ridículo fue aún mayor que el de la sectaria ministra a la que había invitado).

Isabel Allende creía que las mujeres tenían un sentido del ridículo más desarrollado que los hombres. Y así podía admitirse después de escuchar a José Luis Rodríguez Zapatero decir aquello de que la tierra no pertenecía a nadie, salvo al viento (se olvidó de las hectáreas de Bill Gates o el duque de Alba, por poner unos lapsus). Lo de la tierra era una frase clásica de Rousseau y del socialismo agrario, pero lo del viento (en vez del Estado), fue sublimemente ridículo. La chilena no tenía ni idea aún de qué tipo de mujeres iba a producir el nuevo feminismo comunista, una mutación histórica, porque el machismo y la homofobia han sido constantes en las sociedades y partidos comunistas reales e históricos.

Cuando un joven (o una jóvena de la pionera Carmen Romero) cree saber que lo sabe todo, hace el ridículo. Muchos lo hicimos con insistencia. Con el tiempo, auxiliados por la experiencia, la ciencia y el sentido común, fuimos adquiriendo sentido del ridículo y un sano escepticismo, algo despreciado por los fanáticos y los amigos de la dictadura sobre los demás.

Hasta Marx sabía que una ideología, la suya también,. era una representación deformada de la realidad. Pero lo que le preocupaba no era su verdad sino imponerla a la Humanidad. Si no fuera por las consecuencias terribles que todo este maldito juego de palabras y sentidos ha traído sobre centenares de millones de personas, la falta del sentido del ridículo del socialcomunismo que nos gobierna produciría toneladas de sentido del humor.

Aun me río cuando recuerdo el alarde "de género" del expresidente del PSOE, José Antonio Griñán, cuando dijo ser la "presidenta" de la Junta. Pero se me hiela la risa cuando advierto que nunca la ley me ha tratado tan desigualmente como hoy en la "democrática" España por el mero hecho de ser hombre.

Contra la destrucción de la Historia de España.
Ya lo advirtió Maquiavelo: hay que recuperar el valor de la Historia en la enseñanza
Ya en el siglo XVI, el cronista Francesco Guicciardini abogó por el ejercicio de poner la Historia al servicio de la política
Jesús M. Usunáriz. larazon 24 Enero 2022

En los últimos meses hemos asistido (y seguimos asistiendo) a un debate sobre el papel de las asignaturas de Historia en los planes de E.S.O. y Bachillerato dentro de la nueva ley de educación o LOMLOE. Sus contenidos se desarrollan en dos proyectos de reales decretos que establecen la ordenación y las enseñanzas mínimas de ambas etapas educativas. Al margen de los objetivos que se señalan, en el caso de Bachillerato se incluyen en el currículo disciplinas como la Historia de España o la Historia del Mundo Contemporáneo, especialmente para los alumnos que escojan la modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales. Estas asignaturas se estructuran, en un afán de coherencia, según reivindica el texto de proyecto, en tres bloques: “Sociedades en el tiempo”, “Retos del mundo actual” y “Compromiso cívico” y en ambas se pone el acento en la contemporaneidad hasta llegar a nuestros días.

En el caso de Bachillerato, este afán por olvidar otros periodos de la Historia ha provocado numerosas críticas por parte de profesionales que, con razones de peso, han reivindicado el papel de la Prehistoria, de la Historia Antigua, Medieval o Moderna en el diseño curricular de estas enseñanzas. El debate no es nuevo. Ya en el siglo XVI un afamado cronista (y político) como Guicciardini (como nos recuerda R. Kagan) consideraba que el historiador debía escribir sobre hechos contemporáneos, pues del conocimiento de los mismos el ciudadano podía sacar consecuencias saludables para el bienestar público. De alguna manera, y conforme a las directrices de Maquiavelo, la historia se ponía, ya entonces, al servicio de la política. Y hemos conocido ya varios diseños educativos diferentes desde hace muchas décadas con un mismo fin. Salvando las distancias, seguimos, antes y ahora, en el mismo debate que tiene a bien demandar la importancia de la Historia en la formación de los ciudadanos.

No obstante, siendo esta una cuestión muy importante (y reivindico en mi caso, por interés propio, el papel que deben jugar en el currículo los siglos XVI, XVII y XVIII en, por ejemplo, la historia de España, para entender nuestro presente), la cuestión que subyace es otra. En gran medida, en los más de 800 folios de ambos proyectos, el contenido de las asignaturas es, para sus redactores, lo de menos. Es cierto que se recogen temas diversos y necesarios, pero sin ningún tipo de orden ni de sistematización, en contra de lo que ha sido y es la forma de entender la disciplina por parte de los profesionales. En lo que se detiene es en un sinfín de competencias vagas, abstractas e imprecisas que dejan al docente y al alumno en el limbo de la indefinición, y así se deja ver en el contenido de los temas que propone. Pero esto tampoco es nuevo: todos somos conscientes, desde hace varios años, de que, por ejemplo, la docencia universitaria se ha poblado, en la búsqueda de una pretendida «utilidad», de «competencias». Y, en ambos casos, los contenidos pasan a tener, al menos para determinadas instancias administrativas, un lugar secundario.

Salvar el pensamiento crítico
Mas, apuntar y numerar competencias, sin precisar contenidos, es un canto al sol. Los proyectos educativos deben nacer de un consenso en el que se establezca qué es lo que se quiere que aprendan los alumnos de una manera concreta y clara. Y la enseñanza de la Historia, pese a lo que algunos pretenden, se basa en el rigor cronológico (que en el proyecto ni está ni se le espera) y en la sistematización de la información; supone memorización (¡sea anatema!), como paso previo y necesario a la interpretación, a la discusión y a la explicación de causas y consecuencias; supone el aprendizaje de un vocabulario (la anticuada retórica) y de unos conceptos precisos; implica, cómo no, comparar y relacionar. Sin embargo, el proyecto reivindica más el método (¡alabado sea!) que la transmisión de saberes (¿el qué?) tanto los tradicionales como los nuevos que, afortunadamente, ha ido incorporando la historiografía; pone el acento en la innovación docente (sinónimo de modernidad) más que en un profundo conocimiento de la materia por parte del profesor (¿para qué?). En definitiva, en el fondo, privilegia el método, cuando este debe subordinarse a la transmisión de los contenidos útiles (no utilitaristas). Pues el aprendizaje de la Historia, como el del resto de materias, supone alimentar la cultura del esfuerzo y fomentar la veneración de la verdad (¡qué antiguo!).

No podemos dejar de alabar la Historia como disciplina. Enseñar y aprender Historia puede contribuir a la maduración de los estudiantes, al mismo tiempo que permite apreciar, en su justa medida, la importancia de unos profesores bien formados. Aprender Historia, no con vacías vaguedades sino con contenidos (hechos, fechas, individuos, grupos, ideas, causas, consecuencias…), sin consignas ni dogmas, contribuye a que aprendan a argumentar y debatir sin maniqueísmos absurdos, a que desarrollen, en un sano inconformismo, el pensamiento crítico (y esto sí, seamos justos, lo tiene en cuenta, al menos en teoría, el proyecto). Esto es lo que ha caracterizado el estudio de las Humanidades en su conjunto. Es lo que puede ayudar a los alumnos a enfrentarse a las complejidades de nuestro mundo y debe ser uno de los fundamentos de una sociedad comprometida y democrática.

Jesús M. Usunáriz Catedrático de Historia Moderna de la Universidad de Navarra

******************* Sección "bilingüe" ***********************

El Supremo blinda las tropelías de Sánchez
EDITORIAL. Libertad Digital 24 Enero 2022

De todos los pretextos para rechazar los más de 60 recursos presentados contra el indulto de los golpistas del proceso separatista catalán, el más sorprendente por grosero es el elegido por la sala tercera del Tribunal Supremo, que ha archivado todas las reclamaciones por "la falta de legitimación" de las entidades que las han presentado.

Los recursos contra los indultos más infamantes de la historia de nuestra democracia han sido presentados, entre otros, por partidos políticos, diputados del parlamento catalán y entidades cívicas de todo tipo, perfectamente legitimadas para reclamar la aplicación del Estado de Derecho cuando el Gobierno lo socava con decisiones jurídicas que solo obedecen a sus compromisos políticos para mantener el poder. Si los partidos políticos y el resto de entidades recurrentes no están facultados para recurrir una decisión de la gravedad de los indultos a los autores de un intento de Golpe de Estado, es evidente que para el Tribunal Supremo las decisiones del Gobierno son intocables, lo que supone un gravísimo precedente que deteriora nuestra democracia y la acerca aún más a los regímenes izquierdistas que han acabado en sus países con el Estado de Derecho.

Cabe preguntarse, igualmente, por qué un asunto de tanta trascendencia no ha sido examinado por el pleno del alto tribunal en lugar de una sala de lo Contencioso-Administrativo, cuya ecuanimidad ya había quedado en entredicho tras rechazar los recursos contra el nombramiento de la ex ministra socialista Dolores Delgado como Fiscal General del Estado aduciendo, precisamente, falta de legitimación de PP y VOX, los dos partidos políticos nacionales que recurrieron la designación.

Estamos, por tanto, ante el blindaje judicial del Gobierno socialcomunista para dar carta de naturaleza a sus tropelías sin que quepa siquiera la opción del recurso. Es lo que ha ocurrido con los recursos contra los indultos del procés, una medida de gracia que, recordemos, fue rechazada con absoluta firmeza por la fiscalía y el Tribunal Supremo porque, entre otros argumentos igual de contundentes, eso supondría deslegitimar con malas artes una sentencia para beneficiar a dirigentes políticos dispuestos a dar un nuevo Golpe de Estado a poco que tengan ocasión.

Educación
Padres de alumnos se ven obligados a esconderse en Baleares para denunciar la inmersión lingüística
Andreu Vidal. okdiario 24 Enero 2022

Francina Armengol lleva cerca de siete años sometiendo a Baleares a una inmersión lingüística cuyo único propósito es el adoctrinamiento y la discriminación de los menores castellanoparlantes. El uso del catalán como arma política por parte del Govern ha llegado al punto de intentar eliminar el español. Una situación similar a la que se produce en Cataluña. Mientras, los padres que quieren la libre elección de lengua deben esconderse para que sus hijos no sufran el mismo acoso que el niño de Canet. No tienen nada en contra del catalán, su única exigencia es que la enseñanza también sea en castellano.

En Baleares, Plis Educación es una de las entidades que más lucha contra el adoctrinamiento de Armengol y sus socios independentistas. Su objetivo es que se respete la ley y que, a corto plazo, el 25% de la educación sea en español. Es una reivindicación que tanto la asociación como los padres hacen desde hace tiempo y que se esperaba que se cumpliese en la nueva ley.

«Nosotros vivíamos en el extranjero y cuando volvimos a España, nos fuimos a Ibiza. Era a mitad de curso, así que nos adjudicaron un colegio público para mis hijos. El primer año todo era normal y no había ningún problema con la lengua. Incluso apunté a mi hijo mayor a clases de catalán, porque lo normal cuando llegas a un sitio es integrarte en la cultura. De pronto, al año siguiente todo cambió y el castellano desapareció de las aulas y del colegio», explica Irma Ricciardello.

Este fue el momento en el que empezaron sus problemas. Su hijo, a pesar de que le gustaba el catalán, también quería estudiar español. Así, le pidió a su madre que le siguiese comprando los libros en castellano y lo que sucedió fue que la profesora de matemáticas comenzó a apartarlo. «Me dijo que no le dejaba participar en clase, así que fui al colegio para hablar con ella. Su respuesta fue que lo que ella tenía que evaluar era el catalán, lo que era surrealista. Le respondí que no, que lo que debía evaluar eran los conocimientos de matemáticas». Al final, la profesora siguió en sus trece e Irma tuvo que cambiar a sus hijos a un colegio concertado.

La administración pública no le ofreció ayuda, más bien le puso trabas. La madre cuenta que el colegio incluso ridiculizaba las clases de castellano. Oscar Prats era el profesor, quien sólo hablaba en catalán, se vestía de payaso para impartir la asignatura y se hacía llamar Godofredo. Actualmente es el director del colegio. Los hijos de Irma no son los únicos que han vivido esta realidad. Beatriz -nombre ficticio para proteger su identidad- cuenta que a lo suyos les enseñaban que los defensores del catalán son héroes y los defensores del español son malos.

La madre remarca que con esta política de inmersión y adoctrinamiento, el Govern está intentado crear a sus futuros seguidores en Baleares. Aunque sus hijos son buenos con las lenguas y no tuvieron tantos problemas con el catalán, sí está en contra de este modelo integrista que se vuelve discriminatorio. Lamenta que ya en primaria los niños castellanoparlantes lo pasen mal por la barrera del idioma. «Son potenciales fracasos escolares porque no entienden el catalán y tampoco les dan facilidades. Estos niños sufren y no todos los padres pueden ofrecerles clases de repaso o refuerzo. Es una política clasista que sacrifica a los niños en pro de una lengua».

Juan -nombre ficticio- critica que incluso en una situación en la que el profesor ve que el menor no entiende la lección por estar en catalán, no hace nada por remediarlo. Además, añade que hay una problemática en lo que a la modalidad se refiere. Y es que lo habitual no es enseñar las formas propias del mallorquín, reconocidas en el diccionario del Institut d’Estudis Catalans, sino las de Barcelona. Experiencia que han vivido tanto él como sus hijos. Remarca que su voluntad es la de aprender el idioma, siempre que no implique mermar el conocimiento de otro.

«Es increíble que en el extranjero sea más fácil estudiar español que aquí. En la mayoría de países europeos se enseña como segunda lengua extranjera, por detrás del inglés, y en EEUU forma parte de los programas educativos. Esto es un problema que no sólo afecta a los niños, sino que llega hasta la universidad y perjudica al futuro de los menores», dice Juan, cuya opinión comparte Mayte -nombre ficticio-. Ella destaca que además tanto los centros como la administración se escudan en que la lengua vehicular debe ser el catalán.

«Sólo pedimos que se reconozca el 25% en español, que no es nada, y que toda comunicación entre el centro y los padres sea bilingüe. Yo no odio el catalán, no quiero que se elimine ni que no se enseñe. Lo único que pido es que se respete el derecho de elegir que mis hijos estudien también español».

Uno de los problemas con los que se encuentran estos padres es el de que cuando matriculan a sus hijos aceptan un proyecto lingüístico que no existe. Le sucedió a Mayte, a Beatriz, a Juan y también a Oliver -nombre ficticio-. Cuando quiso escolarizar a sus hijos quería que le garantizasen que la enseñanza sería bilingüe. En todos los casos le remitían a un proyecto lingüístico que no está por ninguna parte. Él, al igual que los demás, quería que sus niños estudiasen en un colegio público, pero al final tuvo que meterlos en un concertado.

«Pero si quieres asegurarte de que recibirán una educación fuera de la inmersión, la única garantía es un privado. Lo que pasa es que están fuera del alcance de la mayoría. Han creado un sistema clasista que separa por lengua y por poder adquisitivo de los padres. El adoctrinamiento que hay en Baleares es vergonzoso. Están creando una sociedad cerrada en sí misma a la que le dicen que cualquier cosa que no sea catalán es mala».

España
La Agencia Tributaria gasta 1,7 millones en traducir sus cartas al catalán, gallego y valenciano
Este presupuesto supone un incremento en el precio de más de 300.000 euros respecto al anterior. Hacienda lo justifica señalando que cada vez se solicitan más documentos en lenguas cooficiales
Borja Negrete. vozpopuli.es 24 Enero 2022

Si no le vale con el castellano, usted puede recibir sus cartas de la Agencia Tributaria en catalán, gallego o valenciano, a elección. Este servicio lo garantiza el artículo 15 de la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común y al Estado le cuesta 1.745.454 euros. Así lo ha comprobado Vozpópuli accediendo al documento de licitación del contrato, donde además se desprende que Hacienda ha engordado este presupuesto en más de 300.000 euros respecto al anterior.

Los servicios de traducción que busca la Agencia Tributaria (AEAT) también deberán servir para el inglés, el francés y el alemán. Desde el año 2006, con José Luis Rodríguez Zapatero al frente del Ejecutivo, la AEAT cuenta con un servicio de traducción asistida telemático externo para la obtención en diferentes lenguas cooficiales (catalán, gallego y valenciano) de las comunicaciones escritas que envía a los contribuyentes.

En 2014, ya con Rajoy en la Presidencia y Montoro en el timón de Hacienda, se amplió la traducción a los contenidos servidos desde la Sede electrónica de la AEAT. Ahora bien, Hacienda señala que desde 2017 se ha producido un "incremento considerable en las traducciones, puesto que hasta ese momento únicamente se traducían de forma estándar los documentos de Renta, pero debido a que la LPAC obliga a traducir todo tipo de documentación dirigida al contribuyente, ha aumentado la demanda de estos servicios".

"Por la continua integración en la Comunidad Económica Europea y la participación en organismos internacionales se han incrementado considerablemente las traducciones a inglés, francés y alemán", añaden.

Estas razones estarían detrás del aumento del gasto en traducciones de documentos tributarios desde los 1,4 millones del anterior contrato, a los 1,7 millones de este. En total, la Agencia Tributaria aumenta su inversión en traducciones en 305.454 euros.

Glosario tributario en lenguas cooficiales
El departamento público justifica este gasto apuntando que su "objetivo es mantener la producción multilingüe de las comunicaciones escritas dirigidas a los contribuyentes y de determinados contenidos de la Sede Electrónica y del Portal de la AEAT que no deben ser traducidos mediante traducción automática por requerir la traducción un compromiso de calidad y responsabilidad".

Más allá de las traducciones, quieren contratar un servicio que elabore y mantenga un glosario terminológico por cada una de las lenguas cooficiales (catalán, gallego y valenciano), además de inglés, francés y alemán. No solo eso, también quieren que desarrollen unas guías con las normas de estilo y comunicación de cada uno de estos idiomas. Por último, la empresa contratada -aun por asignar- deberá hacer seguimiento online de las traducciones. La AEAT quiere contar con este servicio durante cuatro años más (dos y otros dos de prórroga).

BOE en cuatro idiomas
La licitación de Hacienda se produce la misma semana que el PdCat ha registrado una Proposición No de Ley en el Congreso de los Diputados donde solicita al Gobierno que el Boletín Oficial del Estado se traduzca al catalán, vasco, gallego y valenciano.

Hasta octubre de 2020, un convenio permitía la traducción del BOE al catalán, con un coste repartido al 50% entre el Gobierno español y la Generalitat. Sin embargo, el último convenio caducó en octubre de 2020, sin ser renovado. Desde entonces, Cataluña paga el 100% de la traducción del BOE al catalán. Esto no le ha parecido justo al PdCat, que quiere que el boletín estatal se pueda leer en catalán, pero sin que el dinero salga de sus bolsillos.

Por ello, la PNL pide que el Estado español pague íntegramente la traducción del BOE al catalán y al resto de lenguas cooficiales porque "en un Estado plurinacional como el español, debe ser la Administración General del Estado (AGE) la que garantice la publicación de las disposiciones generales en las lenguas cooficiales y la que asuma cualesquiera gastos necesarios para dicha publicación". Todavía no se ha votado esta PNL, pero lo que parece claro es que al Gobierno le espera una buena inversión en traductores.
Recortes de Prensa   Página Inicial