Recortes de Prensa Martes 10 Mayo 2022
Yuri Andrujovich: “El Ejército ruso es débil y está totalmente devorado por la corrupción”
“Ni siquiera los nazis provocaron tanto dolor a los ucranianos”, asegura el autor el poeta y novelista ucraniano
GOYO G. MAESTRO. la razon. 10 Mayo 2022
Yuri Andrujovich (1960) sigue escribiendo poemas y novelas desde su ciudad natal de Ivano-Frankivsk, en el oeste de Ucrania, mientras ve con tristeza y rabia cómo su país sufre el ataque de las tropas rusas. Autor de novelas como «Doce anillos» y ensayos como «Mi Europa» (editorial Acantilado), responde a las preguntas de LA RAZÓN y explica que él, como el resto de ucranianos que viven en la relativamente tranquila zona occidental del país, ayuda en lo que puede a sus compatriotas que huyen del horror de la guerra.
“Por suerte, este no es el peor lugar de la Ucrania actual, sino uno de los lugares más seguros”, explica Andrujovich por correo electrónico. “Puedo trabajar bastante bien en mi ordenador portátil sentado en el refugio. Además, en la ciudad puedes conocer a muchos recién llegados, son los refugiados de las regiones donde la guerra es realmente horrible. Aquí no estamos bajo bombardeos, no vemos las ruinas de nuestras ciudades. Pero, por supuesto, tratamos de ayudar a nuestros conciudadanos tanto como podemos”, explica el novelista, autor de obras como “Perverzión”, “Moscoviada” o “El último territorio”.
¿Cómo ha cambiado el sentimiento ucraniano con respecto a Rusia y al pueblo ruso después de la invasión? ¿Rusia y Ucrania ya no son países cercanos y amigos?
En realidad nunca lo fueron. Rusia siempre ha considerado a Ucrania como algo defectuoso y ridículo. En opinión de un ruso medio, Ucrania no debería ser un país independiente porque pertenece al “mundo ruso”. Ellos deciden por nosotros, quiénes somos y quiénes debemos ser. A nadie le gusta una cosa así. Hace 100 años, uno de los principales políticos ucranianos, el jefe del entonces primer gobierno, formuló una cosa muy clara: “La democracia rusa termina en la cuestión ucraniana”. Nadie, ni siquiera los nazis, ha traído a los ucranianos tanto dolor y sufrimiento como los rusos. Después de las últimas atrocidades rusas en muchas ciudades y pueblos de mi país, la habitual distancia y discreción de los ucranianos hacia los rusos se ha convertido en odio. Como escribió una joven poeta ucraniana (ya en 2014): “Nunca seremos hermanos para ti”.
Según la opinión de Putin, Ucrania no existía como país en el pasado.
Es la tesis absurda de un loco. El estado ucraniano, con capital en Kiev, surgió en el siglo IX, 300 años antes de la fundación de Moscú. En tiempos de Pedro I y Catalina II los funcionarios rusos habían aceptado una “teoría histórica” de que sus raíces se asientan en el antiguo estado de Kyivan. Necesitaban apropiarse de parte de nuestra historia, endurecerla, para sentirse “mucho más antiguos”, con mucha más tradición. Fue una de las falsificaciones ideológicas más descaradas de la historia. Ahora Putin continúa con esta línea megafalsa.
¿Le sorprendió la invasión de Rusia?
Para nada. Puedo decir más: estaba absolutamente seguro de que vendría algo así. Tarde o temprano pero era inevitable. Esta era la voluntad de Putin desde 2000, cuando se convirtió en presidente de Rusia. Y su máquina estatal simplemente multiplicó durante este tiempo el odio a los ucranianos, a nuestro, como ellos lo llamaron, “estado fallido”. La propaganda se hizo cada vez más aguda. Era como una enorme bomba mortal que no puede evitar explotar algún día. Cuando vi en la madrugada del 24 de febrero las enormes franjas de humo negro en el cielo, después del ataque con cohetes rusos en el aeropuerto de nuestra ciudad, solo pensé: “Finalmente. Empezaron”.
¿Sobrevivirá Ucrania si Putin tiene éxito y decide dividir el país?
No contemplo esa opción. Las opciones de Putin han resultado ser muy limitadas. Su ejército es débil y está totalmente devorado por la corrupción. Los soldados están desmoralizados, no pueden luchar en la guerra contemporánea. Imagínese: ¡en el siglo XXI todavía usan los mapas militares hechos en la década de 1960! ¡Las provisiones de alimentos con las que habían invadido Ucrania tenían fecha de caducidad de 2015! ¡Ya han perdido en esta campaña fallida a siete generales del ejército! Creo que es solo una cuestión de tiempo la expulsión rusa de los territorios ucranianos.
¿Se sienten los ucranianos abandonados por la OTAN y los países occidentales? Muchos prometieron integrar a Ucrania en la UE y en la OTAN…
No nos hemos quedado solos porque recibimos muchas armas de los países que pertenecen a la OTAN. Sin esa ayuda estaríamos resistiendo de todos modos pero no de una manera tan efectiva y exitosa. Estoy seguro de que recibiremos una invitación para ingresar en la OTAN después de esta guerra, aunque solo sea porque el ejército ucraniano será reconocido como uno de los mejores de Europa. Será, pues, una necesidad estratégica para la OTAN tener en la organización a este país miembro en el lado más oriental con un ejército tan efectivo.
¿Cree que será una guerra larga?
Depende de la ambición de las sanciones occidentales. No será una guerra larga si las sanciones son realmente cruciales, como por ejemplo el embargo de combustible. Ahora las sanciones son en su mayoría insuficientes y más bien decorativas; con tales sanciones Rusia puede sobrevivir. Por supuesto, tiene problemas, pero puede durar meses y años si no se agudizan las sanciones. Solo un ejemplo: desde el primer día de esta guerra, Rusia obtuvo de los países de la UE más de 47.000 millones de euros por la venta de su gas y petróleo. Al mismo tiempo, Ucrania recibió mil millones de euros como ayuda europea. ¿Puedes comparar 35 y 1? Y la segunda condición: más armas para Ucrania. Y si es posible, no los viejos equipos soviéticos sino los occidentales más modernos. Estoy seguro de que los ucranianos podrán dominarlos muy pronto. Como ya han dominado los Javelins, Stingers y NLUWs.
¿Cómo era Ucrania antes de la guerra? ¿Puede describir algunos aspectos del país, su sociedad y su gente? ¿Sigue siendo bastante visible el legado de la Unión Soviética?
Hay una cosa bastante típica. Nuestros servicios de seguridad del estado interceptan las llamadas telefónicas realizadas por soldados rusos llamando a sus familias. Uno de los detalles más populares es este: los rusos están absolutamente sorprendidos de lo bien que viven los ucranianos en comparación con ellos en Rusia. “Mamá, viven como europeos, ¿sabes?”. Siempre puedes escuchar algo como esto. Por eso siempre andan merodeando y robando. Soldados de Rusia irrumpen metódicamente en casas ucranianas, tanto en edificios de apartamentos de varios pisos como en viviendas unifamiliares. En todos lados. Agarran todo lo que ven: ropa, zapatos, alcohol, joyas, perfumes, lavadoras, ordenadores, teléfonos inteligentes, cuchillos, tenedores”. ¿Cómo se atreven a vivir tan jodidamente mejor como nosotros?”, es así como los rusos lloran en sus llamadas a sus familiares. Después de la revolución de Maidan en 2014, Ucrania hizo mucho por su desarrollo social y económico.
¿Fue la ayuda europea determinante?
Se construyeron buenas carreteras, nuevas estaciones de servicio en todas partes, muchos hoteles nuevos y cómodos, buenos restaurantes, se levantaron aeropuertos, porque obtuvimos de la UE un régimen sin visa y nos convertimos en un país abierto. Las ciudades se estaban volviendo cada vez más amigables para la convivencia. Durante los últimos años he preferido viajar más dentro de Ucrania que al extranjero. Al mismo tiempo, tuvimos una campaña estatal muy fructífera de desovietización; como resultado, ya no quedan monumentos soviéticos, y los antiguos nombres soviéticos en la toponimia son cada vez más raros. Este proceso ha sido apoyado por una gran mayoría de la población, especialmente después de que Rusia nos atacara en 2014 anexando nuestros territorios. No hay posibilidad para la nostalgia soviética.
¿Cuál es el objetivo real de la estrategia de Putin en Ucrania?
Ahora parece ser mucho más modesto que el 24 de febrero. Ahora solo quiere cortar nuestra región más oriental (donde de hecho tomó el control desde 2014) y, lo que es nuevo, una parte del sur de Ucrania, la costa de dos mares. Pero al principio de la guerra su plan era absolutamente gigantesco. Pretendía una liquidación total del estado ucraniano y la aniquilación física de millones de ucranianos. Era un claro plan de genocidio. Después de esa “aniquilación de Ucrania”, ampliaría su estrategia atacando a alguno de nuestros vecinos occidentales para destruir la OTAN. Putin sueña con un nuevo orden mundial basado en la dominación rusa sobre toda Europa. Su error es mayúscula: Ucrania es el país donde siempre se rompe los dientes. Así sucedió en 2004 (Revolución Naranja), 2013-14 (revolución del Euromaidan) y 2014-15 (con su «proyecto de la Nueva Rusia»). Todos esos intentos fueron en vano. Ahora es su último intento desesperado que traerá el colapso para él y su sistema.
Putin y el búnker de la mentira
Editorial ABC. 10 Mayo 2022
La distorsión de la historia, elemento esencial de todo discurso nacionalista, volvió este lunes a emerger en Moscú, donde Vladímir Putin utilizó de forma sesgada la victoria de Stalin sobre Hitler como antecedente de la guerra declarada al mundo libre desde la frontera de Ucrania. Lo que la Rusia de Putin, con una mezcla de nostalgia oficial y fervor indentitario, sigue celebrando como el triunfo de su país en la ‘Gran Guerra Patriótica’ no fue sino la victoria militar de un régimen totalitario sobre otro, y el comienzo de una era tan terrorífica y criminal, si no más, que la que en 1945 concluyó con la caída de Berlín y la derrota del régimen nazi. Esa perversión de la historia está en el origen de la invasión de Ucrania.
Sin la necesaria purga de los pecados de la era soviética, crímenes contra la humanidad y la libertad que las franquicias de Moscú llevaron a cabo en medio mundo, Rusia está incapacitada para reflexionar sobre su presente y aceptar su lugar entre las grandes naciones nuestro tiempo. Al contrario, Vladímir Putin huye hacia adelante con una invasión militar cuyo carácter ultranacionalista remite al mismo nazismo que dice combatir y con un discurso, cada vez más victimista y perturbado, que ya ha convertido a su país en un apestado dentro del concierto internacional. En memoria y celebración de la victoria militar con la que arrancó una de las eras más siniestras de la historia de la humanidad, el discurso del presidente ruso no pudo ser más desafortunado, solo explicable en una sociedad como la rusa, cuya opinión ha sido manipulada de forma sistemática y donde cualquier llamada pública a la racionalidad es considerada como una traición a la patria. Vladímir Putin no se dirigió ayer a Occidente, sino a los rusos que, sometidos por su aparato de propaganda, aún dan credibilidad a sus patrañas y legitimidad a sus fechorías.
El enquistamiento en el tiempo de lo que ya puede interpretarse como una invasión fallida, planificada para someter a Ucrania en apenas unos días, ha puesto en entredicho la presunta grandeza militar de una potencia que ni siquiera ha sabido mantener en estos últimos dos meses la imagen de superioridad de su Ejército, sobre la que en buena parte descansaba la leyenda de su poderío, heredada del siglo pasado. A Putin se le cae a pedazos el mito de una Rusia imbatible. Le quedan las mentiras, tapadera de la ruina económica que a corto y largo plazo va a provocar en su país. La comunidad internacional, cuya alianza trasatlántica sale reforzada de esta crisis, ha entendido que el problema no es ya Ucrania, simple circunstancia bélica, sino la propia continuidad de Putin en el Kremlin. La OTAN está detrás de defensa de Kiev, a cuyo Gobierno no ha dejado de proporcionar material bélico, tecnología y logística para repeler la invasión rusa, incluso antes del comienzo de esta guerra suicida. El error de estrategia de Putin, sin otra cosa que celebrar ayer que las campañas de Stalin, no responde tanto al planteamiento de su ofensiva militar, sino a la infravaloración de un enemigo -la OTAN, debilitada desde los tiempos de Barack Obama por el unilateralismo de Estados Unidos- que creyó desarticulado y pasivo ante sus sucesivos movimientos de tropas, ya fueran en Siria o en Crimea. Responsabilizar a la Alianza Atlántica de la guerra de Ucrania forma parte del delirio del presidente ruso, ayer tan vulnerable en la Plaza Roja que no supo esconder la naturaleza irracional de su proyecto imperial, solo sostenible en clave doméstica, en el interior de una Rusia que -asegura- «es diferente» y cuyos «valores milenarios se han visto en peligro». Es Putin quien pone en peligro a sus súbditos.
Caudillo, dictador, sátrapa, genocida
Nota del Editor. 10 Mayo 2022
Desgraciadamente para el mundo, Putin es un genocida.
¿Saben en Bruselas lo que pasa aquí?
FERNANDO SÁNCHEZ DRAGÓ. https://gaceta.es/. 10 Mayo 2022
Yo no estoy nada seguro, pese al empeño de algunos eurodiputados, mayormente de VOX, en denunciar las tropelías perpetradas por el Gobierno que nos oprime y los desmanes del totalitarismo impuesto por el ideario progre y por la estúpida iconoclastia del imaginario woke.
Sospecho que lo mismo, grosso modo, sucede también en otras partes, todas ellas situadas intramuros de esa entelequia que es Occidente, pero no creo que en ninguna se llegue al extremo al que se llega aquí. Hasta los suecos, que se llevaban la palma, están regresando al seno de la sensatez. España, en cambio, es, junto a Estados Unidos, el maillot amarillo de la progresía.
¿Saben los lechuguinos, petimetres, pisaverdes, botarates, figurines y preciosos ridículos de Bruselas que los okupas tienen en España, que siempre is different, derecho de pernada y patente de corso y de curso legal en lo concerniente al allanamiento de morada y a la expropiación forzosa de propiedades inmuebles?
¿Saben que los españoles no somos iguales ante la ley?
¿Saben que los inmigrantes, ya sean legales, ya ilegales, tienen, por así decir, preferencia de paso en el usufructo de los servicios públicos?
¿Saben que no se aplica a los varones la presunción de inocencia en todo lo que a los malos tratos, trifulcas de pareja y violencia intrafamiliar se refiere?
¿Saben que cualquier mindundi provisto de DNI puede sentarse en el consejo de ministros sin necesidad de haber cursado estudios que vayan más allá de la enseñanza primaria? Y aun eso sólo porque es obligatoria, que de no serlo…
¿Saben que la presión fiscal es, entre nosotros, además de recaudatoria, descaradamente confiscatoria?
¿Saben que se ha desterrado la memoria en los procesos de aprendizaje escolar, que da igual suspender que aprobar una asignatura…?
¿Saben que en buena parte del país se mantiene la doble o incluso triple imposición en las donaciones, sucesiones y el conjunto del derecho hereditario?
¿Saben que el español es más o menos ciudadano y menos o más súbdito según sea la región española en la que haya nacido?
¿Saben que en algunas autonomías se equiparan los dialectos a las lenguas y que el idioma oficial del Estado se acogota con deplorables triquiñuelas en clara violación del sentido común y de la constitucionalidad?
¿Saben que los planes de estudio vigentes no persiguen la educación ni la instrucción, sino el más abyecto adoctrinamiento?
¿Saben que se ha desterrado la memoria en los procesos de aprendizaje escolar, que da igual suspender que aprobar una asignatura y que en la escuela pública se han suprimido o van a suprimirse las calificaciones numéricas?
¿Saben que la nefasta Ley de Memoria Histórica y Democrática es sólo un truco para escamotear lo que pasó y sustituirlo por lo que no pasó?
¿Saben que esa ley sirve al designio de reabrir las trincheras de la guerra civil y convertir en ganadores de la misma a quienes la perdieron?
¿Saben que la damnatio memoriae es en España moneda de cada día e infringe la legislación relativa a los delitos de odio?
¿Saben que el odio, considerado en sí mismo, no es delictivo, aunque sí lo sean algunos de los hechos inspirados por él?
¿Saben que elhomo ibericusse ha transformado enhomo festivusy sólo piensa en tomarse unas cañitas?
¿Saben que aquí se profanan tumbas y que eso, sea quien sea la persona enterrada en ellas, sí que es constitutivo de un delito de odio?
¿Saben que nuestro Tribunal Supremo no es supremo y que sus sentencias, por lo general tardías y, debido a ello, baldías, no siempre se ejecutan?
¿Saben que el sexo de las personas se define a la carta en el Registro Civil sin atender a las evidencias biológicas, anatómicas y fisiológicas?
¿Saben que el homo ibericus se ha transformado en homo festivus y sólo piensa en tomarse unas cañitas en cualquier terracita con unas croquetitas y unas lonchitas de jamoncito de patita negrita?
¿Saben que nuestros pecados capitales siguen siendo la envidia, la ira, la pereza y la soberbia?
¿Saben que seguimos siendo un país invertebrado?
¿Saben que yo llevo ochenta y cinco años siendo español y que cada vez es más difícil serlo?
¿Saben que…?
¿Saben que, saben que, saben que los puntos suspensivos del párrafo anterior podrían prolongarse hasta el infinito?
Mejor me paro. Contad si son catorce, y está hecho.
Sanidad y educación: cuatro mentiras sobre los impuestos
Sánchez aumenta un 32% los gastos anuales de La Moncloa con España en crisis
AGUSTÍN GARCÍA. Okdiario. 10 Mayo 2022
Cada vez que nos hablan de impuestos, los amigos del gasto público, defensores de la democracia buffet, se esfuerzan por convencernos de lo bueno que es que el Estado gaste por nosotros y, cuanto más, mejor. Para ello, nos recuerdan que «si se bajan los impuestos, no podrán mantenerse los servicios públicos» y nos insisten en que «son para colegios y hospitales».
Se trata de un argumento-vaselina para que paguemos a gusto. Qué mejor que decirnos que nuestro dinero se destinará a educar y curar, a niños y enfermos. Cómo discutir fines tan nobles. Claro, no nos van a decir que también son para mantener chiringuitos varios, a amiguetes enchufados, ministerios prescindibles, propaganda gubernamental, subvenciones a sindicatos…
Así que, cuando nos vamos enterando de cómo se malgasta, nos vienen con la segunda mentira: «Esas cosillas son el chocolate del loro». Y esta mentira ofende doblemente por dos razones. Primero, porque el mensaje que traslada es que si es poco lo que se malgasta, no pasa nada, debemos asumirlo. Como si al contribuyente no le costase ganarlo. Y segundo, porque, como toda mentira, también esta es engañosa. Así, por ejemplo, que Sánchez haya aumentado a 23 ministerios, la composición de su Gobierno nos cuesta 1.225 millones de euros más al año que el último Gobierno de Rajoy. ¡Vaya con el loro!
Y cuando llega el momento de bajar impuestos nos mienten por tercera vez: «Los bajaremos pero sin tocar la sanidad ni la educación». Y quizá eso pueda ocurrir en las cuentas del Estado, pero me temo que en las comunidades autónomas no. Ambas competencias (autonómicas) se llevan tres cuartas parte de los presupuestos regionales.
Esta mentira, al menos, es bienintencionada, la hace quien sabe que hay que recortar, pero asume el discurso de la sacralización de aquellas competencias. Queda mejor decir que no se van a tocar, por la mala prensa que tiene reducir este tipo de programas de gasto, en lugar de explicar que lo intocable son los derechos (a la educación o a la sanidad), pero no la gestión de esos derechos.
Garantizar un derecho y gestionar un servicio (sea el educativo, sanitario o cualquier otro), puede hacerse de formas muy diferentes, mediante gestión directa o indirecta, se puede desgravar o subvencionar, financiar la demanda o la oferta, blindar monopolios o permitir la competencia, liberalizar o intervenir precios, etc. Son decisiones que, según cada caso, pueden abaratar un servicio sin afectar a su calidad.
Pero si un técnico propone una fórmula para abaratar o externalizar un servicio, aparecerán los autoproclamados defensores de lo público alertando del desmantelamiento del Estado de bienestar. Y opera, entonces, el principio de la asimetría de la estupidez de Brandolini, por el que «la cantidad de energía necesaria para refutar una estupidez es de un orden de magnitud mayor que la necesaria para producirla». Así que el político al que le toca bajar los impuestos prefiere mentirnos en lugar de explicarnos que sí es posible ahorrar, y mucho, en educación y sanidad. Que una cosa son los derechos y otra su gestión, una cosa es la eficacia y otra la eficiencia.
Y así llegamos a la cuarta mentira: «Hay que aumentar el presupuesto». Gastar es gobernar, y cuanto más gasta un Gobierno, más favorable se muestra a aquello en lo que gasta. Medimos el apoyo a la ciencia o a cualquier asunto público por su peso (presupuestario) en el PIB y, cuando se aprueban las cuentas públicas, las aplaudimos o criticamos por el solo hecho de que las partidas suban o bajen.
Olvidamos que lo importante es cómo se gasta, no cuánto se gasta. Y aquí la educación es, también, un buen ejemplo: tras investigar la OCDE la relación entre resultados educativos y recursos utilizados se mostró que, a partir de cierto nivel de gasto, no hay una correlación entre los resultados obtenidos y los recursos empleados. Solo el gasto inferior a 50.000 dólares por estudiante de 6 a 15 años está positivamente relacionado con el rendimiento y la equidad. Una vez alcanzado este nivel de gasto, la relación entre el gasto y el rendimiento deja de existir. Pues bien, el gasto acumulado en España en un alumno en esa etapa supera hace mucho en España, los 80.000 dólares. Así, el fracaso educativo no es por falta de dinero, quizá el problema esté en la gestión o en la regulación, gracias a las leyes que aprueba el PSOE cada vez que gobierna.
Y cuando, por culpa de la regulación y la gestión, los resultados no sean los esperados, como la solución siempre será gastar más, habrá que subir los impuestos. Y así se cierra el círculo y vuelta a empezar con las cuatro mentiras. ¿Les suena?
El inverosímil plan de Sánchez enviado a Bruselas y el 'truco' de la deuda y el déficit
JOSÉ MARÍA ROTELLAR.
Libre Mercado. libertad digital. 10 Mayo 2022
El Gobierno no reconoce ante Bruselas que la economía española se estaba desacelerando ya en el segundo semestre de 2021.
El Gobierno ha enviado a Bruselas la actualización del plan de estabilidad para el período 2022-2025. Pese a que no le ha quedado más remedio que rebajar la previsión de crecimiento para 2022, del 7% al 4,3%, sigue siendo un plan muy optimista el que ha remitido a la UE.
De esa manera, no reconocen que la economía española se estaba desacelerando ya en el segundo semestre de 2021. Mencionan el impacto de los precios de gas y electricidad, derivado de la recuperación internacional de la demanda, así como la ola de Ómicron, pero sostienen que la economía española se recuperaba con fuerza. Obvian el hecho de que el crecimiento económico en 2021 se quedó en el 5,1% en lugar del 6,5% previsto por el Gobierno.
Dicen que la economía española muestra una mejor resistencia que la de sus socios europeos ante el impacto energético. Si es así, entonces el menor crecimiento generado en 2021 respecto al previsto se debe a problemas estructurales de la economía española, cosa que no dice.
Mantienen que esa mayor recuperación permitió acelerar la corrección de los desequilibrios fiscales y económicos, pero se olvidan de decir que esa mejora de 1,6 puntos sobre el objetivo de déficit se debe al incremento de recaudación, ya que el gasto no se contuvo, todo lo contrario. Por tanto, el incremento de recaudación se debe, en su mayor parte, al efecto de la inflación.
Esto intensifica el desequilibrio, porque, al fin y al cabo, el efecto de la recaudación por incremento de los precios será temporal, ya que si la inflación no persiste, ese efecto se pierde; y si persiste, el empobrecimiento reducirá la actividad económica, mermando la recaudación por caída de actividad mucho más que el incremento derivado del efecto de la subida de precios.
Citan al endeudamiento público como efecto estabilizador del endeudamiento privado, pero este elemento sólo dota de inestabilidad y fragilidad a la economía española, pues el fuerte incremento de la deuda atenazará a la economía española por tres motivos:
Deja a la economía española sin capacidad de respuesta contracíclica si cae la economía, ya que no hay margen para un mayor gasto transitorio, al no poder elevar más el endeudamiento.
La elevada deuda aumentará la prima de riesgo en cuanto se reduzcan -y, después, eliminen- en junio las compras de deuda española por parte del BCE.
El más que previsible aumento de tipos de interés incrementará el coste de la deuda nueva. Es cierto que el Tesoro ha alargado correctamente la vida media de la cartera de deuda, pero el nuevo endeudamiento incrementará el capítulo III de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), drenando recursos para servicios esenciales. Así, en el informe recoge que la previsión del tipo de interés del bono a 10 años pasará del 0,1% en 2021, al 0,8% en 2022, el 1% en 2023 y el 1,1% en 2024 y 2025, que encarecerá sensiblemente la financiación de la economía española, al seguir movilizando unas necesidades importantes de nuevo endeudamiento (de 60.000 millones, aproximadamente, para 2022 y de unos 35.000 millones de euros para 2025, con incrementos entre una cifra y otra para 2023 y 2024).
Fían, una vez más, toda la recuperación de la economía española a los fondos europeos, pero la mala gestión de la misma, con modesta ejecución, y la poca canalización hacia las empresas, como ha dejado claro la CEOE, hacen pensar que el efecto multiplicador sobre el crecimiento no será tan importante como previó el Gobierno (cosa que ya dijo hace meses la AIReF).
Hablan de la reforma laboral para valorar positivamente la reducción de la dualidad en el mercado laboral, pero no menciona que ello puede asfixiar a determinados sectores, como los agrícolas o los turísticos, al obligarlos a contratar como indefinidos empleos que, por su naturaleza, son temporales.
Por otra parte, pese a decir que el alza de precios energéticos afecta menos a España que al resto de socios de la UE, reconocen que ralentizará la recuperación.
Confían también en el turismo como fuente de recuperación, pero la evolución del tipo de cambio nominal y del tipo de cambio real puede mermar este crecimiento.
Confían en la demanda nacional como motor principal de crecimiento en el período 2022-2025, debido al plan de recuperación. Sin embargo, hay muchas incertidumbres al respecto, como, por ejemplo, el efecto de una potencial subida de tipos de interés, que mermaría consumo e inversión al encarecerse la financiación y disminuiría el empuje de la demanda nacional, con lo que las previsiones cojean por ese lado.
De esta forma, pese a la bolsa importante de ahorro privado generado durante la pandemia, ahora puede volver a aumentar y no canalizarse hacia el consumo por empeoramiento de expectativas, cosa que también puede suceder con la inversión, de manera que ésta sufra una reducción. Ese comportamiento en consumo e inversión reducirían el avance de la demanda nacional y, con ello, del crecimiento económico.
De hecho, en el propio documento se afirma que el mayor incremento del consumo se da en bienes no duraderos y servicios, lo que denota que los agentes económicos siguen sin mejorar su confianza, pues si no el mayor incremento se daría en bienes de consumo duraderos, que suponen un mayor desembolso.
Considera que a partir de 2024 será el sector exterior el que se sume al impulso de la economía, Sin embargo, si el BCE sube tipos, el euro recuperará terreno frente al dólar, de manera que las exportaciones y el turismo pueden verse mermados a la baja respecto a lo previsto. Es cierto que la Fed va a continuar subiendo tipos, pero eso ya lo tiene descontado el mercado, al haber sido anunciado, y hay dudas de cuándo aplicará la política monetaria restrictiva el BCE y con qué intensidad, de manera que hay un pequeño margen para la apreciación futura del tipo de cambio nominal del euro y el menor incremento, con ello, de exportaciones.
Adicionalmente, como la inflación española está creciendo más que la del conjunto de la UE y que la de Estados Unidos, el tipo de cambio real de la economía española se apreciará, perjudicando a sus exportaciones, mermando la aportación al crecimiento por parte del sector exterior, como sucede con el turismo, antes mencionado.
Evolución del PIB nominal y real
Se mantiene una importante diferencia entre la evolución del PIB nominal y el real, que denota una evolución de crecimiento importante del deflactor del PIB, fruto del alza de la inflación.
Prevé un incremento del empleo que va del 2,6% de 2022 al 1,5% en 2025, pero con una baja productividad, con lo que el plan de recuperación no logra remediar uno de los problemas de la economía española.
En el apartado fiscal, estima un fuerte crecimiento de la recaudación, que justifica en su mayor parte por el avance de la actividad económica.
Si esa estimación la han realizado de esa manera, todavía es más preocupante, porque la recaudación aumentará por el impacto de la inflación, pero no por actividad económica, o no en la medida que estima el Gobierno, ya que la actividad se está ralentizando, como hemos visto con los últimos indicadores publicados antes mencionados.
Es decir, es muy probable que las previsiones de ingresos no se cumplan en 2023 y años siguientes, y difícilmente en 2022, ante el rápido deterioro que está sufriendo la economía.
De hecho, aunque el Gobierno vende que logra una gran reducción del déficit -después de haber registrado uno de los mayores desequilibrios presupuestarios de la historia-, realmente, el saldo presupuestario apenas varía, pues lo mantiene en un déficit del 5% para 2022, el mismo del cuadro macro con el que diseñó los presupuestos y el mismo que envió a Bruselas hace un año, como se puede leer en la página 46 de aquel informe.
Del mismo modo, ahora estima un déficit para 2023 del 3,9%, sólo una décima mejor que el remitido hace un año; y para 2024 lo estima en una décima mayor (3,3%) al remitido a la UE hace un año.
Es decir, ni con la optimista -y, probablemente, irreal- estimación de ingresos, consigue reducir el déficit más de lo previsto, aumentándolo, incluso, en su estimación para 2024.
Es más, si la economía sigue ralentizándose, y todo apunta a que así será, no sólo empeorará el saldo presupuestario por la disminución de ingresos, sino que al caer la actividad, descenderá el empleo, y simplemente el juego de los estabilizadores automáticos -por ejemplo, prestaciones por desempleo- aumentará el gasto, por no hablar del impacto negativo en el mismo que supondrá la indexación de las pensiones a la inflación -y más con estos niveles de crecimiento de precios-.
El ‘truco’ de la caída de la deuda y el déficit
Pese a que en el documento el Gobierno presume de acabar en 2025 por debajo de un déficit del 3% del PIB, no logra que el saldo primario (el que excluye los intereses de la deuda) entre en positivo en todo el período, lo cual señala que el desequilibrio persiste, pues el primer elemento que denota un punto de inflexión hacia una reducción estructural del desequilibrio presupuestario es incurrir en superávit primario, cosa que no sucede en las previsiones del período.
Tanto la evolución del déficit público como de la deuda pública puede ser algo mejor gracias al importante efecto de la inflación a través del deflactor del PIB y del crecimiento, por tanto, del PIB nominal, de manera que el denominador de esos cocientes es el que cobra una gran fuerza para lograr la reducción, no por la contención del denominador (saldo presupuestario y deuda en valores absolutos, respectivamente).
Aún así, prevé que la deuda se mantenga en el entorno del 110% del PIB en 2025, cifra excesivamente elevada, cuya reducción debería ser mucho mayor para blindarse del efecto negativo de posibles subidas de tipos.
No se consigue reducir apenas el déficit estructural, que se mantiene por encima del 3% (siendo muy optimista esta previsión respecto al nivel estimado por la AIReF o por la propia Comisión en informes previos).
Adicionalmente, se cuenta con una serie de riesgos:
Una subida de tipos de 120 puntos básicos lastraría el crecimiento del PIB alrededor de medio punto cada año, con importante impacto en el déficit, entre medio punto y un punto adicional. El empleo perdería gran parte de la previsión de crecimiento.
El efecto de apreciación de tipo de cambio también reduciría entre una décima y medio punto el PIB, con empeoramiento de entre 1 décima y 4 décimas el déficit y de entre 1 décima y 1,4 puntos el empleo.
Un incremento del precio del barril de petróleo de diez euros cada año, disminuiría el PIB en 1,4 puntos al final del período, deteriorando el déficit público en una décima en ese período.
Por último, en materia de pensiones, como reforma de sistema, no profundiza, apuntando sólo algunas ideas:
Prevé disminuir la tasa de sustitución del salario del 60% en 2019 hasta el 30% en 2070, para lo cual tendrá que aumentar mucho el cálculo de la pensión (posiblemente, a toda la vida laboral) y alargar la edad de jubilación. No lo explica en profundidad, pero sí que lo menciona.
Incentivo para retrasar la edad legal de jubilación, con bonificaciones por año de demora, pero de manera injusta, porque se bonifica un 4% con independencia de los años previamente cotizados.
Incremento de la base máxima de cotización.
Incremento de cotizaciones a la Seguridad Social.
Penalización de la jubilación anticipada, especialmente en las pensiones máximas.
Incremento de cotización para los autónomos. Esto puede asfixiarlos por no soportar el incremento de coste.
En definitiva, parece un programa optimista, con riesgos de cumplimiento ante cualquier deterioro indicado, con dificultades para cumplir con los compromisos de estabilidad y con el mantenimiento de los niveles de crecimiento y empleo anteriores optimistas, con escasas propuestas de reforma, no detallando en profundidad su propuesta de reforma de pensiones.
Justicia efectiva y escuela bilingüe
José Domingo. cronica global. 10 Mayo 2022
El acceso a la justicia es un derecho fundamental que una sociedad democrática debe garantizar. Todas las personas deben poder utilizar las herramientas y mecanismos legales para que se les reconozcan y protejan sus derechos. Decía el profesor Díez-Picazo que "la tutela judicial efectiva no es solo el derecho a traspasar el umbral de la puerta de un tribunal, sino el derecho a que, una vez dentro, este cumpla la función para la que está instituido". La función de un tribunal, ocioso es decirlo, es dictar resoluciones y hacer que se ejecuten.
Estos principios, propios de la normalidad democrática, son cuestionados en Cataluña. Algunas autoridades consideran una grave anomalía que los ciudadanos reclamen ante los órganos judiciales sus derechos lingüísticos y no tienen empacho en acusarles falsariamente de romper la convivencia o de judicializar la política o, lisa y llanamente, de sicarios de partidos políticos, herederos del franquismo o fascistas.
Con ese entorno de presión es heroico que muchas familias catalanas hayan decidido cruzar el umbral de la puerta para solicitar en los tribunales su derecho a la escolarización bilingüe. Recientemente, 1.643 alumnos y padres o madres de alumnos decidieron depositar su confianza en la Asamblea por una Escuela Bilingüe de Cataluña (AEB) para que reclamara la ejecución de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 16 de diciembre de 2020 que reconoce su derecho a la escolarización en las dos lenguas oficiales de Cataluña en, al menos, un 25% en cada una de ellas.
Ha valido la pena. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha dictado un auto que pone algo de cordura bilingüe en el maltratado panorama de la enseñanza no universitaria catalana. El auto ha sido recibido con cajas destempladas por el nacionalismo lingüístico y no se han hecho esperar las apelaciones a la desobediencia y el diseño de artimañas jurídicas para dejarlo sin efecto.
Pero esta vez los que pretenden que el catalán sea la única lengua vehicular de enseñanza lo tienen complicado. El trascendental auto ata en corto a los responsables del cumplimiento de la sentencia. Da 15 días al consejero de Educación para que dicte las instrucciones y establezca las garantías necesarias para que los alumnos reciban de manera efectiva e inmediata las enseñanzas en catalán y en castellano en una proporción razonable. La "Cataluña insumisa" no es posible. Al señor Gonzàlez-Cambray la decisión del tribunal le parecerá aberrante (esa reacción es bastante usual entre los que pierden pleitos) pero no va a tener más remedio que ejecutarla.
Por mandato legal, el Gobierno de España debe garantizar la enseñanza en castellano en el sistema educativo. Esa competencia es irrenunciable. Hasta ahora no ha mostrado mucho celo en llevarla a efecto, pero para estimular su cometido el tribunal ha requerido a la Alta Inspección del Estado para que verifique el cumplimiento de la sentencia en el conjunto del sistema educativo catalán e informe al tribunal de la actividad desplegada por el Departamento para ello.
No es demasiado complicado. Basta con solicitar un certificado con las medidas adoptadas a los directores de los centros educativos de Cataluña. En esa petición de información no estaría de más recordar que la falsedad en documento oficial es un delito contemplado en el artículo 390 del Código penal y lleva aparejada penas de prisión.
Al final, la gran esperanza del consejero de Educación es lograr que a la Asamblea por una Escuela Bilingüe de Cataluña le cierren las puertas de los tribunales en sus narices. A lo largo del proceso ha insistido en que carece de legitimación activa. Obstaculizar el ejercicio de los derechos por parte de los ciudadanos suele ser uno de los ejes de actuación de los gobiernos totalitarios. Siempre es incómodo tener a personas que traten de corregir las arbitrariedades de las administraciones túblicas. No se esperaba menos de un gobierno que defiende en exclusividad la enseñanza en catalán en el sistema educativo, tiene auténtico pavor a la convivencia lingüística y es hispanofóbico.
En contra de lo pretendido, el tribunal ha reconocido por unanimidad la legitimación de la AEB para la defensa de los intereses colectivos en el conjunto del sistema educativo. También ha fracasado en esa intentona. Malas noticias para el consejero: la AEB viene para quedarse en las salas de justicia, los alumnos catalanes más protegidos.
La inmersión es inmoral
Isabel Fernández Alonso. cronica global. 10 Mayo 2022
Han caído y caerán ríos de tinta sobre la dimensión jurídica de la inmersión por más que cualquiera que se acerque al tema con rigor aprecie con nitidez su carácter ilegal. El alud de decisiones judiciales, al margen del auto relativo a la ejecución forzosa, así lo atestigua. La Ley Celaá no cambia nada, por la sencilla razón de que jamás podrá ser interpretada en contra de la jurisprudencia constitucional.
No obstante, la explicación y defensa de las resoluciones judiciales que han puesto fin a este atropello --que atribuye derechos a las lenguas y se los hurta a las personas-- sigue siendo imprescindible, dada la complejidad del tema y la dimensión del aparato propagandístico del nacionalismo.
Ahora bien, a mi juicio, la batalla del relato en su vertiente jurídica ha de ir acompañada de una denuncia implacable del carácter también inmoral de la inmersión lingüística obligatoria para los castellanohablantes, que es como debería llamarse (con todas las letras) a esta práctica excluyente, sin parangón en las democracias europeas.
La inmersión es inmoral porque con ella se instrumentaliza a los menores colocándolos al servicio de una causa política identitaria que entiende la lengua como un eslabón esencial para la uniformización ideológica. Los mismos que dicen que la escuela catalana (en lengua y contenido) no se toca, que ponen el grito en cielo porque los niños hablan español en los momentos de recreo, son los que los situaron en el foco del 1 de octubre al convertir los centros educativos en colegios electorales y favorecer las arengas políticas en los patios. Uno se pregunta qué no sucedería en las aulas...
La inmersión es inmoral porque, con la expulsión de miles de docentes y las trabas para que vengan a Cataluña otros muchos, ha contribuido a articular un cuerpo de maestros y profesores con un marcado sesgo ideológico, claramente al servicio del poder nacionalista, donde los más movilizados, que son muchos --basta ver el perfil de los sindicatos mayoritarios-- silencian al resto. ¿Cómo, si no, explicamos el esperpento de la entrega simbólica de las llaves de los centros educativos a Puigdemont para la organización del referéndum ilegal o la carta de más de 600 directores a la Comisión Europea reclamándole "solidaridad y afecto hacia los 893 heridos de los tristes hechos del 1-O"?
La inmersión es inmoral porque se ha articulado en contra de la realidad social de Cataluña y ha amparado el acoso a familias que reclamaban una escuela bilingüe en una sociedad bilingüe. Recordemos a Ana Moreno, la madre de Balaguer, explicando el boicot a su negocio en el Parlamento Europeo.
La inmersión es inmoral porque sus adalides han tenido y tienen la increíble desfachatez de llevar a sus hijos a centros bilingües y trilingües, desplegando simultáneamente una estrategia propagandística basada en falacias tan delirantes como que el nivel de español de los niños catalanes (con dos o tres horas de clase a la semana) es superior al de los del resto de España cuando, para colmo, no existe ninguna prueba común que permita realizar esa afirmación.
¿Recuerdan aquello de que "en adelante, de ética y moral hablaremos nosotros"? Pues toca desmontar aquella infamia.
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Si el Círculo de Economía le aplaude, Feijoó se aleja de la Moncloa
JOAN LÓPEZ . libertad digital. 10 Mayo 2022
Feijoó puede estar satisfecho del resultado de su primera visita a Barcelona, el auditorio del Círculo de Economía le otorgo su visto bueno. En su gozo el nuevo líder del PP olvida el nulo valor que tiene para él dicho plácet, los mismos que ayer señalaban con su pulgar hacia arriba tras oir salir de su boca palabradas como "nacionalidad" o "catalanismo" para referirse a Cataluña un año antes se dejaron las manos para aplaudir a Sánchez cuando el presidente del Gobierno anunció su decisión de indultar a los políticos independentistas condenados por Tribunal Supremo.
En política las imágenes son símbolos, Feijoó se paseo ayer con Josep Piqué literalmente colgado del brazo. Olvida Feijoó que Pique, uno de los suyos para los miembros del Círculo, tampoco consiguió que el PP fuera aceptado por esa parte de Cataluña que el Círculo representa que no es otra que la oligarquía nacionalista cómplice de que Cataluña sea hoy un páramo.
Mil veces el PP ha ensayado su giro catalanista para buscar su ansiada aceptación por parte de las élites catalanas y mil veces estas, cuando el PP no les ha dado todo lo que han pedido les ha dado la espalda para, a continuación, aplaudir todos los linchamientos que el PP y sus votantes, hoy exvotantes, han sufrido en Cataluña.
De la política de Piqué y Rajoy, contemporizadores con el nacionalismo, surgió Ciudadanos, de plegarse a los designios de las elites político–económicas del independentismo catalán solo saldrá el crecimiento de Vox en Cataluña a no ser que otra opción, como Valents, ocupe el espacio político del PP y Cs.
El presidente del Círculo reclamó frente a Feijoó que los partidos se alejen del radicalismo, olvidando que su siempre protegido y bien financiado nacionalismo, es lo más radical que hay en Europa, con permiso de Sánchez y sus aliados podemitas y bilduetarras ¿O es que al hablar de radicalidad el presidente del Círculo olvida que Cataluña está gobernada por ERC y Junts con el apoyo de la CUP? La centralidad política no es la aproximación al nacionalismo sino todo lo contrario.
Cataluña es políticamente el mundo al revés, los ricos y poderosos buscan la destrucción de su país, España, y la gente sencilla y trabajadora adoran al Rey y son felices de ser españoles. Los primeros son los socios del Círculo de Economía y ocupan los despacho de poder de la Generalitat, los segundos podrían ser los votantes que llevarían a Feijoó a la Moncloa. Esos catalanes no esperan de Feijoó el compadreo con los dirigentes del Círculo de Economía si no el fin de las políticas económicas, de seguridad, educativas, lingüísticas y de vivienda que el Círculo ampara y a ellos tanto les perjudican.
Feijoó salió mejor librado de su paso por el Círculo de Economía que Casado. El ex presidente del PP mantuvo delante de los empresarios nacionalistas catalanes su oposición a los indultos y estos se lo pagaron con su desprecio, el problema de Casado no fue el rechazo del Círculo sino que cada día cambiaba de opinión y los catalanes no nacionalistas tras escucharle decir en RAC1 que él se opuso a la actuación policial el día del no referéndum del 1 de octubre de 2017 le abandonaron porque se sintieron traicionados.
El problema de los catalanes no nacionalistas, que son millones, es que los partidos que han votado tradicionalmente como el PSOE, el PP o Cs o bien les han traicionado, pactando con el nacionalismo a cambio de poder o bien les han abandonado. Por ese motivo es fundamental que surja desde Cataluña un partido que de visibilidad a los catalanes no nacionalistas, que termine con la visión exclusiva de la política catalana en televisión protagonizada por Rufián, Puigdemont o Junqueras y que evite que los partidos nacionales pacten con los independentistas a cambio de poder.
Puigdemont, los rusos y la cabeza de Esteban
PABLO
PLANAS.
libertad digital. 10 Mayo 2022
Conviene recordar que los independentistas se creen con derecho a todo y que son intocables. Así se entiende mejor el lloriqueo por las intervenciones con orden judicial de algunos teléfonos móviles de sus líderes. Los mismos tipos que se reunían con emisarios de Putin y mafiosos rusos y se jactaron de tener los datos fiscales de todos los catalanes para garantizar la Hacienda de la república catalana son los que ponen el grito en el cielo por una supuesta operación masiva de espionaje que es tan falsa como la propaganda rusa o más.
Tienen antecedentes para parar un tren. Son aquellos que mandan comisarios políticos voluntarios a espiar en qué idioma hablan los niños en los patios de los colegios, los que ordenaron a un grupo de los Mossos seguir y controlar a políticos, periodistas y personas contrarias al intento golpista y los que fantaseaban con que el Mosad adiestrara a los agentes de la Generalidad englobados en una agencia llamada Cesicat.
Creer lo que dicen los separatistas sin asomo de duda es de una ingenuidad mayúscula, de las que perpetra el ministro Bolaños a sabiendas o porque es el Pierre Nodoyuna de Patán Sánchez. Uno de los principales instigadores del supuesto Catalangate, Elies Campo, jamás ha trabajado en Telegram y ha mentido en el currículo que presentó en la Universidad de Toronto, de la que depende el Citizen Lab que esgrime el independentismo como elemento de autoridad absoluta en su denuncia.
Mientras tanto, continúan las revelaciones sobre las peligrosas amistades rusas del prófugo Puigdemont. La última es que se reunió con dos emisarios de Putin un día antes de que los grupos separatistas aprobaran en el Parlamento catalán la declaración de independencia. Además, hay constancia documental de la presencia de un peligroso espía ruso en los días más convulsos de Cataluña, un tipo vinculado al intento de asesinato de un disidente ruso y su hija en Londres. A mayor abundamiento, los contactos con el Kremlin continuaron después de la intentona golpista, al tiempo que Puigdemont dispensaba un trato preferente a medios como Russia Today.
Nadie parece interesado en pedir explicaciones a Puigdemont, salvo en el Parlamento Europeo, donde una comisión de investigación aborda las injerencias rusas en las democracias europeas en tres escenarios: el Brexit, las presidenciales francesas de hace cinco años y el proceso separatista en Cataluña. Es obvio que todo aquello que pudiera afectar a la estabilidad de Europa era del interés de Putin, y Cataluña era en 2017 una pieza crítica en el seno de la Unión Europea. Otra cosa muy diferente es que los principales dirigentes separatistas estuvieran rodeados por tipos que proponían vender a China el puerto de Barcelona o que negociaban la intervención de diez mil soldados rusos en defensa de la república. El separatismo se caracteriza entre otras cosas por atraer a personajes muy peculiares, a veces inofensivos y otras no.
Es relevante lo poco que ha durado la tregua del independentismo con el Gobierno a raíz de los indultos a los golpistas, que apenas han cumplido tres años de cárcel en unas condiciones obscenas, hasta el punto de que los funcionarios llamaban a la cárcel "Gran Hotel Lledoners". Pero más relevante aún es que Pedro Sánchez sopese sacrificar a la directora del CNI, Paz Esteban, para garantizarse un cómodo tramo final de la legislatura. Fulminar a Esteban y ceder así a las presiones separatistas con la excusa de que su teléfono también ha sido intervenido no sería propio ni siquiera de un personaje político de tan dudosa reputación como la suya.
Aznar y Casado al llegar al poder en su partido intentaron combatir al nacionalismo para luego entregarse a él, Rajoy y Feijoó ni tan siquiera lo han intentado.
CAYETANO GONZÁLEZ. libertad
digital. 10 Mayo 2022
Sánchez aguantará… y sus socios también
Conocido el infinito apego que tiene Pedro Sánchez al poder, no es muy aventurado pensar que entre sus planes no está adelantar las elecciones generales.
Ningún presidente del Gobierno –salvo Leopoldo Calvo Sotelo, que no tuvo otro remedio porque el barco de la UCD naufragaba estrepitosamente– adelanta unas elecciones para perderlas. Siempre se mantiene la esperanza de que las cosas puedan ir mejorando a medida que se llega al final de la legislatura.
Conocido el infinito apego que tiene Pedro Sánchez al poder, no es muy aventurado pensar que entre sus planes no está adelantar las elecciones generales, por tanto se celebrarán cuando toca, es decir, a finales del próximo año. La mayor parte de las encuestas publicadas desde que Alberto Núñez Feijóo fue elegido presidente del PP indican que el nuevo líder popular ha conseguido contener la profunda hemorragia que había ocasionado a su partido la anterior dirección, encabezada por Pablo Casado, hasta el punto de que ahora iguala o supera la expectativa de voto del PSOE. Si a eso se añade que Vox no solamente mantiene sino que aumenta su intención de voto, el actual inquilino de la Moncloa se tentará mucho la ropa antes de adelantar las elecciones.
El problema que tiene Sánchez, mejor dicho, uno de ellos, es que su declive está siendo constante. Empezó hace un año en las elecciones en Madrid y continuará el próximo 19 de junio en Andalucía, el feudo electoral por antonomasia del PSOE, donde es más que probable que este partido sufra una derrota histórica, con un candidato, Juan Espadas, al que Sánchez apoyó para quitarse de en medio a su otrora rival, Susana Díaz, actualmente aparcada en el Senado y tertuliana vespertina en una televisión de escasa audiencia.
Además, dentro de un año –el domingo 28 de mayo de 2023– tendrán lugar elecciones municipales y autonómicas (estas últimas, en todas las CCAA salvo en el País Vasco, Cataluña, Galicia y Andalucía). Esa doble cita electoral puede ser la puntilla para Sánchez y la confirmación de que ya ha llegado la hora de poner punto final a la etapa del peor presidente del Gobierno que ha tenido España, con permiso de Zapatero, desde la Transición.
En cuanto a sus socios parlamentarios y de gobierno, Podemos y, fundamentalmente, ERC y los herederos de ETA, Bildu, por razones diversas, se mantendrán. En el caso de Podemos, el motivo es muy fácil de entender: si retiran su apoyo a Sánchez, ¿qué salida laboral tendrían personas como Ione Belarra, Irene Montero o Alberto Garzón? ¿Qué hacer con la caterva de asesores y cargos intermedios que cesan cuando lo hacen sus jefes? Por lo tanto, los de Podemos, aunque no sean muy religiosos, en este caso aplicarán el dicho de "Virgencita, virgencita, que me quede como estoy".
Los independentistas de ERC están demostrando en estas semanas, desde que estalló el caso Pegasus, lo que verdaderamente son: unos cobardes que no hacen más que amenazar, amagar, pero no acaban de dar. Los Rufianes, Aragoneses y demás se muestran muy indignados con las escuchas telefónicas, supuestamente consentidas por el Gobierno al que apoyan, pero se quedan en eso: en el puro postureo y en aprovechar para hacer todo el daño que puedan a las instituciones, en este caso, a los servicios de inteligencia. Además, si tienen que seguir fingiendo estar muy indignados, pueden pedirles a sus amigos de Bildu que les sustituyan temporalmente en la tarea de sostener a Sánchez en la Moncloa, porque les interesa que siga al frente del Ejecutivo, no sea que llegue uno de la derecha y les vuelva a aplicar el 155.
En definitiva, ni Sánchez adelantará las elecciones, que es lo que necesitaría con urgencia España, ni sus socios propiciarán su caída. El apego al poder en el caso de aquel, el oscuro futuro laboral de los de Podemos y el cuanto peor para España mejor para ellos (los independentistas catalanes) son razones muy poderosas para aguantar todo lo que se pueda.
La difícil ejecución de la sentencia del 25% de castellano
Elisa de la Nuez. cronica global. 10 Mayo 2022
Para que los lectores comprendan la extraña impresión que produce una situación en la que cuesta tanto ejecutar una sentencia firme de un tribunal de justicia, como la del 25% de castellano, conviene hacer algunas aclaraciones.
En primer lugar, que estamos en presencia de una sentencia dictada en la jurisdicción contencioso-administrativa, y en la que quien está obligada a ejecutar es precisamente la administración demandada (en este caso la Generalitat) por vulnerar la normativa vigente. Por tanto, que haya tantas resistencias para cumplirla no puede extrañarnos, máxime si se tiene en cuenta la impresionante deriva iliberal de un gobierno independentista empeñado en situarse por encima del ordenamiento jurídico y, por supuesto, de lo que digan los tribunales de justicia que, no lo olvidemos, son los encargados de velar por su aplicación.
Pero también hay que decir que, desgraciadamente, la resistencia de algunas administraciones públicas para ejecutar las sentencias firmes que no les gustan tampoco es tan infrecuente: pensemos por ejemplo en materia urbanística, con esas urbanizaciones ilegales que hay que derribar y que acaban siendo indultadas por unas razones u otras incluso aprobando normas con rango de ley para dejar en papel mojado las sentencias. ¿Les suena? Y sin ir tan lejos muchas veces los recurrentes tienen que acabar pidiendo la ejecución forzosa de las sentencias firmes porque no consiguen que las administraciones las cumplan voluntariamente.
Eso sí, lo que ya es más novedoso es que salgan los altos cargos (como ha ocurrido en la Generalitat) a proclamar que no piensan cumplir la sentencia o que promuevan manifestaciones a favor del incumplimiento. Y es que en esto de saltarse el ordenamiento jurídico a la torera Cataluña va siempre tres pasos por delante. Pero qué les vas a decir a unos políticos a los que le pareció muy normal intentar derogar la Constitución de un Estado democrático de derecho por las bravas. Por no hablar de los indultos. La sensación de impunidad debe de ser apabullante.
En todo caso, en un Estado de derecho digno de tal nombre, lo que sucede es que cuando la administración no ejecuta voluntariamente una sentencia firme que no le gusta --que es lo que debería hacer sin más, por otra parte-- se prevé la posibilidad de solicitar la ejecución forzosa por quienes resulten afectados, en particular, claro está, los que resulten beneficiados por la sentencia, que normalmente son los que han puesto el recurso correspondiente.
Para eso, la Ley de la Jurisdicción contencioso-administrativa (que es la jurisdicción a la que hay que acudir cuando se recurren actuaciones de la administración) establece un plazo mínimo de dos meses desde la notificación de la sentencia, plazo que hay que dejar transcurrir para verificar si efectivamente la administración demandada cumple o no cumple con su obligación de ejecutar la sentencia. Si no lo hace, cualquiera de las partes y personas afectadas podrá instar su ejecución forzosa. Pero, insistimos, lo normal es que quien insta la ejecución forzosa es quien puso el recurso contra la actuación de la administración que consideraba contraria a derecho.
Y aquí nos encontramos, con la peculiaridad de que la Abogacía del Estado (que no del Gobierno, como decía un artículo de prensa recientemente, con cierta lógica confusión) ha decidido --según las noticias de prensa-- ponerse de perfil y no solicitar la ejecución forzosa de una sentencia en cuyo cumplimiento, supuestamente, estaba interesado el Estado. La excusa es que la Generalitat estaba estudiando cómo cumplirla, o para ser más claros, cómo no cumplirla (reforma normativa, estudio sociológico, ese tipo de cosas).
Claro que cuando se puso el recurso eran otros tiempos, pero eso es lo preocupante: que los intereses del Estado y más en concreto del Estado de derecho deberían depender menos de criterios políticos y más de criterios técnicos. Sentado lo anterior, es obvio que ahora las instrucciones de la Abogacía del Estado han cambiado y que ahora conviene dar largas. Y es que el actual Gobierno no tiene ninguna intención de solicitar a sus socios independentistas que cumplan la sentencia de una vez y se dejen de vericuetos.
Y ahí estábamos, mareando, la perdiz cuando finalmente se ha pronunciado el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que debe de estar un poco cansado de que le tomen por el pito del sereno, si se me permite la expresión un tanto anticuada. Efectivamente, nada enfada más a un órgano judicial --comprensiblemente-- que el que sus sentencias firmes se incumplan. De ahí que gracias al reconocimiento de la legitimación de la Asamble por una Escuela Bilingüe (AEB) para pedir la ejecución forzosa, el TSJ de Cataluña haya ordenado a la Generalitat "el cumplimiento inmediato" de la sentencia que obliga a impartir un 25% de horario lectivo en castellano en todos los centros educativos de Cataluña.
Además especifica de forma detallada cómo hay que hacerlo, de manera que el conseller del ramo (el de Educación) no se pueda escapar por la tangente, aunque no tenemos ninguna duda de que lo intentará. Se trata de que en un plazo máximo de 15 días "dicte las instrucciones y establezca las garantías de control de las mismas que procedan a los efectos que en el sistema educativo de Cataluña todos los alumnos reciban de forma efectiva e inmediata la enseñanza mediante la utilización vehicular normal de las dos lenguas oficiales en los porcentajes que se determinen, que no podrán ser inferiores al 25% en uno y otro caso". Esta flexibilización de la inmersión incluirá "como mínimo la docencia de la misma lengua y la de otra asignatura o materia de carácter troncal o análogo".
Pero como lógicamente el TSJC no se fía del conseller de Educación, ordena también al Govern de que "le informe en el mismo momento en que finalice el nuevo plazo de ejecución sobre las medidas adoptadas y el grado de cumplimiento de las mismas". Y por último, y esto sí es novedoso, se requiere también a la Alta Inspección Educativa para que “verifique el cumplimiento de la parte dispositiva de la sentencia dictada en estas actuaciones en el conjunto del sistema educativo de Cataluña, informando al tribunal de la actividad desplegada y de la situación constatada a la finalización del plazo de ejecución señalado".
Todo esto, por terminar, es la consecuencia lógica de que hayamos tenido que llegar a este punto con una sentencia que se limita a exigir que se cumpla la legalidad y que, visto desde cualquier punto de vista, es muy moderada en cuanto al porcentaje de lengua castellana a impartir. Que esto suponga tal conmoción en Cataluña habla mucho y mal de la realidad de una sociedad en que el Estado de derecho (no ya el español, cualquiera) rige cada vez menos. A la vista, ciencia y paciencia del Gobierno de España. Es un problema de primer orden y en primer lugar para los propios ciudadanos catalanes, incluso para los independentistas. Y es que la arbitrariedad del poder no es nunca una buena noticia.
La sociedad civil toma el mando y finiquita la razón de ser del nacionalismo: la inmersión
Frente al bloqueo político, entidades como AEB o Impulso Ciudadano ven reconocida su lucha ante una justicia que avala su legitimidad para defender a 1.643 familias que quieren enseñanza bilingüe
MARÍA JESÚS CAÑIZARES. cronica global. 10 Mayo 2022
Sostiene el independentismo que imponer un 25% de castellano en las aulas en una injerencia. Obvia, sin embargo, que la ejecución forzosa de esa sentencia histórica que flexibiliza la inmersión es el resultado de la reiterada negativa del nacionalismo a abordar un asunto en el que ha tomado la iniciativa la sociedad civil.
La Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB) e Impulso Ciudadano han liderado en estos últimos años la lucha por el reconocimiento del español como lengua también vehicular frente a quienes defienden el monolingüismo. Han sido insultados por ello --la consejera de Investigación y Universidades, Gemma Geis (JxCat), les tildó de fascistas--, mientras que las familias a las que representaban eran acosadas --el consejero de Educación, Josep Gonzàlez-Cambray, acudió rodeado de una nube de fotógrafos a una escuela de Canet de Mar para señalar a un menor de cinco años--, pero el tiempo ha puesto a cada protagonista de este conflicto lingüístico en su sitio.
El papel de la Alta Inspección
AEB e Impulso Ciudadano recogen el testigo de otras muchas que también se opusieron a la inmersión --Acción Cultural Miguel de Cervantes, Convivencia Cívica Catalana, Asociación por la Tolerancia, Profesores por el Bilingüismo, Sociedad Civil Catalana…--, porque largo ha sido el combate que ahora culmina con una orden de ejecución inmediata y medidas para garantizar que las administraciones --es decir, la Generalitat pero también el Gobierno español a través de la Alta Inspección-- obedece.
La lucha se remonta a casi 40 años, pues tras la aprobación de la Ley de Política Lingüística durante el gobierno de Jordi Pujol, las impugnaciones judiciales de padres de alumnos defensores de la cooficialidad efectiva del catalán y el castellano no se hicieron esperar. Tampoco las sentencias que reconocían el derecho a la escolarización en lengua materna en el primer ciclo.
Tercera hora en castellano
Pero cualquier atisbo de flexibilizar la inmersión provocaba una tormenta política. En 2007, el entonces consejero de Educación, Ernest Maragall --entonces militante socialista, aunque después se pasó a ERC--, propuso introducir una tercera hora de castellano en las escuelas catalanas, tras constatarse que en la mayoría de ellas ese idioma era testimonial y en algunas zonas de la Cataluña interior los alumnos no dominaban el español. La propuesta no se llegó a aplicar por el escándalo suscitado entre los nacionalistas y entidades favorables al monolingüismo escolar.
Desde entonces, se sucedieron las resoluciones judiciales a favor de ese 25% de clases en castellano. Incluso el Tribunal Constitucional dictaminó que una lengua no podía tener un rango superior respecto a otra en una comunidad con dos idiomas oficiales.
Flexibilizar la inmersión
En 2018, el consejero de Enseñanza, Josep Bargalló (ERC), propuso flexibilizar la inmersión en el documento El modelo lingüístico del sistema educativo en Cataluña. El aprendizaje y el uso de las lenguas en un contexto educativo multilingüe y multicultural [Puede leerse en este enlace]. Abogaba por reforzar el castellano en centros escolares donde el catalán tenía un fuerte arraigo social. Pero el rechazo de entidades como Plataforma per la Llengua, el grupo Koiné, la Assemblea Nacional Catalana y Òmnium Cultural provocó que Bargalló diera marcha atrás en esa flexibilización. La misma que contemplaba el gran acuerdo suscrito por ERC, JxCat, En Comú Podem y PSC el pasado marzo para reformar la ley de política lingüística. Era una forma de dar respuesta a la sentencia, ya firme por resolución del Tribunal Supremo, que obliga a impartir un 25% en castellano.
A pesar de haber firmado el pacto, los neoconvergentes lo han bloqueado debido a la presión de los colectivos monolingües. De ahí que el PSC culpara ayer a JxCat de la ejecución forzosa de la sentencia. Durante años, los socialistas no fueron proactivos en ese reconocimiento de los derechos lingüísticos de los castellanohablantes. Hasta que, ya en la última etapa del liderazgo de Miquel Iceta, se comenzó a abordar un problema que tenía visos de fractura social. Salvador Illa ha recogido el testigo de una máxima, según la cual, defender el catalán no debe implicar atacar al castellano.
Inhabilitación en juego
Por su parte, el Gobierno de Pedro Sánchez ha hecho extensiva su estrategia de desinflamación ante el procés al terreno de la lengua, dejando en manos de la justicia la ejecución de la sentencia, a pesar de que el abogado del Estado estaba personado en la causa. Ahora, el TSJC obliga a la Alta Inspección a garantizar que se ejecuta su fallo.
Los comunes, socios de gobierno de los socialistas, siempre han defendido la inmersión, mientras que Ciudadanos y PP, firmes partidarios del bilingüismo, han perdido su capacidad de influencia en Cataluña ante un independentismo que ha utilizado la lengua como instrumento de cohesión. Pero ni por esas han logrado ERC y Junts reconciliarse. Ayer mismo, los sectores más duros de los neoconvergentes instaban a Pere Aragonès a desobedecer. Si lo hace, la fiscalía actuará y los republicanos --que presiden la Generalitat y dirigen la Conselleria de Educación-- se juegan la inhabilitación.
Pero la victoria de esa sociedad civil defensora del bilingüismo, tanto moral como judicial, ya es inapelable. La justicia ha reconocido, además, un tema no menor, como es que la AEB tiene legitimidad para representar a las 1.643 familias que han confiado en ella para defender sus derechos lingüísticos.
Recuerdos de mi escuela
Ana Losada. cronica global. 10 Mayo 2022
Recuerdo cuando empecé a estudiar asignaturas en catalán. Cursaba 5º de EGB y mi centro educativo comenzó a impartir la asignatura de lengua catalana, y algunas profesoras catalanohablantes pasaron a enseñar otras materias. En los cursos siguientes y hasta finalizar la EGB casi la mitad de los contenidos ya se impartían en catalán. Seguí igual en el bachillerato y en la universidad, donde el plan antiguo te permitía elegir la misma asignatura en lengua catalana o castellana. Mi elección nunca estaba motivada por la lengua, sino por el horario o el profesor.
Recuerdo mi escuela. Recuerdo esa ilusión de aprender en una nueva lengua y de sentirme orgullosa por poder hacerlo. Y no olvido la decepción al comprobar que mi hija empezaba educación infantil y su lengua materna estaba desaparecida de las paredes de su aula, y cómo me repetía: "El castellano, en casa, mamá".
Ayer, el TSJC dio orden de ejecución forzosa de la sentencia que establece que castellano y catalán son lenguas vehiculares y que se deben impartir contenidos con un mínimo del 25% de las horas en cada una de ellas, siempre en materias troncales y con el material didáctico en la misma lengua.
El 30 de mayo es la fecha límite y el tribunal no quiere dilatar más la aplicación. Supongo que ha tenido suficiente con el vodevil de la Generalitat de los últimos meses.
Se abre una nueva etapa, en la que escuela catalana podrá llamarse así porque representa a todos los catalanes, porque será el reflejo de esa Cataluña diversa, plural y bilingüe que el nacionalismo trata de esconder bajo el manto del monolingüismo lingüístico y el currículum nacionalista.
Por fin entrará aire fresco y se normalizará lo que han convertido en anormal: poder expresarse sin temor en castellano, en las aulas, pasillos y patio, en el treball de recerca, en la elección de los villancicos. Ver en el portátil de nuestros hijos fichas y deberes en castellano, firmar la corrección de un examen de ciencias redactado en castellano, los libros de lectura elegidos al azar y no porque sean en catalán...
Volverán los recuerdos de mi escuela, sin nacionalismo lingüístico, sin hacerte sentir que eras un poco menos catalana que tu compañera catalanohablante, que debías escribir tu nombre con dos enes para reforzar tu catalanidad.
A todos los padres que fuimos educados en esa escuela, que repetimos en privado que queremos lo mejor para nuestros hijos, para quienes sin ninguna duda catalán y castellano suman, a los que intentaron convencernos de que el castellano se aprende en el patio y en la calle, que no teníamos derecho a exigir más, porque solo preguntar "¿y por qué no más horas?" ya era prueba incriminatoria de tu animadversión al catalán, a los que se sintieron intimidados por profesores y directores con sus comentarios negando nuestros derechos, a todos ellos hoy les digo que ha llegado ya ese día. Teníamos y tenemos razón, teníamos y tenemos derechos, nosotros y nuestros hijos.
No guardemos más silencio, dejémonos de comportar como si tuviéramos que pedir permiso para obtener lo que nos corresponde. Exijamos nuestros derechos, denunciemos el incumplimiento de la sentencia en donde se produzca a partir del 30 de mayo.
La Asamblea por una Escuela Bilingüe ha recibido la legitimación del tribunal y junto con la plataforma Escuela de Todos velará por el cumplimiento de la sentencia en todos los centros. Podremos denunciar el incumplimiento sin que ningún padre o docente deba significarse.
Trabajemos juntos para recuperar "esa escuela" que deseamos para nuestros hijos.
Lo de Sánchez es un ‘Tsunami’ de indignidad democrática
La Audiencia abre una causa contra ‘Tsunami Democràtic’ por un delito de terrorismo
OKDIARIO. 10 Mayo 2022
La Fiscalía, a instancias del Gobierno socialcomunista, se inclina por archivar la investigación sobre el Tsunami Democràtic, la plataforma separatista catalana, pese a que la Guardia Civil lleva recabando información desde hace tres años sobre este grupo extremista para averiguar la dirección, financiación, organización y ejecución de este grupo que organizó los violentos disturbios en Cataluña tras la sentencia del 1-0. Parece evidente que Pedro Sánchez tiene que dar una satisfacción a sus socios, después de que los golpistas catalanes hayan puesto el grito en el cielo a raíz de haber denunciado, de forma falsaria, espionajes masivos por parte del CNI. Cabe recordar que Tsunami fue el brazo en la sombra del golpismo tras la sentencia del Tribunal Supremo que llevó a la cárcel a los sediciosos. Fueron ellos quienes a través de las redes sociales organizaron los violentos disturbios que convirtieron durante días a Barcelona y otras capitales catalanas en escenario de la actuación de terroristas callejeros.
Fueron ellos quienes convocaron las algaradas y diseñaron el plan de choque contra las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. La Benemérita ha recabado copiosa información sobre esta plataforma, pero la consigna del Gobierno es forzar al Ministerio Público a dar carpetazo al asunto. Es el pago que Sánchez tiene que hacerle a sus socios para que no rompan con el Gobierno. Ese y la cabeza de la directora del CNI, Paz Esteban. De esta forma pretende el presidente del Gobierno acabar con la crisis en su relación con ERC, aunque sea a costa de dejar a los pies de los caballos a su ministra de Defensa, Margarita Robles, que se ha mantenido firme en su apoyo a la responsable de los servicios secretos.
Según ha podido saber OKDIARIO, la investigación de la Guardia Civil vincula al prófugo Puigdemont con la organización separatista Tsunami Democrátic. Este asunto es capital, porque, en caso de probarse dicha conexión, Bélgica «estararía obligada a entregar a Puigdemont a España» porque en el marco de la cooperación entre los países europeos «no se contempla la no colaboración por delitos de terrorismo». Demasiado para Pedro Sánchez, que tiene que asegurarse, sea como sea, su continuidad en La Moncloa.