Recortes de Prensa Domingo 26 Junio 2022
Guerra Rusia - Ucrania, en directo.| El G7 se reúne en Alemania con la vista puesta en el conflicto
el espanol. 26 Junio 2022
09:52
Rusia se hace con el control de Lugansk lanzando "mil proyectiles de artillería cada hora"
09:07
El G7 centra sus reuniones en la ayuda a Ucrania frente a Rusia
Día 123 de guerra en Ucrania.
Los líderes del G7 se reúnen desde este domingo y hasta el martes en el castillo de Elmau, en Baviera, para una cumbre cuyo tema dominante es la guerra de Ucrania y sus estragos económicos, tanto en el precio de la energía como en la crisis alimentaria derivada del bloqueo al trigo.
La reunión de las siete potencias -Estados Unidos, Canadá, Japón, Reino Unido, Francia, Italia y Alemania, que ejerce la presidencia de turno- irá precedida de un encuentro entre el canciller alemán, OIaf Scholz, y el presidente estadounidense, Joe Biden, al que seguirá la apertura de las sesiones.
El tema principal es la guerra de Ucrania, ante el que hay una "cohesión nunca vista" entre el G7 en torno a la voluntad de incrementar el apoyo al país y dar "una señal clara" a Rusia, según fuentes gubernamentales alemanas.
En el conflicto sobre el terreno, las fuerzas rusas controlan ya la totalidad de la ciudad de Severodonetsk, en la provincia ucraniana de Lugansk, según ha reconocido su alcalde, Okelsander Striuk. "La ciudad está totalmente bajo la ocupación de la Federación Rusa. Están intentando imponer su propio orden. Hasta donde han nombrado un 'comandante'", ha apuntado Striuk.
El alcalde ha explicado que la ciudad está destruida por los bombardeos hasta el punto de que será difícil que alguien pueda vivir en ella. Sin embargo, el hospital de la ciudad tiene aún reservas de medicamentos y podría atender a quien lo necesite.
Parchear la crisis
Editorial ABC. 26 Junio 2022
Lejos de acometer un plan riguroso contra la crisis y de modificar las bases de su política económica, Pedro Sánchez añade otro parche y evita cualquier ajuste estructural
Solo el tiempo podrá decir si las medidas anunciadas por Pedro Sánchez para contener en 3,5 puntos la subida del IPC es un acierto o un ejercicio de voluntarismo viciado de electoralismo. El Gobierno ha vuelto a anunciar con solemnidad que destinará 15.000 millones hasta el 31 de diciembre a combatir la inflación. De ellos, 9.100 irán destinados a rebajar los precios de la electricidad, el transporte, el gas o los combustibles. Sin embargo, el dato objetivo es que en el último año Sánchez ya ha ido parcheando la crisis con otros 15.000 millones, inservibles para ese objetivo. Ese es el riesgo: que el nuevo plan sea un mero reclamo publicitario, improvisado y propagandístico para encubrir el fracaso electoral del PSOE en Andalucía.
Tras esos 15.000 millones iniciales, la inflación está en el 8,7 por ciento. Por eso Sánchez habla solo de medidas paliativas, y por tanto provisionales, pero sigue faltando un criterio efectivo para luchar de modo estructural contra la inflación. El plan tiene mucho de intento de reanimar al PSOE porque se encuentra en respiración asistida.
Algunas decisiones son acertadas. La rebaja del IVA a la factura eléctrica era una reclamación antigua, pero el Gobierno se negaba a reducir impuestos porque el incremento de recaudación extra para salvar las cuentas públicas son una botella de oxígeno para Moncloa. Parte de esa resistencia de Sánchez decae ahora, con una rectificación que llega tarde y mal, pero que al menos se confirma. Lo mismo ocurre con las rebajas anunciadas para fomentar el uso de transporte público. Son positivas siempre que no se estigmatice el transporte privado porque a fin de cuentas la casuística en cada población es muy diferente. Todo lo que sea mantener dinero en el bolsillo del ciudadano es razonable mientras no se desmande el consumo y prosiga una escalada de precios que agrave la inflación. De momento, el propósito de rebajar 3,5 puntos la inflación es solo una declaración de intenciones. Además, falta por conocerse la letra pequeña, la cuantificación real del coste de cada partida concreta, o las condiciones específicas para acceder a las ayudas directas.
Otras decisiones del Gobierno, en cambio, tienen pocos visos de ser realmente eficaces. Mantener la rebaja de 20 céntimos por litro de combustible se está revelando como una medida imperceptible. En un mes esa rebaja volvió a dejar los precios en el mismo lugar que cuando se instauró. Sin esa solución sería más caro llenar el depósito, pero con ella se paga una cantidad poco asumible también. Es cierto que una rebaja masiva de impuestos sería un error y fomentaría más inflación, pero anunciar a bombo y platillo medidas que después se difuminan tiene un coste notable en credibilidad. Otras dos medidas también discutibles son el maquillaje de la ayuda universal de 300 euros que Podemos quería imponer a familias desfavorecidas, para convertirla en una de 200 a desempleados sin recursos y a autónomos con carencias. No es el plan original y reafirma una facilona cultura del subsidio. De igual modo, la penalización fiscal a los beneficios extraordinarios de las compañías eléctricas es un brindis al sol. De entrar en vigor, sería en enero del año que viene, nada que ver con la intervención directa que proponía Podemos. Además, puede chocar con la libertad de mercado y con normas europeas. Anunciar un impuesto que no entra en vigor y hacer ver al ciudadano que el Gobierno se sacrifica por él tiene mucho de desesperación política y de trampeo de la realidad. Y todo, sin contar con que Sánchez debe lograr la convalidación del decreto en el Congreso, algo que nunca está asegurado con sus socios.
A mayor crisis, más populismo económico
EDITORIAL. el mundo. 26 Junio 2022
Un Consejo de Ministros en guerra aprobó las medidas 'in extremis' sin mínimo análisis técnico
Cabía preguntarse si Pedro Sánchez habría entendido el mensaje de los andaluces en las elecciones con una apuesta tan abrumadora por políticas de moderación y centralidad. Su comparecencia ayer tras el Consejo de Ministros extraordinario revela sin embargo que, tras la debacle socialista, el presidente ha optado por reforzar un perfil de populismo izquierdista que en materia económica se antoja del todo contraproducente. Con mucha más retórica de autobombo de la que permiten las circunstancias y envuelto en la bandera del victimismo, denunció una supuesta campaña contra su Gobierno desde sectores económicos y mediáticos con el argumento de que son «incómodos». Ni rastro de autocrítica ni desde luego disposición de enmienda de un proyecto político fallido que es al que los ciudadanos están dando la espalda, conscientes entre otras cosas de que urge un cambio de rumbo tanto para no seguir ahondando en la grave crisis institucional que atraviesa nuestro país ni en desequilibrios económicos que golpean al bolsillo.
Así, la prórroga hasta diciembre del paquete de medidas anticrisis que ya estaban en vigor, con la suma de algunas otras disposiciones como la rebaja para los abonos de transporte o el cheque de ayuda a trabajadores y desempleados con rentas inferiores a 14.000 euros, suponen un montante de otros 9.000 millones de euros que, si bien diluirán algo el descontento social, agravarán la ya insostenible situación de la deuda y el déficit públicos. Hace caso omiso el Gobierno a las recomendaciones de agentes económicos como el Banco de España de acompasar sus planes para combatir la inflación desbocada con reformas estructurales profundas que sirvan para empezar a sanear unas arcas que no son un pozo sin fondo ni permiten disparar sin cesar con pólvora del rey. Por no hablar de que la OCDE alertaba esta misma semana del fraude en la desorbitante red de gasto clientelar que está tejiendo el Gobierno para coger algo de aire.
La coyuntura económica, de una complejidad enorme, exige para empezar una planificación seria. Al Consejo de Ministros de ayer se llegó con un enfrentamiento feroz entre la parte socialista y la morada y las medidas se aprobaron de un modo salomónico para salir al paso, sin un mínimo análisis técnico ni una preevaluación del impacto. Por ello se prorrogan medidas a modo de parches que ya se han demostrado fallidas, como el descuento generalizado de 20 céntimos en la gasolina. Es seguir golpeándose contra la misma pared.
¿Está España en una suspensión de pagos inminente?
Daniel Rodríguez Asensio. libertad digital. 26 Junio 2022
Ni los mercados financieros privados están cerrados, ni nos están exigiendo financiarnos en el muy corto plazo por unos costes en el medio y largo plazo inasumibles.
El guion de la crisis financiera se está cumpliendo paso a paso. Primero se ha enterrado durante años cualquier posibilidad de que un indicador de riesgo mostrar la situación real de muchos países europeos con el gas de la risa monetario. Después, se ha llegado a una situación de estanflación, producida por un exceso de gasto público y una capacidad productiva excedentaria mantenida durante décadas. Por si esto fuera poco, se ha negado sistemáticamente todas las señales de debilidad económica e inflación que se han producido. Y, por último, ante el más mínimo ademán de retirar la respiración asistida por parte del BCE, se ha producido una crisis de confianza de primer nivel.
Como consecuencia de lo anterior, se está instalando a todos los niveles de la sociedad una sensación de desamparo, desconfianza e incapacidad de actuación que, a mi juicio, está injustificada.
Quienes siguen este blog a menudo saben que no soy de poner paños calientes ni de hablar con medias tintas. Avisamos ya en 2019 que la debilidad económica era real y los motores privados estaban gripados (lean). También, de que la reacción política a la crisis del Covid19 era una salvajada que conllevaba serios riesgos de inflación moderada y de crisis financiera a medio plazo (lean y lean ). Y, por último, ya en las perspectivas de este año hablábamos de que esa crisis financiera se estaba gestando y de que las burbujas que habíamos venido alimentando durante los últimos años iban a producir un ajuste de magnitud desconocida (lean y lean).
Como no podía ser de otra manera, desde los satélites del Gobierno hablaban de "exageración" y de "catastrofismo" o "jinetes del apocalipsis". Son, curiosamente, los mismos que ahora ya no saben decir cuándo va a dar un respiro la inflación, dónde está el techo de la prima de riesgo española, o qué se puede hacer para revertir la situación.
Sin duda el segundo semestre del año va a ser muy duro para Europa, y muy especialmente para países como el nuestro. Los tipos de interés exigidos a nuestra deuda van a seguir creciendo, la inflación no va a aflojar, las hipotecas también se encarecerán por el Euríbor, volveremos a hablar de prima de riesgo y de seguros de impago (credit default swaps), veremos huelgas en las calles, y un largo etcétera.
Ahora bien, ¿significa esto que la entrada en suspensión de pagos de España, que fue el riesgo real que corrimos en 2011, es inminente? De ninguna de las maneras.
España tiene que hacer frente a bonos y obligaciones de deuda pública por una cuantía ligeramente inferior a los 80.000 millones de euros en lo que queda de año. Además, tiene que hacer nuevas emisiones de deuda pública para financiar el abultado déficit que, aún en 2022 (y con los ingresos públicos en máximos históricos por la inflación) vamos a tener.
Esto, con el BCE dejando de actuar como primo de zumosol y comprando tan sólo las refinanciaciones va a provocar, como ya lo está haciendo, un incremento en la rentabilidad exigida a nuestros bonos y letras. Veamos algunos ejemplos:
Las letras a 12 meses ya se han puesto en positivo por primera vez desde 2015.
Las obligaciones a 10 años están en el 2,050%, 1,5 puntos porcentuales más que hace 1 año.
Y las obligaciones a muy largo plazo (20-50 años) están en el 2,7%, cifra no vista desde 2017.
El encarecimiento de nuestra deuda es evidente, pero este solo es el primer paso. El Gobierno de España se está comprometiendo a pagar relativamente mucho (al menos, mucho más que hace 1 año) pero esa deuda no vence en el segundo semestre. Vence dentro de 1, 2 ó 20 años.
En este momento, ni los mercados financieros privados están cerrados, ni tan si quiera nos están exigiendo financiarnos en el muy corto plazo (duración inferior a los 12 meses) por unos costes en el medio y largo plazo inasumibles.
Antes de llegar a una situación como la de 2011 España tiene que ver un incremento de los tipos de interés en el medio y largo plazo exponencial y una imposibilidad de financiarse en un horizonte superior a los 12 meses en los mercados de deuda privada.
Esto es lo que estamos comenzando a ver, aunque de forma muy incipiente. Es muy probable que en el segundo semestre se acentúe, pero difícilmente se cerrarán los mercados para España sin que ocurra un shock exterior como fue Lehman Brothers o la situación de Grecia en la última crisis.
El Gobierno de España está quebrado desde hace años. Lo defendía en 2019 y lo defiendo ahora. La prueba es que durante 2020 y 2021 el 100% de nuestras emisiones netas de deuda las ha tenido que comprar el Banco Central Europeo. Pero es debido a esta inyección de recursos que no hemos presentado suspensión de pagos ni hay ninguna razón que vayamos a hacerlo de forma inminente.
Es evidente que por la ruta de la irresponsabilidad que ha elegido el Gobierno de Sánchez desde hace décadas vamos directos a una situación como la de la última crisis. Puede que sea al año que viene, o dentro de 2. Pero, por el momento, lo que tenemos por delante "solamente" es una normalización de las condiciones financieras internacionales.
Cuando hablo de normalización me refiero a conocer de una forma más veraz cuál es la situación financiera de muchos Estados y empresas, tanto en Estados Unidos como en España. Que la prima de riesgo se dispare, como ha ocurrido en las últimas semanas y probablemente ocurra en el segundo semestre del año, no es sinónimo de que el riesgo país se esté disparando también. Sencillamente, está reflejando una situación que venía arrastrada desde hace años y, debido al fin de los estímulos, ahora vamos a empezar a ser conscientes de ella.
Esto es como si a un niño le hubiéramos dado Dalsy para tapar un cáncer. Quizás, habremos conseguido que no tenga fiebre y que pueda hacer una vida normal, pero en ningún caso hemos solucionado el problema de fondo y, por lo tanto, cuando se acaba el bote de medicamento, la fiebre vuelve a subir de forma rápida.
La fiesta se ha acabado. El animal exótico que había en una jaula en medio del salón, con el que todo el mundo ha querido posar para hacer una foto, está resultando ser un murciélago en cuanto al maquillaje ha dejado de tener efecto y se han encendido las luces. Para colmo, la jaula estaba rota.
España empieza a notar la resaca y ve que el contexto internacional no es bueno. Tenemos poco tiempo, pero empezar a avanzar en la buena dirección nos ayudará a evitar el gran ajuste o, al menos, lo suavizará. Todo lo que no sea ir por ahí nos lleva directos al abismo.
Hubo quien dijimos a principios de año que en el último trimestre el crecimiento del PIB español sería negativo, y lo mantenemos ahora más que nunca. Pero pongamos las cosas en su contexto: Ninguna buena solución va a partir de un diagnóstico equivocado.
Plan anticrisis: tiritas para la hemorragia, gasolina contra el fuego
Sánchez vuelve a apostar por el café para todos: ayudas generalizadas que no ponen el foco en los hogares y empresas más afectados. El sesgo ideológico deja fuera la bajada del IRPF y el recorte de gasto superfluo
Plan anticrisis: tiritas para la hemorragia, gasolina contra el fuego
JUAN T. DELGADO. vozpopuli. 26 Junio 2022
Huelga decir que algo había que hacer. La pregunta es: ¿lo que había que hacer era esto? Comparten respuesta, con matices, quienes siguen al milímetro la evolución de nuestra maltrecha economía. El segundo plan anticrisis tendrá el mismo efecto que el primero: ínfimo. Por dos razones. Una: llega demasiado tarde. Y dos: abunda el 'café para todos', que sabe a poco a quienes más lo necesitan y ayuda a quienes van sobrados.
El plan aprobado de manera extraordinaria este sábado se sostiene sobre la misma piedra angular que el anterior: el gasto indiscriminado. Sánchez vuelve a tirar de chequera para regar con dinero a los hogares. Una receta probada ya sin demasiados réditos y que sólo gusta al equipo económico de Moncloa. El primero que la desaprueba es el Banco Central Europeo (BCE), que ya ha puesto bajo vigilancia al Gobierno español, uno de los peores alumnos de la clase -junto al italiano- por su tendencia al dispendio.
En su último boletín económico -lo hemos contado en Vozpópuli-, incide en lo que ya habían alertado el Fondo Monetario Internacional (FMI) o el Banco de España. En un contexto de inflación severa como el actual, las medidas de choque deben ser selectivas. Es decir, dirigidas a hogares, pero también a autónomos y empresas, que son los que deben generar empleo y que quedan marginados de nuevo.
La bajada del IVA de la luz o la extensión de la bonificación de los carburantes van en la dirección contraria. Son tiritas para tapar una hemorragia abierta hace tiempo. La pregunta que viene es obvia: ¿por qué el Ejecutivo no actuó antes? Las contradicciones de la coalición que nos gobierna aportan una primera razón. Los complejos ideológicos, la segunda. Y el exceso de confianza, una tercera.
El tándem Calviño-Montero siempre se ha topado con la resistencia del ala morada del Gobierno a la hora de tocar los impuestos. El 7 de abril, mes y medio después del inicio de la guerra en Ucrania, Alberto Núñez-Feijóo presentó a Sánchez una propuesta detallada para aminorar el impacto de la inflación. Cuando el político gallego visitó por primera vez La Moncloa como líder del PP, el Índice de Precios al Consumo (IPC) ascendía al 9,2%.
Feijóo planteó al presidente del Gobierno bajar el IRPF por tramos, de forma temporal y con carácter retroactivo, para focalizar la ayuda en las rentas más debilitadas. También propuso reducir el IVA de la luz y del gas al 4%. Y se atrevió a recomendar un recorte del gasto superfluo a Sánchez, quien preside un Ejecutivo con 22 ministerios, que han sobrevivido contra el viento de la pandemia y la marea de la guerra.
La oposición de Unidas Podemos a una rebaja fiscal -y, por supuesto, a recortar el 'gasto político'- dejó con poca capacidad de acción al presidente. El componente ideológico hizo el resto. El líder socialista no podía permitirse una cesión que daba puntos al político gallego. Ni aplicar recetas de corte liberal, como las de Isabel Díaz Ayuso en Madrid. El interés partidista, por encima del bien general.
El problema para Sánchez es que dar imagen de acción no basta para atajar la crisis. Ni siquiera para recuperar el ánimo de sus propios votantes
Sánchez archivó en la papelera la carpeta que con tanto mimo había armado el equipo económico de Génova. Y tomó la decisión de huir hacia delante con la confianza en que las cosas se irían arreglando por sí solas. Con la esperanza en que el círculo vicioso desatado por la pandemia acabaría transformándose en virtuoso, si la guerra acababa pronto (tirando hacia abajo de la inflación) y los fondos europeos empezaban a calar (tirando hacia arriba del PIB).
El Gobierno operó con la misma parsimonia que en el segundo semestre de 2020, cuando -a diferencia de otros países europeos- se resistió a aprobar ayudas directas para las empresas y autónomos más perjudicados por la Covid.
El plan anticrisis... tras las andaluzas
El exceso de confianza también ha llevado a Moncloa a pronosticar una bajada relativamente rápida de la inflación o una recuperación acelerada del PIB. El Ejecutivo tardó casi un año en adaptar a la dura realidad su cuadro macroeconómico. Y no ha admitido que la crisis de los precios será más intensa y más larga de lo esperado hasta después de las elecciones andaluzas. Demasiada casualidad.
También ha preferido valorar el desastre electoral en Andalucía antes de poner en marcha la secuela del primer plan anticrisis. La aprobó este sábado de forma extraordinaria, todo un ejemplo de sobreactuación, ya que estaba prevista para mañana la reunión ordinaria del Consejo de Ministros, un día antes de lo habitual por la cumbre de la OTAN en Madrid.
El problema para Sánchez es que dar imagen de acción no basta para atajar la crisis. Ni siquiera para recuperar el ánimo de sus propios votantes. El 'café para todos', además, puede tener hasta un lado perverso. "Querer proteger a todo el mundo emite señales equivocadas", recuerda el director de un prestigioso servicio de estudios. "Los bancos centrales han aprendido que las políticas monetarias laxas pueden ser perjudiciales. Los gobiernos deberían tomar ejemplo al diseñar sus políticas fiscales".
El descuento generalizado de los carburantes o la indexación de todas las pensiones al IPC sólo aportan un 'dinero extra' para gastar a quienes tienen una gran nómina o una pensión máxima. Gasolina pura contra el fuego de la inflación.
Allanar las empresas, degradar las instituciones
Jesús Cacho. vozpopuli. 26
Junio 2022
No se veía cosa igual
desde los tiempos de Rodrigo Rato en su condición de
todopoderoso ministro de Economía del gobierno Aznar. Aznar y
Rato, Rato y Aznar, colocaron al frente de los monopolios públicos
por ellos privatizados a una serie de amigos llamados a convertirse
en los grandes capos de la banca y la empresa españolas,
alguno de ellos en serios problemas hoy con la Justicia. Pero, si me
apuran, aquella fue una operación de privatización,
llamada a engordar las arcas del tesoro, que estaba en el espíritu
de los tiempos. Esta, no. Esta es una cacicada de muy difícil
justificación. Me refiero a la toma de control por el Gobierno
Sánchez de una empresa cotizada como Indra, en una operación
de concertación, que hubiera requerido el lanzamiento de una
OPA por parte de tres de sus accionistas, consistente en la
destitución por sorpresa y en junta general de los consejeros
independientes y su sustitución por otros menos díscolos
dispuestos a decir sí a la autoridad. El brazo ejecutor, la
"mano de obra" especializada, el Bertrand du Guesclin del
golpe, ha sido ese misterioso armenio que se pasea por Moncloa como
Antonio por su casa, Joseph Oughourlian, a la sazón presidente
del grupo Prisa, quien por sorpresa introdujo como punto fuera del
orden del día el cese de cuatro consejeros independientes
encabezados por el vicepresidente Alberto Terol. Un atropello en toda
regla al código de buen gobierno corporativo.
Sorpresa relativa, cierto, porque la operación de toma de control de la multinacional de consultoría y defensa venía rodada desde hace tiempo. Empezó con la destitución de Fernando Abril-Martorell como presidente hace poco más de un año, siguió con la posterior salida de la consejera delegada, Cristina Ruiz, y culminó con el nombramiento como nuevo presidente de un paniaguado del PSC, Marc Murtra, el partido arbotante dueño de los días de Pedro Sánchez en Moncloa. Todo el poder para los amigos y conmilitones del gran líder, como el viernes contaba aquí Rubén Arranz. Los independientes de Indra, en cuyo accionariado figuran varios fondos internacionales, se opusieron entonces a que Murtra tuviera poderes ejecutivos. Firmaron su sentencia de muerte. Al mismo tiempo, y como el ejército que se apresta a la batalla tomando posiciones, SEPI decidió aumentar su participación hasta el 28% (oficialmente el 25% según CNMV), mientras el grupo industrial vasco Sapa Placencia, con sede en Andoain, Guipuzcoa, donde da trabajo a gran parte de los vecinos, y fuertes conexiones con el PNV, anunciaba su desembarco con el 5%. La dependencia de Sánchez del apoyo parlamentario del PNV, y su disposición a pagar las letras de cambio que firmó en junio de 2018. Nada comparable al sobresalto que, hace escasas fechas, produjo el anuncio de que el fondo Amber Capital del citado Oughourlian había adquirido, en una extraña operación con derivados, el 4,1% del capital. Entre los tres suman un 34,1% de Indra.
Lo llamativo es que el capo di tutti capi haya hecho explotar la operación apenas unos días después de la debacle electoral andaluza. ¿En nombre de quién gobiernas, Pedro? Pleno de soberbia, desafió a la oposición en la sesión de control del miércoles, y ha contratacado destituyendo al director del INE (muerte al portador de malas noticias), a la presidenta del CSIC (todo mi respeto para las mujeres ejecutivas, siempre que sean de izquierdas), blindando el CIS a los manejos de Tezanos… Lo más grave, con todo, lo más alarmante, ha sido la decisión de asaltar definitivamente el Constitucional para hacer efectivo su control por Moncloa. Caretas fuera. A robar, a robar, que el tiempo se va a acabar. En la reunión del Consejo previo a la junta, los independientes de Indra habían llegado a un acuerdo con SEPI para que el presidente florero no hiciera uso de su voto de calidad, una forma de asegurar el pacífico desarrollo de la misma. Pero Sánchez y su "asesino" a sueldo, el capo de Prisa, presente en el cónclave, tenían otros planes. En realidad iban a repetir al milímetro la operación que el citado Oughourlian puso en práctica en 2017 con los independientes de Prisa, a cinco de los cuales fusiló al amanecer y sin testigos, con la vista puesta en asegurar el control del grupo mediático para Sánchez y su banda. Un episodio para una serie cuyo título podría ser "El testaferro de Sánchez mete la mano en Indra con mucha Prisa".
De modo que, ante la sorpresa de quienes estaban a punto de ser degollados ("¡Es que no sabíamos nada!"), el letrado del armenio, Alberto Alonso Ureba, socio del bufete Écija, abogado y asesor de Gescartera, un mercantilista de primer nivel y también "el primero en abrazar a la viuda en el funeral, a la novia en la boda y al niño en el bautizo", pide la palabra y reclama como punto fuera del orden del día el cese de cuatro consejeros para dotar de "más cohesión y estabilidad" a Indra, objetivo consensuado, según él, "con determinados accionistas significativos" que no pueden ser otros que SEPI y el grupo Sapa. Una concertación como una casa, como mejor que nadie sabe el propio Alonso Ureba, dada su tradicional intensa relación con la CNMV. De donde se colige la existencia de concertación que reclama el lanzamiento de OPA al superar el umbral del 30% del capital (Real Decreto 1066/2007, de 27 de julio, sobre el régimen de las ofertas públicas de adquisición de valores).
La sorpresa fue de tal magnitud ("los cuatro intercambiábamos miradas de asombro") que, en ausencia de toma de posición por parte de los fondos, la propuesta fue aprobada por el 53% de los votos representados en junta. 53% frente al 47% restante. Una compañía dividida en dos mitades. Salen del Consejo los independientes Carmen Aguerreta, Enrique de Leyva, Ana de Pro y el propio Terol, además de Isabel Torremocha, cuya reelección fue rechazada. Se mantienen por amplia mayoría Luis Abril (consejero ejecutivo) y Francisco Javier García, así como Miguel Sebastián, exministro de Zapatero, y Antonio Cuevas, exdiputado del PSOE, ambos en representación de SEPI. La junta aprueba también (53% del voto) el nombramiento de Jokin Aperribay, presidente de la Real Sociedad y consejero delegado de Sapa, además de su propietario. Ponen en la calle a todos los independientes menos a dos: Ignacio Martín y Silvia Iranzo, "y yo dimitiría mañana mismo si fuera uno de ellos, porque son gente seria que en modo alguno debería aceptar tamaño señalamiento. Me decepcionaría que no lo hicieran".
Y bien, ya se han hecho con el control de Indra engañando a todo quisque y tras manejar la compañía como un juguete, pero ¿qué es lo que quieren hacer con ella? "Nadie lo sabe, porque no han presentado ninguna propuesta, ningún plan estratégico alternativo, nada", asegura una fuente cercana al Consejo, "lo que quieren es que Murtra sea ejecutivo y que sus decisiones no las cuestione nadie. Por cierto, va a ser el presidente ejecutivo más caro de la historia, que para eso la pública SEPI se ha gastado un pastón". Naturalmente, nombrarán nuevos independientes por cooptación, alguien que defienda los intereses del siniestro Oughourlian, desde luego, y se avecina escabechina en las áreas corporativas, en esa gente altamente cualificada sobre la que ha ido creciendo el prestigio internacional de la compañía. Nadie duda que seguirá Luis Abril, tipo de brillante currículo, como director general del negocio de TI, pero muy probablemente se cepillen al consejero delegado Ignacio Mataix, responsable del área de T&D (Transporte y Defensa). Porque el meollo de lo ocurrido en Indra parece estar en Defensa.
Se entiende el interés de Pedro por controlar la Justicia: él y muchos de sus colegas acabarán más pronto que tarde ante un tribunal
El misterio de llama ITP Aero, líder español en la fabricación de motores para aviación, con sede en Zamudio, donde da trabajo a más de 4.000 empleados, y propiedad de Rolls-Royce, segundo fabricante mundial de motores aeronáuticos. La multinacional británica vendió ITP en septiembre pasado al gigante del capital riesgo Bain Capital, en una operación en la que Sada Placencia, de la mano del PNV, tomó una participación cercana al 8% (unos 130 millones) y algo menos JB Capital, el banco de inversión de Javier Botín, hermano de su hermana. Estamos ante el empeño político del PNV por salvar ITP (contrato de cuatro años para el mantenimiento de los motores de los aviones y helicópteros de la Armada) y sus empleos, pero ese proyecto requiere mucha pasta, mucho cash (Bain Capital pretende ceder hasta el 30% a capital español), y ahí es donde Indra entra en escena. Indra está llamada a sostener financieramente un negocio a cuya entrada se oponía Abril-Martorell por considerarlo ajeno a su "core business". Pero el PNV aprieta y Sánchez cede, Sánchez paga la cuenta, o más bien la pagamos todos. Son las servidumbres de Sánchez. Sánchez entregó Bankia a La Caixa en la creencia de servir no solo a Fainé sino al independentismo catalán, y de paso hizo a Goirigolzarri presidente como un guiño al PNV. Pero las exigencias de Ajuri-Enea van creciendo, y ahora se ve obligado a asaltar Indra para ponerla al servicio del nacionalismo vasco.
Es verdad que el aumento del presupuesto en Defensa de los Estados miembros de la UE ante amenazas como la del tirano Putin va a convertir a las industrias del sector en carnaza para cuervos como Oughourlian (se habla de que el armenio, especialista en perder dinero en los negocios que emprende, podría intentar colocar Indra en la órbita del Grupo Thales, empresa gala especializada en electrónica de Defensa, con más de 16.000 millones de facturación y casi 80.000 empleados), pero estas son virguerías conceptuales ajenas al pequeño mundo de nuestro gran héroe. Él tiene bastante con pagar las letras que los miembros de la "banda" le ponen periódicamente a cobro para seguir en Moncloa. Entregó Bankia, salvó Plus Ultra, ocupó AENA, regaló Correos a un amigo, asaltó Enagás… Por la lista de sus tropelías desfila Duro Felguera, Navantía, Red Eléctrica, Hispasat y un largo etcétera. Lo de Rodrigo Rato y sus amigos fue una broma comparado con lo de esta cuadrilla. En los últimos tiempos, Sánchez se ha reconvertido en eficaz conseguidor. Ha logrado, previa gestión ante su presidente, que Deutsche Bank salve la siderúrgica catalana Celsa, a la que SEPI quiere inyectar 550 millones (lo que sea menester con tal de tener contento a Rufián), y acaba de hacer una gestión personal ante el presidente de la multinacional Ford para que Almusafes fabrique los dos últimos modelos de coche eléctrico de la marca. Se supone que, como su "copain" Zapatero, también Pedro tendrá ya su Moratinos listo para pasar la gorrilla entre los agraciados por su altruista labor.
Interviene en las empresas sin el menor respeto a las normas del buen gobierno corporativo, las politiza hasta la náusea, y al mismo tiempo atropella el prestigio de las instituciones (cuando no se encargan ellas mismas de hacerlo: la CNMV dice ahora que "va a investigar" esta OPA encubierta, ¡ya le vale al tal Buenaventura!, cuando la operación se lleva cocinando desde antes de la salida de Abril-Martorell) en beneficio propio. Tras el asalto a Indra, mucha gente se ha llevado las manos a la cabeza dada la presencia de la consultora en los procesos electorales. ¿Pucherazo a la vista? El temor puede ser descartado de plano: Indra no tiene ninguna participación en el recuento de los votos, limitando su labor a la transmisión de los datos. Pocas dudas, en cambio, sobre el futuro de su nivel de excelencia, llamado a desaparecer, incluso el modelo de compañía, mediante la destrucción de su mejor capital, el humano. La historia de Indra, sin embargo, está lejos de haber terminado: los grandes fondos internacionales ajustarán cuentas a su debido tiempo. Invasión, pues, de las empresas y allanamiento de las instituciones. El CNI, el INE, el CSIC, la CNMC (con el marido de la ministra Ribera, el lobista Bacigalupo, empotrado en el organismo), el CIS… y ahora el Tribunal Constitucional, palabras mayores, porque tolerar el control del alto tribunal por el poder Ejecutivo supone aceptar el final de la separación de poderes, lo que equivale a asumir la defunción de la democracia. Se entiende el interés de Pedro por controlar la Justicia: él y muchos de sus colegas acabarán más pronto que tarde ante un tribunal. Por bastante menos fue Rato a parar a la cárcel y el pobre Miguel Blesa se pegó un tiro.
¿Vuelve el bipartidismo?
Alejo Vidal-Quadras. vozpopuli. 26 Junio 2022
Desde la Transición hasta 2015, el sistema de partidos en España admitía la descripción de “bipartidismo imperfecto”, es decir, dos grandes fuerzas políticas de ámbito nacional, una socialdemócrata, la otra liberal-conservadora, que reunían el 80% del voto en las elecciones generales y que se turnaban en el poder, con o sin mayoría absoluta. El adjetivo “imperfecto” derivaba de la presencia de grupos nacionalistas en Cataluña y en el País Vasco, siempre prestos a hacer de muleta del gran partido nacional con minoría mayoritaria a cambio de suculentas cesiones en competencias, dinero y creciente reconocimiento institucional, simbólico, lingüístico y cultural. Esta situación se quebró con la aparición de tres nuevos actores, también de implantación en toda nuestra geografía, Podemos, de extrema izquierda, Ciudadanos, liberal-centrista y Vox, conservador. La potente irrupción de estas nuevas siglas se explicó por la crisis financiera de 2008, la progresiva radicalización del separatismo catalán y la debilidad meliflua del PP de Rajoy y su oficial mayor SSS frente a la agresiva ofensiva ideológica y política del comunismo chavista y del secesionismo golpista. Cada una de estas formaciones enarboló banderas que los dos polos del duopolio previo no habían sabido alzar con suficiente brío, Podemos la de la defensa de los sectores más perjudicados por la recesión global, Ciudadanos la de la lucha contra la corrupción y la de la unidad nacional y Vox las del combate frontal contra la ideología woke, el control de la inmigración ilegal y la afirmación de España como Nación.
Después de su aparición
fulgurante, estas nuevas opciones electorales están corriendo
suertes diversas. El comunismo bolivariano mengua por su
fragmentación en grupúsculos enfrentados entre sí,
por sus inconsistencias y por su recurso a prácticas turbias
en su financiación y Ciudadanos va camino de la extinción
tras los monumentales errores estratégicos de sus dos
principales dirigentes y es percibido hoy como irrelevante. Vox, en
cambio, crece de forma sostenida en cada convocatoria a la que se
presenta y todo apunta a que puede jugar un papel relevante en el
giro de ciclo político que se avecina.
El resultado de las elecciones andaluzas, con un incremento espectacular del PP y tan sólo discreto de Vox, la desaparición de Ciudadanos, la jibarización del espacio podémico y con la suma de los escaños de los dos partidos en alza duplicando los de la izquierda en su conjunto, que se ha desplomado sin remisión, parece anunciar la salida de Pedro Sánchez de La Moncloa dentro de año y medio. Este fenómeno ha hecho que algunos analistas hayan empezado a augurar el regreso del bipartidismo. Así, la evaporación completa de los naranjas y la reducción de la algarabía deconstructora a pura marginalidad impotente, dejaría el campo libre de nuevo a la hegemonía de las dos fuerzas “sistémicas”. Sin embargo, hay un factor que emborrona este cuadro: la existencia pujante de Vox, que no muestra signos de desfallecimiento, sino lo contrario. El hecho de que en esta ocasión una mala elección de la candidata, extrayéndola de su ecosistema óptimo, que es el Congreso de los Diputados, para embutirla en los faralaes de un andalucismo forzado y un planteamiento erróneo de la campaña insistiendo en la amenaza de repetir elecciones si no gobernaban, haya dado una cosecha inferior a la deseada, no significa que en las próximas autonómicas y municipales Vox no consolide y ensanche su presencia. Por tanto, el escenario que se perfila en el horizonte es el de tres partidos dominantes, PP, PSOE y Vox, acompañados de una turba heterogénea de incordios marginales, prestos a vender caro su apoyo y a persistir en su propósito de demolición de la cohesión nacional, la prosperidad económica y los valores propios de la civilización occidental.
La mayoría PP-Vox
En este contexto, y dado que España se encontrará a finales de 2023 financieramente quebrada, moralmente desarbolada, territorialmente cuarteada e institucionalmente deteriorada tras el paso abrasador del tornado sanchista, resulta indispensable que la previsible mayoría PP-Vox sea viable, sea consistente y sea estable. Ello requerirá de las cúpulas de ambas organizaciones dosis suficientes de inteligencia, de visión a largo plazo, de prudencia y de patriotismo. Si ambas entendieran que el mejor camino para forjar un pacto sólido y operativo es no especular sobre posibles alianzas antes de que las urnas hayan hablado, ya habríamos adelantado un paso. Si, además, los líderes de PP y Vox prescindiesen de absurdos cordones sanitarios y de exigencias extemporáneas, se tratasen con respeto y se concentrasen en exponer sus propuestas para sacar a España del hoyo embarrado en el que la han hundido y ponerla en la senda de la recuperación, la unidad y el éxito, todavía, aunque tenue, tanto es el daño causado, sería posible la esperanza.
Y dale con el pp
Nota del Editor. 26 Junio 2022
Parece que siguen desmemoriados. El pp tiene que desaparecer. Hay que apoyar a Vox sin fisuras. Ahor mismo, para el verano, a estoy en el feudo de nazionalista de Núñez, echando mano del Google translator como ciudadano sin lengua propia (si, el español es de quien quiere).
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La inflación crece con el populismo fiscal
EDITORIAL. LA RAZON. 26 Junio 2022
Hasta ahora, era una convención aceptada en España que quien dispone del BOE es quien tiene el poder efectivo, de ahí que no se entiendan bien las quejas del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que se declara bajo la presión de unos «poderes económicos», que dispondrían de unas terminales «políticas y mediáticas» que no cita, pero que, en cualquier caso, no le van a quebrar, de lo que no podemos menos que alegrarnos.
Ahora bien, no parece que haya que buscar en supuestas conspiraciones las causas de los reiterados batacazos electorales socialistas, sino en el deterioro que padecen familias y empresas, atrapadas en una espiral inflacionaria y de escasez de materias primas, que las medidas paliativas que anunció el jefe del Ejecutivo tras el Consejo de Ministros extraordinario apenas corregirán. Porque como señalaron ayer tanto el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, como la patronal catalana Foment del Treball, el problema radica en el exceso de presión fiscal que, combinado con los altos costes que padecen las empresas, pueden afectar gravemente, a poco que se endurezcan las políticas monetarias, a un tejido productivo cada vez con menos margen de ganancias y, por ende, al mercado laboral.
Sean bienvenidas las ayudas a las familias más desfavorecidas, el incremento de las pensiones no contributivas y los descuentos en el transporte público, pero siendo perfectamente conscientes del coste fiscal extra que tienen para las arcas del Estado, que ya sufren un fuerte desequilibrio, y, lo que es más importante, de los escasos efectos que tendrán sobre la inflación. Porque, en buena parte, es de ese populismo, abonado a la barra libre del gasto público, de lo que se nutren los procesos inflacionarios, como el que estamos viviendo. Así, si las medidas se limitan a ayudas puntuales y subvenciones de la demanda, se establecerá ese círculo vicioso de más gasto más impuestos que, a la postre, no se resuelve nunca.
Se nos dirá que parte de esas medidas ya constaban en el plan anticrisis que presentó el PP para su estudio, acuerdo e implementación, pero, con ser cierto, también lo es que se quedan a mitad de camino. Hay que operar sobre los márgenes del IRPF de las clases medias, sobre las cargas de las empresas y sobre los impuestos especiales a los medios de producción, como son los hidrocarburos, que es el programa de Feijóo, como estrategia para impulsar el crecimiento económico y recuperar la competitividad perdida. Pero, sobre todo, no debería el Gobierno, presionado por unos socios comunistas que están sufriendo en mayor medida la caída del apoyo popular, equivocarse en el diagnóstico. Pocos ejecutivos como el actual han dispuesto, por la vía, casi obsesiva, del decreto ley, de tanto poder en el BOE. Otra cuestión es que se hayan venido equivocando sistemáticamente.
A Sánchez ni le quieren ni le votan
EDUARDO INDA. Okdiario. 26 Junio 2022
Más que un presidente, Adolfo Suárez fue un gigante. El de Cebreros consiguió, gracias a Juan Carlos I en unas ocasiones y pese a Juan Carlos I en otras, que España transitase de la dictadura a la democracia espantando el fantasma de una nueva Guerra Civil. Las muertes que se produjeron no las provocaron las dos Españas que se habían enfrentado 40 años antes a cara de perro sino organizaciones terroristas como ETA o grupúsculos de extrema derecha como el que segó a tiros la vida de los abogados laboralistas de Atocha. El hombre que de verdad trajo las libertades a nuestro país tuvo que aprender a convivir entre los casi 100 asesinatos que consumaban los etarras cada año y el incesante ruido de sables de un Ejército, una Guardia Civil y una Policía que contemplaban impotentes cómo sus compañeros representaban el 90% de las víctimas. Eran vilmente masacrados y nadie era capaz de parar la sangría.
Adolfo Suárez fue forzado a dimitir por las brutales y nunca bien contadas presiones de los sectores más duros del Ejército, entre los cuales se encontraba el anterior jefe del Estado. Lo que vino después es de todos conocido: un 23-F a cuyo frente se encontraban dos estrechísimos colaboradores de Don Juan Carlos: Alfonso Armada, que había ocupado hasta cuatro años antes la Jefatura de la Casa del Rey, y Jaime Milans del Bosch, un militar de estricta obediencia borbónica.
A Adolfo Suárez se le hicieron eternos los 20 meses que discurrieron entre el frustrado golpe de Estado y la victoria del PSOE de Felipe González en unas elecciones que supusieron la culminación de la Transición. Los perdedores de la Guerra Civil se hacían incruentamente con el poder cuarenta y tantos años después. La hecatombe de la UCD fue literalmente de las que hacen historia: nunca, ni antes, ni durante, ni después, una formación política ha pasado de 168 escaños a 11.
El histórico presidente de la UCD se presentó en aquellos comicios del 28 de octubre de 1982 encabezando la lista de un partido creado para él: el Centro Democrático y Social (CDS). Se metió en el bolsillo dos actas en el Congreso: la suya y la del añorado Rodríguez Sahagún. Las siguientes elecciones, las de 1986, provocaron un subidón en Adolfo Suárez, que multiplicó por 9,5 el número de diputados: pasó de 2 a 19. Una época en la que el abulense se permitía licencias del tipo “inevitablemente, volveré a ser presidente del Gobierno”. En 1989 cayó de 19 a 14 y en 1993 se quedó fuera de la Cámara Baja.
Lo curioso era que en todas las encuestas salía como uno de los políticos mejor valorados, cuando no el más valorado. Un día le preguntaron por el desajuste existente entre el aprecio popular y el electoral. El antiguo secretario general del Movimiento respondió con una frase para la historia: “Queredme menos y votadme más”. Tal vez el eslogan más recordado de nuestro coprotagonista excepción hecha del insuperable “puedo prometer y prometo”.
No es mi intención comparar a este monstruo de la política, a un tipo que vino a la vida pública a servir y no a servirse, a un hombre de principios, con el actual presidente del Gobierno. Es como comparar a Rafael Nadal con el campeón de tenis de mi pueblo, a Valentí Fuster con un matasanos o a Julio Iglesias con un cantante que suelta gallos cada 20 segundos. Pero estoy absolutamente convencido que desde el puntapié que Isabel Díaz Ayuso le propinó en el trasero de Gabilondo el 4 de mayo del año pasado por su cabeza ha revoloteado unas cuantas veces la celebérrima frase del padre de la Transición.
Al obseso del Falcon le apoya en las urnas cada vez menos gente y eso que estamos hablando, ojo al dato, del presidente menos votado de la democracia. Un detalle que se nos escapa con demasiada frecuencia, entre otras razones porque gobierna más autoritariamente que el Felipe de los 202 diputados. Pero, al contrario del carismático Adolfo o del propio González, la gente no sólo no le quiere sino que le odia. Sánchez ha palmado cinco de las seis elecciones autonómicas celebradas desde que venció en los comicios de 2019. Se la pegó en Galicia frente a Feijóo viéndose superado por el Bloque, lo mismo aconteció en el País Vasco donde Bildu le pegó el sorpasso, se repitió la historia en Madrid, luego en Castilla y León y ahora de forma apoteósica en Andalucía.
Que la gente lo detesta lo demuestra el hecho de que cada contacto con la calle se resumía en una pitada, en insultos por doquier e incluso en intentos de aproximación a su persona con no precisamente las mejores de las intenciones. Un servidor, que durante dos años hizo de corresponsal político de El Mundo en Moncloa, jamás vio a nadie aporrear la carrocería blindada del coche presidencial. Una situación que ya hemos contemplado con el marido de Begoña Gómez en al menos dos ocasiones.
Así como el principio del fin de Felipe González se empezó a escribir durante su visita a la Universidad Autónoma en la precampaña de 1993, el de Sánchez casi se produjo antes de empezar. Cabe recordar las lindezas que los vecinos de Sanlúcar le dedicaron en agosto de 2018, recién llegaíto a Moncloa, la que le liaron en Ceuta tras la invasión de menas marroquíes remitidos por su ahora hermano Mohamed VI, el pollo a modo de bienvenida en Navalmoral de la Mata o la que le cayó cuando fue a votar en las autonómicas madrileñas tras su intento de moción de censura con los traidores de Ciudadanos. Ya no le pitan, ni le insultan, ni tampoco golpean su coche porque los encuentros con la gente se hacen ahora con militantes socialistas elegidos para la ocasión. Un férreo cordón policial impide la llegada de invitados no deseados.
Lo del domingo pasado es indiscutiblemente un éxito de uno de los mejores políticos del panorama nacional: Juanma Moreno. Su política fortiter in re suaviter in modo representa un éxito incontestable. Y su trabajo en materia económica es sencillamente de matrícula de honor cum laude: Andalucía ha dejado de estar subsidiada a estar gestionada como Dios manda con criterios de Administración moderna y democrática. Consecuencia: la región se halla en las primeras posiciones en crecimiento del PIB, en creación de puestos de trabajo y en rebajas fiscales.
Parte de la culpa del armagedón socialista la tiene un Pedro Sánchez al que ya tiene calado todo quisqui. Incluidos aquéllos que tardaron en caerse del guindo por la sencilla razón de que los medios de izquierdas, es decir la opinión publicada de izquierdas, nos ganan 8-2 a los que estamos situados en el otro lado del espectro ideológico. Juan Español ya sabe que el pájaro nos lleva a la ruina, que nos ha colocado a la cabeza de los parias de Europa económicamente hablando, que somos el único país que aún no ha recuperado los niveles de PIB prepandemia, que padecemos más inflación que ningún otro de los grandes países de la zona euro y que las cifras del paro contienen más maquillaje que el rostro de la recordada Carmen de Mairena.
Con todo, lo peor no es eso, porque la economía se acabará recuperando cuando llegue Alberto Núñez Feijóo a La Moncloa. La historia de siempre en 45 años de democracia: el PSOE nos arruina, el PP nos devuelve la riqueza perdida, el PSOE nos arruina, el PP nos devuelve la riqueza perdida, y así sucesivamente. Lo peor de todo es el brutal y no sé si subsanable daño moral que ha infligido a España. Lo más indignante es, sin duda, su pacto con esa banda terrorista ETA responsable de la muerte de 856 compatriotas, 12 de ellos militantes socialistas. Por no hablar del acuerdo de gobernabilidad con quienes perpetraron un golpe de Estado en Cataluña no hace un siglo o dos sino en 2017. Compromiso que tuvo como nauseabundo cenit el indulto a los tejeritos encabezados por Oriol Junqueras. Lo de acostarse con Pablo Iglesias es igual de repulsivo que cualquiera de los apartados anteriores, básicamente, porque es el delegado en España de la narcodictadura venezolana.
A Suárez no le votaban en su última etapa pero la ciudadanía le quería más que a nadie porque no olvidaba que se había jugado el pellejo para sacarnos del oscuro túnel del franquismo. A Pedro Sánchez no le queda ese consuelo porque el españolito medio lo detesta tanto como le deja de votar. Tiene lo que se merece. Y más que tendrá. La gran pregunta es si aceptará con deportividad el Titanic que le espera o, si por el contrario, estará tentado de ejecutar alguna cacicada, espero que no un pucherazo, para seguir volando en el Falcon o en el SúperPuma, para continuar subido al A-8 o para morar de por vida en la Residencia Real de La Mareta, Doñana o Quintos de Mora. Visto lo visto, me temo lo peor. Que la gente no le quiera, le desespera, que no le vote le saca de quicio. Y ya sabemos cómo se las gasta.
P.D. Y, mientras tanto, está destrozando un partido antaño socialdemócrata, ahora transformado en una formación extremista. A los hechos me remito.
En vez transición deberíamos decir traición
Nota del Editor. 26 Junio 2022
La c.e. es un bodrio, y si a pesar de ello, la cumplieran, podríamos confiar en la ley.
Pero como todo es variable, según quien mande, y siempre mandan los malos, nos siguen destruyendo. Y muchos esperando al p.p., como si la historia reciente no hubiera sucedido.
La UE advierte que Sánchez debe exigir a la Generalitat que cumpla la sentencia del 25% en español
LUZ SELA. Okdiario. 26 Junio 2022
«Corresponde a los Estados miembros velar por el cumplimiento de las resoluciones judiciales». Así de rotunda se muestra la Comisión Europea ante una pregunta parlamentaria sobre la inacción del Gobierno de Pedro Sánchez ante el incumplimiento por parte de la Generalitat de la sentencia que obliga a que al menos el 25% de las clases se imparta en español.
En la respuesta por escrito, a la que ha tenido acceso OKDIARIO, el comisario de Justicia, Didier Reynders, recuerda que es obligación de los distintos países asegurar que se respeten las órdenes de la Justicia. Cabe recordar que el Govern independentista ha afirmado que no acatará la sentencia que garantiza los derechos de los alumnos castellanoparlamentes e incluso ha dado instrucciones a los directores de los centros para que la incumplan.
Reynders recuerda que «los estados miembros son responsables de regular el estatuto jurídico y el uso de las lenguas nacionales y regionales en su territorio» y que «la Comisión garantiza, en el marco de sus competencias, el respeto a los derechos fundamentales consagrados en la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE, incluido el derecho a la no discriminación por razón de lengua y el respeto de la diversidad cultural, religiosa y lingüística».
Sin embargo, considera también que el asunto no entra en el ámbito de aplicación del Derecho de la Unión. Por ello, «en tal situación, corresponde a los Estados miembros velar por el cumplimiento de las resoluciones judiciales».
Incumplimiento
Hasta el momento, el Gobierno de Sánchez ha descartado exigir a la Generalitat el cumplimiento de la sentencia. Y ello, pese a los reiterados desafíos de los dirigentes independentistas.
El Govern ha maniobrado para evitar su aplicación e incluso recientemente, aprobó un decreto que establece expresamente la «inaplicación» de porcentajes en el uso de lenguas en la enseñanza.
Además, la Generalitat ha remitido unas instrucciones a los directores de los centros para que no apliquen el 25% de las clases en castellano. En ellas, se pregunta al equipo directivo si «el proyecto lingüístico evita la utilización de porcentajes en la enseñanza y el uso de las lenguas».
Asimismo, como reveló OKDIARIO, el Gobierno separatista se queja de que los alumnos hablen entre ellos en español y pretende extender su control a patios, comedores y actividades extraescolares.
Para ello, está desplegando el Plan de impulso de promoción del uso de la lengua catalana en los centros educativos, un plan piloto que este año se ha estrenado en 200 centros para reforzar el uso del catalán en todos los ámbitos educativos, con la idea de que en los próximos tres cursos se extienda a 3.000 centros más. El objetivo abarca no sólo la promoción del catalán en el aula, sino «en todos los ámbitos de la escuela» mediante «grupos impulsores» del catalán, formados por los propios docentes.
«Lo que dice el Gobierno es que
han de cumplirse las sentencias», ha sido de momento la única
respuesta del Ejecutivo español.
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