Recortes de Prensa Martes 5 Julio 2022
Moscú amenaza con no suministrar a Japón ni petróleo ni gas
Hallan en Mariúpol una nueva fosa común con más de cien cadáveres
ABC. 5 Julio 2022
La guerra en Ucrania ya ha pasado el umbral de los 131 días. Hoy los países aliados firman oficialmente la adhesión de Suecia y Finlancia en la OTAN. En Suiza sigue la reunión para abordar la reconstrucción del país invadido por Putin. En el campo de batalla, las fuerzas rusas han atacado hoy con misiles la ciudad de Mykolaiv, en el sur de Ucrania. Además, un exmiembro de poderoso servicio de inteligencia ruso asume el gobierno de Jerson. El Kremlin, una vez alcanzado uno de sus objetivos, se centrará ahora, además del Donbass en el sur y el este del país en un conflicto que supera los cuatro meses de duración.
10.32
Rusia amenaza con no suministrar a Japón ni petróleo ni gas . Así lo ha asegurado hoy el vicepresdiente del Consejo de Seguridad y expresidente ruso, Dmitri Medvedev Informa Reuters
13:24
Zelenski afirma que Rusia podría invadir otro estado y la acusa de lanzar misiles desde Bielorrusia
El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha afirmado que Rusia podría invadir otro estado y ha denunciado nuevamente que esté usando suelo bielorruso para lanzar misiles contra su país. «Nadie puede descartar una nueva invasión rusa de otro país vecino. Tal eventualidad es posible», advirtió Zelenski en una intervención por internet al comienzo de la conferencia anual de The Economist en Grecia. Subrayó que Rusia está buscando «espacio» para aplicar nuevas tácticas antidemocráticas y recordó que ya en 2014, con la invasión de Crimea, evitó dar garantías de seguridad a través del diálogo.
13:13
Mongolia asegura que el nuevo gasoducto China-Rusia avanza según lo previsto
La ministra de Exteriores de Mongolia, Battsetseg Batmunkh, aseguró hoy durante una reunión en Ulán Bator con su homólogo ruso, Serguéi Lavrov, que el proyecto de construcción del nuevo gasoducto Rusia-China por suelo mongol «avanza según lo previsto». El gasoducto prevé la construcción de una tubería de 962 kilómetros con cinco estaciones de compresión a través de territorio mongol. El plan, firmado en 2016, forma parte de la conocida oficialmente como Iniciativa de la Franja y la Ruta impulsada por China, en su búsqueda por ampliar su área de influencia.
12:50
Rusia exporta a Turquía grano robado a Ucrania, según una investigación
Rusia está exportando grano robado de los territorios que ocupa en Ucrania y lo exporta a Turquía, afirma una investigación del grupo de periodistas del programa audiovisual Skhemy que produce Radio Free Europe.
12:17
Suecia y Finlandia se convierten en miembros 'de facto' de la OTAN tras la firma del protocolo de adhesión
Los dos países nórdicos solicitaron conjuntamente su entrada en la OTAN el pasado 18 de mayo
12:03
Londres reforzará las leyes de Internet para luchar contra la desinformación rusa
Reino Unido ha anunciado este lunes que reforzará las leyes de Internet y las empresas tecnológicas estarán obligadas a proteger a los internautas de "la desinformación patrocinada por el Estado", ya que supone una "amenaza" para la sociedad y la democracia de Reino Unido, en virtud de los cambios introducidos en un histórico proyecto de ley sobre seguridad en línea.
11:34
Reino Unido impone nuevas sanciones a Bielorrusia por «facilitar activamente» la invasión de Ucrania
El Gobierno de Reino Unido ha anunciado la imposición de nuevas sanciones contra Bielorrusia por «facilitar activamente» la «invasión ilegal» de Ucrania, desatada el 24 de febrero por orden del presidente de Rusia, Vladimir Putin. «El paquete extiende a Bielorrusia algunas de las medidas significativas adoptadas contra Rusia, incluida la prohibición de importación y exportación de bienes por valor de cerca de 60.000 millones de libras (alrededor de 69.660 millones de euros)», ha dicho el Ejecutivo británico en un comunicado publicado en su página web.
10:32
Rusia amenaza con no suministrar a Japón ni petróleo ni gas
Así lo ha asegurado hoy el vicepresdiente del Consejo de Seguridad y expresidente ruso, Dmitri Medvedev
10:15
Un funcionario ruso, ex miembro del poderoso Servicio Federal de Seguridad (FSB), el servicio de Inteligencia que sucedió al KGB, ha asumido el gobierno de la región ucraniana de Jerson, ocupada por las fuerzas rusas.
Sergei Eliseyev, hasta ahora primer adjunto del jefe del gobierno de la región rusa de Kaliningrado (noroeste), "asumió como jefe del gobierno de la región de Jerson", indicó en Telegram Vladimir Saldo, que dirige la administración de ocupación rusa.
10:15
Putin ataca con misiles Mykolaiv
Las fuerzas rusas han lanzado un ataque con misiles esta mañana contra la parte norte de Mykolaiv, en el sur de Ucrania, y han continuado bombardeando comunidades en la región, informó el servicio de prensa en Facebook de la administración estatal regional, según Ukrinform . Hay dos bases militares en la zona. En la mañana del 5 de julio, los ocupantes dispararon cohetes contra Mykolaiv. Rescatistas, médicos, equipos de emergencia y operadores de servicios públicos ya están trabajando", dice la administración sin precisar si hay heridos o víctimas
Sánchez vive en una realidad paralela a la de España: urgen Elecciones
El caos económico, reconocido ya hasta por Nadia Calviño, contrasta con los inaceptables mensajes de entusiasmo de un presidente incapaz que solo piensa en su futuro.
Editorial. ESdiario. 5 Julio 2022
Tras una semana aparentemente positiva para la imagen de Pedro Sánchez, con una Cumbre de la OTAN que proyectó su imagen internacional, la dura realidad vuelve a imponerse en varios frentes de muy difícil gestión, resumidos en el anuncio de Nadia Calviño de que vienen "trimestres duros" para los españoles, ya agotados tras años de crisis.
En la economía, todos los datos son adversos: los tipos de interés ya han empezado a elevar hasta en 1200 euros anuales las hipotecas variables; el gas, la luz y el combustible no moderan sus subidas y el modesto espejismo laboral de junio, con tres veces menos empleo creado que hace un año, no borra la sensación de que España vivirá un otoño nefasto de estanflación y recesión, con la inflación y los tipos de interés altos a la vez.
El detalle sobre los datos del paro del que el Gobierno no quiere ni hablar
En el seno de su Gobierno, las dificultades son ya extremas: Podemos ha elegido un tema capital para Sánchez, su compromiso ante la OTAN de elevar el gasto en Defensa, para escenificar un enfrentamiento tal vez definitivo que pone la coalición al borde del divorcio, aunque nunca se ejecute. Y a ello hay que añadirle el nacimiento, el próximo día 8 de julio, de la plataforma “Sumar” de Yolanda Díaz, que puede fragmentar aún más el voto de izquierdas. O la inquietud de los barones, hartos del lastre que supone Sánchez aunque no lo digan aún en público.
Y electoralmente, por último, su desplome parece evidente: los últimos sondeos, como el de El Mundo, dan ya una distancia de 38 escaños a Feijóo sobre Sánchez y reflejan un fenómeno que ya se constató en Andalucía: el trasvase de voto moderado del PSOE al PP, con más de 600.000 votantes dispuestos a dar ese salto.
¿Adelanto electoral?
La larga recta final de la legislatura, que como poco puede llegar a noviembre de 2023 si no media un adelanto del que cada vez se habla más, promete ser una tortura para Sánchez, rodeado de incendios: la situación económica no mejorará; el racionamiento de gas y de combustible puede llegar según su propio anuncio; y sus socios y aliados marcarán cada vez más distancias a medida que se aproximen las Elecciones Municipales y Autonómicas de la primavera del próximo año.
Solo su intención de ejercer la Presidencia de turno de la Unión Europea en el segundo semestre de 2023 explica su resistencia a un adelanto electoral que, con las cifras y tendencias en la mano, parecería inevitable. Y necesario para que alguien responsable se haga cargo de una nave a la deriva cuyo capitán, con infinita negligencia, saca mientras pecho por progresos que solo existen en su imaginario propagandístico.
Ilusionismo político con los datos del paro
Es cierto que la ralentización es global, pero España se lleva la peor parte por su mayor exposición y por tanta inepcia en el Gobierno
Editorial La Razón. 5 Julio 2022
Se esperaba la cifra del empleo de junio para constatar la evolución de la economía en un escenario intrincado, y porque cada publicación de una variable permite calibrar si la euforia del discurso del gobierno se sustenta en algo irrefutable. El número de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo se redujo en 42.409 desempleados en el mes pasado (-1,4%), lo que situó el total de españoles sin trabajo por debajo de los 2,9 millones por primera vez desde el otoño de 2008.
En frío, y sin más derivadas, cualquier evolución positiva en el mercado de trabajo es una noticia de la que felicitarse y a ponderar. El gabinete socialista comunista salió en tromba para jalear las cifras con ese júbilo con que rebozan su narrativa económica. Pedro Sánchez las calificó de «formidables» porque demuestran que se «puede fortalecer el Estado del bienestar y crear empleo de calidad», Yolanda Díaz resaltó la «estabilidad y fortaleza» del mercado laboral y el récord de contratos fijos y José Luis Escrivá elogió los «extraordinarios» resultados.
Este Gobierno nos ha obligado con sus contumaces manipulaciones a coger con pinzas la verborrea oficial. En realidad, es otra verdad a medias. El retroceso del paro en junio ha sido casi cuatro veces inferior al experimentado en igual mes de 2021, cuando se redujo en 166.911 desempleados, su mayor caída en cualquier mes de toda la serie histórica. Con la excepción de junio de 2020, cuando el Covid provocó un repunte de desempleados de 5.107 personas, la cifra conocida ayer es la peor desde 2008, año en el que subió en casi 37.000 desempleados. Hay que sumar que la afiliación a la Seguridad Social mejoró la mitad de lo que lo hizo en junio de 2021 y el crecimiento de la afiliación de los autónomos fue la peor en la última década. Sin duda, ya no son tan formidables como le gustaría a Pedro Sánchez porque nos confirman una pertinaz desaceleración de la actividad que ya se había constatado con ese PIB colapsado en 0,2% del primer trimestre, consecuencia, entre otras razones, de la contención de la demanda de los hogares y la merma del ahorro.
El caso es que, si todos los sectores caen o disminuyen fuertemente su auge, por el lado de la oferta, y se da una sentida contracción en el consumo, por el lado de la demanda, el relato quimérico de Sánchez es humo y su proceder irresponsable y un error. Ni la más espléndida cosmética, como la que se ha dispuesto en la contrarreforma laboral –el contrato fijo-discontinuo encubre ya una temporalidad del 60% entre los empleos indefinidos– ni todos los aspavientos en forma de parches especiales, astracanadas como la de topar el precio del combustible incluidas, convencerán a esos españoles sin trabajo y bajo el peso de una cesta de la compra insoportable. Si Sánchez no reconoce la colosal envergadura del problema, la economía se agravará con más gasto, populismo electoral y trucos de tahúr. Es cierto que la ralentización es global, pero España se lleva la peor parte por su mayor exposición y por tanta inepcia en el Gobierno. Urge un plan global, sin más parches, contención pública, alivio fiscal y reformas estructurales.
La mala Salud de España
EDITORIAL. https://gaceta.es/. 5 Julio 2022
Durante décadas nos hemos ufanado de la Sanidad española. El eslogan de que teníamos el mejor sistema sanitario del mundo enraizó en la sociedad. Aparte de las sempiternas acusaciones sobre las listas de espera, los partidos políticos rehuyeron el combate electoral en torno a la Sanidad. Hasta que llegó la pandemia y mostró lo que los propios sanitarios sabían: que la leyenda era un mito. El sistema público de salud, troceado en comunidades autónomas y de unas desigualdades profundas e insolidarias, mantenía su buen nombre gracias a una mezcla de profesionales competentes que aguantaban un pésimo diseño de la contratación y el alivio que para lo público supone la actividad de lo privado, tan injustamente denostado por la izquierda.
El sistema público, y es una evidencia, colapsó durante la pandemia y no se ha recuperado. A las sucesivas oleadas de miedo y de bajas de personal sanitario afectado por una mezcla de virus y graves problemas psicológicos, se les juntó la resaca de enfermedades no diagnosticadas y no tratadas durante cerca de un año y que tienen, hoy, a cientos de miles de españoles en una espera desesperada.
A esta situación objetiva de crisis, se le ha unido el éxodo de personal médico y de enfermería, en una cantidad que ronda los 20.000 en los últimos años. Un personal que, recordemos, se forma en su inmensa mayoría en España —la mayor parte gracias a un sistema universitario público de máxima exigencia y bajo coste para los alumnos— y luego emigran a otros países de Europa que, ellos sí, ofrecen sueldos acordes a la categoría de nuestro personal sanitario.
Que nosotros los formemos y otros países se aprovechen, Francia y Reino Unido a la cabeza, nos relata la pésima gestión que hemos padecido. Hoy, más de la mitad de los jóvenes licenciados en Medicina y en Farmacia mira su futuro lejos de España. Una España que en el próximo lustro necesitará más de 50.000 nuevos médicos y un número superior de enfermeros. Que la semana pasada, cerca de 20.000 enfermeras exigieran al ministro Escrivá la jubilación anticipada fruto del cansancio físico y mental arrastrado durante estos últimos años, es un síntoma evidente de que el sistema está enfermo. Igual que la falta permanente de médicos en los centros de atención primaria. Igual que la demora de más de seis meses de las operaciones quirúrgicas…
Ayer, en una entrevista en su periódico favorito, el presidente del Gobierno anunció lo que la reforma laboral ya prevé: la contratación como fijos de alrededor de 67.000 sanitarios. No sabemos en qué condiciones, no sabemos cómo sorteará las competencias de las comunidades autónomas; veremos qué sorpresa nos tiene preparada Sánchez mañana, pero podemos estar seguros de que este parche sólo sirve a la afición de Pedro Sánchez de dar titulares que luego, jamás, se convierten en soluciones de nada.
La realidad es que nuestro sistema sanitario necesita una profunda reforma que va mucho más allá de la creencia de que el puesto fijo es solución de algo. Para empezar, se debe respetar y aprovechar la vocación por la Medicina de miles de jóvenes que cada año no logran acceder al sistema público de enseñanza y que no pueden permitirse los elevados precios de las universidades privadas. Debemos contemplar, al menos contemplar, un sistema como el de las Fuerzas Armadas que forman en la excelencia a sus futuros médicos a cambio de un compromiso de larga duración. Igual que deben ser abordadas las profundas desigualdades de sueldos entre los sistemas sanitarios de las comunidades autónomas. Las desigualdades deben ser corregidas y las administraciones deben encontrar la forma de atraer y retener al personal sanitario con salarios competitivos en un mundo globalizado en el que la Salud es la clave de la prosperidad de una nación.
El tiempo de acometer las reformas imprescindibles fue ayer. Hoy, la pésima gestión de los partidos que se han sucedido en el Gobierno nos condena a un presente de improvisaciones y parches. A corto y a medio plazo nada se puede hacer por mejorar un sistema sanitario que la pandemia demostró que, pese al esfuerzo de la mayoría de sus profesionales, no es el mejor del mundo. Toca trabajar con la mirada en el largo plazo. Pero trabajar. Que es lo que ni el PP, ni mucho menos el PSOE, han hecho hasta ahora.
Como Franco ya no le funciona, Sánchez desentierra a Primo de Rivera
OKDIARIO. 5 Julio 2022
Lo de Pedro Sánchez es un caso sin igual: como Francisco Franco ya no le funciona ha decidido convertir en protagonista principal de su ley de Memoria Democrática a José Antonio Primo de Rivera, fundador de la Falange y actualmente sepultado junto al altar de la Basílica del Valle de los Caídos. Primo de Rivera fue fusilado en la cárcel de Alicante en noviembre de 1936 bajo la acusación de rebelión contra el Gobierno de la Segunda República . Se da la circunstancia de que la anterior vicepresidenta primera, Carmen Calvo, aseguró que Primo de Rivera recibiría un tratamiento distinto del de Francisco Franco porque se le podría considerar «una víctima», pero ahora el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha confirmado que el Gobierno sí reubicaría los restos en cumplimiento de la nueva ley de memoria porque ningún «protagonista de la dictadura» podría estar en un «lugar preponderante» del Valle de los Caídos.
El Ejecutivo también quiere acelerar la exhumación de los restos que actualmente yacen en el Valle de los Caídos, pese a que los expertos consideran que esa labor provocaría daños irreparables. El propio Ministerio de la Presidencia ha reconocido que estas labores serán complejas, debido a las grandes dificultades técnicas, y también ha advertido de que entrar en las criptas no garantiza que se localicen los cuerpos que se buscan. Sin embargo, seguirá adelante, porque con el PSOE en caída libre en las encuestas Pedro Sánchez ha vuelto por donde solía. Este Ejecutivo que presumía de mirar al futuro ha decidido volver al pasado y remover las tumbas de los muertos. Ahora desanda casi 90 años para utilizar a José Antonio Primo de Rivera como reclamo electoral. En lugar de dedicarse a resolver los problemas de lo vivos, Pedro Sánchez juega a cambiar de sitio a los muertos en una macabra estrategia de manipulación histórica. El sectarismo ideológico del personaje es infinito.
Memoria democrática: una dictadura ideológica
Jaime Ignacio Del Burgo. vozpopuli. 5
Julio 2022
Aunque no es mi propósito
analizar a fondo el contenido de la futura Ley de la Memoria
Democrática que se debate actualmente en las Cortes, es
imprescindible hacer unas breves consideraciones pues se trata de una
ley que pretende imponer un relato sesgado y manipulador de nuestra
historia. Sólo diré que equiparar la Constitución
de 1978, fruto del consenso y del espíritu de concordia que
presidió su elaboración y única de nuestra
historia que fue sometida a referéndum del pueblo español,
con otras Constituciones como las de 1808, 1869 y 1931 que nunca
desembocaron en una auténtica democracia, es un desatino.
Las Cortes no tienen atribuida la misión de declarar cuál es la verdad histórica, que ni siquiera es función de la Real Academia de la Historia. Y no se diga que la memoria democrática es la que asume como relato histórico la sociedad porque ésta no tiene una conciencia única, pues está integrada por ciudadanos libres, y cada uno puede tener una visión diferente. Otra cosa es que los actos dirigidos a romper por la violencia el orden constitucional sean reprobables, al igual que la apología de regímenes no democráticos, incitando a llevar a cabo el derribo de la democracia sin reparar en los medios utilizados para ello. Resulta incuestionable que no se tiene legitimidad para demonizar a la ultraderecha antidemocrática mientras se comparte gobierno con grupos comunistas que glorifican la URSS del camarada Stalin, el mayor genocida del siglo XX, y no se recatan en defender la implantación de la dictadura comunista que todavía padecen algunos países en el mundo a cuyos regímenes totalitarios ponen como modelo.
La Ley de la Memoria Histórica, impulsada por Rodríguez Zapatero, abría un resquicio para poder considerar que los asesinatos en ambas zonas por razones ideológicas o religiosas eran susceptibles de reparación e indemnización. Es decir, se condenaba la violencia “venga de donde venga”. Pero, en su ejecución, el Gobierno de Zapatero demostró que tan sólo pretendía sustituir el espíritu de reconciliación de la Transición y por una voluntad revanchista al considerar crímenes de guerra únicamente a los perpetrados en la zona en el que el general Franco se convirtió en dictador vitalicio después de autoproclamarse Jefe del Estado.
En el proyecto de ley promovido por el Gobierno social-comunista de Pedro Sánchez la historia de España desde 1808 hasta 1978 se reduce a una lucha de los demócratas contra los antidemócratas que acaban siempre con toda experiencia democrática mediante la violencia. La II República es la expresión máxima de esa voluntad democrática segada de raíz por la sublevación militar de 1936. Todos cuantos estuvieron en el bando republicano son demócratas y merecedores de honores y reconocimientos. Los que combatieron en el otro bando son condenados al fuego eterno.
La Memoria Democrática supone la implantación de una dictadura ideológica permanente. Todo cuanto se considere contrario a dicha Memoria podrá ser sancionado. De modo que es más que posible que denunciar que durante cien años el PSOE defendió no la democracia sino la Revolución Social mediante utilización de la violencia para imponer la dictadura del proletariado, hasta el punto de haber protagonizado en 1934 un cruento golpe de Estado armado contra la República, sea susceptible de sanción. O sostener que no se puede considerar demócratas a quienes perpetraron durante la guerra civil el genocidio contra la Iglesia Católica al asesinar al menos a ocho mil clérigos por el mero hecho de serlo. O recordar que el camarada Stalin, al frente del comunismo soviético es el mayor genocida del siglo XX, y nada tienen de demócratas quienes en España declaran su voluntad de implantar un sistema comunista. ¿Se podrá decir, sin temor a represalias, que el Frente Popular (PSOE, PC, ERC, etc.) dio en febrero de 1936 un “pucherazo” electoral robando la victoria a “las derechas”? ¿Se podrá sostener que Azaña fue un nefasto gobernante que arrebató con malas artes la presidencia de la República a Niceto Alcalá Zamora? ¿Se considerará exaltación del franquismo la beatificación y santificación de los numerosos mártires sacrificados por la sañuda persecución contra la Iglesia Católica que estaba alentada desde la propia Constitución de 1931?
Ultraderecha antidemocrática
Nota del Editorial 5 Julio 2022
Vaya patinazo, Sr del Burgo, pretender mantener la equidistancia entre los defensores de la c.e. (así en letras minúsculas porque es una basura que además no se cumple) y quienes estan destruyendo España no lo esperaba de Vd.
Por otro lado, después de haber abierto los ojos mirando detrás del humo de la propaganda comunista para tapar todos sus crímenes, el general Franco tenía razón.
******************* Sección "bilingüe" ***********************
Yonquis del poder
Santiago Navajas. libertad digital. 5 Julio 2022
Como es bien sabido, no hay drogas más adictivas que la heroína y el poder. No necesariamente en ese orden. "¿Quién necesita razones cuando tiene heroína? Lo es todo", explicaba el yonqui protagonista en Trainspotting, la película de Danny Boyle sobre el lumpen juvenil de Glasgow. En otra película actualmente en cartelera, Promesas de París, una alcaldesa provinciana (magnífica Isabelle Huppert, valga la redundancia), hasta ese momento honesta y comprometida, es tentada con un cargo de ministra. Apenas llega a rozar los fatos y oropeles del Hôtel de Matignon, sede del Primer Ministro del majestuoso gobierno republicano, pero se despierta en ella una ambición desmesurada que la lleva a traicionar todos sus principios, además de dejar en la estacada a amigos, aliados y votantes. A sus conocidos le resulta inexplicable su cambio de posición, pero ¿quién necesita razones cuando tiene poder?
En el actual panorama español tenemos dos yonquis del poder. Pedro Sánchez no es que no tenga principios, es que ni siquiera tiene identidad. Como reconoció Carmen Calvo, lo que hubiese dicho Pedro candidato no tiene ninguna ligazón con lo que pueda hacer Sánchez presidente porque son dos personas distintas. Si las promesas de París se las lleva el viento, las promesas de Madrid no valen absolutamente nada cuando su fuente es la Moncloa. Tras su planta apolínea, el personaje que mejor encarna lo que significa la obsesión delirante de Sánchez por el poder es Gollum, el hobbit deformado por la ambición de poder en El señor de los anillos. Como un émulo de Dorian Gray, podemos imaginar a Sánchez mirándose en un espejo que le devuelve no la imagen rutilante que le sirve para encandilar a las nietas adolescentes de Joe Biden, sino un monstruo moral desfigurado por la traición (véase el Sahara), la servidumbre (véase Biden) y la abyección (véase Bildu).
Irene Montero también es una yonqui del poder, pero en una modalidad diferente, aunque igualmente peligrosa. Hubo quien llegó a sentir pena por ella tras ser públicamente humillada y ofendida por la portavoz socialista del gobierno. Pero mientras se ríen de ella, ha conseguido sacar adelante las dos leyes más ideológicas del gobierno, la del "sí es sí" y la "ley trans", consiguiendo llevarse en el camino a la todopoderosa Carmen Calvo y reduciendo a las clásicas feministas socialistas, como Amelia Valcárcel, al cliché de ser unas tránsfobas, el equivalente posmoderno a que en la Unión Soviética se te calificase de "revisionista", dándoles un pasaporte para el gulag milenial contemporáneo, más conocido popularmente por cordón sanitario y cancelamiento.
Mientras Sánchez ansía el poder por el poder, Montero es capaz de sacrificar cualquier atisbo de dignidad para seguir en el poder para alcanzar sus principios ideológicos. Ambos constituyen una imagen chateaubriandesca: el nihilismo dándole el brazo al fanatismo. El común de los mortales se sorprenden cuando aparecen estos yonquis del poder como Sánchez o Montero, porque parece imposible que un ser humano en sus cabales alcance tal grado de infamia, indignidad y degradación personal. Pero parafraseando a uno de los héroes heroinómanos de Trainspotting, para ellos el chute de poder resulta mejor que el mejor de los orgasmos que se pueda alcanzar. Ni multiplicando el orgasmo por mil, alguien fuera de la política podría acercar a rozar esa sensación de estar convertido en un ser todopoderoso, muy cerca de la inmortalidad. En la mente del yonqui del poder, digamos Sánchez o Montero, solo hay una sola preocupación: "Pillar".
Que le den al niño de Canet
PABLO PLANAS. libertad digital. 5 Julio 2022
El episodio de la frustrada sentencia del 25% de español en la enseñanza obligatoria en Cataluña es el ejemplo esférico del poder casi omnímodo de los separatistas en la región. El resumen es que los jueces dictan una sentencia y el separatismo, con el imprescindible concurso del PSC tan o más separatista, se pasa el fallo por debajo del arco del triunfo en un ejercicio atlético que los jerarcas del régimen nacionalista ejecutan a la perfección porque acumulan décadas de práctica.
A pesar del esfuerzo casi heroico de entidades como la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB), Impulso Ciudadano, Convivencia Cívica Catalana o Hablamos Español, entre otras, y del sacrificio de los padres que se atreven a denunciar los disparates y desmanes separatistas en las escuelas, la situación sigue como la dejaron Pujol y la izquierda artífice de la "inmersión lingüística", con el idioma español convertido en una lengua extranjera, tal que el urdú, el tagalo o el árabe.
La resolución del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) enviada este lunes a las partes es una muestra colosal de impotencia y expresa las consecuencias de la retirada de España en Cataluña. Las leyes en esta región se cumplen si les apetece a los nacionalistas, si les cuadran, si no les molestan o si las han elaborado ellos por decreto en ese antro contra la democracia que llaman Parlament. Y todo ello sin tener que asumir las consecuencias o con unas consecuencias muy atenuadas.
Así, el TSJC ha resuelto que la chapuza de decreto que aprobó el gobierno catalán en contra del 25% de español en las clases y el bodrio de ley que impulsó el PSC con ERC, los de Puigdemont y los podemitas autóctonos impiden aplicar su fallo. Que le den al niño de Canet: "Tanto el Decreto Ley como la Ley citados se refieren a los factores que los proyectos lingüísticos deben considerar, como la situación sociolingüística del lugar, el objetivo de normalización lingüística, o la evolución de los alumnos en el aprendizaje de las lenguas. Pues bien, ambas normas determinan la imposibilidad legal de ejecutar la Sentencia dictada en estas actuaciones", reza la resolución.
Eso sí, el TSJC aprecia en ambas disposiciones "vicios de inconstitucionalidad", de ahí que haya resuelto recurrirlas ante el Tribunal Constitucional. Sí, vale, pero el 25% es papel mojado y los separatistas no están precisamente temblando ante la hipótesis de que aquí a muchos meses o en un par de años el TC se pronuncie en contra de sus "leyes" y el Tribunal Supremo y el TJSC vuelvan a fallar a favor de que el español no sea residual en los colegios públicos catalanes.
Ha querido la casualidad que este lunes estuviera en Barcelona el juez Manuel Marchena, presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo que juzgó a los golpistas. Mayúsculo rebote de las entidades, los partidos y los abogados de la cuerda independentista, a quienes les parece una "provocación" que el magistrado Marchena, el mismo que suavizó todo lo que pudo los cargos contra sus líderes, haya sido invitado por una sección del Colegio de Abogados de Barcelona.
A los líderes separatistas les cayeron entre nueve y once años, de los que no han cumplido ni una tercera parte. Y la mayor parte del tiempo en cárceles catalanas gobernadas por su Generalidad en virtud del traspaso de las competencias penitenciarias. En el momento en el que fueron trasladados a prisiones de Cataluña, la sentencia se convirtió en una auténtica filfa también en el apartado del cumplimiento de las penas. Después vinieron los indultos y ahora los agraciados se pasean por Cataluña como si hubieran pasado las de Papillon en la Guayana a lo Mandela en Robben Island. Desconocen la vergüenza y el sentido del ridículo.
Coincide también el fiasco judicial del 25% con la visita de los Reyes y sus hijas a Cataluña. El domingo, la princesa Leonor y la infanta Sofía visitaron el museo Dalí de Figueres. Ninguna autoridad local o regional se dignó a recibirlas. Este lunes se han entregado los premios de la Fundación Princesa de Gerona en idénticas circunstancias en la localidad barcelonesa de Cornellá de Llobregat porque el Ayuntamiento de Gerona se niega a alquilar su auditorio a la Fundación Princesa de Gerona. Y no pasa nada. Bueno sí, que Sánchez quiere retomar la "mesa de diálogo" con la Generalidad este mismo mes.
Los ejemplos de ausencia, abstinencia o deserción de los poderes públicos en Cataluña son incontables. Por volver al principio, la Alta Inspección de Educación del Estado sólo dispone de dos funcionarios, uno en Barcelona y otro en Tarragona. Eran los comisionados por el TSJC para comprobar el cumplimiento de su fallo en los miles de centros educativos de la región. Y en contra de lo que cabe suponer, el principal problema para cumplir el encargo judicial no era el número de colegios, sino que tienen prohibida la entrada en ellos salvo petición previa y autorización expresa de la consejería de Enseñanza.
En Cataluña no hay Estado y los tribunales están de pega para los independentistas. Y si alguna vez logran su propósito de quebrar España, será por eso. Pero lo que ha sucedido no por reiterado es menos grave. Mientras tanto, se pisotean los derechos de más de la mitad de la población, que no ciudadanía, con ataques como los que tuvo que sufrir la familia de Canet de Mar que recurrió a los jueces para defender el derecho a que la lengua materna de la mayoría de los niños en Cataluña no sea tratada como una excrecencia dialectal.
La última trampa de la inmersión
Editorial ABC. 5 Julio 2022
EL Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) se propone llevar al Constitucional la trampa legislativa urdida por la Generalitat para evitar la aplicación de la sentencia que ordena un 25 por ciento de enseñanza en castellano. La decisión del tribunal –algo muy extraordinario en la judicatura– era previsible desde que el nacionalismo catalán se propuso no cumplir, una vez más, su sentencia firme sobre bilingüismo, pero no es la única posible conforme a la legalidad vigente.
Bajo la apariencia de un decreto gubernamental y de una ley, la Generalitat, cuyo gobierno preside Pere Aragonès, esconde una desobediencia consciente y premeditada a una resolución jurisdiccional. De nuevo, el Ejecutivo catalán sumerge su política de confrontación en la ilegalidad, lo que no debería pasar desapercibido a la Fiscalía a la hora valorar las decisiones que se tomen en el nuevo curso. Si se trataba de dar una coartada de falsa legalidad a los directores de centros educativos para proscribir el castellano, la Fiscalía no debe dejarse confundir. El camino de la justicia penal no es incompatible con el de la justicia constitucional por el que va a optar el TSJC.
Tampoco es que la llegada de este enfrentamiento al Tribunal Constitucional genere grandes expectativas, aunque solo sea por el tiempo que tendrá que tardar en pronunciarse, a lo que se añadirá la incógnita del criterio por el que opte la nueva mayoría progresista que se conforme si el Gobierno de Sánchez logra desatascar la designación de cuatro magistrados, dos de ellos elegidos directamente por Moncloa. En todo caso, es la vía prevista por el ordenamiento jurídico para que los tribunales de la jurisdicción ordinaria colaboren en el control de constitucionalidad de las leyes. Además, en este caso concreto, el TSJC recuerda que su sentencia sobre el 25 por ciento se basa en la doctrina del TC acerca del bilingüismo. Las normas cuestionadas no atacarían tanto una concreta sentencia del tribunal catalán, sino la jurisprudencia misma del TC.
En el plano político, resulta evidente que el Gobierno catalán ha ejecutado su desafío: anunciaron que no cumplirían la sentencia y lo han hecho. Los jueces constatan que esas normas de la Generalitat son incompatibles con la ejecución de su sentencia. Es decir, las instituciones democráticas de Cataluña, cuya legitimación originaria se sustenta en la Constitución, han sido reutilizadas contra la independencia de los tribunales, que encuentra en el respeto a sus sentencias firmes la más importante de sus manifestaciones. La voluntad hostil del nacionalismo contra el sentido más elemental de la legalidad es una constante de su acción política en los últimos años, pero lo más grave es que no le penaliza en su relación con el Gobierno central. Por el contrario, cuanto más agrava su agresión al Estado, más premio recibe de La Moncloa, ya sea con pactos públicos para sostener la legislatura, ya sea con una legitimación retrospectiva de su intentona golpista de 2017 a través de los indultos.
La concentración de fuego separatista en la política lingüística es la reedición del 'procés' en otro campo de batalla, donde los nacionalistas encuentran espacios de coincidencia con la izquierda soberanista, muy presente en el actual PSC. No hay una discrepancia de técnica jurídica entre el Gobierno de la Generalitat y el TSJC. Nunca ha sido un problema legal. Se trata de una nueva ofensiva separatista contra la primacía de la Constitución en Cataluña, que exige como respuesta más iniciativa política para defender la ley que decisiones judiciales que llegan tarde. Y mientras la respuesta política dependa de Sánchez es fácil presumir que no la habrá.
EL ESPAÑOL LENGUA VEHICULAR EN CATALUÑA
Escuela de Todos lamenta que la decisión del TSJC dilate la ejecución del 25%
Agencias. https://rebelionenlagranja.com/. 5 Julio 2022
Escuela de Todos ha criticado la posición del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TJSC), ya que va a «dilatar» la ejecución de la sentencia del 25 % de enseñanza en castellano, y ha instado al Gobierno central a actuar para que este fallo se cumpla «cuanto antes».
La plataforma que aúna Asamblea por una Escuela Bilingüe, Impulso Ciudadano y otras organizaciones que batallan en los tribunales para que se cumpla la sentencia del 25 % de enseñanza en castellano han valorado este lunes en rueda de prensa la última providencia del TSJC.
En ella, el TSJC admite que el decreto del Govern y la nueva ley sobre enseñanza de las lenguas oficiales en las escuelas que aprobó el Parlament «determinan la imposibilidad legal» de ejecutar la sentencia del 25 % y «suscitan serias dudas sobre su validez por vicios de inconstitucionalidad», por lo que acuerda suspender el plazo para la ejecución forzosa del fallo.
En ese sentido, la sala pide a la Fiscalía y al resto de partes personadas -el Govern, la Abogacía del Estado, la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB) y Hablemos español- que se pronuncien sobre si el decreto ley vulnera el artículo 3 de la Constitución y el 35.1 del Estatut, en cuanto al «carácter oficial del castellano».
La AEB entiende que no es necesario presentar una cuestión de inconstitucionalidad, pues cree que el actual marco jurídico en Cataluña y la doctrina ya expresada por el Tribunal Constitucional permite la ejecución forzosa de la sentencia del 25 %, incluso con las nuevas normativas aprobadas por la Generalitat.
«Nos hubiera gustado otra noticia, porque es otra piedra en el camino, y duele ver que algunas estrategias han logrado dilatar el proceso«, ha admitido la presidenta de AEB, Ana Losada, que ha pedido al Gobierno de Pedro Sánchez que «actúe y ponga fin a esta vulneración de derechos» de los alumnos catalanes.
Una vía que plantea Escuela de Todos para desbloquear la situación es que el Gobierno del Estado presente un recurso de inconstitucionalidad contra el decreto ley o la ley del Parlament -los dos elementos que imposibilitan la ejecución de la sentencia, según el TSJC- para facilitar que se cumpla el fallo.
El Constitucional analizará por primera vez una ley educativa catalana
MARÍA JESÚS CAÑIZARES. cronica global. 5 Julio 2022
El Tribunal Constitucional (TC) analizará por primera vez una ley educativa catalana. Hasta ahora, el Alto Tribunal nunca se ha pronunciado sobre el régimen lingüístico de la Ley de Educación de Cataluña (LEC) o sobre la Ley de Política Lingüística (LPL) de 1998. De ahí que la providencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), en la que plantea una cuestión de inconstitucionalidad sobre las normas catalanas aprobadas recientemente en respuesta a la sentencia que exige impartir un 25% de horario lectivo en castellano, sea histórica.
La tormenta política generada por esta sentencia, así como el rechazo del Govern a aplicarla, preconizaba que las normas catalanas creadas con esa finalidad acabarían impugnadas ante el TC. De hecho, Ciudadanos, PP y Vox anunciaron que apelarían al Alto Tribunal. Pero ha sido el propio TSJC el que ha planteado la cuestión de inconstitucionalidad tras afirmar que la aprobación en el Parlament de la ley de usos lingüísticos en el ámbito educativo y el decreto del Govern que regula los proyectos lingüísticos en los centros impide ejecutar la sentencia. La norma, aprobada por amplio consenso en la Cámara --ERC, Junts per Catalunya, En Comú Podem y PSC-- reconoce el castellano como lengua de "aprendizaje". Sin embargo, el decreto rechaza la imposición de cuotas judiciales, de ahí que los socialistas catalanes se desmarcaran de este último.
En cualquier caso, “será bueno que el TC analice la nueva ley. Servirá para actualizar los criterios del tribunal y dejará claro que no se puede legislar a favor de la preferencia del catalán”, explica a Crónica Global el presidente de Impulso Ciudadano, José Domingo.
Esta entidad asesora, junto a la Asamblea por una Escuela Bilingúe (AEB), a las familias que defienden el bilingüismo escolar ante los jueces. Que las nuevas normas catalanas lleguen al TC supone una novedad histórica. El Tribunal Supremo llevó la Ley de normalización del catalán aprobada en 1983 ante el Constitucional, pero después fue sustituida por la Ley de Política Lingüística de 1998. También se planteó un recurso de inconstitucionalidad contra la ley del aranés.
“Pero nunca se ha planteado un recurso ni una cuestión de inconstitucionalidad contra el régimen lingüístico de la Ley de Educación de Cataluña (LEC) ni contra la Ley de Política Lingüística”, recuerda Domingo.
Pactos de PP y PSOE con los nacionalistas
Entre otras cosas, porque los acuerdos de gobernabilidad entre PP y PSOE con los nacionalistas catalanes supusieron en la práctica un pacto de no agresión en materia lingüística.
Más recientemente, los gobiernos populares y socialistas han renunciado a encargar a la Alta Inspección --sus efectivos en Cataluña son mínimos-- que tutele la enseñanza del castellano. Y en el caso del PSOE, incluso ha desistido de pedir la ejecución de la sentencia del TSJC, confirmada por el Tribunal Supremo, en la que se exige impartir, como mínimo, un 25% de horas lectivas en castellano.
El TC, como ha recogido en repetidas ocasiones el TSJC en sus resoluciones, ha consagrado que tanto el catalán como el castellano deben ser lenguas vehiculares en la enseñanza, pero nunca ha cuestionado la legalidad de la LEC o de la LPL. Se trata de dos leyes “intocables”, como se ha visto en el proceso de negociación de los grupos parlamentarios que culminaron con la ley y el decreto que ahora cuestiona el TSJC. “Abrir el melón de la Ley de Educación estaba condenado al fracaso, hubiera sido imposible avanzar”, explican a este medio conocedores de este proceso. En la aprobación de la LEC fue determinante el apoyo del PSC al gobierno de CiU. También lo fue en la aprobación de la LPL de 1998. En este caso, un primer acuerdo entre ERC, JxCat, comunes y PSC planteó la reforma de esta ley para flexibilizar la inmersión y dar respuesta a la sentencia del TSJC.
JxCat se desmarca
Pero horas después de que se firmara el acuerdo de forma solemne en el Parlament, los neoconvergentes se desmarcaron, lo que obligó a impulsar un plan B, consistente en crear una nueva ley de usos lingüísticos en la educación, que junto al decreto posterior aprobado por el Govern en el que se rechazan las cuotas judiciales, han derivado en la providencia de la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJC.
Esta resolución indica que ambas normas legales definen un modelo lingüístico en el ámbito escolar que resulta incompatible con los parámetros tomados en consideración en la sentencia dictada en estas actuaciones. Una resolución que responde al modelo de conjunción lingüística, mientras que las normas promulgadas definen un modelo basado en una correlación entre ambas lenguas oficiales incompatible con el modelo considerado al resolver el recurso”.
Así pues “constatada la incompatibilidad de la sentencia en trámite de ejecución con el nuevo marco jurídico definido por las normas legales promulgadas; y habida cuenta que la sentencia toma pie en la jurisprudencia constitucional, la primera cuestión que se plantea es el ajuste del nuevo marco legal a la Constitución en los términos en los que ésta ha sido interpretada”, sentencia el TSJC.
La AEB pide al Gobierno actuar contra las leyes que obstaculizan la sentencia del 25% de español
RICARD LÓPEZ. cronica global. 5 Julio 2022
Las entidades defensoras del bilingüismo en Cataluña piden al Gobierno español que actúe para que se cumplan las sentencias firmes que obligan a impartir al menos un 25% de las clases en castellano en el sistema educativo de la Generalitat. Así lo ha manifestado este martes Escuela de Todos --plataforma de la cual forma parte Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB), una de las asociaciones demandantes--, después de que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) haya planteado este lunes una posible cuestión de inconstitucionalidad del decreto y la ley lingüística elaborados a posteriori por el Govern y el Parlament para imposibilitar ese porcentaje mínimo.
Después de que el TSJC haya emplazado a las partes y al Ministerio Fiscal para que, en el plazo de diez días, se pronuncien "sobre la pertinencia de plantear cuestión de inconstitucionalidad", al constatarse la "contradicción" entre las nuevas normas catalanas y la ejecución de la sentencia firme, Escuela de Todos ha pedido al Ejecutivo presidido por Pedro Sánchez que "denuncie la inconstitucionalidad" tanto del Decreto Ley 6/22 aprobado por los dos socios del Govern secesionista catalán, como de la Ley 8/22, apoyada en el Parlament por el PSC, ERC, JxCat y En Comú Podem.
Las entidades probilingüismo lamentan que el fallo del TJSC de este lunes permita "dilatar" la ejecución de la sentencia del 25% de castellano, y urgen al Gobierno central a actuar para que se cumpla "cuanto antes", emplazándole a impugnar las nuevas leyes ante el Tribunal Constitucional (TC) y a solicitar la suspensión de su aplicación.
"Desinterés" del Ejecutivo socialista
La plataforma cree que el Govern de la Generalitat ha contado con la colaboración del Gobierno español para conseguir que se suspenda la ejecución de una sentencia firme, y evitar así su aplicación efectiva e inmediata: "De manera indisimulada, ha mostrado un pasmoso desinterés en la ejecución de la sentencia", acusan.
Las entidades probilingüismo también le piden al Ejecutivo central que inste a la Generalitat a abandonar su actitud "de clara rebeldía", adoptando las medidas para que el catalán y el castellano sean consideradas por igual lenguas vehiculares y de aprendizaje en las escuelas catalanas. Y que adopte, "si es necesario y parece que lo es, las medidas constitucionalmente previstas para reconducir a la legalidad la situación".
"Desafío al Estado de Derecho"
Y es que, con el incumplimiento de una sentencia firme, y las leyes elaboradas posteriormente para incumplirla, Escuela de Todos considera que "estamos ante uno de los más graves desafíos que nuestra democracia ha tenido que soportar. El Gobierno de la Generalitat, con la complicidad aparente del Gobierno de España, desafía al Estado de Derecho y pone nuestra Constitución a los pies de los caballos".
La plataforma que engloba a la AEB, Impulso Ciudadano y una quincena de organizaciones que batallan en los tribunales para que se cumpla el 25% de la enseñanza en castellano, remarcan que presentar una cuestión de inconstitucionalidad no debería ser necesario, pues el actual marco jurídico en Cataluña y la doctrina ya expresada por el Tribunal Constitucional permiten la ejecución forzosa de la sentencia del 25 %, incluso con las nuevas normativas aprobadas por la Generalitat.
"Estrategias para dilatar el proceso"
"Nos hubiera gustado otra noticia, porque es otra piedra en el camino, y duele ver que algunas estrategias han logrado dilatar el proceso", ha reconocido la presidenta de AEB, Ana Losada, que ha pedido al Gobierno de Pedro Sánchez que "actúe y ponga fin a esta vulneración de derechos" de los alumnos catalanes.
"Pedimos al Gobierno que interponga un recurso de inconstitucionalidad, que no pierda esta oportunidad", ha apuntado por su parte el presidente de Impulso Ciudadano, José Domingo. El vicepresidente de esta asociación, Rafael Arenas, lamenta que el planteamiento de inconsitucionalidad vaya a "retrasar la ejecución de la sentencia, que es de obligado cumplimiento para la Generalitat desde el 25 de enero, y estamos en julio y aún no se ha cumplido", ha recordado.
Miguel Ángel Blanco no se lo merece
CAYETANO GONZÁLEZ. libertad digital. 5 Julio 2022
El próximo domingo tendrá lugar en Ermua un acto institucional organizado por el Ayuntamiento de esta localidad vizcaína, en homenaje al concejal del PP, Miguel Ángel Blanco, al cumplirse el veinticinco aniversario de su asesinato por la banda terrorista ETA. Hasta ahí todo correcto. El problema y el despropósito comienzan cuando se analiza el contenido del acto previsto y, sobre todo, las personas que van a tomar la palabra.
Como todo el mundo sabe, Miguel Ángel Blanco era un concejal del PP, y por eso le secuestraron el 10 de julio de 1997 como venganza a la liberación nueve días antes del funcionario de prisiones, José Antonio Ortega Lara. El día de su secuestro se recibió una llamada en el Ministerio de Interior, y la secretaria que atendió el teléfono, tuvo que escuchar al otro lado de la línea lo siguiente: "Hijos de puta. Lo de Ortega Lara lo vais a pagar. ¡Gora Euskadi Askatua!" Una hora después de esa llamada se conoció la noticia del secuestro de Miguel Ángel Blanco. ETA daba cuarenta y ocho horas al Gobierno para acercar a todos los presos de la banda a cárceles del País Vasco. En caso de no hacerlo, matarían al joven concejal, como así sucedió el sábado 12 de julio de 1997.
José María Aznar era entonces el Presidente del Gobierno y Jaime Mayor Oreja el ministro de Interior. En el acto del próximo domingo en Ermua no intervendrán ninguno de los dos, ni ningún dirigente del PP, ni la hermana de Miguel Ángel, Mari Mar Blanco. Si lo harán, el Presidente del Gobierno, el lehendakari Urkullu, el Alcalde de Ermua, del PSE, y el Rey Felipe VI.
¿Qué pinta Pedro Sánchez en el acto de Ermua? Los muy políticamente correctos dirán que es el presidente del Gobierno y que por lo tanto tiene sentido que esté en ese acto presidido por los Reyes. Esa respuesta podría aceptarse si lo que se conmemorara el próximo domingo en Ermua fuera, por ejemplo, la inauguración de una fábrica de coches. Pero da la casualidad que no, que lo que se recuerda es el asesinato a manos de ETA de un joven representante municipal del pueblo de Ermua. Y resulta que en ese acto va a tener un protagonismo especial el presidente del Gobierno que lo es gracias, entre otros apoyos, a los votos de Bildu, es decir, de los amigos de los que asesinaron a Miguel Ángel Blanco.
No se debe obviar que Sánchez está llevando a cabo desde hace tiempo un proceso de blanqueamiento de ETA, al considerar a Bildu como un partido "democrático" más, con el que se puede pactar y llegar a acuerdos, como el de la mal llamada ley de memoria "democrática" que se votará la próxima semana en el Congreso de los Diputados. Por todas estas razones, la presencia de Sánchez en el homenaje a Miguel Ángel Blanco resulta especialmente rechazable y tiene unos tintes de provocación que tango gustan al personaje. O se está con las víctimas o se está con los verdugos. Lo que no es posible es querer estar con ambos a la vez como pretende Sánchez.
Sólo tiene sentido la intervención del Rey Felipe VI, que siempre ha mostrado con hechos su apoyo incondicional a las víctimas del terrorismo. Ya en su día quiso presidir, como Príncipe de Asturias, el funeral por Miguel Ángel Blanco que tuvo lugar en Ermua. El alcalde de esta población, Juan Carlos Abascal, organizador del acto, se le ha escapado un invitado muy especial para que el dislate fuese ya mayúsculo: se le ha olvidado invitar a asistir y a intervenir al líder de Bildu, Arnaldo Otegui, que además tiene "a su favor" que el día del asesinato de Miguel Ángel Blanco -según confesó en una entrevista con Evole en la Sexta- estaba en la playa de Zarautz tan ricamente, porque pensaba que no le iban a asesinar.
El respeto a la Memoria de Miguel Ángel Blanco y por ende de todas las víctimas del terrorismo no se merece lo que va a suceder en Ermua el próximo domingo. La AVT y Dignidad y Justicia ya han anunciado que no acudirán a los actos, por considerar un insulto y una provocación a las víctimas la presencia en los mismos de Pedro Sánchez. Algunos de los políticos invitados, especialmente del PP, también deberían replantearse su presencia. No sería un feo al Rey, sino un gesto para no compartir un acto en homenaje a Miguel Ángel Blanco, con quien desde la Presidencia del Gobierno pacta con los herederos políticos de quienes mataron al joven concejal popular.
TRIBUNALES
El TSJC ve "vicios de inconstitucionalidad" en la norma del Govern para eludir el 25% de castellano en las aulas
GERMÁN GONZÁLEZ. el mundo. 5 Julio 2022
Remarcan que no pueden ejecutar la sentencia y aplicar este porcentaje en las aulas por el decreto y la posterior ley
Nuevo revés judicial a la inmersión lingüística. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ve posible inconstitucionalidad en el decreto del Govern y la nueva ley que aprobó el Parlament sobre la enseñanza de las lenguas oficiales en las escuelas. Pese a admitir que el decreto de la Generalitat impide ejecutar la sentencia que ordena un mínimo de 25% de castellano en las escuelas catalanas, el tribunal considera que existen "serias dudas" sobre su validez ya que tiene "vicios de inconstitucionalidad".
Por eso, el TSJC insta a la Fiscalía y a las partes personas en el procedimiento para que se posicionen sobre la pertinencia de llevar al Tribunal Constitucional el decreto del Govern y la posterior norma aprobada en el Parlament sobre el uso de idiomas en los centros educativos.
El tribunal remarca que estas normativas "determinan la imposibilidad legal" de forma "sobrevenida" de ejecutar su sentencia que impone un mínimo del 25 % del castellano en la enseñanza, ya que definen un modelo lingüístico en el ámbito escolar "incompatible" con los parámetros establecidos en su resolución judicial, por lo que se ven obligados a plantear la cuestión ante el Constitucional antes de decidir si pueden continuar el proceso.
Así, el TSJC indica que "constatada la incompatibilidad de la sentencia en trámite de ejecución con el nuevo marco jurídico definido por las normas legales promulgadas; y habida cuenta que la sentencia toma pie en la jurisprudencia constitucional, la primera cuestión que se plantea es el ajuste del nuevo marco legal a la Constitución en los términos en los que ésta ha sido interpretada". Una vez conocida si cumple con la Carta Magna los magistrados determinarán si la aplicación del 25% es ejecutable o no, dentro de los parámetros establecidos en la sentencia que establece a catalán y castellano como lenguas vehiculares en la educación en Cataluña.
Lo que está claro es que la Generalitat gana tiempo para seguir con el modelo de inmersión lingüística y que, por el momento, se desvanece la posible desobediencia que habría cometido el conseller de Educación, Josep Gonzàlez-Cambray, al no aplicar la decisión judicial dentro del plazo establecido. Las entidades a favor del bilingüismo instaron al tribunal a que dedujese un posible delito cometido por la Generalitat ya que no ejecutó el 25% sino que argumentó que la nueva norma daba respuesta al cumplimiento de las dos lenguas de forma vehicular.
NUEVO "MARCO LEGAL"
Pese a esto, el decreto ley aprobado en mayo por el Govern poco antes del fin del plazo marcado por el tribunal no fija porcentajes para la enseñanza de las lenguas oficiales y fue el argumento esgrimido por la administración para insta al TSJC a que declarara la "imposibilidad legal" de aplicar la sentencia del 25% de castellano en las escuelas ante el nuevo "marco legal". El 9 de junio, el Parlament aprobó con los votos de PSC, ERC, JxCat y Comunes la nueva ley de las lenguas oficiales en la enseñanza no universitaria, que establece que el catalán es vehicular y dispone que el uso del castellano quede determinado por los centros educativos en sus proyectos lingüísticos, de acuerdo con la situación sociolingüística del entorno. Esta norma fue avalada por el Consell de Garantías Estatutarias.
Ante estas normas, el TSJC reconoce "la imposibilidad legal" de ejecutar la sentencia del 25% aunque consideran que "suscitan serias dudas sobre su validez por vicios de inconstitucionalidad", por lo que acuerda suspender el plazo para la ejecución forzosa de la sentencia. Considera que el decreto ley "impide la viabilidad" de la resolución de la sentencia que fija un porcentaje mínimo de uso de cada idioma, mientras que la ley aprobada por el Parlament fija el castellano como lengua curricular, "en contradicción con el fundamento constitucional que determinó el fallo de la sentencia" y que lo reconocía como vehicular.
"Estamos ante una situación que impide de forma sobrevenida la ejecución de la sentencia como consecuencia de la promulgación de unas normas legales que suscitan dudas de inconstitucionalidad", indica el tribunal y por eso insta a las partes a plantear "la cuestión ante el Tribunal Constitucional". "El caso es que ambas normas legales definen un modelo lingüístico en el ámbito escolar que resulta incompatible con los parámetros tomados en consideración en la sentencia", insiste el TSJC.
Así, recuerdan que la sentencia de del 25% "responde al modelo de conjunción lingüística, mientras que las normas promulgadas definen un modelo basado en una correlación entre ambas lenguas oficiales incompatibles con el modelo considerado al resolver el recurso" y por eso antes de ejecutarla se debe resolver "el ajuste del nuevo marco legal a la Constitución en los términos en que esta ha sido interpretada".
Por eso insta a las partes, la Fiscalía, el Govern, la Abogacía del Estado, la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB) y Hablemos español a que se pronuncien sobre si el decreto ley vulnera artículos de la Constitución y el Estatut sobre el "carácter oficial del castellano" además de los que inciden sobre el derecho a la tutela judicial efectiva en la ejecución de las sentencias o el que permite dictar decretos en caso de urgente necesidad siempre que no afecten "al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado" o a los derechos o deberes constitucionales.
Ortega Lara, fuera de la memoria
IVÁN VÉLEZ. https://gaceta.es/. 5 Julio 2022
El pasado 1 de julio se cumplieron 25 años de la liberación de José Ortega Lara de la minúscula y húmeda celda subterránea, –«cárcel del pueblo» según la jerga etarra-, en la que permaneció encerrado durante 532 días. Las imágenes del macilento y barbudo funcionario de prisiones moviéndose desorientado todavía impactan. Un cuarto de siglo después, el manto de silencio arrojado sobre ETA por la izquierda española con representación institucional, unido a las adecuadas dosis de propaganda, junto a la demonización del partido en el que milita Ortega Lara, han diluido, en gran medida, la figura de tan estoico servidor público. Hoy, puede afirmarse que son muchos los compatriotas que preferirían estar acompañados por Otegui a estarlo por el burgalés, cuya liberación fue respondida, apenas unos días más tarde, con el secuestro de Miguel Ángel Blanco, al que el etarra Txapote disparó por la espalda en un descampado de Lasarte. El 13 de julio de 1997, Miguel Ángel Blanco expiró en el Hospital de San Sebastián. Recientemente, el Ayuntamiento de Pamplona ha mostrado su condena al asesinato del edil popular, con una excepción: la de EHBildu, principal puntal del Gobierno del doctor Sánchez, cuyo mantenimiento en su preciado puesto se debe al hecho de constituir toda una garantía en el desarrollo de una España que entrega poder a las estructuras regionales, allí donde dominan poderosas oligarquías, pero también a las de carácter supranacional. Grandes corporaciones unidas bajo dogmas ideológicos, conectadas a poderosos Estados con planes y programas que van más allá de la siguiente cita con las urnas.
Sobre este trasfondo es sobre el que se pretende poner en marcha una nueva ley, llamada de Memoria Democrática, que, dados los réditos de su predecesora, la Ley de Memoria Histórica debida a Rodríguez Zapatero, promete ofrecer maniquea munición al tardofranquista PSOE, máximo hacedor de la España autonómica que se finge rompedora con el llamado periodo preconstitucional. El proyecto, que pretende tensar de nuevo a los españoles, cuenta en esta ocasión con la colaboración de ese EHBildu en el que destaca la figura de la diputada española María Mercedes Aizpurúa Arzallus, vulgo Merche Aizpurúa, que ya ha anunciado que dicha ley apurará el año 1983, en pleno primer mandato de Felipe González.
La nueva ley, llamada de Memoria Democrática, (…) promete ofrecer maniquea munición al tardofranquista PSOE, máximo hacedor de la España autonómica que se finge rompedora con el llamado periodo preconstitucional
Cabe recordar a la desmemoriada España que la Aizpurúa, autora de una laudatoria biografía del dirigente etarra Argala, fue condenada en 1984 por apología del terrorismo, dato que, unido al hecho de que los asesinatos de Lasa y Zabala ocurrieron en 1983, resta arbitrariedad a la fecha escogida para ejercitar tan ideológica y selectiva memoria, en la que no habrá cabida para el forzoso inquilino de un zulo cuya réplica exacta se puede visitar en el vitoriano Centro Memorial de Víctimas del Terrorismo, cuyo discurso expositivo ha sido cuidadosamente diseñado para anegar la especie –terrorismo etarra- en el género que, sin mayores atributos, aparece en su rótulo.
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