Recortes de Prensa  Domingo 31 Julio 2022

JORNADA 158 DESDE LA INVASIÓN RUSA

Kiev anuncia la evacuación "obligatoria" de la región de Donetsk

Asimismo, el Kremlin culpa también a EEUU: "Toda la responsabilidad política, penal y moral por la sangrienta matanza contra los ucranianos, recae personalmente en Zelenski, su régimen criminal y quien le apoya, Washington"

El Confidencial. 31 Julio 2022


Durante la jornada 158 desde que comenzó la invasión rusa de Ucrania, el Gobierno de Kiev ha ordenado la evacuación obligatoria de la región de Donetsk antes del invierno, según ha señalado el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski. En un mensaje a través de Telegram, Zelenski ha asegurado que Ucrania no es Rusia "porque precisamente para nosotros, cada vida es importante". "Aprovecharemos todas las oportunidades para salvar tantas vidas como sea posible y limitar el terror ruso", ha añadido.


Además, Gazprom ha anunciado la suspensión del suministro de gas a Letonia "por violar las condiciones de entrega", según ha explicado la empresa rusa en un comunicado. Esta decisión llega un día después de que el operador letón Latvijas Gaze dijera que estaba pagando el gas ruso en euros en lugar de rublos, tal y como requiere el Kremlin.


Por otra parte, las autoridades ucranianas han denunciado un ataque con más de 80 proyectiles a la ciudad de Nikopol, en la región de Dnipropetrovsk, en el sureste del país. "La noche ha sido tensa en la región de Nikopol. Las tropas rusas la han cubierto con fuego varias veces. Hasta 80 proyectiles han sido enviados hacia la ciudad", ha detallado el gobernador militar de la provincia de Dnipropetrovsk, Valentin Reznichenko, en su canal de Telegram. En concreto, los misiles habrían destruido más de 15 casas privadas, mientras que un número similar de instalaciones agrícolas habrían resultado dañadas. Asimismo, más de 1.000 personas se han quedado sin electricidad después de que la red eléctrica se quedara sin servicio.


Las claves del momento:

Kiev anuncia la evacuación de la región de Donetsk

Gazprom suspende el suministro de gas a Letonia.

Blinken urge a Lavrov a desbloquear la salida de cereales de Ucrania.


08:15 — El gobernador de Sebastopol, Mijail Razvozhaev, ha denunciado que Ucrania ha atacado el cuartel general de la Marina en Crimea, por lo que cinco personas han resultado heridas. "Cinco personas resultaron heridas, estos son empleados del cuartel general de la Flota, no hubo muertos. Se ha brindado ayuda a todos", ha explicado Razvozhaev en su cuenta de la red social Telegram.


08:00 — El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha anunciado que el Gobierno ha comenzado los preparativos para ordenar la evacuación obligatoria de la región de Donetsk antes del invierno, dada la destrucción casi total de la infraestructura de suministro de calefacción por los combates contra las fuerzas rusas. En un mensaje a través de Telegram, Zelenski ha asegurado que Ucrania no es Rusia "porque precisamente para nosotros, cada vida es importante". "Aprovecharemos todas las oportunidades para salvar tantas vidas como sea posible y limitar el terror ruso", ha añadido.


El 'archipiélago Putin'

Editorial ABC. 31 Julio 2022


La invasión de Ucrania hace ya cinco meses debe servir para no perder de vista que el afán expansionista del Kremlin proviene de antiguo, y que lo ocurrido en marzo de 2017, durante una visita de Vladímir Putin a Tierra de Francisco José, un archipiélago ruso en el Ártico compuesto por casi 200 islas de hielo, es solo un antecedente más que demuestra cuáles son sus pretensiones. La expansión rusa en el Ártico, el emplazamiento en esa zona inhóspita de instalaciones militares con una pista especial para el aterrizaje de cazas de combate, o la existencia de controles por satélite y radares, acredita que expandir su 'gran Rusia' hacia Ucrania no es suficiente. Desde una perspectiva geoestratégica, es un error no conceder al Ártico la relevancia que tiene. Allí Putin inauguró en ese año una base de 14.000 metros cuadrados llamada 'Trébol Ártico' con una dotación de 150 militares. Putin dijo que «debemos oponernos a las amenazas de la OTAN a nuestras puertas» y que «estamos aquí para proteger a nuestras familias y riquezas». Su tono ya era beligerante.


La clave del Ártico es económica. Donde en 1970 había ocho millones de metros cuadrados de océano helado, más de medio siglo después esa superficie de hielo se ha reducido prácticamente a la mitad, lo que ha permitido abrir distintas vías náuticas que antes eran impensables. El derretimiento del hielo esconde un auténtico tesoro que Rusia se ha propuesto monopolizar a base de inversiones multimillonarias, incremento tecnológico y una desmesurada obsesión casi imperialista, la de Vladímir Putin, propia de un dictador. Bajo ese océano se encuentran el 40 por ciento de las reservas mundiales de combustibles fósiles, lo que representa el 30 por ciento del total de recursos naturales. Y lógicamente Rusia no solo pretende competir, sino imponerse a países como Estados Unidos, China o Noruega en una guerra comercial que debería preocupar a Occidente tanto como la propia guerra territorial en Ucrania. En el mar de Láptev, Rusia perfora desde hace cinco años a más de 5.000 metros bajo el hielo con maquinaria ultramoderna que permite obtener 10.000 millones de toneladas de petróleo. En los 600 pozos que controla Rusia en ese océano, extrajo el doble de petróleo entre 2013 y 2016 que todos los países de la OPEP juntos. Occidente no puede despistarse del que empieza a llamarse el 'frente ártico' para no llegar tarde a una guerra comercial que amenaza con debilitar a todas las democracias. Ya no es posible restar relevancia a afirmaciones como las que hizo Putin en 2017 porque nunca fueron fanfarronadas. Ucrania es solo una parte más de una estrategia global de apropiación de partes esenciales del planeta para el control de uranio y de elementos químicos esenciales para transformar la tecnología de telefonía móvil, la industria militar o la fibra óptica. Todo eso está en juego.


La pérdida de vidas humanas en Ucrania es dramática. Tanto como lo fue en Crimea. Y es posible que la resistencia de Zelenski, financiado con ayuda militar de Occidente, llegue a triunfar. Sin embargo, la otra guerra, la que mantiene Putin con toda Europa, está siendo especialmente delicada para la UE. La recesión crece y también lo hacen las crisis energética y de producción alimentaria y de grano. A ello se une el chantaje del Kremlin para tratar de helar Centroeuropa en otoño, y existe la percepción de que Putin no va perdiendo precisamente este pulso económico a Occidente. Ni han servido las sanciones para estrangular los intereses rusos en el Ártico, ni Europa parecía estar prevenida ante una ofensiva de esta magnitud.


Sánchez y la pobreza ‘progresista’

OKDIARIO. 31 Julio 2022


Las medidas del Gobierno para contener la inflación -esas por las que saca pecho- han tenido entre los españoles el mismo efecto que tiene una aspirina en un enfermo de neumonía. Los 20 céntimos de subvención a los carburantes, el tope de gas o la reducción del IVA de la luz no han servido para gran cosa, porque los españoles están perdiendo poder adquisitivo a chorros. A día de hoy a más de 750.000 hogares no puedan permitirse comprar alimentos básicos. Según los últimos datos de la consultora Kantar, el 4% de los hogares en España no pueden hacer frente al encarecimiento de algunos productos de la cesta de la compra básicos en la alimentación. Por su parte, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha denunciado que la cesta de la compra ha subido de media en el último año un 15,2%, lo que provocará un sobrecoste de más 830 euros al año para una familia media. Los niveles de pobreza están creciendo a una velocidad de vértigo, pero el jefe del Ejecutivo prefiere distraer la atención de la opinión pública con anuncios como el impuestazo a la banca y las energéticas, convertidas por el Gobierno en culpables de la crisis.


Se trata de desviar la atención y buscar un chivo expiatorio al que cargar las culpas de la actual situación. La organización de consumidores ha señalado que los productos que más suben son el aceite de girasol (118%), las magdalenas (75,4%), la margarina (75,2%), los plátanos (63,6%), la pasta (59,9%), el aceite de oliva suave (52,6%), la harina de trigo (49,7%), los huevos (45,9%) y la mayonesa (42,9%). El panorama es desolador y el empobrecimiento general alcanza cotas inéditas, pero a Sánchez se le sigue llenando la boca con proclamas huecas. Dice que está trabajando para aliviar la situación de los más desfavorecidos, pero la pobreza crece implacable desmontando toda la propaganda del Gobierno. La realidad va por un lado y Pedro Sánchez por otro.


La indignidad

ROSA DÍEZ. Okdiario. 31 Julio 2022


La semana que finaliza nos ha permitido asistir a la más dolorosa plasmación de la indignidad política ejercida desde el poder. Ver al Gobierno de la Nación y al PSOE alineados con los delincuentes, ya sea con los independentistas sediciosos de Cataluña o con los prevaricadores socialistas de Andalucía, es algo que supera con creces las peores expectativas que uno pudiera tener sobre ambos.


Porque cabe destacar que el PSOE y el Gobierno no se han conformado con defender «el honor» de los dirigentes socialistas (los dos últimos presidentes del PSOE, sucesores en el cargo de Ramón Rubial …) que han sido condenados en firme por organizar una trama clientelar para favorecer a su partido y garantizarse unos resultados electorales que les permitieran mantenerse en el poder. Las relaciones y los vínculos con los bajos fondos han llevado al PSOE y al Presidente del Gobierno de España, a los socialistas españoles, a justificar la trama corrupta organizada por sus compañeros. En esto también se repite la historia. Recuerden a Eguiguren, justificando la existencia y los actos de ETA: “No tienen razón, pero tienen sus razones…”. Hoy es la cúpula del PSOE y del Gobierno de España quien aplica esa lógica perversa para justificar tanto a los corruptos de la misma militancia ideológica como a quienes llevan a cabo golpes de contra la democracia.


Es imposible no sentir vergüenza e indignación al escuchar las declaraciones de Ministros y dirigentes del PSOE “argumentando” que sus compañeros -condenados por prevaricación y por desviar para fines ilícitos más de seiscientos millones de euros destinados a los parados de Andalucía- que los condenados son personas honorables que “no se han llevado nada a su casa”. Y, lo que es más, que “pagan justos por pecadores”. Justos… Los “justos” y “honorables” son los que han desviado fondos para mantener ilegítimamente – no es legítimo ganar elecciones comprando votos…- el poder institucional. Los “pecadores” son, al parecer, los parados estafados y los jueces que han juzgado y dictado sentencia.


Robar dinero es un delito catalogado en el Código Penal. Pero utilizar una institución para comprar votos con el dinero de los parados es, además de un acto asqueroso e infame contra las personas que más necesitan el apoyo público, es mucho más grave, supone robar a los ciudadanos el derecho a elegir libremente y en condiciones de igualdad a sus representantes.


Bueno, pues ya ha quedado claro que para el PSOE es legítimo pervertir el sistema electoral. Y es que a los socialistas se les da genial robar derechos de ciudadanía para lograr y mantener el poder. Robaron el libre albedrío de los andaluces para mantener el poder autonómico y con la misma lógica antidemocrática entregan la soberanía nacional a los golpistas catalanes para mantener a Sánchez en la Moncloa.


De ahí su alineamiento con los otros delincuentes, con los golpistas catalanes. No contribuyamos a pervertir la democracia pervirtiendo el lenguaje, llamemos a las cosas por su nombre. Eso que denominan “Mesa de diálogo” es una mesa extraparlamentaria constituida entre dos gobiernos (uno nacional y otro regional) en pie de igualdad, en virtud de la cual se reconoce a una parte de los españoles el derecho a decidir el futuro de todos nosotros. Al constituir esa Mesa extraparlamentaria y bilateral, Sánchez entregó a los golpistas catalanes la herramienta para destruir la soberanía nacional. Por cierto, la misma herramienta que en el pasado exigían los terroristas vascos para dejar de matarnos. El «diálogo bilateral», «la seguridad jurídica» o el «reconocimiento del conflicto político» -que figuran como objetivos en el acta de constitución de la Mesa, en papel con el escudo de España- son frases textuales que ETA ha utilizado a lo largo de la historia exigiendo la rendición de la democracia para dejar de matar. Ningún gobierno cedió al chantaje de los terroristas, a pesar de que la oferta era perdonarnos la vida. Sánchez ha cedido para que a él le dejen vivir… en la Moncloa.


Ninguna sociedad democrática consentiría que el Gobierno entregara la soberanía nacional, entre otras cosas porque no le pertenece. Pero los españoles hemos permitido a Sánchez hacerlo. Constituyó la mesa bilateral para negociar en ella lo que no le pertenece y no salimos a la calle…; y de aquellos polvos, estos lodos. La consecuencia es que en la tercera reunión, la de esta pasada semana, han decidido que Cataluña es territorio sin ley. Han decidido que las leyes no se les aplicarán a los políticos catalanes que cometan delitos. Y como Cataluña es oficialmente territorio sin ley su gobierno autonómico no acatará las sentencias de los tribunales que protegen derechos fundamentales de todos los ciudadanos. Y a eso le han llamado “desjudicializar la política”.


He leído por ahí que en base a este acuerdo entre el Gobierno de los golpistas catalanes y el gobierno social comunista de España “se excluye el castellano” del ámbito educativo. Ay, el lenguaje… No; los excluidos son los ciudadanos a los que se les roba su derecho a ser educados en la lengua común, en la lengua del Estado. Y a eso le han llamado “proteger la lengua catalana”.


Las lenguas no tienen derechos, los depositarios de los derechos son los ciudadanos. Lo que los poderes públicos tienen la obligación de proteger y garantizar es el ejercicio efectivo y libre de los derechos que la Constitución nos reconoce a todos los españoles. En este caso, el derecho a elegir libremente la lengua en la que educamos a nuestros hijos, en la que nos relacionamos con la administración y/o la que empleamos en los espacios públicos. Ese es el derecho que el Gobierno de España ha decidido vulnerar atentando directamente contra la Constitución, la declaración Universal de los Derechos Humanos y a la declaración Universal de los Derechos del Niño.


En manos de esa gentuza, aliados naturales de los delincuentes de todo tipo y condición, está hoy por hoy los destinos de España. ¿Pero qué puede salir bien con un Presidente de Gobierno que no sabe qué es una Nación y que designa como portavoz del grupo mayoritario del Congreso a un diputado que no conoce el Principio de Arquímedes?


No queda otra que movilizarse frente a tanto despotismo y desvarío. No podemos permitir que nos roben una democracia, no podemos dejar a nuestros hijos –no al menos sin librar la batalla- un país menos democrático que el que nuestros mayores soñaron y comenzaron a construir para nosotros. El 18 de setiembre tenemos una cita en Barcelona. Todos los españoles, sea cual sea nuestro lugar de residencia, estamos convocados para defender la libertad y los derechos de ciudadanía.


Nos vemos en Barcelona.


La ‘Cosa Nostra’ al mando de la nación

MIGUEL ÁNGEL BELLOSO. Okdiario. 31 Julio 2022


El Partido Socialista de Felipe González gobernó España durante catorce años. Dado que el presidente era de Sevilla, lo mismo que el número dos Alfonso Guerra, y que otros miembros del famoso ‘clan de la tortilla’ como Manuel Chaves eran igualmente del Sur, una de las máximas prioridades del Ejecutivo fue reparar el atraso secular de Andalucía, que se atribuía al predominio del latifundismo, el ‘señoritismo’ y la caverna. La apoteosis de esta entrega inexorable con Andalucía llegó con motivo de la Expo de 1992. Se preparó para ella el AVE, que debería haber enlazado antes con Barcelona según dictaba toda lógica económica, se modernizó el aeropuerto de Sevilla y se renovó la autovía del Sur.


Recuerdo que una vez le pregunté por estas cuestiones al entonces ministro de Economía y Hacienda, Carlos Solchaga, que estaba realmente impresionado como tantos por la vía de alta velocidad, una de las mayores obras de ingeniería de todos los tiempos, y me dijo: «Ha sido un esfuerzo colosal, seguramente obligado, ¿pero era necesario hacer todo al mismo tiempo? Ya pueden imaginarse la respuesta.


El objetivo declarado de González y su gobierno era acabar de una vez por todas con la postración de la región más extensa y poblada de España. Cuarenta años después, este objetivo sigue pendiente a pesar de los miles y miles de millones invertidos en el propósito. Andalucía continúa siendo la segunda autonomía, por detrás de Extremadura, con la tasa de paro más elevada y el PIB per cápita menor. La explicación es muy simple: para dinamizar y explotar al máximo la potencia de un territorio, la clave no es el dinero que se emplee al efecto sino cómo se use.


El socialismo de traje de pana de la época detestaba el mundo de los negocios -casi tanto como luego Zapatero y Sánchez-, desconfiaba cervalmente de los empresarios -como sigue sucediendo ahora- y solo tenía una estrategia clara y granítica: regar masivamente de subvenciones, ayudas, y canonjías diversas a las masas de desfavorecidos y perjudicados legendariamente por la dictadura. Todos ellos falsos parias de la tierra. Y de este modo, dando por bueno que la mayoría de andaluces vivía sojuzgada por los patronos y terratenientes, decidieron instalar un nuevo régimen alternativo, radicalmente opuesto, basado en la dependencia y la respiración asistida, con el resultado más deletéreo de todos los posibles: la corrupción moral de la mayor parte de la sociedad y la casi segura aniquilación de por vida de la juventud.


El socialismo nunca ha querido hombres verdaderamente libres sino cautivos, títeres y deudos perpetuos del favor público. Y en Andalucía esta máxima se ha aplicado hasta el paroxismo. Sin escrúpulos y con un sentimiento de impunidad total. Si era menester, como ha sido el caso, arrasando con la ley y despreciando toda clase de controles, en particular el judicial.


Esta manera de cambiar España hasta que no la conociera ni la madre que la parió fue ‘teorizada’ por Alfonso Guerra, que enseguida se dio cuenta del obstáculo principal de cara a los afanes socialistas perversos: los jueces. Había que cambiar a toda costa y con rapidez una magistratura que a su juicio era mayoritariamente conservadora y opuesta al cambio prometido iniciáticamente por el PSOE, el lema con el que obtuvo la mayoría absoluta más gruesa de la historia en 1982.


Guerra fue el que parió la clasificación nociva entre jueces progresistas y retrógrados que nos persigue hasta nuestros días, el que laminó el respeto profesional por los magistrados, hiriendo de muerte su prurito académico y científico, y el que, a estos efectos, cambió la fórmula de elección de poder judicial para entregársela al Parlamento, la mayor parte de la historia dominado por socialistas -en solitario o con las alianzas más endiabladas, como ocurre ahora para la mitad de los puestos del Consejo-. Los socialistas, y fue Alfonso Guerra, el primero en declararlo sin aspavientos, enterrando por segunda vez a Motesquieu, siempre han protestado la independencia del poder judicial. Igual que desean con el común de los ciudadanos, su ambición es contar con unos magistrados adictos a la causa, porque toda la vida política debe estar subordinada al resultado de las elecciones, al voto del pueblo… hasta que pierde su favor. En esa circunstancia, cuando son derrotados, están dispuestos a cualquier cosa, como acreditaron el siglo pasado con la Revolución de Asturias en 1934, y en los prolegómenos de la guerra civil que ellos provocaron con su conducta antidemocrática.


Por eso lo que está sucediendo estos días a causa de la sentencia del Supremo sobre los Eres tiene que ver con los hechos que he citado con reiteración. Primero con una Junta de Andalucía que durante casi cuarenta años se ha dedicado a repartir dinero público fuera de cualquier clase de vigilancia, con el conocimiento, el asentimiento y la complicidad de dos de sus expresidentes, Manuel Chaves y Jose Antonio Griñán, ambos previamente ministros con Felipe González, amigos personales, y el primero de ellos ex presidente de honor del Partido Socialista. El dinero público repartido -que para más inti era de la UE- sin el debido e ineludible control y cuidado, aunque con exceso de diligencia, se destinó a complacer intereses espurios, enriqueció a centenares de personas sin escrúpulos y jamás se dedicó a los pretendidos fines sociales para los que fue concebido, si es que alguna vez se puede considerar de justicia social ayudar a empresas insolventes abocadas a la quiebra insuperable o a empleados que no necesitan las ayudas porque no están en una situación perentoria.


Esto no es muy distinto de lo que ha ocurrido durante tantos años en Andalucía con los planes de empleo rural, origen de otro fraude recurrente a gran escala. En ambos casos, el objetivo indisimulado de los dirigentes de la Junta fue crear una densa y potente red clientelar y asegurarse la permanencia en el poder ‘ad eternum’.

Aunque yo había perdido cualquier clase de esperanza, la victoria arrolladora del PP en las pasadas elecciones después de casi cuarenta años demuestra que todavía quedaba un rescoldo de moralidad entre los ciudadanos de Andalucía y un claro hartazgo después de haber chapoteado durante tiempo en el lodazal, como los cerdos. La tarea que espera al señor Bonilla es inmensa, pues permanece la sospecha apuntada de nuevo por el inefable Alfonso Guerra: «ha ganado el PP porque ha mantenido todos los chiringuitos que prometió extinguir», que por cierto han sido la obra más rematada del socialismo.


La sentencia del Supremo sobre los Eres condena el mayor caso de latrocinio y corrupción no solo de España, sino de la Unión Europea, y afecta al corazón del socialismo, el tradicional y el presente. Por eso todos los dirigentes, de antes y de ahora, han salido a defender en tromba a los suyos, porque los condenados «son de los nuestros», confirmando que el Partido Socialista funciona como la mafia, que el país está en manos de la ‘Cosa Nostra’ que, simplificando mucho, allí donde nació, en Italia, en Sicilia, también prosperó y se hizo con el control de la sociedad ofreciendo protección y prosperidad a los pobres a cambio de hurtarles cualquier esbozo de libertad. Aunque González, Guerra y el viejo socialismo detestan a Sánchez, en el caso que nos ocupa, la defensa cerrada de los ajusticiados, están unidos como una piña, apuntando una vez más su miseria y mezquindad, así como de carácter eminentemente antidemocrático.


Las Autonomías: un gran cambio

Juan Velarde Fuertes. la razon. 31 Julio 2022


Las alteraciones que, en muchos aspectos de la vida española, han surgido a partir de 1957, se deben a que se hizo, del consejo que Keynes señaló a Olariaga –cuando aquel estuvo en Madrid, en 1930–, pieza fundamental para la orientación de la vida política. Keynes, al contemplar el panorama lamentable existente alrededor del tipo de cambio de la peseta, consideró que lo más conveniente para España sería la creación de un centro universitario dedicado a la preparación de expertos en economía.


Por mil motivos, eso se retrasó hasta 1943, y el resultado lo tenemos bien vivo en documentos tan básicos, como, por ejemplo, el caso de la Constitución. Cuando se dice, en el artículo 38 de la Carta Magna: «Se reconoce la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado», ello es debido, entre otras cosas, a que economistas españoles, encabezados por Valentín Andrés Álvarez, acogieron con entusiasmo –desde la Sección de Economía del Instituto de Estudios Políticos–, los mensajes de Stackelberg y Eucken. Y, a partir de ahí, se observa de qué manera, tras la crisis ministerial de 1957, ese mensaje pasa a ser fundamental en el Ministerio de Trabajo.


Tengamos en cuenta que toda la serie de ministros existentes –hasta Girón, inclusive– ofrecen un panorama ciertamente ajeno a los mensajes planteados por los economistas; pero, desde 1957, a partir de Sanz Orrio, observamos un asesoramiento creciente de dichos expertos. Ello lo prueba Licinio de la Fuente, en su reciente autobiografía: Valió la pena. Memorias de la Guerra a la Transición. Un periodo apasionante de nuestra historia reciente. (Clío, 2002).


Merece la pena referirnos a esa obra porque nos muestra la recepción constitucional de un serio problema de nuestra economía. Nada menos que, en los debates previos a la Constitución actual, Licinio de la Fuente pasa a defender claramente –en cierto modo, paralelo a como había ocurrido con Jovellanos– las tesis de Adam Smith –centradas en el inicio de La riqueza de las naciones–, cuando hace referencia a «los errores en la regulación de las Autonomías», pues «Iban a conducir a una grave insolidaridad nacional, a un confusionismo y a un encarecimiento excesivo e innecesario de la Administración Pública; además de a un aumento del caciquismo. España ... no se podía permitir el lujo de diecisiete gobiernos autonómicos y diecisiete políticas distintas, con un gasto que debería destinarse a resolver los problemas reales del país, lo mismo que las energías que se iban a consumir en discusiones y luchas innecesarias».


La teoría de lo que luego se llamó «café para todos» (para todas las autonomías), agrega, «fue un error». Y continúa: «Malo es que un tema tan importante como el autonómico se prejuzgara incluso antes de que empezara a discutirse la Constitución, poniendo en marcha «por Decreto» las llamadas preautonomías; una medida de dudosa legalidad y de aún más dudoso acierto político … Es posible que resultara inevitable que Cataluña y el País Vasco tuvieran un Estatuto especial … como ocurrió en la II República; el resto de España debió mantenerse más unida, con una descentralización y participación política a nivel provincial y municipal, que ya estaba bastante consolidada. Catalanes y vascos estarían más moderados con su hecho diferencial reconocido y no habría otros quince gobiernos más, tirando cada uno para sí y haciendo que catalanes y vascos tengan el estímulo constante de marcar diferencias. O, por lo menos, hablar solo de regiones, y precisar y delimitar más las competencias autonómicas, en lugar de haber dejado en la Constitución relaciones ambiguas, imprecisas y susceptibles de todo tipo de interpretaciones y reivindicaciones, hasta reducir el Estado y la Nación española al concepto casi residual en que se están convirtiendo» (pág. 285). Naturalmente, si algo se rechaza, a continuación, es la cuestión naciente de que España es una nación de naciones. Desde el punto de vista de la eficacia del mercado y de la promoción social, es obligada la difusión del español como lengua para todos. El propio Trías Fargas, defensor del bilingüismo, por motivos sentimentales –aunque como economista bien sabía lo señalado por Adam Smith y más recientemente por Weber–, me hacía ver, en mis conversaciones con él, su rechazo a que, en Cataluña, se diesen multitud de lecciones únicamente en catalán.


Lo señalado muestra la importancia que tuvo para España el que, desde 1943, se pusiese en marcha el consejo de Keynes –sin olvidar, también, entre la serie de los grandes economistas, lo iniciado por Smith–; y el que, primero en debates parlamentarios, y después en este libro magnífico, Licinio de la Fuente nos muestre por dónde debió caminar nuestro futuro.


El agujero de los ERE acabará superando los 1.200 millones, más del doble de lo juzgado hasta ahora

Los 680 millones de euros son sólo una parte del agujero que dejará en las arcas públicas el mayor caso de corrupción de España.

M.J. Grech. libertad digital. 31 Julio 2022


El caso de los ERE es una macrocausa enrevesada y jurídicamente muy compleja, difícil de entender en su totalidad para los no expertos en la materia y para los que no hayan seguido día a día las vicisitudes del caso. Cientos de imputados, cientos de causas que se abren y se cierran, que prescriben, años de instrucción, sumarios inabarcables y millones de euros defraudados.


Como si haber creado un sistema clientelar sin ningún tipo de control, malversando fondos públicos para mantener el voto cautivo en Andalucía durante años, no fuese una corrupción mucho más grave que el que alguien se lucre a título personal.


Además, otro de los argumentos utilizados por el PSOE para tratar de devaluar la magnitud del caso y el mazazo que supone la ratificación por el Supremo de la sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla es que aún no se conoce el contenido de esa sentencia del TS, obviando que sí se conoce la sentencia de la Audiencia de hace tres años que diseccionó un sistema "fraudulento" de adjudicación de ayudas en cuya cúspide estaban Manuel Chaves y José Antonio Griñán.


Algunas cifras de la macrocausa

Las cifras del caso son mareantes, se miren por donde se miren. Sólo en la llamada pieza política, ratificada esta semana por el Tribunal Supremo, se juzgaba a dos expresidentes de la Junta —Manuel Chaves y José Antonio Griñán—, siete exconsejeros, dos exviceconsejeros, tres ex directores generales, dos ex directores generales del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) y la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), tres ex secretarios generales técnicos, un exjefe del gabinete jurídico y un ex interventor general de la Junta. Se acusó a un total de 300 personas, lo que convierte a la trama en la que mayor número de imputados ha tenido nunca en España.


La instrucción duró más de 7 años desde que la juez Mercedes Alaya —a la que la sentencia ha resarcido once años después de los ataques del PSOE— abriese las diligencias 174/2011 del caso de los ERE. Por último, el sumario de la causa matriz, más anexos, más la pieza política están formados por 8.500 archivos informáticos y 379 tomos y un total de 1.100.000 folios.


¿"Sólo" 680 millones?

Otra cifra mareante es la del dinero defraudado. Se ha repetido estos días que el fraude de los ERE ha sido de 680 millones, una cifra que ya de por sí lo convertiría el mayor caso de corrupción de España. Pero esa cantidad sólo incluye el procedimiento específico, es decir: la sentencia del Tribunal Supremo se refiere a las transferencias de financiación a IDEA entre 2000 y 2009. Pero hay obligaciones contraídas antes de 2009, fuera de ese procedimiento específico, y otras posteriores, incluso hasta 2011.


Para hacernos una idea de a cuánto podría ascender la factura final de lo defraudado en esta gigantesca causa de corrupción, el dato más fiable lo dio la Cámara de Cuentas de Andalucía.


En su informe de fiscalización de las ayudas sociolaborales de 2012 —hace ya 10 años— la Cámara de Cuentas estimó en 1.217 millones de euros los que acabaría abonando la Junta de Andalucía, consecuencia de la refinanciación de las pólizas de prejubilaciones y los intereses de demora ligados al caso. Una cifra que casi dobla la que recoge la sentencia de la Audiencia de Sevilla ratificada por el Supremo. Una cifra, más de 1.200 millones, a la que no se podría haber llegado si los corruptos hubieran sido sólo los "cuatro golfos" a los que se refirió en su momento Manuel Chaves, teoría que tres instancias judiciales han desmontado completamente.


"Avalancha de intentos de acuerdos"

Por otra parte, la condena por malversación en la pieza política, con penas de prisión, ha puesto en alerta a los abogados defensores de todos aquellos que tienen causas pendientes en el caso de los ERE, según han contado a Libertad Digital fuentes jurídicas próximas al caso.


En esas causas pendientes se va a juzgar a todos los cooperadores necesarios y beneficiarios de esa malversación cometida por cargos públicos. Tras la sentencia del Tribunal Supremo que ratifica la pena de cárcel para, entre otros, José Antonio Griñán, "se espera una avalancha de intentos de llegar a acuerdos" en los casos que están pendientes para evitar, sobre todo, la entrada en prisión, señalan estas fuentes a libertad digital.


Estos acuerdos, por otra parte, permitirían desatascar la causa en los juzgados y agilizar todo el proceso, con lo que es probable que llegue a su fin más rápido de lo que todos esperamos.


El alarmismo climático contra la propiedad privada (2): el ecologismo, último refugio de los políticos canallas

FEDERICO JIMÉNEZ LOSANTOS. libertad digital. 31 Julio 2022

Este Gobierno, escudado en una supuesta emergencia climática, está provocando una situación de auténtica emergencia en todo el sector productivo rural.


La persona más contaminante de España es Pedro Sánchez. No sólo en el terreno de las instituciones, que empuerca y embarra, de la judicatura a la economía o a la continuidad de su Gobierno, pactada con terroristas y golpistas a costa de la continuidad histórica de España. Lo es también en el medidor ecologista: el CO2 que emite a la atmósfera. Maite Rico, directora de La Lectura y colaboradora de esRadio escribía en El Mundo del 24/7/22:


"nuestro presidente disfruta como nadie luciendo los atributos del poder, y no me refiero a llevar el vaquero ceñido. Ir en helicóptero a la boda del cuñado marcó un hito. Llevar a los amigos en Falcon a un concierto tampoco estuvo mal. Pero donde ha pulverizado los récords ha sido en la visita del lunes a Extremadura, para interesarse por los incendios e inaugurar el No-Ave.


Atentos al despliegue: trayecto Moncloa-Badajoz en helicóptero Súper Puma, desplazamientos por la zona en coche oficial Audi A8L (llegado desde Madrid), regreso Badajoz-Torrejón en avión Falcon 900, y trayecto Torrejón-Moncloa (26 kilómetros por la A-2) en otro helicóptero Súper Puma. Nótese que esto implicó dos viajes en vacío de los helicópteros, otros dos del Audi y uno del Falcon. A ver quién mejora eso.


El mismo esquema se repitió en las visitas a Galicia o Zaragoza. Sánchez movilizó el Súper Puma y el Falcon 24 veces en 72 horas, según el cálculo de Vozpópuli. El helicóptero gasta unos 600 litros de combustible por hora, y el avión, 1.300. Y contaminan. Mucho. Greta llora."


Naturalmente, Greta no llora, salvo que cobre. Y aunque la ministra y vicepresidenta de Transición Energética se declare gran admiradora suya, no consta que vaya a protagonizar la próxima campaña electoral del PSOE. Tampoco se descarta. En la última reunión socialista, EcoSánchez dedicó treinta minutos a hablar del cambio climático, del que se proclama flamante adalid, y cinco a la decapitación de portavoces del Gobierno y el PSOE. No hay mejor forma de saber por dónde irá Sánchez que seguir su propaganda. Preparémonos, pues, para el combate contra el cambio climático para bajar los precios, incluido el de la luz, que se cuadruplicará. Pero, ¿acaso vamos a condenar a muerte al Planeta por una mezquina subida en la factura de la electricidad? Jamás. Ya se encargarán EcoSánchez y los suyos de evitarlo.


Gore, Newsweek y otras canalladas

El derroche en aviones, helicópteros y coches oficiales del Gobierno social-comunista no tiene parangón en nuestra historia democrática. En las anteriores, obviamente, tampoco. Por falta de medios técnicos y por ciertos complejos ideológicos, religiosos o morales que vetaban el exhibicionismo. La religión ecologista, sin embargo, ha abolido esos melindres. El mayor impulsor del alarmismo climático, el vicepresidente USA Al Gore, paseaba por el mundo su panfleto Una verdad incómoda cómodamente sentado en su avión personal, que contaminaba mucho más que los de hoy. También era propietario de una de las minas más contaminantes de América, sin por ello dejar de condenar la minería, que deja cicatrices atroces en el Planeta.


Sólo por una charla en España, Al Gore se embolsó 600.000 dólares, que no hubieran venido mal para limpiar bosques y prevenir incendios. Pero todo conservacionismo es un negacionismo del cambio climático desde que Newsweek, en la primera década del siglo XXI, en un artículo célebre, llamó negacionistas a los que negaban el cambio climático de origen antropogénico, comparándolos con los que negaban el Holocausto. También les llamó, como Gore, asalariados de las empresas petrolíferas, aunque ya entonces sólo recibían generosa financiación, pública y privada, los afirmacionistas de la emergencia climática.


Los científicos que, antes y después de Kioto, negaban el consenso absoluto del sector, base de la que partían los políticos ecologistas, fueron silenciados. En Las mentiras del cambio climático (2007) Jorge Alcalde relata casos escalofriantes de la gran cancelación, empezando por Science, que se negó a publicar investigaciones o refutaciones científicas que eran políticamente incorrectas. Hoy, en casi todos los medios de comunicación, deudos del clickbait de la noticia, el sectarismo climático viene en el CV. La banalización del término negacionista permite difamar a cualquiera que discuta los datos del calentamiento antropogénico o las medidas ecologistas para remediarlo. Será silenciado, condenado, calumniado o ridiculizado. Y los pocos medios que siempre nos hemos opuesto a esa ola irracional y, en última instancia, colectivista y liberticida, somos amablemente marginados.


Sin embargo, varias décadas después del comienzo del alarmismo climático, con la Agenda 2030 como guión oficial progresista, cuyo pin exhibió Sánchez en el debate sobre el estado de la nación, la invasión de Ucrania por Putin ha conseguido que la derecha política despierte de golpe. En ese debate, el PP de Feijóo y, sobre todo, Abascal de Vox, plantearon una enmienda a la totalidad de la política energética del Gobierno, que es la de la Izquierda desde los años 80: sí a las nucleares, a las prospecciones de petróleo, a la búsqueda de gas por fracking, a las centrales térmicas y a la explotación minera de todos los recursos naturales que pueda tener España.


Prohibir la minería es expropiar España

El paréntesis de la pandemia en los años 2020 y 2021 ha sido clave en la aplicación sin debate de la agenda 2030 por el Gobierno, sin que en los medios ni en la opinión pública se entreviera el alcance legal, moral, político y económico de una serie de medidas que, por llevar el marbete "eco" se suele considerar de tipo epidérmico y publicitario.


Al llegar la crisis de precios de la energía, agravada, no creada, por la invasión de Ucrania, muchos se han caído del guindo de la desinformación o del desinterés, porque bastantes problemas graves afrontaban a diario como para preocuparse por la propiedad del suelo y el subsuelo nacionales. Sin embargo, el problema de fondo no es distinto al del separatismo porque se trata de ver quién es el propietario legítimo de algo y puede disponer de él, en este caso, de España como ente físico, legal, político e institucional.


Si el suelo y el subsuelo de España es de los españoles, el Gobierno, aupado en una escuálida minoría parlamentaria y ocultando o camuflando sus actos no puede privar del beneficio que la explotación de sus recursos naturales reporta a sus dueños, que son los ciudadanos, sujeto político de la soberanía nacional que no puede enajenar ningún gobierno. Menos aún, si se actúa con la excusa nebulosa del "cambio climático", que nada afecta a la prospección petrolífera, gasista o minera. Se prohíbe "por si acaso" se contamina. Pero antes se roba o expropia a sus dueños el área explotable. Y se hace, por una serie de manías y supersticiones ideológicas que no resiste el menor análisis y que, por otra parte, el Gobierno interpreta a capricho.


Un ejemplo: la política oficial en materia de energía "apuesta por la energía verde". El Parlamento Europeo declara la energía atómica y el gas energías "verdes". Y el Gobierno se niega a admitir la recomendación de usar esas energías para evitar la dependencia del gas ruso. Paralelamente, se niega las restricciones del 15% en el uso del gas propugnadas por la UE, e inspiradas por Alemania. O sea, que Sánchez acata las resoluciones y exhibe el símbolo de la Agenda 2030, evento celebrado a la sombra de Xi Jinping y que supone el encarecimiento de la energía y el empobrecimiento paralelo de los países europeos y occidentales que acepten sus dictados.


Los pobres pagan la satisfacción moral de los ricos

Esto se hace en nombre siempre del cambio climático cuyo origen sería el hombre y cuyo remedio también sería suyo. Sin embargo, sólo el 10% de los países que emiten CO2 acepta esos dictados ideológicos de coste tan gravoso. ¿Por qué, pues, se imponen a trabajadores y propietarios españoles, si el efecto sobre el planeta, caso de existir, sería insignificante?


La respuesta es sencilla: porque se trata de un ataque deliberado a la propiedad privada de la gente humilde, dejando fuera a los millonarios que, como Bill Gates, son los primeros en especular con un futuro en el que los gobiernos prohibirían la carne y recomendarían sus hamburguesas verdes. Las grandes compañías y fondos de inversión quedarían, en principio, al margen de este intervencionismo estatal, que ataca a la pequeña propiedad y al comercio. El intervencionismo arrastraría finalmente a todos, pero el primer destrozo se daría en la base, donde masas de indigentes se verían empujadas a la invasión de la propiedad ajena por políticos de izquierdas.


Esto no es un futurible. Está sucediendo ya en la Argentina, donde el control cambiario supone la incautación de los dólares de los ciudadanos. Y donde el sindicalista favorito del Papa, un indeseable llamado Grabois, que pertenece a un dicasterio vaticano, anuncia que correrá la sangre de "los gauchos" y "las gauchas", es decir, que está dispuesto a matar; y que hay que asaltar los silos de grano que esperan a que se fije el cambio del dólar para vender lo que puedan. Robar y matar: he ahí el mensaje evangélico del Papa, que, a través de su monaguillo sindical, bendice la violencia contra la propiedad, siempre que la ejerzan mafias sindicales socias de los Kirchner. Las cuales amenazan de muerte o con saqueos y se manifiestan en la calle ¡a favor del gobierno! En realidad, para asegurar las decenas de millones de dólares que controlan a través de los "planes sociales", subvenciones sin control de las que la mafia sindical o se queda un 20% o no las comparte.


El campo no es del Gobierno

Todos los ataques a la libertad empiezan por la propiedad privada. Y los ataques que sufre el mundo rural en nombre del cambio climático son el modo de legitimar lo ilegítimo y después legalizar lo que debería ser ilegal. Ya vimos en la entrega anterior cómo las bandas ecologistas aliadas de este gobierno se permiten decidir las fuentes de energía que podemos usar o no. ¿Y quiénes son esos pelanas de pelanas vestidos? ¿Quién les ha dado poder para decidir el destino de propiedades agrarias o ganaderas, de costumbres seculares que han mantenido un ecosistema en el campo español? Nadie.


Es urgente desenmascarar a estos farsantes y sus socios de este Gobierno, que escudado en una supuesta emergencia climática está provocando una situación de auténtica emergencia en todo el sector productivo rural. Son ellos los que destruyen el equilibrio ecológico y los que vacían el campo. Cobran millonadas por asesorar cómo eliminar lo que dicen defender. Y es natural. No hay forma de encontrar a un ecologista que no sea socialista.


El problema de los medios

A mi juicio, el problema de los sectores que salieron a la calle en la gigantesca manifestación del campo es que no ligan sus reivindicaciones con la propiedad privada como fuente de legitimidad frente al Gobierno. También, que los medios son ciegos y sordos a los problemas reales del campo porque los periodistas son de izquierdas y no saben dónde cae. Los que nacimos en la España rural, más o menos poblada, ni vacía ni vaciada, somos una minoría que, gracias al aumento en las expectativas de vida, no vamos a extinguirnos pronto, pero la sensibilidad acerca de los animales no es la misma. Los urbanitas ven en ellos mascotas —hay más perros que niños en Madrid—, los que venimos del campo vemos peligro o ayudas laborales. Nuestra relación, sea amistosa u hostil, es la tradicional. La posmoderna es deudora de los dibujos animados y los cuentos amables, nada de Perrault o Andersen, cuyos relatos inducían la prudencia en el niño mediante el terror.


Hay, por tanto, dos caminos que transitar ante el "cambio climático": el de los conceptos y el de la comunicación. El primero, hasta ahora, está confuso; necesita desbrozar el problema de los precios; el segundo, está casi por estrenar: llevar a los periodistas al campo. Pero, ante todo, hay que entender que se trata de un problema político, de relaciones de poder, de ideas sobre la libertad o la servidumbre de la sociedad, que puede ser dueña de lo suyo y de sí misma o estar enajenada a un Gobierno que administra el apocalipsis por decreto-ley. De ello trataremos en la próxima entrega.


LEY DE MEMORIA DEMOCRÁTICA

Por la declaración del Valle de los Caídos como Bien de Interés Cultural

JOAQUÍN GONZÁLEZ. Gaceta. 31 Julio 2022


El pasado 14 de julio, el Pleno del Congreso de los Diputados votó a favor del Dictamen del Proyecto de Ley de Memoria Democrática. De este modo, el controvertido Proyecto de Ley continúaa con su tramitación parlamentaria en el Senado.


Sin perjuicio de otros aspectos de la iniciativa legislativa, es necesario denunciar la delicada situación -otro paso más- en la que la más que probable aprobación de la Ley de Memoria Democrática colocaría a determinadas edificaciones, construcciones o monumentos que, según la ley, son “contrarios a la memoria democrática” y, en particular, de la delicada situación en la que quedaría el conjunto monumental del Valle de los Caídos, que integra, entre otros, la Cruz, la Abadía benedictina, la Basílica de la Santa Cruz del Valle o la Hospedería.


De acuerdo con el artículo 35 del Proyecto de Ley deberán retirarse o eliminarse “las edificaciones, construcciones, escudos, insignias, placas y cualesquiera otros elementos u objetos adosados a edificios públicos o situados en la vía pública” que se consideren “contrarios a la memoria democrática”. No conforme con esta “vertiente” pública, la Ley prosigue obligando a retirar o eliminar dichos elementos cuando “estén ubicados en edificios de carácter privado o religioso, pero con proyección a un espacio o uso público” (en este sentido, piénsese en los numerosos símbolos religiosos o placas en memoria de los caídos por ambos bandos ubicadas en fachadas de iglesias o conventos de muchos pueblos de España). Por si no fuera suficiente, la Ley prevé sanciones a aquellas Administraciones Públicas que no acaten este “deber democrático”.


Por otra parte, el artículo 54 se refiere al Valle de los Caídos, respecto del que la Ley prevé cambiar el nombre (pasaría a denominarse “Valle de Cuelgamuros”) y una futura “resignificación” como un “lugar de memoria democrática” que, teniendo en cuenta el origen del mismo, solo puede suponer la eliminación de cualquier símbolo relacionado con la guerra civil y la desacralización del conjunto monumental. Tiempo al tiempo.


El acoso y derribo al que se viene sometiendo al Valle de los Caídos es digno de estudio, convirtiéndose en una cuestión obsesiva de los dos últimos gobiernos de izquierda que han regido los designios de España.


Más allá de ideologías, es innegable el valor artístico, arquitectónico y monumental del conjunto del Valle. A título de ejemplo, la Cruz, de 150 metros de altura, es la más grande del mundo y puede apreciarse a 60 kilómetros de distancia; la basílica, de planta griega, es la segunda más grande del mundo, después de la de San Pedro, en Roma. Cualquiera que haya estado allí coincidirá en el encaje del conjunto arquitectónico con el paraje natural, alejado del bullicio de la gran metrópoli madrileña, y, por tanto, convertido en refugio para respirar y tener algo de paz y tranquilidad. En este sentido, el Valle cuenta con la Hospedería regida por la Comunidad benedictina.


Por todo ello, el acoso y derribo al que se está sometiendo el Valle y, por extensión, a los religiosos benedictinos que allí viven -y que lo “único” que hacen es rezar, también por el Gobierno de Pedro Sánchez-, solo encuentra justificación en la obsesión esquizofrénica de parte de una izquierda que quiere exterminar cualquier resto o vestigio de nuestra Historia reciente y, con ello, de nuestra identidad como Nación.


Dicho lo cual, todavía queda esperanza. De acuerdo con la Ley del Patrimonio Histórico Español, forman parte del mismo “los inmuebles y objetos muebles de interés artístico, histórico, paleontológico, arqueológico, etnográfico, científico o técnico. También forman parte del mismo el patrimonio documental y bibliográfico, los yacimientos y zonas arqueológicas, así como los sitios naturales, jardines y parques, que tengan valor artístico, histórico o antropológico”.


Solo por comparación con otros bienes a los que se ha catalogado como integrantes del Patrimonio Histórico Español, el conjunto monumental del Valle de los Caídos cumpliría sobradamente con estos requisitos. La declaración del mismo como “Bien de Interés Cultural” paralizaría -por lo menos, durante un tiempo- cualquier intento de modificar o, en palabras de la Ley de Memoria Democrática, de “retirar o eliminar” cualquier elemento molesto a ojos del actual Gobierno de España. La competencia para proceder con tal declaración es del Gobierno de la Comunidad de Madrid. ¿Hace falta ver en el Valle de los Caídos las máquinas de obra enviadas por el Gobierno de España para que nos lamentemos de ello?


Son las ideas, Feijóo
Alejo Vidal-Quadras. voxpopuli. 31 Julio 2022


Es conocida la fe inquebrantable e impermeable a la experiencia que las sucesivas cúpulas del Partido Popular han tenido y tienen en la buena y eficaz (que no eficiente) gestión como llave del éxito electoral y herramienta óptima para ganar la adhesión de la ciudadanía. Recurriendo al método inductivo, ahí va un ejemplo de que el comportamiento del votante obedece a razones más sutiles que esta simplicidad de enfoque marca de la casa en la planta séptima de Génova 13: dos tipos socialistas que fueron presidentes de la Junta de Andalucía organizaron, promovieron y ejecutaron con participación activa de docenas de altos cargos de la administración que encabezaban la creación de un fondo de reptiles externo al control presupuestario de casi 700 millones de euros con el que durante años alimentaron toda suerte de operaciones irregulares a cual más fraudulenta para favorecer a amigos, parientes y correligionarios y asegurar así la hegemonía en las urnas de su partido. Téngase en cuenta que estamos hablando no de sospechas o rumores, sino de hechos constatados en una sentencia firme del Tribunal Supremo que condena a la pareja de bergantes que lideraba el tinglado delictivo a severas penas de prisión e inhabilitación por prevaricación y malversación.


Pues bien, la reacción de las máximas instancias del PSOE ante este bochornoso acontecimiento, empezando por su pétreo secretario general y presidente del Gobierno, ha sido la de declarar que los dos desaprensivos malandrines son personas honradas y que se sienten orgullosos de ellos. De acuerdo con una lógica elemental, semejante tropelía acompañada de tan indignante apoyo a sus responsables, habría de suscitar la repulsa y la indignación de una inmensa mayoría de españoles, con lo que en estos momentos las encuestas deberían registrar una intención de voto al Partido Socialista próxima a cero. Sin embargo, nada de eso está sucediendo. Si hoy se celebrasen elecciones generales, los sondeos indican que el PSOE mantendría un centenar de diputados, es decir, que varios millones de celtíberos seguirían inconmovibles en su sufragio a Pedro Sánchez y a sus siglas. La conclusión derivada de este singular fenómeno no puede ser otra que la de que los votantes no deciden su papeleta en función de lo que es verdadero o evidente o éticamente correcto, sino por causas misteriosas que conducen al fracaso de los candidatos que las ignoren.


Aunque los análisis al respecto existen desde hace décadas, ha sido un pensador “progresista” norteamericano, George Lakoff, el que ha popularizado recientemente la explicación de las aparentes paradojas de los vaivenes electorales a partir de la ciencia cognitiva en su best-seller No pienses en un elefante. Lo que Lakoff describe en su ameno ensayo son las claves que determinan la posición política de los ciudadanos y demuestra que la suposición en principio sensata de que a la hora de elegir su opción electoral las personas se basan en el examen racional de la realidad, en la verdad de las cosas y en la calidad moral y la competencia de los aspirantes a gobernar, es en buena medida infundada. Esta hipótesis equivale a la que en economía ve a los consumidores como agentes exclusivamente optimizadores de sus beneficios ateniéndose a los datos objetivos del mercado. Está claro que no es así y que inversores, compradores y vendedores actúan por motivaciones que trascienden y a veces contradicen lo que dictaría la fría razón y de ahí las catástrofes financieras y los desequilibrios destructivos que nos castigan con mayor frecuencia que la que desearíamos. Otro ejemplo de irracionalidad manifiesta en nuestro país lo encontramos en el separatismo catalán. La obstinada obsesión en sus afanes secesionistas se ha traducido en el empobrecimiento material, en la división social, en el desprestigio internacional y en el declive cultural de Cataluña, con grave daño para sus ciudadanos. Pese a ello, el cincuenta por ciento de los catalanes siguen prisioneros de este espejismo deletéreo que los está arruinando y que les tiene sumidos en una dolorosa frustración colectiva.


Tal como George Lakoff nos revela en las brillantes páginas de No pienses en un elefante, la gente no se adscribe a un color y a una doctrina política determinada mediante la razón y una desapasionada evaluación coste-beneficio. Lejos de ello, se define como socialista, comunista, liberal o conservadora y se adhiere a tal o cual programa o a tal o cual política pública, según una identidad y un marco mental instalados en su cerebro, en gran parte inconscientes, que son los que le orientan en una u otra dirección en el momento de votar o de activarse políticamente en su comunidad. Este marco y esta identidad están dotados de considerable rigidez y es muy difícil modificarlos por rotunda que sea la evidencia que los ponga en cuestión. Un aspecto esencial del modelo de Lakoff es la naturaleza fundamentalmente moral de las posiciones políticas. Detrás de las opiniones, las tomas de posición y los votos de las personas se sitúa indefectiblemente un esquema ético, una convicción sobre lo que está bien y lo que está mal, sobre lo que es correcto y lo que es incorrecto en un plano axiológico. En definitiva, no nos ubicamos y actuamos políticamente como seres estrictamente racionales, sino que, sin negar que una fracción de nuestro comportamiento obedece a un enfoque racional, un área muy extensa de nuestra autoidentificación en el terreno político se fundamenta en valores, principios morales y concepciones del mundo arraigados en nuestros circuitos cerebrales, no siempre conscientes, que cuesta muchísimo alterar.


Son las ideas, Feijóo, son las ideas, las que te darán o te hurtarán la victoria dentro de año y medio, la batalla cultural, sí, esta batalla cultural que tanto te incomoda como incomodaba a tu paisano y predecesor. Y te diré más, también en tu Galicia natal han sido las ideas las que te han obsequiado con cuatro mayorías absolutas. Quizá sin que tú lo hayas advertido, tus conciudadanos han incorporado a su cosmovisión el marco mental que tú has sabido configurar y que ha encajado como un guante en lo que la mayoría de gallegos estima bueno, valioso y deseable, Lucha, pues, con y por las ideas, exhibe coraje y compromiso, y déjate de pamplinas centristas y de moderaciones mediocres. Si no te atreves o no sabes hacerlo, es posible que formes Gobierno en 2024, tal es el desastre que ahora nos tritura, pero será un éxito efímero, que no detendrá ni revertirá la vertiginosa caída en la que nos encontramos. Gran responsabilidad la tuya. Ojalá estés a la altura de lo que demanda de ti esta hora dramática y decisiva de España.


La obligada desaparición del pp

Nota del Editor. 31 Julio 2022


Si el ejemplo de pp es Galicia, apagamos y nos vamos. A ver, si con suerte, el pp desparece de una maldita vez.

Algunos sesudos analistas creen que la posesión del dinero de los demás, dinero que nos roban de forma directa, indirecta y circunstancial (por ejemplo, la inflación), no influye en el voto de la gente, porque no lo utilizan a diestro y siniestro para condicionar los medios y los extremos para seguir disfrutando del poder.


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Disfrutad, malditos, que ya llegará el otoño

Jesús Cacho. voxpopuli. 31 Julio 2022

Un ansia de disfrute recorre este país nuestro en vísperas de las vacaciones de agosto. Una sensación general de que hay que divertirse, tirar la casa por la ventana, fundirse con la playa o la montaña y olvidarse de todo lo demás. Celebremos el verano y huyamos durante un mes de las angustias que nos atenazan, que ya llegará el otoño con su frustrante realidad. Restaurantes llenos, lo mismo que bares, terrazas y hoteles, como si el inconsciente colectivo del español medio hubiera decidido hacer borrón y cuenta nueva por un mes, necesitados como estamos de olvidar los vientos de fronda que se anuncian a la vuelta de septiembre. Pero, ¿realmente va a ser tan duro, tan terrible incluso, el próximo otoño? ¿No hemos oído ya en otras ocasiones los mismos o parecidos augurios? "Vivimos en un escenario binario y desde luego contradictorio", asegura un alto ejecutivo bancario. "Las empresas en general, y la banca con ellas, están reportando estos días aumentos significativos de los beneficios, en parte porque venimos de la etapa covid y hay mucho crecimiento embalsado, de modo que por ese lado las expectativas son buenas. Sin embargo, la guerra de Ucrania y los problemas de abastecimiento energético derivados del conflicto pueden dar al traste con ese escenario. La realidad es que si la guerra se alarga vamos camino de una recesión inevitable y no solo en España, claro está, sino a nivel global".


Y no tiene visos de que el tirano del Kremlin vaya a ordenar el final de la agresión a Ucrania, una guerra típicamente imperialista, de anexión territorial, a la manera de tantas guerras ocurridas en un pasado que ya creíamos superado. Gazprom anunció días atrás el recorte a la mitad del volumen de gas ruso que estaba bombeando a Europa a través del Nord Stream 1, que ya estaba reducido al 40% de su capacidad, y ayer mismo supimos que Letonia se ha quedado sin suministro. Da toda la impresión de que el sátrapa ruso, a quien el mundo occidental iba a hacer pagar muy cara su osadía, se está divirtiendo a nuestra costa, está jugando con la UE como el gato con el ratón. Como tantas veces en la historia reciente, Europa es víctima de una Alemania que, de la mano de la tan elogiada señora Merkel, creyó resolver sus problemas energéticos encomendándose al petróleo y al gas ruso. Los burócratas de Bruselas, aterrorizados ante el pedrisco que viene, no han tenido mejor idea que anunciar un recorte del consumo de gas del 15% a prorratear entre los socios. Un shock de oferta semejante provoca un encarecimiento automático de todos los imputs industriales, fenómeno agravado por la necesidad de una política monetaria muy restrictiva encaminada a combatir una inflación que parece fuera de control. El corolario es una notable pérdida de poder adquisitivo en la doble vertiente de familias y empresas.


El viernes supimos que los precios crecieron otras seis décimas en julio, hasta el 10,8%, frente al 10,2% de junio, el nivel más alto desde septiembre de 1984. También que la economía creció un 1,1% entre abril y junio, gracias al consumo de los hogares, mejorando apenas el pobre registro (0,2%) del primer trimestre. Economistas independientes sitúan ya el crecimiento del PIB para este año en el 3,5%, mediocre guarismo para el único país de la UE que aún no ha recuperado los niveles de crecimiento previos a la pandemia, un objetivo que algunos aplazan ya al 2024. En plena desaceleración, Sánchez ha decidido comprar votos a cualquier precio con dinero público, de modo que acaba de aprobar el mayor techo de gasto de la historia, muy cerca de los 200.000 millones. La partida más llamativa es la destinada a tapar el agujero en la Seguridad Social, con la transferencia de 20.000 millones para poder cumplir la promesa de revalorizar las pensiones conforme a la inflación. ¿Consentirá Bruselas semejante despropósito? Como se ha dicho aquí en otras ocasiones, España afronta esta época de incertidumbre con el peor Gobierno posible en el puente de mando. Un Gobierno que agrava las consecuencias de la crisis energética mundial con la irresponsable política fiscal que practica desde su llegada al poder, centrada, como todo el mundo sabe, en el gasto público clientelar y en subidas de impuestos típicamente bolivarianas y directamente atentatorias contra la salud de las empresas, particularmente las pymes, responsables de la creación de empleo en este país.


El agitprop gubernamental ha celebrado los datos de la EPA con alborozo, un sentimiento que debería ser compartido por cualquier persona de bien (ojalá tuviéramos 22 millones de españoles ocupados, o mejor aún 25), si no fuera porque sabemos que no se puede crear empleo "de calidad" (como sindicatos y progresía adjetivan) maquillando las cifras, convirtiendo en indefinidos a los llamados "fijos discontinuos" y haciendo aún más rígido el mercado laboral gracias a los inventos de eternamente Yolanda y su desgraciada reforma. No se crea riqueza y empleo asfixiando a las empresas con gravámenes e impuestos. Todos han subido (capital, sociedades, cotizaciones sociales, por no hablar del SMI) con un Gobierno populista que considera al empresario un delincuente potencial digno de toda sospecha. Un Gobierno que cambia a su antojo las reglas de juego fiscales a mitad de partido, retrayendo la inversión nacional y poniendo en fuga a la extranjera. Ello en un país con el mayor déficit estructural de la UE y con una deuda externa cuyo servicio se va a comer 20.000 millones más al año por culpa de la subida de tipos. Un Gobierno cuyas políticas se concretan al final en una palabra: pobreza. Sánchez nos lleva a la pobreza haciéndonos perder posiciones en los rankings internacionales de renta per cápita. Pobreza a todo trapo. Pobreza para todos.


Pobreza en lo económico y ruina institucional en lo político, ruina que avanza a pasos de gigante con el objetivo puesto en la destrucción del Estado de Derecho. La semana ha sido pródiga en ejemplos de ese permanente insulto en que la relación de Sánchez con ERC se ha convertido para cualquier demócrata español. El presidente del Gobierno de España pretende "desjudicializar" la actividad del movimiento separatista y sus líderes, quiere poner la ley al margen de la ley para que los señores golpistas puedan operar a su antojo cuando, dentro de poco, cuando les convenga, activen una nueva versión del "procès". Al presidente del Gobierno le estorba la ley porque su cumplimiento se ha convertido en un obstáculo para su único objetivo vital: amarrarse al palo mayor del poder. Es de suponer que tras los separatistas vendrá la mafia exigiendo "desjudicializar" también su benemérita actividad, y lo mismo podrá reclamar cualquier delincuente común, y así sucesivamente. La quiebra del Estado de Derecho.


Para satisfacer ese mismo objetivo, Sánchez ha decidido también abrazarse a las exigencias del independentismo en materia lingüística. La tercera reunión de la llamada "mesa de negociación" entre Gobierno y Generalidad se cerró esta semana con el reconocimiento pleno por parte del Ejecutivo de la política lingüística del separatismo en el sistema educativo, lo que supone dar por enterrada la sentencia del TSJC que obliga a la escuela catalana a impartir al menos un 25% de las clases en castellano. El ministro de la Presidencia, el lamentable Bolaños, calificó la reunión de "constructiva" porque "empezamos a recoger frutos concretos". Frutos podridos de los enemigos de España. Exactamente dos: el acuerdo para "desjudicializar" la rebelión separatista y la expulsión del español de la enseñanza en Cataluña. "Hoy abandonamos los monólogos y abrazamos los acuerdos y el diálogo", dijo el sacristán de Sánchez. Los socialistas llaman "diálogo" a la rendición incondicional del Gobierno de España ante el separatismo. Lord Chamberlain era todo un patriota, un héroe de la libertad, comparado con estos traidores sin escrúpulos. Detrás vendrá la despenalización del delito de sedición y el regreso de Puigdemont recibido con honores por Sánchez. Lo que ERC le exija para seguir manteniéndolo en Moncloa. Y para cumplir con ERC hay que ocupar el Constitucional cuando antes, para colocar allí a los Conde-Pumpido y José Ricardo de Prada, el autor intelectual de la moción de censura, dispuestos a cumplir órdenes. Si España sale de esta será de puro milagro.


Pero no se enfaden. Piensen en la playa y tómenselo a broma, porque todo lo que afecta al sinvergüenza que nos gobierna es susceptible de provocar la risa. El viernes, antes de desfilar hacia La Mareta, se felicitó por el hecho de que las patronales hayan rechazado los nuevos impuestos a banca y energéticas. Dijo así el lechuguino: "Si dirigentes de bancos, si Botín [querida Ana, no me negarás que te lo has ganado a pulso] o Galán protestan, es que vamos en la buena dirección". Luego recordó que "son los mismos que dijeron que subiendo el SMI y la reforma laboral se iba a caer España, y ha sucedido todo lo contrario". Dentro de su congénita maldad, el sujeto supera en estulticia al Zapatero que en abril de 2006, tras un nuevo Estatuto de Cataluña que nadie había pedido, vaticinó ante Pedro J. Ramírez aquello de que "dentro de 10 años España será más fuerte, Cataluña estará más integrada y usted y yo lo viviremos". El PSOE y sus líderes son así. El viernes, a la hora de hacer balance, Su Sanchidad se declaró Lord Protector de los Pobres de España. "He venido a proteger a la mayoría social de los españoles", dijo sin inmutarse. Y luego, a tumba abierta, se abrió de capa con una doble verónica: "No llevo corbata, eso significa que todos podemos ahorrar desde el punto de vista energético y he pedido a todos los ministros y a todos los responsables públicos y al sector privado que, cuando no sea necesario, no utilicen la corbata y así todos ahorraremos". Se quitó la corbata y a continuación se montó en el Súper Puma (600 litros de queroseno por hora) y se fue a Torrejón en lugar de hacer el trayecto en coche. Se ríe de nosotros en nuestra cara. Se le nota demasiado el desprecio que siente por la gente. Se la suda todo. Pero no se enfaden. Piensen en las vacaciones y disfruten como enanos en el campo, la playa o la montaña, que ya llegará el otoño.


DICTADURA LINGÜÍSTICA

La Generalitat pregunta a los niños si sus padres son obreros o jefes para ver su uso de catalán

LUZ SELA. Okdiario. 31 Julio 2022


La Generalitat ha difundido, en un boletín distribuido entre los directores y profesores de las escuelas catalanas, los resultados de un análisis en el que se examina las «variables» que influyen en «los resultados académicos y en los usos lingüísticos del alumnado», como la «competencia en lengua catalana».


La Generalitat analiza los resultados de un cuestionario previo en el que pedía a los alumnos que clasificasen la profesión de los progenitores en varios niveles, desde «ocupaciones elementales, operador de instalaciones y maquinaria o montadores» a «dirección de empresas y de la administración pública», pasando por «trabajadores cualificados en actividades agrícolas, forestales o pesqueras», «trabajadores de servicios de restauración», «empleados de oficina» o «fuerzas armadas», entre otros.


En esa encuesta, el Gobierno catalán concluye que «la asociación entre la lengua inicial del alumnado y la profesión de los padres es más fuerte con las madres que con los padres». «La tendencia general», se apunta, «es que a más prestigio laboral de la madre la proporción del catalán como lengua inicial es más elevada entre el alumnado».


Lo mismo ocurre en la pregunta «¿Cuál es tu lengua?», en la que, según los autores, «en líneas generales se ve que a medida que se incrementa el prestigio profesional de la ocupación de los padres crece el porcentaje de alumnos que se sienten más cercanos al catalán y decae la proporción de los que manifiestan que su lengua de identificación es el castellano». Hay excepciones. Por ejemplo, en los alumnos con padres en profesiones agrícolas o ganaderas el porcentaje de quienes se identifican con el catalán «es superior» que en aquellas categorías «que se consideran de mayor prestigio», como los directivos de empresas.


Estudios

En el cuestionario también se preguntaba a los pequeños por el «nivel de estudios finalizados» de sus padres. En este punto, el análisis remitido a los profesores destaca que si los padres tienen un nivel de estudios más alto la competencia en lengua catalana es también superior.


En el análisis concreto sobre el uso del catalán, los autores preguntan además por la «lengua que se habla en casa», interesándose en ese caso por si, en el ámbito privado, los pequeños y sus padres hablan en español o en catalán. La conclusión es que los alumnos que viven en hogares que no hablan el catalán de forma exclusiva hacen también un menor uso en la escuela. El informe admite, en todo caso, «la falta de deseo» sobre el «uso general» del catalán.


Control

El afán de la Generalitat por controlar al milímetro el uso de la lengua autonómica se proyecta en todos los ámbitos, también el privado.


En cuanto a la escuela, el Govern separatista acaba de remitir a los más de mil centros educativos de Cataluña el decreto Documentos para la organización y gestión de los centros en el que se establece el catalán como la lengua de uso en la escuela, lo que afecta no sólo a las actividades lectivas, sino también al patio de recreo o los comedores.


Este decreto desarrolla la nueva ley lingüística de la Generalitat que fue aprobada con el apoyo del PSC para incumplir la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que obliga a impartir, como mínimo, un 25% de las clases en español.


Las maniobras de la Generalitat para incumplir esa sentencia han encontrado ya el aval definitivo de Pedro Sánchez. Esta semana, en la tercera reunión de la mesa de negociación con el Ejecutivo central, el independentismo logró el reconocimiento por parte del socialista de su política lingüística, lo que permitirá fulminar la enseñanza del español en Cataluña.


Tras el encuentro con la delegación catalana, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, destacó que el catalán «es una lengua española y, por tanto, existe una obligación de impulso para el Gobierno central». De esta forma, añadió, «se fortalecerá su impulso en la escuela y se reafirma el compromiso del pleno dominio del catalán y el castellano al acabar los estudios». Igualmente, el Ejecutivo reconoce la autonomía de los centros educativos para diseñar sus proyectos lingüísticos según las características de su alumnado lo que, en la práctica, supondrá la desaparición del español.


Al Constitucional

Este jueves, el TSJC elevó al Tribunal Constitucional la nueva ley del catalán por «excluir» el español como lengua vehicular.


El tribunal reprocha además al Govern y al Parlament su voluntad de «bloquear» la aplicación de la sentencia del 25 % y reprocha que se vulnera el Estatut de Autonomía y varios artículos de la Constitución, entre ellos, el derecho fundamental a la educación.


El pasado 4 de julio, el alto tribunal catalán ya acordó suspender la ejecución forzosa de la sentencia del 25 %, dada la «imposibilidad legal» de hacerlo después de la aprobación de la nueva legislación sobre usos lingüísticos en las escuelas, y pidió a las partes que se pronunciaran sobre si debía plantear una cuestión de inconstitucionalidad sobre la nueva normativa.


El Partido Popular también presentó este viernes un recurso de inconstitucionalidad contra varios artículos de normas de la Generalitat de Cataluña «contra el uso del español en la enseñanza».


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