Recortes de Prensa Lunes 7 Noviembre 2022

Zelenski acusa a Irán de prolongar la guerra por el envío de armas y prevé nuevos ataques masivos

El presidente de Ucrania ha asegurado que Moscú está concentrando fuerzas para "una repetición" de los ataques, pero advierte: "Responderemos".

El Confidencial. 7 Noviembre 2022

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha acusado este domingo a Irán de prolongar la guerra en Ucrania al abastecer a Rusia de armas, asegurando que si no fuera por esa "ayuda", se estaría más cerca de la paz. "Si no fuera por el suministro iraní de armas al agresor, ahora estaríamos más cerca de la paz", ha aseverado el mandatario ucraniano en su discurso diario. Mientras, el dirigente asegura que el Kremlin está concentrando fuerzas y medios para "una posible repetición" de los ataques masivos a la infraestructura ucraniana, pero ha advertido: "Nos estamos preparando para responder".

Mientras, el presidente estadounidense, Joe Biden, y el canciller alemán, Olaf Scholz, han mantenido este domingo una conversación telefónica en la que han coincidido en calificar de "irresponsables" las recientes amenazas nucleares rusas. "Han subrayado su compromiso continuo de Estados Unidos y Alemania para proporcionar a Ucrania el apoyo económico, humanitario y de seguridad que necesita para defenderse de la agresión de Rusia", ha apuntado Washington.

Las claves del momento:

Zelenski acusa a Irán de prolongar la guerra en Ucrania al abastecer de armas a Rusia

Kiev prevé nuevos ataques masivos, pero se prepara para responder

Biden y Scholz califican de "irresponsables" las amenazas nucleares rusas

Moscú acusa a Ucrania de dañar la presa de Kajovka

La central de Zaporiyia vuelve a conectarse a la red eléctrica tras el apagón del pasado jueves

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El Ejército ucraniano acusa a los rusos de camuflarse como locales en Jersón

Según el último parte de las Fuerzas Armadas ucranianas, los soldados del Kremlin están infiltrados en Jersón disfrazados de población civil. Han ocupado posiciones estratégicas dentro de la ciudad con el objetivo, según explican, de librar batallas callejeras cuando la batalla se traslade al centro de la urbe.

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Ucrania cifra en 76.460 los soldados rusos caídos en la guerra

Ucrania cifra en 76.460 los soldados rusos que han caído hasta este lunes desde que empezó la guerra tras la invasión del país ordenada por el presidente Vladímir Putin.

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Kiev teme "lo peor" este invierno

Las fuerzas rusas y ucranianas continúan preparándose para la batalla por Jersón, mientras Kiev teme "lo peor" este invierno por el impacto de los ataques contra su infraestructura con inevitables cortes de calefacción y electricidad.

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Zelenski acusa a Irán de prolongar la guerra en Ucrania al abastecer de armas a Rusia

"Si no fuera por el suministro iraní de armas al agresor, ahora estaríamos más cerca de la paz. Y esto significa más cerca de una solución completa a la crisis alimentaria. Más cerca de resolver la crisis del alto precio de la vida", ha aseverado el mandatario ucraniano en su discurso diario.

Las declaraciones de Zelenski tienen lugar después de que Irán admitiera el sábado haber entregado aviones no tripulados a Rusia, si bien matizó que fue antes del inicio de la invasión rusa de Ucrania.

Expolio fiscal y grosería institucional

MIGUEL ÁNGEL BELLOSO. okdiario. 7 Noviembre 2022

El pasado 1 de noviembre se produjo un hecho extraordinario en España. De alcance planetario. Hubiera pasado desapercibido de no ser por mi colega Beatriz Jiménez, una miembro de la tropa de sagaces periodistas que trabajan en OKDIARIO y engrandecen con su energía y nervio este periódico esencialmente pujante y vivo.

Este suceso formidable es que por primera vez en la historia la presión fiscal en España ha superado la media de la Unión Europea. El hecho ha pillado con el paso cambiado al Gobierno y a su legión de corifeos e intelectuales mediocres que pacen y cobran en muchos casos del sanchismo. Su tesis nuclear para oponerse a los planes del PP de bajar impuestos venía siendo hasta el momento que estábamos muy por debajo de la presión tributaria de la UE, que teníamos que explotar este margen al máximo, y que lo contrario constituía una irresponsabilidad que impediría una financiación más copiosa del sagrado Estado de Bienestar y de la protección social que lleva aparejado. Ninguno de estos argumentos ha tenido jamás consistencia técnica. Ya en términos prácticos la Comunidad de Madrid presidida por Ayuso se ha encargado de demostrar que se puede bajar el peso relativo de los impuestos y al mismo tiempo sostener la mejor y más intensa red asistencial de todo el país.

Además, la presión fiscal, que es la suma de los impuestos y de las cotizaciones sociales netas como porcentaje del Producto Interior Bruto, siempre ha sido un indicador engañoso. No refleja adecuadamente el afán pernicioso de los gobiernos de izquierdas por socavar los ingresos de los ciudadanos. Esta referencia no vale de nada si no se pone en relación con la renta per cápita de los países, un cálculo que nos ofrece la información valiosa que a todos nos interesa: la del esfuerzo fiscal que hacemos, y que tiene que relacionarse indeleblemente con nuestra renta personal y, en el caso de la nación al completo, con la renta media de sus contribuyentes. Desde este punto de vista, y gracias a Sánchez -aunque el resto de los socialistas que lo han precedido han trabajado intensamente en la misma dirección-, el esfuerzo fiscal de los españoles lleva tiempo estando por encima del conjunto de la UE.

Cuando los intelectuales sectarios y deliberadamente falsarios de Sánchez aducían hasta ahora nuestro retraso respecto a Europa omitían, por ejemplo, que las rentas altas en España están mucho más penalizadas que en otros países, dado que el tipo marginal máximo del Impuesto de la Renta que se les aplica empieza a entrar en vigor a partir de 60.000 euros, cuando en Alemania, en Francia o en Italia esto sucede a partir de más de 100.000 euros de ingresos brutos al año.

Cuando estos necios se encargaron de demonizar el plan de reducción fiscal de la efímera primera ministra británica Liz Truss se cuidaron mucho de esconder que en el Reino Unido se aplica un 40% de IRPF a las rentas de entre 50.000 y 150.000 libras (169.825 euros), una tributación sensiblemente menor que la española; y que se grava con el 45% a los que ganan más de 150.000 libras -una situación igualmente mucho más llevadera que la nuestra-. La conclusión irrefutable, lo que muestra la evidencia empírica es que en España se pagan muchos impuestos. Punto y final. Es un corolario imbatible desde el punto de vista estadístico, que es como se miden estos fenómenos, y por tanto todo aquel que se muestre favorable a subirlos es un perfecto terrorista fiscal.

Mi opinión no es tanto que estos personajes siniestros tengan ideas equivocadas, que las tienen, sino que han acumulado tanto dinero gracias a las prebendas socialistas que prefieren que el de los demás, que hemos sido menos afortunados, esté en manos del sanchismo gobernante antes que en nuestros bolsillos, para que así el mandarín siga comprando votos sin escrúpulos, prosiga en el poder y continúe untando a la élite fiel mientras esquilma y expolia no ya a los desafectos, sino a las clases medias y trabajadores a las que dice defender pero que en el fondo perjudica.

El caso es que, como les decía, la presión fiscal en España ha superado por primera vez la media del 41.7 de la UE en 2021, ejercicio en el que ya estaba a pleno rendimiento Sánchez, y que todavía falta por medir la peligrosa carrera que ha emprendido con los Presupuestos Generales del Estado del año próximo, en los que redobla su apuesta, elevando la imposición sobre las rentas del capital, inventando un tributo sobre las grandes fortunas que expulsará a los ricos a territorios menos hostiles donde ayudarán a su crecimiento con sus excedentes y sobre todo su empuje e ingenio. El afán represor del esfuerzo personal de este Gobierno malhechor se ha extendido a todos los confines del aparato productivo, subiendo el impuesto de Sociedades y elevando hasta cotas punitivas las cuotas sociales, tan perjudiciales para la creación de empleo.

Y dicho esto, la pregunta que me turba, que no me deja conciliar el sueño es la siguiente: una vez que hemos alcanzado felizmente a la UE en términos de presión fiscal, qué van a decir ahora los intelectuales adictos, qué otros argumentos emplearán para desacreditar al PP, qué se inventarán para sostener lo indefendible; qué argumento pretextarán para segur apoyando al Xi Jinping español.

No lo menospreciemos. El pasado viernes, el presidente dio una señal más de su osadía, de su grosería y de su falta de respeto institucional criticando acerbamente el dictamen del Banco Central Europeo contrario al impuesto sobre la banca que se ha sacado de la manga. Hubiera sido igual señal de mala educación, pero sus críticas no se dirigieron contra la presidenta Lagarde, que es la que firmaba el dictamen, sino contra el vicepresidente, el español Luis de Guindos, sobre el que Sánchez profirió un ataque personal insólito, impropio de un Gobierno medianamente equilibrado. Y todo porque el informe, provocador de esta reacción rabiosa que tan bien ha documentado el inefable Guirado, también de OKDIARIO, ponía los puntos sobre las íes: es un impuesto que dañará la solvencia de la banca, que reducirá su capacidad de prestar y que encarecerá el crédito -por ejemplo las hipoteca-. Nada que no se adivinara, que no se supiera que fuera a ocurrir, pero un contratiempo para quien está acostumbrado a la pleitesía general y demuestra a diario un desprecio genuino por los organismos independientes, la división de poderes y en general la libertad y la democracia.

Griñán y Sánchez: ¿se harán daño?

PEDRO DE TENA. libertad digital. 7 Noviembre 2022

Hojeo muy por encima el relato apocalíptico de José María Zavala, viejo compañero de El Mundo cuando empezaba a descubrirse la cochambre amoral del socialismo español desde 1982. Singularmente, el caso Juan Guerra, que visto hoy parece una broma de mal gusto gastada a fondo por Felipe González para liquidar a Alfonso Guerra, fue el primero de una partida de porquerías que daban una idea de qué respeto sentía ese PSOE por la democracia y sus valores. Nada nuevo, por otra parte. Así que tras leer inquietantes frases del Papa sobre la realidad de una tercera guerra mundial ya entre nosotros desde la invasión de Ucrania, de la que implícitamente culpa ¡a la OTAN! ("ladrando a las puertas de Rusia"), es lamentable que tenga que dedicar unas líneas a la actualidad del caso ERE. Pero en fin.

Como saben, la Fiscalía Anticorrupción de Sevilla se opuso esta semana pasada a suspender la pena de cárcel al expresidente de la Junta de Andalucía y del PSOE, José Antonio Griñán, y pide que ingrese en prisión por el caso de los ERE fraudulentos de la administración socialista andaluza. En realidad, lo que ha pedido la Fiscalía es que no se permita a los condenados en firme por el Tribunal Supremo a penas de cárcel, esperar a que el gobierno de Pedro Sánchez decida si indultos sí o indultos no, a quiénes y de qué envergadura. O sea, que pueden ingresar en prisión de forma inmediata si alguien no lo remedia.

Es comprensible que el nombre de José Antonio Griñán sea el más aireado, por haber sido nada menos que presidente nacional del PSOE, pero, en realidad, son bastantes más los condenados a penas de cárcel, algunos con penas superiores a los seis años impuestos a Griñán por la sentencia definitiva del Supremo. Pero, como siempre en la vida, hay pobres y ricos incluso en las papeletas del indulto del Gobierno. Los cuatro más "pobres" de los condenados con José Antonio Viera, exconsejero de Empleo y ex secretario del PSOE de Sevilla; Antonio Fernández, exconsejero de Empleo; Agustín Barberá, ,exviceconsejero de Empleo y Juan Márquez Contreras, exdirector general de Trabajo de dicha Consejería. Todos ellos fueron condenados a una pena de prisión de 7 años, 11 meses y 1 día, pero Márquez ha visto atenuada su condena a tres años.

No se lo creerán pero me encontré casualmente hace poco con uno de estos cuatro condenados. Conversamos durante unos minutos. La conclusión del razonamiento compartido es que, de haber indultos a los "ricos", sólo uno de los restantes pisaría la cárcel. Uno la eludiría por razones de edad, otro por razones de salud y otro por razón de su reducción de pena. Al final, de los "cuatro golfos" sólo iba a quedar uno, el de Cádiz. En concreto, Antonio Fernández, lo cual emite radiaciones sulfurosas peligrosas para Pedro Sánchez, como las emiten los mensajes salvavidas contrarios a todo tipo de indulto que proceden de su gobierno.

Sabido es que Sánchez no conoce la compasión ni conoce el nosotros. Sólo sabe de sí y resiste por y para sí. Es evidente que el PP está en horas bajas debido a la ambigüedad de Alberto Núñez Feijóo, envuelto en la telaraña judicial y herido por sus picotazos antiliberales. Pero es igualmente evidente que, de concederse los indultos la imagen de que un secretario general del PSOE borre las condenas de ex altos cargos del PSOE, uno de ellos presidente nacional, no va a ser positiva y todas las encuestas lo señalan. Cierto es que cuatro mil o más personas han pedido el indulto para Griñán, olvidando a los demás. Pero tan cierto es que más de 60.000 firmas se recogieron contra tales indultos y que los indultos a golpistas y delincuentes no gozan de buena prensa, sobre todo en plena crisis de la Justicia española.

El efecto inmediato de un indulto inesperado y fulminante volverá a situar al PP y a Vox a las puertas de una victoria electoral, pese a Tezanos, y tendría un impulso proporcional al número de indultados. Ninguno de los condenados ha pedido perdón , ninguno ha manifestado arrepentimiento, ninguno ha mostrado compasión por todos los andaluces a los que no ayudaron aunque tuviesen derecho. Si Pedro Sánchez decide indultar sólo a Griñán, se ganará el odio eterno de los restantes, odio que puede traducirse en cantes incómodos y filtraciones peligrosas y no evitará el coste electoral.

Si los indulta a todos, que la justicia es un cachondeo socialista quedará más que claro para todo españolito de a pie, tendría una grave repercusión electoral y Pedro Sánchez, personalmente, quedará marcado para siempre.

Pero, ¿y si no indulta a nadie? ¿Superarán los beneficios electorales de una "justiciera" y cainita operación presidencial a los costes de una sublevación interna acompañada de revelaciones escandalosas y decisivas? ¿Se harán daño unos a otros, Griñán a Sánchez, especialmente? La experiencia dice que no, que en la oscuridad partidista las cosas se arreglan. Es lo que debe estar reconcomiendo la moral de los aspirantes a la medida de gracia. A nadie le cabe duda de que Sánchez hará lo que le venga mejor a él mismo. Lo único que no le viene bien es el reloj. Tic, tac. Tic, tac. Podría ser un apocalipsis, pero tan pequeñito...

******************* Sección "bilingüe" ***********************

El doble discurso independentista sobre la exclusión del castellano en la escuela

Las alegaciones del Parlament ante el Tribunal Constitucional, que defienden el español como idioma docente, chocan con el rechazo del Govern a incluirlo en los proyectos lingüísticos

MARÍA JESÚS CAÑIZARES. cronica global. 7 Noviembre 2022

La lucha judicial por la normalización del castellano en las escuelas catalanas continúa. El Tribunal Constitucional (TC) es el escenario donde las familias y la Generalitat libran ahora su batalla tras el recurso presentado por PP y Ciudadanos contra las nuevas leyes lingüísticas que intentan soslayar el 25% de horario lectivo en español ordenado por el Tribunal Supremo. El Parlament acaba de presentar sus alegaciones, con argumentos que difieren mucho de las declaraciones políticas. Mientras la Cámara catalana asegura que esas normas no excluyen el castellano como lengua docente y vehicular, el Govern envía instrucciones a los colegios que tienen el castellano en esa condición.

“El documento del Parlament hace decir a las normas lo que no dicen”, asegura José Domingo, presidente de Impulso Ciudadano y miembro de la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB), entidades que proporcionan asesoramiento legal a las familias que se han visto obligadas a acudir a los tribunales para que sus hijos aprendan en castellano en las aulas.

Domingo se refiere al Decreto ley 6/2022, por el que se fijan los criterios aplicables a la elaboración, la aprobación, la validación y la revisión de los proyectos lingüísticos de los centros educativos, y la Ley 8/2022 sobre el uso y el aprendizaje de las lenguas oficiales en la enseñanza no universitaria. En la primera norma, se rechazan expresamente las cuotas judiciales, mientras que en la ley –aprobada en el Parlament con el apoyo de ERC, Junts per Catalunya, En Comú Podem y PSC— se hace referencia al castellano como lengua curricular.

Cambray, contra el castellano

En las alegaciones de la Cámara catalana, elaboradas por el letrado Antoni Bayona, “se asegura que ni el decreto ni la ley excluyen al castellano como lengua docente y vehicular a pesar de que el Departamento de Educación en las instrucciones correspondientes al curso 2022-23 no contempla esa condición para el español”.

En efecto, el consejero Josep Gonzàlez-Cambray obvió en sus orientaciones para el nuevo curso escolar cualquier referencia a esa nueva regulación en lo que respecta a los proyectos lingüísticos de cada centro. Es más, a finales de julio informó a los colegios de que el catalán debe ser la única lengua de uso habitual en todos los espacios de la escuela.

“En definitiva, el Parlament hace una interpretación de las normas que son pura fantasía. Elude el carácter discriminatorio y centra la cohesión social en torno al catalán, olvidando que en una sociedad bilingüe la escolarización debe hacerse en los dos idiomas, pero de verdad, no a través de artificios jurídicos que luego no se concretan en el día a día de los centros educativos”, denuncia el presidente de Impulso Ciudadano.

“Desde luego –añade--, el lenguaje del recurso no es equiparable a las declaraciones y a las intenciones de los políticos catalanes que sostienen inconstitucionalmente que el catalán es la única lengua vehicular”.

Recurso y cuestión de inconstitucionalidad

El recurso que tramita el TC contra las normas, unido a la cuestión de inconstitucionalidad planteada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que dejó en suspenso la aplicación de la sentencia sobre el 25% de castellano, permitió al Govern suspender el aumento de clases en castellano en las aulas, contradiciendo así la voluntad de conjunción lingüística que expresa la Cámara catalana en su escrito [se puede leer en este enlace].

“Es importante destacar”, afirma, que la redacción de la ley “reconoce al castellano como lengua de aprendizaje del sistema educativo, junto con el catalán. Esta lectura se desprende de la redacción del precepto (apartado 1 del artículo 2) porque, después de afirmar que el catalán es la lengua vehicular normalmente utilizada, hace referencia acto seguido al ‘empleo’ del castellano que, en el contexto del precepto, permite entender perfectamente que ese ‘empleo’ del castellano se refiere a su uso como lengua de educación”.

Concluye que, de las normas lingüísticas, “se desprende la confirmación del modelo de conjunción lingüística en el que se reconoce al catalán como centro de gravedad y lengua vehicular y de aprendizaje normalmente utilizada en el sistema educativo (artículos 35.1 del Estatut y 11.1 de la Ley de educación), pero sin que ello excluya que el castellano también tenga la condición de lengua docente”.

El recurso de las familias

Las familias que defienden los derechos lingüísticos de sus hijos no podrán personarse en el recurso de inconstitucionalidad, donde se dará voz al Gobierno, la Generalitat y el Parlament. Pero sí lo harán en la cuestión de inconstitucionalidad planteada por el TSJC. Domingo a este medio avanza algunas de sus argumentaciones. “La doctrina constitucional consolidada es clara y la ley catalana se aparta de ella. La norma es inconstitucional por contravenir el art. 3 de la Constitución en relación con el art. 27 al no recoger la necesaria vehicularidad del castellano en el sistema educativo. El catalán aparece como lengua vehicular y de aprendizaje 'como lengua propia de Cataluña' mientras que el castellano no se adjetiva y solamente se indica que se empleará en los términos que fijen los proyectos lingüísticos de cada centro”.

Precisa que el Estatuto de Autonomía de Cataluña, “al no ocuparse de la posición del castellano en la educación tampoco priva a esta lengua de su condición de lengua vehicular y de aprendizaje; pero el art. 2 de la Ley 8/2022 sí que se ocupa del castellano como lengua en la educación, dotándolo de una posición que se diferencia de manera esencial de la que ocupa el catalán”.

Lengua propia

Insiste en los equívocos a los que conduce la expresión “lengua propia”, pero, a su juicio, “basta con llamar la atención sobre la prohibición expresa, que se deriva de la doctrina constitucional, de que de ese carácter de lengua propia se derive ninguna preferencia de una lengua oficial sobre la otra”.

Respecto al decreto, en el que se rechazan las cuotas judiciales, Domingo asegura que "su finalidad es evitar la eficacia de la sentencia de 16 de diciembre de 2020 y el mantenimiento de la inconstitucional exclusión del castellano como lengua vehicular y de aprendizaje que practica desde hace años el sistema educativo catalán. Obviamente, ninguno de estos fines es constitucionalmente legítimo. Nos encontramos ante un poder público que obligado a cumplir una sentencia judicial opta por desobedecerla e intenta dar cobertura a dicho incumplimiento mediante el ejercicio de la potestad legislativa no de acuerdo con ningún fin legítimo, sino para perpetuar la vulneración de derechos reconocidos constitucionalmente".

La UE y el Defensor del Pueblo

En paralelo al proceso judicial, la defensa del bilingüismo ha llegado a las instituciones europeas y al Defensor del Pueblo, que han dado sendos balones de oxígeno a esta causa. Por un lado, la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo (PETI) ha decidido enviar una misión a Cataluña para analizar la situación de la enseñanza del castellano en las escuelas catalanas. Por otro lado, el Defensor del Pueblo ha exigido explicaciones al Govern por el acoso a familias que piden castellano y ha solicitado un informe sobre las políticas lingüísticas en las diferentes etapas educativas.

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