Recortes de Prensa Martes 15 Noviembre 2022
Zelenski asegura que "es el momento" de parar la guerra mientras el ejército ucraniano avanza hacia Mykolaiv
El Confidencial. 15 Noviembre 2022
El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha asegurado que "está convencido" de que "es el momento en el que la destructiva guerra de Rusia debe y puede ser parada", en una intervención por videoconferencia en la cumbre de líderes del G-20. El dirigente, que había sido invitado a participar en persona -pese a no ser Ucrania miembro-, ha intervenido finalmente por videoconferencia al inicio de la cumbre, en la que la guerra de Ucrania acapara gran parte de la atención. "No permitiremos a Rusia que tome un respiro, reconstruya sus fuerzas y luego comience un nuevo episodio de terror y desestabilización", ha señalado.
Mientras tanto, el ejército de Kiev prosigue su ofensiva para reconquistar zonas del sur del país ocupadas por los rusos en la región de Mykolaiv, donde han recuperado casi 50 asentamientos en los que no hay suministro de agua ni electricidad ni sistemas de comunicación. Además, la Asamblea General de la ONU ha aprobado este lunes una resolución que dice que Rusia debe "rendir cuentas por todas las violaciones del derecho internacional en Ucrania".
Las claves del momento:
El Ejército de Kiev prosigue su ofensiva en Mykolaiv
Los Veintisiete lanzan una misión de entrenamiento en Kiev
Modi pide paz en Ucrania por los pobres que no pueden pagar una guerra
Zelenski asegura que "es el momento" en el que la guerra "debe y puede parar"
El OIEA inspeccionará cuatro centrales nucleares a petición de Kiev
La ONU considera que Moscú debe "rendir cuentas" por los daños durante el conflicto
Hace 6 minutos 09:42
El Ejército ucraniano prosigue su ofensiva en Mykolaiv
El Ejército ucraniano prosigue su ofensiva para reconquistar zonas del sur del país ocupadas por los rusos y ha logrado recuperar casi 50 asentamientos en la región de Mykolaiv, vecina de la sureña Jersón, cuya capital también controla Kiev.
"Ya podemos decir que se trata de 48 asentamientos que estaban bajo ocupación, ahora estamos entregando ayuda humanitaria allí a pleno rendimiento", ha afirmado el jefe de la Administración Militar Regional de Mykolaiv, Vitaly Kim.
El responsable militar también dijo que no hay suministro de agua ni electricidad ni sistemas de comunicación en las zonas recuperadas.
Hace 29 minutos 09:20
Rishi Sunak pise a Moscú que "ponga fin a la bárbara guerra"
El primer ministro de Reino Unido ha reclamado a Rusia que "ponga fin a la bárbara guerra" en Ucrania y que retire las tropas desplegadas en el país.
"Es notable que Putin no se sintiera capaz de unirse a nosotros aquí", ha dicho durante su discurso en la cumbre del G20 en Bali, en la que el presidente ruso no está presente. "Quizá si hubiera venido podríamos haber solucionado algo", ha agregado.
Además, ha reseñado que los países "no deben atacar infraestructura civil y a población civil y no deben amenazar con una escalada nuclear".
Hace 1 horas 14 minutos 08:35
Los Veintisiete lanzan una misión de entrenamiento en Kiev
Los ministros de defensa de la Unión Europea lanzarán hoy, martes, una misión de entrenamiento al Ejército de Ucrania, donde participarán hasta 20 Estados miembros, y tiene el objetivo de adiestrar a 15.000 reclutas ucranianos para que luchen en la guerra contra Rusia.
La misión se aprobó el pasado mes de octubre para realizar la actividad en dos sedes: Polonia y Alemania. Contará con un presupuesto de 107 millones de euros, aparte de otros 16 millones para municiones y material propio de la operación.
Hace 1 horas 18 minutos 08:30
España resalta el diálogo por la paz en el G20 ante la "irrealidad" de Rusia
España considera que la cumbre de líderes del G20 está evidenciando el diálogo de la comunidad internacional en favor de la paz frente a la "irrealidad" de Rusia para justificar la invasión de Ucrania.
El ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albares, dijo que "lo más positivo de la sesión es el diálogo que se ha establecido aunque con la discordante de la intervención de la delegación rusa, que ha planteado un escenario que no casa con la realidad".
"Hoy nuevamente estamos llamados a mostrar algo de luz en medio de la tormenta. Estamos a la altura de las expectativas", reclamó.
Hace 1 horas 27 minutos 08:22
Nerendra Modi pide paz en Ucrania por los pobres que no pueden pagar una guerra
El primer ministro de la India instó este martes a los líderes del G20 a conseguir cuanto antes un camino para el cese al fuego en Ucrania para así poner fin a los estragos causados en el mundo, que afectan especialmente a las poblaciones con menos privilegios, sin recursos para asumir los costos de una guerra.
"Las cadenas de suministro globales están en ruinas. Hay una crisis de lo esencial, de los bienes de primera necesidad en todo el mundo. El desafío para los ciudadanos pobres de todos los países es más severo", dijo Modi en su intervención.
Hace 2 horas 15 minutos 07:34
Zelenski: "Es el momento en el que la guerra debe y puede ser parada"
En su intervención en la cumbre de líderes del G-20, el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, aseguró hoy que "está convencido" de que "es el momento en el que la destructiva guerra de Rusia debe y puede ser parada".
"No permitiremos a Rusia que tome un respiro, reconstruya sus fuerzas y luego comience un nuevo episodio de terror y desestabilización", dijo Zelenski a los líderes del G20, según la transcripción de su discurso, realizado a puerta cerrada.
Zelenski realizó la intervención tras regresar de Jersón, donde desde este sábado las fuerzas ucranianas recuperaron el control de más de 60 asentamientos en dicha región tras la retirada del Ejército ruso.
El Principio de Hanlon
EDITORIAL gaceta. 15 Noviembre 2022
El anuncio de la derogación del delito de sedición y la mascullada rebaja del delito de malversación, han instalado a España en el reino del caos y la barahúnda. El Gobierno balbucea explicaciones que no aguantan un asalto y el principal partido de la oposición se refugia en la centralidad para no presentar una moción de censura que estropee su táctica de laissez faire, laissez passer que por inercia lo acabe llevando a La Moncloa (solo, a ser posible).
Por fortuna para las dos formaciones de lo establecido, un tropel de analistas y tertulianos se han sentido impelidos a encargarse de darle sentido a lo insensato y nos han contado a los españoles que todavía los escuchan —sus madres a la hora de comer—, que el presidente Sánchez tiene un plan para solucionar el enquistado problema territorial de España. Un proyecto de calculadas concesiones legislativas a los nacionalistas para desactivar el discurso del Estado opresor —que triunfó en Europa gracias a la desidia del Gobierno de Rajoy— y avanzar hacia la prosti… perdón, constitución de un nuevo Estado Federal plurinacional iuspositivista que será patrimonializado por la izquierda.
Este análisis estimable parte, sin embargo, de un error fatal. Presupone que el socialismo sanchista, heredero del zapaterismo, que a su vez es nieto del frentepopulismo republicano, es inteligente.
Hay una regla poco conocida, el Principio de Hanlon, esencial para comprender cómo hemos llegado hasta aquí y por qué los sediciosos lo volverán a hacer y les saldrá barato y hasta puede que lo consigan. Este principio político ordena que «nunca atribuyas a la maldad lo que se puede explicar con la estupidez».
Sin duda, ha sido la estupidez de los partidos del consenso, y no su maldad, aunque los socialistas se sumerjan con frecuencia en ella, lo que ha alimentado durante los últimos cuarenta años a aquella minúscula lagartija secesionista que correteaba por los muros de la Transición hasta convertirla en una suerte de Godzilla voraz e insaciable.
Año tras año, legislatura a legislatura, sin ayunos intermitentes, el bipartidismo ha alimentado a un monstruo de corrupción y le ha permitido hacer país en la idea estulta de que, algún día, la bestia quedaría satisfecha y se retiraría a dormir el sueño de una pesada digestión de concesiones y transferencias. Sabemos que eso no ha sido así. Y si lo sabemos a ciencia cierta, sólo el Principio de Hanlon explica que unos, los socialistas indultadores, se empecinen en debilitar al Estado, y que los otros, los populares diletantes, se obstinen en no dar batalla alguna cuando están en la oposición (y poco, mal y casi nunca cuando están en el Gobierno).
Dicen que entre un tonto y un malvado, es preferible el segundo porque el primero lo es todo el tiempo. Quod erat demonstrandum. Sin duda, llevamos muchos años de retraso en la necesidad de dejar de hacer el canelo. Si lo que dicen que quieren es que nos homologuemos a Europa, hagámoslo. Ilegalicemos los partidos sediciosos igual que son ilegales en todos los grandes países europeos. Elevemos a la europea las penas de sedición y rebelión. Reformemos el sistema electoral para, igual que ocurre en Europa, la sede de la soberanía nacional pertenezca sólo a los partidos nacionales. Y, por supuesto, devolvamos con urgencia a los españoles el derecho a estudiar, vivir y trabajar en su lengua materna que, por cierto, es la lengua materna mayoritaria también en Cataluña.
Desterremos el Principio de Hanlon y actuemos, para variar, con inteligencia, responsabilidad, y sentido de (la supervivencia del) Estado. Démosle una oportunidad a España. A ver qué tal.
Peor no nos podría ir.
Bruselas lanza el primer aviso a España: recuerda a Sánchez que duplica el límite de deuda pública
Carlos Cuesta. libertad digital. 15 Noviembre 2022
La Comisión Europea ha lanzado una comunicación para explicar el grado de aplicación de las normas de control del gasto público. Y España se ha encontrado en ese texto con un primer aviso expreso. El documento no duda en recordar a los países más endeudados y con mayor déficit, que la crisis energética y el coronavirus no alteran las exigencias a medio y largo plazo. Y España acaba de superar los 82.000 millones de déficit en 2021 y roza el 120% de deuda sobre PIB, vulnerando todos los parámetros del Tratado de Maastricht.
El documento de Bruselas recuerda que "las finanzas públicas sólidas que responden de manera coordinada a los desafíos que prevalecen y que ayudan a lograr las prioridades comunes de la UE se han vuelto cada vez más importantes ante las crisis recientes y actuales". Explica que esta "comunicación responde a la necesidad de un marco reformado que sea apto para los desafíos de esta década" y que "un acuerdo rápido sobre la revisión del marco de gobernanza económica de la UE proporcionaría más pruebas de la solidez institucional de la zona del euro, que se centra en las finanzas públicas sostenibles y en la prevención y el tratamiento de los desequilibrios macroeconómicos en todos los Estados miembros y en la UE y en la zona del euro en su conjunto".
Tras esas primeras aclaraciones, la UE subraya que "el funcionamiento de normas fiscales creíbles y de la vigilancia de los riesgos para la estabilidad macrofinanciera también ayudarán al Banco Central Europeo a alcanzar sus objetivos, sobre todo cuando se enfrenta al desafío de cumplir con su mandato de mantener la estabilidad de precios evitando al mismo tiempo la fragmentación financiera en la zona del euro".
Y justo ese es uno de los puntos débiles de la política económica de Pedro Sánchez. "Llegar a un acuerdo sobre el futuro del marco de gobernanza económica es una prioridad apremiante", asegura Bruselas.
Pero lo cierto es que la UE no ha dejado de establecer vías de escapatoria a las exigencias económicas inicialmente definidas en el nacimiento del euro y consagradas en el Tratado de Maastricht. Puertas que se han regulado con el fin de suavizar los controles durante la pandemia y la crisis energética, pero que están elevando el descontrol estructural de la política fiscal de países como España.
Por eso Bruselas aclara que "la extensión de la cláusula de escape general hasta el año 2024 proporciona a los Estados miembros la flexibilidad necesaria para reaccionar de forma rápida y efectiva a las consecuencias de la invasión rusa de Ucrania y a la situación económica actual", pero, al mismo tiempo, los Estados miembros y la Comisión pueden llegar a un "consenso sobre la reforma del marco de gobernanza económica antes de los procesos presupuestarios de los Estados miembros para 2024".
¿Y cuál es la postura de la Comisión a este respecto? Pues la de recomendar el mantenimiento de las normas de control: "¿Recomienda la Comisión algún cambio legal en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento y/o cambios en el Tratado, es decir, el 3% del déficit del PIB y el 60% de los valores de referencia de la deuda del PIB?", pregunta Bruselas. Y la respuesta es clara: "En opinión de la Comisión, una reforma exhaustiva del marco de gobernanza económica de la UE requerirá cambios legislativos, pero no serán necesarios cambios en el Tratado". Traducido: las exigencias de deuda y déficit públicos es conveniente que se mantengan. Y ambos parámetros son vulnerados en estos momentos por España.
"La Comisión abrió un importante debate sobre el futuro del marco de gobernanza económica hace casi un año. Desde entonces, se ha llevado a cabo un debate público abierto y rico, con contribuciones de ciudadanos, instituciones de la UE, gobiernos nacionales y una serie de otras partes interesadas. La Comisión también ha participado en interesantes discusiones técnicas con los Estados miembros", afirma Bruselas.
Bruselas añade una explicación final: "En las circunstancias actuales de altos niveles de deuda después de la covid-19, el actual punto de referencia de reducción de la deuda (la llamada regla 1/20) implica un ajuste fiscal demasiado exigente, procíclico y adelantado. Esto tendría un impacto muy negativo en el crecimiento y, por lo tanto, en la sostenibilidad de la deuda en sí".
Pero, eso sí, es necesario "adherirse a un marco de la UE transparente y común coherente con los valores de referencia del 3% del PIB [en déficit público] y del 60% del PIB [en deuda pública] del Tratado". Y por ello, "los planes nacionales a medio plazo de los Estados miembros con problemas de deuda alta y mediana deben garantizar una vía sostenible de reducción de la deuda a través de una consolidación gradual, junto con reformas e inversiones. Los Estados miembros deben presentar planes estructurales fiscales a medio plazo que garanticen que la deuda entra en una senda sostenible al final del período de ajuste, que será de cuatro años por regla general", concluye.
Una amnistía encubierta para golpistas y socialistas corruptos
OKDIARIO. 15 Noviembre 2022
En España hay, a día de hoy, al menos 526 condenados por malversación, pero el Gobierno, después de derogar el delito de sedición, va a reformar también a toda prisa este delito de corrupción para servir a los intereses del golpista Oriol Junqueras y del delincuente socialista José Antonio Griñán. No hay otra: como la supresión del delito de sedición no permite por sí sola que Oriol Junqueras y el resto de golpistas volvieran a la política, al mantenerse la inhabilitación para cargo público derivada del delito de malversación por el que también fueron condenados, Pedro Sánchez reformará este tipo delictivo a la carta de los golpistas catalanes. Y de paso, beneficiará al socialista Griñán, condenado a seis años de cárcel por malversación por el fraude multimillonario de los ERE. La intención del Ejecutivo, en este caso, es que el ex presidente de la Junta de Andalucía vea rebajada su condena y evite así la entrada en la cárcel. El argumento que barajará Pedro Sánchez es que ni golpistas ni Griñán se enriquecieron ilícitamente, de modo que la reforma del delito de malversación establecerá diferencias entre los que se lucraron personalmente y los que idearon un plan ílícito para que se beneficiaran económicamente otros. Esa será la excusa.
La decisión está tomada ante las dificultades que pondría la Fiscalía del Supremo de aceptar que la derogación del delito de sedición dejara también sin efecto el delito de malversación por el que fueron condenados los sediciosos catalanes. Como informó OKDIARIO, la Fiscalía de esta institución tiene muy claro que Junqueras y compañía seguirían estando inhabilitados por malversación, de modo que Sánchez ya sabe que, o reforma también la pena de malversación, o los golpistas que le mantienen en La Moncloa romperían la baraja. Romper la rebaja significa que Sánchez quedaría en minoría en la recta final de la legislatura, algo que el presidente no está dispuesto a asumir bajo ninguna circunstancia. Ha pensado que antes de eso es mejor una amnistía encubierta para golpistas y socialistas corruptos: de Oriol Junqueras a José Antonio Griñán. Todo por la causa sanchista.
No hay que explicar lo que todo el mundo sabe
Editorial La Razón. 15 Noviembre 2022
Los asesores electorales de La Moncloa parten de un error de fondo a la hora de elaborar un argumento político que justifique la anunciada reforma del Código de Penal ante la opinión pública, porque no es necesario explicar lo que todo el mundo sabe, que el Gobierno, urgido por sus socios nacionalistas a la hora de aprobar los Presupuestos Generales del Estado, que son la llave de la legislatura, va a dejar expedito el camino para que los autores de la intentona golpista en Cataluña puedan reincorporarse lo antes posible a la vida política.
Si para ello es necesario ampliar la reforma al delito de malversación, que inhabilita para el ejercicio de los cargos públicos, pues se hace, procurando, eso sí, acelerar el calendario legislativo, de manera que no coincida con el inmediato proceso electoral. Más allá de las consideraciones jurídicas, incluso, morales, que puedan hacerse sobre el hecho de que el Ejecutivo de un país democrático se embarque en una especie de «derecho de autor» para cubrir las limitaciones de su minoría parlamentaria, lo cierto es que el coste político de tal actuación no va a ser fácilmente enjugable, más cuando se opera sobre un asunto ideológicamente trasversal para el conjunto de los ciudadanos como es la soberanía nacional y el concepto de la unidad de la Nación.
De ahí que aunque nos parezcan muy loables los esfuerzos de los ideólogos socialistas para darle la vuelta a lo evidente, debamos recordar que, a la postre, los empeños inútiles conducen a la melancolía. Por supuesto, con ello no queremos negar que existe una base de votantes socialistas y comunistas a quienes las condiciones del acuerdo con los nacionalistas les parecen aceptables o, simplemente, consideran que es un precio lógico a pagar si el Gobierno de coalición pretende agotar la legislatura, pero, con todo, serán pocos los que se dejen seducir por el argumentario gubernamental. Entre otras razones, porque cuando hablamos del delito de malversación, con los matices que se quieran, tratamos de uno de los comportamientos delincuenciales más íntimamente ligado a la corrupción política, que suscitan el general rechazo de la opinión pública.
No hay «relato» que pueda justificar la impunidad, menos la sobrevenida, de quienes han empleado para fines espurios el dinero público, obtenido de los impuestos que pagan los ciudadanos, ya sea para beneficio personal, para sostener políticas de clientelismo partidista o, como es el caso, para costear los gastos de un proceso contra la Constitución y el mismo estado de Derecho. Con un problema añadido, que las justificaciones gubernamentales para legitimar lo que no es más que una cesión por meros motivos coyunturales puede trasladar a la ciudadanía que la apropiación de los fondos públicos, la corrupción, en suma, puede ser tolerada en algunas circunstancias y según quiénes sean sus autores.
La falacia de la concordia
Cristina Losada. libertad digital. 15 Noviembre 2022
"Sólo el necio cree que es sabio, mientras que el sabio sabe que es un necio", dice el bufón Touchstone en la comedia Como gustéis, de Shakespeare. En la mala comedia que se ha armado para derogar el delito de sedición y rebajar el golpe separatista a la insignificancia de unos desórdenes públicos, hay mucha necedad que se quiere hacer pasar por alta política. No es posible encontrar entre las justificaciones que esgrimen los dirigentes socialistas una sola que sea cierta, empezando por la más recurrente, la de una homologación a una supuesta norma europea. Pero la más ambiciosa de las justificaciones no es la que apela a lo jurídico, sino a lo político. Es la que dice que al derogar el delito se da un paso hacia la concordia en Cataluña.
Claro. Ante un propósito tan excelso como la concordia, no cabría otra que inclinarse respetuosamente y aceptar el maquiavelismo de andar por casa de que un buen fin justifica que haya que hacer, de vez en cuando, cosas malas. O incómodas. O tan irregulares como quitar del Código Penal un delito para favorecer a los condenados y a los encausados por ese delito y hacerlo por la vía rápida para esquivar los controles. Pero todo lo irregular y lo ignominioso quedaría cancelado por la bondad del fin último que se persigue: la bendita concordia. La concordia es la maravilla que justifica que el camino tenga alguna pequeña suciedad. No se contentan con inventarse homologaciones a Europa. Tienen que inventarse que hacen política con mayúscula y negar que el triunfo que se entrega al separatismo sea el precio circunstancial de un puñado de votos.
La apelación a la concordia se podría tomar en serio, a lo mejor, si hubiera habido alguna concesión del lado independentista. Porque la concordia no es ni puede ser cosa de uno. Implica acuerdo y cesiones de las partes. Pero el separatismo no ha cedido en nada. Ninguno de los partidos separatistas se ha comprometido a respetar principios de convivencia básicos. Ninguno se ha comprometido, no ya a renunciar al independentismo, que esa es otra discusión, sino a transitar por la vía de la reforma constitucional y no por la ilegal del golpe. Únicamente con un compromiso así se podría decir que ha renunciado a la vía unilateral. Pero no ha ocurrido. Es más, no ha ocurrido nada remotamente parecido. Sólo cede y cede y cede una parte. Todas las cesiones las ha hecho el Gobierno de Sánchez frente a un separatismo al que le basta, para obtenerlas, con mantenerse en una pausa táctica. Una pausa que les está resultando muy fructífera, porque el Gobierno no hace más que darles la razón en todo, y desautorizar la reacción y la respuesta del Estado y la ciudadanía al golpe de 2017.
Hace poco, en el 40 aniversario de la primera victoria electoral del PSOE, se volvió a hablar de Felipe González y hubo valoraciones de todo tipo. Nadie dijo que fuera un necio. Un necio en política. Pudo hacer necedades, pero fue un político lo suficientemente hábil como para conseguir que otros hicieran lo que él quería. Los actuales dirigentes del partido son un caso: no consiguen que el separatismo haga lo que ellos quieren, sino que hacen todo lo que quiere el separatismo. Los están exprimiendo como a un limón. Los engañan como a niños y están encantados de engañarse. Frente al nacionalismo catalán, estos socialistas se licúan. Los independentistas no son unos genios, aunque se lo crean, pero al lado de los socialistas lo parecen. Qué decadencia.
En la calle y en las urnas
CAYETANO GONZÁLEZ. libertad digital.
15 Noviembre 2022
La última fechoría cometida por el Presidente del Gobierno —la modificación del Código Penal para rebajar las penas por el delito de sedición— unidas a todas las anteriores merecen una respuesta ciudadana contundente por este orden: primero en la calle, dentro de seis meses en las elecciones municipales y autonómicas y dentro de un año, en las generales.
En el 2004, recién llegado a la Moncloa, Zapatero puso en marcha un proceso de negociación política con ETA y fue entonces la sociedad civil, liderada por la Asociación de Víctimas del Terrorismo presidida por Francisco José Alcaraz, la que impulsó lo que vino en llamarse la rebelión cívica de las víctimas, que se concretó en ocho grandes manifestaciones en Madrid —cada cual más numerosa— bajo el lema "en mi nombre NO". Es verdad que esa gran respuesta social tuvo el apoyo del PP de Rajoy, sobre todo de su secretario general Ángel Acebes, y de algunos, no muchos, medios de comunicación, muy especialmente los de esta casa.
Aquella gran movilización social en torno a las víctimas no consiguió parar la negociación política de Zapatero con la banda terrorista, pero si sirvió para mostrar el músculo y la fortaleza moral de muchos ciudadanos que agradecieron la posibilidad de salir a la calle para mostrar, por un lado, su total rechazo a la negociación y, por otro, para dar su apoyo a quienes habían sufrido directamente los embates del terrorismo etarra.
Dieciocho años después, nos encontramos con una situación diferente a aquella, pero me atrevería decir que de más gravedad. Lo que está en juego con este nefasto y mentiroso Presidente es España misma, su unidad, su sistema constitucional, la igualdad ante la ley y tantas cosas más que requieren una reacción social nítida y contundente, porque en caso de no haberla —e incluso habiéndola— Sánchez seguirá con su proceso de entrega y sumisión a los golpistas catalanes, a los herederos políticos de ETA y a lo que haga falta. Y en el fondo, por su afán enfermizo de permanencia en el poder al coste que sea. Y este ya está siendo muy alto para España y para los españoles.
El problema en el momento presente es quién lidera, quién impulsa esa necesaria y urgente movilización social. Los partidos políticos constitucionalistas, es decir el PP y VOX, porque Ciudadanos es desde hace tiempo un cadáver ambulante, van cada uno por su cuenta. ¿Habrán hablado Feijóo y Abascal en estas últimas horas tan dramáticas para los intereses de España? Me gustaría mucho equivocarme, pero me temo que la respuesta es no.
Si al final la gran reacción y movilización social que se necesita ante el último destrozo de Sánchez es que el PP convoca un acto, VOX una manifestación, asociaciones o plataformas cívicas constitucionalistas concentraciones varias, el resultado es que las risas se oirán a lo largo y ancho de todo el Palacio de la Moncloa, donde son conscientes de esa fractura, de esa falta de unidad de acción que desgraciadamente a día de hoy existe en el centro derecha.
La segunda opción es concentrar todos los esfuerzos en castigarle en las urnas dentro de seis meses, en las municipales y autonómicas. Tengo para mi que no le importará mucho si en esas elecciones se produce una debacle de sus candidatos. Al mes siguiente, el uno de julio de 2023 comenzará la presidencia de España de la Unión Europea que se prolongará durante seis meses, y para el inquilino de la Moncloa ese es un plato tan apetitoso que no le compensa estar preocupado por el futuro de Page o Lambán, personajes que por otra parte lo único que se merecen por su absoluta falta de coherencia entre lo que dicen y lo que luego no hacen, es recibir un gran castigo en las urnas en Castilla la Mancha y en Aragón.
Y luego vendrán las generales, a finales del 2023. ¿Cómo llegará a ellas el centro derecha? ¿Es tan difícil ver que lo que toca ahora es aparcar cualquier interés personal o partidista y pensar de verdad que el objetivo fundamental es echar democráticamente a Sánchez de la Presidencia del Gobierno, antes de que consuma el destrozo de España y del sistema de convivencia del que nos dotamos en 1978 con la Constitución?
Armonización
IVÁN VÉLEZ. gaceta. 15 Noviembre 2022
El martes 21 de mayo de 2019, al finalizar la sesión constitutiva de las Cortes Generales, al pasar al lado del escaño de Pedro Sánchez, después de votar, Oriol Junqueras, diputado electo en prisión preventiva, apretó la mano de quien esta misma semana, con la comodidad que suele ofrecerle una entrevista en La Sexta, anunció la transformación del delito de sedición en uno de desórdenes públicos agravados. Según quienes fueron testigos de la breve conversación mantenida mientras las manos se estrechaban, el golpista dijo a Sánchez, «tenemos que hablar», a lo que el exconsejero de la Asamblea General de Caja Madrid respondió: «No te preocupes». Apenas dos años y medio después, tras su paso por la cárcel y su extracción mediante un indulto, Junqueras ve despejado su futuro como candidato a la Generalidad. Cinco años después de que se produjera el golpe de Estado, que la pluma judicial convirtió en «ensoñación», las condiciones para que este se vuelva a dar están dadas.
Antes de que las calles vuelvan a ser escenario de nuevos desórdenes, los secesionistas aumentarán la presión sobre el embuste que habita en La Moncloa, solicitando una consulta que, de celebrarse, supondría el reconocimiento de la soberanía de Cataluña, cuestión esta, que muchos, con su entendimiento nublado por el fundamentalismo democrático, no acaban de entender.
Mientras los lazos que unen al PSOE y a ERC se estrechan aún más, relegando al huido Puigdemont y garantizando una peculiar estabilidad, el aparato propagandístico socialista ha justificado su giro legislativo apelando a argumentos muy caros para los piadosos y sectarios oídos de su fiel electorado. Con esta decisión, España se europeizaría, dejando atrás una antigualla legal decimonónica. Sesudos analistas, conocedores de su clientela, han aconsejado precipitar los acontecimientos en la confianza de que la amnesia y el sectarismo hagan su trabajo y afecten lo mínimo al partido de Sánchez en las próximas elecciones municipales y autonómicas. Ante los posibles daños que esta decisión pueda causarles en sus regiones, algunos barones han llorado por las esquinas. Enjugadas las lágrimas, nada harán contra lo dispuesto por Sánchez, sabedores de lo poco fotogénico que resulta el movimiento en Ferraz.
Prietas las filas, con la acorazada de palmeros habituales ya movilizada en las televisiones amigas, el PSOE, que presume de tener casi siglo y medio de historia, transmitirá a los suyos la idea de que con esta decisión nos acercamos a la tan ansiada armonización legislativa con Europa, desactivando un delito que tenía ya ¡doscientos años!, los mismos que tiene la prerrogativa del indulto con que el presidente agració, repare el lector en este término, a los Junqueras y compañía. De otras armonizaciones, como la de prohibir, tal y como ocurre en muchos lugares de la sublime Europa, la existencia de partidos programáticamente secesionistas, no parece que quieran tratar las huestes sanchistas, acostumbradas, como están, a las discordancias de un doctor al que han ligado su futuro, al precio de mercadear con la nación española.
Tibia
respuesta de Feijóo a la traición de Sánchez
EDITORIAL.
libertad digital. 15 Noviembre 2022
Se esperaban con justificada expectación las conclusiones del Comité Ejecutivo del Partido Popular que, como cada lunes, se reunió ayer en la sede nacional de Génova con las concesiones de Sánchez a sus socios independentistas como tema central de actualidad. A la supresión del delito de sedición para convertirlo en una figura menor, tanto en calificación jurídica como en consecuencias penales, el Ejecutivo socialcomunista añade ahora la reforma anunciada del delito de malversación, el otro impedimento para que los golpistas fugados de la Justicia puedan volver a España a seguir operando dentro de las instituciones democráticas.
La gravedad de lo que está perpetrando Sánchez es de tal calado que exige una respuesta del principal partido de la oposición de extraordinaria contundencia si quiere convertirse en una alternativa real a ojos de los ciudadanos y de la comunidad internacional. Respecto a lo segundo, no podemos olvidar que los golpistas condenados tienen planteados recursos ante el Tribunal de Estrasburgo solicitando una rebaja sensible de las penas que les fueron impuestas. Pues bien, ahora España les da la razón al retirar del Código Penal uno de los delitos por los que fueron sentenciados y modificar a la baja el de malversación, incluido también en las sentencias de todos ellos. No hay que ser muy sagaz para intuir por donde van a ir las sentencias del tribunal de la UE si el propio país que condena a unos golpistas les da después la razón como está haciendo Sánchez con Junqueras, Puigdemont y el resto de la banda separatista.
Pero Núñez Feijóo no parece apreciar ningún elemento de gravedad que lo obligue a adoptar medidas tajantes. Según afirmó al término de la reunión de la cúpula de su partido, su reacción se va a limitar a presentar "propuestas" en el Congreso y en los parlamentos autonómicos para "mantener el delito de sedición en el Código Penal y tipificar de nuevo como delito el referéndum ilegal". Es decir, lo que va a hacer el PP es proponer la adopción de declaraciones en los parlamentos, una fórmula que carece de toda virtualidad, salvo la de obligar a los partidos —especialmente al PSOE— a manifestarse al respecto.
Pero lo que se juega aquí no es si las franquicias territoriales de la izquierda aprueban o no lo que hace Sánchez desde el Gobierno. Eso es pura dialéctica sin efectos jurídicos que solo tiene utilidad en términos electorales. De lo que se trata, en estos momentos, es de dar cauce al profundo escándalo ciudadano ante esta última canallada del sanchismo, que está demoliendo nuestro sistema constitucional con una política de tierra quemada cuyos efectos trascenderán, sin duda alguna, la presente legislatura. Y en eso, Feijóo, ni está ni se le espera.
Cómo echar a Sánchez
Gorka Maneiro. vozpopuli. 15 Noviembre
2022
Basta con recordar los cadáveres políticos que Pedro Sánchez ha dejado en la cuneta (Albert Rivera, Pablo Iglesias o Pablo Casado, entre otros) para caer en la cuenta de la capacidad de resistencia y de supervivencia del personaje en cuestión y de lo dificultoso que es y será apearlo de la Moncloa, por mucho que nos echemos las manos a la cabeza al recordar los desmanes cometidos durante sus años en el gobierno. Pedro Sánchez cuenta al menos con tres factores que lo ayudarán a seguir siendo el presidente del Gobierno de España: primero, ausencia de principios políticos y morales, lo que le permite decidir esto o su contrario en función de lo que le interese en cada momento e independientemente de lo que haya prometido o dicho antes; segundo, poderosas terminales mediáticas que lo apoyan; y tercero, una hinchada socialista convertida en coro de correligionarios dispuesta a defenderlo haga lo que haga y caiga quien caiga, incluida España o lo que quede de ella. La debilidad de la oposición hace el resto.
Además, Sánchez ha eliminado la disidencia interna dentro del partido, laminado a los críticos, silenciado o domesticado a la vieja guardia y a las viejas glorias y cerrado el paso a cualquier líder socialista que en un futuro más o menos cercano pudiera intentar recuperar al PSOE para una izquierda sensata, decente y con sentido de Estado. Visto lo visto, su sucesor podría ser todavía peor, habida cuenta el sectarismo del PSOE, donde el debate brilla por su ausencia y la militancia aplaude con las orejas, convertida en una secta al servicio de su líder supremo. Haberlos los habrá, supongo, pero a los críticos ni se les oye ni se les espera, que es casi peor que si no los hubiera. Al final y al cabo, forman parte del cotarro y siguen blanqueando a Pedro Sánchez y su proyecto letal para la convivencia y para la España constitucional de ciudadanos libres e iguales. Respecto a los barones socialistas, no son más que un entretenimiento mediático y la excepción que confirma la regla. La pregunta es qué pasará cuando pierda el poder. El problema es qué ocurrirá hasta entonces.
A Pedro Sánchez nada parece pasarle factura. Ni el pacto inicial con Podemos que él mismo se desaconsejó, ni sus pactos con nacionalistas e independentistas vascos y catalanes, ni la inconstitucionalidad de los decretos de alarma, ni los indultos concedidos a los políticos sediciosos, ni el incumplimiento de la sentencia del castellano en Cataluña, ni la reciente reforma del delito de sedición. Ni sus promesas incumplidas ni sus mentiras. A Pedro Sánchez nada le pasa factura; o, por decirlo mejor, no tanto como cabía esperarse tras los desmanes cometidos desde que alcanzó el gobierno.
Además, de la mano de Podemos, ha puesto en cuestión la Constitución Española y la Transición Democrática, ha resucitado el franquismo para azuzar el enfrentamiento en su beneficio, ha convertido a su principal adversario en enemigo y ha tratado de vender la idea de que quien se opone a sus despropósitos es de derechas, cuando no un extremista radical o un fascista. Hoy, entre los jóvenes que se autodefinen de izquierdas, dos décadas después de la llegada al PSOE de José Luis Rodríguez Zapatero, es lugar común ver con normalidad los pactos de la izquierda con el nacionalismo, en lugar de verlos como lo que realmente son: una anormalidad política y una contradicción en los términos. Hoy los jóvenes militantes socialistas son incluso políticamente peores que sus dirigentes. En la España de 2022, si defiendes la unidad de España, la centralización de competencias o no ceder ante los nacionalistas, eres considerado miembro de la derecha, por muy socialdemócrata que seas. Personalmente puede importarme entre cero y nada, el problema es el caldo de cultivo que se está generando en los jóvenes y la dificultad que ello provoca para el surgimiento de una izquierda española igualitaria y no nacionalista. Antes de ganar las elecciones, hay que disputar y ganar la batalla del relato.
Mejoras económicas
Es verdad que el PP lo supera en las encuestas y es el favorito, pero ni su líder encandila ni creo que su partido pueda tenerlas todas consigo. Sánchez sigue en la pelea, y no escatimará medios ni euros para mantenerse en la Moncloa. Y, como no es tonto, recordará sus medidas sociales, incluidos el incremento del salario mínimo y el incremento de las pensiones de nuestros mayores. Y si la situación económica no se agrava demasiado o incluso mejora, no descarten ustedes nada.
Además, el supuesto triunfo del PP no satisfará a muchos de los muy descontentos con Sánchez, tanto en la izquierda como en la derecha. Lo cual podrá suponer pan para hoy y hambre para mañana. Quizás a medio plazo la solución no sea sustituir al PSOE por la derecha sino, dando por hecho que esta ganará ahora, construir una alternativa decente desde la izquierda.
La única
alternativa decente y posible es Vox
Nota del Editor.
15 Noviembre 2022
Sigue la gota china, y parece que la estalagtita - estalagmita que es la izquierda, jamás colapsa, cuando va a suceder, truco de magia
y se le da la vuelta.
La única alternativa posible es Vox para hacer frente a los comunistas - panzistas del dr cum fraude.
La justicia balear desprotege los derechos de una alumna
Editorial ABC. 15 Noviembre 2022
El Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJB) ha denegado a un padre de Mallorca que su hija pueda recibir clases en castellano este curso en al menos un 25% de las asignaturas. Tres de los cinco magistrados que firman la resolución consideran que aplicar la medida cautelar en favor de una sola estudiante antes de resolver el fondo del asunto afectaría a otros alumnos del centro que no han realizado ninguna reclamación y acatan estudiar en catalán. La decisión de los jueces no sólo consagra el hecho de que una familia española no puede recibir educación en su lengua en Baleares, sino que afirma la tesis de que el interés colectivo está por encima de los derechos individuales, los cuales pueden ser sacrificados en aras del interés común. La controvertida decisión sigue a la decisión del Gobierno balear que preside la socialista Francina Armengol de respaldar la inmersión lingüística en catalán. Las dos magistradas discrepantes sostienen que, al no acogerse la medida cautelar, la niña no podrá volver atrás en el proceso educativo, por lo que se habrían vulnerado de forma irreversible los derechos que reclama.
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El plan es la república federal
Y ahora vendrá el referéndum pactado para que Cataluña sea un estado libre asociado
JOSÉ ANTONIO VERA. la razon. 15 Noviembre 2022
El golpe sedicioso del independentismo catalán se va a quedar en mero desorden, la gamberrada inocente de unos pobres muchachos que jugaban a declarar la independencia de Cataluña y lo hicieron, pero sólo en apariencia, queriendo sin querer, con la candorosa idea de generar cierto barullo, algo de alboroto, un berenjenal menor que nunca debería ser considerado rebelión, ni sedición, ni conspiración, ni nada. Apenas un juego que no ha sabido interpretar el resto de España. Ni siquiera los jueces.
Sus Señorías supremas del Supremo, con Marchena al frente, son los primeros responsables del actual estado de desorden. Pastelearon la sentencia y le llamaron sedición a lo que en realidad es rebelión. Sabiendo lo que fue. Lo dijo la Fiscalía y también Sánchez, aunque ahora no se acuerde. O no se quiera acordar. «Clarísimamente ha habido un delito de rebelión», declaró a la televisión. También remarcó que nunca derogaría la sedición. «Nunca es nunca», le espetó a los esquerros. Y ya vemos qué significa «nunca». Lo ha explicado muy bien Junqueras: «el delito de sedición se deroga, se suprime, desaparece, se desintegra, se pulveriza, no existe, no existirá». Se ríe Junqueras del «nunca-es-nunca» pedriano y se ríe Sánchez de nosotros, de los que le votaron cuando afirmó que «no gobernaré con los independentistas», que traería a Puigdemont a España.
Es verdad, sí, Puigdemont va a volver, pero como un torero, a hombros del separatismo, como un vencedor, por mucho que le metan en la cárcel, y aunque esté en prisión mientras se celebra la próxima campaña electoral. Estará unos meses, quizás unos años, pero saldrá como todos los demás por la puerta grande, riéndose como Junqueras, mofándose de España y de su Justicia y de su Gobierno, choteándose de todos nosotros porque ha vivido como un marqués en Waterloo con el dinero del presupuesto del Estado, porque huyó de la Justicia sin que eso le acarree mayor condena, porque sólo va a poder ser empurado por ser un follonero callejero. Hasta de la malversación se librará Puigdemont.
Te pueden condenar a cinco años por poner la música alta, por delitos informáticos menores, por vender coches trucados. Si eres un ciudadano de a pie cumplirás los años que te caigan. Si eres Junqueras o Puigdemont, no. Serás indultado pese a haber declarado la independencia, estarás el tiempo justo entre rejas gozando de todo tipo de privilegios, volverás a ser reelegido para re-intentarlo una y otra vez como proclaman. Esa es la normalidad de la que se jacta nuestra sanchidad. La normalidad de claudicar, de indultarles primero, de derogar la sedición después, de eximirles de la malversación también. Solo que no se normaliza nada. Se alimenta a la bestia.
De la sedición a la malversación de Griñán
PABLO PLANAS. libertad digital. 15
Noviembre 2022
Tras cargarse el delito de sedición, le toca el turno a la reforma de la malversación, un elemento disuasorio de primera categoría frente a los desmanes políticos. La maniobra es tan o más grave que la perpetrada por el Gobierno de Pedro Sánchez y Esquerra con la proposición de ley de los "desórdenes públicos agravados". No han tardado ni tres días en deslizar que las enmiendas a la proposición incluirán el cargo de malversación para los delitos (a partir de ahora actos sin consecuencias judiciales) que se cometan en nombre de la independencia de Cataluña o el País Vasco. Pero aún hay más.
La teoría golpista considera que no se puede acusar o condenar por malversación a quienes organizaron el proceso separatista y los dos referendos perpetrados en Cataluña porque el dinero público que robaron no fue a parar a sus bolsillos, sino que se dedicó a la "causa". Es decir, a romper España, pisotear los derechos civiles de más de la mitad de la población de Cataluña, arruinar la economía y montar "embajadetas" por todo el mundo para difundir toda clase de mentiras sobre la democracia española y los españoles, entre otras actividades.
Esa justificación es la misma que se emplea para defender a José Antonio Griñán, el expresidente de la Junta de Andalucía condenado a seis años de cárcel por malversación en el caso de los ERE. El bueno de Griñán no se llevó ni un euro de los cientos de millones robados a los ciudadanos. Es lo que dicen con insistencia los portavoces socialistas del partido o del Gobierno. Griñán es un ejemplo de probidad incuestionable, un tipo cumbre, cabal, honrado y trabajador.
En los últimos días se ha publicado en algunos medios que Sánchez se muestra renuente a conceder el indulto a Griñán, como si a nuestro presidente del Gobierno le hubiera dado de repente un espasmo moral. Y eso que tiene la mano rota de firmar indultos. Así que el expresidente andaluz y del PSOE debe entrar en la cárcel en virtud de una sentencia de la Audiencia de Sevilla y algo habrá que hacer para evitarlo.
La proposición de ley presentada el pasado viernes por los grupos del PSOE y Unidas Podemos no sólo para eliminar la sedición sino también para modificar la malversación va a ser la más rápida de la historia parlamentaria mundial, salvo que la oposición explote a fondo todos los recursos legales posibles para frenar este golpe de Estado legislativo, similar a la operación del separatismo por la que el parlamento catalán derogó la Constitución y el Estatuto para aprobar las leyes de desconexión de la república catalana, los días 6 y 7 de septiembre de 2017.
La supresión del delito por el que fueron condenados los golpistas en el Tribunal Supremo viene acompañada por el anuncio de la modificación de uno de los delitos cometidos por los separatistas y por los socialistas condenados por el caso de los ERE, la malversación de caudales públicos. Jugada maestra de Sánchez y Junqueras. Una cosa tapa a la otra, donde está la bolita, la bolita dónde está. Es obvio que dar un golpe de Estado es más grave que robar a todo el mundo para repartir el botín con tus amigos, pero hoy por Junqueras y mañana por Griñán. Ocurre que la condición de golpista acarrea la condición de corrupto y al corrupto, si es que no es golpista, no le importa tratar con ellos. Se entienden, saben de qué están hablando en cada momento. Son delincuentes, más o menos peligrosos. PSOE y ERC son aliados históricos. Como con los "abertzales".
Su osadía es pareja a la desvergüenza. He ahí el ministrín Bolaños diciendo condescendiente que eso de cambiar la malversación que piden los separatistas se lo tiene que mirar con calma, pero que está "abierto". Se creen que todos menos ellos somos unos perfectos idiotas.
El PSOE pagará muy caras las peligrosas cesiones de Sánchez
Las reformas legales impulsadas por el
Gobierno para contentar a los secesionistas no solo pasarán factura
en las urnas, sino que dejarán cicatriz en la marca socialista por
mucho tiempo.
Editorial. ESdiario 15 Noviembre 2022
Más insoportable que contemplar como desde el Gobierno de Pedro Sánchez se afronta la derogación de los delitos de sedición y de malversación para contentar a los secesionistas catalanes, animándoles de paso a repetir su asonada de 2017; son los intentos de desvincularlas de la aprobación de los Presupuestos Generales o de justificarlas por el cumplimiento del programa electoral. Es tratar de tomar por estúpida a la ciudadanía, empezando por la que simpatiza y milita en el PSOE.
Porque hasta los votantes y militantes socialistas asumen que se trata de una maniobra desesperada de un Gobierno sin mayoría parlamentaria, que necesita mantener los apoyos indepedentistas de la investidura para llegar al final de la legislatura.
Y éstos, a su vez, tienen más que claro que volverán a convocar su referéndum de autodeterminación. Pésima carta de presentación para los dirigentes y agrupaciones regionales y locales del PSOE que afrontan elecciones autonómicas y municipales la próxima primavera.
La sangría de votos que se augura comienza a cuantificarse en los sondeos. El rechazo a los compromisos acordados por el PSOE con el independentismo catalán y con los proetarras de Bildu es mayoritario entre los simpatizantes del partido en el Gobierno. Y lo peor para éste no es que sus votos vayan a la abstención sino que un porcentaje cada vez más alto va a cambiar de signo para alimentar a las candidaturas del PP.
Costará mucho tiempo y muchas elecciones reparar el daño
Desde Moncloa y sus medios afines, no obstante, se relativiza este desgaste, asegurándose que esa pérdida ya está amortizada, y que se ha contribuido a templar la situación política en Cataluña. Pero aunque fuera así, y el CIS de Tezanos lo decore con sus encuestas, lo cierto es que esta deriva descabellada de Sánchez va a dejar severamente marcado a su partido.
Porque más allá de los resultados que arrojen las urnas en mayo próximo, al PSOE le va a costar mucho tiempo y muchas elecciones sacudirse la imagen de partido que ha sido capaz de torcer todas las reglas democráticas y constitucionales con tal de mantenerse en el poder. Incluso sin que esté Sánchez como cabeza de cartel, el socialismo español lo va a pagar muy caro.
Una proposición de ley fraudulenta
JAVIER GÓMEZ DE LIAÑO. libertad
digital. 15 Noviembre 2022
Cuentan las crónicas que de increíble, preocupante, tramposa, absurda y hasta de indecente han calificado algunos magistrados y fiscales del Tribunal Supremo la iniciativa que el Gobierno, a través de los Grupos Parlamentarios Socialista y Unidos Podemos, ha emprendido para derogar el delito de sedición y, en su lugar, modificar el de desórdenes públicos. Lo ha hecho mediante una proposición de ley que, de forma rimbombante y embrollada a partes iguales, rotula "Trasposición de Directivas Europeas y otras disposiciones para la adaptación de la legislación penal al ordenamiento de la Unión Europea y, reforma de los delitos contra la integridad moral, desórdenes públicos y contrabando de armas de doble uso", lo que, además, se haría por el procedimiento de urgencia, con preterición de los informes del Consejo de Estado y del Consejo General del Poder Judicial, trámite necesario cuando se trata de una Ley Orgánica.
Aunque todo es discutible y más en Derecho, los argumentos de quienes censuran la propuesta me parecen certeros hasta el punto de que, sin temor a equivocarme, sostengo que en la reforma no existe la menor apariencia de juridicidad y que los patrocinadores de la idea creen que el mundo de las leyes es un guiñol y también un río revuelto con licencia para pescadores oportunistas que, en el presente caso, son los socios de legislatura del Gobierno y muy especialmente Esquerra Republicana (ERC). Téngase presente que los grandes beneficiados son los líderes independentistas condenados por el Tribunal Supremo en la sentencia 459/2019, de 14 de octubre, y algún otro pendiente de juzgar. A cambio, al parecer, el Gobierno contaría con los votos de ERC para los Presupuestos. Incluso el presidente Pere Aragonés ha dicho que la derogación de la sedición es un primer paso, pues "la concordia sólo se alcanzará con la amnistía y un referéndum de autodeterminación", con lo cual está anunciando nuevos planes.
Para ser preciso en el análisis, éstas son algunas de las cosas que se pueden leer en el apartado V de la Exposición de Motivos de la proposición de ley que, conforme a los artículos 14 a 19, suprime el delito de sedición y lo sustituye por una figura agravada de desórdenes públicos. Veamos.
a) Que "(…) la revisión persigue (…) armonizar la legislación española sobre esta materia con la de los países de nuestro entorno, y (…) adecuar su regulación a la realidad histórica actual; (…)".
b) Que "(…) la escasa aplicación que hasta fechas recientes ha experimentado este delito ha impedido apreciar con claridad los graves problemas de interpretación que se derivan de la difícil delimitación del tipo penal y de la confusa definición de la conducta típica".
c) Que "(…) tampoco puede obviarse (…) el hecho de que la comisión de este delito puede presentarse vinculada en su desarrollo al ejercicio de derechos y libertades fundamentales como el derecho de reunión o la libertad de expresión (…)".
d) Que "(…) la reciente aplicación de este precepto ha puesto de manifiesto imprecisiones normativas de dudosa compatibilidad con el principio de legalidad penal y el de proporcionalidad (…), que se suman al carácter obsoleto y carente de reflejo en la legislación de los países europeos de nuestro entorno jurídico (…)". Fin de la cita.
Pues bien, esta argumentación que, junto a otras, el preámbulo de la proposición de ley ofrece para derogar el delito de sedición, tipificado, con esta rúbrica, en el Capítulo I del Título XXII del Libro II del Código Penal, no es jurídicamente aceptable. Y no lo es por los siguientes motivos:
a) Primero, porque, para empezar, sus autores olvidan que en ese mismo Título XXII y, concretamente, en el Capítulo VII, también bajo el epígrafe "Delitos contra el orden público", se regulan las "organizaciones y grupos terroristas y los delitos de terrorismo", entre los cuales existen tipos penales castigados con prisión permanente revisable y con penas de máxima duración.
b) Segundo, porque afirmar que el delito de sedición colisiona con los derechos constitucionales de reunión y manifestación es ignorar que el delito de sedición es bastante más que un delito contra el orden público. Lo dice de forma magistral la sentencia del procés cuando declara que "… Todo ello ha llevado a diferenciar el orden público de otros conceptos como el de paz pública, que permita construir un bien jurídico identificable con el interés de la sociedad en la aceptación del marco constitucional, de las leyes y de las decisiones de las autoridades legítimas, como presupuesto para el ejercicio y disfrute de los derechos fundamentales".
c) Tercero, porque tampoco la referencia al principio de proporcionalidad a partir del cotejo en el derecho comparado, es acertada, pues, con independencia de los nombres que reciba, ejemplos no faltan y el carácter delictivo de la sedición es incuestionable en esos países de "nuestro entorno" de los que habla la Exposición de Motivos.
Sirvan de botones de muestra la figura de la Seditious Conspiracy del Código Penal de los Estados Unidos que se reserva para la forma más grave de atentado contra el Gobierno. O el Código Penal alemán que en el artículo 81, integrado entre los delitos de alta traición, castiga con pena de prisión perpetua o de al menos 10 años, al que con fuerza o amenaza de fuerza cometa actos para socavar la existencia de la República Federal de Alemania o para cambiar el orden constitucional. O el Código Penal francés que en los artículos 410.1, 412.3 y 412.4 castiga con penas que pueden llegar a cadena perpetua, los ataques a la independencia de la nación, a la integridad de su territorio, a su seguridad y a la forma republicana de sus instituciones.
Y lo mismo si hablamos de Italia, donde el artículo 241 del Código Penal sanciona con pena privativa de libertad no inferior a 12 años los ataques contra la integridad, independencia o unidad del Estado. O de Bélgica, donde el atentado que tenga por objeto destruir o cambiar la forma de Gobierno o el orden de sucesión al trono se castiga con pena de 20 a 30 años e impone la misma pena al delito consumado y al intentado. O del Código Penal portugués que en el artículo 308 castiga como delito de traición con una pena de 10 a 20 años de prisión a quien, con abuso de funciones soberanas, intenta separar de la Patria una parte del territorio portugués.
d) Y cuarto, porque no pueden ser meros desórdenes públicos, por muy agravados que quieran hacerlos y sí una sedición –calificando el hecho con benevolencia–, si lo que ocurrió en Cataluña en octubre de 2017 volviera a repetirse. Aquello, e insisto, no fue, ni lo será nunca, sólo un desorden público. Movilizar una parte de la ciudanía catalana como instrumento de presión y apoyo a un marco jurídico que, según dice el hecho probado de la sentencia, "… declaraba abolida la monarquía constitucional, convirtiendo al Presidente de la República en el Jefe del Estado catalán, que asumía su más alta representación (…), redefinía los límites territoriales que habrían de ser abarcados por el nuevo Estado y regulaba la sucesión del Estado catalán en la titularidad de los bienes y derechos del Estado español en Cataluña", es, repito, una sedición de manual. Aquí y en cualquier país que, al igual que el nuestro, se constituya en un Estado social y democrático de Derecho.
En fin, termino, aunque el asunto dé para mucho más. Sean sinceros los artífices de la proposición de ley encaminada a derogar el delito de sedición y reconozcan lo que niegan con un pasmoso cinismo. O sea, que el fondo de la reforma propuesta se reduce a términos de trapicheo jurídico y otros conceptos teóricamente destinados a quebrar el Estado de derecho y a desautorizar a los tribunales de justicia que en su día se pronunciaron sobre los graves sucesos ocurridos en Cataluña el 1 de octubre de 2017. Ya que no hemos podido lograr que los jueces hicieran lo que nosotros queríamos que hicieran, dejemos sin efecto sus resoluciones. Ese y no otro es el fin real y último de la reforma legal emprendida por el Gobierno, por mucho que se pretenda disimular bajo impúdicas y muy distintas vestiduras. Lástima que algunos sean tan zascandiles y no sepan que aunque la ley, a veces, es un género confuso, sin embargo no lo es tanto como para que cuele el dar gato por liebre.
Lamento el diagnóstico, pero creo que la iniciativa tomada tiene un mal tufo, huele a fraude de ley, a amnistía encubierta. La proposición de ley que ha merecido estas líneas está hecha a la medida de lo que llevan pidiendo al presidente del Gobierno sus socios independentistas. Con ella no se pretende definir un orden abstracto de justicia y tendencialmente permanente. No. Con ella, muy al contrario, se renuncia deliberadamente a ambas cosas y se presenta como una norma ocasional, explicable sólo en función de una situación y un problema político concreto que se quiere enderezar. Si esto es así, como una gran mayoría pensamos que es, entonces habrá que convenir en que los responsables de la decisión no son legisladores sino mercaderes de la ley que alteran su esencia, envenenándola.
Feijóo y la teoría del espejo
Miquel Giménez. vozpopuli. 15
Noviembre 2022
Dice que no está para combatir al
radicalismo con más radicalismo. Entonces, ¿para qué está usted,
señor Feijóo?
Anda mi hermano Girauta empeñado
en explicar la teoría del espejo. Teoría antigua, sabia, lógica,
justa. Se trata de dar aquello que recibes. ¿Qué usted me trata
bien, con decoro y amabilidad? Recibirá el mismo trato por mi parte.
¿Qué me insulta, calumnia, agrede y me ofende? Pues prepárese, los
tiempos de poner la otra mejilla han terminado. Todo parte de un
hecho incontestable: la izquierda cree que tiene patente de corso
para hacer lo que le salga de los gladiolos, mientras que el resto de
los mortales tenemos el deber de tragarnos toda su mierda sin
rechistar.
A este sometimiento se ha llegado por incomparecencia del contrario que no es la derecha, o no tan solo, aunque al social comunismo le parezca que cualquier cosa que no sea lo suyo es digna de un Nuremberg particular con las sentencias dictadas de antemano.
Feijóo continúa anclado en los arquetipos de hace veinte años, cuando la política en España era otra cosa y nada tenía que ver con esto de ahora. No hay que ser sociólogo para descubrir que la sociedad se ha bipolarizado, muy a menudo a pesar de los propios españoles que se han visto impelidos a buscar uno de los dos bandos por acción u omisión.
No hay que ser sociólogo para descubrir que la sociedad se ha bipolarizado, muy a menudo a pesar de los propios españoles que se han visto impelidos a buscar uno de los dos bandos por acción u omisión
Este es un grave problema que tiene la ejecutiva del PP, no entender a qué se está enfrentando y pensar que con proponer en el Congreso que se mantenga la sedición en el Código Penal y se introduzca de nuevo como delito la convocatoria ilegal de separar a una comunidad autónoma de España, harán que los socialistas se rilen la pata abajo, rompiendo muchos de ellos la disciplina de voto, el carné del partido, la foto en la que aparecen con Sánchez y el escapulario de Zapatero.
Esa ingenuidad – quiero creer que se trata de eso – los lleva a decir que esperan de los diputados en Cortes del PSOE “Que den un paso al frente, pero no tan solo para hablar, sino para votar”. Ay filiños, ¿pero todavía andamos con esas cosiñas de parvo de pueblo? Con ese Sentidiño del que muchos dicen que posee Feijóo, ¿nadie le dio cuenta de que en política, y más con Sánchez, cada can lamba o seu carallo y que nadie va a sacar los pies del tiesto? Desengáñese, señor Feijóo, con esta tropa solo cabe la estrategia del espejo. No es posible andar con filigranas parlamentarias versallescas cuando lo que se tiene delante es una maquinaria de mentir y romper el sistema democrático perfectamente engrasada y capaz de cualquier cosa.
Desengáñese, señor Feijóo, con esta tropa solo cabe la estrategia del espejo. No es posible andar con filigranas parlamentarias versallescas
Dice usted que no va a insultar a Sánchez. Bueno, pues no lo haga, no sea caso que se ganase el infierno por eso, pero al menos plante cara con la dureza y el rigor democrático que sus votantes esperan. Cuidado, y también el resto de los españoles, hartos de esta sinrazón que está dejando a la sociedad en los huesos. No tema que lo llamen facha, porque ya se lo llaman. No tema que le llamen loco, servidor de los ricos o cualquier otra barbaridad porque ya se lo llaman. No tema que digan que está usted compinchado con el narcotráfico gallego, ya lo hacen.
Póngase de pie, porque esto no lo va a parar sentado en su escaño, y empiece a llamar a las cosas por su nombre. Y no se esconda detrás el eufemismo de que “nosotros somos mejores que ellos” Eso ya lo traemos aprendido de casa, señor Feijóo. Como también sabemos - Ayuso lo dijo en frase lapidaria - que todo esto va de comunismo o libertad. Empiece a pagar a Sánchez con la misma moneda, absténgase de pactar con ese tramposo y dé gracias a Dios a que la chiqui ministra se fue de la lengua y no acordó usted el recambio del TC y del CGPJ. Que aunque quen ten cú, ten medo, no estamos para timoratos.
INMERSIÓN LINGÜÍSTICA
La Justicia balear deniega la petición de un padre para que su hija reciba el 25% de clases en español
M. A. FONT. okdiario. 15 Noviembre 2022
La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) ha denegado la petición de un padre de Mallorca para que su hija reciba el 25% de clases del instituto en castellano. Tres magistrados del Tribunal han rechazado la petición de la medida cautelar y otras dos magistradas han emitido un voto particular expresando su discrepancia con el criterio de la Sala.
La petición ante la Justicia la realizó Salvador Iglesias, padre de una adolescente que está cursando tercero de la ESO en un instituto de Mallorca y que recibe todas las clases en catalán. De este modo, el TSJB deniega así la petición de medida cautelar del progenitor, quien interpuso un recurso contencioso administrativo contra la Conselleria de Educación y Formación Profesional por el silencio administrativo.
El padre solicitaba que su hija recibiera el 25% de las asignaturas troncales en español tanto en el curso que se encontraba como en los sucesivos. La resolución notificada este lunes recuerda que el marco jurídico de Baleares rige en materia de educación un sistema de conjunción lingüística, donde se parte de una regla general que impone vehicular la enseñanza en la lengua catalana al menos en un 50%. De acuerdo con los magistrados, esta regla puede incrementarse sin límite “a través del proyecto lingüístico de cada centro que, a su vez, debe ser acorde con la realidad social, demográfica y económica circundante”.
Según los jueces, la medida cautelar ha sido solicitada por una única persona y en un sólo centro educativo, «pero se impondría igualmente a los demás alumnos de la clase». Por tanto, consideran que «es una medida cautelar que, por un lado, afecta gravemente al interés general». Además, sostienen que la denegación de la misma no supone «un perjuicio relevante para ésta».
Por otra parte, en la decisión, el Tribunal apunta que la medida solicitada «es claramente ilimitada y tan sólo por este hecho ya se ve que no pueda prosperar». Según los magistrados, «de accederse a ella en los términos interesados ahora nos encontraríamos con un ‘avance’ de la decisión final a la sentencia».
De este modo, la Sala mayoritariamente considera que la parte recurrente no ha probado que el porcentaje real de la enseñanza en castellano sea de menos del 25% ni que la enseñanza de esta lengua se decante de las previsiones del proyecto lingüístico del centro, que ha estado avalado por la Conselleria.
En el auto, los magistrados
señalan que no consta «cuál es el interés público que colisiona
con la petición del recurrente ni cuáles serían los criterios
aplicables para determinar que debe prevalecer el supuesto derecho
del recurrente y/o su hija frente al interés público y general a
mantener el proyecto lingüístico vigente en el centro». En
definitiva, la Sala defiende que «el interés social y general
supera al particular».
Por el contrario, las dos magistradas que firman el voto particular entienden que debería haberse estimado íntegramente la solicitud de la medida cautelar.
Las juezas argumentan que el proyecto del centro educativo contempla como única lengua vehicular de enseñanza el catalán, así como consideran que la medida cautelar solicitada no es contraria a los intereses generales.
Salvador Iglesias es padre de una adolescente que está cursando tercero de la ESO en un instituto de Mallorca. Cuenta que su hija es una excelente estudiante pero que al ser castellanoparlante lo está pasando muy mal por culpa de la inmersión lingüística en catalán que aplica el Govern de izquierdas que preside la socialista Francina Armengol. Salvador es el primer padre que ha denunciado ante el Tribunal Superior de Justicia de Baleares al Govern por no impartir al menos el 25% de la enseñanza en español como marcan las diferentes sentencias judiciales, tanto del Supremo, como del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Ha presentado la denuncia de manos de la Asociación Hablamos Español que preside Gloria Lago. Salvador es ahora el portavoz en Baleares de esta asociación.
TRES MAGISTRADOS APOYAN LA DECISIÓN
El TSJ deniega la petición para que una niña reciba el 25% de clases en castellano en Mallorca
Europa Press. el confidencial. 15 Noviembre 2022
La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de les Illes Balears (TSJIB) ha dictado un auto en el que deniega la petición de un padre de Mallorca para que su hija reciba el 25% de clases del instituto en castellano. De este modo, la Sala rechaza la petición de medida cautelar del progenitor, quien interpuso un recurso contencioso-administrativo contra la Conselleria de Educación y Formación Profesional por el silencio administrativo. El padre solicitaba que su hija recibiera el 25% de las asignaturas troncales en español tanto en el curso que se encontraba como en los sucesivos.
La decisión, que ha sido apoyada por tres magistrados del Tribunal mientras que otras dos juezas han emitido un voto particular de discrepancia, sostiene que el marco jurídico de Baleares rige en materia de educación un sistema de conjunción lingüística, donde se parte de una regla general que impone vehicular la enseñanza en la lengua catalana al menos en un 50 por ciento. De acuerdo con los magistrados, esta regla puede incrementarse sin límite "a través del proyecto lingüístico de cada centro que, a su vez, debe ser acorde con la realidad social, demográfica y económica circundante".
Según los jueces, la medida cautelar ha sido solicitada por una única persona y en un solo centro educativo, "pero se impondría igualmente a los demás alumnos de la clase". Por tanto, consideran que "es una medida cautelar que, por un lado, afecta gravemente al interés general". Además, sostienen que la denegación de la misma no supone "un perjuicio relevante para ésta". Por otra parte, en la decisión, el Tribunal apunta que la medida solicitada "es claramente ilimitada y tan solo por este hecho ya se ve que no pueda prosperar". Según los magistrados, "de accederse a ella en los términos interesados, ahora nos encontraríamos con un avance de la decisión final a la sentencia".
De este modo, la Sala mayoritariamente considera que la parte recurrente no ha probado que el porcentaje real de la enseñanza en castellano sea de menos del 25 por ciento ni que la enseñanza de esta lengua se decante de las previsiones del proyecto lingüístico del centro, que ha estado avalado por la conselleria. En el auto, los magistrados señalan que no consta "cuál es el interés público que colisiona con la petición del recurrente ni cuáles serían los criterios aplicables para determinar que debe prevalecer el supuesto derecho del recurrente y/o su hija frente al interés público y general a mantener el proyecto lingüístico vigente en el centro". En definitiva, la Sala defiende que "el interés social y general supera al particular".
Por el contrario, las dos magistradas que firman el voto particular entienden que debería haberse estimado íntegramente la solicitud de la medida cautelar. Las juezas argumentan que el proyecto del centro educativo contempla como única lengua vehicular de enseñanza el catalán, así como consideran que la medida cautelar solicitada no es contraria a los intereses generales.
Ertzainas “perseguidos” por presumir de la bandera de España
C. S. MACÍAS. la razon. 15 Noviembre 2022
Quería ser policía desde pequeño y decidió hacerse ertzaina. Sus raíces vascas y españolas no le hicieron dudar y nunca pensó que su vida personal pudiera influir en su trabajo. Todo comenzó el día que subió unas imágenes a su cuenta privada de Instagram en el Cuartel de Loyola, con algún elemento donde se podía ver la enseña nacional y, aunque tenía a todos los seguidores de su red social «controlados», algún «compañero» hizo captura de las fotografías y éstas comenzaron a circular en numerosos chats de una ideología contraria a la bandera de España. «¿Este es compañero tuyo?» «Es la vergüenza de la Ertzaintza», «¡que se vaya a la Guardia Civil o a la Legión», fueron algunos de los comentarios vertidos en ese chat.
Por entonces, algunos miembros de la Ertzaintza solían llevar en los cargadores de la pistola la ikurriña por lo que, otros miembros de la policía vasca decidieron emularles, pero con la bandera española. Fue ese momento cuando recibieron la primera llamada de atención: esa pegatina no era de «dotación» y debían retirarla. Sin embargo, ninguna bandera en el arma lo era algo que hicieron constar por lo que se dio la orden de que se retiraran todas, lo que provocó el malestar de los primeros.
Contra la bandera
También una bandera de España a modo de pulsera fue objeto de una nueva llamada de atención. Algunos compañeros, advirtieron a este ertzaina -que solía usarla de forma natural- de que «podía tener problemas». «No entiendo que un ertzaina lleve una pulsera con la bandera española. Tampoco un ertzaina que se considere español y no solo vasco», se podía leer en las redes sociales, comentarios que nadie ha investigado por si pudieran constituir algún delito de odio. Fue entonces cuando, según destacan algunas fuentes a LA RAZÓN, comenzó una «persecución por motivos ideológicos» contra dicho miembro de la policía vasca que terminó sentado ante un tribunal para juzgarle por su manera de proceder al llevar a un preso al hospital.
Ese día, tenía que hacer la custodia de un preso, de origen marroquí -que acumulaba varios delitos- existiendo, además, riesgo de fuga. El agente insistía en que tenía que custodiar al preso en la camilla recibiendo la diálisis -algo a lo que se opuso la enfermera a cargo ese día de la sala-, también, la enfermera, se opuso a que el preso estuviera engrilletado y quería que los agentes permanecieran tras una línea roja fuera del alcance de visión de la camilla donde estaría el preso. Y, cuando el agente le requirió la identificación a la enfermera, ésta se negó. Por ello, el ertzaina puso una denuncia contra la enfermera, en la que decía que se había negado a identificarse de forma reiterada, que se había producido un forcejeo entre ambos y que, con su actitud, lo que pretendía era “coaccionarle”. Esto hizo que asuntos internos le abriera una investigación al ertzaina por presunta «denuncia falsa».
Sin embargo, la Audiencia Provincial de Guipúzcoa recientemente absolvió a dicho miembro de la policía vasca al entender que no había quedado «probado» que el «contenido» y el «relato» que constan en la denuncia formulada por él falten «de manera palmaria a la verdad» en cuanto a la «enunciación de los hechos relevantes y sustanciales» y por lo tanto «no puede concluirse la existencia de un delito de falsedad». Por aquel entonces la Fiscalía mantuvo la petición de cuatro años de prisión para el ertzaina acusado.
Acoso por “motivos ideológicos”
Llama la atención que, en el juicio, salieran los «motivos ideológicos» y «despectivos» con los que el resto de compañeros -entre ellos el compañero que hizo aquel servicio con él- se referían al policía autonómico que estaba en el banquillo de los acusados, porque «suele ir, fuera del trabajo con camisetas de la Guardia Civil o cuelga imágenes con militares en sus redes sociales». Y esto, según se constató en el juicio, no es que lo escuchara uno de los que declararon sino «varias personas han escuchado estos comentarios ideológicos contra el ertzaina» que estaba siendo acusado. También alguno de esos comentarios con tintes de «hispanofobia» se habrían producido por parte de algún mando.
En dicho juicio sorprendió también que Asuntos Internos de la Ertzaintza asumiera un informe policial que les habían entregado sobre lo ocurrido y que, en ningún momento, tomaran declaración ni al acusado, ni tampoco a otro de los testigos que ratificó que en el hospital no se daban las condiciones para que el preso estuviera según pretendían las enfermeras. Además, el departamento policial fue quien animó a las sanitarias a denunciar al ertzaina, según quedó patente en el juicio –algo que no hicieron-. La sentencia es ya firme y, por el hecho de presunta denuncia falsa quedó absuelto.
Comparación con Campeones
Por otro lado, también desde el mismo entorno de la Ertzaintza, el sindicato policial SIPE está siendo perseguido por parte de compañeros después de que recurrieran lo que consideraron un “agravio comparativo” para el resto de compañeros por retribuir con pluses de nocturnidad a los mayores de 55 años, en detrimento del resto. Y es que el Gobierno vasco ya ha ejecutado la sentencia dictada por el Tribunal Supremo contra pluses para los policías vascos y ha suspendido su concesión mientras analiza si reclamará la devolución de las cantidades cobradas. Eso ha motivado que aparecieran en los tablones de una comisaría de Hernani carteles de la película Campeones donde se les compara a estos miembros del sindicato SIPE con los protagonistas de la película -personas con alguna discapacidad- empleándolo a modo de insulto. Según ha podido saber este periódico existen grabaciones de la mujer que colocó dichos carteles que estaría relacionada con algún mando de la Ertzaintza y el sindicato interpondrá una denuncia en Fiscalía.
Ribó da más dinero al catalanismo que a Cruz Roja o el Gremio de Artistas
El alcalde cuela otros 75.000 euros a entidades catalanistas en los presupuestos de 2023, como la que persigue a docentes o la de las magas, que reciben a dedo 25.000 €, más que Lo Rat Penat
E. M. Edición Valencia. Esdiario. 15 Noviembre 2022
Joan Ribó lo ha vuelto a hacer. Ha vuelto a utilizar el presupuesto del Ayuntamiento de Valencia para regar de dinero a entidades catalanistas próximas a Compromís. En concreto, el presupuesto de 2023 presentado por el alcalde y el concejal de Hacienda, Borja Sanjuán, incluye entre sus numerosas cifras otros 75.000 euros que los valencianos pagaremos de nuestros impuestos al catalanismo.
El gobierno de Compromís y PSOE incluye como subvenciones nominativas -es decir, entregadas a dedo vía presupuestos- 75.000 euros que se reparten en cantidades de 25.000 euros las entidades catalanistas Plataforma per la Llengua, Escola Valenciana y Societat Coral el Micalet.
Para que nos hagamos idea de a qué asociaciones destina Ribó el dinero de los valencianos, Plataforma per la Llengua es una entidad que organiza campañas para perseguir a los profesores o los comercios que no hablen en catalán, o la Societat Coral el Micalet es la promotora y organizadora de la polémica cabalgata de las magas republicanas que tanto gusta a Compromís.
Y mientras el catalanismo recibe otros 75.000 euros el próximo ejercicio (más todo el dinero que ya les han regalado), la subvención directa que recibe el Gremio de Artistas Falleros es inferior, de 70.000 euros. O asociaciones como Cruz Roja reciben un pírrico 10.000 euros o Lo Rat Penat, la entidad centenaria del valencianismo, se queda sólo en 15.000 euros.
Ante esta situación, la portavoz del PP, María José Catalá, ha lamentado que las entidades catalanistas “vuelven a tener 75.000€ a subvenciones a dedo, mientras que baja el presupuesto de formación y empleo en un 3,6% y en inversiones en vivienda. Así Joan Ribó deja bien claro cuáles son sus prioridades”.
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