Recortes de Prensa Domingo 20 Noviembre 2022
Zelenski busca desplegar más tropas en el sur y el este de Ucrania
El Confidencial. 20 Noviembre 2022
El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha anunciado que se planea aumentar el número de batallones militares en las ciudades del sur y el este de Ucrania. "Los principales problemas son el frente. La provisión de nuestras tropas, la situación en secciones particulares de la línea del frente y que estamos planeando aumentar el número de banderas ucranianas en las ciudades del sur y este del país", ha explicado esta noche en su habitual discurso.
En el plano diplomático, la ministra española de Defensa, Margarita Robles, ha anunciado que nuestro país realizará próximamente nuevos envíos de armamento a Ucrania. También ha alabado la "bravura" del pueblo ucraniano ante la Asamblea Parlamentaria de la OTAN
Las claves del momento:
España anuncia el envío de más armamento a Ucrania
Un ataque en Zaporiyia deja sin calefacción a muchas viviendas
Suecia halla "trazas de explosivos" en el Nord Stream
Casi la mitad del sistema energético ucraniano está fuera de servicio
Países miembros del OIEA piden por tercera vez a Rusia que abandone la central nuclear de Zaporiyia
Ucrania ha obtenido ya 23.000 millones de dólares en ayuda internacional
Hace 1 horas 54 minutos 08:29
Más tropas de Kiev en el sur y el este
El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha anunciado que se planea aumentar el número de batallones militares en las ciudades del sur y el este de Ucrania. "Los principales problemas son el frente. La provisión de nuestras tropas, la situación en secciones particulares de la línea del frente y que estamos planeando aumentar el número de banderas ucranianas en las ciudades del sur y este del país", ha explicado esta noche en su habitual discurso.
Cómo aislar a Rusia en la comunidad internacional
VLADISLAV INOZEMTSEV. la razon. 20 Noviembre 2022
El 15 de noviembre, mientras los líderes de las diecinueve economías más grandes del mundo se reunían en Indonesia, donde el presidente Putin de Rusia envió a su anciano ministro de Exteriores, el Ejército ruso llevó a cabo su ataque aéreo más intenso contra Ucrania, que involucró cerca de cien misiles. y drones por valor de casi 1.000 millones de dólares. Los líderes mundiales condenaron el ataque e incluso se reunieron para una sesión especial después de que dos misiles de origen no claro impactaron en territorio polaco, pero no se ha expresado nada más que serias preocupaciones.
Rusia en los últimos meses se convirtió en el Estado canalla más peligroso del mundo: con un liderazgo constantemente mentiroso; negligencia total de las normas y leyes internacionales de conducta bélica; reservas masivas de armamento; y, por último, pero no menos importante, grandes arsenales nucleares, abrió un capítulo completamente nuevo en la historia militar mundial. Desde tiempos inmemoriales, cualquier Estado que avanza contra otro, debe ser confrontado por una coalición, derrotado y llevado ante la justicia. Sucedió decenas de veces en diversas formas. Pero en el caso de la guerra entre Rusia y Ucrania, ninguna de las palancas obvias (sanciones, restricciones comerciales, armar al ejército ucraniano, etc.) parece lo suficientemente efectiva, mientras que la confrontación directa sigue fuera de discusión.
Antes de 2022, los ‘estados rebeldes’ (término acuñado durante la era de George W. Bush) eran aquellos que desafiaron abiertamente los principios occidentales y la seguridad global (como Irak, Cuba, Irán o Corea del Norte), pero los desafiaron y no los violaron. . Se pensó que Irak estaba creando las armas de destrucción masiva, pero no las ha usado contra sus vecinos. Corea de Norte probó sus dispositivos nucleares, pero no abrió fuego contra Corea del Sur y nunca agredió a Japón. En el caso de Rusia, una poderosa potencia nuclear inició una guerra a gran escala y no tiene intención de detenerla o terminarla. El presidente Putin actúa cada vez con más violencia, librando la guerra contra la población civil, torturando a los prisioneros de guerra y reubicando a decenas de miles de ciudadanos ucranianos en Rusia. Y el problema más grave es que no se puede hacer casi nada contra él.
Las sanciones económicas no son demasiado efectivas y los diferentes tipos de embargos solo están acercando a Rusia a China, que incluso después de las conversaciones de Biden-Xi en Bali no parece el mejor amigo de Occidente. Occidente no está dispuesto a cortar todo el comercio con Rusia, ya que sigue dependiendo de los suministros de energía (en este sentido, un “tope del precio” del petróleo parece un paso atrás respecto a la decisión anterior de prohibir los envíos rusos a partir del 5 de diciembre). La oposición rusa se ha convertido en una comunidad de emigrantes con poca influencia en las políticas internas y cero posibilidades de iniciar protestas importantes dentro del país. Cualquier tipo de ataque militar directo a las instalaciones rusas por parte de las fuerzas de la OTAN, o incluso proporcionar a Ucrania una defensa aérea eficaz operada por oficiales occidentales, sigue siendo totalmente irreal. Entonces, el mundo todavía tiene que suministrar armas a Ucrania mirando cómo los rusos controlan la infraestructura, las ciudades y las empresas industriales de Ucrania.
Un punto ahora está claro: a Rusia no se le permitirá regresar al sistema internacional durante años, si no décadas. Su petróleo se venderá de forma encubierta, sus importaciones cruciales se introducirán de contrabando en el país, su economía se tambaleará y sus ciudadanos se convertirán en los más discriminados del mundo. Ahora es el pícaro más destacado, pero sigue siendo el que no puede ser llamado a rendir cuentas. Tal situación debe abordarse a nivel mundial, en primer lugar mediante la formalización del estatus de canalla de Rusia. No se trata de evitar tomarse “fotos familiares” con representantes rusos en cumbres mundiales, se trata de algo mucho más importante.
Primero, aconsejaría expulsar a Rusia de Naciones Unidas. Todos vimos que la posición rusa es apoyada por solo un puñado de Estados en las sesiones de la Asamblea General. Esta propuesta no es una broma: la Asamblea General tiene derecho a expulsar o suspender a un miembro de la ONU según el art. 12.1 de la Carta por la llamada supermayoría (2/3 de los votos más uno) que es fácil de consolidar.
La Carta exige que el asunto sea llevado a la Asamblea General por el Consejo de Seguridad, donde Rusia tiene poder de veto, pero la misma Carta dice, en el art. 27.3 que si el Consejo de Seguridad está deliberando sobre un asunto relacionado con uno de sus miembros, “una parte en una disputa se abstendrá de votar conforme al párrafo 3 del artículo 52″. Entonces, con Rusia teniendo que expresarse y China absteniéndose, Rusia es expulsada y las capacidades de la ONU, anuladas por los vetos de Moscú, serían restauradas.
En segundo lugar, la comunidad internacional puede tratar de consolidar la diáspora rusa, por ejemplo, ofreciendo un tipo especial de pasaportes a los rusos que han huido del país y que están dispuestos a denunciar sus vínculos con la junta criminal de Putin (se han tomado algunas medidas). ya tomado por esos emigrados rusos que establecieron una ‘Secretaría de los rusos europeos’ en Bruselas con el objetivo de crear una comunidad mundial de los rusos que no quieren estar asociados con el régimen actual, pero no quieren asimilarse y disolverse en las sociedades occidentales tampoco. Como un Estado es capturado por una pandilla, el mundo puede tener buenas razones para reunir a todos aquellos que intentan oponerse abiertamente evitando discriminarlos como parte natural del estado criminal.
En tercer lugar, parece que las principales potencias deberían prepararse para un “mundo sin Rusia”. Dado que durante casi treinta años la Federación Rusa se ha movido por el camino de la decadencia industrial, orientándose cada vez más hacia una economía de productos básicos puros, un embargo comercial total arruinará su economía en varios años, pero aquí Occidente debería elaborar una estrategia para aislar a Rusia que necesitaría la cooperación entre EE UU, China, Europa, Turquía, Japón e India, entre todos los actores importantes en la escena económica mundial. Puede parecer demasiado ambicioso, pero yo diría que nada consolida las grandes potencias con tanta eficacia como la confrontación con otro(s). Domar a Rusia puede convertirse en un denominador común incluso para los países competidores, ya que tanto EE UU como China están interesados en un mundo ordenado en lugar de uno caótico.
Preparándose para la guerra actual hace bastante tiempo, el Kremlin inició debates sobre ‘El juego sin reglas’ amenazando al mundo con optar por él si no se adoptan sus propias reglas. Creo que los pícaros deben ser confrontados solo a través de la creación de un nuevo conjunto de reglas que puedan sustituir la arquitectura mundial actual, y las grandes potencias deben comenzar a trabajar en dicho sistema. El sistema global, diría yo, no puede abarcar todo; si lo hace, descuida la diferencia fundamental entre el bien y el mal. Entonces, si Rusia opta voluntariamente por salirse del sistema anterior, intentemos crear otro sin su participación...
Vladislav Inozemtsev es el director del Centro de Estudios Postindustriales de Moscú
'RUSIA UTILIZA LOS ALIMENTOS COMO ARMA'
Quebrar la economía y vaciar las despensas: el plan de Putin para marchitar a Ucrania
Mónica Redondo. el confidencial. 20 Noviembre 2022
Vera Babenko estaba sentada en su jardín a las afueras de Járkov, frente a su granja, cuando una bomba explotó. La mujer de 66 años tuvo suerte de no estar en el lugar preciso del impacto, y eso fue lo que le salvó la vida. Sin embargo, sus plantaciones se dañaron gravemente en el ataque. Esta historia se repite en muchas granjas de Ucrania, sobre todo en las zonas en las que los bombardeos no han dado tregua desde el 24 de febrero. Algunas ofensivas se han entendido como un daño colateral por la guerra en el territorio. Otras, sin embargo, forman parte de una estrategia de Rusia por desgastar a Ucrania.
Ante la llegada del invierno, las fuerzas rusas han atacado una parte de la infraestructura eléctrica del país y el presidente Volodímir Zelenski calcula que cerca de 10 millones de personas se han quedado sin electricidad. Pero el país antes conocido como el "granero de Europa" lleva viviendo desde el verano una ofensiva contra todo tipo de infraestructura agrícola. Ucrania es uno de los exportadores de trigo más importantes del mundo y una fuente clave de ingresos que representan cerca de un 20% del PIB del país, según la ONU.
El estallido de la guerra y los ataques tanto intencionados como accidentales han tenido ya un efecto en esa economía. "El año pasado, antes de la invasión rusa, los agricultores de Ucrania plantaron 6,7 millones de hectáreas de trigo. Este año han plantado 4,1 millones de hectáreas, que podrían producir 20-22 millones de toneladas de trigo. La producción promedio de trigo de cinco años de Ucrania antes de la guerra es de 28 millones de toneladas", explica Mike Lee, director de la consultora Green Square Agro y especializado en exportaciones agrícolas de Ucrania y Rusia, a El Confidencial.
En un informe del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS), la directora del Programa de Seguridad Alimentaria Global, Caitlin Welsh, afirmó que las fuerzas rusas han robado grano ucraniano para socavar la capacidad agrícola de Ucrania. En verano, las cifras se elevaron a las 500.000 toneladas de trigo robado, por un valor de 100 millones de dólares. "Aunque algunos ataques a la agricultura de Ucrania son víctimas no planificadas de la guerra, estos ataques y otros similares ilustran que, en violación directa de la Convención de Ginebra, Rusia está utilizando los alimentos como arma de guerra", sostiene Welsh.
El pacto de la esperanza
Además de perjudicar a la economía ucraniana, Zelenski afirmó en una comparecencia que el Kremlin quiere provocar "deliberadamente" una crisis alimentaria para aumentar la inestabilidad como consecuencia de la guerra de Ucrania. Antes de la invasión, el país era uno de los principales exportadores de trigo, maíz y cebada, y se calcula que cerca de 400 millones de personas dependen de estas exportaciones para garantizar la seguridad alimentaria. A pesar de los ataques, la renovación del acuerdo sobre el transporte de productos agrícolas a través del Mar Negro por 120 días es un respiro para el sector agrícola.
El pacto, que Rusia dio por suspendido por un presunto ataque de Ucrania en el puerto de Sebastopol y que iba a acabar este sábado, se alargará tres meses más y, durante este tiempo, se garantiza la circulación de cargueros en el Mar Negro a cambio de que Rusia pueda inspeccionarlos. A pesar de que la renovación del acuerdo ha sido aplaudida por Kiev, también ha precisado que las cantidades que se están exportando no son suficientes para compensar las pérdidas durante la guerra. "El reto es que las operaciones agrícolas están terminando. Todos los cultivos de invierno están plantados y la mayoría de los cultivos están cosechados o casi terminados, excepto el maíz, que está a mitad de camino. La agricultura se detiene hasta marzo, pero el suministro de semillas, fertilizantes, productos químicos y repuestos deberá continuar durante el invierno para preparar a los agricultores para la primavera", sostiene Mike Lee a este periódico.
El Ministerio de Política Agraria y Alimentación de Ucrania lleva un seguimiento lo más preciso posible de las consecuencias para el sector agrícola desde el inicio de la guerra y hasta mediados de septiembre. Las pérdidas directas han ascendido a 6 mil millones de dólares, mientras que las pérdidas totales (en las que se incluyen factores indirectos de esos ataques) ascienden a los 30 mil millones de dólares, según la Encuesta de pérdidas de la guerra en la agricultura de Ucrania difundida por el Ministerio.
Las pérdidas directas se traducen en ataques a maquinarias agrícolas que han sido total o parcialmente dañadas, a depósitos de grano destruidos y a las muertes de animales como abejas, cabras, cerdos y aves de corral. Además, más de 14.000 hectáreas de plantaciones perennes fueron destruidas. "Como resultado de la invasión a gran escala, se destruyeron o robaron 2,8 millones de toneladas de cereales y 1,2 millones de toneladas de semillas oleaginosas", afirma el informe. El Ministerio ha elaborado además un mapa con todos los ataques registrados en zonas agrícolas. Los últimos datos arrojan 213 ataques registrados en 25 regiones de Ucrania, la mayoría en parcelas de cultivo.
La situación agrícola es, junto con la electricidad, una de las mayores preocupaciones de los ucranianos que siguen en el país. Anastasia Rudenko es la editora de Rubrynka, un medio ucraniano que cubre las consecuencias de la guerra. Los reporteros que están sobre el terreno han publicado varios artículos sobre los daños en el sector agrícola, especialmente en zonas como el Donbás por la intensidad de los ataques. A pesar de no ser una experta en la materia, Rudenko forma parte del equipo que ha sido testigo de la realidad de los trabajadores agrícolas y las consecuencias de estos ataques. "Por ejemplo, en Visokopilska, en Jersón, los constantes bombardeos del ejército ruso han provocado que los agricultores no pudieran cosechar y perdieron la cosecha de cereales de este año", lamenta Anastasia Rudenko.
"Esto es solo un caso. Todos los días, directa o indirectamente, la agricultura está bajo fuego. Además, el bombardeo de la infraestructura energética también afecta el trabajo de las empresas agrícolas. Por ejemplo, el 22 de octubre, como resultado de un ataque con cohetes por parte de los ocupantes en las instalaciones de una infraestructura energética en Rivne, hubo un apagón parcial y un cierre forzoso de talleres clave de producción de fertilizantes minerales", afirma a El Confidencial.
Los nuevos 'héroes ucranianos'
Rubrynka ha contado historias como la de Vasyl, un hombre de 61 años residente en Mikolaiv, quien ha visto como se ha incendiado una gran parte de sus parcelas agrícolas. A pesar de los ataques cada vez más cercanos a su zona de trabajo, no ha dejado de arar la tierra. "Ha explotado una bomba a 800 metros de distancia (de una de sus parcelas). Me escondí detrás del tractor. Luego hubo la segunda explosión. Esperé a la tercera otros 10 minutos, luego fui a trabajar. Alguien tiene que hacerlo para conseguir comida. Cultivamos esta tierra. ¿Cómo podemos tirarla? La tierra aquí es estupenda", dijo.
En zonas como Mikolaiv, la guerra ha devastado una parte de los territorios y los ha incapacitado para el cultivo. Sin embargo, el problema persistirá hasta en el caso de un acuerdo de paz y de un fin de los bombardeos. El Ministro de Interior de Ucrania, Denys Monastyrskyi, afirmó a principios de verano que muchas de las zonas cercanas a los frentes han sido minadas y que volver a habilitarlas para el cultivo puede tardar hasta 10 años.
Por ahora, es difícil saber cuántas hectáreas del territorio ucraniano están minadas y cuántas de ellas son zonas agrícolas. Sean las que sean, el trabajo de desminado es una tarea lenta, en el que se desactivan las minas una a una. Además de encontrar al equipo suficiente para llevar a cabo el desminado (algunos países han ofrecido ya a sus equipos), los pocos detalles del plan apuntan a priorizar los caminos transitables y las líneas de bosque cercanos a ellos.
La situación es extrema en algunas zonas del país, pero la renovación del acuerdo del grano puede dar un poco de luz a uno de los sectores más afectados por la guerra. "Manteniendo abierto el corredor de cereales y continuando con las exportaciones por tierra, es probable que las exportaciones de cereales de Ucrania alcancen los niveles anteriores a la guerra", sostiene Mike Lee. "Esto significará que habrá más grano disponible en el mercado, lo que significa que llegará más a donde se necesita, y cuanto más tiempo dure el acuerdo, más confianza tendrá el mercado en la nueva normalidad", añade.
El Ministerio de Política Agraria de Ucrania informó que Ucrania envió casi 3 millones de toneladas de productos agrícolas en la primera quincena de noviembre. A pesar de que el pacto del grano puede desmoronarse después de prórroga de 120 días, las cifras pueden seguir siendo positivas. "Los agricultores y comerciantes de Ucrania tienen habilidades para solucionar problemas logísticos. Mientras la guerra no se intensifique por encima de la posición actual y los puertos se mantengan operativos, no debería haber demasiados problemas", sostiene el especializado en exportaciones agrícolas de Ucrania y Rusia a este periódico.
Los bombardeos en los territorios agrícolas no han provocado, sin embargo, una crisis alimentaria rampante. Los pequeños agricultores han conseguido, a pesar de todo, asegurar la seguridad alimentaria en el país. "Es necesario rendir homenaje al hecho de que los agricultores ucranianos se lanzan audazmente a la campaña de siembra, a pesar de circunstancias objetivas tan difíciles. Lo vemos en todas partes. Con la misma confianza y lealtad que los combates militares, los agricultores salen a los campos con el mismo coraje y lealtad", subrayó el ministro de Política Agraria y Alimentación de Ucrania, Mykola Solsky. En algunos artículos hasta se les ha descrito como los "nuevos héroes ucranianos" por seguir cultivando los campos y, como Vasyl, el agricultor de Mikolaiv, mantener vivo el frente agrícola.
El trabajo de los agricultores y el acuerdo del grano han sido también la manera de visibilizar la importancia de Ucrania en el sector. Volodímir Zelenski hizo referencia a esta potencia y afirmó que durante mucho tiempo, el mundo no reconoció la importancia agrícola del país. "Pero Rusia siempre ha sabido que unos pocos pasos contra nuestro estado, unos pocos pasos en nuestra región, y todos los continentes sentirán las consecuencias", dijo.
Sánchez ordena a 300 inspectores implantar su ley adoctrinadora en los colegios en vez de exigir el español en Cataluña
Apoyo incondicional del Gobierno a los inspectores que tendrán que velar por el adoctrinamiento de los niños en las aulas.
Carlos Cuesta. libertad digital. 20 Noviembre 2022
Pilar Alegría tiene un nuevo plan y un motivo de euforia: la inspección educativa se centrará en la implantación de la nueva Ley de Educación, la misma que plantea un adoctrinamiento sistemático en materias como la Agenda 2030, la memoria democrática y la ideología de género. En concreto, más de 300 inspectores se centrarán en ello. Justo los mismos que no reciben ni una sola orden de vigilar el derecho de los padres e hijos a que se eduque a los menores en lengua española en cualquier lugar de España.
La ministra de Educación y Formación Profesional, Pilar Alegría, ha presentado orgullosa ante el Consejo de Ministros el plan de control e implantación de la polémica ley que incorpora a las aulas contenidos adoctrinadores en materia de ideología de género, ecologismo ultra y memoria democrática. Y ha explicado que su departamento está elaborando ya un Real Decreto específico para la inspección educativa. ¿Con el fin de evitar la vulneración de derechos educativos de los niños en zonas separatistas donde se les impide estudiar en español? Nada más lejos de la realidad: "Para generar una normativa básica que dé estabilidad". ¿Y a qué se refiere con ello? Pues a que más de 300 inspectores de educación se centren en garantizar la implantación de los contenidos adoctrinadores de la nueva ley socialista y comunista.
Apoyo a labor de los inspectores de educación
La ministra de Educación y Formación Profesional subrayó recientemente "la importancia del trabajo de este cuerpo docente para garantizar el éxito en la implantación de la nueva Ley de Educación". "Queremos mostrar nuestro respaldo y apoyo a la labor de los inspectores de educación, especialmente este año en el que se está implementando por primera vez la LOMLOE, cosa que genera dudas y situaciones novedosas en los centros educativos. Frente a este cambio, la inspección educativa juega un papel clave", ha aclarado Alegría.
"Conseguir que el alumnado desarrolle al máximo sus capacidades en un marco de equidad, igualdad e inclusivo, exige un currículo competencial eficaz, un profesorado comprometido y una Inspección de Educación que dinamice, oriente, asesore y se erija como motor de cambio en la propuesta curricular", añadió en la inauguración del reciente Congreso Estatal de la Inspección de Educación celebrado en Valencia.
Y este apoyo del Gobierno a la labor inspectora como clave en la implantación de la nueva ley educativa se verá reforzado con un real decreto específico "para generar una normativa básica que dé estabilidad. Un decreto que recogerá, fundamentalmente, la carrera profesional de los inspectores con la adecuada atención y reconocimiento", en palabras de la ministra.
Y es que Pedro Sánchez ha dado orden de que la permeabilización de esta norma en los colegios sea prioritaria. Al igual que Sánchez no ha dado ninguna orden, sino más bien lo contrario, de que los inspectores colaboren en la garantía constitucional que asiste a los padres e hijos de poder educar a los menores en lengua española en cualquier rincón de España.
DELITOS DE SEDICIÓN Y MALVERSACIÓN
Manifestación en Barcelona contra el gobierno
Redacción. https://rebelionenlagranja.com. 20 Noviembre 2022
A las 12:00 horas en la Plaza de la Universidad de Barcelona
«¡España quiere votar! ¡Elecciones ya! Frente al Gobierno de la ruina, la inseguridad y la traición», es el lema de la manifestación que Vox ha convocado en Barcelona este sábado 19 de noviembre. La cita será a las 12:00 horas en la Plaza de la Universidad de la Ciudad Condal.
El líder de Vox en Cataluña, Ignacio Garriga, llamó ayer a los catalanes a salir a la calles este sábado para decir «basta» al Gobierno de Pedro Sánchez por sus «continuas cesiones al separatismo», la última, la reforma del Código Penal para derogar el delito de sedición y rebajar las penas por el de malversación de caudales públicos, que desde Vox denuncian que se trata de una «amnistía encubierta» para «contentar a sus socios» secesionistas.
Además del propio Garriga, intervendrán al final de la manifestación Santiago Abascal. La manifestación tiene como objetivo principal «denunciar los atropellos de Sánchez contra los españoles y los catalanes, cómo está dispuesto a todo con tal de seguir un minuto más en Moncloa y mantener a sus socios separatistas en la Generalitat», explicó el líder de Vox en Cataluña este jueves.
Abascal anunció el pasado viernes que su partido convocaba dos manifestaciones, la de mañana y la que tendrá lugar el domingo 27 de noviembre en esta ocasión en la Plaza de Colón de Madrid y frente a los ayuntamientos de las capitales de provincia.
«Sánchez ha dado inicio en España a un proceso destituyente de España, cuyo fin último es la perpetuación en el poder», todo lo cual pasa por «el desmoronamiento del Estado de Derecho, el asalto a las instituciones democráticas, el fin de las libertades, la ingeniería social y la disolución de la unidad nacional».
Moción de censura
Abascal aseguró que Vox apoyará «cualquier iniciativa que pase por desalojar a Pedro Sánchez del Palacio de la Moncloa y que sirva para convocar elecciones anticipadas», invitando al Partido Popular a presentar una moción de censura como hizo Vox en 2020. El PP ha descartado presentar dicha moción hacerlo.
Sánchez, principal culpable de la suelta de los violadores
EDITORIAL. libertad digital. 20 Noviembre 2022
La ministra de Igualdad, Irene Montero, se ha quedado sola en la defensa de esa barbaridad jurídica que responde en términos populares a la ley del "solo sí es sí", aciaga máxima cuyos efectos judiciales son la rebaja de penas y la excarcelación de delincuentes sexuales. En una alarde de empecinamiento, la señora Montero acusa a jueces y fiscales de "sesgo machista" en la aplicación de ese disparate legal, un bodrio que pasará a los anales de la ignominia legislativa.
Pero que Montero se haya embarcado casi en solitario en la defensa de ese dislate de ley no significa que sea la única responsable de la humillación de las víctimas, muchas de ellas menores. Ni siquiera es la principal culpable. Es, eso sí, el chivo expiatorio del PSOE y de una significativa parte de ese "espacio" configurado por Izquierda Unida y Podemos, que siente punzadas de vergüenza ajena ante la colosal chapuza jurídica.
En el Gobierno hay tres jueces, Margarita Robles, Fernando Grande-Marlaska y la invisible Pilar Llop, titular de la cartera de Justicia, y un jurista como Félix Bolaños, que pasa por ser el cerebro y brazo ejecutor del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Ellos y el resto de los ministros cuentan con un ejército de asesores entre cuyas funciones consta la de dar una forma mínimamente jurídica a las aberraciones "legales" de sus jefes.
Todo ha fallado en el control de esa ley, cuyo nombre oficial es el de Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual. Tal vez unos legisladores más serios y humildes se habrían contentado con un enunciado que reflejara el hipotético propósito de combatir los delitos sexuales en vez de presentar un churro como la panacea en materia sexual con perspectiva de género. Un despropósito que recorrió los ministerios, pasó por el Consejo de Ministros, fue presentada en su día por María Jesús Montero, entonces en calidad de portavoz del Gobierno, sin que en aquella rueda de prensa de celebración del feminismo ultra estuviera presente la ministra de Igualdad, a la que no le dejaron ponerse la medalla en primera instancia.
Se entiende que Sánchez estaba al corriente y es Sánchez quien debería pedir perdón a las víctimas y obrar en consecuencia. Es decir, dimitir dos minutos después de derogar esa ley criminal y cesar a Irene Montero, que no es más que el involuntario parapeto tras el que se esconde la recua de incompetentes que dio luz verde a tamaño desatino de consecuencias tan irreparables como los beneficios penitenciarios de los criminales y la ofensa a sus víctimas, que lo fueron primero de sus violadores y ahora de un Gobierno plagado de peligrosos inútiles.
Es muy significativo que la vicepresidenta segunda por la cuota morada, Yolanda Díaz, no haya salido en defensa de la ministra de Igualdad subrayando, por ejemplo, la incomparecencia de Pilar Llop, Grande-Marlaska o la señora Robles. Pero Irene Montero está sola, a los pies de los caballos y en la apoteosis de la estupidez aún tiene el cuajo de culpar a jueces y fiscales de ser los representantes de una especie de machismo estructural, obviando el detalle de que magistrados y acusación pública se limitan a aplicar las leyes que proceden de esa fábrica de los horrores que es el Consejo de Ministros en pleno con Pedro Sánchez en función de cabecilla de la manada legislativa que ha decidido abrir las celdas de los delincuentes sexuales.
Sánchez tiene
un plan, ¿cuál es el de la oposición?
Alejo
Vidal-Quadras. vozpopuli. 20 Noviembre 2022
La técnica del avestruz nunca se ha revelado como la idónea para hacer frente a los problemas o para superar las crisis. A los adultos nos causa hilaridad el gesto de los niños de taparse los ojos creyendo que así se vuelven invisibles. En el terreno político de nuestra historia reciente, la nefasta legislatura desperdiciada 2011-2015 siguiendo la peregrina teoría de que la inacción es la mejor manera de gobernar porque si se abordan los defectos estructurales y las carencias del modelo productivo, de la educación, de la justicia, de la sanidad, de las pensiones, de la natalidad y de la organización territorial, surgen molestos choques con intereses creados o con las fuerzas adversarias –"uf, qué lío" era la frase favorita del anterior presidente del Gobierno cuando se le presentaba una dificultad a solventar-, condujo a la moción de censura del primero de junio de 2018 y a la pesadilla en la que actualmente vivimos inmersos. Desde esta perspectiva, si los enemigos declarados de la Nación, es decir, Pedro Sánchez, Podemos, los separatistas catalanes y vascos y los justificadores del terrorismo, dan muestras palpables de tener un plan o, como diría un cursi, una hoja de ruta, y la van desarrollando ante los ojos de propios y extraños sin recato alguno y de manera inexorable, es lógico suponer que los grupos de la oposición tendrán también un proyecto capaz de alertar a los españoles de los perversos designios urdidos en La Moncloa y de desbaratarlos o, por lo menos, de ofrecerles una eficaz resistencia.
No se necesita ser un lince para adivinar en qué consiste el plan de Sánchez y sus diabólicas compañías. Su objetivo es transformar el Estado de las Autonomías dibujado por la vigente Constitución en un Estado plurinacional de corte confederal, paso previo a su fragmentación en un número indeterminado -al hoy jefe del Ejecutivo no le gusta perder el tiempo en detalles insignificantes- de mininaciones inventadas y previsiblemente hostiles entre sí. Veamos: la primera etapa del plan ha consistido en dos maniobras más o menos simultáneas, el cambio de la situación penitenciaria de los convictos de ETA y de los sediciosos catalanes mediante la transferencia de la política de prisiones al Gobierno vasco y el acercamiento de los presos terroristas a cárceles del País Vasco y de Navarra acompañados del indulto de los sediciosos del uno de octubre de 2017. Dos movimientos de piezas en el tablero aparentemente inconexos, pero estrechamente ligados en el esquema general. La segunda etapa, ya puesta en marcha, estriba en la eliminación del delito de sedición para rebajarlo a simples desórdenes públicos y la suavización del de malversación distinguiendo como de menor cuantía la ausencia de lucro personal. Esta segunda etapa, una vez culminada, permitirá a los indultados y fugados, libres ya de inhabilitaciones, recuperar en plazo breve todos sus derechos civiles y volver a ocupar puestos de gobierno o escaños parlamentarios.
La tercera etapa es la más difícil, pero a un personaje con la inaudita amoralidad del capitán de esta cuadrilla de demolición no le arredran ni escrúpulos éticos ni rigores jurídicos. Su apostura y legendaria reciedumbre de voluntad saltarán sobre cualquier obstáculo por grande que sea. La maniobra, tal como han tenido la amabilidad de anunciarnos los dirigentes secesionistas, se urdirá en la mesa de diálogo establecida entre el Gobierno de la Nación y el autonómico de Cataluña y planteará, gracias al retorcimiento de las previsiones constitucionales sobre consultas populares, una vía pseudo o paralegal que abra el camino a referendos de autodeterminación a imagen y semejanza de la famosa Ley de Claridad canadiense.
El iter descrito es el que está en curso y en el que trabajan afanosamente sus diseñadores y ejecutores. Ante esta clamorosa y siniestra evidencia, sería de esperar por parte de los partidos leales a la Constitución y respetuosos del imperio de la ley una reacción unitaria, firme y contundente. Pues no, brujulean en orden disperso, pierden el tiempo en rencillas internas, se miran desconfiadamente de reojo, se prodigan mohínes de disgusto y no se enteran de la película, que es del género de terror. Hay varias iniciativas que podrían emprender codo con codo para despertar, orientar y dar esperanza a la sociedad española. Por ejemplo, la presentación de una moción de censura conjunta que articulara ante la ciudadanía un programa completo, valiente y atractivo que encarnase una alternativa sólida y creíble al horror que nos preparan Sánchez y sus deletéreos adláteres. O la convocatoria, también al unísono, de una manifestación masiva de repulsa al despliegue traicionero de sucesivas ignominias que están haciendo trizas la meritoria obra de la Transición. Y, por supuesto, la exigencia de elecciones generales adelantadas para que el buen pueblo español pueda expresar su opinión en la dramática coyuntura que atravesamos. En fin, algo que demuestre que la oposición existe, que es consciente de la gravedad de lo que sucede y que se muestra dispuesta a actuar cerrando filas ante el frente destructor que pugna por arruinarnos material y moralmente. En síntesis, que Sánchez y asociados tienen un plan y ya es hora de que sepamos cual es el de la oposición.
Oposición o España
Nota del Editor. 20 Noviembre 2022
Eso de echar el muerto a la oposición está muy visto. El problema es el dr cum fraude apoyado por el psoe y sus quates comunistas y los traidores del pp, así que nos queda Vox, es decir España. España tiene que reaccionar y apoyar a Vox sin fisuras. Quienes no quieran apoyar a Vox, que vayan pidiendo consejo a los venezolanos, cubanos y demás sufridos humanos bajo el yugo de los comunistas y sus quates de sus sistemas de supervivencia bajo la bota de tantos miserables.
Vox ya hizo una moción de censura y el pp le asestó una puñalada. Vox convoca otra concentración contra el dr cum fraude el próximo domingo 27 en Madrid y al pp ni se le espera.
******************* Sección "bilingüe" ***********************
Frenar la traición
EDITORIAL. gaceta.es. 20 Noviembre
2022
Son múltiples los motivos para manifestarse contra un Ejecutivo, el de Pedro Sánchez, que está destruyendo la economía, y que gobierna para los separatistas y los filoterroristas y contra los españoles honrados y decentes con el único propósito de seguir un día más en el poder.
Ha impulsado leyes ideológicas que suponen una ruptura antropológica que no tiene precedentes (eutanasia); que imponen una «verdad oficial» por decreto y reescriben la Historia en función del discurso ideológico y revanchista de la izquierda (memoria democrática); y que niegan la realidad biológica y atacan el más elemental sentido común (Ley Trans).
Ha derogado el delito de sedición para contentar a los golpistas que atentaron contra la unidad nacional, a los que indultó y los que todavía hoy reiteran que lo volverán a hacer, y prepara la rebaja del delito de malversación, una recurrente petición de su socio Oriol Junqueras para volver a ser candidato y que, entre otros, favorecería al socialista José Antonio Griñán, condenado por la trama corrupta de los ERE. Y ha beneficiado a sanguinarios etarras (ya solamente queda una veintena fuera de las cárceles del País Vasco o Navarra).
Pero no sólo eso. Este Gobierno, además, supone un peligro público para los españoles. Su aliento del efecto llamada migratorio tiene nefastas consecuencias que no sufren ellos, ni las élites, ni los burócratas, pero sí las familias, sobre todo las que viven en barrios humildes. Y sus chapuzas legales, desconsiderando informes que advertían de lo que hoy sufrimos, están sacando de las cárceles a depredadores sexuales que invocan la ley (la del «sólo sí es sí») impulsada por el Ministerio de Igualdad de Irene Montero -con luz verde del Consejo de Ministros y de casi todo el arco parlamentario del Congreso, incluidos cuatro diputados del PP,- para reducir sus condenas.
Ante este escenario, VOX ha llamado a los españoles a salir este sábado en Barcelona y el próximo domingo en Madrid para exigir la dimisión de Pedro Sánchez y la convocatoria de elecciones inmediatas. Se abre, por tanto, una oportunidad para poner pie en pared en las calles ante la traición, ante tanto atropello de un Ejecutivo al que únicamente le quedan los órganos (subvencionados con nuestro dinero) de propaganda en los que balbucea ataques sin sentido que debilitan todavía más el sistema constitucional.
Lo que faltan son checas con perspectiva de género
FEDERICO JIMÉNEZ LOSANTOS. libertad
digital. 20 Noviembre 2022
Cuando en 2004, con el apoyo de todos los partidos (Vox no tenía presencia parlamentaria), se aprobó la ley de Violencia de Género, hubo algunos, pocos, que dijimos que eso suponía el fin del Estado de Derecho. En el PP voces como la de Cayetana Álvarez de Toledo se mostraron en contra, y, en la fuerza ascendente, Ciudadanos, Marta Rivera de la Cruz escribió en el mismo sentido: sin la presunción de inocencia y la carga de la prueba, desaparece la prevalencia de la ley sobre la ideología política.
Cuando Ciudadanos traicionó la idea de ciudadanía
De hecho, la ley impulsaba la creación de tribunales populares al estilo soviético, maquillados por la presencia de jueces de carrera, para imponer penas sin garantías judiciales que chocan con cualquier régimen constitucional. Albert Rivera, demostrando su falta de principios, vio una encuesta tras la batahola izquierdista en los medios, y decidió que su partido, aunque llamado Ciudadanos, debía condenar la idea de ciudadanía, que se basa en la igualdad de todos ante la Ley, sin diferencias por razón de sexo, raza o religión. Mandó callar a Marta y se unió a la manada progre, no le fueran a llamar facha. Era muy moderno Albert. Y como la Izquierda es la que define lo moderno y lo antiguo, Cs se unió al rebaño izquierdista.
Que nadie, pues, acuse de incoherencia a Inés Arrimadas por votar a favor de la ley del solo sí es sí, hija de la de Violencia de Género: ha seguido la línea de su predecesor: hacer lo guay y no dar pie a que los llamen carcas. Lo que sí les podemos llamar es socios de Irene Montero y abogados de los violadores que, gracias a su ley, están saliendo en manada de las cárceles. Por cierto, que no he oído a la presidenta del partido naranja una palabra de arrepentimiento o de simple reflexión. Supongo que cuando se vota lo que se vota por puro oportunismo, lo más oportuno ante el desastre, es callarse.
Pero hay fechorías que no pueden pasar inadvertidas. Ni la de Inés ni tampoco la de Teruel Existe. Guitarte, ese valenciano de Cutanda que, a diferencia del Consejo Ciudadano de su partido, no denuncia los molinillos de Forestalia, también votó esa ley, la mejor para violadores y pederastas desde que Zapatero inició la demolición del régimen constitucional. Otra aportación del oportunismo disfrazado de baturro al sanchismo abyecto.
La escuela jurídica del Derecho a Coces
Los jueces que, en cumplimiento del orden legal, que es para lo que están, excarcelan a violadores y pederastas, no lo hacen por gusto sino con repugnancia. Pero Irene Montero, la Lerda Mayor del Reino, no es la única responsable de esa atrocidad de obligado complimiento, sino todos los partidos que la votaron: PSOE, Podemos, Bildu, PNV, Ciudadanos, Más País, Junts, Compromís, PDeCat, BNG, Coalición Canaria y Teruel Existe. Se abstuvieron ERC y la CUP y votaron No sólo el PP y Vox. El presidente del Gobierno, ataviado en Bali como el Peret del "Borriquito como tú, / que no sabes ni la U", apoyó públicamente esa ley como "innovadora". Y tuvo el cuajo de remitir al Supremo o "instancias superiores" el arreglo de los "defectos" de su aplicación. A esa escuela de Juristas a Coces se unió enseguida Patxi López, o Tóntez, diciendo que la solución era otra ley que metiera en la cárcel a los violadores que se acababa de poner en libertad. No se puede decir que López sea un tonto retroactivo, porque nunca se le ha conocido actividad inteligente, pero ignorante proactivo, activísimo, vaya si lo es.
En definitiva, lo que propone el Gobierno es que los jueces, a los que se fuerza a prevaricar en función de la "perspectiva de género", también deben prevaricar en sentido contrario si el efecto de sus sentencias molesta al Gobierno. O sea, que deben prevaricar siempre, pero inclinándose a la izquierda o a la derecha según entiendan que pueda percibir su sentencia la opinión pública, que además está en "estado interesante", o sea, electoral. Pero siempre se equivocarán, incluso a favor de obra, porque esa es la consecuencia de prescindir del Estado de Derecho, y desde la ley de Violencia de Género sólo se pueden perpetrar atrocidades morales o disparates partidistas. ¿O acaso creían en el Supremo cuando volvieron a juzgar ilegalísimamente el caso de la Manada que aquel atropello jurisdiccional iba a quedar en anécdota sin consecuencias?
Las feministas del PSOE alumbraron el monstruo
Tras la Viogen, llegaron la ley del solo sí es sí y la ley trans, frondosas ramas del alcornoque totalitario. Pero todas ellas, desde la primera, parten de un disparate: que la ley debe ordenar y valorar las conductas, no sólo sancionarlas, cuando tendría que ser al contrario: el juez debería atenerse a los hechos, no a las intenciones, a la voluntad o a las ideas que las inspiran. Pero llevamos dieciocho años, se dice pronto, desde que en 2004 se votó la maldita ley, y, claro, sus frutos han alcanzado ya la mayoría de edad. "La Trans" y "La Sisí", como llaman en los juzgados a estos dos monstruos, están produciendo ya efectos que van más allá de los "daños inevitables" que previeron esas feministas del PSOE que ahora se rasgan las vestiduras.
Si el testimonio de un hombre no vale frente al de una mujer, como se hace al aceptar que la violencia tiene género y no es violencia sin más, es lógico que unas leyes para condenar inocentes favorezcan a culpables. Hay un dicho comunista, que repetía La Pasionaria en la Guerra Civil: "es mejor condenar a cien inocentes antes de que se salve un solo culpable". Por supuesto, entre los inocentes no estaba ella, ni el PCE cuyos crímenes ensalza, con la ayuda de un juzgado de Madrid, un sello de Correos, donde reina un amigacho de Sánchez, en contra de la condena del comunismo por el Parlamento Europeo, que prohíbe expresamente toda exaltación de los símbolos nazis y comunistas. La idea comunista de Justicia desde Lenin no ha cambiado, arbitrariedad "de clase" al servicio del marxismo-leninismo. Y el que se oponga, al paredón o al psiquiátrico. O, como solución de emergencia, a la checa.
Checas para imponer la "perspectiva de género"
Irene Montero, Victoria Rosell y Pam Patapán, con el gallo Iglesias revolviendo el gallinero, culpan ahora a los jueces que, cumpliendo su ley, deben soltar a violadores y pederastas -aunque de la suelta de pederastas no protestan- de ser "machistas" sin "perspectiva de género". Y que deben hacer cursillos de ese reciclaje "de género" para condenar como es debido, es decir, según la intención política y no según la forzosa aplicación de la ley. Y los jueces protestan diciendo que ya los reciben. ¡Para lo que sirven!
Es ridículo ver a Irene, Patapam y Vicky Aeropuertos poniéndoles deberes a los jueces, que se tiran años para aprobar sus oposiciones. Pero eso es lo que tiene la ideología comunista, que hace infalibles a los que en cada momento detentan el poder y establecen la ortodoxia a seguir. Como los que no son comunistas, e incluso algunos comunistas, no siempre están de acuerdo se impone el terror político: la tortura, la cárcel y la muerte.
El Príncipe de Zambomba, domador de pumpidos
Eso fueron las checas en la Guerra Civil: tribunales secretos que juzgaban y condenaban, con la violencia más extrema, a los "enemigos de clase". Miles de mujeres, religiosas y seglares, madres e hijas, fueron violadas, torturadas y asesinadas como "enemigas de clase". Andrés Nin fue despellejado vivo por comunistas rusos y españoles por lo mismo: ser "enemigo de clase", frente al que definía la "política de clase", que era Stalin, y que aplicaba, en su nombre, el comisario político más próximo. Que, si cambiaba la línea política, se convertía en víctima: véase Koltsov.
Me sorprende que el muecín de Al Qaeda, La Base, pisito mediático que Roures le ha puesto a Pablo Iglesias, no pida que se instalen cuanto antes checas con "perspectiva de género". Sin la elocuente persuasión de la violencia revolucionaria, esos y esas carcas, ellas peor que ellos, que pasan su juventud estudiando leyes y haciendo oposiciones, no pasarán por el aro. Falta el látigo. Pero si al Peret de Bali, coronado en el G20 Príncipe de Zambomba, se le explica bien, se pondrá encantado el uniforme de domador. Y Pumpido, en su banqueta del Constitucional, bordará el papel de león de la Metro. Emitirá rugiditos de apariencia feroz, pero, en el fondo, sumisos, cariñosos, obedientes. Y luego, el circo será pasto de las llamas.
VOX
Manifestantes de Vox en Barcelona: «Hay comisarios políticos disfrazados de maestros»
IRENE TABERA. okdiario. 20 Noviembre 2022
Vox ha logrado congregar a varios centenares de personas en la plaza de la Universidad en Barcelona para pedir la dimisión del Gobierno de Pedro Sánchez al que han tildado de «traidor» y de ser el ejecutivo de «la ruina y la inseguridad». En este sentido, OKDIARIO ha entrevistado a diferentes manifestantes para conocer la opinión que la ciudadanía tiene al respecto de este Gobierno. Ahora bien, también ha habido algunos que han alzado la voz en contra del separatismo y a favor del español en las aulas. «Falsean la historia. Comisarios políticos disfrazados de maestros… Ya sabemos lo que hay en Cataluña», ha denunciado un barcelonés que ha acudido a la concentración de Vox.
Asimismo, un jóven que portaba un cartel que rezaba «elecciones ya» ha acusado al Gobierno de Sánchez de «traidor» y de ser «ilegítimo» porque ha engañado a todos los españoles al haber dicho que no pactaría con proetarras y separatistas cuando finalmente lo ha hecho. «Nos está llevando a la ruina y a la miseria», ha afirmado.
Otra mujer ha expresado su indignación e impotencia al decir que «cuando expresamos descontento somos fachas y nosotros de fachas no tenemos nada». Además ha defendido su condición de catalana y española a la vez que ha lamentado que en Cataluña siga habiendo un problema de convivencia a pesar de que Sánchez diga que ahora se vive mejor que en el 2017. «Abascal y Vox son la única esperanza que queda para España», ha asegurado.
Un hombre también ha querido alzar la voz en contra de la inseguridad que se vive en las calles de Barcelona y ha reclamado una mayor «ley y orden» para que se pueda transitar por las calles con tranquilidad «sin estar pendiente de los robos». En este sentido, una manifestante que se encontraba en la plaza de la Universidad se ha quejado de la inseguridad y ha pedido «que no haya okupas» y que las leyes se hagan «en condiciones». Además ha revelado que si no hubiese Mossos en ese momento en la plaza de San Jaime habría muchos independentistas increpándoles por llevar la bandera de España.
Otro joven barcelonés se ha quejado de la intolerancia que se vive en la ciudad condal cuando se es militante de la formación conservadora y ha denunciado la xenofobia existente en la ideología separatista catalana. «Me llaman fascista y traidor. Me llaman inmigrante y que me vaya de Cataluña» y ha mencionado que Puigdemont lo primero que tiene que hacer «es devolver el dinero robado a todos los catalanes por el referéndum ilegal».
Más dinero español para el jolgorio fiscal vasco
GRACIANO PALOMO. okdiario. 20 Noviembre 2022
La cosa ha pasado de tapadillo. Como todo lo que ocurre últimamente relacionado con el País Vasco. Todo indica que la pretensión de Sánchez es volver a hacer historia en ese atormentado territorio durante décadas: que Bildu, heredero político de ETA, entre en el Gobierno autónomo de aquella comunidad.
El último episodio tiene que ver con la cesión del impuesto especial a la banca y las eléctricas a las diputaciones forales vascas, tras un pacto entre la andaluza Montero y los malencarados de Bildu. Resulta que los bilduetarras trabajan ahora para que la banca vasca y las eléctricas vascas –no hará falta señala ad hominem, qué referencias son esas- paguen menos dinero, y lo que paguen vaya a la caja euskalduna. Cesión clamorosa del Gobierno socialcomunista que ha marginado, por cierto, al Partido Nacionalista Vasco, el gran guardián de las esencias repletas de naftalina y de moho.
Hace ya mucho tiempo que la comunidad foral vasca se lleva más dinero del resto de los españoles que lo que ellos aportan a la caja común. Ellos, tan prepotentes y despreciativos siempre con aquellos conciudadanos que se trasladaron a trabajar a una tierra donde Franco promocionó sus industrias. Durante muchos lustros hemos tenido que soportar el hálito de superioridad de unos tipos que presumían de pertenecer a una tierra sin romanizar. De eso, obviamente, sí pueden fanfarronear.
Es intolerable invocar por parte de Bildu –extrema izquierda que no condena el terrorismo de sus ancestros y la violación sistemática de derechos humanos- elementos como la solidaridad y el sentido social. Ellos, que se aferran como clavo ardiendo a los fueros, la figura jurídica más trasnochada, antigua y demodé que ha sido denunciada en la Unión Europea. Privilegios que ponen en almoneda la igualdad entre aquellos que pertenecen a una misma nación y a un mismo Estado.
Tras el acuerdo bilduetarra con el Gobierno de Sánchez para quedarse con el dinero de ese impuesto especial –banca y eléctricas, repito-, ¿alguien en su sano juicio puede creer que entidades financieras concretas y compañías energéticas concretas van a pagar como parece exigir el espíritu de la norma?
¡Dejen de tomar el pelo a los españoles! Paguen y coman.
El Govern lo vuelve a hacer: ofensiva por la inmersión al catalán en Sanidad y empresas
La Generalitat está impulsando el 'Pacte Nacional per la Llengua' para caminar hacia un procés lingüístico
FERNANDO GARCÍA-ROMANILLOS. vozpopuli. 20 Noviembre 2022
Facilitar parejas lingüísticas a profesionales sanitarios para que aprendan catalán, uso preferente de esa lengua con los pacientes o prospectos farmacéuticos redactados en catalán, son algunas novedades de la inmersión lingüística que se cierne sobre el sector sanitario en Cataluña. De igual modo, para las empresas se estudia bonificar fiscalmente las contrataciones de catalanoparlantes, cláusulas lingüísticas en las relaciones contractuales con la Administración o un sello de calidad lingüística para empresas. Todo ello forma parte del procés lingüístico conducido desde la Generalitat con el nombre de 'Pacte Nacional per la Llengua', que ha finalizado su primera fase, con vocación de extenderse hasta el "Carxe de Múrcia".
A finales de octubre fueron presentadas las propuestas para el 'Pacte Nacional per la Llengua' (PNL) recogidas durante meses por la Secretaría de Política Lingüística, para ser aprobadas por el Parlament. El PNL, herramienta de agitación lingüística en el tejido social, pretende una sociedad que "viva plenamente en catalán", considerando esa la única lengua de "cohesión social" y de "ascenso social". Este Pacto es la lanzadera del procés lingüístico, nueva versión del procés por la independencia en cumplimiento del "ho tornarem a fer". El empeño por una sociedad monolingüe ha cubierto etapas semejantes a las del anterior procés en el terreno de la enseñanza, incumpliendo órdenes judiciales y con unas leyes de desobediencia -el decreto 6/2022 y la ley 8/2022, destinadas a burlar las sentencias del TSJC sobre el 25% de enseñanza en español-, que evocan las leyes de desconexión de septiembre de 2017.
El Pacte Nacional per la Llengua nace de la resolución 102/XIV del Parlament (30/09/2021), que reafirma el camino hacia la república catalana, la amnistía y el derecho de autodeterminación con un referéndum. También instaba a un pacto nacional por la soberanía alimentaria, pero ha ido por delante el lingüístico destinado a reforzar una lengua catalana presuntamente desprotegida, desplazando a la española. De las doce áreas sobre las que se despliega el PNL, se recogen aquí las propuestas referidas a sanidad y área sociolaboral. Casi todas ellas implican, como reconoce la presentación del plan, "reconsiderar presupuestos, revisar políticas, renovar compromisos (…) reforzar la seguridad lingüística y garantizar la continuidad del catalán como lengua completa".
En el sector sanitario constata el descenso de catalanoparlantes porque la reposición de profesionales es con personas procedentes del resto de España y del extranjero. Tras lamentar que el catalán no sea un requisito en la formación de los MIR, pues solo "deben acreditar conocimientos de castellano", sostiene que para la mejor calidad asistencial médicos y enfermeras deben dominar y hablar en catalán con los pacientes.
El proceso participativo del Pacte Nacional per la Llengua ha incluido una mesa redonda sobre sanidad con presencia de representantes del Colegio de Médicos de Barcelona (Anna Olivé), de los Colegios de Enfermería de Cataluña (Enric Mateo) y de la asociación de centros asistenciales (Antoni Vidal). Olivé incidió en que no hay recambio generacional de médicos catalanoparlantes, mostrando el inconveniente legal de que no se pueda obligar a contratar a los que hablen o entiendan la lengua cooficial que, presumió, es la propia de las comunicaciones del Colegio de Médicos, algo que "ya se hacía en la época franquista". Esa entidad ofrece aprendizaje lingüístico y se plantea "incentivos positivos" a los nuevos médicos en su primer año de colegiación, para que aprendan catalán. La Dra. Olivé citó un comentario burlesco del decano del colegio médico, Jaime Padrós, diagnosticando "síndrome Vargas Llosa" en los llegados de fuera de Cataluña que no aprenden la lengua cooficial.
Las propuestas sobre sanidad recogidas por el PNL confluyen en una inmersión lingüística para los sanitarios, sin datos sobre la calidad asistencial en función del idioma empleado. Ni el Pacte Nacional per la Llengua, ni las aportaciones al mismo mencionan que la Tarjeta Sanitaria para usuarios de CatSalut (Servicio Catalán de Salud) se expide solo en catalán, no es bilingüe como el DNI e incumple el art.3.2 b) del R.D. 183/2004, modificado en 2013. Tampoco recoge que los profesionales recién incorporados son aleccionados para hablar en esa lengua y utilizarla en los historiales clínicos, ya que la documentación para los pacientes está siempre en catalán. Y, sobre todo, que en los concursos para una plaza fija el nivel de catalántiene máxima puntuación.
El representante de Colegios de Enfermeras y Enfermeros de Cataluña, Enric Mateo, coincidió en el lamento de su predecesora sobre el incremento de enfermeras que "venen de treballar des de fora", asociando el uso de la lengua catalana como signo de calidad y competencia profesional: "La gestión clínica hemos de hacerla en catalán porque tiene un impacto directo sobre la salud de las personas". El hecho dijo, de que los sistemas informáticos y la gestión de historias clínicas "estén en nuestra lengua garantiza la seguridad del paciente y la calidad de la atención sanitaria".
Estas y otras consideraciones son coherentes con la letra y el espíritu del Pacte Nacional per la Llengua, que en su documento base, 'Un marco sociolingüístico igualitario para la lengua catalana', insiste en la utilidad de la lengua catalana para la "inclusión y ascenso social". De ahí que el representante de ACRA (Asociación Catalana de Recursos Asistenciales), Antoni Vidal, expusiera con cierto dramatismo que el perfil mayoritario de las empleadas de las residencias geriátricas sean mujeres extranjeras en las que "es complicado que incorporen el catalán al comunicarse", dando lugar a que usuarios catalanoparlantes se vean obligados a tratar con su cuidadora en castellano porque, según Vives, "hay personas mayores que han vivido el franquismo, pues, pasan al castellano".
El propósito explícito del PNL de imponer el monolingüismo en las relaciones de sanitarios con pacientes, reincide en prácticas consideradas ilegales. Resucita el Protocol d’usos lingüístics per al sector sanitari públic a Catalunya aprobado por la Generalitat en 2010 y sobre el que la sentencia 772/2015 del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña se pronunció anulando, "por ser contrarios a derecho", los mandatos de utilizar solo el catalán en las comunicaciones entre personal sanitario, en las de éste con los pacientes, en el inicio de las conversaciones telefónicas y en la documentación de los centros sanitarios.
En el mundo económico el procés lingüístico se centra en la actividad empresarial, societaria y sindical con el argumento de que la lengua "nuestra" y "completa" también lo es de "prestigio". De ahí que en las iniciativas del Pacte Nacional per la Llengua proliferen consideraciones así: "La ausencia habitual de la valoración de los conocimientos de catalán en la selección de personal tiene un múltiple efecto negativo: desactiva el interés de los no catalanohablantes por aprender una lengua que mejoraría su estatus social". En las conclusiones de una sesión dedicada al ámbito socioeconómico y laboral se recomienda "vincular la lengua catalana al bienestar y a la perspectiva de vivir mejor".
En la mesa redonda correspondiente a esa área, la vicesecretaria general de UGT Catalunya, Nuria Solé, exhibió sus 53.000 delegados sindicales como prueba de su capacidad para fomentar el uso del catalán como "lengua principal" entre los trabajadores, siempre que aumenten "las subvenciones mínimas que recibimos en los últimos años". La posibilidad de incluir en los convenios colectivos requisitos lingüísticos está implícita en el mensaje de la dirigente ugetista a los responsables del PNL recordando que la concertación social incluye "la formación continua, cláusulas concretas que se pueden introducir en los convenios… etcétera".
Reafirmando el compromiso lingüístico de UGT, Solé considera necesaria "una oferta pública articulada para trabajar en catalán", en línea con lo que asegura el informe de partida del Pacte Nacional per la Llengua sobre la poca importancia que dan las empresas al contratar personal a la lengua catalana: "Privilegiar a los menos capacitados y frustrar a los más preparados es exactamente lo contrario de un proceso equitativo de selección". Esa consideración se deriva de lo que el mencionado informe describe como primer reto en el mundo sociolaboral: "Es imprescindible regular el régimen lingüístico de las relaciones de los ciudadanos con las empresas y profesionales, concertadamente con los grandes operadores económicos".
La dimensión del procés lingüístico y la ideología que lo alimenta se refleja en la aportación crítica al Pacte Nacional per la Llengua presentada por Impulso Ciudadano, que en el capítulo demográfico y demolingüístico del que parte el PNL detecta "una vinculación entre población no catalanoparlante y pobreza (…) una correlación entre bajo uso del catalán y bajo nivel socioeconómico". La radiografía que hace Impulso Ciudadano (aquí en español) sostiene la naturaleza excluyente del Pacto en el objetivo de "vivir plenamente en catalán", lo que equivale a que sea posible vivir en Cataluña sin tener contacto más que con la lengua catalana. Una muestra, dice, de "políticas agresivas orientadas a cambiar la lengua que utilizan las personas".
Ese análisis interpreta que la consideración de la lengua catalana como patrimonio histórico de Cataluña es "una pretensión de convertir en una realidad política los territorios en que se habla la lengua catalana", que incluyen, según el documento-madre del Pacte per la Llengua (ver pág. 107), "el Carxe de Múrcia", un rincón murciano conocido como El Carche, limítrofe con Alicante y donde su escasísima población conserva el valenciano.
Con el procés lingüístico y su buque insignia del Pacte Nacional per la Llengua el Govern de Aragonés/Junqueras lo está tornant a fer acelerando las políticas lingüísticas del independentismo. Confía en que la decisión del Tribunal Constitucional sobre las leyes de desobediencia educativas está lejana en el tiempo. Y se siente amparado con el blindaje prestado por Moncloa gracias al acuerdo del 27 de julio (con el PNL en marcha) del Gobierno de Sánchez con la Generalitat, para "la protección y el impulso de la lengua catalana".
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