Recortes de Prensa Jueves 24 Noviembre 2022
El Parlamento Europeo declara a Rusia Estado «promotor del terrorismo»
https://rebelionenlagranja.com. 24 Noviembre 2022
El Parlamento Europeo declaró este miércoles a Rusia como un Estado promotor del terrorismo a la vista de sus «ataques deliberados y las atrocidades contra la población ucraniana». También reclamó a la Unión Europea un nuevo marco jurídico para clasificar a estos Estados y restringir las relaciones del bloque comunitario con dichos países.
«La destrucción de infraestructuras civiles y otras violaciones graves de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario constituyen actos de terror contra la población ucraniana y crímenes de guerra», lamentó el Parlamento Europeo. La Eurocámara emitió una resolución en la que volvió a condenar estos ataques «cometidos por Rusia en persecución de objetivos políticos destructivos en Ucrania y otros países».
El marco jurídico que sugiere el Parlamento permitiría a la Unión Europea designar Estados como promotores del terrorismo y Estados que utilizan medios terroristas, «lo que activaría un conjunto de medidas restrictivas importantes contra esos países y tendría profundas implicaciones de carácter restrictivo en las relaciones de la Unión con esos países».
El texto, que salió adelante por 494 votos a favor, 58 en contra y 44 abstenciones, no tiene valor jurídico pero sí la carga simbólica de una Eurocámara que, por amplia mayoría, pide a la Unión Europea y sus países «iniciar un completo aislamiento internacional de la Federación de Rusia».
Para ello, piden actuar «en lo que se refiere a la pertenencia de Rusia a organizaciones y organismos internacionales, como el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas», evitar celebrar actos oficiales en su territorio, seguir reduciendo las relaciones diplomáticas con Rusia y que los contactos se limiten al «mínimo estrictamente necesario». También sugieren prohibir «los centros rusos de ciencia y cultura y las organizaciones y asociaciones de la diáspora rusa, que operan bajo los auspicios y el liderazgo de las misiones diplomáticas de Rusia y promueven la propaganda estatal rusa en todo el mundo».
En un encuentro con medios, uno de los eurodiputados encargados del informe, el lituano Andrius Kubilius, subrayó que el objetivo del texto es empezar a «no tener miedo a decir lo que vemos» y, ante la posibilidad de que esta declaración suponga un obstáculo a negociaciones entre Kiev y Moscú, afirmó que «no habrá nada que negociar antes de que Rusia retire sus tropas».
Lo único negociable ahora, dijo, es el pago de reparaciones de guerra de Rusia a Ucrania. En paralelo, creen los eurodiputados, el grupo Wagner y otros grupos armados, milicias o agentes subsidiarios financiados por Rusia deberían ser incluidos en la lista europea de personas, grupos y entidades implicados en actos terroristas.
La UE, añade la Eurocámara, debería «concluir rápidamente los trabajos sobre su noveno paquete de sanciones» contra Rusia, en las que sugiere incluir a los implicados en deportaciones y adopciones forzosas de menores ucranianos y en los referendos y elecciones ilegales en territorios ocupados, entre otras nuevas medidas restrictivas.
Moscú justifica sus ataques contra infraestructuras clave por el suministro de armas occidentales
El Confidencial. 24 Noviembre 2022
El representante de Rusia ante Naciones Unidas, Vasili Nebenzia, ha afirmado ante el Consejo de Seguridad de la ONU que los ataques rusos a instalaciones de infraestructura en Ucrania es una reacción al suministro de armas que están realizando los países occidentales a Kiev. "Estamos atacando instalaciones de infraestructura en Ucrania en respuesta al bombardeo de este país con armas occidentales y los imprudentes llamamientos de Kiev a una victoria militar sobre Rusia", ha indicado el representante ruso ante la ONU.
Mientras, el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha asegurado a última hora del miércoles que la situación eléctrica de la capital y otras ciudades ucranianas es "muy difícil" tras el nuevo bombardeo masivo con misiles. "Los ocupantes hacen todo lo posible para que la gente sufra, para que ni siquiera podamos escucharnos y vernos", ha subrayado Zelenski en su discurso nocturno.
Las claves del momento:
Moldavia restaura la electricidad tras el bombardeo ruso
Kiev amanece sin apenas electricidad y con suministro parcial de agua
Rusia atribuye sus ataques contra infraestructuras al suministro de armas occidentales
Zelenski apunta a que la situación eléctrica de Kiev y otras ciudades es "muy difícil"
Ucrania pide ante la ONU más defensas aéreas tras los últimos ataques rusos
Hace 47 minutos 09:07
Moldavia restaura la electricidad tras el bombardeo ruso contra red ucraniana
Moldavia ha restaurado prácticamente en su totalidad la electricidad en el país tras sufrir un apagón masivo la víspera por los bombardeos rusos contra la infraestructura energética ucraniana, a falta de reconectar a la red unos 10.000 consumidores, según ha informado el distribuidor Premier Energy.
A las 8:00 hora local, más de 860.000 clientes en el centro y sur de la república habían vuelto a tener luz en sus casas, según el medio moldavo Replica.
El ejército ruso efectuó el miércoles otro ataque masivo contra el sistema energético ucraniano con 67 misiles de crucero y 10 drones, y aunque la Fuerza aérea derribó 51 cohetes y 5 drones, el impacto del resto dejó a Ucrania de nuevo a oscuras con apagones generalizados que también afectaron a Moldavia.
Hace 1 horas 40 minutos 08:14
Kiev amanece sin apenas electricidad y con suministro parcial de agua
Tras los bombardeos lanzados ayer miércoles por el Ejército ruso, que dañaron gravemente algunas infraestructuras, la capital ucraniana ha amanecido sin electricidad en el 70% de los hogares y con un suministro parcial de agua potable.
"Se ha restablecido el suministro de agua en el margen izquierdo del río Dniéper (que atraviesa la ciudad) y parcialmente en el margen derecho", ha asegurado Vitail Klychko, alcalde de la ciudad.
Klychko ha señalado que los técnicos en energía están haciendo todo lo posible para restaurar estos servicios cuanto antes, aunque ello depende del equilibrio en la red de toda Ucrania.
Hace 2 horas 20 minutos 07:34
Rusia atribuye sus ataques contra infraestructuras ucranianas al suministro de armas occidentales
El representante de Rusia ante Naciones Unidas, Vasili Nebenzia, ha afirmado este miércoles ante el Consejo de Seguridad de la ONU que los ataques rusos a instalaciones de infraestructura en Ucrania es una reacción al suministro de armas que están realizando los países occidentales a Kiev.
"Estamos atacando instalaciones de infraestructura en Ucrania en respuesta al bombardeo de este país con armas occidentales y los imprudentes llamamientos de Kiev a una victoria militar sobre Rusia", ha indicado el representante ruso ante la ONU.
"Los países occidentales están tratando de establecer su hegemonía geopolítica por poder y las vidas de los ucranianos", ha criticado.
¡Sánchez, sin moción de censura!
AGAPITO MAESTRE. libertad digital. 24 Noviembre 2022
Sánchez es feliz. No tendrá que someterse a una moción de censura. El país está patas arriba. Esto no tiene dirección. La nación es una barquita a la deriva. Un día sí y otro también está bombardeada por exterroristas y separatistas. Pero el líder de la Oposición está tranquilo. Espera las elecciones con placidez y sosiego. ¡Ay, amigos, las elecciones! ¡Qué cosa será eso de las elecciones para Feijóo! No creo que lo explique. Pero nosotros tenemos la necesidad de decirle: ¡Provoque ya elecciones! Y déjese de monsergas ridículas sobre los coches de más diez años y cosas parecidas. Uno escucha a Feijóo y tiene ganas de largarse de aquí. Entre un tipejo analfabeto y autoritario, gritón y maleducado, y un funcionario de partido sin muchas agallas para el debate político, a uno le dan ganas de echarse al monte.
El listillo de Feijóo dijo de modo vergonzante algo gravísimo para todos los españoles. Su decir estaba lleno de vergüenzas, reticencias y mala retórica. Falto, en fin, de estilo, repitió Feijóo en el Senado algo que todos intuíamos: "No haré ninguna moción de censura". Es obvio que a Sánchez la cosa le viene de perlas. Es una gran bombona de oxígeno para la coalición gubernamental. Nada diré contra los que mantienen lo contrario. A las alturas de este partido, donde la nación ha desaparecido y el Estado se derrumba por todas partes, no perderé el tiempo discutiendo con estultos. No deseo que nadie me confunda con ellos. La posición de Feijóo, se mire por donde se mire, no tiene defensa. Si este hombre acobardado y sin capacidad para contarnos su programa algún día consigue ganar las elecciones sin ayuda de VOX, preparémonos para dar tumbos y más tumbos. Uno tiene la sensación de que este "líder" no cree en su profesión, es decir, en la política. Y, sobre todo, renuncia a utilizar uno de los grandes instrumentos que ofrece la Constitución, cuando la situación del país está al borde del precipicio.
La moción de censura está hecha, en efecto, para cambiar el gobierno. Y está demostrado que puede cambiarse. Es algo que Sánchez hizo ante la estulticia de Rajoy. Y por eso, sí, estamos como estamos: sobreviviendo en un régimen autoritario. Esto es tan autoritario que no pasa un día sin que repriman libertades, impongan a los jueces la forma de repartir justicia y nos hagan más desiguales ante la ley. Sin embargo, el líder de la Oposición dice que no planteará ni ahora ni en el futuro una moción de censura. ¡Olé, valiente! La renuncia a la moción de censura es una prueba, otra más, de que vivimos en un régimen autoritario. ¿Por qué renuncia Feijóo a la moción de censura?, ¿porque la va a perder o porque no tiene nada qué ofrecer?, ¿porque está maniatado por el autoritarismo del gobierno o porque renuncia a establecer lazos de comunicación con el otro partido que puede ayudarle a alcanzar el poder?
Sí, querido lector, Feijóo tiene que explicar por qué ha renunciado a un instrumento capital de la democracia para llevar a cabo la alternancia en el poder. Si no lo hace, tendremos que sospechar lo peor. En un régimen de opinión pública política las cosas deben explicarse. El silencio o los sobreentendidos son para las dictaduras. En fin, millones de seres humanos sintieron tristeza al oír que Feijóo renunciaba a la moción de censura, a la par que asociaron su nombre al de Rajoy. Todos entendimos a la perfección a los analistas políticos que llaman al líder popular por el sobrenombre de Feijoy.
Lo que Sánchez ofrece a los golpistas es un gigantesco fraude constitucional
OKDIARIO. 24 Noviembre 2022
La oferta de Pedro Sánchez a los golpistas catalanes es tan suculenta que ERC está dispuesta a renunciar a su objetivo de que el Gobierno reforme el delito de malversación para permitir que Oriol Junqueras y otros sediciosos regresen a la política al quedar sin efecto su inhabilitación, a cambio de negociar una consulta sólo para Cataluña con el Ejecutivo socialcomunista. Todo un chollo para los separatistas. La cuestión es sencilla de entender: si fueron a la cárcel por convocar una consulta ilegal, nada más fácil que Sánchez les allane el camino para conseguir sus objetivos. Así de simple.
De este modo, el presidente del Gobierno evita reformar el delito de malversación -después de derogar el delito de sedición y en la recta final de la legislatura otro regalo más a los golpistas tendría mala venta en términos de opinión pública- a cambio de pactar una consulta para que los catalanes decidan en las urnas si les parece bien un eventual acuerdo alcanzado por los gobiernos de España y Cataluña en una mesa extraparlamentaria. El acuerdo, pues, sería sometido a una validación democrática a través de una consulta «a la ciudadanía de Cataluña», lo que representa una afrenta ignominiosa a la soberanía nacional que reside en el pueblo español en su conjunto.
Estamos ante una trampa y una burla a la Constitución, porque se trata, en definitiva, de allanar el camino para un referéndum sobre la independencia a través de una consulta previa y exclusiva para Cataluña que sería utilizada por Sánchez y los golpistas catalanes para vender la falsa idea de que todo se está haciendo respetando las leyes. Y el fraude, gigantesco, sería que el resto de españoles no tendría voz ni voto. Ése es el plan que negocian Pedro Sánchez y el Gobierno de Cataluña: toda una estrategia para burlar a la Constitución bajo una apariencia de falsa legalidad. ¿Para qué pedir reformar el delito de malversación si Sánchez se lo va a poner en bandeja?
El socialcomunismo sepulta a los españoles bajo una losa fiscal
OKDIARIO. 24 Noviembre 2022
Uno de los mantras más utilizados por la izquierda es que la presión fiscal de España es menor que la media de la UE, motivo por el cual al socialcomunismo se le llena la boca con eso de que la solidaridad se alcanza con una reforma del sistema tributario que nos iguale al resto de naciones más desarrolladas. Es una excusa para financiar el desmesurado gasto público por la vía de achicharrar a los españoles a impuestos. Pues bien, el informe Impuestofilia, presión fiscal y otras medidas agregadas ce carga fiscal de la Fundación Disenso, que ha seleccionado 40 economías con el peso político, económico y militar más relevante a escala global, concluye que los contribuyentes españoles soportan una presión fiscal superior en un 30% a la media de las grandes economías del mundo.
La presión fiscal que soporta España -que se sitúa en el 36,83%- es la decimoquinta más alta de los 40 países analizados. Además, España tiene una presión fiscal 2,8 puntos superior a la media de las 40 economías más relevantes -que se sitúa en el 34,03%-. Para entendernos, la presión fiscal española es casi un 8% superior a la media de estos 40 países y el español medio soporta una presión fiscal un 27,42% superior a la soportada por el habitante promedio.
Analizando concretamente la eurozona, el informe muestra que la presión fiscal española es la sexta más alta, desmontando así el falaz argumento del Ejecutivo de que los españoles pagan relativamente pocos impuestos si se comparan con las naciones de su entorno. Desde que Sánchez llegó a la Moncloa en 2018, los ingresos del Estado por impuestos sobre el PIB se han disparado un 19%, lo que ha hecho que -según un análisis de BBVA Research- en 2021 haya superado la media de la Unión Europea en presión fiscal. Así que el bulo de que los impuestos han subido para equipararnos a otras economías comunitarias se estrella con la estadística. Han subido porque Sánchez ha engordado el gasto público para alimentar a la legión socialcomunista de paniaguados que vive a costa de los sacrificios de la inmensa mayoría de españoles.
Cueste lo que cueste
LUIS ALEJANDRE. la razon. 24 Noviembre 2022
Común la expresión «whatever it takes» entre los sajones. Es lo mismo. Lo que en la cultura del esfuerzo y en iniciativas humanitarias es positivo, en el mundo de la política puede llegar a ser absolutamente nocivo.
Si la Ley es el débil intento del hombre por sentar los principios de la decencia, me temo que hayamos perdido principios y decencia.
El momento es preocupante, máxime en un entorno internacional que demandaría fortaleza interna, cuando se intenta desmantelar el sistema que nos dimos en 1978; se pierde la confianza en la clase política; se afrontan momentos económicamente difíciles sin haber superado una grave crisis sanitaria; no hay espacio para la ilusión, la intrepidez, el riesgo medido, incluso el patriotismo. Escribiría Arthur Miller: «una era termina cuando sus ilusiones básicas se han agotado». Con cortinas de humo se recurre al pasado, al descrédito, al insulto, a la burda manipulación de las noticias; se proclama la intransigencia como virtud, mofa de la persona que obra con rectitud. Se borran delitos tipo de nuestro Código Penal –como la sedición– mintiendo tanto con la fecha de su promulgación, como en una necesaria armonización con la legislación europea. Se oculta que, con otro nombre, el Código Penal alemán (Art.º 81) castiga la «alteración del orden constitucional y los intentos de escindir una parte del estado» a penas que van de los diez años a la cadena perpetua. Su aprobación se entremezcla con otras iniciativas parlamentarias como los PGE, apelando a la necesidad del momento –noviembre de 2022–, cuando vamos conociendo que somos meras comparsas, segundones y figurantes de una mala película, cuyo guion se escribió y firmó con ERC hace meses.
Cueste lo que cueste el «gran hermano» necesita controlarlo todo, incluidas Instituciones; alimentarnos lo justo a todos; pensar y decidir por todos. No necesita crear más líderes –su principal función–; le basta con conseguir más seguidores. Todos sus esfuerzos los dirige, bien sazonados por medios agradecidos, a los sumisos rebaños de quienes considera sus súbditos.
La idea fuerza del nuevo relato arranca de un nefasto 14-M de 2004, que obvia aquella sabia reflexión de Churchill: «si abrimos el debate entre el presente y el pasado, podemos estar en peligro de perder el futuro».
Y estamos perdiendo el futuro, aunque no les quede demasiado temario para reescribir el pasado, desalojando tumbas, cambiando nombres, persiguiendo a nostálgicos cuya única fuerza residual consiste en la lealtad a una ideología. Se queman solos en el presente con disposiciones urgentes, mal digeridas, ninguneando instituciones, faltos de ponderación y autocrítica, con cesiones a declarados enemigos de España como ahora en Navarra o ayer en San Sebastián. Zorrilla por boca de D. Juan Tenorio les recordaría: «adviertan los que de Dios juzgan los castigos grandes, que no hay plazo que no llegue ni deuda que no se pague». Tengo claro que estos que hoy juzgan a sus propios padres y abuelos, lo pagarán con sus propios hijos y nietos. La Historia nos enseña que por mucho que se las adoctrine, no siempre las jóvenes generaciones comulgan con ideas impuestas.
Me pregunto muchas veces, si entre los centenares de asesores que pululan por Moncloa hay un solo licenciado en Historia. No me atrevo a pedir un doctor o un catedrático. Alguien que les recuerde que de la mentira nace la violencia y que la manipulación de las masas tiene sus riesgos. Que el mundo clásico greco romano ya trató y definió el modelo de político ventajista, cínico, que hace de la mentira oficio de poder. (Temo citar a Cicerón porque alguien podrá pensar que me refiero a un compañero de Vinicius que anda estos días por Qatar, en otra aprovechada cortina de humo).
Aumenta mi preocupación, el entorno internacional en que nos movemos marcado por una indiscutible crisis –y no solo de valores– que afecta a la economía, a las fuentes de energía, a una inflación desbocada, a nuevamente, una Europa en guerra. En un noviembre de cumbres, destaco el comunicado suscrito en Bali por el G-20 (1) grupo que representa el 80% del PIB mundial, el 75% de su comercio y el 60% de su población. Partiendo de su núcleo original, el G-7, nacido a consecuencia de crisis económicas, el G-20 se concibió como plataforma para ministros de finanzas y bancos centrales. Pero hoy es mucho más amplia su función. Bali seguramente marcará el comienzo de una nueva era de claro carácter geopolítico donde se marcan tendencias y expectativas, buscando estabilidad en momentos de indiscutibles crisis.
Momentos a los que deberíamos enfrentarnos con unidad, solidaridad, esfuerzo, solidez institucional y equilibrio de poderes.
Pero me temo que vamos por otro camino.
(1) España no pertenece al Grupo, pero desde 2008 tiene estatus de «invitado permanente».
Luis Alejandre Sintes es general (R).
Los diputados del PSOE hacen suya la indignidad de Pedro Sánchez
EDITORIA. libertad digital. 24 Noviembre 2022
Es cierto que algunos "barones" regionales del PSOE han criticado públicamente, aunque sea con la boca pequeña, la repugnante concesión del gobierno de Pedro Sánchez a los golpistas de ERC a cambio de su apoyo a los Presupuestos Generales del Estado consistente en derogar el delito de sedición. Tampoco se puede negar, en este sentido, la posibilidad de que algunos diputados socialistas en el Congreso puedan sentirse en su fuero interno avergonzados por el temerario e indigno peaje que el presidente del Gobierno está dispuesto a pagar a sus sediciosos compañeros de viaje. Ahora bien, una cosa es admitir lo anterior y otra cosa, muy distinta, albergar, por ese motivo, la esperanza, por mínima que sea, de que algún diputado socialista vaya a saltarse la disciplina de voto de su partido en la votación que se celebrará hoy jueves en el Congreso.
Y es que todos los diputados del PSOE ya han demostrado, desgraciadamente en numerosas ocasiones, que el limite de sus tragaderas, al igual que las de su infausto jefe de filas, no lo marca ningún código moral ni ningún compromiso que hubiesen adquirido con sus electores sino la necesidad de mantenerse, como sea y a cambio de lo que sea, en la poltrona. Es más. Puestos a buscar y facilitar la ilusoria posibilidad de votos disidentes entre las filas socialistas, creemos que hubiera sido más oportuno requerir una votación secreta que una votación pública por llamamiento, tal y como finalmente se producirá gracias a la petición del PP respaldada por Vox.
Aun así, no nos parece desacertada la votación por llamamiento exigida por PP y Vox, dos partidos llamados a entenderse, votación con la que todos los disputados se retratarán individualmente en esta bochornosa sesión del Congreso. Con todo, más relevante nos parece la denuncia de la triquiñuela perpetrada por el Gobierno a la hora de tramitar esta infame concesión legislativa a los golpistas como proposición de Ley y no como proyecto de Ley, lo que permite al Gobierno esquivar los preceptivos informes de los órganos consultivos como el Consejo General del Poder Judicial o el Consejo de Estado. Aunque estos informes no sean vinculantes, y aunque el gobierno socialcomunista les haya hecho caso omiso en numerosas ocasiones —la más reciente, con ocasión de la disparatada ley del "sólo sí es sí"—, está visto que el Gobierno quiere evitar que los órganos consultivos le vuelvan a sacar los colores ante una modificación del Código Penal que debilitará a nuestro Estado de Derecho frente a la más visible amenaza a nuestro ordenamiento constitucional como la que representan las sediciosas y antisistema formaciones políticas que sostienen a Pedro Sánchez.
Finalmente, y con independencia de que el ninguneado CGPJ pueda lograr o no emitir su informe, y con independencia de la votación de hoy en el Congreso, confiemos en que la oposición constitucionalista no coincida únicamente en el compromiso de la restitución de este delito de sedición que hoy será derogado, sino también en el mucho más necesario compromiso de activar el articulo 155 de nuestra Carta Magna como forma de evitar que los delitos contemplados en el Código Penal —incluido el todavía vigente delito de malversación— lleguen finalmente a consumarse desde las mismas administraciones autonómicas, tal y como bochornosamente sucedió el 9 de noviembre de 2014 y el 1 de octubre de 2017.
Dos minutos de disidencia en el Parlamento Europeo
ALONSO DE MENDOZA. gaceta. 24 Noviembre 2022
«Les voy a contar la verdad, la amarga verdad». Con esta frase empezaba su intervención ante el Pleno de Estrasburgo el profesor Ryszard Legutko, eurodiputado polaco y presidente del grupo de los Conservadores y Reformistas Europeos. «Y la amarga verdad es que el Parlamento Europeo ha hecho mucho daño en Europa». Un murmullo recorrió la sala. No era lo que se esperaba oír en esta sesión. Este martes era un día de celebración –el setenta aniversario de la constitución del Parlamento Europeo– y sus señorías se estaban conmemorando a sí mismas. Tocaba aplaudir, no criticar. ¿Cómo se atrevía un diputado a hablar mal del Parlamento que nos hemos dado?
Todavía quedaba un minuto y medio de discurso. «El Parlamento ha infectado Europa con un partidismo descarado y la infección se ha vuelto tan contagiosa que se ha extendido a otras instituciones como la Comisión Europea». Las cámaras de televisión empezaban a mostrar los primeros rostros de inquietud e incredulidad entre el público. ¿Qué estaba diciendo aquel hombre? ¡Si esto es la casa de la democracia!
«No hay ni habrá un demos europeo», explicó el profesor. ¿Qué querrá decir eso del demos?, se debió preguntar algún eurodiputado. En estas sesiones se lleva el tuit y la consigna rápida y se huye del debate mínimamente profundo o elaborado. De hecho, sus señorías tienen entre uno y dos minutos de tiempo para hablar, lejos de las largas exposiciones tan habituales en los parlamentos nacionales, donde se permite argumentar, disertar, rebatir y repreguntar. Al fin y al cabo, ésta es la casa de Europa y Europa tiene que hacerse rápido. No hay tiempo para demos.
Legutko siguió. «Este Parlamento ha abandonado la función básica de representar al pueblo. En su lugar, se ha convertido en una máquina de implementar el llamado ‘proyecto europeo’, alejando así a millones de votantes». Más murmullos, pero también aplausos. «El Parlamento se ha convertido en un vehículo de la izquierda para imponer su monopolio con su intolerancia feroz hacia cualquier punto disidente». Caras de incomodidad en las filas del grupo mayoritario, el del Partido Popular Europeo, que en efecto lleva décadas dejando a una izquierda minoritaria campar a sus anchas en todos los órganos políticos e ideológicos del Europarlamento, mientras ellos se piden todas las comisiones que hablan de cuentas, números y gestión.
«Este Parlamento es un casi-parlamento porque rechaza el principio esencial del parlamentarismo, esto es, la rendición de cuentas». Y explicó con brillante ejemplo: «El diputado es elegido por los votantes y debe rendir cuentas ante los votantes que le han elegido. La idea de que diputados españoles, alemanes o franceses que se deben a sus propios electorados puedan dictar algo a la sociedad húngara o a cualquier otra sociedad que no les puede pedir cuentas y no les puede poner o quitar de ahí es simplemente absurda».
«En resumen», dijo, «el Parlamento representa un demos que no existe, trabaja para un proyecto que ignora la realidad y la ley, esquiva la rendición de cuentas, da la espalda a millones de personas y sirve a los intereses de una orientación política. Y eso es sólo la punta del iceberg. Llámenlo como quieran, pero no democracia. No lo es». Aplausos, abucheos y también algún que otro mareo ante la retahíla de dardos. A tal punto que la presidenta de la Eurocámara, la popular italiana Roberta Metsola, tuvo que salir al quite explicando que en el Parlamento Europeo sí hay diversidad y la prueba son esos dos minutos de disidencia que se le permitieron al profesor Legutko.
Es verdad que el consenso socialdemócrata lo invade todo y lo decide todo: los títulos y el contenido de los debates, los tiempos, las resoluciones, las comisiones, sobre qué gobiernos y fuerzas políticas hay que poner la lupa y sobre cuáles no, o cuándo la presidenta de la institución tiene que ser neutral y cuándo puede replicar una intervención. Pero al menos deja que los demás participen uno o dos minutos para quejarse.
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Contra la balcanización de España
JOSÉ MARÍA MARCO. la razon. 24 Noviembre 2022
Desde principios del siglo XIX, la izquierda oficial española cede a la pulsión de provocar situaciones revolucionarias para luego, una vez que las ha creado, no saber qué hacer con ellas. El gobierno social-podemita, apoyado por secesionistas y filoetarras, está cumpliendo al pie de la letra esta ley antigua. Estamos al final de la legislatura, queda poco tiempo y hay que pisar el acelerador. Por eso un escándalo sucede a otro, para que el ruido y la chulería, como la mostrada en el Senado por un Sánchez al borde del comportamiento psicópata, impidan a la opinión entender la trayectoria que está siguiendo.
No lo consigue del todo, afortunadamente. Lo ha demostrado esta semana un breve y rotundo Manifiesto publicado por unos 50 grupos y asociaciones, todos ellos bien conocidos por su trabajo en favor del pluralismo, la tolerancia y la convivencia en libertad, como son Consenso y Regeneración, Asamblea por una Escuela Bilingüe, Foro de Profesores o S’Ha Acabat!. Antes que nada, hay que subrayar el esfuerzo de coordinación y de unidad realizado por los redactores y los promotores del comunicado. Supone, de por sí, una crítica y un reto, además de un ejemplo, a la realidad política de nuestro país. La exigencia va incorporada al texto del manifiesto, que constata algo básico en una democracia: cualquier reforma del Código Penal, el instrumento básico de defensa y aplicación de la Constitución, debería contar con un consenso muy mayoritario. Algo que la brutal y cuartelera derogación del delito de sedición ha incumplido manifiestamente, al subordinar los métodos democráticos y la defensa del Estado de derecho al interés partidista.
El esfuerzo por conseguir la unidad impulsa también la exigencia de un acuerdo para una respuesta común a las consecuencias del proceso de independencia que culminó con el golpe de Estado de 2017. El frágil y precario acuerdo en torno a la aplicación del artículo 155 ha desembocado, de forma paradójica, en la derrota de quienes impidieron el golpe y la secesión, y en la victoria de los golpistas. Estos últimos están viendo su conducta respaldada por el Gobierno central, algo que ya ocurrió en la llamada «derrota» de ETA en 2011. Por eso el manifiesto denuncia la «desjudicialización» sobre la que se asienta la «pax catalana» de la que tanto se ufana el Gobierno y que abre la puerta a un nuevo «procés».
Se ha acallado el «conflicto» a costa del desmantelamiento del Estado y en pro de la libertad de los nacionalistas para continuar, sin obstáculos, su vía hacia la desaparición de España de los territorios en los que gobiernan. Desde hace décadas venimos asistiendo a la progresiva desnacionalización de España y al constante debilitamiento del Estado. El proceso se aceleró desde 2011 y, con más ruido –por la torpeza de los secesionistas catalanes– desde 2017. Ahora estamos ya en otra etapa, que es la construcción de la vía hacia la balcanización de nuestro país. Si nadie lo remedia, en la próxima legislatura asistiremos a su realización, mediante una o varias modalidades de referéndum ante las que el Estado no contará ya con ningún instrumento legal ni institucional. Una y otra vez, se han perdido todas las oportunidades para impedir esta realidad. Queda por ver lo que hará la izquierda oficial española cuando se enfrente al monstruo que está creando. Por eso resulta tan valiosa la intervención y el testimonio de la sociedad civil española.
Más grave que
la reforma de la sedición
Agustín Valladolid.
vozpopuli. 24 Noviembre 2022
El proceso de estabilización de interinos en la función pública culmina en Cataluña el plan diseñado por Jordi Pujol para ‘impulsar el sentimiento nacional catalán de profesores, padres y estudiantes’
Silencio. A nadie parece interesarle, y sin embargo puede tener consecuencias más graves que la reforma del delito de sedición o las derivadas de la negligente ley del “sí es sí”. Estas calamidades pueden revertirse. Al menos en parte. No así aquellas decisiones que apuntalan un modelo arbitrario, sin vuelta atrás, como el “proceso de estabilización” de interinos ordenado por una ley “tramposa” (ver postdata) y abierto en el ámbito educativo no universitario. Un proceso que roza la inconstitucionalidad y consolida la división de los españoles en dos categorías; o peor aún.
Pero no se escucha una voz. El Gobierno calla porque ha pactado mirar para otro lado, cuando no es parte interesada; la Oposición porque está en el plazo corto, en el titular de mañana, y no acaba de dibujar con nitidez un proyecto global de país, cuando no es también parte interesada. Solo un sindicato se ha atrevido a alzar la voz, aunque no lo ha hecho precisamente para defender la igualdad de oportunidades, ni para rechazar el descomunal nepotismo al que estamos asistiendo sin rechistar.
Empecemos por esto último; por lo de los españoles de primera y de segunda. De lo que se queja la CGT, que es el sindicato en cuestión, es de que los interinos que aspiran a consolidar plaza en Cataluña, fundamentalmente maestros (5.683 plazas) y profesores de enseñanza secundaria (6.285), tengan que superar nuevas pruebas que acrediten su capacitación en lugar de que se les adjudique casi automáticamente el puesto de por vida gracias a la antigüedad, esto es, por haber calentado durante años una silla a la que accedieron, en muchos casos, solo porque cumplían con los requisitos exigidos al buen catalán.
Cataluña se dispone a otorgar la condición de funcionarios a 12.859 docentes (también en las áreas de formación profesional, escuelas oficiales de idiomas y artes plásticas y diseño), ya lo pagará alguien, en el marco del concurso de méritos para la estabilización de interinos. La lista de preadmitidos se publicó el pasado 9 de noviembre. Quedaron excluidos 4.079 candidatos. Los baremos utilizados para este primer corte otorgan a la “experiencia” (léase antigüedad) la mayor puntuación, 7 puntos, con un peso muy superior al que recomiendan expertos como Gary Hamel, que sitúan otras aptitudes muy por delante de aquella.
La convocatoria del Departamento de Educación de la Generalitat parece hecha a medida. Obviamente, una de las principales exigencias para poder a acceder a las plazas convocadas es la de un alto conocimiento del catalán. Nivel C1. Condición normalizada en las comunidades con dos lenguas cooficiales, pero discutible desde la perspectiva del principio de igualdad en un concurso al que, según la letra de la Resolución EDU/2563/2022, tiene derecho a concurrir cualquier ciudadano de la Unión Europea, incluidos, mal que les pese a algunos, todos los españoles “en edad para poder acceder a la función pública”.
Entre el conocimiento de una lengua como factor de exclusión o atributo de legítima ventaja, se elige lo primero. Segunda diferencia, esta más llamativa: la fecha en la que se publicó la convocatoria. El 16 de agosto. Plazo para la presentación de solicitudes: 20 días hábiles. Como si buscaran que el aviso quedara en casa; que solo los prevenidos tuvieran opción de competir; que nadie de fuera se enterara, ni siquiera los que fuera de Cataluña se manejan en la lengua catalana, como los nativos que decidieron vivir en otros lugares o los catalanoparlantes de Baleares o Comunidad Valenciana. Agosticidad y alevosía. Está más que justificada la sospecha de que con esta intempestiva citación lo que se ha buscado es impedir el acceso a las aulas catalanas de profesionales no alineados con el pensamiento único que dicta el nacionalismo.
30 años de metódica ocupación de las aulas
En los 90 del siglo pasado, Jordi Pujol, 23 años al frente de la Generalitat, activó un plan cuyo objetivo era “impulsar el sentimiento nacional catalán de los profesores, padres y estudiantes”. Ingeniería social. Lo llamó “Programa 2000”, y en el documento que lo desarrollaba, 33 páginas, se fijaba como objetivo diseñar “un plan de formación permanente y de reciclaje del profesorado que tenga en cuenta los intereses nacionales”, conminando a “editar y emplear libros de texto sobre la historia, geografía, arte, literatura, etcétera, de Cataluña y de los Países Catalanes”. Para la “elaboración y difusión” de estos libros, se recomendaba llegar a acuerdos con las editoriales, “con subvenciones si es necesario”.
Desde entonces, los sucesivos gobiernos de la Generalitat no han cesado de aplicar aquellas instrucciones. Más de treinta años de silenciosa y metódica ocupación de las aulas por profesores de contrastado “sentimiento nacional”. Para satisfacción de Oriol Junqueras, desde hace tiempo convencido de que la Educación es la clave para ampliar la base social favorable a la independencia, la convocatoria de agosto es un paso más en la buena dirección.
La convocatoria del concurso de méritos para cubrir plazas en la enseñanza, tal y como la ha diseñado la Generalitat de Junqueras, no cumple con las exigencias de imparcialidad que promueve la Unión Europea (que no ha reclamado la consolidación en las plazas de aquellos que las ocupan interinamente, sino la reducción de la elevada temporalidad), no permite la concurrencia en condiciones de igualdad, confunde premeditadamente experiencia con antigüedad y busca con descaro apenas disimulado la consolidación en sus puestos de quienes antes que maestros son activistas y sitúan el adoctrinamiento por encima de la vocación formativa (Aclaración: por supuesto que hay interinos, y no pocos, que se han dejado la vida, tiene la preparación adecuada y merecen la plaza).
La Generalitat de Cataluña (7,5 millones de habitantes) sacaba a concurso de méritos, el 16 de agosto de 2022, 12.859 plazas de maestros y profesores. Ni más ni menos (ya lo pagará alguien). Otras trece comunidades autónomas (Andalucía, Aragón, Principado de Asturias, Illes Balears, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, La Rioja, Madrid, Región de Murcia, Comunidad Foral de Navarra y Comunidad Valenciana), más Ceuta y Melilla, de acuerdo con la ley de Régimen Jurídico del Sector Público que promueve la “cooperación interadministrativa”, han publicado en este mes de noviembre sendos concursos de méritos para reducir la temporalidad en el sector público. Andalucía (8,5 millones de habitantes) sacó a concurso 3.287 plazas.
La Comunidad Valenciana (5 millones de habitantes) 7.555 vacantes. La Comunidad de Madrid (6,6 millones de habitantes) 1.408. Galicia (2,7 millones de habitantes) 125. Por citar algunas. Todas ellas lo hicieron de común acuerdo, para facilitar la movilidad interterritorial. Los que no hayan pasado el corte en Cataluña podrán optar a las plazas en el resto de España. Los que sean excluidos en Andalucía, Valencia, Madrid, Galicia, etcétera, no tendrán la opción de hacer lo propio en Cataluña.
¿Iguales ante la ley? ¿Va a hacer alguien algo al respecto?
La postdata / De interinos a privilegiados
“De regulaciones legislativas propias del compadreo parlamentario y del populismo barato salen enunciados normativos o legales de estructura tan abierta que se aproximan a monstruos legales que prácticamente todo lo admiten (…), vaciando la Constitución, así como la Ley, y dejando en manos de espurias negociaciones sindicales entre bambalinas la comisión de atropellos indiscriminados de derechos ciudadanos fundamentales”.
Muy serio se ha puesto mi admirado Rafael Jiménez Asensio. Lo que describe con prolija precisión en tres artículos publicados en Hay Derecho (aquí, aquí y aquí) son las probables consecuencias de la tramposa Ley 20/2021 de 28 de diciembre de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, diseñada para “aplantillar definitivamente por decisión legal, mediante convocatorias convenientemente trufadas en sus bases, a centenares de miles de empleados públicos temporales sin exigir conocimiento alguno o aflojando tanto las exigencias de acceso que incluso no superando ninguna de las pruebas selectivas se pueda -como expuso el profesor Alejandro Nieto- ‘atravesar el Jordan y besar la Tierra Prometida’; esto es, obtener la ansiada plaza de por vida”.
Jiménez Asensio denuncia “el riesgo evidente de que, con estos procesos excepcionales en cadena de estabilización a la brava, la función pública se nutra en buena medida de personas dóciles con el poder, que sean más permeables a presiones políticas. Votantes eternos de aquellos a quienes siempre deberán su tranquilidad futura. Si así fuera, el desastre sería mayúsculo y sus efectos letales”. Y sigue: “Mediante tales procesos de estabilización, se van a convocar decenas de miles de plazas (por ejemplo, de auxiliares administrativos, administrativos o de actividades de tramitación o gestión), que dentro de muy pocos años (o pasado mañana) ya no dispondrán de tareas efectivas; pero ahí estarán las plazas (puestos o dotaciones) enquistadas para siempre (con los impactos presupuestarios que ello comportará)”.
Pero lo que más sorprende al brillante profesor y jurista es que una ley hecha a medida de los que ya ocupan los empleos públicos que salen a “concurso”, que contraviene abiertamente los artículos 23.2 y 103.3 de la Constitución (“Los ciudadanos tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos, con los requisitos que señalen las leyes”) al impedir que ningún ciudadano sin experiencia previa en la Administración pueda ni remotamente aspirar a acceder a las plazas convocadas, no haya sido recurrida ante el Tribunal Constitucional por ninguno de los órganos legitimados para hacerlo (especialmente bochornosa es la pasividad del Defensor del Pueblo).
Bueno, le sorprende, pero menos. Porque como él mismo apunta, hay que considerar “el pánico político al coste electoral que ello [el recurso de inconstitucionalidad] comportaría (estamos hablando de millones de votos entre los beneficiarios directos por el regalo legislativo y sus familiares)”.
(*) De modo excepcional, y siguiendo un principio básico de oportunidad, he creído oportuno repetir la postdata que ya publiqué en esta misma columna el pasado 26 de mayo, que más allá del particular caso de Cataluña pone de manifiesto un riesgo transversal a todos los territorios e interpela a la totalidad de partidos políticos con poder en las distintas administraciones.
Sánchez rinde a España ante Bildu y ERC
Las obscenas concesiones del Gobierno al separatismo catalán y vasco son de una gravedad extrema y colocan al presidente en el lado mas oscuro de la historia.
ESdiario Editorial 24 Noviembre 2022
La Guardia Civil va a ser expulsada de Navarra, por la enésima concesión del PSOE a Bildu, un socio clave para Pedro Sánchez que, además, le dio el Gobierno de la Comunidad Foral pese a haber perdido las Elecciones.
Que técnicamente se trate "solo" de transferir las competencias en Tráfico o que esa posibilidad ya se barajara en tiempos de Aznar no le resta gravedad al regalo ni minimiza su consecuencia real: el universo abertzale ha logrado la infame victoria moral de cumplir uno de sus sueños, el desalojo de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, tantas veces objetivo del terrorismo.
Los guardias civiles, indignados contra Sánchez y Marlaska por la “traición y humillación”
No es lo mismo transferir competencias para asentar el anclaje constitucional de una Comunidad que hacerlo para aumentar sus objetivos rupturistas. Y tampoco es lo mismo hacerlo gobernando UPN que haciéndolo, de tapadillo, la heredera de Batasuna: en el primer caso se consolida la vinculación nacional de la región en cuestión; en el segundo se alimentan sus delirios separatistas.
Que ese regalo obsceno coincida además con la derogación del delito de sedición hace aún más evidente la rendición del Gobierno de España y su irresponsable entrega a quienes solo le apoyan para obtener de él más concesiones: no es un intercambio de ideas y acuerdos sustentados en el bien común; sino el pago a plazos del importe global de un secuestro político.
Envidia del Reino Unido
El chantaje separatista, aceptado por Sánchez, contrasta con el freno al separatismo escocés en el Reino Unido: mientras aquí se anula el delito de sedición, alfombrando el camino para un nuevo golpe constitucional, allá se zanja definitivamente la posibilidad de celebrar otro referéndum de independencia en Escocia.
La diferencia es tan abrumadora que solo cabe envidiar al vecino sajón y lamentar la catadura de un presidente, el nuestro, sin más principios que su supervivencia. Y bien capaz de poner en venta la idea constitucional del país que dirige para poder hacerlo unos meses más, al coste que sea.
Vox recupera impulso batallando a todos los niveles contra el Gobierno
El partido utiliza la vía parlamentaria, los tribunales, la calle y la crítica para intentar frenar a Sánchez.
Maite Loureiro. libertad digital. 24 Noviembre 2022
Vox ha conseguido revertir la tendencia a la baja que recogían las encuestas desde las elecciones de Andalucía. El decepcionante resultado obtenido y la posterior crisis provocada por la salida de Macarena Olona, habían sumido a las bases en el desánimo, levantado en parte gracias al acto de Viva 22 celebrado el pasado mes de octubre. Pero la verdadera remontada parece estar llegando ahora que puede sacar pecho de su habitual oposición dura contra un Gobierno cada vez más radicalizado.
Las encuestas no sólo recogen que podrían repetir resultado con 52 diputados sino que, en algunos casos, les sitúan por encima de esa cifra, aunque siempre por debajo de los 60 y muy lejos de los 80 que llegaron a alcanzar en los sondeos realizados en plena implosión del PP, cuando Pablo Casado fue relevado como líder del partido.
Las fallidas negociaciones del PP de Alberto Núñez Feijóo con el PSOE para renovar el CGPJ, la reforma del delito de sedición que llega hoy al Congreso, la posible rebaja del de malversación y el fiasco de la Ley del Sólo sí es sí, han permitido a Vox poder sacar toda su artillería contra un Pedro Sánchez cada vez más desgastado, al que acorralan todo tipo de polémicas.
Santiago Abascal compareció la semana pasada en rueda de prensa, por primera vez en nueve meses, para evidenciar la gravedad de la situación que afronta España ante la reforma del delito de sedición. El líder de Vox desgranó entonces una batería de medidas que incluían ofrecer apoyo al PP para presentar una moción de censura, intentar evitar la tramitación parlamentaria de la norma, recurrir al Tribunal Constitucional, pedir un referéndum para ilegalizar a los partidos separatistas y anunciar movilizaciones en la calle.
Una ofensiva en todos los frentes para poner coto a un presidente que ha unido su suerte a la de Bildu y Esquerra Republicana. La negativa del PP a presentar la moción de censura, después de negociar con los socialistas el CGPJ, y su falta de iniciativa para promover protestas, han dejado vía libre al partido de Abascal para capitalizar el creciente malestar social con un Gobierno que no tiene límites a la hora de conceder prebendas que le permitan mantenerse en el poder.
Reformar el código penal como cortafuegos
Después de anunciar la batería de medidas, el partido fue un paso más allá presentando una Proposición de Ley para reformar el código penal y que se agrave la pena por delito de traición si quienes lo cometen son miembros del Gobierno o el propio presidente. La propuesta incluye también reconocer como "delito contra la Constitución" la "colaboración o cooperación" de los poderes públicos cuando se atenta contra la Carta Magna, para evitar las cesiones a quienes atacan la unidad nacional; y reconocer un tipo agravado para las ofensas y ultrajes a España y sus símbolos.
El partido presentó en la Mesa del Congreso un escrito para intentar frenar la tramitación parlamentaria de la reforma de sedición, que fue rechazado, por lo que han anunciado un recurso ante el Tribunal Constitucional. A ello se suman las concentraciones del pasado sábado en Barcelona y el próximo domingo en Madrid, que se extenderán a todos los ayuntamientos de las capitales de provincia, para protestar contra el Gobierno por esta norma.
Irene Montero une a la oposición
En cuanto a la ley del sólo sí es sí, Vox ha anunciado otro recurso ante el Tribunal Constitucional, ha pedido la dimisión de la ministra Irene Montero y ha registrado su reprobación en el Congreso. El partido se congratula de haber sido los únicos que se han opuesto desde el principio a todo tipo de medidas asociadas a la ideología de género que promueve el ministerio de Igualdad.
La excesiva exposición de Alberto Núñez Feijóo en sus primeros meses como líder del PP ha terminado haciendo mella en su imagen cuando el PP ha cometido errores. Algo que Vox ha aprovechado para reivindicarse, aunque en un primer momento el partido de Abascal optó por no hacer leña del árbol caído ante la ruptura de las negociaciones con Pedro Sánchez por el CGPJ.
Aunque PP y Vox han optado por mantener diferentes estrategias de combate para hacer frente a Pedro Sánchez, ambos han coincidido en su ofensiva contra Irene Montero y han sumado votos para forzar una votación por llamamiento este jueves para el delito de sedición, con el objetivo de retratar a todos los diputados del hemiciclo.
Una colaboración puntual que otorga más fuerza a la ofensiva pero que no se extenderá a otros ámbitos ya que los populares siguen esforzándose por mantener distancias, convencidos de que deben intentar atraer a votantes socialistas descontentos con Pedro Sánchez, a los que una alianza con Vox podría ahuyentarles.
Viva honrada la Guardia Civil
EDITORIAL. gaceta. 24 Noviembre 2022
El Gobierno tiene la enorme ventaja de que la Guardia Civil es un cuerpo militar cuyos funcionarios están obligados a guardar un silencio neutral incluso ante las decisiones injustas. Si no fuera así, todos sus soldados, da igual su empleo, desde el primero de sus generales al último agente de la escala de cabos y guardias, podrían explicar durante horas y en alta voz por qué la presencia del Benemérito Instituto a lo largo y ancho de España es un elemento vertebrador de enorme importancia porque da continuidad permanente a la idea de que hay un orden por encima de cualquier desventura política.
Más en concreto, en los 178 años de vida de la Guardia Civil, el Instituto armado ha vivido dos repúblicas, una restauración, varias revoluciones, dos dictaduras, una dictablanda, una guerra civil, varias guerras coloniales, un desastre, una transición y, hoy, una democracia liberal defectuosa. En todos esos momentos, la inmensa mayoría de sus agentes ha servido a España y en toda España, da igual si aquí o en ultramar, derramando su sangre sin titubeos, con sacrificio, honor y una abnegación que sólo podemos reconocer y agradecer.
Por lo tanto, la Guardia Civil como elemento vertebrador de España y como autoridad legítima sancionada por la Historia, es anterior al régimen constitucional que hoy disfrutamos y también padecemos. Esa vinculación inveterada entre el Instituto y los españoles a los que sirve, hace que la Guardia Civil sea España y España sea, mucho antes que casi todo, la Guardia Civil. Alterar en lo más mínimo su presencia en cada rincón de España es lo mismo que atentar contra nuestra identidad.
Es decir, que da igual si quien pide que se retire a la Guardia Civil de una región española es la escoria proetarra de Bildu, el Papa de Roma o el oráculo de Delfos. La respuesta de un Gobierno sensato que no tome a España por su cortijo y que tenga respeto por la Historia, debe ser siempre un no rotundo… aunque si lo exigen los enemigos de la nación, y ese es el caso evidente de Bildu, la respuesta cabal debería ser aumentar los efectivos del Instituto en cualquier región amenazada por el secesionismo. Nada bueno trama, y esto es rigor histórico, quien quiere a la Guardia Civil, al orden y a la ley, lejos.
Insistimos: no es porque sea Bildu/ETA. Es cierto que el daño moral es mayor si un Gobierno pacta una retirada de la Guardia Civil con unos miserables de extrema izquierda que se aprovechan de las deficiencias de nuestro ordenamiento para ensuciar los escaños del Congreso. Pero si mañana lo pidiera el PP, como amagó hace un par de años el propio Feijóo con su abstención a una propuesta del Bloque Nacionalista Gallego en ese sentido, también habría que rechazarla de plano.
El Benemérito Instituto, guarda fiel de España entera, pide muy poco a cambio de tanto como nos ha dado en estos 178 años. Lo que quiere es lo que canta en el último verso de su himno: vivir honrada. Conceder su retirada, lo pida quien lo pida —el colmo es que sea por exigencia de la basura proetarra—, a cambio de unas migajas de poder es deshonrarla. La Guardia Civil, sacrificada, austera, leal, disciplinada, abnegada y siempre benemérita, con el honor como divisa, no se merece esto.
Es miserable utilizar a la Guardia Civil como moneda de canje ante los herederos de ETA
OKDIARIO. 24 Noviembre 2022
La ignominia alcanza dimensiones colosales: Pedro Sánchez se ha rendido al chantaje de los herederos de una banda de asesinos y ha cedido a la exigencia de Bildu para que los 220 agentes de la Guardia Civil del Sector de Tráfico de Navarra dejen de prestar sus servicios. Estamos ante una auténtica traición a un Cuerpo que sufrió en sus carnes la violencia asesina de ETA. Aquella frase de de la madre de Joseba Pagazaurtundua a Patxi López, «harás muchas más cosas que me helarán la sangre», cobra de nuevo actualidad al comprobar el grado de cobardía moral de un presidente del Gobierno que ha profanado la memoria de las víctimas al alcanzar un pacto obsceno con los filoetarras. Pero la afrenta a la Benemérita no se queda ahí, sino que Bildu también ha vetado que los guardias civiles puedan incorporarse en la Policía Foral.
La negociación del Gobierno con Bildu, y también con el PNV, comenzó en 2019. También participó el Ejecutivo regional de la socialista María Chivite. Se llegó a un pacto: la Guardia Civil de Tráfico dejaría de prestar servicio en Navarra y, a cambio, los agentes que quisieran pasarían a formar parte de la Policía Foral y a trabajar en esa unidad de nueva creación. Pero los herederos políticos de ETA no lo han respetado, después de que el sindicato mayoritario en la Policía Foral, Eusko Langileen Alkartasuna (ELA), se cerrara en banda cuando, a finales de 2021, vieron en los presupuestos navarros una disposición adicional en la que se facultaba al Gobierno de Chivite para articular -y dotar de presupuesto- la eventual integración de los guardias civiles en la Policía foral. Y el socialismo, por supuesto, no ha hecho nada por defender lo ha acordado. La felonía de Pedro Sánchez no tiene precedentes. Habrá un día, cabe confiar en que así sea, en que los españoles sean conscientes del grado de indignidad de un personaje que ha llevado su traición y deslealtad a la cumbre más alta.
Armas de disuasión masiva contra el castellano
María Jesús Cañizares. cronica global. 24 Noviembre 2022
Ni 24 horas tardó Pere Aragonès en llamar a rebato a sus consejeros tras el informe de Plataforma per la Llengua, en el que se advierte de la supuesta amenaza que supone para el catalán expresarse en castellano en las relaciones privadas. Sí, así es. Esta ONG hipersubvencionada vuelve a inmiscuirse en nuestras vidas en su lucha por la segregación lingüística, aquella que señala a trabajadores extranjeros recién llegados a Cataluña que no entienden la lengua catalana, que le dice a los niños pequeños en qué idioma deben jugar en el patio del recreo y, lo más grave y preocupante, la que marca el paso al Gobierno de la Generalitat.
ERC entró en shock la mañana del martes cuando desayunó con las conclusiones de Plataforma, en las que se asegura que el votante de los republicanos relativiza los peligros de cambiar al castellano en las relaciones cotidianas, mientras que el electorado de Junts per Catalunya (JxCat) y CUP sí se muestra muy preocupado.
A pesar de su salida del Govern, la sombra de los neoconvergentes es alargada, igual que la de los cupaires, que hace tiempo dejaron de ser influyentes. Pero ahí está el nuevo “modelo policial catalán” que los republicanos pretenden impulsar para satisfacer a los antisistema. En cuanto al tema del catalán, hubo un tiempo en que creímos en la flexibilidad de ERC y su apuesta por ajustar los proyectos lingüísticos a las necesidades de cada zona. El conocido ejemplo de 'más catalán en las aulas de Santa Coloma de Gramenet y menos en las de Vic'.
El PSC también creyó en ese legado del exconsejero de Educación Josep Bargalló y apoyó la nueva ley que reconoce el castellano como lengua curricular en los colegios. Tanto esta ley como el decreto que rechaza las cuotas judiciales del 25% de castellano están recurridas ante el Tribunal Constitucional. Una excusa perfecta para que ERC se pase por el forro sus principios y, a través de su polémico consejero, Josep Gonzàlez-Cambray, evite aplicar sus propias normas. Conviene recordar que fue Junts la que boicoteó esas iniciativas, cuya finalidad era dar respuesta legislativa y pedagógica a la eterna guerra de la lengua, retirando su firma de una primera propuesta cuando ya se había hecho la foto con ERC, En Comú Podem y PSC. Esquerra perdió una buena ocasión para liberarse de sus incómodos socios y profundizar en sus divisiones internas. Pero en aquellos momentos, Junts formaba parte del Govern todavía. Los firmantes se autoenmendaron y, finalmente, hubo acuerdo.
Hoy, ERC gobierna en solitario, sin visos de reconciliación con el partido liderado de forma bicéfala por Laura Borràs y Jordi Turull. Sin obediencia debida, por tanto, al socio desleal. Pero en cuestión de lengua, los complejos republicanos se disparan. Hasta el punto de proponer que los pregones de las fiesta de la Mercè de Barcelona se hagan en catalán. La iniciativa fue tumbada por el equipo de gobierno de Ada Colau, como no podía ser de otra manera. La frontera entre la defensa del catalán, necesaria y legítima, y la mala educación es, en ocasiones, muy estrecha. Por no hablar de la que hay entre el apoyo a la cultura catalana y el odio. El ejemplo más reciente es el ocurrido el pasado lunes, cuando un escritor argentino invitado por la Universitat Autònoma de Barcelona, Martín Caparrós, abandonó un acto porque los asistentes se empeñaron en hablar en catalán, un idioma que no entiende. Su incomodidad fue recibida con risitas. Un tertuliano entregado a la causa independentista le tildó de “racista energúmeno”, contribuyendo así a la imagen antipática del catalán.
Una imagen en la que, por supuesto, Plataforma per la Llengua no profundiza. El informe de esta entidad da para abrir un Telenotícies, pero no para analizar el motivo que lleva a jóvenes cuya lengua materna es el catalán a utilizar el castellano como idioma de rebeldía, de protesta. ¿De provocación? ¿De desahogo? Nuestros gobernantes, es decir ERC, prefieren quedarse con la cifra, con la estadística, para luego convocar reuniones, cumbres y pactos por la lengua que solo abundan en un victimismo estéril.
Que el votante de ERC no vea como una amenaza pasar del catalán al castellano es síntoma de normalidad. Y quizá de que, realmente, el partido de Aragonès ha logrado ensanchar su base y ocupar la centralidad soberanista. En cualquier caso, son buenas noticias para los republicanos quienes, por el contrario, prefieren desautorizar a su electorado y amagar con nuevas armas de disuasión masiva del castellano. La campaña de las elecciones municipales pondrán a prueba la coherencia de ERC, especialmente en la cotizada área metropolitana.
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