Recortes de Prensa  Miércoles 4 Enero 2023

Moscú eleva hasta 89 el número de militares muertos durante el ataque ucraniano en Donetsk

Adriana López. el confidencial. 4 Enero 2023

Casi 90 son los muertos que Rusia ha contabilizado tras el ataque ucraniano en la región de Donetsk la pasada Nochevieja. Aunque en un principio cifró en 15 las bajas, y posteriormente lo elevó a 63, finalmente ha reconocido hasta 89 los soldados fallecidos por los misiles de Kiev, un duro revés para Moscú.

Por otro lado, la Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha señalado que 6.919 civiles han muerto y otros 11.075 han sido heridos en Ucrania desde que comenzó la guerra hasta el pasado dos de enero.

No obstante, la ONU ha reconocido que estas cifras seguramente son mucho más elevadas, especialmente en las regiones donde los combates están siendo más intensos y donde la labor de monitoreo de los observadores de la organización es más difícil. Hasta la fecha, se han podido identificar 2.737 hombres, 1.842 mujeres, 216 niños y 175 niñas entre los fallecidos.

Por otro lado, su parte, 2.401 hombres, 1.729 mujeres, 321 niños y 233 niñas fueron heridos en los primeros diez meses de la contienda.

En las provincias de Donetsk y Lugansk, al este del país, el número de damnificados por la guerra aumentó hasta 9.736 personas, según las Naciones Unidas. En el resto del país, este dato asciende a 8.258 víctimas.

Las claves del momento:

El Kremlin asegura haber derribado dos drones cerca del aeropuerto de Sebastopol

Rusia aumenta a 89 el balance de militares muertos durante un ataque ucraniano en Donetsk

La ONU cifra en 6.919 las muertes de civiles en Ucrania durante la guerra

El Gobierno de Biden, convencido de que los republicanos seguirán apoyando a Ucrania

Rusia destruye un arsenal ucraniano en una ofensiva en Donetsk

Kiev derriba 500 drones rusos de fabricación iraní desde septiembre

La OTAN se abre a negociar un aumento del presupuesto de Defensa

Hace 34 minutos 09:06

El Kremlin asegura haber derribado dos drones cerca del aeropuerto de Sebastopol

Las autoridades rusas han asegurado haber derribado dos drones en los alrededores del aeropuerto de Belbek, en la ciudad de Sebastopol, en la península de Crimea.

"Los sistemas de defensa aérea han derribado esta mañana dos drones sobre el mar en el área de Belbek. Todos los servicios operan con normalidad", ha afirmado el gobernador de Sebastopol, Mijail Razvozhaev, en su cuenta de Telegram.

La ciudad de Sebastopol alberga la principal base de la Flota del Mar Negro de Rusia, y durante las últimas semanas se han registrado varios intentos de ataques con drones, incluido el derribo el lunes de otros dos aparatos no tripulados en los alrededores de la ciudad.

Hace 1 horas 3 minutos 08:36

Zelenski analiza con Justin Trudeau fórmulas de paz para la guerra

El presidente ucraniano analizó en el día de ayer con el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, fórmulas de paz para poner fin a la guerra.

Así, Zelenski indicó que la conversación entre ambos líderes versó sobre el fortalecimiento de las capacidades de defensa ucranianas "frente a las amenazas y los riesgos de escalada en el frente".

Por su parte, Trudeau aseguró que "brindaremos asistencia humanitaria, militar, financiera y de otro tipo al Gobierno y al pueblo de Ucrania para salvaguardar su futuro libre, democrático y seguro".

Hace 2 horas 2 minutos 07:37

Rusia aumenta a 89 el balance de militares muertos durante un ataque de Donetsk

El Ministerio de Defensa ruso ha actualizado a 89 el balance de militares muertos como consecuencia de un ataque de las tropas ucranianas este domingo contra la localidad de Makivka, en la región de Donetsk, aumentando en más de 20 el anterior recuento de víctimas.

El teniente general Sergei Sevryukov, comandante de las fuerzas rusas en Ucrania, ha explicado que los soldados, entre los que se encontraba el comandante adjunto, han sido encontrados "en el curso de la limpieza de los escombros de las estructuras de hormigón armado", según declaraciones recogidas por la agencia Interfax.

Sevryukov ha explicado que dos misiles fueron interceptados por las fuerzas de defensa aérea, pero otros cuatro, "con una ojiva de fragmentación altamente explosiva, golpearon el edificio", provocando el colapso de los techos de la infraestructura.

El comandante ha explicado, según las investigaciones preliminares, que "es evidente que la razón principal de lo sucedido ha sido el uso masivo por parte del personal de teléfonos móviles al alcance de las armas enemigas", medida que no está permitida por parte del Ejército.

No obstante, el alto cargo ruso ha agregado que sus tropas han destruido posteriormente la instalación ucraniana desde la cual se lanzaron los cohetes contra Makivka, Donetsk, eliminando armamento y más de dos centenares de militares. Ucrania atacó esta localización en Nochevieja, a las 00.01 horas de Moscú el 1 de enero, asegurando que había "matado o herido" a cientos de militares rusos.

Un Tribunal para corromper la Constitución

JUAN GUTIÉRREZ ALONSO. libertad digital. 4 Enero 2023

El pasado 14 de octubre decíamos en El Mundo que una Constitución se puede reformar de diferentes formas. Destacamos que una de ellas es mediante la acción del Tribunal Constitucional, que puede llegar a decir que el texto dice lo que no dice o que no dice lo que en verdad dice. También puede ese Tribunal desdecirse de lo que ha venido diciendo y cambiar de criterio jurisprudencial para acomodarlo a los intereses de quienes controlan el sistema, y hacerlo alegando cambios en la realidad social o amparándose en el Derecho comparado.

Entre otras cuestiones poco decorosas e incluso inconfesables, esto último explica también lo sucedido con la renovación de magistrados en la sede de la calle Domenico Scarlatti. Una renovación que, por mucho que intenten hacernos creer que lo peor se ha evitado, es óptima para la actual clase dirigente y gubernamental. No podemos compartir aquí los razonamientos del legítimo cambio de orientación ideológica que consiente el propio texto constitucional porque los perfiles elegidos proyectan un cambio de paradigma que va mucho más allá y apuntan a la Constitución misma. Esto, en rigor, es otra cosa.

La nueva clase política que actualmente controla el poder ejecutivo y también el legislativo, que dicho sea de paso, tampoco tiene nada que ver con lo conocido hasta ahora en nuestra democracia, necesitaba con premura no solo readaptar el marco normativo para acomodarlo a las necesidades de sí mismos, como demuestran los recientes cambios legales archiconocidos, también le urgía situar en el Tribunal Constitucional unos obedientes mandatarios que le aseguren cambios de criterio y funcionamiento en el principal intérprete de nuestra Constitución, abriendo de este modo una nueva etapa que, con certeza, viabilizará un cambio de régimen sin necesidad de cambiar una sola coma de la Carta Magna. La «crisis constituyente» de la que hablaba en 2020 el entonces Ministro de Justicia - enamorado de la actual Presidenta del Congreso - y hoy nuevo Magistrado del Tribunal Constitucional.

Cierto es que el desguace de nuestra Constitución había empezado hace tiempo. Pero ahora, con el nuevo y potente comisariado político instalado en el Tribunal Constitucional, se va a acelerar. Entre otros asuntos que iremos conociendo, podemos adelantar algunos cambios de criterio del Tribunal que nuestro actual Gobierno ha diseñado sin la más mínima resistencia, pues contrariamente a lo que hemos ido conociendo estas semanas, la más importante debió estar en el propio Tribunal, denegando la idoneidad a los mandatarios del Gobierno o incluso mediando una cascada de renuncias para aumentar la apuesta y al menos evidenciar el escándalo. No ha sido sin embargo así. Dicen que factores externos e institucionales han influido, por lo que ahora los ciudadanos ya sabemos que quien se propone un asalto a las instituciones sólo necesita determinación para conseguirlo. El emperador anda por ahí desnudo.

Entre otros cambios jurisprudenciales, debemos esperar pronto el relativo a la interrupción voluntaria del embarazo. Después de haber retrasado más de doce años el Tribunal Constitucional «de mayoría conservadora» la resolución del recurso contra la ley de plazos de 2010, el nuevo sí está ya en condiciones de pronunciarse y hacerlo con rapidez. El paso del tiempo, la propaganda, y hasta el miedo a la reprobación pública o al aquelarre mediático, han allanado una futura resolución correctora de la jurisprudencia sobre el nasciturus (entre otras, la STC 53/1985, de 11 de abril), que tiene ya los días contados.

No es una cuestión menor, porque esto conllevará una redefinición del derecho a la vida consagrado en el art. 15 de la CE como valor superior del ordenamiento y afectará, con seguridad, a otras normas como la Ley Orgánica 3/2021, de 24 de marzo, de regulación de la eutanasia, contribuyendo de este modo el Tribunal a la política general, a la nueva ideología de la vida y la muerte, y a esa nueva y peculiar manera de concebir los asuntos más esenciales que afectan a los ciudadanos.

Será también este mismo Tribunal el que elaborará progresivamente una jurisprudencia acerca de «los derechos de las generaciones futuras». Esa moderna idea-fuerza que puede condicionar, como ya está haciendo, la práctica totalidad de las actividades humanas; y en paralelo se bendecirán las recientes y futuras normas que otorguen derechos humanos a otros miembros del reino animal y hasta a los accidentes geográficos, en una más que previsible expansión interpretativa, a ser posible hasta el infinito, del art. 45 de la Constitución.

Otros asuntos constitucionales no van a librarse conforme vayan llegando al Tribunal o ya estén pendientes de despacho. La libertad de expresión tiene todo para situarse entre las prioridades del nuevo comisariado político; también la adulteración del deber de neutralidad, como se desvela en el Proyecto de Ley Orgánica del Sistema Universitario. Veremos cómo se fortalecen las discriminaciones en favor de la mujer, por ser mujer, desnaturalizando así, aún más, el art. 14 de la CE. Y luego está la cuestión del amparo en los indultos a políticos y también la propiedad privada en su sentido más amplio.

La libertad religiosa es de prever que no quede exenta de una futura remodelación en el Tribunal so pretexto de alguna nueva iniciativa legislativa que se pueda promover si las urnas lo permiten. Lo mismo con la enseñanza, y hasta el pluralismo político es fácil adivinar que antes o después serán objeto de rediseño. Por no hablar de todo aquello que afecta a la conformación territorial del país para avanzar en esa superchería vendida como federalismo y que se ha pertrechado en despachos universitarios.

La materia parlamentaria, ya reunidos oficialmente los tres poderes y a expensas de lo que suceda en las próximas elecciones, se verá también afectada y puede ser incluso en breve. Sin ir más lejos, y por referirnos a lo más reciente, el criterio de la STC 119/2011, de 5 de julio, sobre el derecho de participación de los parlamentarios en la función legislativa, tanto en la discusión y debate parlamentario sobre los asuntos, como en cuanto a la posibilidad de proponer o introducir enmiendas, respetándose su derecho a expresar su posición mediante voto, se verá también afectado.

A este respecto, harían bien los recurrentes en amparo contra la decisión de la mesa del Congreso que permitía la tramitación de dos enmiendas para modificar el sistema de elección de magistrados del Tribunal Constitucional este pasado mes de diciembre en retirar su recurso, porque es muy evidente que nos vamos a encontrar una la resolución final muy distante de lo sugerido en el Auto de medidas cautelares, además de una concepción muy alterada del art. 90 de la Constitución por parte del nuevo Comisariado Constitucional, ya adelantada en los votos particulares de aquel Auto.

Y así irá sucediendo con otros muchos asuntos, pues como adelantamos en octubre pasado cuando nos referíamos a la reforma alternativa y silenciosa de la Constitución, estamos en pleno proceso de subversión del orden constitucional, que se explica, como se ha dicho, porque la mayoría parlamentaria que gobierna las Cortes Generales, con sus presidencias a la cabeza, son claramente personajes subversivos y porque en España ya nadie cumple sus funciones constitucionales a pesar de ciertas apariencias y la pomposidad que ofrecen nuestros edificios y ceremonias públicas.

Desengáñense, por último, si creen que este proceso es reconducible. No lo es porque en verdad lo patrocinan y lideran los propios poderes del Estado. Nadie ofrece ya una resistencia como sería deseable. Nadie parece ya tener sentido constitucional, ese que hace innecesaria incluso una Constitución escrita. Debemos preguntarnos consecuentemente si la nuestra, con todo lo que ello conlleva, tiene también los días contados.

La democracia española y Numancia

PEDRO DE TENA. libertad digital. 4 Enero 2023

Se me vino a la cabeza Numancia viendo la extraordinaria conversación de Nuria Richart y José María Marco con Juan Carlos Pérez de la Fuente, que sabe de asedios, sobre el teatro español y sus potencias, tanto actuales como tradicionales. Hablaron de El cerco de Numancia de Miguel de Cervantes, versionada por Luis Alberto de Cuenca y Alicia Mariño (Numancia), Cuando la izquierda en España era aún una izquierda española, Rafael Alberti no tenía miedo en escenificar su propia Numancia, que estuvo en cartel entre diciembre de 1936 y marzo de 1938. Luego fue renunciando a la riqueza común y plural de la patria, aceptando como máximo un patriotismo constitucional incomprensible sin el pasado. Olvidó los versos de Vicente Aleixandre:

"Ay, patria,

tan anterior a mí,

y que yo quiero viva,

después de mí…"

Desde el Siglo de Oro, la gesta numantina se concibió como el himno a la libertad de una ciudad frente a la esclavitud segura con la que la amenazaba el enemigo. Pero su final, el digno suicidio colectivo ante la victoria inminente del opresor, podía interpretarse como un signo de pesimismo en el combate de la libertad contra el poder. Se ha dicho que la versión de Juan Carlos Pérez de la Fuente supera a la de un Cervantes que deducía de la proeza numantina una España renacida y gloriosa. Pero el problema sigue siendo el último suicidio del último numantino. Ciertamente, elige la dignidad de la muerte en libertad pero no es menos cierto que tal decisión implicaba el final de la "patria", final que Cervantes sabía que no había ocurrido.

Afirmaba el añorado historiador Fernando García de Cortázar que España está viviendo un tiempo de crisis y que, por eso, con una España "al borde de un exilio moral" viajaba su corazón histórico para dejar un mapa "hondo y ancho de la patria personal que llevo dentro." Posiblemente, la España de la Transición, en su versión más noble, la España de la Reconciliación mediante una democracia acordada por todos y para todos por vez primera en dos siglos, está sufriendo el sitio tiránico de quienes no quieren una convivencia duradera sino la conquista del Estado y sus instituciones para el dominio total sobre los ciudadanos españoles.

La palabra mágica de los numantinos fue "resistencia" y a la resistencia aluden hoy muchos, desde Rosa Díez en sus minutos de esRadio a muchos de nosotros, que hemos hablado de la Resistencia Democrática de España frente a quienes desprecian la democracia liberal prometida en 1978 y pretenden volver a la "democracia" partidista y sesgada de la II República, cada vez más evidentemente. Pero lo esencial para la historia de España no es la resistencia, si tal hazaña acaba en exterminio, aunque sea por propia mano. Lo verdaderamente radical para la España democrática y abierta que esbozó la Constitución vigente es la existencia, lograr existir, a pesar del intento de desmoralización y de disgregación que sufrimos.

Está bien claro que la resistencia es inicialmente obligada, pero es preciso que el resistir sea aprovechado eficientemente para existir, evitando la liquidación, ocupación o tergiversación de la democracia que deseamos para ese "después de nosotros" de los versos de Aleixandre. Mientras resistimos, es necesario componer un plan de existencia futura que aprenda de los errores e ingenuidades cometidas y siente las bases duraderas de una convivencia leal en libertad. Los arévacos numantinos resistieron contra un poder tiránico exterior, insuperable e implacable. Los demócratas españoles de hoy tenemos que desafiar a la voluntad totalitaria de unas minorías a las que es posible aislar y reducir aplicando la fuerza legal y moral del Derecho y de las Urnas.

Pero esa insistencia en la propia existencia histórica será imposible sin la voluntad decidida de hacer posible lo que es necesario. Necesitamos una estrategia para la resistencia y para la supervivencia de una nación cuya mayoría abrumadora y soberana quiere convivir bajo el amparo institucional de una democracia con poderes equilibrados y respetados por todos.

Numancia fue destrucción y muerte, luego convertidas en leyenda. España ya ha tenido bastante de ambas miserias. Tampoco podemos seguir quejándonos, como el río Duero de la Numancia de Cervantes, diciendo:

Madre querida, España: rato había

que oí en mis oídos tus querellas,

y si en salir acá me detenía

fue por no poder dar remedio a ellas.

Lo que necesitamos es una resistencia inteligente que no acabe en autoexterminio sino en existencia democrática sólida que impida nuevas tiranías vengan de donde vengan.

Bajo el síndrome del adanismo
Jesús Banegas. vozpopuli. 4 Enero 2023

En la brillante y muy civilizada Viena intelectual de las entreguerras europeas del pasado siglo, dos personalidades de incuestionable y muy elevado prestigio en el ámbito de las ciencias sociales, Joseph Schumpeter y Friedrich Hayek coincidieron al reivindicar el gran y tristemente ignorado legado del pensamiento escolástico español vinculado con la universidad de Salamanca, en tres ámbitos: la teoría evolutiva de las instituciones sociales, la economía de mercado y la filosofía política liberal.

Si nos detenemos en el primer hito intelectual, su grandeza queda atestiguada por un extraordinario y consumado hecho histórico -muy poco conocido-: la teoría darwinista de la evolución, que hoy domina por completo el mundo de la ciencia, se basó en el pensamiento escolástico español que descubrió, siglos antes, el origen y evolución espontánea de las instituciones sociales; fenómenos que no son producto de la creación deliberada de la voluntad humana: lenguaje, familia, derecho, justicia, mercado, división del trabajo, moneda, ciudad, democracia, Estado…. Por tanto, en contra de lo que podría suponerse, el concepto de evolución no fue tomado por las ciencias sociales de la biología, sino al revés.

Ya en la Roma imperial del comienzo de nuestra era, Cicerón citando a Catón, señalaba que “la constitución romana -sus leyes- se basa en el genio de muchos hombres y no en el de un solo hombre; no se instituyó en una generación, sino durante un largo periodo de varios siglos y muchas generaciones de hombres”.

El beneficioso funcionamiento de la sociedad libre descansa, sobre todo, en la existencia de instituciones que han crecido libremente. Y todas las sociedades que han cuestionado el orden social natural, para dictar modelos “racionales” de conducta, han fracasado y en muchos casos con consecuencias dramáticas.

Frente a la libre y espontánea evolución social de las instituciones, los precursores políticos –aunque ellos no lo sepan- de nuestro actual gobierno sostuvieron que “si queréis tener buenas leyes, quemad las que tenéis, y haced otras nuevas” (Voltaire) y “no existen otras leyes que las que se dan los vivos”(Rousseau). Ni que decir tiene que los países que actuaron en consecuencia, con la URSS y China a la cabeza, cosecharon los mayores desastres humanos de la historia.

Para Hayek, "mientras que la tradición racionalista presupone que el hombre originariamente estaba dotado de atributos morales e intelectuales que le facilitaban la transformación deliberada de la civilización, la evolucionista aclara que la civilización fue el resultado acumulativo costosamente logrado tras ensayos y errores; que la civilización fue la suma de experiencias, en parte transmitidas de generación en generación, como conocimiento explícito, pero en gran medida incorporada a instrumentos e instituciones que habían probado su superioridad. El uso corriente e indiscriminado de la palabra 'democrático' como término general de alabanza no carece de peligro. La democracia, probablemente, es el mejor método para conseguir ciertos fines, pero no constituye un fin en sí misma”.

Aristóteles condenaba la clase de gobierno en que “el pueblo impera y no la ley”, así como aquél en que “todo viene determinado por el voto de la mayoría y no por la ley”. “Cuando el gobierno está fuera de las leyes no existe estado libre, ya que la ley debe ser suprema con respecto a todas las cosas”.

Frente a esta insuperable visión verdaderamente democrática y sobre todo civilizada de las instituciones del Estado, el gobierno, sus medios afines y lo que es más grave, los miembros progresistas del Tribunal Constitucional, se declaran adanistas –siguiendo a Rousseau y Voltaire- negando el imperio de la ley y afirmando su sometimiento a una “soberanía popular” que confunden impropiamente –¿ignorante o interesadamente?– con el Congreso de Diputados. Por separado y conjuntamente, cual orquesta dirigida por declarados enemigos de nuestro orden constitucional, vienen a sostener que las instituciones –como las ya citadas– preexistentes a la aleación política que ahora nos gobierna, pueden y por tanto deben derogarse a su gusto político; lo que remite inexorablemente a Venezuela, un estado fallido y democrático totalitario.

De nuevo, el sabio Hayek aclara las cosas: “La soberanía popular es la concepción básica de los demócratas doctrinarios; significa para ellos, que el gobierno de la mayoría es ilimitado e ilimitable. El ideal democrático pensado para impedir cualquier abuso del poder se convierte así en la justificación de un nuevo poder arbitrario”.

El famoso imperativo categórico de Kant: “Actuar sólo de acuerdo con esa máxima en virtud de la cual no se puede querer más que lo que debe ser ley universal”, es una extensión al campo de la ética de la idea básica que entraña el imperio de la ley, tan ajena a la práctica política del gobierno.

Los desmanes “legales” del Gobierno, carentes de legitimidad política y seriedad legislativa, suelen estar respaldados por sus intelectuales progresistas. Para Schumpeter, “la ausencia de responsabilidad directa para los asuntos prácticos y la consiguiente ausencia de conocimiento de primera mano de los mismos es lo que distingue al intelectual”. Y para Hayek: “El intelectual, por su disposición global no está interesado en detalles técnicos o dificultades de tipo práctico. Le atrae la amplitud de miras, la falsa compresión de lo de social como un todo que el sistema planificado promete”.

El verdadero valor de la democracia es servir como una precaución sanitaria capaz de protegernos de cualquier abuso de poder

Mientras que los intelectuales progresistas andan utilizando su brocha gorda para confundir a la sociedad con sus demagógicas proclamas pseudo-democráticas, Hayeck que si sabía y mucho de lo que escribía, dejó las siguientes “perlas” que parecen escritas para la España de nuestros días:

“Bajo el falso nombre de democracia se ha creado un mecanismo en el que no decide la mayoría, sino que todos sus miembros, para perseguir sus propios fines, deben prestarse a muchas corrupciones para obtener el apoyo de la mayoría”.

“En una democracia ilimitada quienes tienen los poderes discrecionales están obligados a usarlos – quiéranlo o no – para favorecer a grupos particulares de los que dependen para obtener la mayoría de los votos”.

“El verdadero valor de la democracia es servir como una precaución sanitaria capaz de protegernos de cualquier abuso de poder. Permite echar a un gobierno y tratar de sustituirlo por otro mejor. Es la única convención hallada hasta ahora para hacer posible los cambios pacíficos de gobierno”.

Lamentablemente, en España, muy escasamente familiarizados con la democracia verdadera, una gran parte de la sociedad tiene una comprensión de ella alejada de la que domina la política –incluso socialdemócrata- de los países más ricos y civilizados. El deslizamiento hacia fórmulas populistas hispanoamericanas no acaba de verse como un peligro real, incluso si el gobierno simpatiza abiertamente con ellas y camina en su misma dirección.

Un próximo gobierno democrático, además de recuperar la perdida dignidad institucional, debería preocuparse por sustituir la adanista y totalitaria 'memoria histórica' o 'democrática' por la difusión en las escuelas de los verdaderos principios democráticos que rigen en los países más serios, civilizados y ricos del mundo; para evitar así la migración ya iniciada hacia el tercer mundo.

La Constitución de Sánchez

EMILIO CAMPMANY. libertad digital. 4 Enero 2023

Como El País lo hacen con los folios que les pasa el Gobierno, nos enteramos por él de que "El refuerzo de las tropas de Estados Unidos en Rota no se votará en el Congreso". El artículo 94 de la Constitución, ésa que Pedro Sánchez cree que el PP no cumple, dice: "La prestación del consentimiento del Estado para obligarse por medio de tratados o convenios requerirá la previa autorización de las Cortes Generales, en los siguientes casos: (…) b) Tratados o convenios de carácter militar". Es verdad que el mismo tratado permite a las partes celebrar acuerdos administrativos. Pero aumentar el despliegue de fuerzas extranjeras con dos destructores más no es un acuerdo administrativo. Encima, el tratado está caducado (como el mandato del Consejo General del Poder Judicial), lo que hace que su reforma sin pasar por las Cortes sea aún más inconstitucional si cabe.

Las razones que impulsan al Gobierno a interpretar que no necesita la autorización de ese Parlamento que tanto dice respetar son obvias. Esa votación daría ocasión a mostrar un Gobierno dividido, pues Podemos y la mayoría del resto de la morralla en la que este Gobierno se apoya votaría en contra. De modo que la ampliación de la presencia de la marina norteamericana en España sólo sería posible si el PP vota a favor de ella tras haber apelado el PSOE a su sentido de Estado, algo que Sánchez dice que no tiene. Para evitarle al presidente ponerse colorado una tarde en el Congreso de los Diputados, tenemos que forzar por enésima vez la entrada en vigor de una norma abiertamente inconstitucional. Pero, al Gobierno no le preocupa que haya más o menos fuerzas estadounidenses en España. A Sánchez lo que le importa es que Biden se haga fotos con él y que no se note demasiado que Podemos, con tal de seguir en el Gobierno, tiene tragaderas bastantes como para engullir sin remilgos sapos capitalistas, militaristas y atlantistas de este tamaño.

Sin embargo, que los socialistas y comunistas pasen por cualquier cosa con tal de continuar en el poder ya no es noticia. Es la oposición la que tiene la obligación de exigir que se cumpla la Constitución y que la modificación de un convenio militar tan importante que afecta a nuestra soberanía nacional sea sometida a las Cortes. Si el PSOE no lo hace, deberá recurrirlo al Constitucional, a ver cómo la nueva "mayoría progresista" explica que permitir que dos destructores norteamericanos más operen desde un puerto español no necesita la aprobación del Legislativo. Y, si al final el Gobierno no lo lleva, tendría el PP que apretarle las tuercas a Sánchez para que rompa la coalición con Podemos a cambio de su voto a favor. Nada de eso ocurrirá porque aquí se vive de ficciones. Si se denuncian golpes de Estado inexistentes y se ignoran los que de verdad intentan dar los independentistas ¿qué no pasará con la constitucionalidad de los convenios militares internacionales?

Hemos perdido Hispanoamérica

MIQUEL GIMÉNEZ. gaceta. 4 Enero 2023

En España vivimos ensimismados en un sueño opiáceo y eso nos impide percibir el mal que se está apoderando de nuestra patria. El fútbol y los programas mal llamados del corazón, que suelen ser de vísceras, tienen adormecidos al pueblo que no sabe lo que pasa ni, ¡ay!, está interesado en saberlo. Ocurre lo mismo con Hispanoamérica, tan cerca, tan lejos, donde millones de hermanos nuestros sucumben a diario en las garras del populismo demagógico tras el que se oculta el totalitarismo comunistoide de siempre. Hemos abandonado a quienes comparten con nosotros una misma lengua, una cultura, una herencia y una comunidad de sangre. Viendo la toma de posesión de Lula, el ex preso, el corrupto, el político que representa como pocos lo que de siniestro tiene el sistema que preconiza, he sentido una gran tristeza. Porque aunque pase en Brasil, yo considero a ese país tan español como Portugal en tanto que somos ramas de un mismo tronco añoso, cargado de razones históricas comunes que el Tratado de Tordesillas no puede ni debería borrar.

Los vientos cargados de maldad que soplan en esos países, entregándolo a todos aquellos que se miran en los espejos de lo peor que hay en política, como son Cuba o Venezuela, no se distinguen en nada de los que soplan inmisericordes sobre nuestra España. Esa es la realidad. He de reconocer, mal que pese, que buena parte de la culpa es nuestra. España siempre se fijó más en una Europa que se nos ofrecía como modélica, descuidando el inmenso tesoro que tenía en los países que un día formaron parte de la Corona Española. Todavía recuerdo, porque tengo edad suficiente para ello, cuando el presidente Suárez apuntó tímidamente la posibilidad de crear un mercado común entre España y los países sudamericanos. Los primeros en poner el grito en el cielo fueron los expertos de Washington que, como es sabido, siempre los han visto como su patio trasero. Doctrina Monroe, decían, América para los americanos. Lo que se escondía tras esa palabrería sin base era que ellos pretendían monopolizar las riquezas enormes que se atesoran en aquellas tierras, importándoles poco o nada el bienestar y la prosperidad de sus sistemas políticos.

Hay un gag de Les Luthiers en el que se discute acerca de los EEUU y alguien dice que son los promotores de la democracia en Argentina, a lo que otro replica rápidamente «¡Y de nuestras anteriores dictaduras!». Es así. De la gallardía de don Juan Carlos espetándole al tirano Chávez aquel sonoro «¿Por qué no te callas?», ante ese Zapatero cómplice de las infamias más grandes ocurridas en aquellos pagos, hemos llegado a que el Gobierno del felón envíe a Felipe VI a dar la mano a Lula, dándole un aura de respetabilidad inmerecida al mismo. Hemos perdido incluso la referencia de la Corona, lo que significa que España ha perdido también a toda Hispanoamérica. Vivimos unos tiempos terribles en los que el mal parece haber ganado. Pero no es el final, créanme. Siempre hay esperanza.

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SÁNCHEZ AFRONTA EL ÚLTIMO AÑO DE LA LEGISLATURA

Los planes del Gobierno en 2023: más clientelismo, restricciones verdes y balcanización de España

JAVIER TORRES. gaceta. 4 Enero 2023

El peor de los escenarios para Sánchez es de, al menos, un año más en el poder. Aprobada casi toda la batería de leyes ideológicas (trans, aborto, sólo sí es sí, eutanasia, memoria democrática, Zerolo…), la rebaja de la malversación y el fin de la sedición, el Gobierno ha blindado el Tribunal Constitucional para garantizar que los recursos contra sus leyes no tengan casi opciones de prosperar.

Superados estos obstáculos y garantizado el apoyo de los partidos separatistas, Sánchez afronta el último curso antes de las próximas generales con los deberes hechos. ¿Qué le queda por hacer? Seguir pagando la factura a sus socios separatistas (de Junqueras a Otegui) que le han llevado en volandas, ley a ley, hasta aprobar los presupuestos generales de 2023. Un precio carísimo, desde luego, que ya comenzó a abonar a costa de la libertad y bienestar de los españoles con el indulto a los golpistas catalanes, la excarcelación de etarras o la transferencia de las competencias penitenciarias y la gestión de la seguridad social al País Vasco.

Los más optimistas sostienen que se trata de una legislatura más con el mercadeo propio del bipartidismo que, cada cuatro años, debilita al Estado hasta hacerlo casi desaparecer en algunas regiones de España. Los pasos que va dando Sánchez, sin embargo, demuestran que no tiene límites y que, si él no tiene más plan que la supervivencia, sus socios sí tienen muy claro el suyo: la independencia.

El Gobierno, por tanto, avanzará este año en los siguientes campos:

–Balcanización. El Ejecutivo apenas disimula el cambio de régimen impulsado junto a sus socios separatistas. La nueva magistrada del Constitucional, María Luisa Segoviano, dice que la autodeterminación es algo complejo que hay que estudiar. No es un lapsus como tampoco lo fue el del exministro de Justicia –también recién llegado al TC–, Juan Carlos Campo, cuando aseguró en la sesión de control del 10 de junio de 2020 que «frente a la crisis constituyente tenemos un debate constituyente […] no podemos dejar a nadie fuera».

El separatismo, integrado en la dirección del Estado como reconoció el propio Otegui, sigue escribiendo la historia de España sin que apenas mueva a escándalo. La paradoja está en que el segundo partido de la oposición (VOX) tiene más votos (3,6 millones) que todos los partidos secesionistas juntos (2,4 millones en total: ERC 874.000, JxCat 530.000, PNV 379.000, Bildu 277.000, CUP 246.000 y BNG 120.000). El sistema electoral, aunque haya quien no quiera verlo, permite que quienes menos votos tienen estén sobrerrepresentados en el Congreso y sometan a la inmensa mayoría de los españoles.

–Clientelismo. El grueso de los fondos europeos llega el último año de legislatura, una bendición para Sánchez que imitará, de algún modo, el plan E que Zapatero ejecutó tras ser reelegido en 2008 cuando los primeros síntomas de la crisis eran más que evidentes. El Gobierno comprará aún más a los sindicatos, a la prensa y otros sectores afines a los que confundirá interesadamente con «los trabajadores» o «los de abajo». Sánchez dirá que todo lo destina a «políticas sociales», pero el gasto en propaganda será fundamental para ocultar que España es el único país de la UE que aún no ha recuperado los niveles previos a la crisis.

–Cataluña. El PSC está a punto de llegar a un acuerdo con ERC para sacar adelante los presupuestos. Eso ayudará a que Sánchez siga presentándose como el gran pacificador, el artífice de que las calles que ardieron durante el golpe de 2017 y dos años después cuando el Supremo condenó a los golpistas por sedición y malversación, sean ahora una balsa de aceite. Frente a los dos referendos ilegales (y la violencia desatada) que el separatismo celebró cuando el PP gobernó por última vez, el PSOE venderá en Cataluña la imagen de la vuelta a la normalidad. Con ello espera ser el primer partido en una región, no lo olvidemos, que reparte 48 escaños en las generales.

–Cambio climático. 2023 comienza con más restricciones que ya sufren quienes tienen coches de gasolina o diésel. Además del elevado precio de los carburantes, los parquímetros y las autovías de peaje que están por venir, la ley de cambio climático impide que los turismos con clasificación ambiental A puedan circular libremente por todo el territorio nacional. Esta ley obliga a los municipios con más de 50.000 habitantes a establecer zonas de bajas emisiones. El objetivo de esta medida es «mejorar la calidad del aire y mitigar las emisiones de gases efecto invernadero». La traducción real es que quienes menos recursos tienen no van a poder disfrutar de un coche como han hecho, al menos, desde hace medio siglo. Esta guerra al automóvil no se entiende sin los Acuerdos de París de 2015 y la Agenda 2030 suscritas por España. Los fondos europeos, por supuesto, están condicionados a invertirlos en la «lucha» contra el cambio climático y el impulso de la transición energética.

-Degradación institucional. Un país no funciona o deja de hacerlo cuando sus instituciones no son fuertes. La corona es la única de peso que, de momento, resiste los envites de Moncloa, a pesar de los desplantes públicos que Sánchez ha hecho a Felipe VI. La monarquía se enfrenta a un Gobierno de coalición hostil que aprueba leyes, como la de memoria democrática, que deslegitiman la Transición y, por ende, la figura del jefe del Estado.

Sánchez ha asaltado desde 2020 el Tribunal Constitucional, la Fiscalía con Dolores Delgado (otra exministra), el CIS, el Tribunal de Cuentas, TVE, Correos, y, a punto de ello, el CGPJ. Mención aparte merece la Mesa del Congreso, más degradada que nunca, que cerró la Cámara (saltándose la Constitución) al principio de la epidemia del coronavirus y aplica el reglamento de manera torticera en cada sesión plenaria.

–Guerra de Ucrania. El Gobierno se agarra a ella para explicar todo lo que va mal y no puede negar, desde la inflación o la subida de los carburantes hasta la cesta de la compra. Si la guerra acabara, Sánchez se quedaría sin coartada.

Encuestas, astros y Pedro Sánchez

PABLO PLANAS. libertad digital. 4 Enero 2023

Las encuestas soplan en contra del PSOE. El pacto de hierro con ERC y Bildu, la alianza con Podemos, las chapuzas judiciales y jurídicas, la amnistía a los golpistas, el asalto a la Justicia y desvaríos como la ley a favor de los violadores o la trans tienen un impacto evidente en la sociología. No es que la gente hable de ello en el transporte público como aseguraba la señora Pilar Llop, ministra de Justicia, en relación al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

En el Metro no se habla, se mira el teléfono o al vacío. Pero todo el mundo sabe que con la ley del sí es sí salen a la calle violadores o, cómo mínimo, se les reduce la condena. Con lo de la sedición y la malversación pasa exactamente lo mismo. Delincuentes favorecidos por el Gobierno. Y la situación económica es algo más que preocupante por mucho que el Gobierno haya logrado trasladar a la mayoría de los medios especies como que la inflación en España es menor, que la luz ha bajado en Navidad o que el desempleo está contenido.

Los barones socialistas tiemblan ante la perspectiva de una derrota monumental en las autonómicas y municipales del 28 de mayo. El presidente de Aragón, Javier Lambán, se acaba de rasgar las vestiduras porque "la gobernabilidad del país depende más de extremistas, radicales e independentistas". El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, también está que se sube por las paredes. Los titulares sostienen que se ha erigido en "garantía de la unidad de España". Nada noticioso. Las promesas de un barón del PSOE valen menos que las del propio Pedro Sánchez, propietario del partido.

Al respecto del PSOE, el partido político decano, caben varias posibilidades. La primera es que se convierta en el partido del régimen de Sánchez. Otra mucho menos probable es que si Sánchez y sus socios caen en las generales, desaparezca y los deudos formen otra formación de izquierda que reniegue del legado guerracivilista de esas siglas. Sería la mejor noticia política y social de la historia de la democracia en España.

En los próximos meses puede pasar de todo y casi nada bueno. Si Lambán o Page salen reelegidos no será porque en un arrebato de dignidad hagan algo más en contra de Sánchez y su destrucción de la democracia que murmurar para adentro. Hasta Colau en Barcelona tiene opciones de repetir mandato por tercera vez. Lo único seguro es que va a haber encuestas para aburrir. Desde que se abarataron los precios, hacer sondeos es un negocio extraordinario. Cosa de magia que no se necesiten más de mil entrevistas y un poco de cocina para predecir el presente.

A Sánchez le van mal las encuestas y Pablo Casado era el campeón de las encuestas. Su efímero paso por la presidencia del PP fue una sucesión de sondeos que le proclamaban futuro presidente del Gobierno. A Núñez Feijóo le pasa lo mismo. En cuanto a Vox, según el día se hunde o remonta. Va como va. De Podemos y Ciudadanos ya ni hablamos. Y los separatistas vascos y catalanes se mantienen con tendencia al alza. Es lo que dicen los hígados de pollo, los posos de café y la astrología. 2023 será un año trepidante, agitado y convulso. Como siempre y como nunca antes. ¿Dónde está escrito que Sánchez va a perder las elecciones? Hace exactamente un año, sólo Sánchez sabía que Casado tenía los días contados

La que nos va a liar el Tribunal Constitucional

LIBERAL ENFURRUÑADA. okdiario. 4 Enero 2023

El Tribunal Constitucional es un órgano político elegido por las cúpulas de los partidos, que no forma parte del Poder Judicial. Su única misión es el control constitucional de las normas y la anulación de aquellas que contravienen la Constitución. De sus 12 miembros, ocho son elegidos por las Cámaras, dos por el Gobierno y dos por el CGPJ, nombramientos que lo son por nueve años, renovándose por terceras partes cada tres años. En la actualidad está compuesto sólo por 11 miembros, siete propuestos por PSOE y Podemos frente a cuatro propuestos por el PP, mientras los socialistas bloquean la renovación de una plaza por el Senado que, en teoría, corresponde a los conservadores. Esta mayoría de magistrados nombrados por la izquierda se mantendrá así, como mínimo, hasta marzo de 2026, cuando se volverán a elegir los miembros designados por el Senado.

Si hacemos un pequeñísimo repaso de algunas de las decisiones que ha tomado el Tribunal Constitucional a lo largo de su historia, comprenderemos fácilmente cómo nos afectan directamente en nuestras vidas. El 23 de febrero de 1983, sólo tres meses después de que Felipe González formara el primer Gobierno del PSOE desde antes de la Guerra Civil, los socialistas decidieron expropiar Rumasa mediante un decreto-ley, medida que nuestra Constitución reserva para casos de «extraordinaria y urgente necesidad» que nunca pueden afectar «a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el Título I», como es el «derecho a la propiedad privada» recogido en el artículo 33 de la Constitución. Y a pesar de eso, un Tribunal Constitucional presidido por Manuel García Pelayo, que había sido Jefe del Estado Mayor del ejército republicano durante la Guerra Civil y posteriormente estuvo recluido en campos de concentración, decidió, por el voto de calidad del presidente que rompía el empate a 6, que la expropiación era constitucional.

En mayo de 2011, otro Tribunal Constitucional de mayoría socialista, presidido por el masón Pascual Sala, dejó sin efectos el fallo del Tribunal Supremo que había anulado todas las candidaturas presentadas por Bildu en las elecciones del 22 de mayo de 2011, al estimar que forman parte de un proyecto «gestionado, dirigido, coordinado y articulado por el complejo ETA-Batasuna». Esta decisión, amparada en la misma normativa con la que previamente se había ilegalizado a Batasuna y a Herri Batasuna y en contra de la ponencia inicial, tuvo que ser de nuevo adoptada por el Pleno del Tribunal Constitucional, tras el empate en la Sala Segunda, donde sí había equilibrio entre «progresistas» y «conservadores».

El artículo 3.1 de la Constitución dice que: «El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla». A pesar de eso, en 1994 el Tribunal Constitucional corrigió al Tribunal Supremo y dictaminó que era constitucional la Ley de Normalización Lingüística de Cataluña, que condenaba a los niños catalanes a no recibir su educación en castellano. En 2005 el Tribunal Constitucional declaró a la Justicia Española competente para juzgar delitos de genocidio y crímenes contra la humanidad fuera de España, aun cuando no haya víctimas españolas. En 2007 dejó sin sanción penal en España la negación del Holocausto de los judíos. En 2008 reconoció la constitucionalidad de la Ley de Violencia de Género, poniendo fin a la presunción de inocencia y a la igualdad de todos ante la ley. Y en 2012, de nuevo, bajo la presidencia del ínclito Pascual Sala, consideró lícito que las uniones civiles entre personas del mismo sexo se denominaran «matrimonio».

Cuando el PSOE colocó a Cándido Conde-Pumpido como fiscal general del Estado y ETA declaró el alto el fuego, el jurista dijo que «la Justicia no está para favorecer procesos políticos, pero tampoco está para obstaculizarlos» y lo remató con su famosa frase de que “el vuelo de las togas de los fiscales no eludirá el contacto con el polvo del camino”; dejando claro que ahí estaba él para lo que el PSOE quisiera mandarle. Un Tribunal Constitucional, quizá presidido por el socialista Conde-Pumpido, deberá enfrentarse al asalto de Pedro Sánchez al CGPJ, al ya anunciado nuevo referéndum de independencia de Cataluña, a la ley catalana que elimina la cuota del 25% de castellano en las aulas, etc. Decía Lord Byron que el mejor profeta del futuro es el pasado, así pues, empecemos a temblar desde el inicio de este inconstitucional 2023.

Diez años de independentismo

TOMÁS GÓMEZ. la razon. 4 Enero 2023

Desde el inicio del «procés», cuando en 2012 Artur Mas y Oriol Junqueras firmaron un pacto de gobernabilidad en el que se comprometían a la celebración de un referéndum para la autodeterminación y la independencia de Cataluña, la actualidad política ha estado centrada, en mayor o menor grado, en el problema catalán.

Las elecciones autonómicas, municipales y generales de 2023 también van a girar en torno a Pedro Sánchez y su relación con el independentismo. Sin embargo, lo que ocurra en Andalucía, Madrid, Valencia o en territorios emblemáticos por lo que simbolizan, como Castilla-La Mancha y Extremadura, será lo que determine quien ocupa la pole en las elecciones locales. Ni que decir tiene que mayo es el zaguán de lo que pasará en diciembre, si finalmente son convocadas las generales para esa fecha.

El problema de los líderes regionales socialistas es que, con la estrategia de Sánchez, no pueden evitar el protagonismo del mundo independentista en la política nacional, y eso les perjudica gravemente. Por ejemplo, Ximo Puig o Emiliano García-Page, tienen perfiles muy diferentes, pero sus liderazgos aportan muchos votos a la marca socialista en sus territorios. No deberían tener problema en alcanzar mayorías absolutas.

El valenciano es el político más valorado en su comunidad. Su imagen de solvencia contrasta con el desmoronamiento de Compromís, en horas bajas después del asunto de Mónica Oltra, y con la eterna batalla interna en Esquerra Unida y en Podemos, que tendrá como consecuencia nuevas caras en sus listas y carteles electorales. El PP valenciano, por su parte, sigue sin tener un candidato que garantice la vuelta a la Generalitat. Algo parecido ocurre con García-Page. Un disciplinado líder que ha reflotado al PSOE incluso en situación adversa, como hizo la primera vez que se presentó a la alcaldía de Toledo. y que no tiene rival de su tamaño en lo local. Sin embargo, las debilidades de ambos, tienen el mismo origen: el desgaste de la marca nacional ocasionada por las cesiones al independentismo y por los errores podemitas en el Consejo de Ministros.

La consecuencia directa es una diferencia de casi nueve puntos entre derecha e izquierda y que el 35% de los votantes de izquierda estén planteándose votar al PP. Feijóo lo tiene fácil, le basta fomentar el antisanchismo latente en la sociedad española y en los propios votantes de izquierda. Para el PSOE es más complicado. Aumentar las pensiones y los sueldos de los funcionarios no parece ser suficiente.

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