Recortes de Prensa Domingo 12 Marzo 2023

Moscú afirma haber tomado "posiciones favorables" en la metalúrgica AZOM

El Confidencial. 12 Marzo 2023

Las tropas rusas han ocupado posiciones favorables en la zona industrial de la planta metalúrgica AZOM de Bajmut, según ha informado el teniente coronel retirado de la Milicia Popular de la autoproclamada república popular de Lugansk, Andréi Marochko. "En la ciudad de Artiómovsk (nombre ruso de Bajmut) los grupos de asalto ocuparon posiciones favorables en la zona industrial de la planta de procesamiento de metales AZOM", aseveró a la agencia rusa TASS.

También, al menos tres personas han muerto por bombardeos rusos en Jersón, según han informado las autoridades ucranianas. "Hoy, los bombardeos rusos acabaron con la vida de personas en Jersón que simplemente fueron a una tienda a comprar comestibles. Tres ucranianos murieron. Mis condolencias a los familiares", ha expresado el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, durante su discurso diario que pronuncia cada noche a la población ucraniana.

Por otro lado, el grupo de mercenarios rusos Wagner continúa su avance en Bajmut, donde ha comenzado a combatir por el control de la metalúrgica AZOM y asegura estar a 1,2 kilómetros del centro de la urbe, mientras Ucrania envía refuerzos de otras regiones para evitar que se cierre el cerco ruso.

Las claves del momento:

EEUU vigila el posible desvío de armas de Ucrania a Irán por parte de Rusia

El Grupo Wagner alerta de una contraofensiva ucraniana en Bajmut

La UE espera enviar a Ucrania munición por valor de 4.000 millones de euros

EEUU no ve una "amenaza militar inminente" en Moldavia

Zelenski niega cualquier relación con las explosiones del Nord Stream

Así hemos vivido la jornada 381 de la guerra de Ucrania

Hace 1 horas 50 minutos 08:33

Rusia afirma haber tomado "posiciones favorables" en la metalúrgica AZOM

Las tropas rusas han ocupado posiciones favorables en la zona industrial de la planta metalúrgica AZOM de Bajmut, informó hoy el teniente coronel retirado de la Milicia Popular de la autoproclamada república popular de Lugansk, Andréi Marochko.

"En la ciudad de Artiómovsk (nombre ruso de Bajmut) los grupos de asalto ocuparon posiciones favorables en la zona industrial de la planta de procesamiento de metales AZOM", aseveró a la agencia rusa TASS.

Hace 2 horas 8 minutos 08:15

Al menos tres muertos por un bombardeo en Jersón

Al menos tres personas han muerto por bombardeos de las tropas rusas en Jersón, según han informado las autoridades ucranianas.

"Hoy, los bombardeos rusos acabaron con la vida de personas en Jersón que simplemente fueron a una tienda a comprar comestibles. Tres ucranianos murieron. Mis condolencias a los familiares", ha expresado el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, durante su discurso diario que pronuncia cada noche a la población ucraniana.

Asimismo, Zelenski ha lamentado que un misil ruso ha impactado en infraestructura crítica de Zaporiyia, agregando que el Ejército ruso "dispara contra las aldeas para intimidar a la gente, para ahuyentarla".

Entre Suecia y Argentina

Jesús Banegas. vozpopuli. 12 Marzo 2023

La historia económica de España, se puede resumir muy sintéticamente, así:

Con datos de Maddison, entre 1500 y 1820 la renta per cápita española se situó entre el 101% y el 86% de la media de Europa Occidental.

Hacia 1870, se había reducido hasta el 70%, alcanzando su nivel relativo más bajo en 1950, con el 52%.

Desde entonces y hasta 1975, la tasa media de crecimiento fue la mayor de Occidente, hasta situarnos -ya con datos recientes del Banco Mundial- por encima del 90% de la media de la Unión Europea.

Tan formidable logro comenzó a desvanecerse con la Transición política, en la que los famosos Pactos de la Moncloa “consensuaron” la paz social a cambio de una considerable recaída de nuestra renta per cápita, que retrocedió casi diez puntos en comparación con la de la UE.

Desde 1985 a 1991 volvimos a mejorar la convergencia con la UE, alcanzando casi el 90%, para decaer los años siguientes -última legislatura de Felipe González- y volver a crecer desde 1995 hasta el 2003 -gobiernos de Aznar- y alcanzar así nuestro zénit: en 2003, la renta per cápita española fue el 93,24 de la UE.

Con Zapatero, España experimentó la más constante y mayor divergencia con Europa que registra la historia contemporánea. Dejó la renta per cápita en un 82,66% de la media de la UE.

Rajoy recuperó la convergencia con la UE, hasta el 85,40%, pero Sánchez replicó cumplidamente el fracaso de Zapatero, distanciando aún más, hasta el 80,11%, nuestra renta per cápita de la media de la UE.

Hay que señalar que, puesto que los datos manejados son comparativos, los efectos de las crisis: del petróleo durante la Transición, la financiera internacional cuando Zapatero y la de la COVID con Sánchez, al ser comunes a todos los países, invalidan por completo el uso de dichas excusas progresistas a sus pésimos resultados económicos.

Estos días, la maquinaria propagandística –ajena por completo a la realidad de los hechos- del gobierno y sus fieles medios de comunicación, anda desbocada tratando de convertir en éxitos los consumados fracasos del gobierno, mientras las ministras -de economía y trabajo- se pasan la vida sonriendo de sus evidentes fiascos. Sánchez, cual infalible papa de su iglesia, vive ajeno por completo a los datos antes descritos, para inventarse, con evidente descaro, un progreso social inexistente.

Otra manera de observar el lamentable fracaso del socialismo español del siglo XXI es compararnos con Suecia y Argentina. Al efecto, ya se puede enunciar que Zapatero & Sánchez han practicado políticas que de manera persistente y cada vez más preocupante nos han ido alejando de Suecia para asemejarnos cada vez más a la fracasada Argentina, que tanto admira buena parte del gobierno.

Si una imagen vale -según el dicho- más que cien palabras, el gráfico siguiente muestra en toda su crudeza como la trayectoria de España, que hasta la llegada de Zapatero al poder, era relativamente paralela –con altibajos- en renta per cápita con Suecia, desde entonces corre paralela a la de Argentina; agrandándose así la distancia con el país boreal y acortándose con el austral.

España, no sólo está dejando de ser un país “europeo” para ser “argentinos”, en términos de renta per cápita, también sucede lo mismo en otros tres ámbitos fundamentales que conducen al éxito o al fracaso de las naciones:

Deuda pública: en tiempos de Zapatero España fue el país desarrollado que más aumentó su deuda pública sobre PIB, casi duplicándola, mientras Suecia la mantenía igual. Argentina, en este ámbito, siempre ha estado al borde de la suspensión de pagos; lo mismo que podría sucederle a España sin estar amparados por el Banco Central Europeo. Hoy, con Sánchez, España tiene una deuda que casi triplica la de Suecia.

Desempleo: es bien sabido que España lidera las tasas de desempleo de los países de la OCDE, muy especialmente cuando gobiernan los socialistas, pues cuando ha gobernado el PP mejoraron sustancialmente. Así, las diferencias más acusadas con Suecia se produjeron: en 1994 con 2,5 veces su nivel de paro, en 2013 con 3,2 y en 2020 con 1,9. Curiosamente, las tasas argentinas están más próximas a Suecia que a España.

Marco institucional: Argentina lleva, como revela el gráfico, siendo una economía estancada muy próxima a un estado fallido, como consecuencia de políticas peronistas gratuitas, inventoras de derechos sociales de imposible satisfacción e inseguridad jurídica por doquier. Suecia, por su parte, tras un siglo de esplendor económico -1870-1970- cayó en manos socialistas, que argentinizaron el país. Hacia mediados los años noventa del pasado siglo, una frase periodística se hizo popular: “Suecia se ha convertido en el único país bananero que no cultiva bananas”. Tras el grave traspié de la Suecia socialista, reformas liberales han reconvertido felizmente al país: regreso al crecimiento económico, renacimiento del empleo privado, equilibrio fiscal, limitada deuda pública y privatización de los servicios públicos: sanidad, educación, búsqueda de empleo, etc. Nuestro actual gobierno, piensa y hace exactamente lo mismo que Argentina y lo contrario que Suecia, con los consabidos pésimos resultados que la burda propaganda gubernamental trata ridículamente de ignorar.

El persistente y cada vez más amplio y grave deterioro de nuestras instituciones, brillantemente glosado por el Colegio Libre de Eméritos en su informe, España, democracia menguante, ahora recrudecido con insultos al libre ejercicio de la función empresarial -algo inaudito en cualquier país civilizado- nos encaminan, si las próximas elecciones no lo remedian, hacia el fracasado modelo argentino, previa huida del formidable ejemplo sueco que tan cerca tenemos.

En la reciente presentación en el Club Siglo XXI del citado informe, se advirtió, de manera unánime por todos sus autores, del peligro irreparable que tendría para España la continuidad de las políticas del actual gobierno. Tras los enormes logros de una libre, dinámica y muy competitiva España, que se han glosado, las próximas elecciones serán las más decisivas de la actual era democrática. Entre Suecia y Argentina, los españoles tendrán que elegir electoralmente su destino preferido.

Tres años del primer e inconstitucional estado de alarma: "Hoy se ve más grave que entonces"

MARIO CORTIJO. vozpopuli. 12 Marzo 2023

"Acabo de comunicar al jefe del Estado la celebración mañana de un Consejo de Ministros extraordinario para decretar el estado de alarma en nuestro país durante los próximos quince días". Estas palabras de Pedro Sánchez del 14 de marzo de 2020 fueron el inicio de un confinamiento que marcó las vidas de todos los españoles. Un encierro de quince días que finalmente se alargó hasta el 28 de abril, fecha en la que comenzó un plan de desescalada que se extendió hasta que cayó el estado de alarma el 21 de junio de 2020. Tres años después, la gestión de la crisis por parte del Ejecutivo sigue en cuestión y pese a ello, no ha habido dimisiones o ceses.

De hecho, la herramienta en la que se basó Sánchez para poder confinar a toda España fue catalogada como ilegal por el Tribunal Constitucional en junio de 2021 tras un recurso de inconstitucionalidad presentado por Vox. Una victoria de los de Abascal, que a la postre fue doble, ya que el partido también logró que el máximo organismo judicial de nuestro país considerase ilegal el segundo estado de alarma, ya que según su criterio, en todo caso se tuvo que activar el 'estado de sitio', que sí necesitaba la aprobación del Congreso.

Tras algo menos de año y medio desde aquella victoria, desde Vox la recuerdan como un momento de soledad dentro del Congreso, porque ellos fueron "los únicos" que presentaron los recursos de insconstitucionalidad contra los estados de alarma, tal y como afirma Marta Castro, vicesecretaria jurídica nacional de Vox, en entrevista con Vozpópuli. "Uno fue contra el estado de alarma con sentencia en julio y luego otro contra la prórroga acordada directamente por el Gobierno para que el Congreso no fiscalizara las medidas que impusieron".

Tres años después, Marta Castro, que fue parte del equipo que se encargó de llevar el recurso ante el Tribunal Constitucional, cuenta que el TC dio la razón al recurso de Vox "porque existen unos derechos fundamentales que son inherentes a la condición humana, como es la libertad de circulación o la libertad de reunión". Ambas no podían ser eliminadas por un estado de alarma. De hecho, la vicesecretaria jurídica nacional de Vox asegura que tampoco hubiese sido legal hacerlo con un estado de sitio, ya que este solo permite limitar la movilidad "por situaciones excepcionales como una guerra", quedando fuera del texto una pandemia.

Considera que ahora, "con perspectiva", el estado de alarma "se ve más incluso más grave que entonces", ya que ahora "ningún ciudadano permitiría medidas como las que hubo en la época". Considera que "la ciudadanía también ha aprendido" y que no permitiría que un Gobierno tenga "las manos libres" para legislar sin control alguno. "Mientras España estábamos sufriendo personalmente y en común con todos los demás ciudadanos, el Gobierno seguía con sus tejemanejes, instaurando rápidamente todas sus posturas ideológicas... y además para hacer negocio", cuenta Marta Castro a Vozpópuli.

Sin responsabilidades políticas

La pandemia, que se cobró más de 100.000 vidas, no tuvo consecuencias políticas. Tampoco después de que el Tribunal Constitucional negase la razón al Gobierno a la hora de instaurar el estado de alarma. "Era para dimitir automáticamente", señala Marta Castro a este diario. Cree que, entonces, los españoles no se plantearon la limitación de libertades por miedo al covid: "No se vio el impacto tan brutal que tendría sobre nuestras libertades".

Desde Vox creen que a Sánchez la pandemia no le pasó factura porque "estuvo poniendo parapetos a los que sustituía en cuanto se le quemaban". Marta Castro pone de ejemplos a Salvador Illa y Fernando Simón, que asumieron toda la comunicación de la pandemia en aquellas primeras fases. "Seguimos sin conocer el comité de expertos, se pagaron precios desorbitaros por mascarillas,... pero Sánchez tiene la habilidad de poner siempre a alguien en medio para eludir su responsabilidad".

Considera que en 2023, año electoral, los ciudadanos "deben recordar donde estuvimos y aprender de ellos" para después sentenciar que "las consecuencias del estado de alarma y esa gestión las seguiremos sufriendo durante más tiempo".

Un año para empezar a devolver las multas

Aunque estas sentencias se publicaron en 2021, es ahora cuando las comunidades autónomas y ayuntamientos están devolviendo a los infractores el importe de las sanciones impuestas por saltarse el estado de alarma. En Cataluña, el proceso empezó en diciembre de 2022, mientras que el Ayuntamiento de Madrid comenzó a hacerlo en octubre. Además, este dinero solo se devolverá a aquel que lo solicite: es decir, que todo aquel que no conozca la posibilidad de solicitar su dinero podría no recuperarlo nunca.

El proceso sigue todavía abierto en la mayoría de administraciones, de manera que los ciudadanos que todavía no han recurrido aquellas sanciones, aún están a tiempo de poder hacerlo. Las únicas que reconocen las instituciones son aquellas relacionadas con los toques de queda y cierres perimetrales, ya que estas no tenían amparo legal bajo un estado de alarma.

Desde el brazo jurídico de Vox consideran que esto ha sucedido porque devolver el dinero al ciudadano "no era prioritario". Afirma que "recaudaron mucho dinero y mientras estuviese en sus manos, tiene su rédito". Una situación que Marta Castro considera injusta, ya que esto implica "utilizar la administración para evitar reintegrar al ciudadano lo que le habían quitado injustamente en una situación tan complicada a nivel económico".

El cese de José Antonio Nieto

Por su parte, también se produjeron otras decisiones de dudosa efectividad. Una de ellas fue la destitución de José Antonio Nieto como responsable de la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales y Acción Social de la Policía Nacional. Aunque le quedaban tres meses para jubilarse, fue fulminado por "filtrar" un documento interno y hacerlo circular entre las jefaturas superiores. El documento lo recibió sin instrucción alguna, por lo que creyó que tenía que distribuirlo.

Desde el Sindicato Unificado de la Policía defendió a Nieto, ya que consideró que no había motivos para cesarle, ya que se trató de una confusión y no de una filtración. El documento, según esgrimió la Policía para su cese, era un borrador y no estaba firmado, por lo que bajo ningún concepto podía ser apto para su distribución. Un despido "sin explicación", tal y como relató en una entrevista con El Mundo el mismo verano de 2020. "Si a mí me cesaron por cumplir mi trabajo y por cumplir lo fundamental, que era proteger a los policías, me doy por satisfecho", afirmó entonces.

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La España del 11-M: la costumbre de la mentira, la ley de la impunidad
Federico Jiménez Losantos. libertad digital. 12 Marzo 2023

Seamos pesimistas, pero no dejemos nunca de informar, ni de buscar la verdad. Por si alguna vez se hace justicia, o suena la flauta, o hay un milagro. A veces, los hay.

Ayer se cumplieron diecinueve años y hoy es el primer día del último de los veinte años que, si un juez decente no lo remedia, abocará a la prescripción de la masacre del 11-M de 2004. Para España no fue sólo una masacre de personas –casi doscientos muertos y dos mil heridos– sino de todas las instituciones que sustentan el Estado de Derecho, la primera de las cuales es el derecho a la verdad. Pero desde los "terroristas suicidas con tres capas de calzoncillos" de la Ser en la noche del atentado, a la última deposición de Reinares, el asesor asesorado de Rubalcaba, el que dijo en TVE "España se merece un gobierno que no le mienta", y lo que llegó con Rubalcaba fue Zapatero, a los españoles nos han acostumbrado a la mentira, o, al menos, a no buscar la verdad.

La mentira siempre será mentira

Con tantos muertos y heridos de por medio, enterrar la verdad no ha sido fácil. Exigía una acción denodada por parte de jueces, de partidos políticos y, sobre todo, de medios de comunicación, que decidieron que, una vez logrado el cambio de gobierno, que según las encuestas no se iba a producir, lo único importante era que nadie discutiera su legitimidad. Eso era moralmente deleznable, con tantos cadáveres de por medio, pero era físicamente posible. Si casi lo han conseguido con los crímenes de la ETA, con autores conocidos, ¿cómo no iban a lograrlo con los muertos, sin autor conocido, del 11M? Bastaba insistir en la violencia de la mentira. Y casi veinte años después, con la obstinada excepción del Grupo Libertad Digital, puede decirse, como Luis del Pino, que los criminales beneficiarios se han salido con la suya. Lo que no nunca lograrán es hacer de la mentira verdad.

Lo peor de ese "olvidar lo inolvidable", contra el que nos previno nuestro recordado Gabriel Moris, es que nos olvidemos de lo que somos y de lo que moralmente debemos ser: ciudadanos, no súbditos del imperio del muerto al hoyo y el vivo al bollo. Ante la masacre del 11M se alzan las tres estatuas de los monos orientales que no ven, no oyen y no hablan. Allá el que prefiera habitar ese planeta de los simios amordazados. Nosotros, no.

Ayer, Libertad Digital actualizaba, en un magnífico trabajo de Carlos Sánchez de Roda, cuyo sentido último explicaba Javier Somalo, lo que aquí seguimos haciendo: mantener viva la verdad de la inmensa mentira oficial del 11M. Lo que yo he podido aportar como resumen de esa mentira está en el capítulo La novela negra del 11M de Los años perdidos de Mariano Rajoy, primer perjudicado y primer representante del pancismo del olvido en la derecha. Es un honor ser los últimos en no rendirnos como los demás medios. Otros vendrán que verán lo que vemos y sentirán lo que sentimos. En tiempos oscuros, lo importante es mantener la llama del afán de saber. Ya vendrán sabios en el futuro, que aprenderán a leer en lo que dejemos. Lo esencial es que, aunque no lleguemos a averiguar la verdad, nos neguemos a tragar las ruedas de molino de la mentira. Otra cosa es llevarla a juicio.

Pero a veces, incluso ante la Justicia, lo que parece prescrito revive. Es el caso de la corrupción arbitral del Barça, que siempre denunciamos, aunque sin esperanza, por la sencilla razón de que era verdad. Y ahora, por una carambola fiscal, está en el banquillo, y el Club dels Valors en la ruina.

Barça-Negreira o lo difícil de enterrar el cadáver de la verdad

Estos días, en los que nadie quiere recordar la masacre del 11M y ese volcán de memez llamado Mónica García lo llama "terrible accidente", la atención popular está dirigida al escándalo de la compra de árbitros por el F.C.Barcelona, auténtico Ministerio de Exteriores del separatismo catalán. No es que no se supiera que el club que presumía de ser "més que un club" era favorecido por los árbitros desde hace, al menos dos décadas, si no tres.

Ahora se exhuman famosas ruedas de prensa de José Mourinho, el gran viriato del Real Madrid que resumió en un "¿Por qué?" el cúmulo de injusticias que alfombraban el camino del Barça hacia triunfos y títulos que al final, y pese a tan descaradas ayudas, ganaba pocas veces, sobre todo comparado con el Real Madrid, el gran perjudicado, que, pese a tanta corrupción, ha reducido a poco más que hojalata la Edad de Oro del club que presumía de haber inventado el fútbol y de encarnar "els valors". Los únicos valores que veíamos algunos eran los favores arbitrales y la cobardía de los medios, incluidos los madridistas, ante un discurso tan fatuo como el de Guardiola, cuya condena en Italia por nandrolona se ocultó como mero accidente, no como indicio de una continuidad nunca investigada, como la compra de árbitros. Faltaba la factura humeante, y por ahorrar, apareció.

El efecto ha sido, en un primer momento, de estupor. Todos, incluso los clubes más perjudicados y que más lo habían denunciado, hasta que la decadencia del club por el latrocinio de sus dirigentes y grandes figuras lo ha dejado limitado a ganar la Liga española, y sólo si otros fallan, se han quedado de piedra. Hasta los que nos hemos negado siempre a cantar los milagros del Santo Messi, símbolo de tanta superchería, estamos atónitos. Pero, poco a poco, traqueteando por la falta de costumbre, los medios de comunicación iban admitiendo la evidencia: si el Barça entregaba millones de euros -unos mil doscientos millones de pesetas- al hombre fuerte del Colegio de Árbitros, era para comprar favores arbitrales. ¿Para qué, si no?

"Pruebas", dicen, como si los millones no lo fueran

La prensa en general, y la deportiva en particular, huérfana de todas las referencias supuestamente indiscutibles de estos últimos veinte años, dice ahora, en todo el mundo: "Habrá que ver qué pruebas tiene la fiscalía". Es fácil entender, aunque no para los bufanderos azulgranas, que si uno paga a un sicario por matar al alguien, aunque no llegue a matarlo, va a la cárcel por intento de asesinato. No importa si se ha cometido, o si ha fallado. Lo esencial es el intento de matar. Conseguirlo agrava el delito, no lo cambia.

En este caso, es evidente que si el Barça ha gastado tanto dinero durante tantos años en asegurarse el favor arbitral, estaba alterando la competición y corrompiendo los resultados, en particular y en general. No hacía falta que el árbitro alterase cada partido. El resultado de conjunto era el que finalmente valía el dinero que se pagaba. No es preciso que cada árbitro confiese si recibió dinero. El ascenso o descenso de categoría, en manos de Negreira, ya suponía mucha diferencia de dinero. Y los sueldos arbitrales son pasmosos: casi trescientos mil euros en primera, casi quinientos en Europa, paraíso económico que también facilitaba o vetaba el corrupto y corruptor Negreira, más de veinte años a sueldo del Fútbol Club Barcelona.

El dinero invertido prueba el delito. Que Laporta lo cuadriplicase demuestra su eficacia. No hacen falta facturas si se pagaba en billetes. O en ascensos. O en recomendaciones. O en otras cosas que aún no sabemos. La prueba del delito es, como casi siempre, el dinero. Y aquí lo hay de sobra.

¿Hemos vivido entonces en el fútbol veinte o treinta años de ficción? No: de corrupción. De mentira reiterada. Lo que pasa es que sólo resulta escandalosa cuando en el escrito de la Fiscalía aparecen, con el cobrador Negreira, dos presidentes pagadores, un alto ejecutivo y, la pieza clave, Albert Soler, que estuvo al frente del Consejo Superior de Deportes con Zapatero y Sánchez, y, con Rajoy, siguió en el Barça.

La Ley de la Impunidad

La impunidad, que es la única Ley que ha dominado la vida pública catalana desde Pujol, y de la que ya hablé otro domingo, reinaba en todo lo referente al Barça. Desde el cochinillo de Figo hasta las burlas a los rivales en las comparecencias de la Copa del Rey, todo le salía gratis. Se creía que era por miedo al separatismo, que permea toda la vida española, y en parte era así, pero acostumbrados al fraude, un día aparece lo esperable: que de Pujol a Negreira, muchos han aprovechado esa impunidad para forrarse. Y ese detalle, técnicamente innecesario, ha destapado la ya intuida verdad.

¿Es posible que, por vías que parecen cegadas, un día empiece a aparecer la verdad o las verdades del 11M? Hoy no se vislumbra siquiera, tras obstruir todos los caminos y destruir todas las pruebas. Pero lo más difícil de un crimen es siempre hacer desaparecer el cadáver. Véase el caso del fútbol español, enfermo de corrupción. Sus tumores, la banda de Tebas y Roures y la de Rubiales y Piqué están en el quirófano de la Justicia, que ahora debe proceder a extirparlos para salvar el deporte y la competición.

¿Podrá, sabrá o le dejarán hacerlo? Imposible, dicen casi todos. Pero más difícil parecía que la fiscalía, en tiempos de Sánchez, que es la cima de la corrupción judicial, llegara a imputar al Barcelona, a sus presidentes, a su comprador de árbitros y a su intermediario gubernamental. Y lo ha hecho. Dicen que el pesimista es un optimista bien informado. Seamos pesimistas, pero no dejemos nunca de informar, ni de buscar la verdad. Por si alguna vez se hace justicia, o suena la flauta, o hay un milagro. A veces, los hay.

Escuela de Todos: el dique para frenar el avance del «procés» lingüístico en España

La entidad que ha tumbado la inmersión en Cataluña se lanza ahora a frenar iniciativas parecidas en otras partes de España

JAVIER GALLEGO. la razon. 12 Marzo 2023

La lengua es la base del conflicto territorial». Este es el análisis que hace la presidenta de la plataforma probilingüismo Escuela de Todos, Ana Losada, y permite explicar por qué la entidad busca extenderse por el resto de España para evitar que haya réplicas del tsunami político catalán del «procés», que, para muchos, tiene su origen en la inmersión lingüística usada como base del proyecto de construcción nacional ideado por Jordi Pujol en los años 80. Escuela de Todos ha conseguido tumbar la inmersión lingüística en Cataluña con la histórica sentencia del 25% de castellano que dictó el Tribunal Superior de Justicia catalán en diciembre de 2020, aunque su aplicación sigue encallada en los tribunales.

La plataforma, nacida en Barcelona en diciembre de 2021 con la unión de diferentes asociaciones que buscaban forzar la ejecución de la sentencia del 25% de castellano en Cataluña, ha agrupado ahora a 19 organizaciones de toda España para frenar la amenaza de un «procés» lingüístico en otros territorios con lengua cooficial. Escuela de Todos apunta a Baleares, Galicia, Navarra, País Vasco y Comunidad Valenciana.

De entre esas cinco autonomías, seguramente Baleares y la Comunidad Valenciana estén poniendo en mayor alerta a la entidad. No cabe olvidar que el independentismo catalán siempre ha aspirado a extender sus tentáculos a la Comunidad Valencia y Baleares, que forman parte de su proyecto de independencia denominado «Países Catalanes». «En Baleares ya hay inmersión lingüística y en la Comunidad Valenciana, hay tics», advierte Losada, quien considera que en el origen están las alianzas del PSOE con partidos nacionalistas.

«El nacionalismo tiene la sartén por el mango porque de sus votos dependen los gobiernos en Comunidades Autónomas y Ayuntamientos y lo que piden es, básicamente, imponer su punto de vista en relación a la política lingüística», señala, en referencia a las peticiones que hacen en materia lingüística los nacionalistas en Baleares y la Comunidad Valenciana, presididas por el PSOE. «La izquierda ha girado hacia esas posiciones para atraerse a esos grupos como potenciales socios», afirma.

Lo cierto es que, con el PSOE gobernando con Compromís, se ha aprobado en 2018 una ley educativa en la Comunidad Valenciana que regula la carpeta lingüística y, aunque obliga a impartir un mínimo del 25% de las asignaturas en castellano, promueve, principalmente, que el valenciano alcance el 50% de las horas lectivas.

También con el PSOE, pero en Baleares, se ha aprobado recientemente (en 2022) otra ley educativa que, de facto, viene a aplicar una «inmersión lingüística» porque sí obliga a que un mínimo del 50% de las horas lectivas sean en catalán. «La lengua catalana será la lengua de enseñanza y aprendizaje empleada como mínimo en la mitad del horario escolar, para garantizar el logro de los objetivos de la normalización lingüística», recoge el apartado 3 del artículo 135 de la norma. Además, el mismo precepto indica que «esta proporción» de horas en catalán «podrá ser incrementada por decisión de cada centro educativo mediante la aprobación de su proyecto lingüístico»; sin embargo, no se estipula ningún porcentaje mínimo de horas para el castellano: «La lengua castellana, como lengua de enseñanza y aprendizaje, también podrá ser utilizada por decisión de cada centro educativo mediante la aprobación de su proyecto lingüístico, especialmente cuando se considere necesario para garantizar la competencia comunicativa plena y equivalente en las dos lenguas oficiales al acabar las enseñanzas obligatorias».

Ante este escenario, Escuela de Todos busca desplegarse en toda España con el objetivo de «presionar en la agenda política» en un «año electoral» tan determinante como este 2023, con elecciones autonómicas y elecciones generales en mayo y diciembre, respectivamente. «No podemos asumir el relato nacionalista de derechos de unos a costa de otros. Los derechos de unos se tienen que respetar igual que los de los otros», resume Losada.

Por medio, también, quedan decisiones importantes en los tribunales: en abril podría pronunciarse el Tribunal Constitucional sobre los recursos de PP y Vox contra la Ley de Educación impulsada por el actual Gobierno, que retiró la referencia explícita al castellano como lengua vehicular. También el tribunal de garantías, con mayoría progresista, tiene en sus manos desencallar la aplicación de la sentencia del 25% de español en Cataluña, tras los obstáculos jurídicos que ha puesto el Govern.

Ley de Universidades: triunfo separatista, fracaso de la idea de España

REBECA ARGUDO. la razon. 12 Marzo 2023

El pasado jueves 9 de marzo se aprobaba finalmente en el Pleno del Congreso de los Diputados la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), que, con los 182 votos a favor (de PSOE, Podemos y de, entre otros, ERC y PNV) y 157 en contra, sustituye a la norma anterior, de 2001. El texto aprobado, heredado por el ministro de Universidades, Joan Subirats, de Manuel Castells, su predecesor, cede ante algunas de las pretensiones de los grupos nacionalistas (hasta 150 enmiendas fueron introducidas por los separatistas catalanes). Con estas enmiendas han logrado, precisamente y entre otros aspectos que se promueva el uso de las lenguas cooficiales, que ya no serán cooficiales sino oficiales, y que serán consideradas «lenguas de transmisión académica». Se elimina también toda referencia a España, nuestro país o territorio nacional, y se sustituye por Estado. Una de las más polémicas es la que establece que entre las funciones fundamentales del claustro, que es el máximo órgano de representación y participación de la comunidad universitaria, esté la de «analizar y debatir temáticas de especial trascendencia».

La plataforma Universitaria per la Convivència, que reúne a profesores de enseñanza superior e investigadores catalanes en defensa de la neutralidad de las Universidades en Cataluña, lamenta especialmente este punto en el artículo 45.2.g. «Se trata, como se ha hecho explícito en el debate parlamentario», manifiestan desde la Plataforma, «de una reivindicación de los partidos nacionalistas para justificar los recurrentes pronunciamientos políticos de estos órganos, siempre en la línea de sus planteamientos y que vulneran, como han dictaminado reiteradamente los tribunales, los derechos fundamentales a la libertad ideológica y a la libertad de expresión de quienes no los compartimos. Al no dejar constancia explícita del principio de neutralidad, los impulsores de la LOSU dan cobertura a situaciones de evidente abuso que obligan a los profesores que cuestionamos estas estrategias de uniformización del pensamiento a invertir tiempo y dinero para batallar contra todo el aparato institucional de las universidades que pleitea con sus gabinetes jurídicos y con el dinero de todos. No obstante, seguiremos trabajando por unas universidades libres de cualquier forma de captura por el poder».

Ya el Tribunal Supremo establecía que las Universidades «están sujetas al principio de neutralidad predicable de toda Administración pública». Quizá por eso la palabra «pronunciamiento» ha salido del enunciado y se limita a un laxo «analizar y debatir otras temáticas de especial trascendencia». Pero, en la práctica, tras analizar y debatir otras temáticas sería necesaria una expresión de las conclusiones, lo que se parecería bastante a un pronunciamiento. Y que podría ir en contra de lo dictaminado por el Tribunal Supremo. Enarbolan en defensa de estos pronunciamientos, lo vimos cuando los rectores de las universidades públicas catalanas emitieron manifiestos idénticos contra la sentencia del Tribunal Supremo sobre el procés, la libertad de expresión, pero no sería esto ajustado como defensa. La defensa aquí de la libertad de expresión está en el lado de los alumnos y profesores que no están de acuerdo con esos pronunciamientos que se podrían hacer desde un órgano administrativo. Lo explicaba de manera más que clara el profesor Ricardo García Manrique, catedrático de Filosofía del Derecho de la Universidad de Barcelona, en su artículo de 2021 «Libertad de expresión y declaraciones políticas de las universidades»: «(...) Una cosa es el ámbito de la libertad de expresión y otra cosa es el ámbito competencial de un órgano administrativo, sea o no universitario. Que este ámbito sea restringido (y siempre lo es) no supone limitación alguna de la libertad de expresión. Es posible que el ámbito competencial de los órganos universitarios nos parezca demasiado restringido, acaso porque creamos que deberían poder emitir declaraciones políticas, pero esta hipotética excesiva restricción no está relacionada con la libertad de expresión de sus integrantes».

Y añade: «Las declaraciones políticas de las universidades pueden dañar la libertad de expresión no solo porque suponen que otro se exprese en nuestro nombre sin justificación, sino también porque adulteran tanto el sentido del debate público como la igualdad que debe regir entre sus participantes. El resultado es que se genera una ilegítima dominación ideológica, que se extiende tanto hacia adentro (en el ámbito académico) como hacia afuera (en el ámbito social)».

«La nueva ley no va a solucionar ni una sola de las deficiencias o corruptelas de nuestro sistema universitario», sentencia Juan J. Gutiérrez Alonso, profesor titular de Derecho administrativo de la Universidad de Granada, que en los últimos años viene escribiendo en algunos medios sobre el deber de neutralidad en general y especialmente en la Universidad. «Ni las relacionadas con los asuntos de gobierno interno ni tampoco las que afectan a cuestiones de acceso y carrera profesional. Además, por exigencias desde Cataluña, se introducen nuevos elementos que harán que estos centros sean, aún más, una prolongación ideológica del poder político. De hecho, el texto rezuma ideología en gran parte de su contenido, vulnerándose el deber constitucional de neutralidad. Tampoco es una novedad, pues este deber ya se vulnera a diario en muchas de nuestras universidades sin que nada suceda. Contraviniéndose incluso, en algunos casos, sentencias judiciales. Es un nuevo caso de actividad legislativa contra actividad judicial y la propia Constitución».

La otra cuestión, la referente a las lenguas cooficiales, más allá de un reconocimiento a estas, afecta a otras consideraciones, como destaca Isabel Fernández Alonso, profesora titular de Comunicación en la Universidad Autónoma de Barcelona y portavoz de Universitaris per la Convivència. «Los artículos 20 y 56 dejan abierta la puerta a que la financiación de las universidades dependa en parte de su sumisión a las políticas lingüísticas nacionalistas, siempre orientadas a arrinconar la lengua común por más que el español sea una inmejorable herramienta para la internacionalización». Efectivamente, el artículo 2, bajo el epígrafe «Universidad y diversidad lingüística», apunta que las universidades «fomentarán y facilitarán el conocimiento y el uso como lengua de transmisión universitaria de las lenguas oficiales propias de sus territorios» y que las Administraciones Públicas «apoyarán y facilitarán el desarrollo de las políticas universitarias orientadas a la cooficialidad y a la diversidad lingüística. En lo que respecta a las universidades públicas, la singularidad lingüística será objeto de financiación, en los términos de lo dispuesto por el artículo 56». En este artículo, en lo dispuesto para esas «necesidades singulares», se especifica que se establecerá una «financiación adicional» en función de estas, que incluyen, claro, «la promoción de las lenguas oficiales propias de las Comunidades Autónomas». Hasta ahora, las universidades se mantenían fuera de esa inmersión lingüística y esta era una de las pretensiones del independentismo catalán. «Resulta llamativo», se sorprenden desde Universitaris per la Convivència, «que la regulación del sistema universitario se haga en buena medida a partir de enmiendas de partidos que han manifestado reiteradamente su voluntad de desmembrarlo».

Hay otra cuestión llamativa que preocupa en la comunidad universitaria: la evaluación del profesorado. «Estaremos muy atentos ante el desmembramiento del sistema de evaluación de méritos del profesorado. Habrá que ver cómo se articulan los convenios de las agencias autonómicas con la Aneca (Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación de España). Y también habrá que ver las implicaciones de la adaptación del sistema nacional de funcionarios a las fórmulas ya desplegadas en Cataluña y País Vasco de contratación laboral del profesorado estable», apunta Fernández Alonso.

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