AGLI Recortes de Prensa   Viernes 16  Abril  2021

Regreso al futuro
Rafael Bardají. https://gaceta.es 16 Abril 2021

Yo quiero regresar al futuro. No ese futuro que nos prometían a finales de los años 60, de coches voladores, viajes al espacio, comida en cubitos que se expandía en el microondas y ropa orgánica que salía de tubos dentífrico, ciudades llenas de jardines verticales y basuras con olor a rosas. No. A ese futuro idílico nuca llegamos ni nunca llegaremos. Es más fácil que acabemos en algo más parecido a la Naranja Mecánica, aquella película de Kubrick en la que bandas, violencia, sexo y tratamientos experimentales se fundían en la oscuridad del cine.

Yo me contentaría con llegar al futuro que los españoles nos prometimos al final del franquismo y arranque de la transición: una España tolerante, sensata, abierta y próspera; una España donde las mayorías respetan a las minorías, pero éstas no se imponen al sentir mayoritario de la población; una España de igualdad de oportunidades y de igualdad entre los sexos, sin discriminación de ningún tipo y sin criminalización de ninguno de ambos géneros; una España donde los empresarios pueden cumplir con su función de crear riqueza y los trabajadores dispongan de la posibilidad de progresar a través de su esfuerzo personal; una España en la que la familia sea el pilar esencial de nuestra sociedad; una España, en fin, que cuenta con un proyecto nacional, la fuerza y los objetivos de sumar en el mundo defendiendo nuestros intereses nacionales a la vez que promoviendo la colaboración, el entendimiento y la cultura democrática.

Pero al igual que sucedía en la mítica trilogía de Robert Zemeckis, Regreso al Futuro, en algún momento nuestra línea temporal ha sufrido un shock interno y vamos camino de un universo paralelo en el que todo anda patas arriba, donde el sentido común ha sido sustituido por los disparatados caprichos de unos pocos a quienes la mayoría, los españoles y España les importan un bledo. El problema estriba en dónde fijar ese punto de desvarío en el que la distopía secuestró nuestro futuro de bienestar y concordia. La terapia a aplicar para volver a una España sana no será la misma si uno sitúa ese trágico momento en el Pacto del Majestic, el “no se si España es una nación, ni me importa” de Zapatero en el Senado, el 15M, aquello de “no podría dormir con Podemos en el Gobierno” de un Sánchez para quien la verdad es algo efímero y transitorio, la conquista del cielo desde Galapagar por Pablo Iglesias, la quietud impasible de Mariano Rajoy, las exculpaciones de Pablo Casado, las traiciones de Inés Arrimadas o el “es que van provocando” en relación a Vox y su deseo y derecho de poder expresarse allí donde la ley se lo permite. Como en Vallecas.

Durante años, el principal problema de España ha sido el separatismo, primero vasco y luego, más hábil y dinámico, el catalán. Sin embargo, hoy, la mayor amenaza a España es el rumbo estatalista y totalitario marcado por el gobierno de Sánchez e impulsado desde Podemos y sus satélites comunistas. El socialcomunismo busca la voladura de los referentes democráticos de España, vaciar sus instituciones, controlar a su población, impedir la oposición a sus designios, inculcar su proyecto ideológico a nuestros niños, y asegurarse la buena vida de la que disfrutan sus dirigentes, aunque el resto de los ciudadanos luchen por llegar a fin de mes, estén en el paro y tengan que sufrir las colas del hambre.

Por eso estoy convencido de que esta es la hora de enfrentarse con todas nuestras fuerzas a esta amenaza real que representa el Sanchismo-Iglesismo. Y por eso es tan importante que, en las elecciones autonómicas de Madrid, el social-comunismo sea derrotado. Gabilondo, a quien sus jefes nacionales no dejan de contradecirle día sí y otro también, se ha convertido en el candidato de la mentira tranquila, la suelta con pausa y naturalidad, pero no por eso es menos mentira: su “no gobernaré con Podemos” no sólo ya lo gastó en su día Pedro Sánchez, sino que sabe que le resulta imposible si de verdad cree que puede llegar a formar gobierno. Los de Arrimadas bni están ni se les esperan y los de Más Madrid son menos de lo mismo que Podemos. No, los números no sostienen lo que afirma. Depende de Iglesias. Y lo sabe.

Pablo Casado ha dicho que “votar a Ayuso es votarme a mi para presidente de gobierno”. Pero también miente. Por muchas razones. La más pueril y que él conoce de primera mano es que Ayuso cae mucho mejor que él a la gente. Punto. Ya quisiera que quien apoye a Ayuso le vaya a apoyar a él en unas generales. Pero hay otra razón de peso: todo apunta a que Ayuso va a depender de Vox para poder formar gobierno. Cuánto es difícil de calcular, pero mi apuesta es que más de lo que las encuestas al uso enseñan. Casado ya hizo su elección estratégica hace tiempo: volver al centro (del que nunca se había marchado, dicho sea de paso), seduciendo a los votantes de C’s y renegando púbicamente de Vox, de quien no quiere oír ni hablar. En Cataluña lo tenía difícil, pero superó con creces todas las visiones más pesimistas: no se llevó ningún escaño de Ciudadanos y perdió parte de los suyos. No sé cómo se plantea cuadrar el círculo de Madrid denigrando a Vox pero dependiendo de su apoyo.

El voto útil que pide el PP, no es un voto útil para la presidenta de Madrid, sino para el liderazgo de Pablo Casado. Así es la política de nuestros días, que se mueve entre una red de continuas mentiras y las pedradas y amenazas. Se asume que el españolito de a pie todo lo asume y digiere. Que la ministra de Trabajo y ahora vicepresidenta tenga el valor de afirmar que “el comunismo es igualdad y libertad” es solo una muestra del desdén que nuestras elites tienen por los de abajo. Pero en lugar de mudarse a sus soñadas Venezuela, Corea del Norte o China, se quedan aquí aferrados a sus sueldos e indemnizaciones. Sueldos e indemnizaciones que salen de nuestros bolsillos, no lo olvidemos, que Hacienda somos todos, los que pagamos y quienes hacen lo que quieren con nuestro dinero.

La derrota del socialcomunismo y todas las enfermedades que encubre sólo puede venir con un 4M en el que la España de bien triunfe. Y eso pasa por callar a los fascistas anti-fascistas, al socialismo chupóptero y a la socialdemocracia del PP. Ojala que este 4 de mayo pase a la Historia como el 2 de mayo 2.0.

Pensar que el socialcomunismo gobierne en Madrid provoca escalofríos
OKDIARIO  16 Abril 2021

Pablo Iglesias se ha convertido en el mayor enemigo de Madrid y los madrileños, hasta el punto de que sus propuestas fiscales se traducen un hachazo de proporciones siderales. De ser la comunidad con menos carga fiscal, Madrid se convertiría en el territorio español con mayo carga impositiva. Imaginen ustedes: si gobierna la izquierda, entre el incremento del Impuesto de Sucesiones y Patrimonio que pretende Pedro Sánchez y la subida de cuatro puntos en el tipo autonómico en el tramo de renta de entre 60.000 a 150.000 euros que ha anunciado el candidato de Podemos, la losa fiscal que soportarían los madrileños resultaría sencillamente insoportable. Dicho de otra forma: la Comunidad de Madrid se convertirá en la región con el tramo autonómico más alto para aquellos que ingresen a partir de los 60.000 euros, un castigo que afectaría de lleno a 258.237 madrileños, según los últimos datos disponibles de la Agencia Tributaria. Son aquellos que ingresan más de 60.000 euros anuales.

Tiene razón Isabel Díaz Ayuso cuando afirma que el 4M los madrileños eligen entre comunismo y libertad, pero es mucho más que eso: los madrileños se juegan también su supervivencia económica, porque es difícil que entre el impuestazo de Sánchez y el impuestazo de Iglesias haya madrileños que se libren de este atraco a dos bandas que promueve el socialcomunismo. El mensaje de Iglesias es meridiano: «Si tú ganas más de 150.000 euros al año y te da igual todo y para ti ser español tiene más que ver con la bandera que con ser solidario pagando impuestos, pues a lo mejor lo que a ti te interesa más, desde una perspectiva egoísta, es votar a la derecha o marcharte a Andorra», dice el líder de Podemos. Y añade: «Si tú no ganas 150.000 ni 100.000 ni 50.000 euros al año, pues igual tu opción debería ser otra». Es un argumento más simple que la horquilla de su coleta, pura demagogia comunista. Quien gana más de 150.000 euros al año son él y su pareja, que les da igual todo. Frente a la apocalipsis fiscal del socialcomunismo, Ayuso defiende seguir bajando impuestos -medio punto menos en todos los tramos del IRPF- para, es lo que no le entra en la cabeza a la izquierda, permitir que los madrileños respiren, consuman y de esa forma recaudar más. Ya saben: el 4M Madrid se juega seguir vivo o convertirse en un territorio desolado por la izquierda.

El problema de Gabilondo se llama Pedro Sánchez
OKDIARIO  16 Abril 2021

Por prometer que no quede: Gabilondo se comprometió a no subir impuestos, pero vino la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para arruinarle la campaña al anunciar la subida en Madrid del Impuesto de Sucesiones y de Patrimonio. Ahora, el candidato socialista se ha comprometido en su programa electoral a crear un total de 125.000 empleos en los dos años que duraría la legislatura. Ya nos dirá cómo, porque desde septiembre de 2020 hasta el pasado mes de marzo todas las comunidades autónomas gobernadas por los socialistas han destruido empleo.

Las únicas CCAA que en ese periodo de tiempo han creado empleo efectivo -esto es, nuevos afiliados a la Seguridad Social más las personas que se han incorporado a su puesto de trabajo después de un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE)- han sido Madrid, Andalucía, Murcia, Cataluña, País Vasco, Ceuta y Melilla. Y en ninguna gobierna el PSOE. Donde gobierna el socialismo -Valencia, Navarra, La Rioja, Aragón, Asturias, Canarias, Baleares, Extremadura y Castilla La Mancha- la destrucción de empleo es una constante desde hace siete meses. Fue Madrid la comunidad que más empleo creó -56.443 nuevos afiliados a la Seguridad Social y 45.736 personas que se incorporaron a su trabajo tras un ERTE-, de modo que Gabilondo tiene muy difícil convencer a los madrileños de que un Ejecutivo socialcomunista será capaz de lograr en Madrid lo que no ha conseguido ni en España ni en ningún territorio autonómico donde gobierna.

El problema de Gabilondo es que quien maneja los hilos de la campaña socialista es Pedro Sánchez. Los esfuerzos del candidato del PSOE en Madrid por prometer lo que los madrileños saben que no podrá cumplir resultan conmovedores. Ahora viene con la monserga de los 125.000 empleos, una promesa que suena a gesto desesperado para invertir el curso de las encuestas. La sombra de Pedro Sánchez es alargada y se ha comido la campaña de Gabilondo, que va como alma en pena prometiendo el paraíso.

Menas y caviares
EDITORIAL. https://gaceta.es 16 Abril 2021

Cada día, desde un cómodo despacho ministerial rodeado de escoltas, desde un escaño protegido e indemnizado, o desde la tribuna millonaria de una televisión subvencionada del duopolio, un izquierdista caviar, en la expresión perfecta que acuñó el periodista peruano Aldo Mariátegui, clama a favor de la acogida y protección de todos los menores inmigrantes ilegales magrebíes y subsaharianos no acompañados que consigan llegar a España gracias a mafias multimillonarias que burlan los insuficientes recursos que emplea el Gobierno en la defensa de la frontera sur de Europa.

Esta apelación a la idea de que el Estado, como institución estable de la soberanía nacional, tiene una obligación de acogida, protección e inserción de los menores de edad extranjeros, elimina de manera irreflexiva la responsabilidad de los Estados de origen de esos inmigrantes. Estados que incluso se permiten usar a sus menores emigrantes como válvula de presión con varias posiciones de intensidad en sus negociaciones comerciales y militares con la Unión Europea.

Desde sus cómodos sillones, sus escoltas y pertrechados detrás de los muros videovigilados de exclusivas urbanizaciones serranas, la izquierda caviar alimenta políticas sentimentales y pasea una supuesta supremacía moral mientras descarga el cuidado de los llamados menas en el Estado, en las administraciones locales y autonómicas, en el dinero de los contribuyentes y en la inmensa paciencia y el trabajo abnegado de las organizaciones católicas. En resumen: en todos, menos en ellos mismos.

La realidad es que nuestras instituciones son incapaces de proveer la tutela efectiva de tantos miles de menas (15.000 sólo en el quinquenio entre 2014 y 2019) que constituyen, datos cantan, un problema objetivo de inseguridad y un quebranto económico especialmente gravoso en tiempos de crisis porque impone una factura mensual enorme en conceptos como alojamiento, educación, vigilancia policial, actuaciones judiciales y atención médica.

El hecho de que esta izquierda buenista aliente la presencia en nuestra sociedad de estos menores no educados en origen y que no comparten muchos de los valores de una sociedad occidental culturalmente cristiana, supone, además, un daño objetivo para los propios menas. Los menores deben estar siempre con sus familias, porque es en el seno de la familia donde se educa, se protege y se guía. En ausencia certificada de familia, deben ser los Estados de origen los que tutelen a sus menores nacionales.

Todo lo demás, todo el buenismo y el sentimentalismo a la hora de abordar esta cuestión, es retórica. Y no son buenos tiempos para abusar de la retórica.

Amparo al autoritarismo de Sánchez
Emilio Campmany. Libertad Digital 16 Abril 2021

Este miércoles publicó El País un editorial con un atractivo título, que podría ser el de una película de Sofia Coppola, Destino erróneo, en el que se descalificaba la carta que tres asociaciones de jueces han enviado a Bruselas para denunciar los ataques de este Gobierno a la independencia judicial. Dice el editorialista básicamente tres cosas. Que la primera medida gubernamental denunciada, la de rebajar la mayoría necesaria para nombrar los vocales del CGPJ, ya se ha retirado. Omite el periódico, que constantemente farda de atenerse a los hechos, que el Gobierno renunció a sacarla adelante no por convencimiento sino porque Europa amenazó con abrir a España un expediente por falta de respeto al Estado de Derecho. Que la segunda, la de que un Consejo caducado no pueda hacer nombramientos de jueces, tiene todo el sentido del mundo cuando son muchos los órganos institucionales que tienen restringidas sus funciones tras haber caducado su mandato. Sin embargo, lo que es bueno para otros órganos no tiene por qué serlo para el máximo órgano del Poder Judicial y, en todo caso, las asociaciones que lo han denunciado tienen todo el derecho del mundo a hacerlo y ya veremos qué opina Europa. La tercera es que las asociaciones, en vez de dirigirse a la Comisión, tendrían que haber escrito al PP, que es quien ha bloqueado la situación insistiendo en negarse a negociar con Podemos. De ahí el lírico título del editorial. Alegan en defensa del Gobierno que algo tendrá que hacer si el PP no permite alcanzar ningún pacto. Es decir, que como el PP bloquea la renovación, el Gobierno está autorizado a adoptar medidas antidemocráticas.

Esto es lo peor del editorial. Para empezar, quien bloquea el pacto no es el PP, sino el PSOE, que se niega a llegar a un acuerdo insistiendo en que participe en él un partido cuyos votos no son necesarios para sacarlo adelante. Que Podemos esté en el Gobierno es a estos efectos irrelevante, porque los nombramientos corresponden a las Cámaras. Lo que debería haber exigido el editorialista, al que tanto preocupa la falta de renovación de cargos en el Consejo, es que el PSOE pacte con el PP y prescinda de Podemos. Si así lo hubiera hecho, hace tiempo que el nuevo Consejo habría tomado posesión y los jueces no tendrían que haber denunciado nada a la Comisión Europea, ni España estaría en peligro de ser investigada por violaciones del Estado de Derecho. Al periódico, que tanto aplaudió que le zurraran la badana a Polonia y Hungría por agresiones similares, ahora le fastidia que a un Gobierno del PSOE se la zurren igualmente por motivos parecidos. Dice concretamente:

Es en España donde tienen que discutirse las fórmulas que regulan el funcionamiento de sus instituciones; llevar este debate a Europa desdibuja el papel que corresponde a estas asociaciones.

Tanto gusto. Hasta la saciedad ha sido advertido el Gobierno de los ataques a la división de poderes que suponían sus medidas y no hicieron ni caso. Es más, la de prescindir de una mayoría cualificada para el nombramiento de vocales, que el propio editorial califica de error ahora, pero que nunca descalificó cuando se intentó imponer, sólo se retiró cuando intervino Europa. Es lamentable ver a un periódico que supuestamente defiende los valores democráticos amparar al Gobierno en sus derivas autoritarias para protegerlo de quien tiene poder para detenerlas.

Sánchez, culpas fuera
Juan Francisco Martín Seco republica 16 Abril 2021

Hace aproximadamente un año publiqué, en la editorial El Viejo Topo, mi último libro, “Una historia insólita, el Gobierno Frankenstein”. Tal como indica el título, mi pretensión era narrar la gestación en el tiempo de una realidad tan inaudita como la de que en la España del siglo XXI se hubiese producido un golpe de Estado en Cataluña, que los golpistas desde la cárcel o desde el exilio continuasen rigiendo esa Autonomía y, lo que era mucho más grave, que al mismo tiempo condicionasen y en cierto modo rigiesen el gobierno de España. Las situaciones que se estaban produciendo y, que sin duda se iban a producir, no podían por menos que sorprendernos a todos.

Al finalizar el libro, se desataba la epidemia y se decretaba el primer estado de alarma, que introducía variables nuevas de máxima relevancia, de modo que creí conveniente, antes de publicarlo, añadir un epílogo en el que me preguntaba, sin pretensión de hacer de profeta, cuál sería el impacto de la nueva situación en el segundo gobierno Frankenstein que acababa de constituirse. A pesar de ello, no se podía decir que Sánchez fuese un presidente recién nombrado, llevaba ya casi dos años durmiendo en el colchón de la Moncloa.

Las perspectivas no eran para él especialmente halagüeñas. No había podido ejecutar su propio presupuesto, continuaba con el de Montoro, que tanto había denostado. En 2019 el déficit se había desmandado y, en el intento de ocultarlo, sufrió la corrección y la reprimenda de Eurostat, que en seguida pilló el pufo en las cuentas públicas. Sánchez, que había llegado a la Moncloa por un solo voto de diferencia y apoyándose en un conglomerado de fuerzas difíciles de armonizar, había renunciado ya a elaborar unos presupuestos para 2020. La actividad económica entraba en un proceso de desaceleración, la evolución del empleo comenzaba a cambiar de signo, y todo indicaba que la negativa a subir los impuestos y los propios estabilizadores automáticos iban a complicar más las finanzas públicas. Por último, dar satisfacción a las fuerzas políticas que le habían hecho presidente no iba a ser nada fácil.

En esta tesitura surge la pandemia. Era, ciertamente, una coyuntura inesperada, y que colocaba al nuevo Gobierno en una difícil encrucijada y para la que desde luego no estaba preparado, pero también era posible que Sánchez, y así lo indicaba yo entonces en el epílogo, acariciase la idea de utilizar la crisis sanitaria para ocultar todos sus errores y equivocaciones y convertirla en la coartada perfecta que le permitiese acometer toda serie de desafueros e irregularidades. Podía ser la cortina que encubriese las contradicciones de un gobierno Frankenstein, y le evitase toda crítica, ya que cualquier censura se disfrazaría de deslealtad y de falta de colaboración en la solución de los graves problemas que afligían a la sociedad española.

Se ha cumplido un año y esta última estrategia parece haberse cumplido al milímetro. La única preocupación del Gobierno en la pandemia no ha sido salvar vidas, como repiten a diario, ni minimizar los enormes costes económicos que se derivan de la crisis sanitaria, sino sacar de ella la máxima rentabilidad política. En una primera etapa pensaron que colocándose al frente de la manifestación podían conseguir apreciables beneficios electorales. De ahí el primer estado de alarma y las durísimas medidas de confinamiento aprobadas, sin comparación con otros países, que hundieron la economía más que en ningún otro Estado de la Eurozona. Pero pronto comprobaron su incapacidad para solucionar los problemas que se presentaban, y que los costes políticos podían ser más elevados que los beneficios, con lo que la factoría de la Moncloa acuñó inmediatamente una palabra, la de cogobernanza”. Comenzaba un nuevo periodo que podríamos denominar de “culpas fuera”.

Casi siempre que se ha dado en el plano económico una agrupación público-privada el resultado ha sido el mismo, privatización de beneficios y socialización de pérdidas. Algo parecido representa la cogobernanza sanchista en el ámbito político: los costes los asumen las Comunidades; los triunfos, para el Gobierno. No soy precisamente un defensor del Estado de las Autonomías, pero tengo que reconocer que en líneas generales durante este tiempo las Comunidades Autónomas han estado mucho más a la altura de las circunstancias que el Ejecutivo. Cada una de ellas ha hecho lo que ha podido, incluso sin que Sánchez les concediese los medios necesarios. Es más, en algunas como en el caso de Madrid el Gobierno ha jugado claramente en contra. Se ha producido el resultado lógico, la heterogeneidad y que cada Autonomía aplicase medidas distintas, con lo que el caos ha estado servido.

Sánchez se ha colocado por encima del bien y del mal, como si el tema no fuese con él. Se ha lavado las manos en todos los asuntos que podían ser desagradables, derivando las culpas a las Comunidades Autónomas o incluso a la Unión Europea, como en el caso de las vacunas. Es más, no ha asumido ni siquiera la responsabilidad de las competencias que mantiene totalmente en exclusiva, tales como las referentes al Ministerio del Interior o a los aeropuertos.

El Gobierno es el principal responsable (excepto en el País Vasco y en Cataluña, donde las políticas de orden público están transferidas), de que se cumplan o no las medidas adoptadas, ya que las policías municipales carecen en la mayoría de los casos de medios y capacidad suficiente para conseguir este objetivo. Por ello resulta paradójico que se hayan empleado por ejemplo las fiestas ilegales en Madrid como arma con la que denostar al Gobierno de la capital, cuando la responsabilidad era del Ejecutivo central. El sectarismo ha funcionado de forma llamativa. Los controles han sido bastantes exhaustivos cuando las normas eran las establecidas con carácter obligatorio por el Gobierno o por ese Consejo territorial que Sánchez maneja a su antojo y cuyos acuerdos se han transformado de recomendaciones en preceptos. Sin embargo, las cosas cambian por completo y las fuerzas del orden desaparecen cuando se trata de controlar las medidas impuestas por las Autonomías.

Algo parecido ha ocurrido con las fronteras y con el transporte aéreo, competencia exclusiva del Gobierno central. A diferencia de otros países, España ha sido totalmente renuente a prohibir o al menos dificultar la entrada de extranjeros. Siempre ha ido con retraso. E incluso, cuando al final ha impuesto condiciones como la necesidad de presentar una PCR, no ha hecho nada para controlarlo. La falta de vigilancia es tanto más inexplicable cuanto que la verificación en los aeropuertos no presenta ninguna dificultad al poder realizarse al mismo tiempo que el pasaporte o el documento nacional de identidad. La dejación del Gobierno en esta materia ha sido tan llamativa que ha provocado incluso la crítica de uno de los apoyos del Gobierno Frankenstein, el portavoz parlamentario del PNV. El Gobierno, en su línea, ha tirado balones fuera y responsabiliza a Europa y al Acuerdo de Schengen de su negativa al cierre de fronteras, lo que no tiene ninguna verosimilitud, puesto que han sido muchos los países miembros que lo han puesto en práctica en distintas ocasiones. La misma España mantiene cerradas las fronteras con Portugal.

No es la única vez que Sánchez se escuda de manera tramposa en la UE. Lo ha hecho, por ejemplo, con las rebajas del IVA en las mascarillas y en la factura de la luz. Especial relevancia tiene el asunto de las vacunas. En él se ha plasmado perfectamente la asimetría que ha presidido todo el plan sanchista: apropiarse de los éxitos y adjudicar a los demás los fracasos. En un acto impúdico de propaganda, el Gobierno etiquetó los primeros paquetes de vacunas que llegaban con enormes carteles en los que aparecía en letras grandes, Gobierno de España; intentó apuntarse el tanto, pero tan pronto vislumbró el notable fracaso que iba a representar el suministro se escudó tras la UE.

Ciertamente, la UE se ha cubierto de gloria en un tema tan sensible. Incluso los que hace mucho tiempo hemos abandonado esa postura bobalicona de admiración hacia ella, y somos conscientes de las enormes contradicciones y lacras de las que está afectada, no podíamos sospechar que el fracaso en este caso fuese tan enorme. Era difícil de prever que una organización con tal poder económico y político fuese incapaz de resolver adecuadamente un asunto, por una parte, de tanta importancia, pero al mismo tiempo relativamente sencillo de gestionar, como han demostrado algunos países cuyo potencial es infinitamente menor que el de la UE.

El retraso en el aprovisionamiento de las vacunas es de una extrema gravedad, y su coste va a ser muy elevado, no solo desde el punto de vista sanitario, sino también económico. Es absurdo que se haya perdido tanto tiempo y esfuerzo en aprobar unos fondos económicos (por otro lado, todavía en el alero) para intentar recomponer la situación económica y a la vez no se haya puesto la diligencia adecuada en evitar la demora en la vacunación, en buena medida responsable del deterioro económico que se va a producir. Sánchez, como viene siendo habitual, se ha desentendido del problema refugiándose en la UE, como si esta organización fuese independiente de los gobiernos y España no fuese el cuarto país más importante de ella.

Durante los meses en los que el abastecimiento de vacunas ha sido un total desastre, Sánchez ha estado totalmente ausente, pero logró desviar la atención mediática del problema principal, la carencia de material, hacia un hecho de mucha menor relevancia, sobre si una u otra Comunidad vacunaban a mayor o menor velocidad. El absentismo de Sánchez se ha traducido también en la ausencia de un verdadero plan de vacunación. Aparte de que frecuentemente ha sufrido modificaciones, se ha elaborado en unos términos tan generalistas que, junto a un suministro del material irregular y caótico, ha conducido a que los colectivos y el orden de los vacunados estén siendo dispares en cada una de las Autonomías.

Sin embargo, en cuanto las vacunas han comenzado a llegar de una manera más regular y en mayor número, a Sánchez le ha faltado tiempo para salir a la palestra en tono triunfalista como si fuese el mecenas que las proporcionaba, para anunciar la vacunación masiva en los próximos meses, con un calendario inventado y sin dar prueba alguna de que se vaya a cumplir. Se fija el famoso 70% para finales del mes de agosto, con lo que se da por perdido el verano, y que en realidad significa una corrección de las promesas anteriores que lo fijaban para finales del mes de junio. Pero Sánchez confía en la falta de memoria de los ciudadanos, con lo que ha convertido su comparecencia en un acto de propaganda orientado a la campaña electoral de Madrid, en la que él es el auténtico candidato, puesto que Gabilondo es tan solo una marioneta como lo fue Illa en el Ministerio de Sanidad y en las elecciones catalanas.

El lavado de manos de Sánchez durante la pandemia ha tenido, en el fondo, un carácter aparente, librarse de todo coste político, porque en realidad ha mantenido casi todo el tiempo el estado de alarma que le permitía, por una parte, situarse al margen, echando toda la responsabilidad sobre las Autonomías, pero, por otra, actuar despóticamente e imponer sus decisiones cuando lo creía conveniente y de acuerdo con sus intereses políticos. El asunto está siendo especialmente llamativo con la Comunidad de Madrid. Sánchez usa la pandemia como arma en su particular guerra con Ayuso, aunque las víctimas sean los madrileños. Resulta sorprendente escuchar a un presidente de gobierno en pleno estado de alarma, y por lo tanto con poderes absolutos, afirmar que Madrid es un desmadre donde se hace circular el virus.

www.martinseco.es

La perversidad de la II República
Emilio Fernández-Galiano estrella digital 16 Abril 2021

Me refiero a la Segunda, pues la Primera fue igualmente un fracaso que apenas duró un año incluyendo cuatro presidentes, fiel reflejo de su inutilidad y la inestabilidad política que generó.

Respecto a la idolatrada hoy por esa izquierda de marca, ese progresismo de etiqueta, ese esnobismo populista que confunde forma de Estado con perfil ideológico, como si no existieran repúblicas de derechas, supuso una de las mayores perversiones de la historia de España. No sólo llegó sin formalidad alguna, sin marco jurídico ni soporte legal, sino que al mes de su advenimiento ya había disipado las dudas de muchos que la jalearon. Y otros vieron en ella el vehículo propicio para alcanzar la revolución, la misma que triunfó en la Rusia ya comunista casi tres lustros antes.

La misma Rusia que apoyó sin disimulo a Largo Caballero para convertir a España en el girón soviético de la Europa occidental –no perderse la exclusiva de los periodistas Carlos Salas y Lucía Núñez Barranco, de El Mundo, con la entrevista del periódico neoyorquino a Largo Caballero: “Habrá soviet en España en cuanto caiga Azaña”- . La Segunda República sentenció que uno de los dos Franciscos (Largo o Franco) marcarían el futuro dictatorial de la vieja piel de toro.

A las pocas semanas de su singular proclamación, ya estaban ardiendo iglesias en todo el territorio español. El revanchismo o el rencor desproporcionado a una dictadura como la de Primo de Rivera, a la que el PSOE apoyó sin matices, se apoderó de una parte de la clase política, primordialmente la socialista -qué paradoja-. Lo que hace pensar que por disimular, por exceso, su colaboracionismo con el general dictador. Las dos corrientes del mismo partido se enzarzaron por el control del mismo, saliendo derrotado el más moderado encabezado por Julián Besteiro. Los dirigentes Indalecio Prieto, Juan Negrín y Largo Caballero se aliaron con los anarquistas y con los partidos más revolucionarios para desatar en España uno de los momentos más triste y trágico de su memoria histórica.

Intelectuales que en un principio apoyaron la nueva forma de Estado, de la talla de Ortega, Unamuno, Gregorio Marañón, el propio Niceto Alcalá Zamora, su primer presidente, o finalmente el mismo Azaña, tal y como escribió en sus memorias, se dieron cuenta, en palabras del filósofo, que “no es esto, no es esto”. Una izquierda enconada en un extremismo radical, generando la respuesta de las derechas más amenazadas, llegó a su culmen con la revolución de Asturias tras las elecciones de 1934 porque, sencillamente, no aceptaron la victoria de la CEDA (Confederación Española de Derechas Autónomas). De hecho exigieron, tras la citada victoria en los comicios, que ningún dirigente del partido de Gil Robles pudiera ser miembro del nuevo gobierno, a pesar de haber triunfado.

La situación política era insostenible y los excesos de unos eran respondidos en la misma proporción por los otros. Si bien, la permisividad de los diferentes gobiernos de izquierdas ante la locura anticlerical y contra la propiedad por parte de de las bandas más activas y alborotadoras terminó con la paciencia de parte del ejército, en su mayoría conservador y católico. España, sobre todo, es fiel a determinadas costumbres, y en esa época fueron continuamente violadas. De no haberse animado Francisco Franco, que en un principio no era partidario del alzamiento, nuestra nación se hubiera convertido en la Cuba de la época, pero en el viejo continente. A partir de ahí, ya se sabe, tres años de muerte y destrucción.

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Iglesias: guerracivilismo contra jueces, policías y Vox
EDITORIAL Libertad Digital 16 Abril 2021

Que un individuo de la calaña de Pablo Iglesias haya llegado a vicepresidente del Gobierno pone de manifiesto el grave riesgo que corren la libertad y la convivencia en España. El líder de Podemos no tiene ningún reparo en utilizar un lenguaje guerracivilista que apela a los instintos más bajos y criminales de la izquierda antidemocrática, que considera enemigos a quienes no comulgan con su discurso visceral y que no tiene problema alguno en alentar la violencia contra formaciones conservadoras como Vox que se ciñen en su retórica y actuaciones a la más estricta legalidad democrática.

Ya en el Gobierno, Iglesias tomó un peligroso rumbo, una deriva totalitaria que ha desembocado, por el momento, en la cobertura y apoyo a quienes la semana pasada se dedicaron a patear a agentes de la Policía Nacional en el mitin de Vox en Vallecas. No es nada nuevo en el personaje, que antes de ser vicepresidente había llegado a decir en un programa de televisión que le emocionaba ver cómo unos descerebrados agredían a un policía.

Iglesias es un individuo cada vez más peligroso, un sujeto que ha perdido el control y no tiene empacho en atacar a los jueces y a la Policía con los mismos argumentos de los portavoces proetarras. El dirigente de Podemos no cumple con los cánones exigibles a un demócrata, no respeta el Estado de Derecho y no vacila en señalar a los dirigentes de Vox como objetivos de la violencia callejera de los matones de la extrema izquierda.

Tampoco vacila en poner en la diana a jueces y agentes al asegurar que la Justicia no es para todos, que se detiene y se juzga con más severidad a elementos de la izquierda mientras que supuestos violentos de la ultraderecha gozan de impunidad. Todo este discurso sería risible si no fuera porque busca provocar y generar una violencia que estaba desterrada de la política española desde hace décadas.

Iglesias quiere el enfrentamiento físico, pretende acorralar a sus adversarios políticos por la vía del aplastamiento callejero y no se corta en jalear a los tipos más extremistas de bandas como los ultras del Rayo Vallecano.

Su percepción de la realidad está absolutamente distorsionada. Pretende que un partido democrático como Vox no pueda hacer campaña en Vallecas, donde la formación de Abascal y Rocío Monasterio obtiene miles de votos. Es tal la osadía de Iglesias que llega a acusar a Vox de las agresiones que sufren los dirigentes, militantes y simpatizantes de Vox. Ni los separatistas catalanes se habían atrevido a tanto en la pasada campaña electoral.

Iglesias ha logrado que Sánchez y el PSOE no condenen la violencia contra Vox, arrastra al partido socialista por una senda antidemocrática sumamente peligrosa. Sus últimas declaraciones en la televisión pública contra jueces y policías y contra Vox rebasan todos los límites de la democracia y pretenden emplazar la política en la situación previa al puro enfrentamiento físico.

"Cada vez hay más gente que tiene la sensación de que la Justicia no es igual para todos, y desde aquí mi cariño y felicitaciones a la que gente que demostró que Vallecas es un barrio tolerante y no acepta el fascismo, el racismo y la homofobia, y a los hinchas de un equipo de fútbol que son un ejemplo de defensa de valores solidarios y antifascistas, que son de lo mejor de nuestra ciudad", ha declarado Iglesias. Sus palabras le retratan y delatan.

El Gobierno debería exigir a Iglesias una rectificación; en caso de no producirse, debería acarrear la ruptura de la coalición. Claro que poco puede esperarse de un presidente que, como decíamos ayer, reivindica la funesta II República y culpa a Vox de la violencia por pretender dar un mitin en Vallecas. Igual que cuando Batasuna responsabilizaba a los miembros del PSOE y del PP de los que les podía pasar si se atrevían a manifestarse en el País Vasco.

Es evidente que Sánchez no va a exigir ninguna responsabilidad a sus socios. Como es evidente también que si Iglesias ataca a la Justicia lo hace porque no cree en el Estado de Derecho y porque empieza a sentirse acorralado ante los casos abiertos por las irregularidades económicas de su partido. Está tensando peligrosamente la cuerda.

Ataque frontal al estado de derecho: el asalto al Poder Judicial y a las Autonomías
Manuel Álvarez de Mon Soto. estrella digital 16 Abril 2021

Empecemos por el ataque al Poder Judicial. Desde el actual Gobierno de coalición Psoe, Podemos, han sido frecuentes los ataques a la independencia judicial por parte de Podemos, descalificandolo continuamente, cuando sus resoluciones en aplicación de la ley vigente, le han sido desfavorables, creando deliberadamente un clima de desligitimacion del mismo, que sirva de coartada para poder legalmente someterlo al poder de los políticos. Ello de momento y sin perjuicio de otros futuros ataques anunciados, como rebajar la mayoría requerida para nombrar a los vocales judiciales del Consejo General , ya se ha realizado con la reciente reforma de este órgano , para limitar sus competencias constitucionales, cuando esté prórrogado. Ello, además de su posible inconstitucional ida, ha motivado la queja de 3 de las 4 asociaciones judiciales a Union Europea, que representan mayoritariamente a los jueces y magistrados . Sólo no lo ha hecho, la minoritaria asociación afín a la izquierda.

Pues bien, el tema es gravisimo y se espera una contundente respuesta de la Union Europea, que puede llegar a sancionar a España. La clase política o parte de ella, que a la vista de toda la sociedad se está enriqueciendo de forma sospechosa, pretende indudablemente no poder ser fiscalizada por un Poder Judicial independiente, que libremente instruya y sancione en su caso, las denuncias que se formulen contra las indiciarias conductas irregulares que propician ese enriquecimiento y contra otras arbitrariedades de diversa índole, como el favoritismo en las ayudas públicas, en nombramientos y ceses de funcionarios incómodos, respetuosos con la ley etc. Este comportamiento, es el propio de los regímenes totalitarios y autoritarios, en qué una minoría, la élite del partido dominante, se convierte de hecho en una mafia económica y social, pero que se presenta como pretendidamente redentora del pueblo, al que quiere explotar sin control de jueces o periodistas libres.

De otro lado, se quiere modificar la fiscalidad de impuestos transferidos a las comunidades autónomas, como son sucesiones y patrimonio. Ello se quiere hacer invadiendo de forma ilegal, esas competencias autonomicas ( al margen Euskadi y Navarra por su régimen peculiar). ¿ Que se pretende?. Pues limitar las competencias de la Comunidad de Madrid y de otras gobernadas por el PP. Fundamentalmente el ataque es contra Madrid, por la intolerable exigencia de Rufián portavoz de la Esquerra República de Cataluña, que paradójicamente en este tema es antiautonomista, ante la excelente gestión económica del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso y que según él perjudica a Cataluña, queriendo tapar con ello el desastroso desgobierno de Cataluña, que malgasta y dilapida el dinero en " embajadas " autonómicas, lobbies antiespañoles por todo el mundo , y por supuesto por el inaudito enriquecimiento de su clase política, que ha hecho, mejor dicho está haciendo un negocio redondo con el proceso independentista.

Como estamos ante la elecciónes de la Comunidad de Madrid del 4 de mayo, surge el esperpento bochornoso del espectaculo, de por un lado las declaraciones del Gobierno de Sánchez anunciando esa invasión fiscal y de otro las palabras del candidato del Psoe, Gabilondo ninguneado por el Gobierno negando, que subirá los impuestos esta legislatura. ¿ Cabe una situación más ridícula y contradictoria ante unas elecciones en curso ?. Todo ello unido a los tergiversadores mensajes de Sánchez sobre la pandemia del coronavirus , ya hasta desmentidos por Fernando Simon, que ponen de relieve que el único propósito de Pedro Sánchez es derrotar a Isabel Díaz Ayuso, sea como sea, y con todas las trampas que sean necesarias, aunque puedan ir contra el estado de derecho.

La zozobra del Constitucional
Editorial ABC 16 Abril 2021

La fractura interna del Tribunal, sus pugnas autodestructivas y su sensación de fragilidad y descrédito deben empujar al PSOE y al PP a pactar su renovación con urgencia

Con una división por la mitad, la Sala Primera del Tribunal Constitucional ha confirmado la exclusión de Toni Cantó y Agustín Conde de la candidatura del PP en Madrid. El voto de calidad del presidente, Juan José González Rivas, apoyando la tesis de los magistrados progresistas Cándido Conde-Pumpido y María Luisa Balaguer, deshizo el empate formado con la oposición de los otros tres magistrados, propuestos en su momento por el PP, partido que también propuso en su día al propio González Rivas. La división de criterios entre los seis magistrados reitera la que ya habían apuntado la Junta Electoral Provincial de Madrid, por un lado, y un juez de lo contencioso de la capital, por otro. Lo cierto es que del TC se esperaba un visión más constitucional y menos burocratizada del derecho fundamental de participación política. La decisión de esta misma Sala, en abril del pasado año, acerca de la prevalencia del estado de alarma sobre el derecho de manifestación anticipó un sesgo restrictivo con los derechos fundamentales y las libertades públicas.

Con lo generoso que es el TC con sus sentencias interpretativas, que dejan impunes algunas vulneraciones de la Constitución, y sus doctrinas a favor de los derechos fundamentales en caso de duda, llama la atención la interpretación reglamentista que ha hecho en este caso. Habrá que confiar en que mantenga el mismo rigor cuando vaya a resolver los recursos contra las fórmulas de juramento o promesa que emplearon diputados separatistas y de extrema izquierda el pasado año, y que constituyeron flagrantes vulneraciones de lo dispuesto por la ley. Si a un ciudadano, como Cantó o Conde, se le puede privar de su derecho al sufragio pasivo por un peculiar requisito administrativista del censo electoral, con mayor motivo se podrá declarar la nulidad de la toma de posesión como diputado por algo mucho más grave como es la burla del compromiso con la Constitución. De todo queda rastro en la hemeroteca y en los archivos del TC.

Esta fractura del TC llega en medio de un debate sobre la inestabilidad de este órgano, cuya historia más reciente va alternando episodios coyunturales y males endémicos. Y en un contexto preocupante sobre la independencia judicial, para la que tres asociaciones judiciales han pedido protección en Europa. La incomprensible lentitud con la que el TC tramita recursos de inconstitucionalidad muy importantes para la sociedad española -el aborto, la prisión permanente revisable, o el estado de alarma de 14 de marzo de 2020- se suma al rigor con el que hace prácticamente imposible que un ciudadano consiga que su recurso de amparo sea admitido a trámite, llegando a rechazar de plano casi el 99 por ciento de estas demandas. Así sucede que la justicia constitucional, llamada ser el árbitro del sistema, ha decidido llegar tarde en el control de constitucionalidad de las leyes, y prácticamente se ha borrado en la protección de los derechos y las libertades de los ciudadanos.

La composición del TC para un asunto tan relevante como la decisión sobre los recursos interpuestos por los golpistas del ‘procés’ contra las condenas impuestas por el Supremo ha quedado tocada por dos exclusiones, las de los magistrados Narváez y Conde-Pumpido. Doble éxito para las defensas de los dirigentes separatistas, que añade inquietud al seno del TC cuando más necesaria es su unidad interna. Urge, por tanto, que los partidos políticos se avengan de una vez a pactar la renovación parcial de este Tribunal para evitar esta sensación de fragilidad, de endogamia autodestructiva y de descrédito.

“Ni me voy a callar ni me voy a ir”
Antonio Robles. Libertad Digital 16 Abril 2021

El acoso intimidatorio al que está siendo sometido el escritor Javier Cercas por el nacionalismo desde su aparición el pasado sábado en TV3 es la más dolorosa demostración en carne propia del abandono a que hemos estado sometidos en Cataluña todos los ciudadanos castellanohablantes y catalanohablantes no nacionalistas desde 1980. Y la acusación más flagrante contra todos cuantos prefirieron pasar desapercibidos en el paisaje cuando su silencio o su equidistancia dejaban el campo libre al abuso y permitían crecer al monstruo.

Que no se me confunda, no quiero pasar cuentas, ni mucho menos mostrarme cicatero con el coraje demostrado por Javier Cercas contra la inquisición nacionalista desde que se cayera de la burra en 2017 (se ganó a pulso ser incluido en el libro Equidistantes exquisitos con la entrada “Cercas, bienvenido a la realidad”). Sólo mostrar con su persecución actual que si le están haciendo la vida imposible ahora es porque antes docenas de intelectuales como él, con capacidad de influir mediáticamente, culturalmente, socialmente, políticamente, se callaron, consintieron o colaboraron. Y lo subrayo porque, lejos de que hayamos logrado superar esa cobardía, aún hoy hay una mayoría de medios, intelectuales y políticos, incluyendo al propio Gobierno de la nación, que siguen en la inopia o directamente conspirando con nacionalistas a costa de los derechos ciudadanos de millones de españoles secuestrados por las mentiras permitidas. Lo subraya el propio Cercas con palabras exactas: “En Cataluña el nacionalpopulismo sigue en el poder y nosotros flotamos en un líquido amniótico de mentiras”.

Nunca debimos permitir que ese grado de sugestión colectiva llegara a cristalizar. “Hasta aquí hemos llegado”, nos dice ahora con urgencia y dramatismo. También, por qué no decirlo, con el apoyo de un periodismo progre que parece haber descubierto por fin un mártir del abuso nacionalista, a su gusto.

Todos los que la han padecido, todos los que tomaron conciencia en algún momento de este largo proceso, han llegado a la misma conclusión. Pero, al contrario que Cercas, han tenido que sufrir las consecuencias durante años en el más absoluto abandono y, en la mayoría de los casos, tratados como escoria facha, ninguneados o satanizados por los propios medios constitucionales y, en el caso de los años más negros del terrorismo etarra, enterrados en la clandestinidad.

Es muy importante tomar conciencia de que han existido y siguen existiendo cientos de miles de padres anónimos sufriendo en silencio el calvario de una sociedad anestesiada por la secta nacionalista por el simple hecho de pedir enseñanza en lengua materna para sus hijos, y niños sometidos por las instituciones catalanistas a un adoctrinamiento propio de pedagogías pederastas. Apliquen el cuento a la muerte social en todos los campos de la vida institucional para todos los que no consintieron ser súbditos, sino ciudadanos libres. Lo exponía el miércoles con bisturí de cirujano el catedrático de Derecho Internacional en la UAB Rafael Arenas: “Tan sólo están dispuestos a tratarte como igual si tú los tratas a ellos como superiores”.

Es preciso que no nos quedemos con la anécdota de Javier Cercas. La categoría está en esa sociedad silenciada y excluida, anónima, que sufre en silencio el abandono desde hace cuarenta años. Acaba de salir el libro ¿Somos el fracaso de Cataluña? La voz de los desarraigados, del profesor Iván Teruel. De los pocos libros que detallan y transmiten el sufrimiento cotidiano de los excluidos. Algún día, cuando esta pesadilla explote como un grano de pus ponzoñosa o simplemente se disipe, nos preguntaremos con incredulidad cómo fue posible tanta ceguera e insensibilidad por parte de tantos.

Es preciso recordar de vez en cuando la lección del presidente del tribunal de los Juicios de Núremberg, dramatizados en la película Vencedores y vencidos, contra los jueces que colaboraron con el nazismo. Una reflexión obligada ante lo que nos acontece. Al final de la película, cuando el juez alemán más prestigioso de todos ellos ha asumido su culpa y trata de disculparse ante el juez que le juzgó sin aún explicarse cómo pudo llegarse a aquella barbarie, éste le espetó: "Señor Yani, se llegó a eso desde el primer hombre al que condenó sabiendo que era inocente".

Cercas, un fascista genocida
Alejandro Tercero Cronica Global 16 Abril 2021

Un Estado es sinónimo de violencia. Legítima, en el caso de una democracia, pero violencia al fin y al cabo. Es imposible el cumplimiento efectivo de las leyes si no se dispone de los medios y la determinación con los que coaccionar a los individuos para que no se las salten.

Sin multas, no se respetarían los límites de velocidad ni los semáforos en rojo. Sin obligar a pagar impuestos, no se podrían atender los derechos que garantiza la Constitución. Sin porras, no se echaría a los okupas de las casas ajenas. Sin intervenir las cuentas corrientes y los teléfonos, no se cazaría a los políticos corruptos. Sin pistolas, no se detendría a los asesinos. Todo eso es violencia.

Por ello, apelar a la intervención de la policía o del ejército cuando se intenta quebrantar el orden constitucional por la fuerza, no es algo de lo que avergonzarse. La actuación de los antidisturbios de la Policía Nacional y de la Guardia Civil el 1-O para sofocar el intento de golpe al Estado apoyado por turbas de fanáticos de todas las edades no debería acomplejar a ningún demócrata --como pretenden los nacionalistas y ha comprado algún necio despistado fuera del país--, sino todo lo contrario: es una muestra inequívoca de que, por suerte para todos, el Estado democrático existe y de que es más fuerte de lo que algunos creían.

Además, no deberíamos olvidar que la Constitución otorga a las fuerzas armadas la “misión” de “defender” la “integridad territorial” de España y “el ordenamiento constitucional”. De hecho, para la mayoría de los países del mundo, cuestionar un centímetro de su territorio es casus belli.

Sin embargo, Javier Cercas no iba en esa línea cuando hace dos años, en un acto en Extremadura, hizo un comentario instando a llamar a la Unidad Militar de Emergencias (UME) para frenar el procés. Unas palabras que, descontextualizadas, ahora le reprocha el independentismo catalán.

Cercas tiene derecho a defender una intervención militar en Cataluña ante un desafío tan brutal como el del procés. Insisto, sería razonable plantearlo. Pero no lo hizo.

"Cuando la vida pública, la política, se llena de pasión, de aventuras, de emociones, como nos ha ocurrido a los catalanes en los últimos años, échate a temblar o llama a la unidad del general", dijo textualmente el escritor, en referencia al responsable de la UME --el grupo militar de intervención rápida en caso de catástrofe--, que también estaba presente en el escenario.

El vídeo lo difundieron las hordas independentistas digitales con el objetivo de desacreditarle, después de que defendiera en TV3 la democracia española y el papel del rey Juan Carlos el 23F.

A Cercas le han dicho de todo. La diputada de JxCat Cristina Casol le ha tildado de fascista. El periodista Enric Calpena --un habitual de TV3 y Catalunya Ràdio-- le ha comparado con el genocida serbobosnio Radovan Karadzic. Y así, muchos más.

El episodio no es nuevo. El nacionalismo catalán siempre ha tratado de intimidar, amedrentar y acallar a todo aquel que alzase su voz contra el imaginario colectivo homogeneizador construido en las últimas décadas.

Y durante mucho tiempo consiguió atemorizar a los disidentes, evitando nuevas posiciones discrepantes por miedo a ser señalados y, sobre todo, marginados. Solo algunos valientes se atrevieron a dar la cara y jugarse su prosperidad y la de sus hijos ante el silencio de los demás. Todo ello en plena democracia.

Pero eso está cambiando. El propio Cercas es la mejor prueba de ello. “No pienso irme de Cataluña, ni estar callado”, ha advertido frente a la campaña de linchamiento independentista contra él.

Sin embargo, aún queda mucho camino por recorrer. Decía Cercas el sábado pasado en TV3 que “cuando das por hecha la democracia, ya la estás poniendo en peligro”. No le falta razón. Y tal vez deberíamos tomar nota de esa advertencia.

Y es que dialogar, negociar o pactar con los que desafiaron el orden constitucional durante el procés (los mismos que justifican o aplauden a los que acusan de fascista y genocida a quien defiende la democracia española) no parece la mejor estrategia para mejorar las cosas.

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