AGLI Recortes de Prensa   Viernes 30  Abril  2021

Socialismo o Vox
Rafael Bardají. https://gaceta.es 30 Abril 2021

Es sorprendente que una ideología tan desprestigiada como el socialismo, concite tantos adeptos en las filas políticas españolas, del PSOE de Sánchez al Podemos de Iglesias, pasando por el Más Madrid de Errejón, entre otros. Porque no lo olvidemos, de los 25 experimentos de aplicar el socialismo en la Tierra, comenzando por la URSS y acabando en Venezuela, han resultado en estrepitosos fracasos económicos y sociales. Por una vez en la vida, además tenemos un ejemplo concreto que poder comparar en eso que ahora se dice “en tiempo real”: Corea del Norte y Corea del Sur. Sólo un tarado o alguien a sueldo del comunismo puede defender que en el norte se vive mejor, con mayor bienestar y libertad. Lo mismo que ya vimos en su día entre las dos Alemanias: ¿Por qué la gente común arriesgaba su vida para saltar del Este al capitalista Oeste y no al revés? ¿Por qué millones de venezolanos hoy huyen de su patria y se tienen que refugia en la vecina y libre Colombia?

Las malas ideas, al igual que los rockeros, parecen resistirse a morir, a pesar del daño que causan. Pero no lo hacen ni por azar ni, desde luego, por mérito. Sobreviven gracias a contar con una infraestructura que les blanquea ideológicamente, que distorsiona la realidad y que ridiculiza todo lo que no sean ellos. El Socialismo del siglo XXI no es un sueño, ni una promesa, es simplemente un discurso. O en la cursilería que nos domina, una narrativa. Una narrativa que esconde unos intereses de poder y riqueza que bien conocen -y disfrutan- sus líderes políticos e intelectuales. El discurso es claramente una apropiación de las enseñas de sus adversarios, la democracia y la libertad. Bajo esa capa disfrazan que esa democracia y libertad que dicen defender se aplica solamente a ellos mismos. El discurso es, además, claramente ofensivo, denunciando como falso y peligrosos todo lo que se escapa a su control. Y el discurso es, finalmente, violento y totalitario. Nadie se merece nada, salvo ellos. Y si tienen que imponerse por la fuerza, de las piedras o de los piquetes, pues se recurre a ellos sin escrúpulo alguno.

Pero el discurso no se sostiene por sí mismo. Necesita de la complicidad de dos cosas básicas: los medios de comunicación y del mundo del entretenimiento. Los dos pilares en los que la mayoría de la población encuentra noticias y “cultura”. Por eso qué sacan como noticias y cómo las tratan es tan importante para el proyecto totalitario de la izquierda. Que el Gobierno se apresurase a regar con millones a las cadenas de televisión, explica en parte el comportamiento de las televisiones. Pero por muchos millones que se regalen a cambio de complicidades, la realidad es que las cadenas hacen lo que quieren siempre y cuando su fuerza última, sus espectadores, no les abandonen. En España los conservadores siempre piden un medio que les sea favorable y que de momento no existe a escala nacional. Pero sería mucho más fácil organizar campañas de desintoxicación y desenganche de ciertas cadenas, informativos y programas. Porque sin espectadores no hay publicidad. Y sin publicidad, no hay beneficios. Alguien debería liderarlo.

Tampoco podeos olvidar que el papel relevante de la infraestructura mediática del socialismo en los medios y en el entretenimiento ha sido posible porque el principal partido de la oposición, el PP, abandonó hace mucho toda batalla cultural. En parte porque nunca buscó sus propios ideólogos y en lugar de establecer la superioridad moral del capitalismo liberal, se contentó con presentar los logros de su gestión, dejando el campo abierto para que el socialismo pudiera presentarse como el auténtico adalid de la igualdad y el progreso. Algo que, si se analiza la práctica del socialismo real, nunca ha sido verdad. Pero los atávicos complejos de la derecha española son los que son y mientras no se den cuenta de que no pueden competir con pura gestión frente a un sueño irreal (una pesadilla en realidad), no tienen nada que hacer.

Por eso fue tan importante la reacción de la dirigente de Vox, Rocío Monasterio, en el debate de la ser frente al matón de colegio que es Pablo Iglesias. En lugar de presentar una sumisa resignación, o la otra mejilla, hizo lo que toda persona de bien debería hacer: decir basta ya a la superioridad moral de una izquierda que sólo sabe de amenazas, piedras, insultos y odio y exigir de los vociferantes del socialismo y comunismo lo mismo que ellos reclaman a los demás. No ha habido nunca dos varas de medir, sólo una, la de la izquierda que siempre condena a la derecha. Con eso logró romper Monasterio, que no es poco.

Y nos debe servir de ejemplo. Si Vox se diferencia sustancialmente del PP en algo, es por no ser cobarde en la batalla de los valores. La izquierda ha planteado una guerra civil cultural de la que el PP desertó tiempo ha y sólo Vox ha encarado. De ahí el odio que todos le profieren al partido de Santiago Abascal. Aunque sólo fuera por eso, ya merecería la pena votarlo en las próximas elecciones en Madrid. Del comunismo solo cabe esperar bilis y enriquecimiento personal; del socialismo, apaños y trapicheos; de esa izquierda urbanita de Más Madrid, dislates y excentricidades; y del PP mucha fuerza por la boca hasta que Sánchez les haga un guiño. Ese es el panorama. Luego que no digan.

Intenso aroma a pucherazo
OKDIARIO 30 Abril 2021

Después de que la Junta Electoral se hiciera eco de la petición de OKDIARIO de investigar el asunto de los ticket emitidos por Correos con votos que no habían sido efectuados, obligando al organismo público a explicar lo sucedido y a cesar de inmediato con esta práctica, las chapuzas -dejémoslo ahí, por el momento-se siguen sucediendo. Un ciudadano acudió a enviar dos cartas ordinarias y recibió el ticket correspondiente, sin ser avisado de la anomalía por parte del personal de Correos. No fue hasta horas después, cuando las denuncias corrían ya por las redes sociales, cuando se dio cuenta de que en su ticket figuraban hasta cuatro votos emitidos, pero tachados. O sea, que Correos, que no ha dado ninguna explicación convincente, más allá de la inicial de que por un fallo informático los tickets con los votos emitidos se consignaban al siguiente usuario, aunque este no hubiera emitido voto alguno, ha decidido, para cumplir con el requerimiento de la Junta Electoral, tachar a bolígrafo en el ticket la referencia a los votos emitidos.

Una solución chapucera que no disipa las dudas y revela el grado de desdén de un organismo que está ofreciendo una imagen tercermundista de España. Es grave que la incompetencia de los responsables políticos de Correos, encabezados por Juan Manuel Serrano, amigo de Pedro Sánchez, acrecienten las sospechas de «pucherazo» o «estafa». Eso de que como el usuario que acude a efectuar el voto por correo no efectúa gasto alguno, el sistema no está preparado para emitir tickets sin gasto y se traslada al siguiente cliente que sí haga uso de algún servicio de pago en su ticket es, sencillamente, surrealista. Es más, esa versión se contradice con el relato de otros usuarios que aseguran que emitieron votos por correo y recibieron el correspondiente ticket con el detalle y el importe 0 euros. Correos tiene que explicar hasta el último detalle lo ocurrido y la Junta Electoral ponerse seria, porque esto ya pasa de castaño a oscuro.

España va a ser rescatada y Sánchez lo esconde y malgasta en propaganda
Europa va a aprobar un auténtico rescate español, pese al irresponsable secretismo de un Gobierno que intenta convertir el desastre en una fiesta y oculta las reformas.
Editorial ESdiario  30 Abril 2021

La misma opacidad que va a tener la gestión de los Fondos Europeos, que dependerán directamente de Moncloa y no de un Comité de Expertos encabezado por una autoridad respetada; la está teniendo el Plan de Recuperación aprobado en el Consejo de Ministros que se remitirá a Bruselas este viernes.

Más allá de generalidades sobre la apuesta digital o ecologista, tan razonables como carentes de la precisión exigible, lo sustantivo del rescate que va a sufrir España se esconde de manera premeditada y nadie conoce la propuesta exacta del Gobierno para atender las exigencias de Bruselas en materia de gasto público.

Que no se sepa que quiere hacer Sánchez con los impuestos (aunque se intuye lo peor), las pensiones, el mercado laboral o el derroche en la Administración Pública (la reforma mas necesaria y aplazada siempre) es, simplemente, inaceptable.

Porque el documento que se presenta a Bruselas debería ser conocido ya en su integridad por el Parlamento y la opinión pública. Del mismo modo que el Plan debería contar con el consenso y el control de las Cámaras: lo que debería ser un Pacto de Estado se ha aprobado y se va a gestionar como una irresponsable campaña de propaganda de Sánchez.

El Gobierno lleva camino de malgastar el rescate europeo en una larga campaña de Sánchez para camuflar su fracaso

Todos los países receptores de fondos van a plantear planes similares con la transición ecológica y la digitalización como emblemas. La clave es qué reformas hacen a la vez: Italia, Grecia, Portugal, Alemania o Francia han optado por la rebaja fiscal; España por la subida pese a ser uno de los cinco países del mundo que ya impone el mayor esfuerzo fiscal al contribuyente.

¿Y la Administración?
España es el país con más tasa de paro total y juvenil de Europa; el peor déficit anual y la mayor caída del PIB: en ese contexto, resulta irresponsable malgastar la “bala de plata” con personalismos y sin transparencia. Las consecuencias pueden ser irreparables.

Y el secretismo aplicado, probablemente por el temor a que sus propuestas deterioren aún más las expectativas electorales del PSOE en la Comunidad de Madrid, sugiere que las reformas serán duras y antepondrán la asfixia de la economía productiva al ahorro indispensable de una Administración que no se priva de nada.

El amigo de Sánchez
EDITORIAL. https://gaceta.es  30 Abril 2021

Poco a poco, en un cuentagotas inexorable, la confianza de los españoles en las instituciones del Estado, incluidas las administraciones autonómicas, se desploma hasta niveles inaceptables y peligrosos. Salvada la Monarquía, las Fuerzas Armadas y la Justicia ordinaria, los españoles han visto cómo en la inmensa mayoría de las instituciones y administraciones gobierna el despilfarro, el amiguismo, la prevaricación, la deslealtad, el cohecho y todas las demás formas de corrupción, incluida la traición a la nación y a los principios constitucionales.

Peor aún, la pandemia de coronavirus chino ha destapado determinadas miserias y mentiras que en tiempos de bonanza los gobernantes tapan con sus medios de comunicación adictos y subvencionados, pero que en este último año largo de enfermedad, muerte y empobrecimiento, no ha habido dinero público suficiente en el mundo para esconder que no tenemos la mejor sanidad del mundo, que nuestro servicio público de empleo no sólo es malo, sino vulnerable; que la Fiscalía General del Estado es un instrumento político controlado que no permite que se investigue la gestión de la pandemia; que Hacienda, hoy más que nunca, no somos todos y que Europa no nos salvará.

Todo esto, todo lo anterior, e incluso todo lo que todavía no sabemos pero intuimos, sólo tiene un válvula escape para los sufridos ciudadanos: votar de vez en cuando. Es cierto que eso nos convierte en cómplices de un sistema que, objetivamente, está enfermo de corrupción, y no sólo económica —que es la menos importante—, pero es indispensable para contener el hartazgo de los ciudadanos y para dar la impresión de la benéfica normalidad democrática, a pesar de desviaciones lamentables como que el voto de unos españoles valga más que los de otros.

Hasta ahora, la limpieza del sistema de votación y del escrutinio había resistido a esa crisis de confianza imparable. Jamás, nadie, nunca en este periodo constitucional, ha puesto en entredicho los resultados de unas elecciones gracias a la presencia activa de interventores y apoderados de los partidos, a la vigilancia policial y judicial, a la impagable labor de los sufridos miembros de las mesas electorales, a su conciencia cívica para detener los pequeños intentos, que siempre los habrá, de alterar los resultados y a la confianza absoluta de los votantes en un sistema público de Correos y sus mecanismos de recogida, guarda, custodia y entrega del voto emitido con anterioridad a la fecha electoral.

Hasta qué punto se ha instalado el recelo entre los españoles a lo largo de estos dos años y medio de mentiras —récord de todos los Gobiernos de la democracia—, que la sola idea de que el presidente Sánchez haya colocado a Juan Manuel Serrano, uno de sus íntimos amigos, con un sueldo escandaloso al frente de Correos, unido al hecho cierto de que el sistema de votación por correo está asignando a unos madrileños el voto de otros por «un fallo informático», ha creado una alarma que sólo va a minar la, hasta ahora, intacta seguridad de los electores en el sistema de votación.

En cualquier nación civilizada, el cese del íntimo amigo de un presidente que ha permitido con su torpeza y negligencia que se socave la confianza de los votantes en el sistema de voto por correo, sería inmediato. Claro que en cualquier nación civilizada, el presidente jamás se habría atrevido a colocar allí a un amigo íntimo, por muy interesado que estuviera en seguir ganando elecciones.

Pablo, el tóxico
Agustín García. okdiario 30 Abril 2021

Todos conocemos algún ‘tóxico’, esas personas que enredan a los demás para contagiar el mal rollo que llevan dentro, bien por su innata amargura, bien para lograr algo.

Los psicólogos los han estudiado especialmente en el ámbito laboral, pero también abundan en la vida pública y son fácilmente detectables por cinco características de su personalidad:

Son egocéntricos y narcisistas. Necesitan ser el centro de atención y siempre hablan de sí mismos. Como cuando alguno se cree el jefe de la UME.

Son victimistas y carecen de empatía. Llenan su discurso de quejas, culpas y críticas y las cosas sólo suceden cuando les pasa a ellos. Como cuando reciben una amenaza, que parece que no habían existido nunca.

Son agresivos (al menos, verbalmente) y disfrutan generando tensión. Como cuando alguno dice que le gustaría azotar a una mujer hasta que sangre o dice alegrarse cuando patean a un policía.

También son pesimistas e infelices, sólo ven problemas a su alrededor. Unos tristes, que diría Rajoy. Como cuando te dicen que estamos rodeados de machismo, racismo, violadores y especuladores.

Y son mentirosos y manipuladores, como cuando cogen un taxi unos metros antes de donde está el fotógrafo para que no se les vea en coche oficial.

Ya saben de quién les hablo. Sí, de Pablo Iglesias, un tóxico de libro. Y hay que reconocer que, lo de enredar, se le da bien. Tanto es así que PSOE y Mas Madrid ya bailan su música.

Es verdad que es difícil llamar a las barricadas en defensa del impuesto de actos jurídicos documentados, echarse al monte contra la regla del gasto público o asustar con la ley de unidad de mercado. Es difícil provocar una revuelta contra una gestión que ha dado resultados mejores que la media española en cualquier magnitud. La gente cambiaría de canal y pasaría de ti.

Mola mucho más imaginarse combatiendo a los fascistas. Y si no existen se reencarnan. Así, como en la novatada de los gamusinos que nos hacían de niños para buscar a inexistentes animales, Pablo Iglesias ha puesto a la Izquierda a buscar musolinis y requetés. Y ahí tenemos al PSOE y el resto de la izquierda, tan culta y social, incluida su división mediática, unida a la causa, jugando al enfrentamiento social.

El daño que han hecho Iglesias y Sánchez (otro tóxico de libro) se estudiará algún día en las facultades de políticas, salvo en la complu, claro.

¿Cuál es la media entre Feijóo y Ayuso?
Emilio Campmany. Libertad Digital 30 Abril 2021

Dice Casado que quiere ser la media entre Feijóo y Ayuso. ¿Qué quiere decir? ¿Que bajará los impuestos, pero no tanto como la madrileña? ¿Que seguirá la senda de la moderación iniciada con la defenestración de Cayetana Álvarez de Toledo y los insultos a Abascal?

El deseo de cabalgar la contradicción nace de dar por buena la imagen que la izquierda quiere transmitir de Madrid, esto es, la de que los madrileños son unos insolidarios que quieren pagar menos impuestos que nadie. El resto de los españoles deberían estar encorajinados con ellos porque la riqueza que genera ser la capital es lo que les permite tener impuestos tan bajos. Es éste un lujo que los demás, que no son la capital, no pueden permitirse. Es natural que en toda España, incluido Madrid, la izquierda esté enfurecida con las políticas de Ayuso porque demuestran que los impuestos bajos traen prosperidad para todos, incluidos los que menos pagan, sin merma de los servicios. Y es igualmente lógico que se esfuercen por propagar la falsedad de que tales políticas no son posibles en las demás regiones para no sufrir allí las derrotas que padecen desde el siglo pasado en Madrid.

El argumento es de una estupidez supina. Madrid es desde hace mucho tiempo la capital de España, y eso nunca le permitió ser tan rica. Pero como las demás regiones gobernadas por el PP, especialmente Galicia y Andalucía, no bajan los impuestos tanto como Madrid, porque de hacerlo tendrían que sacrificar algunos servicios sociales, es el propio PP el que confirma el argumento de la izquierda. Si Feijóo y Moreno Bonilla se decidieran de una vez a aplicar en sus regiones la política fiscal madrileña, verían cómo el efecto económico sería similar. De hecho, ha bastado un pequeño retoque a la baja en Andalucía para que la región disfrute un cierto despegue económico, y la relativamente benévola política impositiva de Feijóo ha hecho que una región tradicionalmente pobre, en términos comparativos, ya no lo sea tanto.

Lo terrible de la propuesta de Casado no es por tanto que no se decida a hacer suya la política económica de Ayuso como que evidencie que no quiere enfrentarse a los argumentos de la izquierda ni defender lo que se supone que son las ideas del PP. La izquierda lleva lustros empobreciendo a España friéndola a impuestos y el PP, cuando ha gobernado la nación, ha hecho poco por evitarlo al hacer suyo el sofisma de que, a más alta fiscalidad, más servicios sociales. Recuérdese la subida temporal de impuestos del PP en 2011, que es lo que le llevó a la derrota en Andalucía en 2012 y a perder casi cincuenta escaños en 2016. La mayor parte del electorado del PP, incluido el de fuera de Madrid, espera de Casado que asuma como propio el programa de Ayuso. Si lo que quiere es ganar descafeinando sus recetas para ver si le vota algún socialista, se estrellará, porque, los gane o no, perderá muchos más del lado de los liberal-conservadores. Exactamente como le pasó a Rajoy.

¿De quién depende Dolores Delgado?
EDITORIAL. Libertad Digital 30 Abril 2021

Delgado cerrará su tiempo como una fiscal general abominable; la única duda es si acabará sentada en el banquillo de los acusados.

A nadie podía caberle duda alguna de para qué nombraba Pedro Sánchez a Dolores Delgado, uno de los ministros más desprestigiados del Gobierno por aquel entonces, como fiscal general del Estado. Si para un puesto en el que debería exigirse una neutralidad exquisita se elige a una persona de un sectarismo probado, vinculada con alguna de las redes delincuenciales más repugnantes del mundo policial y de la propia Justicia, a la que todo el mundo ha visto celebrar y jalear la comisión de gravísimos delitos, es porque se anda buscando un perro de presa capaz de hacer lo que sea.

Y sí, Dolores Delgado está siendo ese perro de presa; pero además lo está siendo más allá de lo que podían esperar los más pesimistas: desde el primer minuto, está demostrando que su servilismo al Gobierno está por encima de cualquier otra consideración e incluso por encima de cualquier voluntad de disimular, de cualquier mínimo decoro.

Es este un rasgo bastante común en el entorno gubernamental. Quizá se deba a que, en su voluntad de mantenerse para siempre en el poder, creen que sus desmanes nunca les pasarán factura, quizá porque desprecian las instituciones y la democracia o quizá por una combinación de ambos factores, pero nunca había habido un Gobierno tan descaradamente liberticida y con tal falta de pudor democrático.

Un comportamiento que ya es lamentable en cualquier ámbito pero que aún lo es mucho más, y también más peligroso, en el de la Justicia. Por eso Dolores Delgado no sólo pasará a la historia como el peor fiscal general del Estado en lo que va de democracia, sino que está provocando la rebelión casi diaria de sus subordinados y causando un daño difícilmente reparable a una institución que es central en el Estado de Derecho.

Delgado cerrará su tiempo como una fiscal general abominable; la única duda que queda es si su comportamiento, cada día más cercano a la prevaricación, la llevará o no a tener que comparecer ante un tribunal no como fiscal sino como acusada.

En cualquier caso, las responsabilidades políticas de su actuación están ahí, pero conviene no olvidar que no todas son suyas: buena parte son de quien la nombró no mucho después de aquél célebre y ominoso: "¿De quién depende la Fiscalía? Pues eso".

¿Qué provecho ha obtenido España del actual gobierno socio-comunista?
“Los presidentes no heredan problemas. Se supone que los conocen de antemano, por eso se hacen elegir para gobernar con el propósito de corregir dichos problemas. Culpar a los predecesores es una salida fácil y mediocre”, Ángela Merkel
Miguel Massanet. SXl 30 Abril 2021

No es fácil tener a un pueblo enganchado a la zanahoria que le promete bienestar, mejoras, libertad, sosiego y seguridad cuando van pasando los días, las semanas, los meses y los años y nada se mueve, todo sigue igual; no mejoran las condiciones de vida y una pandemia mortal, en la que hubo negligencia en el momento de aceptarla, que hubo retraso en reconocer su gravedad y que no se tomaron las medidas preventivas y paliativas oportunas para enfrentarse a ella; que ha impactado en la nación con más virulencia y mortalidad que en otros países, que ha acentuado una crisis económica, agravándola y prolongándola, que ha sufrido una serie de retrasos debido a la falta de diligencia del Gobierno en cuanto a la adquisición de vacunas y a las trabas políticas que, en cada momento, ha utilizado para obstaculizar el trabajo y la libertad de actuación a las comunidades que no pertenezcan a su ideología política.

Sin embargo, ahora que el PSOE del señor Pedro Sánchez se ve abocado a unas elecciones, que no tenía previstas, en la comunidad madrileña, algo que les ha obligado a improvisar y ha pillado a contrapié al factótum de la Moncloa, el señor Redondo, todo el partido en pleno, ministros incluidos, ha iniciado una campaña deslavazada, politizada, maquillada y a cara de perro, cuyo objetivo principal se ha venido centrando en la descalificación, criminalización, insulto y acusaciones de fascista contra la actual presidenta de la comunidad, la señora Ayuso, que se ha visto precisada, con gran éxito, todo hay que decirlo, a defenderse del acoso de todos los partidos de la izquierda, que han presentado aspirante a la presidencia de la comunidad. Eso de achacar maneras fascistas a todo aquel que no tiene simpatías por el comunismo o es separatista tiene su enjundia, debido a que, si nos tuviéramos que fiar de las calificaciones de fascista que parten desde todos los partidos de izquierdas, sería evidente que, España, se habría convertido en un verdadero semillero de ellos. Evidentemente, el sentido peyorativo que se le da al término, no tiene nada que ver con el ideario del fascismo clásico, sino que hace referencia a cualquiera que no comulgue con las ideas progres, filocomunistas y totalitarias que son las que tienen en mente todos los que, en la actualidad, forman parte de los partidos que ocupan o colaboran con el gobierno de la nación.

Y es que, cuando el señor Pablo Iglesias habla de “déficit democrático en España” no acabamos de entender lo que, para él, sería el sistema democrático que le satisficiera, si es que estuviera en sus manos ordenarlo a su manera. Veamos si nos aclaramos escuchando al señor Echenique, este personaje atrabiliario que deambula por el Parlamento, cuando afirma, plenamente convencido de ello, que, “No van a imputar a Iglesias, porque el prestigio de la Justicia desaparecería para siempre". (P.E., 8 de octubre de 2020) dando a entender que, el señor Iglesias, está por encima del resto de españoles en cuanto a responder de sus actos, como le corresponde a cualquier ciudadano de a pie, si es que tuviera algo de que responder ante ella. Y qué diremos de la justificación de su falta de actuación sobre la mortalidad del Covid 19 en las residencias de ancianos, sobre las cuales tenía responsabilidades de vigilancia cuando, utilizando el manido sistema de endosarles las culpas a los demás para evitar que le afecten a él, el verdadero responsable, descarga su conciencia utilizando la siguiente frase: “Mi vicepresidencia no tenía mando único [sobre las residencias]. Las órdenes las redactaba Sanidad". (P.I., 9 de junio de 2020).

Pero este “pacificador”, este presunto redentor de una España que, según él, antes de que llegaran los de Podemos, estaba al borde de la “ruina”, no existía democracia, los empresarios se merendaban cada mañana a los obreros para el desayuno o la economía iba “dando tumbos” sin que hubiera alguien que, como ellos, pusiera orden para que todo funcionara bien, nos dejó frases tan edificantes como esta: ”Los trabajadores públicos que van a ser fundamentales para seguir combatiendo la pandemia no son policías y militares" (P.I., 22 de septiembre de 2020).

Lo que muchos españoles nos preguntamos ¿qué es lo que han hecho de bueno, cuáles han sido sus logros, cómo han contribuido al aumento de puestos de trabajo, a la reactivación de las industrias, a mantener vivo el turismo tan duramente atacado por el coronavirus y qué medios exitosos han utilizado para reducir el desempleo o por qué los señores que están en ERTEs no figuran como desempleados para las estadísticas sobre el verdadero número de personas que, hoy en día, no trabajan y que viven a costa del erario público que, como es sabido de todos. se nutre de nuestros impuestos. No han bajado impuestos y lo que vienen anunciado es que van a subir los que hay y crear nuevos. Han promulgado una nueva Ley de Educación que merecería ser puesta como ejemplo del sectarismo más antidemocrático, fruto de la mente torticera de una ministra, la señora Celaá, que aparte de contener fragmentos que seguramente serán declarados inconstitucionales por el TC, son una muestra más de que, los ministros de Sánchez son unas verdaderas nulidades, que solo actúan movidos por sus ideas políticas, sin tener en cuenta el interés general de los españoles ni la constitucionalidad de las leyes que van sometiendo a la aprobación de un Parlamento que sólo actúa como lacayo de lo que dispone el señor Sánchez.

¿Cómo es posible que estos políticos socialistas y comunistas, que tanto critican la gestión del Madrid de la señora Ayuso que, por otra parte, ha sido la comunidad que mejor se ha portado desde el punto de vista económico durante la pandemia que estamos padeciendo, se atrevan ahora a ofrecer mejoras, a programar cambios que mejorarían la vida de los madrileños o pongan en duda las medidas sanitarias, incluidos los nuevos hospitales que se han gestionado en la comunidad?, cuando es evidente que, los mismos políticos que hacen la crítica, no han sido capaces de mejorar la gestión de Ayuso en el resto de comunidades de España. Critican con fruición algo que ellos, desde el mes de marzo del año 2020, han sido incapaces de controlar; es más, permitiendo la manifestación de feministas en Madrid, desaconsejada por todas las instituciones, permitieron que 100.000 personas interactuasen sin protección alguna, siendo motivo de la escalada incontenible de contagios que se produjeron gracias a la estulticia gubernamental.

Tienen la cara dura de recriminar, al actual gobierno de la comunidad madrileña, por no haber hecho lo que ellos, con un fracaso de resultados absolutos, no han sido capaces de mejorar y, al tiempo, pretenden convencer al pueblo de la comunidad, que la gestión que ellos se ofrecen a implantar va a sacar a los madrileños de los atolladeros en los que, los socialistas y comunistas, habían metido al resto de comunidades en las que ellos mismos son los que han asumido la gestión de la pandemia, con resultados que claramente se han mostrado como inadecuados, insuficientes, poco meditados y, todos ellos tutelados y dirigidos desde el Gobierno central que, en este aspecto, no ha hecho otra cosa que intentar ocultar, disimular, negar o escurrir el bulto, cada vez que se le ha acusado de mentir o de ocultar datos.

Aparte de intentar implantar, en toda España, sus métodos frente-populistas con la intención de convertir a nuestro país en uno más en los que, la hoz y el martillo, han venido haciendo estragos en las vidas de sus ciudadanos; sería conveniente que estos que nos gobiernan nos dijeran en qué aspectos, desde que ellos llegaron al poder, esta “democracia” que ellos tachan de “deficitaria” ha mejorado, y cuáles son los beneficios que han reportado a España y a la vida y derechos de los españoles, aparte de a los gay, lesbianas y al separatismo catalán y vasco. La intervención de los nuevos ministros que suplieron, en su día, a los del PP, con una gran cantidad de mujeres, no se ha notado en mejora alguna de la gestión. Porque, si tenemos que ser sinceros, y lo somos, mucho nos tememos que, si descontamos las montañas de actuaciones televisivas, el control casi absoluto de todos los medios de información, la demagogia que han esparcido por todo el territorio español en cada ocasión en la que han podido colarla, las mentiras, los engaños, las descalificaciones del adversario y la utilización de medios y artimañas para evitar el control de las cámaras de representación popular, incluso cuando tienen la mayoría a su favor; con la malévola intención de hurtar a los españoles los debates que, en la mayoría de casos, sacarían los colores en aquellos que tuvieran que defender las leyes que intentan aprobar por decretos que, posteriormente, pasan sin pena ni gloria por la aprobación, sin discusión, por la cámara baja.

O así es como, señores, desde la óptica de un ciudadano de a pie, nos resulta difícil de poder asimilar que, quienes no han sabido gobernar, no han obtenido resultados positivos visibles en su paso por el Gobierno, no han sido capaces de controlar, con efectividad, una pandemia en la que, si en algo ha mejorado la situación, ha sido porque hemos recibido vacunas, algo en lo que, evidentemente, el gobierno se ha limitado a actuar de intermediario. Ahora, no obstante, se presentan como aspirantes a gobernar la comunidad madrileña, sin otro bagaje que los fracasos conseguidos en el resto de España, ofreciendo a los madrileños beneficios y mejoras que han sido incapaces de proporcionar a aquellos que son ciudadanos de aquellas comunidades sobre las que gobiernan. La desvergüenza que tienen todos aquellos que, para conseguir sus fines ilícitos, no paran mientes en los medios de los que se valen, sean cuales quiera que fueren, tanto legales como ilegales, con tal de derrotar al adversario político. Esperemos que, en el caso de Madrid, la victoria de la señora Ayuso, sea un soplo de aire fresco en la política nacional. Y una frase ad hoc de George Washington: “El gobierno no es una razón, tampoco es elocuencia, es fuerza. Opera como el fuego; es un sirviente peligroso y un amo temible; en ningún momento se debe permitir que manos irresponsables lo controlen”. Tomen nota, por favor, de ello.

Datos de Amnistía Internacional
La terrible herencia de Iglesias y Errejón en Venezuela: su proyecto para España
Redacción https://rebelionenlagranja.com| 25 abril, 2021

Son indudables y reconocidas las tareas de asesoramiento, colaboración y alianza de Pablo iglesias, Iñigo Errejón y Juan Carlos Monedero con el régimen tiránico de Venezuela. Los muchos venezolanos que viven exiliados en España, suelen decir que el pasado y presente de su país podría ser el futuro del nuestro, y que nada mejor que mirarse en su espejo para conocer los planes y los efectos de las políticas de los líderes de Podemos.

Amnistía Internacional ha venido denunciando las innumerables violaciones de los derechos humanos por parte del régimen bolivariano, siempre ensalzado por Pablo Iglesias, por Iñigo Errejón y por Juan Carlos Monedero. Cuando ellos nos hablan en nombre de la democracia, no podemos dejar de pensar en la Venezuela de Hugo Cháves Frías y Nicolás Maduro. La curiosa modalidad de lucha antifascista de Pablo Iglesias y los suyos consiste en ser los colaboracionistas de una de las mayores tiranías del planeta.

Los datos de Amnistía Internacional son escalofriantes. El Informe dice así:

«En la crisis continuada de derechos humanos que sufría Venezuela se recibieron de nuevo noticias sobre ejecuciones extrajudiciales, uso excesivo de la fuerza y homicidios ilegales cometidos por las fuerzas de seguridad a lo largo del año. Quienes criticaban las políticas del gobierno —como periodistas, profesionales de la salud y activistas de la política— eran objeto de medidas represivas que incluían la criminalización, los juicios injustos y la detención arbitraria. Se recibieron informes de tortura y otros malos tratos y desaparición forzada de personas detenidas arbitrariamente. Los defensores y defensoras de los derechos humanos sufrían estigmatización y encontraban dificultades para llevar a cabo su labor. La crisis humanitaria empeoró, con una escasez generalizada de servicios y unos elevados índices de pobreza extrema. La pandemia de COVID-19 agravó tanto esta situación como el deterioro progresivo de la infraestructura del servicio de salud. Las personas que regresaban al país eran recluidas en centros de cuarentena estatales en condiciones y durante periodos que podían constituir detención arbitraria y malos tratos. La Misión Internacional Independiente de Determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela, establecida por la ONU, determinó que existían motivos razonables para creer que en el país se cometían crímenes de lesa humanidad desde 2014 y que el presidente Maduro y altos cargos militares y ministeriales habían ordenado los crímenes documentados en el informe que presentó, o habían contribuido a su comisión.

Ejecuciones extrajudiciales
Siguieron recibiéndose informes de ejecuciones extrajudiciales llevadas a cabo por las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana y el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC). Según informes recibidos por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), al menos 2.000 personas murieron en el país en el contexto de las operaciones de seguridad que tuvieron lugar entre el 1 de enero y septiembre. Hasta junio, el Comité de Derechos Humanos del estado de Zulia había registrado 377 muertes, al parecer a consecuencia de la violencia ejercida por estas fuerzas policiales en ese estado. Las víctimas fueron principalmente hombres jóvenes que vivían en barrios de bajos ingresos y que, según afirmaban las autoridades, habían sido detenidos de forma arbitraria en circunstancias relacionadas con enfrentamientos con la policía.

Detención arbitraria
La detención arbitraria siguió formando parte de la política de represión contra la disidencia.

Según la organización venezolana de derechos humanos Foro Penal, hasta octubre se habían registrado 413 detenciones arbitrarias por motivos políticos. Este tipo de detenciones había aumentado tras la declaración en marzo del estado de alarma en respuesta a la pandemia de COVID-19.

Además de los activistas políticos, 12 profesionales de la salud que criticaron públicamente la respuesta del gobierno a la pandemia sufrieron detenciones breves y, posteriormente, restricciones.

Se utilizó la pandemia de COVID-19 para restringir la notificación de las detenciones, por lo que las familias de las personas recluidas se veían obligadas a depender de información no oficial sobre su paradero. Esta incertidumbre y la vulnerabilidad de quienes estaban en prisión se vieron agravadas por la suspensión de las actividades de los tribunales y del Ministerio Público dictada como parte de las medidas para contener la pandemia.

Continuaron la práctica de la desaparición forzada, los periodos de detención en régimen de incomunicación y el aislamiento en las etapas iniciales de la reclusión, lo que dejaba a las personas detenidas más expuestas a la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes.

Los congresistas Renzo Prieto y Gilber Caro, detenidos por las FAES en marzo de 2020 y diciembre de 2019, respectivamente, sufrieron largos periodos de aislamiento y detención incomunicada. Los dos estuvieron recluidos en comisarías policiales que no cumplían las reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos.

La contadora Maury Carrero fue detenida arbitrariamente en abril, al parecer por su relación con un asesor de Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional. Carrero fue acusada por un tribunal que se ocupaba de casos de “terrorismo” y fue trasladada al Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF), donde permaneció incomunicada cinco meses. Durante ese tiempo no se proporcionó información oficial sobre ella.

El presidente Nicolás Maduro indultó el 31 de agosto a 110 personas que habían sido criminalizadas, entre ellas Renzo Prieto, Gilber Caro y Maury Carrero. En los días siguientes y durante el resto del año se llevaron a cabo nuevas detenciones arbitrarias. Entre los detenidos figuraba Roland Carreño, periodista y miembro del partido Voluntad Popular, que fue privado de libertad en octubre.

Tortura y otros malos tratos
Continuaron llegando informes sobre el uso de la tortura para obtener confesiones o declaraciones incriminatorias. La OACNUDH documentó 16 casos en los que se denunciaba el uso de métodos tales como palizas, descargas eléctricas, asfixia y violencia sexual. La Misión de la ONU de Determinación de los Hechos sobre Venezuela informó sobre el uso de métodos de tortura cada vez más violentos por parte del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) y la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), así como sobre el uso de instalaciones clandestinas por parte de la DGCIM.

Las autoridades no investigaron las denuncias de tortura y otros malos tratos, que quedaron impunes.

Uso excesivo de la fuerza
El uso excesivo e ilegal de la fuerza por parte de la policía, el ejército y los grupos armados contra manifestantes seguía siendo generalizado. Las autoridades no tomaron medidas significativas para impedirlo.

Hubo numerosas denuncias de uso indiscriminado de la fuerza durante las operaciones de cumplimiento de la ley. En mayo, un enfrentamiento armado entre presuntas bandas delictivas en Petare, un barrio de bajos ingresos de Caracas, provocó una operación conjunta de la policía y el ejército que duró más de una semana. En ese periodo se recibieron varios informes de episodios constantes de disparos indiscriminados y denuncias de ejecuciones extrajudiciales.
Impunidad

La impunidad por violaciones de derechos humanos y crímenes de derecho internacional seguía siendo la norma.

La OACNUDH publicó en julio un informe sobre la independencia judicial y el acceso a la justicia en el que se concluía que las víctimas de violaciones de derechos humanos no podían acceder a la justicia debido a obstáculos estructurales, especialmente la ausencia de independencia judicial.

En septiembre, el Ministerio Público anunció que 565 funcionarios encargados de hacer cumplir la ley habían sido acusados de violaciones de derechos humanos cometidas desde agosto de 2017.

También en septiembre aparecieron nuevos indicios relativos a la detención arbitraria, desaparición forzada, tortura y muerte en junio de 2019 de Rafael Acosta Arévalo a manos de la DGCIM. Las contradicciones y lagunas de la investigación penal pusieron de manifiesto la necesidad de que éste y otros casos similares fueran investigados de manera independiente.1 El Ministerio Público reabrió la causa.

Juicios injustos
Seguían utilizándose juicios injustos para criminalizar a quienes mantenían opiniones distintas a las del gobierno de Maduro. Continuó el uso de la jurisdicción militar para procesar a civiles o personal militar retirado.

Rubén González, preso de conciencia y líder sindicalista detenido en 2018 que cumplía una condena impuesta en un juicio injusto al que lo había sometido un tribunal militar, quedó en libertad en el marco del indulto del 31 de agosto.

La OACNUDH señaló importantes deficiencias en el sistema judicial, los tribunales y el Ministerio Público, e hizo hincapié en los casos de falta de independencia y de injerencia de otras autoridades públicas.

La mayor parte de los circuitos judiciales suspendieron sus actividades a partir del 15 de marzo debido a las restricciones por la COVID-19, y únicamente seguían funcionando los tribunales competentes en materia de delitos flagrantes.

Escrutinio internacional
A pesar de los esfuerzos del gobierno de Nicolás Maduro por eludir el escrutinio del sistema interamericano de derechos humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dictó durante el año siete medidas cautelares en favor de personas en Venezuela.

Continuó el monitoreo de la situación del país a través del Mecanismo Especial de Seguimiento para Venezuela (MESEVE) creado por la Comisión Interamericana.

La OACNUDH mantuvo un equipo de dos oficiales en el terreno, y en septiembre anunció el refuerzo de su presencia en el país y se comprometió a que tres procedimientos especiales visitarían Venezuela en 2021.

La Misión de la ONU de Determinación de los Hechos sobre Venezuela hizo público en septiembre su primer informe. En él se afirmaba que las autoridades y las fuerzas de seguridad venezolanas habían planificado y llevado a cabo desde 2014 graves violaciones de derechos humanos, algunas de las cuales —como las ejecuciones arbitrarias y el uso sistemático de la tortura— eran constitutivas de crímenes de lesa humanidad, y que existían motivos razonables para creer que el presidente Maduro y parte de su gabinete ministerial habían ordenado los delitos documentados en el informe, o habían contribuido a ellos.

Represión de la disidencia
La política de represión para acallar la disidencia y controlar a la población continuó y se intensificó durante la pandemia de COVID-19 y en el periodo previo a las elecciones parlamentarias de diciembre.

Los miembros de la Asamblea Nacional sufrían un patrón de represión que incluía la detención arbitraria, el uso indebido del sistema de justicia y las campañas difamatorias.

Continuó sometiéndose a presos de conciencia a restricciones graves y enjuiciamientos.

El sistema judicial seguía instrumentalizándose políticamente contra la disidencia, lo que incluía dictar sentencias contra los partidos políticos que criticaban al gobierno.

Libertad de reunión
Las restricciones a la libertad de reunión pacífica y de asociación seguían siendo práctica habitual.

Según la ONG Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, hasta noviembre se habían registrado más de 9.000 protestas provocadas por diversas cuestiones como, por ejemplo, la falta de asistencia médica durante la pandemia de COVID-19, los bajos salarios, los elevados precios de los alimentos, los retrasos en la distribución de los fondos de ayuda alimentaria y la carencia de servicios básicos (incluido el combustible). Unas 402 de estas protestas recibieron como respuesta ataques de la policía, el ejército o grupos armados progubernamentales, que causaron la muerte de 6 manifestantes y lesiones a otros 149.

Libertad de expresión
Según la organización de la sociedad civil Espacio Público, entre enero y agosto se registraron más de 747 ataques contra la prensa y periodistas, incluidos actos de intimidación, ataques digitales, censura, detenciones arbitrarias y agresiones físicas. Muchos de ellos tuvieron lugar después de que en marzo se declarara el estado de alarma en respuesta a la pandemia de COVID-19.

El 21 de agosto, los periodistas Andrés Eloy Nieves Zacarías y Víctor Torres perdieron la vida en una operación de seguridad de las FAES en el estado de Zulia. El Ministerio Público puso en marcha una investigación sobre la posible ejecución extrajudicial de los dos hombres y se dictó una orden de detención contra seis agentes de las FAES.

Darvinson Rojas, periodista y preso de conciencia, fue detenido de forma arbitraria por difundir información sobre la COVID-19. Quedó en libertad al cabo de 12 días, pero siguió sometido a restricciones y actuaciones penales.

El periodista y preso de conciencia Luis Carlos Díaz también siguió sometido a graves restricciones e investigación penal.

Defensores y defensoras de los derechos humanos
Las defensoras de los derechos humanos seguían sufriendo amenazas y estigmatización en el ejercicio de su labor. El Centro para los Defensores y la Justicia denunció que hasta junio se habían efectuado más de un centenar de ataques —que incluían actos de criminalización, hostigamiento, ataques digitales y detenciones arbitrarias— contra defensoras de los derechos humanos.

En agosto, la organización humanitaria Acción Solidaria fue asaltada por agentes de las FAES y ocho personas permanecieron detenidas durante varias horas.

Vanessa Rosales, defensora de los derechos humanos en el estado de Mérida, fue detenida de manera arbitraria en octubre por orientar a una niña de 13 años que estaba embarazada como consecuencia de una violación sobre los procedimientos para poner fin a la gestación.

Hubo profesionales de la salud y periodistas que informaban sobre la pandemia de COVID-19 que sufrieron hostigamiento y amenazas. Algunos fueron acusados de incitar al odio.

Derechos de las personas refugiadas, solicitantes de asilo y migrantes
El número de personas venezolanas refugiadas y migrantes que huían a otros países en busca de protección internacional seguía aumentando, y llegó a 5,4 millones al concluir el año.

Las autoridades restringieron la entrada a Venezuela durante la pandemia de COVID-19 a un máximo de entre 100 y 300 personas al día, limitando así la entrada y salida de nacionales del país. Muchas de las personas que deseaban regresar habían sido excluidas de las medidas de asistencia de los países de acogida durante la pandemia. Se criminalizó y estigmatizó a quienes trataban de entrar en Venezuela por vías irregulares.

La cuarentena obligatoria bajo custodia del Estado fue un ejemplo de la respuesta represiva a la COVID-19. Hasta agosto, según informes oficiales, 90.000 personas que regresaron a Venezuela habían pasado por los centros estatales conocidos como “PASI” (Punto de Atención Social Integral) para cumplir la cuarentena obligatoria. Sin embargo, estos centros seguían procedimientos arbitrarios y militarizados que daban lugar a medidas punitivas y represivas, y no daban prioridad a la atención médica y la prevención del contagio. Las condiciones de los PASI eran precarias y, en muchos casos, incumplían los protocolos de la Organización Mundial de la Salud. Se tuvo información de que los centros, por ejemplo, carecían de agua potable, alimentación adecuada y acceso a asistencia médica. El tiempo que las personas permanecían recluidas era en muchos casos arbitrario y no se basaba en criterios objetivos, lo que unido a las inadecuadas condiciones de los centros de cuarentena estatales podía constituir malos tratos y detención arbitraria.

Emergencia humanitaria
La emergencia humanitaria continuó y se intensificó. Las condiciones imperantes —como la constante escasez de servicios básicos (agua, electricidad y combustible, entre otros), la deficiente infraestructura sanitaria y la dificultad para acceder a medicamentos y alimentos— se vieron agravadas por la COVID-19 y dificultaban seriamente la capacidad de la población para cumplir las medidas de contención impuestas para frenar la pandemia.

En julio, el Plan de Respuesta Humanitaria de la ONU para Venezuela señaló que se necesitaban 762,5 millones de dólares estadounidenses para proporcionar ayuda humanitaria a 4,5 millones de personas.

Según Acción Solidaria, 10 millones de personas quedaron sin recibir asistencia médica para trastornos y enfermedades tales como hipertensión, diabetes, mal de Parkinson, cáncer o malaria.

A pesar de la recomendación de la OACNUDH y la insistencia de la sociedad civil, el Programa Mundial de Alimentos de la ONU (PMA) no obtuvo autorización para acceder al país.

Las medidas económicas —como el limitado aumento del salario mínimo a 1,71 dólares estadounidenses mensuales— intensificaron la acuciante situación económica, y al finalizar el año la hiperinflación estaba descontrolada.

El sobrecumplimiento de las sanciones impuestas por Estados Unidos creó dificultades para acceder a bienes y servicios en Venezuela.

Derechos de las mujeres
Según una coalición venezolana de ONG, las brechas de género —ya agravadas por la compleja emergencia humanitaria— se vieron exacerbadas por la COVID-19. La OACNUDH y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos señalaron las repercusiones que esta situación tenía para las mujeres, incluida la falta de acceso a servicios tanto de salud materna, sexual y reproductiva como de salud en general.

Aunque desde 2013 no había información oficial sobre el índice de feminicidios, las ONG denunciaron un incremento constante de la violencia contra las mujeres en el país. También según las ONG, en 2020 no funcionó ningún albergue para mujeres sobrevivientes de violencia.

La Misión de la ONU de Determinación de los Hechos sobre Venezuela documentó crímenes de lesa humanidad por motivos de género, como la tortura y la violencia sexual contra mujeres detenidas, perpetrados por la DGCIM y el SEBIN y en el contexto de las protestas.

Derecho a la salud
Los servicios de salud continuaron deteriorándose. La escasez de medicamentos básicos, que resultaban inasequibles para la mayor parte de la población, se intensificó. La respuesta del Estado a la COVID-19 se vio gravemente afectada por la falta de acceso a servicios de salud adecuados.

El personal médico y de salud no disponía de equipos de protección individual ni de medidas adecuadas de protección contra la COVID-19. Muchas de las personas que expresaron su preocupación por esta cuestión fueron detenidas y criminalizadas. También preocupaba la falta de transparencia por parte de las autoridades en relación con la realización de pruebas diagnósticas, los índices de contagio y las muertes debidas a la COVID-19.

Se tuvo información de que los servicios públicos de salud no atendían adecuadamente a las mujeres embarazadas sospechosas de tener COVID-19.

Derecho a la alimentación
En mayo, el Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros (CENDAS-FVM) informó de que la canasta básica familiar mensual —la relación de alimentos básicos que se consideraban necesarios para una familia venezolana promedio— costaba 513,77 dólares estadounidenses. En agosto, la misma organización denunció que sería preciso tener ingresos 184 veces superiores al salario mínimo para cubrir la canasta básica mensual.

En julio, la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (ENCOVI) informó de que el 96% de los hogares venezolanos estaba en situación de pobreza, y el 79% en situación de pobreza extrema e incapacidad de cubrir la cesta básica de alimentos.

En febrero, el PMA informó de que el 7,9% de la población venezolana sufría inseguridad alimentaria grave, el 24% (7 millones de personas) padecía inseguridad alimentaria moderada, y una de cada tres personas carecía de seguridad alimentaria y necesitaba asistencia. Esta situación se consideraba una de las 10 peores crisis alimentarias del mundo.

Los sistemas de distribución de alimentos, como los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), seguían sin cubrir las necesidades nutricionales de la población y funcionaban con arreglo a criterios políticos discriminatorios.

Derecho al agua
Los problemas de suministro de agua potable y servicios de saneamiento continuaron y se agravaron, lo que afectaba a las condiciones de vida y elevaba el riesgo de contagio de COVID-19.

Según la ENCOVI, sólo uno de cada cuatro hogares tenía suministro continuo de agua, mientras que la mayor parte sólo disponía de agua corriente algunos días de la semana (59%) o varios días al mes (15%). Los sectores más vulnerables de la población seguían viéndose obligados a abastecerse de agua procedente de camiones cisterna, pozos y manantiales.

Condiciones de reclusión
Persistían las muertes bajo custodia y la ausencia de investigaciones al respecto. Según la ONG Una Ventana a la Libertad, entre enero y junio se registraron 118 muertes bajo custodia.

El grave hacinamiento y las condiciones de insalubridad de las prisiones incrementaban el riesgo de contagio de COVID-19 para la población reclusa.

El Observatorio Venezolano de Prisiones informó en mayo de que 46 personas detenidas habían muerto a causa de la violencia desatada en el Centro Penitenciario Los Llanos (CEPELLA) de la ciudad de Guanare (estado de Portuguesa). El Ministerio Público abrió una investigación, pero al finalizar el año no se tenía constancia de progreso alguno.

Derechos de los pueblos indígenas
Los derechos de los pueblos indígenas seguían viéndose gravemente afectados por la minería ilegal practicada en el Arco Minero del Orinoco y otras partes del país. Según la OACNUDH, los elevados índices de explotación laboral, trata de personas y violencia se debían a un sistema de corrupción y soborno por parte de grupos delictivos que controlaban las minas y que operaban un sistema de sobornos a altos mandos militares.

Según el Foro Penal, 13 indígenas pemones estaban detenidos en espera de juicio a más de 1.200 km de su comunidad, sin que se hubieran tomado las medidas adecuadas para proteger su identidad cultural o garantizarles un juicio con las debidas garantías.

En abril, la comunidad indígena Wayuu del estado de Zulia organizó una manifestación para exigir servicios básicos, como el acceso a agua potable, una cuestión pendiente desde hacía mucho que se había vuelto más urgente por la necesidad de luchar contra la COVID-19. Los funcionarios militares respondieron con fuerza excesiva, y una mujer wayuu resultó herida.»

******************* Sección "bilingüe" ***********************

Creo porque es absurdo
Carmen Álvarez Vela. https://gaceta.es/ 30 Abril 2021

Sabíamos que en la campaña de Madrid no veríamos fair play, pero la desesperación de la izquierda ante unas encuestas desfavorables que dejaban a Iglesias fuera de juego antes de comenzar el partido ha distorsionado por completo la campaña electoral. Se ha jugado con fuego en un país que carga a sus espaldas ochocientos cincuenta muertos y miles de amenazados que dejaron una región mutilada por la limpieza ideológica llevada a cabo por el terrorismo de la extrema izquierda.

Con esta sangrienta historia reciente a cuestas, con muchas víctimas todavía vivas para contarnos su vida cotidiana de aquellos terribles años, el exvicepresidente se permite acusar a los demás de frivolizar con las amenazas que él sufre con dieciséis guardias civiles en la puerta de su casa. Para sí los hubiera querido Miguel Ángel Blanco, por ejemplo, secuestrado y asesinado por la banda a la que pertenecía su expresidiario amigo, Arnaldo Otegui. ¿No sentirá ahora un poquito de empatía por las víctimas de ETA? ¿Le seguirá encontrando fundamento político al terror etarra? No, él y sólo él, es la medida de todas las cosas.

La gran queja, en realidad, el enorme aspaviento de nuestra eterna ofendida izquierda reside en que se dude de los hechos que ellos relatan, no en la falta de condena de la violencia. Saben de sobra que todos los partidos políticos españoles condenan la violencia, excepto los que la justifican o la alientan: Bildu, ERC, la CUP, entre los más evidentes… ¡y, caramba, Podemos! Sobre todo, la condenan con especial énfasis aquellos a los que les llueven piedras en los actos políticos. Esos partidos suelen ser muy sensibles a la violencia -llámenlos raros- porque no se las mandan en sobres -que también, Abascal tiene colección-, lo cual resultaría mucho más cómodo. Según y como fuera la piedra, se podría colocar en un rincón del jardín o en una estantería colocada ad hoc como trofeo democrático. Llevártela puesta -la piedra- es más molesto, que se lo pregunten a la diputada de Vox, Rocío de Meer. Ah, no, que ya dijo Echenique que no era sangre lo que manaba de su ceja, que era kétchup; pero eso no es dudar, eso es negar.

¿Qué motivo tiene nadie para dudar del Gobierno? ¿Acaso ha mentido alguna vez? Si ante un hecho tan grave y terrible como una amenaza de muerte, la mitad del personal -cuidado que si todo el que ha dudado de la veracidad de las amenazas es de Vox, los de Abascal están al borde la mayoría absoluta- no se cree nada y se parte de la risa en las redes sociales, se puede deducir que el Gobierno de España tiene un gravísimo problema de credibilidad que se ha ganado a pulso.

Es probable que detrás de la incredulidad inicial sobre las balas que llegaron al mismísimo Ministerio del Interior y a la directora de la Guardia Civil -que al día siguiente se fue de mitin- o de la navaja ensangrentada -Lastra lo anunció enfervorizada como si de una buena noticia se tratara-, no haya mala fe, lo que hay es una ingenuidad inmensa. Hay optimismo, incluso. Significa que todavía hay quien cree que detrás de un Gobierno que sólo se dedica al agitprop, hay alguien que gestiona las cosas y que las gestiona bien. Como si no hubiéramos visto bastante inutilidad durante la pandemia. ¡No somos incrédulos ni mala gente ni faltones, somos bobalicones! Bienaventurados los que dudan, porque todavía creen que en España funciona algo.

Creíamos que con una alerta antiterrorista nivel cuatro, nuestras cartas se escaneaban y que las medidas de precaución eran extremas en todos los ámbitos. Y todo esto, a la hora que escribo estas líneas, se ha saldado con el despido de un vigilante. Si esto sucede en Correos, qué no estará pasando en otras administraciones. Ésta es una de las peores conclusiones -hay muchas- que debemos sacar de toda esta lamentable situación.

Que Correos no sepa sacar un ticket en blanco para dárselo a la persona que ha votado por correo y le entregue el ticket con el localizador del voto a una tercera persona es alucinante, increíble, impresentable; pero que se trague balas y navajas y las entregue en destino, cuando a mí no me ha llegado la tarjeta de felicitación de mi prima de Suiza, es incalificable.

Si mañana me cuentan que ha llegado un paquete de Correos con un fusil de avancarga con su bola de plomo, su baqueta y el mini cañón a juego con su poquito de pólvora -que los hay monísimos para fascistas nostálgicos- a La Moncloa, me lo creeré a pies juntillas. Cuanto más absurdo sea lo que me cuenten de esta nuestra realidad política nacional, más me lo creeré. Y ahora me acuerdo más que nunca de Tertuliano, que no fue periodista, pero bien pudo haberlo sido en estos tiempos, cuando dijo aquello de credo quia absurdum. Pues eso.
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