AGLI Recortes de Prensa   Viernes 14  Mayo  2021

Un año para no olvidar
Rafael Bardají. https://gaceta.es 14 Mayo 2021

Las elecciones de Madrid han alterado el “relato”, ese cuento con el que la mayoría de nuestros políticos nos quieren engañar aparentando seriedad y convicción. El de Génova, queriendo apoderarse de la victoria de Isabel Díaz Ayuso, es triste por escasamente creíble; el del gobierno, pavoroso, por soberbio y porque, mucho más grave, destila maldad.

Todo empezó con la delfina (supongo que como buena comunista-feminista me autorizará a utilizar semejante despropósito) del descoletado Pablo Iglesias, a la sazón ministra de Trabajo y vicepresidenta tercera, Yolanda Díaz, anunciando públicamente que “ahora empieza la legislatura” y que “lo mejor, está por llegar” y ha continuado con un fatuo Pedro Sánchez, afirmando que el pasado, pasado está y que el futuro es “vacunas, vacunas”, hinchando pecho porque en tres meses tendremos 10 millones de españoles completamente vacunados y, como tantas veces, olvidando su promesa de que para entonces sería el 70% de la población y ya habríamos alcanzado eso que se llama la “inmunidad de rebaño”.

Esto es, el Gobierno quiere que olvidemos todo el 2020 y lo que va de 2021 hasta el 4 de mayo, como si nunca hubiera existido y, aún peor, como si no hubiera pasado nada. Cosas tan banales para La Moncloa como contar con más de 100.000 fallecidos por covid, tener la tasa más alta de sanitarios contagiados, o sufrir la peor contracción económica del mundo occidental. “eso no es nada chiqui” que añadiría la ministra de los mil millones, María Jesús Montero. Y para quienes no quieren olvidar, una buena dosis de confusión y mentiras para aparentar que España no es diferente del resto y que lo que las respuestas del Gobierno son parecidas a la de nuestros vecinos. Falso, falsísimo.

El daño infligido por la pandemia tiene menos que ver con el virus que con la estructura política de una nación; menos que ver con la fortaleza -o fragilidad- del sistema sanitario que con la capacidad de previsión y reacción de sus dirigentes. No lo digo yo que soy un don nadie, que conste. Es el breve resumen que ofrezco de un concienzudo libro que acaba de sacar al mercado el famoso historiador Niall Ferguson bajo el título de Las políticas de las catástrofes. Lo que traducido aquí quiere decir que el dramático impacto en vidas y pobreza es una acumulación de las decisiones adoptadas por nuestro sonriente Gobierno, ese que prefiere las mansiones a los pisitos y el caviar a los berberechos. Quizá la mejor imagen de esta infamia en la que vivimos instalados es un Fernando Simón mostrándose decepcionado por el comportamiento de cientos o miles de jóvenes deseosos der escapar del estado de alarma, pero incapaz de aplicarse la más mínima crítica por decir aquello de que en España “no habría más de uno o dos casos”, que “las mascarillas no son necesarias”, que “los controles en los aeropuertos son fútiles” y que “la tercera ola no nos alcanzaría”.

No es de extrañar, por tanto, que el Gobierno quiera olvidarse de todo lo mal que ha obrado, consciente o inconscientemente, por activa o por pasiva. Su objetivo es que olvidemos para poder seguir disfrutando de las prebendas del poder. El nuestro, recordar las mentiras tras mentiras con las que nos han contagiado el miedo, han acallado las críticas y han buscado la docilidad social. Con nuestras vidas y con nuestro dinero. No lo olvidemos.

El virus todo lo ha tocado y todo lo excusa. Desde los peajes por usar las carreteras a los cientos de asesores de un gobierno elefantiásico. Al fin y al cabo, como decía la ministra de Trabajo, también Biden está llevando al Estado a su máxima expansión en América. Y es verdad, el experimento socialista no se acaba en nuestras fronteras. Dicho lo cual, frente al desastre de muchos, hay tres naciones que sí han sabido enfrentarse tanto al virus como al creciente estatismo con éxito: Corea del Sur, Taiwan e Israel. Hay razones que lo explican, pero serán motivo de otro artículo. Lo importante ahora es no querer olvidar.

Los cuatro problemas que provoca abusar de la deuda pública
Daniel Fernández. Libertad Digital 14 Mayo 2021

La recesión de 2020 ha sido económicamente devastadora en el mundo. La economía mundial no sufría una recesión de una profundidad similar desde hace 90 años, con motivo de la Gran Depresión. Sin embargo, parece que los efectos sociales de la última recesión que ha sufrido el mundo no se han puesto, todavía, de relieve. La razón de tal disparidad entre los fríos datos macroeconómicos y el "sentir popular" se puede encontrar en el enorme gasto público que fue impulsado de forma enérgica por la práctica totalidad de países en el mundo.

En este artículo vamos a argumentar que los incrementos desorbitados de deuda pública, como los ocurridos en 2020, no son gratuitos. El propósito de este artículo será, entonces, examinar los potenciales efectos económicos de acumular enormes cantidades de deuda pública.

Menor crecimiento económico
Los países con más deuda pública son también aquellos en los que menos crece su renta per cápita como podemos ver en el gráfico 1.

La relación económica que explica esta relación empírico-estadística es relativamente simple. Un exceso de deuda pública genera el denominado efecto expulsión. El efecto expulsión ocurre cuando el destino del crédito se redirige desde el sector privado hasta el sector público. En esta tesitura, el crecimiento de la deuda pública priva de fondos prestables al sector privado, provocando una menor generación de riqueza (sí, es el sector privado el que genera actividad económica, a lo más que puede aspirar el sector público es a establecer un marco que favorezca la iniciativa privada).

Desincentivo a la inversión y menor productividad
Este segundo problema es, en realidad, una extensión del primero. Uno de los mejores determinantes para saber el crecimiento futuro de una economía es su tasa de inversión. Cuando incrementa la inversión, incrementa la productividad, y con ella, el crecimiento económico.

Establecida la relación causal económica, es claro que, si hay mayor crecimiento económico en los países con menor deuda, muy posiblemente también serán países con más inversión y mayor crecimiento de la productividad. En el gráfico 2 podemos ver como países con menos deuda son también países en los que la inversión es mayor (curiosamente esto también desestima el habitual argumento de que la deuda pública se utilizaría para incrementar la inversión).

La mayor parte de economistas están convencidos de que la inversión pública es un tipo de inversión que genera beneficios económicos y en el cuerpo del texto hemos decidido no oponernos a esta visión. Sin embargo, el autor de estas líneas no puede estar más en desacuerdo con dicha afirmación. La inversión, para ser catalogada como tal, debe tener un principio económico. En concreto, una inversión exige que, en todo momento los flujos entrantes descontados esperados sean superiores a los flujos salientes descontados esperados. Para que esto tenga lugar, es imprescindible contar con precios de mercado. En este sentido, la mayor parte de proyectos públicos estiman precios sombra que nada tienen que ver con precios de mercado y que suelen ser estimados con supuestos irreales para hacer parecer que una inversión es viable. Una "inversión" pública cuyos criterios sean políticos y no económicos, es, simplemente, un gasto, no una inversión.

Derivado de lo anterior, y como estamos comentando, la producción por trabajador se acelera en lugares con poca deuda. En el gráfico 3 podemos ver esta relación.

Deterioro de la solvencia
Este es el problema más obvio de todos. Una persona o una empresa que, de forma reiterada, gasta más de lo que ingresa, termina quebrando y teniendo que hacer ajustes dramáticos en su nivel de gasto. Un Estado, como agente económico, tiene exactamente el mismo problema, si el gasto excede sistemáticamente al ingreso, terminará quebrando

Existe un punto de acumulación de deuda pública que la hace impagable. Este punto es muy difícil de estimar, por lo que se suelen emitir vagas recomendaciones al respecto. El FMI, por ejemplo, coloca como punto crítico que un país acumule deuda pública por encima de 2.2 veces sus ingresos fiscales. Los criterios de convergencia de la Eurozona obligan (aunque ningún país los cumple) a mantener la deuda pública por debajo del 60% del PIB y el déficit público anual por debajo del 3% del PIB.

Aunque no existe un punto inequívoco de acumulación de deuda por encima del cual existe riesgo de impago, el estudio de episodios históricos de quiebras soberanas nos puede dar una idea de donde podría situarse dicho límite.

La gran diferencia entre una quiebra del sector público y de un agente privado es que el segundo puede ser sometido a un proceso de venta de sus bienes para pagar sus deudas. El Estado, por su parte, puede ser sometido a un proceso similar por parte de otros Estados, pero, por desgracia, no por parte de sus ciudadanos (por tanto, la garantía de pago, a este respecto, es menor en el caso de que el deudor sea un Estado).

Algunas veces estas recomendaciones terminan tomando la forma de normas fiscales de (supuesto) obligado cumplimiento para la autoridad fiscal.

Relación entre inflación e impago de deuda
La vinculación entre inflación y acumulación de deuda pública (y quiebra soberana) es una relación que existe de forma relativamente moderna: antes del siglo XX no se ponía de manifiesto. La razón la podemos encontrar en la mutación del sistema monetario: desde un sistema metálico hasta un sistema basado exclusivamente en crédito y en la aparición de los grandes bancos centrales manejando la política monetaria.

Tal y como se puede observar en el gráfico 5, en el siglo XX aquellos países que se encuentran en un episodio de impago de deuda pública, muestran una inflación mucho más alta (más del triple) que los países que sí honran sus compromisos. El siglo XX, gracias al cambio de sistema.

La economía es una disciplina plagada de no linealidades que oscurecen, en muchas ocasiones, las relaciones causa-efecto. Los efectos económicos del incremento de deuda pública es uno de los aspectos donde la falta de relaciones lineales se pone de manifiesto con más ímpetu. El sustancial incremento de deuda pública durante años y su aparente falta de efecto sobre otras variables macroeconómicas hace caer en una complacencia casi absoluta a toda una profesión (economistas) y a los políticos que se dejan asesorar por ellos. Una no-linealidad en economía implica que las relaciones causa-efecto pueden permanecer durante mucho tiempo aletargadas para desatarse con una impetuosidad inusitada más adelante.

Me gustaría acabar el presente artículo con una nota pesimista, y otra optimista, con relación a la acumulación de deuda pública. La nota pesimista (los malos tragos, cuanto antes, mejor) es que los efectos económicos nefastos apuntados en el presente artículo se pondrán de manifiesto en algún momento futuro muy difícilmente determinable; no podemos escapar de los postulados de la economía más de lo que podemos escapar de los postulados de la física. La nota positiva (siempre perfecta para las despedidas) es que las no-linealidades nos dan tiempo para corregir una situación de desequilibrio y para paliar sus consecuencias negativas. Por tanto, si está leyendo este artículo a tiempo, exija a su gobierno disciplina fiscal (o castíguelo si no la cumple), no vote por candidatos que propugnan políticas fiscalmente irresponsables, y protéjase de la inflación evitando mantener altas sumas de dinero o activos muy líquidos.

Las formas de protegerse contra la irresponsabilidad fiscal de gobiernos son muchas más y lo aquí apuntado es una lista no exhaustiva de esas posibilidades.

El Gobierno debe dimitir
Guadalupe Sánchez. vozpopuli.es 14 Mayo 2021

Los timos de la izquierda en campaña
El Tribunal Constitucional acaba de confirmar que el Gobierno se valió de la urgencia generada por la peor pandemia de nuestra historia reciente para impulsar el proceso de colonización institucional, concretamente colocar a un vicepresidente segundo en una Comisión en la que se tratan los secretos más sensibles y críticos del Estado.

Las UCI se saturaban de enfermos por la covid-19, las morgues se llenaban de muertos que no iban a poder ser despedidos por sus familiares y los españoles asimilaban que debían permanecer encerrados en sus domicilios. Mientras esto sucedía, Sánchez y su Consejo de Ministros aprovechaban el real decreto en el que se adoptaban medidas sanitarias que cercenaban las libertades de millones de ciudadanos para colar de rondón en el CNI a uno de los suyos. Y no a uno cualquiera, no, sino a aquel que en el pasado presumía abiertamente de sus vínculos con el chavismo y con el régimen iraní: Pablo Iglesias. Sorteaban así al Congreso amparándose en una herramienta legal pensada para hacer frente a situaciones de extraordinaria y urgente necesidad. Cuán alejadas estaban nuestras urgencias como ciudadanos de las que realmente inquietaban a un Gobierno que alcanzó el poder prometiendo dignidad y progreso…

Los eslóganes de la Moncloa
Quienes denunciamos la cacicada jurídica y la falta de sensibilidad que demostraba esta medida en un momento de tanto dolor para los españoles, fuimos insultados y tildados de miserables y ruines. La consigna del rebaño era “aparta o aporta”. Había que remar todos a una y renunciar a la crítica en un proceso colectivo de ceguera autoimpuesta en el que la razón fue sustituida por eslóganes extraídos de la biblia de Mr. Wonderful telegrafiados desde Moncloa: a este virus lo paramos unidos, quédate en casa… Nosotros consumíamos su marketing mientras ellos se valían de la distracción para colocar su mercancía más radicalizada allá donde nunca debió estar.

Algo más de un año después, el Constitucional ha adelantado el contenido del fallo de la sentencia que resuelve el recurso de inconstitucionalidad planteado por Vox (también planteó otro el Partido Popular) entre acusaciones de deslealtad y de poner palos en las ruedas al Gobierno en el peor momento posible. Lo que afirma el Tribunal es que el precepto de la norma pandémica que declara la integración de Pablo Iglesias en la Comisión encargada del control del Centro Nacional de Inteligencia es nula, no debió de haberse producido. Que no alcanzan a vislumbrar la conexión entre las circunstancias desencadenadas a raíz de la pandemia y el cambio en la composición de la citada comisión para dar entrada a Iglesias. Que a los reales decretos leyes sólo puede recurrir el Gobierno en casos de extraordinaria y urgente necesidad (art. 86 de la Constitución) y que ésta no concurría en el nombramiento del vicepresidente segundo.

Uno no puede evitar preguntarse si el hecho de que el fallo de esta sentencia se haya hecho público días después de que Iglesias anunciase que abandonaba la política es fruto de la casualidad. Es una cuestión que, me temo, quedará sin respuesta. Tampoco sabremos qué rentabilidad e información se ha llevado el vicepresidente de su paso por el CNI.

Pero que Iglesias ya no ocupe cargos institucionales no nos puede conducir a aceptar que no se diriman responsabilidades. Lo que concluye la sentencia es gravísimo: evidencia que nos gobierna gente sin líneas rojas ni escrúpulos. El daño que ha hecho -y sigue haciendo- el Ejecutivo sanchista a la democracia española, a la calidad y a la neutralidad de sus instituciones, así como al Estado de Derecho es enorme, no sé yo si hasta irreparable. Ahora ya no es una mera opinión, sino una realidad judicial. El Gobierno debe dimitir en bloque.

El hedor de Iglesias en el CNI
EDITORIAL. Libertad Digital 14 Mayo 2021

El Tribunal Constitucional ha sentenciado que la inclusión de Pablo Iglesias en la comisión parlamentaria del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) fue ilegal, una cacicada de Pedro Sánchez para cumplir con las exigencias de su socio. Como se recordará, Sánchez aprovechó un decreto para hacer frente a las consecuencias sanitarias y económicas de la pandemia para colar al entonces vicepresidente en la comisión del CNI, con acceso a los expedientes y actividades de los servicios de inteligencia.

Dos días después de aquel decreto, el 19 de marzo, el entonces vicepresidente de Asuntos Sociales comparecía en rueda de prensa para prometer una sustanciosa inyección de fondos a fin de reforzar las plantillas de las residencias de mayores. "Para el Gobierno es una prioridad absoluta responder a la situación que se está originando en los centros de mayores, y este fondo de trescientos millones de euros va a emplearse para este fin", declaraba en rueda de prensa al lado del entonces ministro de Sanidad, Salvador Illa.

Los resultados de aquella prioridad se saldaron con el abandono absoluto por parte de Illa e Iglesias de las residencias de mayores y decenas de miles de muertos. "Es urgente medicalizar estos centros reforzando con personal y elementos sanitarios, con más recursos. Y muy importante, insisto, con equipos de protección individual para los profesionales de estos centros que van a adquirirse con este fondo", decía Iglesias poniendo cara de preocupación". La historia es conocida. La auténtica prioridad de Iglesias era acceder a la información del CNI, introducirse en el puente de mando de los servicios de inteligencia, desde donde podía disponer de claves de sumo interés para sus amigos bolivarianos e iraníes.

El Tribunal Constitucional ha sido rotundo. Sánchez facilitó el acceso de Iglesias a los secretos de Estado por un atajo, por una puerta de atrás y al socaire de una cortina de humo, las medidas frente al coronavirus. La sentencia deja claro que en la decisión del presidente del Gobierno no concurría la extraordinaria urgencia y necesidad que habilita al Gobierno para acudir al instrumento legislativo del decreto-ley, obviando el procedimiento legislativo ordinario o de urgencia, para regular dicho nombramiento.

Había que meter a Iglesias en la comisión del CNI aunque fuera a martillazos y así lo hizo Sánchez, ajeno a la más mínima sutileza política e inteligencia jurídica. La inclusión del líder de Podemos en la comisión era una de las condiciones impuestas para la formación de un Gobierno de coalición. Y Sánchez no dudó ni un instante en asumir semejante irresponsabilidad, la de que un personaje con el perfil internacional de Pablo Iglesias pudiera conocer los asuntos que maneja el CNI, influir en ellos y orientar las líneas estratégicas de dichos servicios. Por cierto, la sentencia del Constitucional también afecta a Iván Redondo, el director de gabinete de Sánchez, colado en la comisión del CNI en el mismo decreto.

Aún es pronto para calibrar los efectos catastróficos del paso de Pablo Iglesias por el Gobierno. Falta perspectiva. La sentencia del TC es un primer apunte, pero vendrán más. Estamos hablando de un personaje que montó una suerte de unidad secreta de asuntos internos en su partido para espiar a sus rivales políticos, dentro y fuera de Podemos, una especie de grupo destinado a darle información y protegerle ante expedientes tan malolientes como el del teléfono móvil de Dina Bousselham, la excolaboradora a la que le montó un remedo de diario digital para comprar su silencio. Valga decir que Dina Bousselham es una persona de gran notoriedad en los círculos monárquicos de Marruecos que en España, curiosamente, ejerce de tremenda republicana.

Estamos hablando también de un tipo que se rodeó de un grupo de matones, una escolta privada ilegal que tuvo su momento de gloria en los disturbios organizados por Podemos en Vallecas durante un mitin de Vox en la pasada campaña electoral de las autonómicas madrileñas. En Podemos dicen que no son guardaespaldas de Iglesias, sino personal "técnico", pero muchas imágenes ponen de manifiesto la verdadera función de esos individuos.

Iglesias se ha marchado de la primera línea política, pero no de la actualidad. Son muchos los expedientes judiciales sobre los que debe responder, empezando por el caso Dina y siguiendo por las irregularidades en la financiación de Podemos y que también están bajo investigación judicial. Por no hablar de lo ocurrido durante la pandemia. La sentencia del Tribunal Constitucional debería ser la primera de una cadena que proteja a los españoles en el futuro la participación en la vida pública de personajes tan siniestros, nefastos y perjudiciales como este individuo.

La resolución debería ser también un aviso para Pedro Sánchez, quien parece dispuesto a seguir cometiendo tropelías fuera de la ley para mantenerse en el poder. Por ejemplo, con el plan para indultar a los golpistas catalanes, unos tipos que de lo único que se arrepienten es de no haber forzado más la máquina para conseguir sus propósitos.

Roures se ofrece a Sánchez a cambio de que el Gobierno le salve de la quiebra
OKDIARIO 14 Mayo 2021

La situación de Mediapro, el imperio venido a menos de Jaume Roures, es desesperada. La SEPI le ha dicho «no» a su propuesta de rescate por no cumplir las condiciones exigidas, pero el empresario de ultraizquierda, amigo de golpistas, presiona al Gobierno para que le salve de la quiebra a cambio de poner toda su artillería mediática al servicio de los intereses del socialcomunismo. Después de los precedentes de Duro Felguera y Plus Ultra, salvadas por el Ejecutivo pese a no cumplir las condiciones, Roures no quiere ser menos e insiste para que Sánchez dé el visto bueno al rescate. Mediapro no cumple con las condiciones, pues ni es solvente, sus problemas no son puntuales por el Covid y tampoco es estratégica. El máximo responsable de Mediapro, consciente de que la empresa no entra dentro de los parámetros fijados para recibir ayuda, ha pasado al ataque.

Después del fracaso sin paliativos del socialcomunismo en Madrid, Roures pretende seducir a Sánchez con un plan de apoyo mediático a gran escala. Es decir, poner a las productoras del grupo al servicio de La Moncloa para hacer frente a la derecha. El problema es que si Sánchez accede, el escándalo sería mayúsculo y el caso podría terminar en los tribunales de justicia. La agencia de calificación crediticia Moody’s ha asestado un duro golpe a la empresa de Roures al concluir que no tiene liquidez en caja suficiente para afrontar los pagos de los próximos seis meses, ya que tendrá un déficit de 225 millones, entre otros motivos, por los costes e indemnizaciones que tendrá que afrontar por la ruptura del contrato de los derechos de la Liga francesa. Un agujero cuatro veces mayor que los 55 millones de un crédito avalado por el ICO que consiguió el año pasado.

En estas circunstancias, Roures sabe que la situación desesperada de Mediapro corre paralela a la situación desesperada de Sánchez tras el batacazo del 4M. Y le ha dicho aquello de «yo por ti, tú por mí». Habrá que estar atentos por si se produce el enjuague.

Futuro de la seguridad en el Mediterráneo
Marín Bello Crespo. https://rebelionenlagranja.com/ 14 Mayo 2021

Siempre que se intenta ver más allá del presente, de saber qué es lo que nos espera al otro lado de la colina del tiempo, se corre el riesgo de equivocarse en el vaticinio sobre todo aquello para lo cual no tenemos todas las respuestas, ni estamos en condiciones de tener en cuenta la aparición de nuevas circunstancias imprevistas. Por muy claras que sean las señales en el presente, existe una proporción importante de incertidumbre en la extracción de conclusiones sobre el futuro, y más en el futuro de la seguridad en cualquier parte del mundo.

Una región con demasiadas certezas negativas y alta «densidad de riesgo»
En el caso de la región mediterránea, desgraciadamente la incertidumbre casi no tiene espacio. Cualquier análisis de la realidad actual, con todos los datos que la historia ha ido depositando en su espacio físico, con los acontecimientos que conocemos, muchos de los cuales han ocurrido en nuestro tiempo, con los conflictos y problemas que agobian a sus habitantes y con la aplicación prospectiva a los nuevos desafíos que vendrán sin duda a sumarse a los riesgos y amenazas ya existentes, la conclusión no puede ser más que pesimista. Existen otros espacios de conflicto y tensión, pero si se puede cuantificar la “densidad de riesgo”, y a estas alturas y en esta era de los algoritmos hay seguramente más de un índice de medida, la cuenca mediterránea se lleva la palma.

Todas las graves amenazas a la seguridad y estabilidad mundiales enumeradas por la ONU- terrorismo internacional, crimen organizado transnacional, trata de personas, piratería, narcotráfico, cambio climático, flujos ilegales de personas y bienes, catástrofes naturales, pandemias, etc- están presentes en la región. Es por antonomasia el espacio planetario más relevante desde el punto de vista de la Desigualdad, de la Asimetría, de las Tensiones Religiosas y del Desequilibrio Cultural, Económico, Demográfico y Social. Y por si fuera poco, a sus problemas endémicos, que salvo en el aún no resuelto caso libio están enquistados o van a peor, han venido a sumarse al menos tres tendencias que tienden a expandir la sensación de inseguridad al norte y al sur de las costas del Mare Nostrum: el apoyo de potencias aliadas en la OTAN a bandos opuestos en conflictos locales, como ha estado ocurriendo en el conflicto de Libia desde que dicho país se convirtió en un Estado fallido y comenzó la guerra civil; la existencia de Poderes No Gubernamentales, empeñados en extender la inestabilidad política y social de las zonas en conflicto a los países ricos y desarrollados del norte, especialmente los de la Unión Europea, mediante su apoyo al flujo y a la presión crecientemente inasumibles de una marea humana dirigida hacia Europa en aras de una especie de imposición salvaje de un supuesto “globalismo” de desarrollo imprevisible; y, por si fuera poco, la aparición de una terrible pandemia de gravísimas y dramáticas consecuencias sociales, que ha interrumpido y descoyuntado el desarrollo económico y el entramado industrial y de servicios de todos los países de la cuenca mediterránea . En este contexto, se ha disparado el papel siniestro de diversas mafias internacionales en todos los tráficos ilegales, que hacen perentorio resolver los problemas de implantación de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (FRONTEX).

Empezando en el extremo oeste del Magreb por el contencioso no resuelto del Sahara Occidental, antiguo Sahara Español, que ha vuelto a erizarse desde finales del año pasado con los incidentes del paso de Guerguerat entre el Sahara Occidental y Mauritania, y terminando, más allá de los confines orientales del espacio mediterráneo, por la pugna entre Arabia Saudita e Irán, peones geopolíticos regionales apoyados por Estados Unidos y Rusia respectivamente, existe una línea de alta tensión que liga todo el Norte de África – rearme de Marruecos, rivalidad con Argelia, presiones de ambos sobre las aguas territoriales de los vecinos, conflicto en Libia con apoyos internacionales cruzados- con el sempiterno conflicto entre árabes y palestinos con Israel, inestabilidad en Líbano, guerra devastadora en Siria con participación exterior, rivalidad turco griega en el Egeo, conflicto enquistado en Ucrania, piratería y flujo constante de refugiados hacia la orilla norte, dominio de amplias áreas por organizaciones mafiosas…Todo el escenario es preocupante y la pandemia actual y su resaca económica posterior no harán más que agravarlo, como ya empieza a ocurrir en Líbano. Sobre este panorama gravitan, por si fuera poco, los intereses y las rivalidades, desgraciadamente crecientes, entre Estados Unidos, Rusia y China, ante la presencia inane de una Unión Europea absolutamente irrelevante como tal en el tablero geopolítico , que suple con dinero, buenas palabras y agendas diversas la carencia de una política exterior común que hay que reconocer que es muy difícil de establecer dadas las diferencias de algunos países de la misma sobre los conflictos existentes, y el caso libio hasta ahora es una buena muestra .

La amenaza principal en estos tiempos es la influencia que estos problemas añadidos están teniendo no solo en la seguridad exterior de los países europeos, sino en su propia estabilidad y en la pervivencia de los valores democráticos que sustentan un estilo de vida hasta ahora pacífico y próspero en el interior de nuestra Europa. La pandemia es una tragedia gravísima, con sus dramáticas secuelas económicas y sociales, que golpea los fundamentos mismos de la existencia y la convivencia que hemos considerado siempre esenciales, y que tardaremos un tiempo en recuperar. El gran desafío de la orilla norte es recuperarse cuanto antes y recuperar al mismo tiempo su luz, el faro de estabilidad que proyecta, que también está ahora amenazado.

Incertidumbres y certezas en el norte y en el sur
Colocar la aguja de la predicción de la seguridad mediterránea en el sur y en el este, incluso a corto plazo, más allá de situarla entre las marcas “Inquietante” y “Desoladora”, es una tarea ardua más apta para profetas que para analistas. La certeza es que la inestabilidad perdurará mientras las pugnas violentas de las diversas partes en conflicto en la región estén apoyadas por intereses geopolíticos ajenos enfrentados entre sí. Puestos a soñar de forma positiva, las palabras mágicas serían Estabilidad y Tiempo. Que podrían ir acompañadas de No Injerencia, Cooperación y No Creación de Problemas Nuevos: ya se ha visto en Irak, Siria y Libia lo que pasa cuando a los grandes poderes les da por derrocar regímenes, armar a “opositores”, desestabilizar territorios, alimentar revueltas y “liberar” pueblos. Continuar, fortalecer y extender las iniciativas existentes tanto en el campo de la seguridad como en el de la cooperación son la mejor manera de asegurar la estabilidad, que es la llave del progreso, del desarrollo, de la paz y de la prosperidad, por supuesto también en la orilla norte de nuestro Mar Interior, que además tiene que reconstruir su maltrecha economía tras el azote terrible que padecemos. Lo demás está, como diría Liddell Hart, al otro lado de la colina.

Marín Bello Crespo, General de Brigada de Infantería (R)
Ex Jefe de la Brigada Multinacional “Salamandra” en Bosnia Herzegovina
Ex Jefe del Estado Mayor de la Fuerza Terrestre
Asociación Española de Militares Escritores

Muerte y destrucción: el penoso 'eterno retorno' de la 'resistencia palestina'
Masha Gabriel. Libertad Digital 14 Mayo 2021

Nada de esto es realmente nuevo, después de todo. Ya conocemos el guion. De tanto en tanto, cuando se precisa un revulsivo, los árabes palestinos escuchan de boca de sus líderes que la mezquita de Al Aqsa está en peligro y que los judíos buscan expulsarlos de Jerusalén y "judaizar la ciudad".

Podemos remontarnos incluso a épocas anteriores a la independencia de Israel; por ejemplo, a 1928-1929, cuando, bajo el grito de guerra de "¡Defended los Santos Lugares!", una virulenta campaña de agitprop llamando a la yihad contra los judíos y orquestada por el futuro aliado de Hitler, el gran muftí de Jerusalén Amín al Huseini, dio lugar a palizas y apedreamiento de judíos en el Muro y culminó en disturbios generalizados y el asesinato de más de 200 judíos en toda la región. Así como en la destrucción total de la milenaria judería de Hebrón.

En el año 2000, tal y como explicó posteriormente el líder de Hamás Mahmud Zahar, "el presidente Arafat dio instrucciones a Hamás para que llevara a cabo un cierto número de operaciones militares en el corazón del Estado judío, tras darse cuenta de que sus negociaciones con el Gobierno israelí habían fracasado". Pero necesitaba una justificación, y aquí volvió el argumento de "¡Al Aqsa está en peligro!". La visita de Ariel Sharón al lugar más sagrado del judaísmo, el Monte del Templo, a pesar de que no acudiera a ninguna de las mezquitas que allí se encuentran, fue la excusa para lanzar una sangrienta intifada contra Israel que duró años y en la que miles de personas fueron asesinadas o mutiladas.

Más recientemente, en 2015, se hizo correr el falso rumor de que Israel iba a cambiar el statu quo en la Explanada de las Mezquitas. El líder "moderado" –tal y como lo define la prensa internacional– Mahmud Abás declaró el 16 de septiembre de ese año: "[La mezquita de] Al Aqsa es nuestra, y ellos [los judíos] no tienen derecho a contaminarla con sus sucios pies. No vamos a permitirlo y vamos a hacer todo lo que esté en nuestro poder para proteger Jerusalén". Siguió una ola de violencia, asesinatos, atentados, confrontaciones, etc. Ni más ni menos que aquello que pedía u ordenaba Abás.

Lo que se desprende de esto es la existencia de un patrón que, sorprendentemente, vuelve a coger desprevenidos a muchos analistas. En esta nueva temporada de ¡Al Aqsa está en peligro!, las lecturas mediáticas en español se centran en si Israel hizo tal o cual cosa para merecer lo que le está pasando. Toda responsabilidad parecer recaer sobre Israel. Así, las crónicas arrancan su relato con la polémica alrededor del barrio de Sheij Yarrah y la orden de desalojo de varias familias palestinas dictaminada por la Corte Suprema de Israel, tras fallar en favor de sus propietarios originales. O bien afirman:

La ola de violencia que durante el mes de Ramadán había estallado en Jerusalén, donde más de 300 palestinos resultaron heridos el lunes en choques con la policía en la mezquita de Al Aqsa, se ha extendido hasta el enclave de Gaza.

Pero observemos bien la cronología de estos acontecimientos. Tal y como refiere Palestinian Media Watch, ya desde antes del Ramadán había programas en la televisión palestina que incitaban a la violencia contra los judíos. Al principio de la festividad religiosa, los palestinos se enfrentaron contra las fuerzas de seguridad israelíes con piedras y cócteles molotov. Además, jóvenes palestinos extremistas atacaron a transeúntes judíos ultraortodoxos, filmaron las agresiones y las publicaron en TikTok. Estos vídeos se convirtieron en un fenómeno en las redes sociales palestinas, lo que, oficiando de efecto llamada y emulación, estimuló nuevos ataques y confrontaciones en las calles con grupos de radicales israelíes que, a su vez, también salieron a las calles.

Ahora bien, supongamos por un instante que uno considera la decisión de la Corte Suprema israelí injusta, o que se opone terminantemente a la decisión de la Policía israelí de poner barreras cerca de la plaza de la Puerta de Damasco para minimizar las concentraciones masivas durante el Ramadán. ¿Justifica eso un ataque por parte de Hamás contra la población civil israelí con más de mil cohetes? ¿De verdad vemos un vínculo de causa-efecto en esto? Tan proclives como son algunos a hablar de la "desproporcionalidad" israelí, ¿son incapaces de ver una desproporción en la reacción palestina?

Tal vez, para entender todo el cuadro, deberíamos ampliar el foco y prestar atención a qué hacen y dicen los líderes palestinos. Contrariamente a lo que parecen insinuar algunas de las aproximaciones mediáticas más en boga, no se trata de una "revuelta" de chavales menores de edad que tan sólo "reaccionan" ante las acciones israelíes.

La insalvable querella fratricida entre Fatah y Hamás no sólo les impide la unidad de acción, sino que, por sobre todas las cosas, lleva años castigando a los palestinos y sumiendo en el olvido su causa. Especialmente doloroso les resultó en los últimos meses el abandono por parte de los países árabes, que elegían un camino de paz y normalización con Israel. Algo insoportable, también, para la industria antiisraelí y todos sus actores: Irán, los líderes palestinos, los activistas de toda procedencia y pelaje…

El 29 de abril, el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abás, ante la perspectiva de una clarísima derrota en las urnas, canceló por enésima vez en más de diez años las elecciones palestinas, previstas para finales de mes. La guerra por el liderazgo de la resistencia estaba servida. Hamás, que nunca cesó en su hostigamiento contra Israel (en la noche del 24 de abril había lanzado 30 cohetes), calificó la decisión de golpe de Estado y subió la apuesta. El objetivo no es sólo dirimir quién llevará en adelante la voz cantante en la calle palestina, sino aportar mártires, muertos e imágenes suficientemente insoportables para la sociedad árabe en general con el propósito de, si no romper los Acuerdos de Abraham, al menos debilitarlos.

Paralelamente, desde principios de semana grupos de árabes israelíes empezaron a atacar a judíos en las calles, a quemar escuelas, sinagogas y coches en ciudades de población mixta. La violencia antisemita en Lod fue de tal magnitud que el presidente Rivlin lo calificó de "pogrom" y se tuvo que imponer un toque de queda en la ciudad. La ruptura de la convivencia asusta más a muchos ciudadanos que los cohetes.

El grupo terrorista Hamás, que dice amar tanto a Jerusalén, se dedica a lanzarle cohetes desde Gaza. Abás, que dice querer tanto a su pueblo, lo manda a morir intentando matar. Y el periodismo, que quiere tanto a los palestinos, encubre a sus líderes, negándoles la capacidad de ser agentes morales y de responsabilizarse de sus propios actos.

Israel y la islamoizquierda
Santiago Navajas. Libertad Digital 14 Mayo 2021

Cada vez que Israel se defiende de los ataques terroristas de los islamistas, en Occidente una ola de solidaridad se desata. Solidaridad con los terroristas. Hay quienes lo hacen de buena fe, abducidos y manipulados por el relato de muchos medios de comunicación que presentan a los terroristas como si fuesen David luchando con inofensivos cohetes contra el poderío destructor de los misiles de Goliat. Es una ironía que los antisemitas recurran a una una parábola judía. Nunca hay que olvidar que los judíos formaron el Estado de Israel en 1948 huyendo de un programa de exterminio en los países europeos. Allí se encontraron con otra amenaza de genocidio por parte de los países musulmanes.

Sesenta años después, gran parte de Occidente sigue viendo a Israel y a los judíos como los malos de cualquier película. Especialmente entre la izquierda. En octubre del año pasado el exlíder del laborismo inglés, Jeremy Corbyn, fue suspendido por su propio partido por haber creado una cultura tolerante con el antisemitismo. En Francia, el Gobierno de Macron está investigando la propagación en la Academia del islamo-izquierdismo, la variante posmoderna de una alianza entre intelectuales de extrema izquierda e islamistas, fanáticos políticos del islam, que comenzó a formarse cuando Sartre y Foucault apoyaron al imán Jomeini en el golpe de Estado que los integristas dieron en Irán. Los dos filósofos franceses consideraban que para luchar contra la civilización liberal que trataban de destruir, los fundamentalistas islámicos serían unos buenos aliados.

En España, políticos de extrema izquierda utilizan a los palestinos como carne de cañón y escudos humanos marioneteados por los terroristas islamistas para tratar de debilitar y, en última instancia, destruir Israel, en lo que sería un nuevo Auschwitz. Íñigo Errejón retuerce los tuits para evitar hablar de los bombardeos que realiza la organización terrorista Hamás contra Israel.

Es decir, Errejón pide a Israel que se suicide. O, dicho de otro modo, el dirigente de la ultraizquierda, que adora a Hugo Chávez y defiende la dictadura de Maduro, pretende que la única democracia de Oriente Próximo, rodeada de algunos de los países más tiránicos del mundo, como Siria e Irán, todos ellos de mayoría musulmana, se rinda y entregue a sus ciudadanos a un exterminio seguro. De esta manera, Errejón se suma a los que, como Erdogan, el aliado de Zapatero en la Alianza de Civilizaciones, piden mano dura con Israel.

En su lucha contra el capitalismo y el liberalismo político, la izquierda no duda en aliarse con quien haga falta. Si Stalin fue capaz de aliarse con Hitler, ¿qué escrúpulos morales pueden imponerse al odio que destila la extrema izquierda hacia los mercados libres y las sociedades abiertas? Como sostiene uno de los máximos expertos contemporáneos en neoantisemitismo, Alvin Hirsch Rosenfeld, el islamoizquierdismo consiste en la esperanza, albergada por una secta revolucionaria, de ver al Islam convertido en la punta de lanza de una nueva insurrección. En este caso, en forma de una Guerra Santa contra el capitalismo global.

El odio los cría y ellos se juntan.

Si hubiera hecho caso a sus críticos, Israel ya no existiría
Marcel Gascón Barberá. Libertad Digital 14 Mayo 2021

El jueves por la tarde, tres días después del comienzo de la ofensiva de Hamás desde Gaza, a Israel se le abría un nuevo frente terrorista en el norte. Tres cohetes lanzados desde los alrededores de un campo de refugiados palestinos en el sur del Líbano caían en el mar sin provocar víctimas. La noticia agudizaba aún más la sensación de asedio en que viven los israelíes estos días.

Pese a las duras represalias israelíes contra sus infraestructuras y sus cabecillas, Hamás y la Yihad Islámica siguen disparando cohetes desde Gaza, y han obligado incluso a cerrar el aeropuerto internacional de Israel. Estos grupos terroristas han lanzado más de mil cohetes contra la población civil israelí, pero su arsenal de misiles parece no agotarse y los proyectiles siguen cayendo sobre las ciudades del Estado judío, incluida la normalmente segura Tel Aviv, de forma indiscriminada.

Por si fuera poco, turbas de musulmanes árabes de nacionalidad israelí han incendiado sinagogas e intentado linchar a sus conciudadanos judíos en localidades como Lod o Acre. Grupos de judíos han respondido a esta violencia con la misma moneda, dejando imágenes igualmente escalofriantes que han sido condenadas por todo el espectro político en Israel.

Mientras, la policía se ha visto incapaz por el momento de poner fin a esos disturbios, y la posibilidad de que una quinta columna activa de israelíes árabes se sume a las amenazas crónicas que acechan a Israel empieza a tomar cuerpo en los escenarios a corto plazo.

En estas circunstancias, los cientos de miles de ciudadanos que constituyen las Fuerzas Armadas de Israel se preparan para una nueva guerra que podría implicar volver a entrar en la ratonera de Gaza sin descuidar el frente del norte, que parece haberse activado esta noche.

Y en medio de este asedio, Israel ha de enfrentarse también a la hostilidad indisimulada de la mayor parte de la opinión pública democrática en todo el mundo. Numerosos líderes políticos occidentales y los principales medios de comunicación ignoran o tergiversan una vez más la sucesión de acontecimientos que han llevado a Israel a bombardear Gaza para exonerar a las fuerzas terroristas palestinas y culpar al Estado judío de la escalada.

Una de las trampas más habituales es presentar los bombardeos israelíes contra gerifaltes de Hamás y la Yihad Islámica en Gaza como una respuesta a los disturbios protagonizados días antes en la zona oriental de Jerusalén por jóvenes árabes. Según esta versión de los acontecimientos, a la que se han abonado ya muchos medios, Israel habría respondido con bombas a una protesta supuestamente pacífica.

La realidad es, sin embargo, muy distinta. A través de su policía, Israel trató las algaradas como un problema de orden público, y fueron los terroristas de Hamás que gobiernan la Franja de Gaza quienes abrieron las hostilidades al lanzar los primeros cohetes el lunes. Ante esto, Israel respondió con bombas de precisión que han logrado acabar con algunos de los máximos responsables de las facciones terroristas que destinan todos sus recursos y esfuerzos a tratar de asesinar al mayor número posible de israelíes, mientras buscan conmover al mundo con la miseria en que han forzado a vivir a los habitantes de Gaza.

Es casi seguro que, como afirma el Ministerio de Sanidad de Hamás, haya habido víctimas civiles entre los bombardeos. Como no se cansan de repetir los portavoces del Estado judío, las facciones terroristas palestinas disparan sus misiles desde zonas civiles, en cuyos edificios instalan sus centros militares, de desarrollo militar y de inteligencia. De esa forma, Israel acaba destruyendo viviendas y en ocasiones matando a gente inocente, a la que busca por todos los medios alejar del lugar de los bombardeos.

Analistas militares de todo signo coinciden en que Israel podría aniquilar a Hamás en unas pocas horas si empleara su capacidad militar con la misma falta de escrúpulos que muestra Hamás a la hora de tratar a los civiles, tanto árabes como judíos. Israel no lo hace porque su Ejército siempre ha tenido como política proteger a la gente inocente.

Pese a todas las calumnias y los llamamientos aparentemente bienintencionados a aflojar en su respuesta a los terroristas, la clase dirigente y la ciudadanía israelíes tienen muy claro que su supervivencia depende enteramente de la determinación y la eficacia con que se defiendan.

Solo esta lucidez y firmeza de propósito han permitido a Israel salir airoso de situaciones de asedio como la que ahora atraviesa, porque el Estado judío habría dejado de existir hace mucho si, como le piden sus críticos, hubiera tratado como pacíficos humanistas a quienes sacrifican a su propio pueblo para destruirlo.


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¿Quiere Casado salvar a Sánchez?
Emilio Campmany. Libertad Digital 14 Mayo 2021

Sánchez ha demostrado estar dispuesto a llevar el país al desastre con tal de presidirlo. Salvarle sería una grave deslealtad con los votantes del PP.

Sánchez se encuentra en estado de shock. A nadie se le ocurre culpar a los electores de equivocarse en la urna. Echarle una bronca al votante nunca ha sido la mejor manera de recuperar su favor. Enrabietado, ha comunicado urbi et orbi que piensa subir los impuestos a todo bicho que ande, repte o nade. Tampoco ha sido nunca muy electoralista sangrar a quienes te tienen que votar.

Sigue culpando a Madrid de todo lo malo que le pasa a España, como de que los británicos nos borren de su mapa turístico, cuando no es cierto que Madrid sea responsable de nada, pues, de haberlo sido, se habría limitado a esta comunidad la prohibición de viajar. Lo prueba el que los ingleses han salvado a Canarias y podían, si hubieran querido, exceptuar otras comunidades menos Madrid. Pretende también acusar a esta región de una rebeldía similar a la que los españoles hemos tenido que soportar con los independentismos catalán y vasco. Con ser un planteamiento increíble, algún margen de credibilidad podría haber tenido si Sánchez no hubiera estado durante toda la legislatura ansioso de entenderse con esos rebeldes catalanes y vascos con los que compara a los madrileños. Si puede entenderse con ellos, ¿por qué no también con los díscolos madrileños? Por otra parte, desde que se comprobó cuán rentable puede ser para una región tener un partido nacionalista con el que chantajear al Gobierno de turno, casi todas han vivido esa tentación, menos Madrid, que es la que menos puede ser acusada de tener esas veleidades, a pesar de que podría salir muy beneficiada de extorsionar al presidente de la nación como tantas veces han hecho los nacionalistas vascos y catalanes.

Se ha empeñado en convocar primarias en el PSOE de Andalucía en el único momento en que tiene cierto peligro de perder. Hasta tal punto es así que ha tenido que pedir paciencia a los de Esquerra en lo de los indultos hasta que quede resuelto ese frente, como si los socialistas andaluces no supieran que Sánchez se propone encontrar el camino de que los golpistas queden libres de toda culpa. Esas primarias las tenía ganadas cuando se creía, él y el resto de los socialistas, que era invencible. Ahora ya no está tan claro. Hasta Rufián se le ha subido a las barbas y le ha cantado las verdades del barquero cuando le ha espetado que cree más en su necesidad que en su voluntad, anunciándole que piensa exprimirlo como a un limón.

Lo que sería increíble en esta situación de enojada debilidad es que Casado se aviniera a echarle un salvavidas y pactar con él nada, mucho menos la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Sánchez ha demostrado estar dispuesto a llevar el país al desastre con tal de presidirlo. Salvarle de cualquier modo o manera sería una grave deslealtad con los votantes del PP, especialmente con los de Madrid, que sobre todo votaron contra Sánchez, no tanto por Ayuso y mucho menos a favor de Casado.

Selectividad y derechos civiles
Antonio Robles. Libertad Digital 14 Mayo 2021

Nos estamos acostumbrando al abuso. A dosis grandes, nos rebelamos; si lo dosifican como el veneno en homeopatía, lo ingerimos.

Los días 8, 9,10 y 11 de junio vuelven las pruebas de Evaluación del Bachillerato para el Acceso a la Universidad, vulgarmente conocidas como "la Selectividad". En ellas nuestros jóvenes se juegan el futuro. O al menos, así lo perciben. ¿Y qué hacen nuestros gobernantes nacionalistas? Recordarnos que hay ciudadanos de primera y de segunda. Sus hijos pueden hacer los exámenes en su lengua y los nuestros que se jodan. Si en la prueba académica más trascendental para su futuro es más importante la identidad lingüística del gobernante que los derechos civiles de los gobernados, ¿qué mierda de país tenemos?

Pónganse en el lugar de los chicos y chicas que viven la Selectividad con miedos y angustia, y necesitan tranquilidad y la mejor de sus armas para superarlas, la lengua en que se sienten más cómodos… ¿Hemos de hacer sacrificios al dios de la identidad lingüística de cada capataz territorial empeñado en priorizar sus delirios narcisistas sobre la empatía con quienes viven el trance con dramatismo?

El cuento empieza a ser una broma de mal gusto: ¿por qué los hijos de Prat de la Riba pueden hacer las pruebas en su lengua y los de Antonio Machado no? ¿Por qué, si todos somos ciudadanos, nuestros derechos son idénticos y la Constitución, que los consagra, nos ampara a todos por igual?

Son preguntas tan diáfanas, derechos tan obvios, que hemos acabado por extrañarnos de hacérnoslas. Hasta ahí llega la alienación, así de pornográfico es el abuso.

La resistencia ante el mal nunca decae, repetir lo obvio es imprescindible, recordar que tenemos derechos y el derecho a ejercerlos nunca es suficiente si la exclusión afecta a uno sólo de los ciudadanos. Sea quien sea, viva donde viva, hable una u otra lengua. Si nos acostumbramos al mal, la vida sigue, pero ya no se vive con dignidad.

Las familias agrupadas en la asociación cívico cultural Catalunya por España (ACPE) están gestionando una instancia para enviarla a los organismos competentes del Estado. La han hecho extensible a todas las Asociaciones de Familias de Cataluña (AFAS), para reivindicar el derecho a disponer en español de las pruebas de selectividad. Aunque tengan derecho, las autoridades políticas nacionalistas y las académicas (es una redundancia) sólo las reparten en catalán. Si algún alumno las quisiere, habría de levantar la mano, significarse, delatarse y solicitarla expresamente (quien no entienda esta frase, que venga a vivir a Cataluña). Y entonces, y en espera de la buena disposición de algún profesor, irían a buscarla. Sin ellas aun en su mesa, los examinadores darán las instrucciones del examen (son muchas y a veces complejas), sin que los solicitantes puedan cotejarlas. En el trance, pérdida de diez o quince minutos y nervios.

Habrá quien considere la incomodidad cosa sin importancia. No repara que un virus es un microorganismo invisible a ojo desnudo, pero con capacidad para afectar a seres vivos mucho mayores. La limpieza lingüística que se ha llevado a cabo en Cataluña desde los años ochenta permite que unos niños puedan estudiar en su lengua y otros no, justifica que la lengua de más de la mitad de la población haya desaparecido de las instituciones y esté proscrita en los medios públicos de comunicación, que empresas y entidades culturales reciban o no subvenciones en función de la lengua que usen, que se haya convertido en el salvoconducto para encontrar trabajo o para perderlo, que la hayan convertido en lengua propia e instrumento de demarcación para fundamentar sobre ella la identidad nacional, que a su vez justifique declarar la secesión de Cataluña violando la ley o exijan amnistía para los delincuentes que la han llevado a cabo. Y quizás lo peor, que la corrupción que tanto detestamos en los otros, si se ha hecho o se hace, en nombre de la lengua, entonces es justificable. A esos grandes abusos se llega, cuando transigimos en los pequeños.

PAÍS VASCO
Los jueces rechazan el "discriminatorio" requisito del euskera para ser policía en un consistorio del PSOE
JOSEAN IZARRA. Vitoria. El Mundo 14 Mayo 2021

Anulan una convocatoria de empleo en la Policía Local de Irun de doce plazas que establecía como condición acreditar el segundo idioma de Euskadi

Los jueces vascos consideran que resulta "discriminatorio" establecer como requisito saber euskera en el Ayuntamiento de Irun para ser policía local. Un consistorio guipuzcoano gobernado por el PSOE vasco que, como otros liderados por PNV y EH Bildu en Guipúzcoa, excluyen a cualquier candidato incapaz de acreditar la segunda lengua oficial del País Vasco. "No cabe que se exija el conocimiento del euskera a todos los cargos públicos cuando existe una masa de ciudadanos que no conocen (ni tienen la obligación de hacerlo) la lengua cooficial", señala la sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.

El Ayuntamiento de Irun gobernado por el socialista José Antonio Santano se sumó en 2020 al criterio utilizado por la mayoría de los municipios de Guipúzcoa de 'perfilar' todas las plazas de policía municipal que salen a concurso público, según fuentes policiales. De esta manera, prácticamente todas las convocatorias de policías locales establecen como requisito acreditar un nivel denominado PL2 para poder participar en un proceso selectivo.

Sin embargo, uno de los aspirantes denunció como "discriminatorio" este requisito apelando a lo recogido en el artículo 23 de la Constitución española que garantiza el acceso a la función pública para todos los españoles "en condiciones de igualdad". Su demanda fue inicialmente rechazada por un juzgado Contencioso Administrativo de San Sebastián que evitó pronunciarse sobre el fondo de la cuestión y argumentó que el ciudadano afectado tendría que haber recurrido las bases de la convocatoria en las que se incluía el euskera como requisito.

Pero, tras presentar un recurso ante el TSJPV, los jueces han establecido ahora que el requisito establecido en esta Oferta de Empleo Público sí que es discriminatorio porque no responde a la realidad sociolingüística de Irún y resulta imprescindible garantizar un "equilibrio" entre la igualdad de condiciones para ser funcionario en España y la promoción del euskera en Euskadi. Los jueces advierten que según informes elaborados por el propio Ayuntamiento de Irún sólo el 8% (4.960) de sus casi 62.000 habitantes utilizan el euskera como lengua vehicular.

Sin embargo, al analizar la obligatoriedad del conocimiento en la Policía Local se comprueba que de 80 plazas ya en 52 (65%) es obligatorio saber euskera y sólo en 28 aún no lo es. Pero además también en Irún se está euskaldunizando a marchas forzadas a sus policías locales al sacar a concurso únicamente plazas con este requisito. "Cuando un puesto queda vacante se le asigna una fecha de preceptividad ya vencida con la finalidad de que únicamente puedan acceder a él personas que acrediten el conocimiento de la lengua cooficial", constata la sentencia de la sala del TSJPV presidida por el magistrado Luis Garrido.

La sentencia incorpora referencias explícitas al papel que desempeña el castellano en España según la Constitución pese a la política forzada de euskaldunización que han impuesto los gobiernos nacionalistas especialmente en el ámbito educativo, el acceso a la función pública y la promoción de medios de comunicación. "Solo del castellano se establece constitucionalmente un deber individualizado de conocimiento y, con él, la presunción de que todos los españoles lo conocen", recoge la sentencia.

El Ayuntamiento de Irún ha trasladado a sus servicios jurídicos la sentencia sin aclarar, hasta el momento, si la recurrirán en el Supremo o la aceptarán sustituyendo el requisito del euskera por mérito. El PSE-EE defendió en la campaña electoral de las autonómicas de 2016 que incluía un video en el que se denunciaba la discriminación que sufren los castellanoparlantes para acceder a puestos en el Gobierno vasco, las diputaciones, los ayuntamientos y todas las empresas y fundaciones públicas.

"Es cierto, esto de no dejarte entrar por no saber euskera no pasa en ningún sitio en Euskadi. Salvo en uno, la Administración", decía en ese video la entonces candidata a lehendakari y actualmente vicelehendakari Idoia Mendia que se comprometió a equilibrar la promoción del conocimiento y uso del euskera con otras competencias profesionales para acceder a un cargo público y evitar la discriminación. Tras los comicios, Mendia pactó un gobierno de coalición presidido por Iñigo Urkullu y su promesa quedó guardada en un cajón. Tampoco en la legislatura iniciada el pasado mes de septiembre de 2020, PNV y PSE-EE se plantean cambios en la exigencia del euskera para acceder a alguno de los aproximadamente 150.000 puestos de la administración vasca.
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