AGLI Recortes de Prensa   Viernes 28  Mayo  2021

Gracia o Justicia
EDITORIAL. https://gaceta.es  28 Mayo 2021

Un indulto jamás se concede, perdón, jamás se puede conceder de una forma gratuita, sino que es un pacto que hace la sociedad con un condenado suponiendo en él el propósito de enmienda y la observancia de la legalidad. En el caso de los sediciosos catalanes, no hay suposición que valga. Todas sus declaraciones públicas —que jamás en la vida se ha escuchado tanto a unos presos— han ido en la línea contraria, negando la petición de indulto, anunciando que lo volverán a hacer y exigiendo amnistía general. Es decir, reclamando Gracia (el olvido del delito) con desprecio de la Justicia (el perdón de la pena a cambio del arrepentimiento).

Los padres de la Constitución decidieron, y los españoles lo aprobaron, prohibir los indultos generales, que es parecidísimo a lo que avanzó ayer el presidente del Desgobierno en el caso de los secesionistas-malversadores catalanes que en octubre de 2017 violaron la soberanía nacional, proclamaron una República y fracturaron, quizá para varias generaciones, a la sociedad catalana, enfrentando a padres contra hijos y contra hermanos, desterrando el sentido común junto a miles de empresas y alimentando la rabia de una parte de la sociedad catalana criada en un sistema educativo nacionalista por el que todos los permisivos, ambiciosos y cobardes Gobiernos de España deberían pedir perdón.

Conocemos bien los siguientes pasos que dará Sánchez porque están en la hoja de ruta del nacionalismo que le sirve de muleta de su cojera. Todo es posible para el socialismo adicto al derecho positivo que considera que una mayoría, aunque sea frankenstein, puede imponer su voluntad, cualquier voluntad, en democracia.

Dice el presidente Sánchez —a quien Dios no hace falta que confunda, que ya lo hace fenomenal él solo—, que en nuestra Constitución no cabe ni la revancha ni la venganza. Por supuesto que no. Pero tampoco cabe la idiotez, y ahí está, preparada para indultar —incluso desoyendo al Supremo— a quienes se jactan de que volverán a violar la soberanía nacional, el imperio de la Ley, el Estado de Derecho y, lo que es más importante, la unidad de la Nación sin la que nada de todo lo demás tiene sentido.

Frente a esto, y frente a la poderosa maquinaria de propaganda y agitación del Gobierno, sólo cabe una palabra: oposición. Oposición política, judicial, social, intelectual e internacional. Siempre oposición. Hoy, más que nunca, a la espera de lo que está por venir y que a buen seguro nos helará la sangre, la oposición se antoja indispensable. Estaremos atentos a las declaraciones de todos los partidos y de todos los medios para ver quién acaba disculpando los indultos en nombre de la ‘concordia’.

Aquel que lo haga, ese será el traidor.

Sanchismo o socialismo
OKDIARIO 28 Mayo 2021

Han sido varias las voces en el PSOE que se han mostrado en contra del indulto a los golpistas catalanes. A la postura crítica de dirigentes como Emiliano García-Page, Guillermo Fernández Vara u Odón Elorza, amén de Felipe González, se ha unido la fundación Alternativas, uno de los dos principales laboratorios de ideas que tienen relación con el PSOE. El Informe sobre la Democracia en España 2019 que la fundación publicó el pasado octubre expresa serias reticencias a la posibilidad de que el Gobierno indulte a los sediciosos.

«Independientemente de la lectura política que lógicamente acompaña a algunas decisiones, no es ilógico que entren en escena instituciones que, como el indulto, tienen su razón de ser en la necesidad de hacer efectivas las exigencias del principio constitucional de proporcionalidad, si bien es cierto que en este caso la falta de asunción de responsabilidad por los condenados convierte esta en una vía difícilmente transitable», se afirma.

El problema del socialismo es que está siendo fagocitado por el sanchismo. A nadie se le oculta que el propósito del jefe del Ejecutivo de conceder el perdón a los golpistas y sus argumentos para justificarlo, hablando de concordia en contraposición a la venganza, ha causado hondo malestar en amplios sectores de un partido que, sin embargo, carece de líderes capaces de plantar cara a la indigna voluntad de su jefe. Expresan sus reticencias con la mayor de las reservas, no vayan a enfadar a Pedro Sánchez. Ese es el drama del PSOE: que no hay dirigentes que se atrevan a dar un paso al frente.

Sánchez ha triturado al partido, una formación sometida a los designios de su secretario general, y las contadas voces que se atreven a cuestionar la suicida estrategia del jefe del Ejecutivo son conscientes de que ir más allá en sus críticas les convierte en presa fácil de Pedro Sánchez y su guardia pretoriana. En estas circunstancias, el PSOE se enfrenta a una disyuntiva compleja: sanchismo o socialismo.

Daos colaterales
Nota del Editor 28 Mayo 2021

La sistemática destrucción del PSOE por parte del dr cum fraude y sus quates sigue su curso, pero no podemos alegrarnos porque los daños colaterales son gravísimos.

El dr cum fraude sigue destruyendo lo poco que queda de España, lo que demuestra sin duda alguna, que el PSOE debe desaparecer. Si el el pasado hubo gentes que apoyaron al PSOE, deben entonar su mea culpa, porque sin ellos, que fueron sin duda indispensables para que otros pensaran que era un grupo polítoco decente, no habríamos llegado al desastre que se agrava cada día.

La última memez de un Gobierno de lunáticos
Editorial OKDIARIO  28 Mayo 2021

Será porque el Gobierno socialcomunista está en la luna o porque, de un tiempo a esta parte, Sánchez escruta la luz de las estrellas para encontrar el camino, el director del Gabinete del presidente del Gobierno y secretario del Consejo de Seguridad Nacional, Iván Redondo, ha anunciado la creación de una ‘Nasa española’. La Agencia Espacial Española que ha anunciado Redondo, sin dar más detalles, es la constatación de que el Ejecutivo ha perdido el contacto con la realidad y busca, desesperadamente, poner tierra de por medio y despegar hacia no se sabe dónde. Es, sencillamente, la delirante estrategia del socialcomunismo: ante la incapacidad manifiesta para hacer frente a los múltiples problemas que ha ido generando por su caótica gestión, pretende ahora desviar la atención de los españoles. La Nasa de Sánchez -mejor sería ASNA- es la última idea salida de la factoría de patochadas que dirige Iván Redondo, que tan pronto nos lleva a 2050 como cambia de rumbo y apuesta por una España galáctica.

Si no fuera porque este país no está para bromas, la propuesta del gurú del sanchismo sería para partirse de risa, pero no le vamos a dar el gusto al Ejecutivo. El anuncio es una más de las estupideces estratosféricas de un Gobierno que vive instalado en un mundo paralelo, ajeno a los problemas de los españoles. En los últimos días, Sánchez pretende invertir las tendencias que marcan las encuestas con extravagantes golpes de efecto que no son más que la prueba del nueve de la impotencia de un gabinete de lunáticos que han tomado por idiotas a los españoles. Lo peor es que esa NASA española que se ha sacado de la chistera Iván Redondo podría tener sentido dentro de un plan marco para reforzar la seguridad nacional, pero no se hagan ilusiones porque la Agencia Espacial Española del Gobierno no es nada más que propaganda: polvo de estrellas.

La AEE, una idea genial.
Nota del Editor 28 Mayo 2021

La creación de la Agencia Española para el Espacio es una idea genial.  Yo propongo que la primera misión, con ejecución inmediata, sea el envío de un artefacto tripulado a Marte o si hay mas dinero, algo mas lejos. Y sin duda alguna, el sujeto mas preparado para tripularla es el dr cum fraude, que hacia 2050 podrá ver desde allí que sus planes se habrán cumplido, y si esto no fuera posible, seguro que para los planes de los españoles de quitarnos de encima a tal miserable habrán valido la pena.

La Fundación Disenso analiza la ofensiva marroquí: ‘Madrid y Bruselas deben desvelar el verdadero carácter maquiavélico de Rabat’
https://gaceta.es 28 Mayo 2021

Con el objetivo de contribuir al debate sobre lo acaecido recientemente en la frontera hispano-marroquí, donde más de 8.000 personas, principalmente jóvenes y una considerable cantidad de menores, cruzaron la frontera para entrar en Ceuta de forma irregular, la Fundación Disenso ha presentado una nueva nota informativa titulada “Marruecos y España una vecindad difícil, una debilidad clara y una estrategia de Estado”.

Según el informe, la relación de vecindad entre España y Marruecos nunca ha sido fácil y nunca lo será. No obstante, España como frontera sur de la Unión Europea debería ser más contundente a la hora de fijar límites a esa relación de vecindad pues el Gobierno marroquí ha jugado con ellos aprovechándose de la incapacidad demostrada hasta ahora por España para plantar cara en cuestiones que suponen verdaderos atentados contra la soberanía nacional y europea, además de un menosprecio absoluto a los derechos humanos, como ha ejemplificado el uso de miles de menores a los que Rabat ha manipulado y engañado para abandonarles a su suerte en suelo europeo.

Los juegos de Marruecos a la hora de apretar o aflojar la porosidad de la frontera siempre han coincidido con momentos de cierto grado de reivindicación bilateral bien hacia España, bien hacia la Unión Europea. Con lo acontecido la semana pasada en Ceuta y los amagos en Melilla puede hablarse claramente de una estrategia de Estado y una voluntad decidida del país africano para llevarla a cabo sin temer las posibles consecuencias. En esa línea, Marruecos ha puesto en marcha distintas acciones que se enmarcan en una suerte de guerra híbrida perfectamente estructurada contra España.

La frontera de la Unión Europea con Marruecos es la más dramática del mundo en términos de desigualdad, un hecho que Rabat ha estado utilizando en su beneficio desde hace más de 30 años. Paradójicamente, Marruecos ha sabido ganarse al mismo tiempo un rol de Estado colaborador de Europa en la cuestión migratoria, lo que le ha permitido mantener una relación y un posicionamiento privilegiados ante la UE a la hora de obtener fondos, ayudas y apoyos institucionales. Lo acontecido estos días en Ceuta debería servir para que Madrid y Bruselas retiren el antifaz a Rabat y desvelen su verdadero carácter maquiavélico a la hora de utilizar en beneficio de sus intereses de Estado la suerte de miles de personas que se aventuran a cruzar a Europa con el sueño de lograr una vida mejor pero que terminan por convertirse en moneda de cambio e instrumento de presión de Rabat.

El informe también plantea que, desafortunadamente, en la esfera internacional Marruecos se siente especialmente empoderado, tras haber logrado que varios estados abran consulados en el Sáhara Occidental y, sobre todo, tras el reconocimiento por parte de la Casa Blanca en diciembre de 2020 de las aspiraciones de Rabat sobre este territorio de soberanía no definida y cuya cuestión debería decidir la ONU. La llegada de Joe Biden a la Presidencia de Estados Unidos, lejos de rebajar ese empoderamiento lo ha reforzado, pues el nuevo inquilino del Despacho Oval ha manifestado que, al menos por ahora, no tiene intención de retirar dicho reconocimiento de la reivindicación soberanista de Marruecos y ha reafirmado, en plena crisis de Ceuta estos últimos días, que para Washington Marruecos es un importante aliado.

Otra de las conclusiones a las que llega el documento de la Fundación Disenso es que Rabat juega un papel muy importante en materia de seguridad para España y, consciente de ello, utiliza dicha dependencia en su propio beneficio. Por un lado, por su interés en controlar el islam español, pues la principal comunidad inmigrante en España es la marroquí. Por otro, por el rol fundamental que juega Marruecos y sus Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado a la hora de prevenir y mantener bajo control la amenaza yihadista sobre España.

Si bien es cierto que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado españolas tradicionalmente reiteran las excelentes relaciones y la importancia de la colaboración con Marruecos en materia de seguridad, no puede perderse de vista que este factor podría terminar siendo una nueva arma en esa estrategia de guerra híbrida puesta en marcha por Marruecos contra España.

Puede descargar el informe completo en el siguiente enlace.
https://fundaciondisenso.org/2021/05/27/marruecos-y-espana-una-vecindad-dificil-una-debilidad-clara-y-una-estrategia-de-estado/

Diálogos humanistas
«Las organizaciones de la sociedad civil son indispensables para defender el estado de derecho»
Irene Villa. larazon 28 Mayo 2021

Naciones Unidas y la sociedad internacional avanzan para garantizar los derechos humanos. Necesitamos confianza y solidaridad. Esta semana se celebró un interesante diálogo virtual en el que los derechos humanos, la sociedad civil y las víctimas del terrorismo fueron el centro del debate de Naciones Unidas sobre medidas anti terroristas, violencia de género y amenazas de la paz y la seguridad internacionales. Coincidían en una necesaria legislación adecuada para apoyar a las víctimas de cualquier tipo de violencia y que sus necesidades sean escuchadas.

El documental «Víctima» llega en un momento oportuno y necesario. Todos los ponentes coincidieron en que es necesaria la visibilidad de las víctimas del terrorismo y que generaciones venideras no olviden lo que ha supuesto y supone la violencia en todo el mundo.

España es pionera (tristemente) en el trato de las víctimas del terrorismo por la enorme cantidad de personas afectadas de algún modo por el terror. El pasado 4 de febrero la AVT cumplió 40 años. Fue fundada por tres mujeres: Ana María Vidal Abarca, Sonsoles Álvarez de Toledo e Isabel O’shea, que consiguieron transformar el dolor en esperanza, buscando la verdad, la justicia y dando voz a las víctimas.

Se habló también de la importancia de un mejor diálogo intercultural, de la necesidad de actuar de manera oportuna para romper el círculo de la violencia y la radicalización y de la importancia de la prevención, que está principalmente basada en: crear cohesión social, luchar contra la polarización y estudiar las causas y motivos. En Alemania, el programa «Living Democracy» (que cuesta 1 millón de euros al año) trata de prevenir el extremismo de cualquier tipo y crear cohesión social en la sociedad civil.

Las organizaciones de la sociedad civil son indispensables para defender el estado de derecho, la equidad social y una filosofía humanista que proteja y vele por todos. Solo se puede ser eficaz si se trabaja mano a mano con las asociaciones, las familias, los servicios públicos, el Estado... En definitiva, concluyeron, se trata de hacer cumplir la ley con la unidad de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y las organizaciones de la sociedad civil.

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Indúltame otra vez
Sergio Fidalgo. okdiario 28 Mayo 2021

Si Pedro Sánchez, tal y cómo parece por sus declaraciones y las de otros miembros del Gobierno preparando el terreno, indulta a los golpistas separatistas habrá traicionado a los millones de catalanes que nos sentimos españoles. ¿Cómo se puede sacar de prisión a unos políticos que no sólo no se han arrepentido de sus delitos, sino que además han asegurado una y otra vez que los van a volver a cometer? ¿Cómo puede plantearse el PSOE, por un puñado de votos en el Congreso, el garantizar la impunidad de los que han querido acabar con nuestra democracia?

El PSOE se plantea indultar a los jefes políticos de los que han levantado barricadas con fuego en las calles de Barcelona; de los que han agredido físicamente a catalanes por no ser nacionalistas y de los que han señalado, atacado y destrozado sedes de partidos políticos de la oposición, incluyendo las del PSC. Son los que han convertido los medios públicos de la Generalitat es máquinas sembradoras de odio. Son los que el 6 y el 7 de septiembre de 2017 laminaron en el Parlament los derechos de la oposición durante la celebración de los llamados “plenos de la vergüenza”.

Son los jefes de los que han negado vacunas a los agentes de la Guardia Civil y la Policía Nacional durante semanas. Son los jefes de los que han incumplido una y otra vez varias sentencias judiciales. Son los que desobedecen la ley de banderas y se niegan a poner la enseña nacional en centenares de ayuntamientos catalanes. Son los que desprecian a los millones de catalanes que no somos nacionalistas, porque nos odian y nos quieren fuera de lo que consideran “su” país. Son los que quieren erradicar el español de las calles de Cataluña y señalan a los trabajadores que lo hablan para que los despidan.

Los partidos separatistas, y sus brigadas de la porra, llevan años insultando a los socialistas catalanes, a los que consideran tan “traidores” como al resto de partidos de la oposición. Han atacado tanto a Miquel Iceta o a Salvador Illa como a Inés Arrimadas, Ignacio Garriga o Alejandro Fernández. No se entiende cómo los socialistas pueden plantearse indultar a los que odian nuestra democracia desde una concepción tribal de la vida. Al separatismo catalán le molesta que los ciudadanos españoles seamos iguales ante la ley y no soportan que sus privilegios puedan ser cuestionados. El PSOE debería combatirles con firmeza democrática, pero por ganar un puñado de votaciones en el Congreso está dispuesto a humillarse ante Junqueras y sus aliados, y Sánchez intenta vender a los españoles que la justicia no puede ser “venganza” y así preparar el terreno para sacar a la banda de Lledoners de la prisión.

Pere Aragonès ha insistido en su reciente discurso de investidura en que su único horizonte es la república catalana y tomó posesión del cargo sin acatar explícitamente la Constitución. Y entiendo que lo haga. Si a su jefe, Oriol Junqueras, que intentó dar un golpe de Estado, es más que posible que lo indulten sin haberse arrepentido y asegurando que lo volverá a intentar, ¿para qué va a disimular? ERC y Junts podrán intentar rebelarse una y otra vez contra nuestra democracia, hasta que les salga bien y ganen la partida. A fin de cuentas, si los indultan una vez sin arrepentirse, pueden volver a conseguir medidas de gracia cuando se lo propongan, bastará con que sus votos sean necesarios en el Congreso. Ser delincuente sale gratis en España. Siempre que se sea un delincuente separatista que odie a nuestro país y tenga un puñado de diputados dispuestos a pactar con el Gobierno de turno. Basta con cantar “indúltame otra vez”, y el BOE estará a sus pies.

Nefasto choque entre poderes del Estado
Editorial larazon 28 Mayo 2021

Entre los argumentos que el presidente del Gobierno ha esgrimido para plantear el indulto a los condenados por sedición por los hechos del 1-O no ha aparecido en ningún momento uno de los que motivó la aplicación del artículo 155, el 21 de octubre de 2017, medida que contó con el apoyo del PSOE. En concreto, no ha respondido a una cuestión clave: si el orden constitucional ha sido restaurado en Cataluña, por lo que no es necesario que los presos que quisieron derrocarlo –las leyes, por lo menos, fueron aprobadas– continúen cumpliendo la pena que se les impuso.

Puede que los partidos independentistas, ERC y JxCat –más la colaboración necesaria de la CUP–, sigan en esa «ensoñación» que describió el Tribunal Supremo en su sentencia y que les impide hacer efectiva la «república catalana». Sin embargo, Pere Aragonès se comprometió en su discurso tras ser investido presidente de la Generalitat a «hacer inevitable» la autodeterminación y la amnistía, dos objetivos precisamente imposibles de alcanzar tal y como prescribe nuestra Constitución.

Así que, en algo no está del todo restaurada la legalidad constitucional si, de nuevo, se vuelve a malversar dinero público para conducir a la sociedad catalana a un callejón sin salida. De eso no nos cabe la menor duda. Pero todo indica que el Gobierno da por amortizado ese debate –y sus consecuencias– y acepta como mal menor que su socio de ERC quiera acabar con el «régimen del 78». El debate no es cómodo, aunque se insista en «naturalizarlo» por el hecho de que las medidas de gracias están en nuestra Carta Magna, sobre todo porque acabará provocando un conflicto institucional entre poderes, precisamente con los hechos más graves que ha sufrido nuestra democracia: un Gobierno que apoya un indulto y el Tribunal Supremo que lo rechaza, argumentado en un informe que, por su contundencia, ha dejado desnuda a La Moncloa.

Ante la posibilidad de que el indulto sea recurrido ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TS, que es a quien corresponde, el Gobierno no descartaría acogerse al artículo 38 del Ley Orgánica del Poder Judicial, que recoge que en el caso de conflictos entre jurisdicciones sea resuelto por un órgano constituido por el presidente del Supremo, que lo encabezaría, y magistrados de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TS y, en el mismo número de tres, miembros permanentes del Consejo de Estado. Sin duda, no es la mejor solución para aplicar una medida que es plenamente política, en tanto que sólo le corresponde al Gobierno, ejecutarla al tribunal sancionador y firmarla al Rey. De nuevo, entramos en un debate en el que las instituciones del Estado saldrán dañadas y el país más dividido, lo que el independentismo considerará una nueva victoria.

Los indultos convertirán a los sediciosos en presos políticos
Alejandro Tercero. CG 28 Mayo 2021

El Tribunal Supremo ha sido contundente a la hora de rechazar la idoneidad de los indultos a los presos del procés. En un informe impecable, la sala penal recoge los argumentos por los que considera que el Gobierno no debería conceder esta medida de gracia.

Así, el tribunal advierte de que no existe la responsabilidad penal compartida y, por tanto, no puede haber un indulto colectivo, como se pretende, aunque se disimule con la concesión de gracias individuales.

Recuerda que los indultos los pueden solicitar terceras personas para los condenados, pero solo “en su nombre”, y eso no ocurre en el caso de los presos de procés.

Subraya que no existe arrepentimiento por parte de los penados. Es más, en el caso de Jordi Cuixart, ha declarado al tribunal que “todo lo que hizo lo volverá a hacer”. Una “voluntad de reincidir en el ataque a los pilares de la convivencia democrática” que choca directamente con los fines que persiguen las penas: la reeducación y la reinserción social (artículo 25 de la Constitución).

Descarta las alegaciones de que las penas privativas de libertad afectan al círculo familiar y personal de los presos, pues supondría que aquellos penados socialmente desarraigados no tendrían derecho al indulto.

Deja claro que la sentencia no vulneró derechos fundamentales, como ha avalado el Tribunal Constitucional, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la Comisión de Venecia e incluso Amnistía Internacional.

Refuta las críticas a la supuesta desproporcionalidad de las condenas apuntando que la mayoría de las democracias tienen penas parecidas para hechos similares (conspiración para la sedición, en EEUU; alta traición, en Alemania, con entre 10 años de prisión y cadena perpetua; delitos contra la independencia o integridad en Francia, con cadena perpetua; ataques contra la integridad, independencia o unidad del Estado en Italia, con 12 años; atentado para destruir o cambiar la forma de Gobierno, en Bélgica, con entre 20 y 30 años; o intentar separar de la patria una parte del territorio, en Portugal, con entre 10 y 20 años).

El Supremo también alerta de que estos indultos podrían considerarse autoindultos --explícitamente prohibidos en el artículo 102 de la Constitución--, pues se otorgarían a “líderes políticos de los partidos que, hoy por hoy, garantizan la estabilidad del Gobierno llamado al ejercicio del derecho de gracia”.

Además, recuerda que las movilizaciones que dieron lugar a las penas “ni fueron pacíficas ni democráticas”.

Por todo ello, concluye que el indulto es “una solución inaceptable” para estos casos, pues no hay ninguna razón de “justicia, equidad o utilidad pública” que lo justifique. Y es que, añade, “la pena solo deja de ser necesaria cuando ha cumplido con la finalidad que legitima su imposición”. Cosa que no ocurre con los presos del procés.

Sin embargo, el Gobierno ha rechazado todos esos argumentos apelando a la convivencia. “La revancha o la venganza no son valores constitucionales. Hay un tiempo para el castigo y un tiempo para la concordia. El Gobierno tomará su decisión en conciencia a favor de la convivencia entre todos los españoles”, ha señalado Pedro Sánchez, en línea con otros miembros del Ejecutivo.

Pero lo cierto es que las penas de cárcel no son, según la Constitución, un castigo, una revancha o venganza, sino un medio para la reeducación y la reinserción. Y, en el caso que nos ocupa, está claro que todavía no han cumplido el objetivo encomendado.

Más absurdo todavía es buscar la convivencia mediante el indulto. Quizás habría que recordarle al presidente que ha sido la actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y de la justicia la que ha garantizado la convivencia en Cataluña, y no al contrario. Disolver la acción de la justicia --que es lo que supondría el indulto-- va justo en contra de la convivencia. Abaratar el precio de la sedición incentivaría a los independentistas a volverlo a hacer. Y lo peor de todo es que el Gobierno es consciente de ello.

Tampoco es sólido el argumento que esgrime el constitucionalismo catalán de tercera vía en el sentido de que los indultos ayudarán a atenuar el victimismo y el agravio y que facilitarán la desinflamación. Por no hablar de los que piden generosidad. El victimismo, el agravio y la inflamación estaban en Cataluña mucho antes de los presos. Y la experiencia nos dice que seguirán estando presentes en el discurso independentista con la misma intensidad con presos o sin ellos. ¿Alguien en su sano juicio cree que el independentismo se conformará con los indultos y olvidará el referéndum? En cuanto a la generosidad, ésta se otorgó con creces al condenar por sedición unos hechos que coinciden literalmente con el delito de rebelión, penado con más severidad.

Descartadas, pues, las principales razones enarboladas para perdonar a los sediciosos solo queda un motivo posible: el Gobierno necesita el apoyo inexorable del partido cuyo líder está en prisión.

Pero sea por una causa o por otra, llegamos a la terrible conclusión de que los motivos del Gobierno para conceder los indultos a los presos del procés son única y exclusivamente políticos. Ya sea como maniobra para “resolver el conflicto catalán” (en palabras del nacionalismo) --la tantas veces fallida estrategia del contentamiento-- o por necesidad parlamentaria, la gracia tiene razones exclusivamente políticas. Y eso convierte indefectiblemente a los presos en presos políticos.

¿Con qué argumento rebatirá el constitucionalismo al independentismo cuando se refiera a Junqueras, Cuixart, Bassa, Romeva, Forcadell, Rull, Turull, Forn y Sànchez como presos políticos (o ex presos políticos) si se les indulta con el argumento de que es políticamente conveniente? Es un contrasentido que se quiera indultar a los presos del procés para descargar de razones a los independentistas cuando eso precisamente les llena de razones. Nos hemos pasado años defendiendo que no son presos políticos, que son presos comunes... ¿y ahora les vamos a indultar por su implicación política, soslayando el componente penal?

Por no hablar del fugado Puigdemont, que Sánchez prometió traerlo para que rindiera cuentas ante la justicia. ¿Cómo se someterá al dictamen de los tribunales si sus compañeros son perdonados? ¿Lo traerá para indultarlo?

Sánchez apuesta por los indultos para lograr la concordia, pero lo único que conseguirá será los indultos y la discordia.

No permitamos que la necedad o el partidismo nos cieguen: el indulto es una victoria inapelable del nacionalismo catalán.

El Govern socialista de Baleares aprobará el lunes la ley que permite impartir el 100% de las clases en catalán
El Govern de izquierdas que preside Francina Armengol aprobará el próximo lunes la Ley de Educación que permite impartir todas las asignaturas en catalán
M. A. Font. okdiario 28 Mayo 2021

El Govern balear del pacto de izquierdas que preside la socialista Francina Armengol aprobará el lunes la Ley de Educación que blinda la enseñanza en catalán y que relega el castellano a un segundo plano. El primer proyecto de ley presentado por la Conselleria de Educación, en manos del PSOE, equiparaba el catalán al castellano, algo que indignó a los socios soberanistas de Més en el Ejecutivo. El PSOE no tuvo más remedio que ceder y modificar la ley e introducir nuevos artículos para reforzar la imposición del catalán en la educación. El pacto de izquierdas de Baleares lo integran el PSOE, Podemos y Més.

La Ley Balear de Educación se apoya en la Ley Celaá, la Lomloe, que tras aceptar una enmienda de PSOE, ERC y Podemos, quitó el español como lengua vehicular en la enseñanza. En el texto que el lunes aprueba el Govern, el castellano desaparece como lengua vehicular, una categoría que sólo se le concede al catalán que se define en el articulado como lengua vertebradora de la enseñanza. El castellano queda como lengua de enseñanza y aprendizaje, lo mismo que el inglés.

En referencia al proyecto inicial de la Ley de Educación, el Govern ha introducido un nuevo artículo en el apartado referido al modelo lingüístico. Es el artículo 133 donde se especifica que “se debe garantizar el uso de la lengua catalana, propia de las Islas Baleares, como lengua de enseñanza y aprendizaje, al menos, en la mitad del cómputo horario escolar con el objetivo de asegurar el proceso de normalización lingüística”.

De esa forma se eleva a categoría de ley el denominado Decreto de Mínimos ahora en vigor y que obliga a dar al menos el 50% de las horas lectivas en catalán. Pero no sólo esto. La nueva ley, también por exigencia de la formación soberanista, facilita que el 100% de la enseñanza sea en catalán. Para ello el PSOE se ha visto obligado a introducir otro artículo más al texto de la ley, el 134, que dice lo siguiente: “Los centros educativos, para que la lengua catalana propia de las Islas Baleares mantenga la función de referencia y de cohesión social, pueden implementar estrategias educativas de inmersión lingüística”.

En definitiva, que los centros escolares pueden impartir el 100% de las asignaturas en catalán y relegar el español. De este modo la nueva normativa balear convierte en ley la inmersión lingüística cuando el Tribunal Constitucional en sus sentencias de 1982 y 2010, obliga a que las lenguas cooficiales sean lenguas vehiculares en la enseñanza.

El texto definitivo de la Ley Balear de Educación no contemplaba inicialmente la inmersión en catalán, ni siquiera el Decreto de Mínimos. De hecho, el conseller de Educación, Martí March aseguró en su momento que le ley no hablaría de porcentajes de horas en catalán y castellano. La realidad es que la ley impone el 50% de las horas lectivas en catalán con posibilidad de llegar al 100% si el centro educativo en cuestión así lo decide.

Concertada
Durante su tramitación el proyecto de ley ha sufrido más cambios en otros apartados y uno de ellos es el artículo 166 que se refiere a la enseñanza concertada. Aquí se marca como condición para la concertación «escolarizar alumnos con domicilio habitual en el municipio o en la zona educativa en la proporción que determine la Conselleria competente en materia de educación y de acuerdo con criterios de programación educativa». Este artículo resta libertad de elección de centro de enseñanza a los padres. Lo que prima no es la elección de los padres sino la proximidad al centro.

La Ley de Educación llega al Consell de Govern del próximo lunes para su aprobación mientras se está tramitando otra ley para el comercio donde se obliga a que los consumidores sean atendidos en catalán si así lo solicitan. Está previsto que esta ley sea tramitada por el Parlament antes de final de año.

Otro asunto polémico de la Ley de Educación es que se margina la educación especial. Dice la ley que “los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo escolarizarán preferentemente en los centros ordinarios con los recursos humanos y materiales necesarios, y excepcionalmente en unidades educativas especiales en centros ordinarios, en centros de educación especial o en la modalidad de escolarización combinada, con el fin de garantizar su escolarización en las condiciones más apropiadas”.
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