AGLI Recortes de Prensa   Miércoles 23  Junio  2021

Sánchez incita a los sediciosos a que perpetren una nueva consulta liberticida
EDITORIAL. Libertad Digital 23 Junio 2021

Si la nueva consulta secesionista fuese pactada con el Gobierno, no sería menos inconstitucional pero sí más peligrosa que las dos anteriores.

Si el presidente del Gobierno fuese un iluso capaz de creerse que la injusta concesión del indulto a los golpistas del 1-O servirá para una reconciliación ya no entre españoles sino entre catalanes –entre los nacionalistas que cercenan las libertades de todos y los no nacionalistas que padecen los desmanes liberticidas de los primeros–, bastaría echar un vistazo a las más recientes declaraciones del sedicioso Gobierno regional catalán para comprender el tremendo error en el que Pedro Sánchez estaría instalado. Y es que la confirmación de la concesión de los indultos ha provocado que Pere Aragonès eleve el tono a la hora de exigir la amnistía de los celebrados delincuentes y la realización de un nuevo y radicalmente ilegal referéndum para la secesión, con esa complicidad y acuerdo del Gobierno central que también buscaron pero no obtuvieron en 2014 (9-N) y 2017 (1-O).

Pero Sánchez no es un apaciguador ni un iluso, ni está cometiendo un error con la mejor de las intenciones, frente al que cabría prevenirle con aquella máxima de Julian Marías sobre lo contraproducente de "intentar contentar al que no se va a contentar". No. Sánchez sabe mejor que nadie que estos indultos no van a tener otro efecto que reforzar la tremenda sensación de impunidad de los nacionalistas, así como su compromiso con la consumación del proceso de independencia iniciado en 2012.

Si, pese a ello, Sánchez concede los indultos a quienes han hecho gala de su falta de arrepentimiento y, junto a sus correligionarios de la Generalidad, ya preparan una tercera y no menos ilegal y liberticida consulta separatista, se debe fundamentalmente a que eso le permite seguir en la Moncloa un poco más de tiempo. Es así que se entiende no sólo que los golpistas presos no muestren el menor arrepentimiento, sino que ni se planteen traicionar, con un eventual y repentino acatamiento del orden constitucional, a las formaciones separatistas que han impuesto su suelta a Sánchez. Se da así la nauseabunda paradoja de que Sánchez concede los indultos a quienes ni por convicción ni por interés pueden mostrar el menor arrepentimiento por los delitos cometidos, sino que, por el contrario, deben mostrar su mayor compromiso con la reincidencia.

Que los nacionalistas quieran que la tercera consulta secesionista cuente con el acuerdo del Gobierno no la haría menos ilegal que las dos anteriores, pero sí mucho más peligrosa, pues exigirían el reconocimiento pleno de los resultados al Reino de España sobre la base de que su Ejecutivo central respaldó el referéndum.

Así las cosas, y con independencia de que en el futuro Sánchez también brinde su respaldo a un referéndum acordado, ya no caben dudas de la complicidad del Ejecutivo social-comunista con los sediciosos que están tratando de acabar con la Nación. Aun así, es dudoso que la denuncia por prevaricación de Manos Limpias contra el Gobierno por la concesión de los indultos tenga recorrido. Y es que la arcaica potestad de gracia –que, por definición, es una quiebra del ius puniendi– es competencia exclusiva del Ejecutivo. El Gobierno está obligado a pedir un dictamen al Supremo, sí, pero sus conclusiones son preceptivas, no vinculantes.

Ahora bien, nada desaconseja intentarlo, todo lo contrario. Por legal que sea la inmoral concesión de esos indultos, o por obligado que pueda estar el Rey a refrendarlos, toda iniciativa es poca para denunciar la vileza de este Gobierno felón. Incluso la presentación de una nueva moción de censura por parte de quien quiera liderar la oposición.

Un indulto arbitrario que choca de bruces con la doctrina del Tribunal Supremo
OKDIARIO 23 Junio 2021

El indulto es una facultad discrecional del Gobierno que no puede ser arbitraria. La ley exige tres razones para justificar el perdón —justicia, equidad y utilidad pública— que tienen que ser motivadas por el Ejecutivo. ¿Cómo va a motivar el Gobierno socialcomunista la utilidad pública del indulto si en su informe contrario a la aplicación de la medida de gracia el propio Tribunal Supremo aseguró que «el mensaje transmitido por los condenados en el ejercicio del derecho a la última palabra y en sus posteriores declaraciones públicas es bien expresivo de su voluntad de reincidir en el ataque a los pilares de la convivencia democrática, asumiendo incluso que la lucha por su ideales políticos —de incuestionable legitimidad constitucional— autorizaría la movilización ciudadana para proclamar la inobservancia de las leyes, la sustitución de la jefatura del Estado y el unilateral desplazamiento de la fuente de soberanía».

¿Cómo va a motivar Sánchez que el indulto sirve al interés general si la primera respuesta del independentismo a la medida anunciada por el Gobierno es exigir el cese de la «represión» del Estado en Cataluña, la aprobación de una amnistía general y la celebración de un referéndum»?

¿Cómo va a motivar Sánchez que el indulto es por el bien de España si a quienes ha concedido el perdón, según el Tribunal Supremo, «se presentan como presos políticos cuando han sido autores de una movilización encaminada a subvertir unilateralmente el orden constitucional, a voltear el funcionamiento ordinario de las instituciones y, en fin, a imponer la propia conciencia frente a las convicciones del resto de sus conciudadanos».

El indulto de Sánchez a los golpistas catalanes es imposible de motivar por la sencilla razón de que la única motivación que ha movido a Sánchez no es de «utilidad pública», sino de «utilidad individual». Esto es, lo ha hecho para garantizarse su continuidad en el poder. El Tribunal Supremo puede impedir que Sánchez pervierta la democracia y el Estado de Derecho. Tiene, con la ley en la mano, que hacerlo.

El día de la infamia, la vergüenza y, tal vez, la traición
Pedro Sánchez ha rendido a su Gobierno y ha humillado a España legitimando un desafío inconstitucional que, lejos de plegarse, está más cerca que nunca de imponerse.
ESdiario Editorial 23 Junio 2021

Solo en el imaginario forzado de Pedro Sánchez existen razones de concordia y utilidad pública que justifiquen la bochornosa concesión de los indultos a nueve políticos catalanes y, en el mismo viaje, la legitimación de los planes que les llevaron a la cárcel.

Para el resto, incluyendo a los beneficiarios, la medida de gracia se aleja radicalmente del espíritu que técnicamente las impulsa, que no es otro que mejorar la convivencia con la reinserción de delincuentes que primero se arrepienten; más tarde se disculpan; después intentar reparar el daño producido y, por último, renuncian expresamente a la reincidencia.

Sánchez impide las preguntas y explica en solo cinco minutos sus indultos
No solo no se da ninguna de esas circunstancias, sino que todas y cada una de ellas se han redoblado con la ayuda de Pedro Sánchez: al quitar la barrera judicial impuesta por el Tribunal Supremo, una expresión jurídica de una voluntad democrática nacional y no un mero artificio leguleyo; el presidente del Gobierno ha hecho de lanzadera del desafío.

Lo ha potenciado, lo ha blanqueado y lo ha cargado de autoridad, añadiendo al despropósito de la impunidad pasada el de la impunidad futura: reducir a la nada los delitos de sedición y rebelión son, junto a los indultos, una invitación directa a la asonada inconstitucional.

Sánchez no ha solucionado nada: lo ha empeorado hasta extremos incompatibles con ejercer la Presidencia de España

Si los independentistas se atrevieron con el Estado de Derecho en su contra, ¿cómo no van a hacerlo, antes o después, frente a un Gobierno que ha llegado a comparar al sedicioso Junqueras con Nelson Mandela y ha suscrito el relato separatista que presenta a España como un país represor?

La euforia del separatismo
No conviene engañarse por la momentánea distensión que puede vivirse durante un tiempo, con seguridad corto: el independentismo puede llegar a probar la "vía pactada" frente a la "vía unilateral" para aprovechar la actitud genuflexa de Sánchez; pero nunca renunciará a alcanzar su meta.

Con España humillada y su Gobierno rendido, hablar de traición en términos metafóricos no es descabellado: no hay mejor expresión para calificar la actitud de un presidente que está haciendo todo lo contrario que cabe exigir del cargo que ocupa, pasando una factura insoportable a la sociedad española, a nuestra democracia y a nuestro Estado de Derecho.

El teatro de los indultos
Francisco Marhuenda. La razon 23 Junio 2021

La realidad es que no sabemos que hay de teatro y de verdad en las reacciones de los dirigentes independentistas tras conocerse la aprobación de los polémicos indultos. No me extrañaría que el «espectáculo» estuviera convenientemente pactado con La Moncloa, porque es necesario complacer a las respectivas parroquias. Sánchez tenía asumido que reaccionarían con que no era suficiente y que era el momento, tal como aclaró Aragonés, de «un referéndum acordado». El presidente por «delegación» de Junqueras, acompañado de su gobierno independentista, aseguró que «salen con la cabeza bien alta y las ideas intactas, con la voluntad reforzada de construir una república catalana libre». Nada que nos sorprenda y menos aún al inquilino de La Moncloa que está curado de espanto. Al final, las palabras son gratis y así se desahogan. La realidad es que salen tras una dura condena, han tenido que tragar con los indultos que no querían y lo de la república catalana es una chorrada. Sánchez no quiere pasar a la Historia como el presidente que permitió una consulta disparatada que sentaría un precedente aunque la perdieran.

No veo recorrido a los recursos contra los indultos o las querellas contra los miembros del gobierno. En el primer caso, no hay argumentos para que la sala tercera del Supremo rechace la iniciativa de Vox y una vez tomada en consideración lo lógico es que dilucide la legitimidad y entonces la desestime. La vía penal me parece poco consistente, aunque sea útil para la lucha partidista. Estamos ante un acto que solo tiene que cumplir los requisitos formales legalmente previstos, porque es una medida de gracia que se justifica a partir de conceptos difusos como utilidad pública que no tiene una interpretación jurídica sino política. El gobierno quiere liberar a unos condenados por sedición y está en su derecho, aunque no comparto la decisión. Ni siquiera el Supremo podría entrar en el fondo, sino simplemente en la forma. Lo que se trata es de cumplir la apariencia de legalidad y obviar la arbitrariedad, pero el papel, en manos de un buen jurista, lo aguanta todo. No hay que olvidar que el gobierno tiene un número abrumador de abogados del Estado, magistrados y profesores a su servicio capaces de blindar unos indultos tan controvertidos.

Indultos: Sánchez aniquila la igualdad de los españoles ante la ley
Guadalupe Sánchez. Vozpopuli 23 Junio 2021

La convivencia no la quiebra la ley, sino quienes se sitúan al margen de ella. Cuando el poder deja de estar sometido al imperio del Derecho y transforma a éste en un instrumento al servicio de sus necesidades de Gobierno, la democracia cede ante la tiranía y los ciudadanos se convierten en súbditos.

Con la aprobación de los indultos, Pedro Sánchez ha roto la igualdad de los españoles ante la ley y ha volado por los aires la separación de poderes. Ha premiado con la impunidad a quienes han colaborado con su apuntalamiento en la Moncloa: la única condena que el Gobierno no ha perdonado a los sediciosos malversadores es la de inhabilitación para el ejercicio de cargo público. Atentar contra el orden constitucional a costa del dinero público que extrae Hacienda de nuestros exiguos bolsillos les ha salido prácticamente gratis.

Sin duda, una maniobra que el jurista nazionalsocialista Carl Schmitt, precursor de la visión utilitarista del Derecho, catalogaría como digna de su legado, pues con ella Sánchez ha constatado ante la Nación que no hay ni ley ni tribunal que él no pueda retorcer o doblegar. Los independentistas catalanes lo colocaron en la poltrona y Pedro, en justa recompensa, los recoloca por encima de la ley. Su Persona es el que mueve a placer la delgada línea roja de la legalidad.

Y mientras a ellos los indulta a nosotros nos insulta afirmando que lo hace por razones de utilidad pública. Es lo que tiene confundir los intereses del Estado con los propios: que se ha acabado creyendo que no hay nada más útil para el país que el tener garantizada su gobernabilidad. Porque con esta estratagema, Sánchez se ha garantizado la mayoría absoluta en el Congreso.

Los españoles, que fuimos las verdaderas víctimas de la ruptura de la legalidad en Cataluña en octubre de 2017, hemos pasado a ser victimarios por obra y gracia del Gobierno y de sus trovadores mediáticos. Efectivamente, quienes antaño negaron que se fueran a producir los indultos nos sermonean hoy sobre la concordia y la magnanimidad al tiempo que nos tildan de crispadores y de fascistas. Curiosa cordialidad es esa que adjudica la condición de extremista y totalitario a todo aquel que se atreva a disentir. Porque ahora resulta que en España hay dos extremos: los políticos sediciosos y quienes reclaman el cumplimiento de las sentencias judiciales y el respeto al Estado de Derecho. Eso sí, para el Gobierno sólo los primeros son dignos de conmiseración. A ellos les excusa mientras a usted le acusa.

En los próximos días nos van a someter a un bombardeo de medidas que serán aprobadas como “compensación” a los españoles por los indultos: terminar con la obligación de llevar mascarilla al aire libre, rebajar el IVA de la luz, etc., etc. Pero que nadie se despiste porque el partido se sigue jugando, esta vez en Estrasburgo.

Influir en Estrasburgo
Sánchez quiere, necesita, un aval exógeno al Gobierno en el tema de los indultos, que le permita cargarlos de las razones jurídicas de las que ahora carecen, para fortalecer así su relato. Y pretende obtenerlo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Efectivamente, la rebaja de la pena que va a suponer la reforma del delito de sedición que está ultimando el Ejecutivo persigue influir en la sentencia de este organismo por la vía de la desproporcionalidad de las penas. Si tras cometerse el delito, el Gobierno nacional no sólo rebaja las condenas previstas para el mismo, sino que además indulta a sus autores, es evidente que se está marcando al Tribunal el camino a seguir, más aún cuando el derecho interno prevé la retroactividad de la norma penal más favorable.

Lo peor será soportar a las vedettes del sanchismo cacarear que el TEDH respalda con esa sentencia al Gobierno y corrige al Tribunal Supremo, cuando la realidad es que será aquel, con su actuación y reformas, quien propiciará tal resolución. Se reactivará entonces la maquinaria de denostación y desprestigio del poder judicial español, bastión contra las arbitrariedades gubernamentales que demostró ser el único dique de contención que nos queda contra los envites del independentismo. Me permito sugerirle a Sus Señorías que se arremanguen las togas, porque es la independencia judicial la que está en la diana.

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Los indultos del César

Si la utilidad de los indultos a los separatistas es «pública», pública ha de ser también la legitimación para recurrirlos porque dejan sin efecto una sentencia para desarmar al Estado
Editorial ABC 23 Junio 2021

El Consejo de Ministros ha aprobado los indultos a Oriol Junqueras y al resto de condenados por el 1-O que aún permanecían en prisión, en contra del criterio unánime de los magistrados de la Sala Segunda del Tribunal Supremo y de la Fiscalía. La coartada del Gobierno ha sido la «utilidad pública» del perdón a los sediciosos, un argumento decimonónico que la propia Sala Penal se encargó en su informe de reconducir al restablecimiento de la legalidad y al cumplimiento de los fines de las penas. A nada de esto contribuyen unos indultos que perturban gravemente el equilibrio constitucional de los poderes públicos, ofenden a una gran mayoría de ciudadanos y benefician a unos delincuentes que no han pedido perdón, y que se ratifican en el mismo objetivo anticonstitucional de siempre. Así lo reiteró el presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, quien exigió amnistía y referéndum como réplica a la medida de gracia.

Fundar estos indultos en la «utilidad pública» es un insulto a la inteligencia de los ciudadanos y una burla al Tribunal Supremo. La utilidad pública reside en los principios constitucionales, en el cumplimiento de la ley y en el respeto a las sentencias judiciales. Estos indultos no son esa medida de gracia excepcional y restrictiva a la que se refieren la Constitución y la jurisprudencia, sino una decisión partidista que esconde un indulto general de los que prohíbe el texto constitucional. Por esto, y porque hay que despejar la duda, entre otras, de si la sedición se puede indultar, es necesario que los perdones a los sediciosos sean revisados por la Sala Tercera del Tribunal Supremo. Si la utilidad de los perdones es «pública», pública habrá de ser también la legitimación para recurrirla, porque dejan sin efecto una condena dictada tras un proceso ejemplar y desarman al Estado para futuras intentonas secesionistas.

Nadie puede ni debe dudar de que estos indultos son un aperitivo para el nacionalismo insaciable. El engolado discurso de Pedro Sánchez tras el Consejo de Ministros demostró que o no conoce a los nacionalistas o toma por ingenuos a los españoles. Su cesarismo es insoportable en una democracia parlamentaria. Por más que Sánchez pretenda construir una realidad virtual a la que todos los ciudadanos deban rendir culto, no habrá convivencia ni normalidad con un separatismo que canta victoria por esta rendición del Estado gracias al Gobierno. ¿Qué motivo van a encontrar en estos perdones los dirigentes nacionalistas para no perseverar en su empeño de la autodeterminación unilateral? De la misma manera que el Estatuto soberanista de 2006 era una estación de paso para los separatistas, los indultos concedidos ayer son un meta volante del permanente conflicto que provoca el nacionalismo.

Sánchez no pasa página, ni empieza una nueva etapa para España. Retrocedemos a octubre de 2017, pero en peores condiciones que entonces, porque ahora hay un Gobierno desleal con la Constitución, una sentencia deslegitimada por el presidente del Gobierno, un Código Penal zarandeado, y una percepción europea adversa para el interés nacional de España. Es más, queda registrada esa paridad entre España y Cataluña, tan querida por el separatismo, a quien el Gobierno regala la representación de todos los catalanes. Hay una utilidad, en efecto, en estos perdones: los votos que suman Sánchez y todos sus ministros con el apoyo de los separatistas. ¿Habrían sido indultados los presos si Sánchez no dependiera en el Congreso de ERC? La respuesta es evidente y descarga sobre todos los ministros la losa de la corresponsabilidad por esta burla.

La democracia no sale más fuerte

Editorial La Razón 23 Junio 2021

Pedro Sánchez se presentó ayer en las escalinatas de La Moncloa para solventar en una brevísima comparecencia sin preguntas el trago de comunicar al país el indulto a los condenados por el golpe al orden constitucional en Cataluña. El presidente no se movió un milímetro del guion que justifica la clemencia por el afán de diálogo, entendimiento, concordia y convivencia contra la división y el enfrentamiento. La gracia para sus socios parlamentarios recibió como respuesta del magma separatista, incluida la Generalitat, el desprecio, la amenaza de que el único futuro pasa por autodeterminación y la amnistía y la quema de banderas españolas. El idílico marco de La Moncloa es una quimera que sirve al plan para que la sociedad española digiera la medida rechazada por siete de cada diez personas. En las palabras de Sánchez, como en su argumentario, desapareció toda razón constitucional, no digamos ya jurídica, con que sostener la indulgencia a políticos condenados por graves conductas contra el criterio del Supremo y la Fiscalía.

Se ha adulterado el espíritu de las leyes hasta afectar a principios claves como los de legalidad y justicia. Todos deberíamos ser iguales ante la ley. En el soliloquio presidencial habló de que «Cataluña y España se merecen un futuro mejor». No se logrará con un gestión sectaria del estado de derecho que interfiere en los controles y los equilibrios del sistema, que es lo que sucede cuando el poder confunde voluntad y norma. Estamos obligados a insistir en que el presidente envuelve con lemas emocionales el objeto prioritario de su decisión que es una compensación por la estabilidad de una escuálida mayoría parlamentaria. Quiere alcanzar así el final de la legislatura, o al menos es su convicción. Está por ver cómo será de cruenta, hostil y rápida la deriva secesionista ante un Estado debilitado. Se han anunciado recursos. Su éxito se antoja complejo más allá de que la gracia sea discrecional, pero no arbitraria. Moncloa habla de una fundamentación consistente de los indultos, pero dudamos de que fabulaciones políticas sostengan los requisitos de justicia, equidad y utilidad pública. La democracia debe abrir el debate sobre la prohibición futura de los indultos políticos, incluso sobre robustecer la cobertura judicial del proceso, con un rol no marginal del tribunal sentenciador. Sánchez habló hace un año que salíamos más fuertes de la pandemia. Y no ha sido así en orden alguno. Su videncia vale lo mismo que su palabra, esa que prometió que los separatistas cumplirían sus penas.

Una derrota histórica
Jorge Vilches. La razon 23 Junio 2021

El mismo día que se aprobaban los indultos en Consejo de Ministros, un diario de gran tirada publicaba una tribuna equiparando a Sánchez con Azaña y Ortega. En su afán defensivo, los autores del texto olvidaban las enseñanzas de la historia. Azaña creyó en ERC para forjar un “nuevo país”, apoyó el Estatuto, vinculó la República con los nacionalistas, y lo defraudaron. En 1937 se dio cuenta de su error, y denunció “las pruebas de insolidaridad y desapego -escribió-, de hostilidad, de chantajismo” de la Generalitat, sus intentos de una “paz separada” con Franco, y su deslealtad a la República y a la democracia. Azaña llegó a escribir que si los españoles, vista la actitud de ERC, hubieran podido decidir entre una “federación de repúblicas” y un “régimen centralista”, la “inmensa mayoría” elegiría la segunda. No merece la pena aludir al significativo silencio de Ortega tras su declaración de la “conllevancia”.

Adolfo Suárez firmó el decreto para restablecer el autogobierno en Cataluña en octubre de 1977, y nombró presidente provisional a Josep Tarradellas, de ERC. Todos apoyaron un Estatuto catalán, menos Alianza Popular. Era otra época. Los socialistas eran la primera fuerza en Cataluña, y los comunistas la segunda. Incluso el Partido Andalucista tuvo representación en el Parlament. Todo parecía feliz hasta que Tarradellas dijo en 1980: “Yo de enanos y corruptos no hablo”, en referencia Jordi Pujol, a quien atribuía también con acierto una intención independentista.

Suárez cometió el error que luego repitieron el PSOE y el PP durante décadas: confundir Cataluña con el nacionalismo catalán y permitir, en consecuencia, la inmersión lingüística para excluir lo español, la colonización del Estado, los medios, la educación y la cultura. Incluso se les regaló la etiqueta de “progresistas”.

A esa hegemonía ayudó un sistema electoral que concede escaños a quien concentra sus votos en unas circunscripciones, como los nacionalistas. Esto permitió que CiU y el PNV se convirtieran en minorías necesarias para que un Gobierno sumara mayorías en el Congreso. La sobrerrepresentación de quien no quiere el orden constitucional, lo desprecia y solo espera sacar el máximo rendimiento, sin sentido de Estado, sino con particularismo egoísta, trae problemas y abusos.

Pasqual Maragall, el socialista catalán, dijo en mayo de 2006 que Zapatero cometía el mismo error que sus antecesores: creer que los nacionalistas eran la única voz autorizada y legítima de Cataluña. Y eso que Zapatero había prometido que aceptaría el Estatuto que saliera del Parlamento catalán. Era la “conllevancia” orteguiana que completó con el azañista Pacto del Tinell: el pacto con los nacionalistas para excluir a la derecha de su proyecto de “nuevo país”. Los fantasmas de Azaña y Ortega se paseaban por la España autonómica.

En el referéndum de aquel Estatuto votó el 49% del censo, con un 73,9% a favor. En resumen: solo lo respaldó el 36% del electorado catalán. Luego llegó el Tribunal Constitucional, y en 2010 -¡Cuatro años después!- tumbó lo que de soberanista tenía, como la declaración de nación política o la asunción de todos los poderes del Estado. La sentencia fue la excusa para el inicio de las movilizaciones en 2012 exigiendo el “derecho a decidir”, que concluyó con el referéndum ilegal de 2014 y el golpe de 2017.

Sánchez podría argumentar la fe azañista en los nacionalistas catalanes, e incluso la conllevancia del filósofo madrileño, pero no cuela. Se presentó a las elecciones diciendo que no pactaría con los independentistas, que no decretaría indultos y que traería a Puigdemont para ser juzgado. Ahora ha cedido a todas las exigencias de los golpistas para estar en Moncloa un rato más: mesa bilateral e indultos para empezar a negociar la amnistía y el referéndum. Es una derrota histórica de la democracia española, como confesó Junqueras.

El talón de Aquiles de Sánchez
José Alejandro Vara. Vozpopuli 23 Junio 2021

Habrá referéndum en Cataluña. Pactado, precocinado, a la escocesa, a la quebequesa, a la indostánica... Lo habrá. Para un nuevo Estatut, para la autodeterminación, para la segregación... Veremos. El independentismo ha cumplido todos sus plazos y alcanzado todas sus metas desde 1978. Cierto que en este itinerario se han registrado aparatosos tropezones, ridículos espantosos, delirios lisérgicos que, en algún momento, frenaron el ritmo de su marcha. Pero siempre ha avanzado. Una ley electoral absurda que consagra la hiperrepresentatividad de las formaciones nacionalistas y un compadreo, entre ridículo y cobarde, por parte de los distintos gobiernos centrales, han redondeado a lo largo de los años el escenario de desolación ante el que ahora nos enfrentamos. Sólo hacía falta el aterrizaje en la Moncloa de un aventurero sin escrúpulos, un arribista desalmado para culminar el estropicio.

El decreto de los indultos, que hace temblar los pilares de nuestra Constitución y los cimientos de nuestro marco de convivencia, se orienta en contra de lo votado por el pueblo español en noviembre de 2019, en contra de lo prometido por el propio presidente, en contra de lo expresado con insistencia por la opinión pública, en contra de lo defendido por la oposición, en contra de lo apuntado por los fiscales y de lo sentenciado por el Supremo... Es decir, en contra del sentir nacional y con el único aliento y respaldo de una minoría xenófoba y reaccionaria que apenas representa al seis por ciento del censo español y que, casualmente, da vida con su apoyo al gobierno actual.

El autoindulto de Sánchez, diseñado y engalanado con enorme habilidad por Iván Redondo, no sólo ofende y humilla a quienes se enfrentaron a la embestida golpista, desde el Rey a la Justicia, pasando por las fuerzas de Seguridad y los cientos de miles de españoles que desbordaron Barcelona en la histórica manifestación.del 8 de octubre. Los indultos avalan, ensalzan, refuerzan y reivindican las posiciones de los sediciosos y malversadores, tanto intramuros como muy especialmente en el ámbito europeo, donde tienen puestas todas sus expectativas y donde finalmente se dirimirá la fase final de este partido. Si el Gobierno español los indulta y hasta les alivia del delito de malversación, ¿cómo pretenden que la corte de Estrasburgo actúe en forma diferente?.

Argumentan desde el PP que Sánchez, ajeno a todo tipo de principios éticos y políticos, ha entregado esta baza decisiva a los enemigos de la Nación a cambio de cumplir con tranquilidad el bienio que le queda de legislatura. Es posible, aunque en este punto hay opiniones diversas y aun enfrentadas.

Consideran algunos que esta indignidad preñada de vileza de poco le va servir porque los nacionalistas son incómodos compañeros de aventuras que jamás cesan en sus exigencias, como ha quedado plenamente demostrado. Tras la gracia de los indultos llegará la mesa de negociación, la supresión del delito de secesión, el retorno de Puigdemont y los demás fugados, la anulación de las deudas de los condenados por el Tribunal de Cuentas, la anhelada amnistía y, finalmente, el referéndum de autodeterminación, pactado y bien pactado, absolutamente ajeno a nuestro marco legal y rematadamente anticonstitucional.

Será un rosario inclemente de reclamos al que Sánchez deberá atender sin regateos salvo que quiera asumir poner en peligro su mayoría. Algunos apuntan que a Sánchez poco le importan las futuras votaciones en el Congreso dado que ya aprobó sus Presupuestos, única ley que tumba gobiernos y propicia adelantos electorales. Pero en un entorno de creciente malestar social (ahí la súbita bajada de mascarillas, impuesto de la luz, atención odontológica...), de enormes incertidumbres económicas y de menguante credibilidad del Ejecutivo, el presidente no se jugará su acolchada estabilidad y concederá sin pestañear lo que el separatismo le exija en aras a cumplir con su principal objetivo, que no es otro que las urnas de 2023/24.

Perdida Andalucía y reforzada la derecha en Madrid, Sánchez necesita imperiosamente recuperar el territorio catalán, siempre clave para el PSOE en unas generales. Hará concesiones hasta las lindes de lo necesario y más allá. ¿Nación de naciones? ¿Estado Federal? ¿República catalana? Lo que haga falta. Y ahí es donde aparece su talón de Aquiles, su verdadero punto débil electoral. Esta actitud de servil entreguismo hacia la jauría secesionista alimenta aceleradamente el rechazo frontal al PSOE fuera de Cataluña. Aún no se han enterado en Ferraz de que lo ocurrido con Ayuso va mucho más allá de la gestión de la pandemia y las bromas de los berberechos. Es una reacción encendida y visceral contra lo que representa el sanchismo. La extrapolación a nivel nacional de lo ocurrido en la Puerta del Sol.

"Los indultos son el principio del fin de Sánchez", aseguraba la presidenta madrileña esta semana en esRadio. Para ello es preciso que Pablo Casado, superada ya su fiebre de centrismo, emprenda gestos más decididos para atender lo que reclaman millones de españoles. Estuvo firme y contundente ante el detestable empresariado catalán el pasado fin de semana en las jornadas del Cercle vicioso. Fue una muestra del coraje que se le reclama. Hace falta más para plantarle cara a ese monstruo totalitario que está ya a la puertas.

Unirse a Vox y a Ciudadanos
Entre pugnas y relevos intestinos, el PP aparece algo desdibujado. No basta con dejarse llevar hasta Colón, con gesto osco y disgustado, o con recoger firmas a las puertas de la sede de Goya. Es preciso enfrentarse a Sánchez en todos los terrenos, con todos los recursos democráticos, tanto en casa como fuera. Le está faltando al PP el arrojo y la imaginación que le sobra a Ayuso. Es tiempo de desperezarse y reaccionar. De reagrupar fuerzas con Vox y Ciudadanos, ahora que Arrimadas ha tornado con brío. Un Colón, dos, tres, mil... los que hagan falta. Un Colón en cada rincón. Y acciones en Bruselas, Estrasburgo, Berlín, París... Todo lo que no hizo Rajoy cuando debió. No ha de acunarse Casado con el alegre rumor de las encuestas, el suave murmullo de los sondeos. De no reaccionar raudo, se hará realidad aquello que anunciaba Gaziel en 1931: "España ha muerto, han nacido las españas". Con la salvedad de que Junqueras y sus compañeros no dejarán de España ni la 'ñ'.

El error de recurrir
Emilio Campmany. Libertad Digital 23 Junio 2021

Los indultos son una felonía perpetrada por el Gobierno de Sánchez, donde hay tres jueces a los que Dios confunda de por vida. Pero eso no los hace automáticamente ilegales.

PP y Vox han anunciado que recurrirán los indultos. Sin embargo, ocurre que en España la inadmisión de un recurso o la desestimación del mismo hacen que la opinión pública vea el acto impugnado, no como meramente legal, sino como totalmente legítimo. Véase si no lo ocurrido con la financiación que potencias extranjeras han hecho de Podemos. Cuando los tribunales no encontraron que se hubiera probado suficientemente nada punible, la conclusión fue que nada había de inmoral en que Podemos fuera deudo de Venezuela e Irán. Y una cosa es que no se haya probado un delito o una infracción y otra muy distinta que recibir dinero de una dictadura comunista y una teocracia islámica filoterrorista sea legítimo. Cada vez que alguien intentó afear el origen de su financiación a Pablo Iglesias, éste salía con el "aval" de los tribunales.

En el caso de los indultos es perfectamente previsible lo que va a ocurrir. Lo más probable es que el que se propone plantear el PP se inadmita por carecer de legitimidad, al no haber sido parte en el proceso. Y aunque se admitiera sufriría el mismo destino que el de Vox, que sí ha sido parte, y que no es otro que el de la desestimación. Recuérdese que la Sala que verá el recurso no será la Segunda, la de lo Penal, que es la que condenó a los golpistas catalanes, sino la Tercera, la de lo Contencioso-Administrativo, que, salvo opinión mejor fundada, sólo revisará el cumplimiento de los requisitos formales que exige la ley de 1870. Y seguro que se han cumplido, pues ya habrá tenido buen cuidado el ministro de Justicia de que así sea, pues los linces de la oposición anunciaron urbi et orbi su propósito de recurrir. Ni siquiera tuvieron la picardía de callarse para dar ocasión a que el Gobierno, con su habitual torpeza, cometiera algún error que pudiera fundamentar un recurso.

Cuando finalmente ocurra lo que tan fácil es de prever, es igualmente sencillo imaginar el titular de El País: "El Tribunal Supremo avala los indultos a los presos del procés". Y a buena parte de la sociedad española le parecerá que, después de todo, lo de los indultos no estaba tan mal. Evidentemente, el titular será falso, porque que el Tribunal Supremo considere que se han cumplido las formas exigibles no supone "avalar" nada, pero ésa es la impresión que impunemente se transmitirá.

Los indultos son una felonía perpetrada por el Gobierno de Sánchez, donde hay tres jueces a los que Dios confunda de por vida. Pero eso no los hace automáticamente ilegales. Y estaría cometiendo prevaricación el tribunal que los anulara sin otras consideraciones que las jurídicas. La oposición debería destacar con algo más de ingenio del que demuestra la inmoralidad del hecho, su inutilidad para lograr la supuesta concordia a la que aspira, las razones que le han impulsado a darlo, que van desde comprar el voto de la Esquerra hasta conservar el apoyo del PSC y reclutar para la misión de deslegitimarlos a cuantos más sectores de la sociedad española, mejor. Pero recurrirlos para perder y que su legalidad se traduzca en legitimidad es un error mayúsculo.

La bravura retardada de Alfonso Guerra
Pablo Molina. Libertad Digital 23 Junio 2021

El vicepresidente del Gobierno durante el felipismo anda por las tertulias mostrando su escándalo por los indultos que el Gobierno de su partido ha concedido a los responsables del intento de golpe de Estado en Cataluña. El hombre parece sincero y justifica su rechazo con argumentos de gran solidez, componiendo una figura insólita en el ecosistema sociata, perfectamente en calma, como si en vez de golpear los cimientos de nuestro régimen constitucional el Gobierno hubiera concedido una subvención a Cáritas.

Guerra es un tipo valiente, eso es cierto, solo que la bravura le llega con un poco de retraso. Con quince años de demora, para ser exactos, que es el tiempo que hace que la primera fase del Golpe llegó al Congreso de los Diputados para que él y sus correligionarios lo asperjaran con sus votos a favor.

Porque el tipo que rechaza las pretensiones de los independentistas y se escandaliza por que su partido premie a los instigadores del Golpe era presidente de la Comisión Constitucional cuando el nuevo estatuto catalán, pactado por Zapatero y Artur Mas, inició su tramitación parlamentaria. Aquel texto aseguraba que Cataluña es una nación y que el "reconocimiento de una posición singular de la Generalitat" se fundamentaba "en los derechos históricos del pueblo catalán". Alfonso Guerra no solo votó a favor, sino que, en su papel de presidente de la comisión, se encargó de que el texto se despachara al Congreso con el marchamo de una perfecta constitucionalidad.

La cuestión es que, si Cataluña es una nación y el pueblo catalán es fuente de derecho, ¿Por qué castigar a unos señores que hacen honor a ese mandato bendecido en su día por Alfonso Guerra y todos los diputados socialistas? Aquí los que actúan con coherencia son los independentistas y Pedro Sánchez; no los que, como Guerra, primero avalaron las pretensiones soberanistas del independentismo y ahora que se sustancian quieren evadir su responsabilidad.

"Al burro muerto, cebada al rabo", reza el dicho popular, similar a aquel otro sobre un muerto y una lanzada, cuyo tenor literal obviamos para evitar un disgusto con la policía del pensamiento sanchista, pero la esencia es la misma.

A Joselito el Gallo, paisano de Guerra, lo acusaban de cambiar a su conveniencia los carteles de las ferias taurinas. En una ocasión, un torero de Valladolid fue a la estación de Renfe de la localidad y se enfrentó a gritos con el Rey de los Toreros acusándolo de haberlo boicoteado. Joselito hizo que el empresario lo pusiera al día siguiente con él en una corrida mano a mano. Ese día, el diestro local, avergonzado, se acercó a Joselito en el patio de cuadrillas y le pidió disculpas, a lo que gallito le respondió: "Usted no tiene que pedirme perdón por nada. Ahora, los cojones que me echó a mí en la estación, écheselos al toro".

El toro de Alfonso Guerra salió a la plaza en 2005 y, en lugar de echarle de aquello y matarlo, lo perdonó. Aquí tiene el resultado. Ahora, a callar y a tragar como un campeón.

¿Y quién indulta a los españoles?
Ignacio Centenera. okdiario 23 Junio 2021

Hay una especie en la geografía carpetovetónica que no es nueva, pero que ha proliferado de manera muy notable a raíz del acelerón del “procés” catalán. Se trata de los independentistas españoles. Nunca los tomamos en serio, porque estos individuos, que surgen de forma reactiva cuando los secesionistas vuelven demasiado hostil el ecosistema, nunca aceptarían provocar la destrucción de la nación española en respuesta despechada a quienes buscan precisamente esa destrucción. Esa especie de oxímoron y su completa inoperancia los hace inofensivos, pero no conviene para la convivencia de los españoles que, ni siquiera en el plano teórico, se extienda su derrotismo.

Desde el principio del actual periodo democrático se hicieron notar, con distintos grados de intensidad en cada momento, las presiones de los movimientos nacionalistas y/o independentistas vascos y catalanes. Quitando las sangrientas actuaciones terroristas, que obviamente eran inaceptables, desde el principio se asumió (¿erróneamente?) que había justificaciones históricas o socio-culturales en sus reclamaciones y se accedió -de hecho o de derecho- a mejorar su situación respecto al resto de comunidades. Dicho esto, cuando el desarrollo del estado autonómico permitió a estos territorios alcanzar un nivel de autogestión mucho mayor al que nunca históricamente tuvieron, se entendía que ya la clase debiera continuar desarrollándose unida; explotando su respectivo potencial, pero sin privilegios y con equitativa solidaridad.

Lamentablemente no ha sido así, y los españoles no hemos dejado de vernos condicionados en nuestro progreso social, político y económico por las interminables exigencias de unos compatriotas desleales. El protagonismo lo tuvieron inicialmente los nacionalistas vascos, que sacando fruto del chantaje terrorista no pararon de exigir un trato diferencial -mayor al que se les concedió-, y después tomó la iniciativa la aburguesada progresía catalana que, inventándose la historia y haciéndose los modernos y sofisticados, han exigido dinero primero e independencia después. Por favor, hasta en eso han sido indignos, y es que hasta los mafiosos tienen sus códigos y, si les das la bolsa, te respetan la vida.

Al final nos damos cuenta que ni uno ni otro tenían o tienen razón, y que, por tanto, ni había ni hay motivo para un trato privilegiado.

El nacionalismo del País Vasco tiene su origen en un etnicismo racista, construido alrededor del costumbrismo rural de una parte de su territorio. Por cierto, de la parte menos desarrollada política y socialmente; no olvidemos que Bilbao y las villas vizcaínas fueron impulso del liberalismo español frente al tradicionalismo carlista sobre el que el esquizofrénico Arana inventó su ideario nacionalista. Lo de Cataluña es igual o más impostado. Se han inventado una historia de éxito y autogestión en la edad media y en la edad moderna -la arcadia preborbónica- que en realidad nunca existió. Al contrario, su desarrollo diferencial se ha generado en el siglo XX y, sobre todo, pásmense, durante la dictadura franquista.

Así que la realidad es que el trato injusto nos lo están dando a todos los españoles, y especialmente a sus coterráneos que son los primeros que sufren el inmerecido castigo de aguantar las embestidas nacionalistas. No olvidemos que ambas regiones, que en la transición partieron aventajadas en desarrollo humano y económico -en gran parte por el trato de favor que les dio el franquismo-, han perdido esa capacidad tractora, lastrando su crecimiento con su ombliguismo y con los éxodos personales y empresariales que se han provocado.

Pues eso, es inevitable pensar en los recursos, esfuerzos e incluso vidas que hemos tenido que dedicarles -ni un minuto nos han dejado en paz- desde el año 78. Y si a pesar de todo hemos llegado hasta aquí, desarrollando nuestra personalidad y una completa oferta de país que nos hace únicos, es triste pensar donde estaríamos, hasta donde podríamos haber llegado, si no hubiéramos tenido que soportar ese pernicioso agente endógeno que es la matraca nacionalista.

No, nunca aceptaremos el independentismo español que pretenda repudiar a algunos de sus vástagos, pero con ellos coincidimos en la necesidad de impulsar el indulto a nuestra nación de la injusta condena de aguantar a unos hijos malcriados.
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