AGLI Recortes de Prensa   Martes 29  Junio  2021

El reloj del fin de España
EDITORIAL. https://gaceta.es 29 Junio 2021

En 1947, la publicación Boletín de los Científicos Atómicos recurrió a una imaginativa solución visual para alertar de lo cerca que estaba el mundo del apocalipsis atómico. Con un sencillo reloj en la portada de la revista, señalaron, y señalan, cuántos minutos quedan para la medianoche del mundo. Desde entonces y hasta ahora, el Reloj del Fin de los Tiempos ha sido atrasado y adelantado año tras año hasta llegar a las doce menos 100 segundos, como jamás en su historia; incluso 20 segundos menos que a principios de los años 50 por un sinfín de razones en las que hoy se incluye la débil respuesta de los gobiernos occidentales a una pandemia provocada por un virus artificial creado en China y financiado con dinero globalista.

Imaginemos ahora que el reloj marcara otro apocalipsis diferente: el que marca la destrucción de España como nación (y como Estado). Imaginemos que el reloj llevara funcionando también desde 1947. Hoy, sin duda alguna, estamos a menos de cinco segundos del fin de España, mucho más cerca que siempre, más que durante la Segunda República, incluso más que durante la Guerra Civil, cuando lo que se dirimía en el campo de batalla no era la unidad, sino la supervivencia de la personalidad nacional española. En cualquier caso, mucho más cerca que en 1978, cuando los españoles, la inmensa mayoría, en su nombre y en el de las generaciones venideras herederas de todas las anteriores, aprobaron un pacto por la convivencia en forma de Carta Magna. Imperfecta, como todas las creaciones de la tiranía del consenso, pero dúctil y con vocación de permanencia.

Si hoy ese Reloj del Día del Fin de España marca las doce menos cinco segundos es evidente que algo ha venido fallando y que es necesario repararlo. Es necesario si entendemos, como en La Gaceta de la Iberosfera sin duda así lo hacemos, que el apocalipsis de lo español sería algo catastrófico. Conocemos las causas de ese adelantamiento del segundero: la cesión constante, la primacía del poder sobre la ley, la corrupción, la desidia, la incultura, los complejos…

Ante esos cinco segundos, los partidos clásicos, culpables de tanto, han reaccionado de manera distinta. Unos, los nacionalistas, preparando la fiesta. Pobres ingenuos. Otros, como la izquierda iletrada, indultando a criminales, preparando el fin del régimen de monarquía parlamentaria y el comienzo de un régimen federativo que ahondará en la desigualdad de los españoles. Si es que quedan españoles.

Otros, como el Partido Popular, responsable también de incontables cesiones y de largas e irresponsables miradas al empedrado, ha filtrado al diario El Mundo un plan para Cataluña que consiste en «Fortalecimiento del Estado en Cataluña, fortalecimiento del movimiento político constitucionalista en Cataluña y fortalecimiento del centroderecha liberal en Cataluña». A la espera de que el Partido Popular concrete algo más que «un trilingüismo amable en las aulas» que parece el epítome de la desidia, no podemos dejar de preguntarnos cómo es posible que aquellos que firmaron el Pacto del Majestic sigan pensando que el problema está en Cataluña. El problema es nacional y sólo una política nacional que recupere la personalidad española perdida, el ethos español, podrá funcionar. Lo demás, no sirve.

Constitución, Estado de Derecho y tratar a los enemigos de España —sea en Tortosa, sea en Ferrol, sea en Ceuta— como lo que son, debería bastar para atrasar el reloj del fin de España aunque sólo fuera un segundo. El primer segundo desde 1978. En buena hora.

Jueces y juicios
Enrique García-Máiquez. https://gaceta.es  29 Junio 2021

Hoy en España, de los tres poderes del Estado, el que más y mejor defiende la democracia es el judicial, que tiene —he ahí la paradoja— un proceso de selección y funcionamiento menos directamente democrático o sufragista que los otros dos poderes. Que están absolutamente estragados. El legislativo, por el férreo control que sobre él ejerce el sistema de partidos, no cumple ni la función de representar a sus votantes, ni la de controlar al Gobierno ni siquiera la de legislar. Todo se aprueba por decreto gubernativo, o por decreto-ley, donde el parlamento actúa de palmero (¿el palmerento?), coreando las decisiones de Pedro Sánchez, y aprobando lo que toque a posteriori (¿el palmelento?). Si una ley sigue el trámite regular, también el impulso será monclovita. Mientras tanto, el Gobierno no se somete a las leyes democráticas. Obsérvese que el Ejecutivo ejecuta (en el sentido de la pena máxima) las leyes a mitad de la partida. Ahora pretende rebajar el delito sedición. Tampoco respeta las sentencias judiciales, porque las condona sobre la marcha, cuando le conviene, para conjurarse (cerrando el círculo vicioso) con las bancadas cómplices y seguir manejando las mayorías del parlamento. En el caso de los indultos el Do ut des es evidente por delante y por detrás.

«Casi el último baluarte de la democracia española»
Exceptuando a los magistrados del Tribunal Constitucional, que no son jueces y además están descansando; los jueces, en su inmensa mayoría, sí se toman en serio el cumplimiento de la ley y el funcionamiento del Estado de Derecho. Los intentos de controlarlos mediante el control político Consejo General del Poder Judicial vienen de muy lejos, pero arrecian en los últimos tiempos porque desde el Ejecutivo ven a los jueces como el obstáculo final que les separa de su impunidad a todo plan y del absolutismo fáctico.

La peculiaridad de que esa barrera —casi el último baluarte de la democracia española— sea precisamente la que tiene un mecanismo menos electoralizado de funcionamiento interno no es una casualidad; y debe servirnos de imagen, casi de parábola. Nos recuerda que, como han explicado los clásicos, de Alexis de Tocqueville para abajo, la democracia sólo se mantiene cuando se fundamenta en valores previos a la democracia. Son la prioridad de la conciencia personal, el patriotismo, la honestidad, la familia, la propiedad, el cumplimiento de los pactos y de la palabra, el concepto de dignidad inalienable de la persona, etc. Decían los ingleses de antes que el Parlamento puede hacer cualquier ley, salvo volver a un hombre mujer o a una mujer hombre (¡precisamente!) y querían significar con eso que hay que respetar la naturaleza y la realidad. Que la voluntad parlamentaria tiene límites. Ni las leyes pueden cambiar el color de la hierba, que es verde, ni democratizar la tabla de multiplicar ni indultarnos de la ley de la gravedad.

Al absolutismo democrático que ahora padecemos, más totalizante que el de los reyes del siglo XVIII, no le hacen gracia ninguna ni los viejos refranes ingleses ni la jerarquía normativa ni las virtudes públicas por las que clamaba Adam Smith, entre tantos. Qué le vamos a hacer. Pero si son demócratas de corazón y lo pensaran dos veces se escandalizarían menos. ¿Acaso aceptarían ellos que una mayoría parlamentaria esté legitimada para instaurar una dictatura, si se impone en unas votaciones? Claro que no, porque el mismo régimen democrático no se somete a votación, de una forma tan paradójica como pedagógica.

La verdadera cuestión de fondo de la política es determinar qué principios, realidades, derechos y procedimientos se rodean de un aura de sacralidad sobre la que construir una convivencia estable y un sistema cívico de derechos y libertades. Los poderosos quieren que nada se escape de su esfera de influencia, o sea, de toqueteo, esto es, de aprovechamiento. Es su pulsión. A los administrados nos conviene mucho que haya una gran zona exenta del capricho de las élites. Los jueces que defienden contra viento y marea el ámbito de lo jurídico son, aunque no los haya votado nadie en unas elecciones, los guardianes de la democracia.

Sánchez borra las huellas del delito
OKDIARIO 29 Junio 2021

Es como si para indultar a un conductor borracho no se mencionara el alcohol. Sencillamente alucinante. El Gobierno de Pedro Sánchez no se refiere en las 15.975 palabras que conforman la motivación de la medida de gracia a Oriol Junqueras a la «violencia» que probó el Tribunal Supremo en su sentencia del 1-0 para condenarle por un delito de sedición. Esa «violencia», según el alto tribunal, no fue suficiente para condenarle por rebelión, pero de ahí a que no existiera hay un trecho muy largo, el que ha recorrido el Ministerio de Justicia para justificar su indulto al líder de ERC.

Es más, en su informe desfavorable al indulto, el Supremo es meridianamente claro y pone como ejemplo el Código Penal de Italia, donde se sanciona «con una pena privativa de libertad no inferior a 12 años los ataques violentos contra la integridad, independencia o unidad del Estado». Asimismo, en la sentencia del 1-0, el Supremo afirma que «se trataba de movilizaciones que desbordaron los límites constitucionales del ejercicio de los derechos de reunión y manifestación y que crearon el ambiente coactivo e intimidatorio necesario para obligar a la Policía Judicial a desistir del traslado de los detenidos al lugar en que iba a practicarse, por orden judicial, la entrada y registro».

La motivación del indulto a Junqueras obvia este hecho y simplemente alude a la Ley de 1870 que permite al Ejecutivo aplicarlo cuando lo considere conveniente para «los intereses generales». En conclusión: el Gobierno socialcomunista se esfuerza en borrar los hechos probados y las alusiones a la situación de violencia generada, asunto clave en la sentencia del Supremo que condenó a Oriol Junqueras a 13 años de cárcel por un delito de sedición en concurso medial (cuando un delito es necesario para la constitución de otro) y malversación. El Supremo dio por probados la existencia de «indiscutibles episodios de violencia», aunque se inclinó por la sedición en lugar de la rebelión, precisamente, porque entendió que la violencia no era una parte estructural del plan. Sánchez esconde ahora en su indulto los «indiscutibles episodios de violencia» y no motiva el perdón. Bueno sí, viene a decir que los indulta porque le da la gana.

El PP y la ingeniería social del PSOE
Francisco Marhuenda. La razon 29 Junio 2021

La izquierda política y mediática puede estar tranquila, porque los cambios profundos de ingeniería social del PSOE no serán modificados cuando llegue el PP al gobierno. Es una constante como consecuencia de los complejos de unos dirigentes a los que les gusta escuchar, cuando alcanzan el poder, que no parecen de derechas. No hay más que retrotraerse a 1996 y 2011. Al pujolismo le fue muy bien cuando estaba Aznar y se realizaron importantes cesiones competenciales, algunas simbólicamente importantes. La izquierda intelectual recibió numerosas prebendas y se hizo tabla rasa, por supuesto, con la corrupción que se sufrió en los estertores del felipismo. Los responsables formales de los GAL fueron convenientemente indultados. A nadie se le ocurrió levantar las alfombras y el aznarismo pensó, ingenuamente, que había comprado la legitimidad y la paz política, pero se equivocó. La izquierda fue inmisericorde cuando tuvo la oportunidad de vengarse. Los ataques y manipulaciones sufridos a partir del 2000, así como la pérdida del poder en 2004 tendrían que haber servido para que el PP y sus dirigentes reflexionaran. No fue así.

Desde ese año hasta la derrota del 2011, el gobierno socialista derogó la ley de Educación y no pactó la nueva con el PP, impulsó la ingeniería social a tope, aprobó la ley de la Memoria Histórica y un estatuto de autonomía de Cataluña aislando al principal partido de la oposición. Estos son algunos de los ejemplos de cómo el PSOE sabe ejercer el poder sin contemplaciones. Tras esta experiencia y haber sufrido campañas sistemáticas en contra, cabía esperar que los populares aprendieran, pero no fue así. No hizo nada. El proyecto ideológico que esperaban sus votantes dio paso a la tecnocracia más fría e impersonal. La cobardía llegó al extremo de que ni siquiera se atrevieron a modificar la controvertida ley de la Memoria Histórica y solo tuvieron el gesto «heroico» de no dotarla presupuestariamente. No cabe esperar que cambien esta pauta cuando recuperen el poder. Por tanto, la izquierda puede descansar tranquila. Es verdad que Ayuso ha reconciliado el partido con sus votantes marcando cuál debería ser el camino para recuperar La Moncloa. El votante de centro derecha quiere ideología y me temó que se volverá a sentir defraudado. Me gustaría equivocarme.

Los indultos desnudan a la sociedad civil
Jesús Banegas. Vozpopuli 29 Junio 2021

Existe una tendencia mayoritaria en nuestra sociedad caracterizada por echar la culpa de casi todo a los políticos, que podría resumirse en el popular dicho italiano: “Piove, porco Governo”. Y no es que no hagan cada vez más méritos, unos mucho más que otros, para merecer nuestras críticas, pero con los infames indultos que acaba de conceder el Gobierno a confesos culpables de un golpe de Estado, apelando a una legislación prehistórica, se han producido algunos sorprendentes -o no tanto, como veremos- apoyos que han dejado al desnudo la sociedad civil española con dos grandes ejemplos: la CEOE y la Conferencia Episcopal.

En ambos casos ha sido evidente la mala conciencia de sus portavoces al mezclar de manera confusa e impropia -carente del más mínimo rigor conceptual- la ley, la justicia, la constitución y hasta el diálogo sobre delitos consumados y debidamente juzgados. La posible integridad moral -pensar, decir y hacer lo mismo- cuya carencia es el principal atributo del presidente del Gobierno, de ambas instituciones, debería conllevarles a “dialogar” por ejemplo sobre la existencia de la propiedad privada y el libre mercado por parte de la CEOE y sobre la libertad religiosa, la pedofilia y la eutanasia por parte de la Iglesia.

¿Qué razones, de fondo, justifican tales escandalosos comportamientos? La respuesta es muy simple: la sociedad civil –verdadera– española es muy débil y las citadas asociaciones están muy lejos hoy -no en otros tiempos- de merecer tal apelativo.

¿En que consiste la sociedad civil? Uno de los más acreditados signos distintivos de nuestra cultura y civilización, la occidental, y una de las razones de sus logros y avances económicos y sociales a lo largo de la historia es la existencia de la llamada “sociedad civil”, que, al generar pluralismo ideológico e institucional, previene el establecimiento de monopolios de poder y de verdad y contrabalancea las instituciones centrales de naturaleza política. Podríamos definir la sociedad civil como el conjunto de instituciones no gubernamentales suficientemente fuertes como para contrabalancear al Estado y, sin menoscabar sus funciones de mantenimiento de la paz y arbitraje de los grandes intereses, prevenir su dominio sobre una sociedad atomizada.

John Locke, el primer y gran filósofo político moderno, sostiene en su Segundo tratado sobre el gobierno civil, de 1690, que “los hombres poseen derechos que son anteriores a los gobiernos, siendo estos instaurados para proteger aquellos”.

A partir de la materia prima de los afectos humanos construimos asociaciones duraderas, con sus reglas, cargos, ceremonias y jerarquías que dotan a nuestras actividades de un valor intrínseco. Colegios, iglesias, bibliotecas, coros, orquestas, bandas, grupos de teatro, clubs de cricket, equipos de fútbol, torneos de ajedrez, la sociedad histórica, el instituto femenino, el museo, la partida de caza, la sociedad de pesca. Estas asociaciones son miradas con suspicacia por quienes están convencidos de que la sociedad civil debería ser dirigida por quienes saben más. Cuando el Partido Comunista tomó el poder en Europa, su primera tarea consistió en destruir las asociaciones civiles. Tal es la descripción de la sociedad civil que nos hace Roger Scruton.

Integrada la sociedad civil por las asociaciones libres y voluntarias que puedan constituirse para los más diversos fines en el amplio espacio que existe entre la familia y el Estado, no todas merecen el mismo respeto y consideración.

Deben merecer mayor respeto aquellas que:

Sean voluntarias, tanto para formar parte de ellas como para dejar de ser miembros.
Son socialmente representativas, no un mero club de unos pocos y circunstanciales amigos.
Se autofinancian con aportaciones económicas y materiales libres y voluntarias de sus asociados, sin compromisos de permanencia.
Se organizan con criterios democráticos basados en estatutos respetuosos de las leyes y votados por sus miembros.
Persiguen fines explícitos: misión, visión y valores de público conocimiento.
Actúan con total transparencia hacia la sociedad.
Respetan las leyes y se someten a ellas.

La consideración social y política de la proyección pública de las organizaciones sociales, debe ser francamente positiva con aquellas que:

Defienden intereses generales: sus planteamientos y sus logros benefician a la sociedad toda, es de decir, incluso a los que no son miembros.
Actúan con integridad moral: piensan con libertad intelectual, dicen lo que piensan y hacen lo que dicen.

Si se observan de cerca, una gran parte de las organizaciones –autoproclamadas–de la sociedad civil no responde a los criterios de legitimidad expuestos. Muchas de ellas –quizás la mayoría– apenas si tienen miembros voluntarios, no se financian con sus propios recursos, dependen de subvenciones públicas asignadas con criterios políticos, no tienen comportamientos democráticos, sus fines ni son explícitos ni muchas veces explicitables, actúan sin transparencia y en ciertos casos -Cataluña- no respetan las leyes.

Radicalmente en contra
¿Por qué será que el Círculo de Empresarios se ha manifestado clara y contundentemente en contra de los ilegítimos indultos que cuestionan el sagrado principio de la independencia judicial y la consecuente división de poderes? Muy sencillo: cumplen las anteriores normas -sobre todo, no reciben subvenciones del Estado– y no son condecorados por el poder político.

Que España no haya sido durante largos periodos de tiempo una sociedad abierta y democrática -“el terreno de juego de los deportes cívicos”- ha dificultado la proliferación de las asociaciones duraderas a las que se refiere Scruton, a lo que se ha unido la expansión sin límites del Estado que ha competido con ellas confinándolas cuando no absorbiéndolas y por tanto subvirtiéndolas en su razón de ser.

Los ciudadanos, incluidos los creyentes y practicantes católicos y las empresas tienen que hacer frente a sus responsabilidades sociales participando cada vez más en asociaciones de todo tipo, contribuyendo económicamente a su financiación para garantizar su libertad e independencia de los gobiernos y participando activa y democráticamente en su orientación y proyección pública.

Frente a los gobiernos que se aprovechan de las flaquezas de la sociedad civil para sumarlas dócilmente a sus designios políticos, es la hora de la responsabilidad ciudadana y empresarial no adocenadas actuando y diciendo basta. No solo el Gobierno tiene la culpa, también nosotros los ciudadanos en el ámbito de la sociedad civil.


******************* Sección "bilingüe" ***********************
Hacia una democracia orgánica

Sánchez se quiere apropiar ahora del Tribunal de Cuentas para desnaturalizarlo e indultar también casi diez millones malversados por el separatismo en su ofensiva contra el Estado
Editorial ABC  29 Junio 2021

El presidente del Gobierno volvió a recurrir ayer al desprecio a la oposición para acusar al PP de bloquear ahora la renovación del Tribunal de Cuentas, máximo organismo fiscalizador del Estado. Pedro Sánchez no tiene solución y su argumentario tiene el mismo valor que su hemeroteca. Dice una cosa y su contraria sin solución de continuidad, y todas las instituciones democráticas sin excepción se tienen que amoldar a él por la sencilla razón de que él es quien representa a la democracia, y los demás la obstaculizan. En su día, el PSOE votó a favor de que el Tribunal de Cuentas fiscalizara los gastos dedicados por la Generalitat a su aparato de ‘acción exterior’. Ahora, como cualquier multa a los separatistas dificulta sus planes de negociar con ERC soluciones soberanistas, a Sánchez le sobra ese Tribunal porque su intención última es condonar también -indultar más bien- casi diez millones de euros. Y dado que no tiene mayoría suficiente en ese organismo para someter a sus consejeros, su solución solo pasa por deslegitimar al Tribunal, atacar a la oposición, plantear otra reforma arbitraria para nombrar a sus miembros, y enviar a sus ministros a acusar a los consejeros de cuentas de «poner piedras en el camino» de la supeditación al separatismo.

Esta estrategia se une a la que Sánchez ya puso en marcha meses atrás para desapoderar al Poder Judicial y para ningunear la sentencia del Tribunal Supremo contra los golpistas del 1-O. Y también, para tratar de controlar al Tribunal Constitucional sumando magistrados conservadores al bloque progresista para impedir, por ejemplo, que el TC termine dictaminando que el primer estado de alarma fue inconstitucional, o para fabricar la coartada jurídica para que Estrasburgo termine dando la razón a los condenados por sedición. Sánchez está en una operación de desmontaje de todas aquellas instituciones que le supongan un inconveniente en su cesión al nacionalismo extremo. Por eso, ayer no tuvo el más mínimo reparo moral en afirmar que ha cambiado de opinión, y que si antes rechazaba los indultos, ahora le parecen útiles. ¿Útiles para quién? De momento, para que unos delincuentes salgan de prisión sin haber cumplido la pena impuesta, y para que ERC garantice al Gobierno la continuidad de la legislatura. Y si instituciones como el Supremo, el TC o el Tribunal de Cuentas no se pliegan, ya se encarga él de denostarlos y presentarlos ante la opinión pública y ante Europa como auténticos nidos de represores.

Sánchez es el presidente del Gobierno y tiene la obligación de impulsar la renovación de los órganos constitucionales pactando con realismo con el PP, porque ambos son los partidos que suman tres quintas partes del Congreso. Pero Sánchez no pretende negociar nada con el PP, sino imponer unos nombramientos a imagen y semejanza de su Gobierno con el aval de ERC. Quiere encubrir su tóxico modelo de democracia orgánica con una falsa apariencia de normalidad institucional bajo su mando. Y todo, trufado de un autoritarismo ya fuera de toda duda. Si los independentistas han sido condenados por malversación de caudales públicos, y además se les ha conmutado la pena de prisión por ello, lo razonable al menos es que devuelvan el dinero del que se apropiaron para convocar una consulta prohibida y promocionar el odio a España. Y también, que Sánchez lo pida públicamente, porque una cosa es la generosidad que tanto invoca, y otra muy distinta es forzar al Estado a arrastrarse ante quienes han cometido graves delitos sin arrepentirse. En el fondo, Sánchez quiere que España deje de ser un Estado de derecho con todas las instituciones a sus órdenes.

La atroz represión de los catalanistas

Pablo Planas. Libertad Digital 29 Junio 2021

El separatismo catalán es una fabulosa máquina de propaganda, una monumental factoría de mentiras y trampantojos que tiene sorbido el seso a un porcentaje nada desdeñable de la población, un porcentaje que dista de llegar a la mitad de la ciudadanía pero cuya principal cualidad es la resistencia frente a la verdad. Por ejemplo, a un independentista catalán le parece que Carles Puigdemont es un pobre exiliado perseguido por la injusticia española y no hay manera de sacarlo de ahí.

Tanto le da que el prófugo viva a todo tren en Waterloo, donde ha establecido una especie de Palmar de Troya del separatismo. O que su mujer, doña Marcela Topor, fuera contratada a razón de seis mil euros al mes por la Diputación de Barcelona, en manos del PSC, para presentar un programa de TV local con una audiencia mínima, por no decir inexistente. O que el domicilio conyugal en Gerona esté protegido las 24 horas del día por un retén de los Mossos. O que Puigdemont disfrute de todas las regalías de ser expresidente autonómico. Para cualquier separatista, incluidos los junqueristas, Puigdemont no es un vividor, sino una tremenda víctima, el ejemplo esférico del represaliado justo por detrás de san Oriol.

Y como Puigdemont y Junqueras hay, aseguran, tres mil. O tres mil cuatrocientos si el cálculo es de la CUP. O cuatro mil, ya puestos a redondear, según las estimaciones de Òmnium o de la Assemblea Nacional Catalana (ANC). Podrían decir diez mil como dijeron que fueron mil los heridos por las cargas policiales del 1-O. Nadie en el movimiento separatista se cuestiona los datos que difunde TV3. Es así, un rasgo sectario, como llevar el lazo amarillo cuando ya se ha liberado a los golpistas encarcelados. Ahora la excusa es que se debe lucir hasta que regresen los "exiliados" (en realidad fugados).

El represaliado catalán es un caso digno de manual de aurora boreal, un reflejo del extraordinario desarrollo en la región de las élites extractivas. Por ejemplo, el matrimonio formado por Cesca Domènech y Miquel Buch, quien fuera consejero de Interior con Torra hasta que Torra se dio cuenta de que Buch le despreciaba profundamente y no le tenía el respeto debido como "president". Ella gana más que Pedro Sánchez como directora general de Acción Cívica y Comunitaria de la consejería de Derechos Sociales. Se adujo que merecía tal cargo porque su marido no lograba recolocarse tras haber sido cesado. Al poco, trascendió que la fiscalía solicitaba seis años de cárcel y una docena más de inhabilitación contra Buch por haber proporcionado escolta al prófugo Puigdemont en Waterloo. Gran escándalo. Todos los medios independentistas, de la radio de Godó hasta el digital más pequeño, salieron en tromba. Seis años de cárcel, qué barbaridad, clamaban. Un día después, el pobre represaliado Buch eran nombrado presidente de la empresa pública "Infraestructuras de Cataluña" a razón de 115.000 euros al año.

Más represaliados. Cuatro de los siete consejeros de ERC en el gobierno autonómico son "perseguidos" por la justicia en causas por desobediencia, por malversación o por haber participado en la organización del referéndum ilegal. Se trata de Roger Torrent, Tània Verge, Natàlia Garriga y Josep González Cambray. Acosados, acorralados, sometidos a tremebunda represión, con una espada de Damocles sobre sus cabezas, todos ellos cobran más de cien mil euros al año.

Otro caso, el del exdirector de Comunicación del gobierno regional, Jaume Clotet, encausado en el juzgado número 13 de Barcelona como una treintena de altos cargos por la organización del referéndum. Cesado por Aragonès, el hombre fue recolocado por Elsa Artadi como consejero áulico en el Ayuntamiento de Barcelona, pero cobrando de la Diputación en calidad de "Asesor Técnico del Área de Cultura" a razón de 5.485 euros en catorce pagas. Brutal, la represión. En condiciones parecidas están todos los altos cargos no aforados que participaron en los trabajos para celebrar el referéndum del 1-O.

Otra categoría de represaliado catalanista es la del joven encausado por apedrear a mossos d'esquadra, quemar contenedores, destruir la propiedad privada y esa clase de delitos por la patria catalana. Son un buen puñado, aunque no deben llegar ni de lejos al medio millar. En la mayoría de los casos, es la propia Generalidad republicana antes de Torra y ahora de Aragonès quien ejerce como acusación particular y se suma sin condiciones a las peticiones de pena de la fiscalía. Así es que la misma Generalidad que denuncia la atroz represión es partícipe de tal represión cuando perfectamente podría abstenerse. Es lo que dicen esos muchachos. Primero nos convocan a las manifestaciones, luego nos detienen y después nos acusan. Los mismos.

Por último, el represaliado de prestigio, Andreu Mas-Colell, a quien el Tribunal de Cuentas no puede exigir responsabilidad alguna porque es un economista de prestigio. Un prestigio que no impidió que se le conociera como el consejero manos tijeras de Artur Mas (otro represaliado de aúpa), recorte va, recorte viene en todos los servicios públicos. En todo menos en la difusión del separatismo, las embajadas, la TV3 y la propaganda.

Sánchez o cómo reavivar la llama separatista
Cristina Losada. Libertad Digital 29 Junio 2021

Si el PSOE no prestara oídos a los cantos de sirena del PSC, el separatismo catalán estaría ahora profundizando en sus luchas intestinas.

El de los indultos no es el tinglado de la antigua farsa, que aliviaba en posadas aldeanas el cansancio de los trajinantes y embobaba en las plazas de humildes lugares a los simples villanos. No lo es, puesto que no provoca diversión ni risas, aunque su asunto sea tan guiñolesco, disparatado y sin realidad alguna como el que anunciaba Benavente en el prólogo de Los intereses creados. Pero el irreal disparate al que abren la puerta los indultos, cuyo primer acto son las reacciones jactanciosas de los separatistas, se funda en las esperanzas en que, gracias al gesto magnánimo, se pueda llegar de algún modo a un arreglo con el separatismo. Por esa esperanza hay gente dispuesta a dar una oportunidad a todo lo que no se sabe que hará el Gobierno a partir de ahora. A todo lo que no se sabe, sí. Por eso alguno ya ha reconocido que la esperanza no se basa en nada. Es un voluntarista y voluntario acto de fe.

No preguntemos por los detalles. Por lo que va a ofrecer el Gobierno. Por lo que puede o no puede ofrecer. El tinglado de la farsa no admite entrar en detalles. Se sostiene gracias a la indefinición. ¿Cabe un referéndum pactado?, le acaban de preguntar a Sánchez. Cabe un "acuerdo pactado", respondió. Y así va a ser todo. Como lo fue, en su fase primera, aquello del nuevo Estatuto catalán, que pergeñó Maragall y aceptó Zapatero, y que tras aprobarse en el Congreso y someterse a referéndum en 2006, concluyó su andadura con la sentencia del TC cuatro años más tarde. Era también la gran solución. ¿Ya no se acuerdan los socialistas? Fue el principio de los grandes problemas. Problemas que no vinieron por el recorte menor que hizo el TC, aunque sirviera de pretexto agitativo para acompañar el giro estratégico de CiU. Pero la utilidad política del Estatut, tal como fue concebida por sus iluminados impulsores, quedó enterrada. Y para siempre. Hay juguetes políticos que no se pueden usar dos veces.

Ya que hablamos de experimentos con la soberanía nacional, hay que recordar lo que ocurrió con el Plan Ibarretxe, hace ya trece años, aunque su trayectoria se inició en diciembre de 2004. Era una especie de reforma integral del Estatuto de autonomía, pero incluía un reconocimiento del derecho de autodeterminación -ya mencionaba el "derecho a decidir"-, y propugnaba una "libre asociación" entre el País Vasco y España, con una soberanía compartida. El propio Ibarretxe fue al Congreso a defenderlo y allí se rechazó por 313 votos. La "consulta" que, a la vista del rechazo, quiso hacer el Gobierno vasco, fue impugnada y la paró el TC por tratarse de un referéndum encubierto. Seguramente de aquella experiencia, sacó sus conclusiones el separatismo catalán para hacer su 1-O. Pero la cuestión importante es que en el rechazo al Plan Ibarretxe estuvieron de acuerdo el PSOE y el PP, y gracias a ese freno conjunto, no pasó nada terrible ni tumultuoso. Lo que pasó es que el PNV entró en crisis y sepultó el plan.

¿Eran menos separatistas los del PNV que los separatistas catalanes? ¿Tenía menor apoyo el plan Ibarretxe que los planes del separatismo catalán? No. La diferencia está en que un proyecto de ruptura se frenó con el acuerdo de los dos grandes partidos, mientras que el otro, el catalán, cuenta con la simpatía de uno de los dos. Si el PSOE no prestara oídos a los cantos de sirena del PSC, el separatismo catalán estaría ahora profundizando en sus luchas intestinas y sus bases seguirían por el camino del cansancio y la decepción. Con los indultos y la apertura de la puerta a todo lo que no se sabe, Sánchez no hace más que insuflar nueva vida a las esperanzas separatistas. En vez de dejar que los rescoldos se apaguen, reaviva la llama.

La pantomima del Congreso con las víctimas
Cayetano González. Libertad Digital 29 Junio 2021

La segunda acepción de pantomima según el diccionario de la Real Academia Española es farsa. Eso es exactamente lo que se produjo este pasado domingo en el Congreso de los Diputados con el acto institucional de homenaje a las víctimas del terrorismo que cada año se lleva a cabo. Las principales asociaciones de víctimas decidieron no prestarse a esa pantomima-farsa. Razones para adoptar esa actitud tenían para dar y tomar.

En el hemiciclo del Congreso estaba presente la portavoz de Bildu, los herederos políticos de ETA; en el hemiciclo se sentaron tres miembros del Gobierno de España –Carmen Calvo, Juan Carlos Campo y Fernando Grande Marlaska- que ha pactado en esta legislatura con Bildu. Al menos Sánchez tuvo el "buen gusto" de no acudir a ese acto; "buen gusto" que le faltó cuando hace unos días, durante la inauguración del Memorial de Víctimas del terrorismo instalado en Vitoria, visitó la reproducción del "zulo" donde ETA tuvo secuestrado a José Antonio Ortega Lara durante 532 días.

En el hemiciclo estaba el portavoz del PNV, Aitor Esteban, partido que en el pasado no apoyó ninguna de las medidas que desde el Estado de Derecho se tomaron para combatir y acabar con ETA. En el hemiciclo estaban diputados de Podemos y ERC, mucho más complacientes y comprensivos con los presos de la banda terrorista que con sus víctimas. Por eso, la ausencia de las principales asociaciones de víctimas –AVT, Covite, Dignidad y Justicia, Fundación Miguel Ángel Blanco, Fundación Jiménez Becerril, entre otras- fue un acierto, como también lo fue la no presencia del PP y VOX. Ciudadanos, en esa tendencia irrefrenable a equivocarse, si estuvo, aunque dejó claro su apoyo a las víctimas.

Con Zapatero en la Presidencia del Gobierno comenzó el proceso de demolición, desde las Instituciones, del colectivo de las víctimas del terrorismo. Le resultaban molestas y había que arrinconarlas. Ya sólo el hecho de la negociación política que llevó a cabo con ETA, cuando la banda terrorista estaba agonizando, supuso una humillación para las víctimas, que sin embargo supieron reacciona y arropadas por miles de ciudadanos plantaron cara en la calle a ese proceso de negociación con el lema "en mi nombre, NO". Luego el Gobierno de Rajoy cometió la indignidad, al comienzo de su mandato, de facilitar la puesta en libertad de Bolinaga, uno de los secuestradores de Ortega Lara. Y ahora, han tenido que sufrir todas las tropelías de Sánchez, acercamientos de presos de ETA a cárceles vascas incluidos como pago a Bildu y el PNV por el apoyo que estos dos grupos le han prestado. Y si todo lo anterior no fuera ya suficiente, siguen esperando a que se resuelvan los más de 300 casos de asesinatos de ETA que todavía están pendientes.

Las víctimas no necesitan homenajes institucionales, sobre todo cuando parten de políticos que luego hacen lo que hacen. Las víctimas tienen el apoyo, el afecto, la cercanía y el cariño de muchos miles de españoles y eso les reconforta mucho más que cualquier acto institucional. Las víctimas sólo piden Memoria, Dignidad y Justicia. Lo que se hizo el domingo en el Congreso está muy alejado de ello. Fue lisa y llanamente una farsa.


Recortes de Prensa   Página Inicial