AGLI Recortes de Prensa  Domingo 4  Julio  2021

Graves noticias que se confirman
La labor del Tribunal de Cuentas es insustituible y su independencia, fundamental
Juan Velarde Fuertes. La razon 4 Julio 2021

En estos momentos, nos encontramos con una muy seria crisis económica. La combinación de la pandemia del Covid-19, con una serie de acontecimientos que forzosamente hunden la economía –uno de ellos es, precisamente, el aumento del déficit público, respecto al PIB–, exigen que las decisiones políticas sean las adecuadas en todos sus aspectos. Una fundamental sería cortar el incremento del gasto público, y controlarlo, en todos los sentidos. Esa realidad tiene un complemento: la existencia del Tribunal de Cuentas, y ello porque se ha comprobado, con la curva de Laffer, que para resolver el tema del déficit presupuestario no cabe pensar en incrementos impositivos. Como se señala, recientemente, en el interesante artículo de Gemma Angélica Sánchez Lerma, «Tribunales de Cuentas y aportaciones al avance en políticas de igualdad», publicado en la Revista Española de Control Externo, (pág. 465):
 «Asistimos a una progresiva conciencia de la necesidad de incorporar, a las políticas de Estado, los denominados Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), y esa búsqueda del desarrollo sostenible exige eliminar el referido riesgo considerable nacido del déficit presupuestario». Este es tan enorme, en estos momentos, y creciendo, que provoca la alarma por parte del Banco de España, en sus referencias a nuestra situación presupuestaria, y ello exige buscar dónde se encuentra un auxilio seguro. Éste se alberga, en concreto, en la Constitución vigente de 1978, que en su artículo 136 señala que el Tribunal de Cuentas es «el supremo órgano fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica del Estado, así como del sector público», y para eso, «las cuentas del Estado y del sector público estatal se rendirán al Tribunal de Cuentas y serán censuradas por éste»; y, para que eso marche bien, como hasta ahora marchaba, se agrega en ese artículo que «los miembros del Tribunal de Cuentas gozarán de la misma independencia e inamovilidad y estarán sometidos a las mismas incompatibilidades que los jueces». Para reducir el gasto público es esencial que esta independencia y actividad implacable del Tribunal de Cuentas vaya adelante. No poseemos actualmente la posibilidad de resolver las cosas bien, a través de una desamortización, como sucedió tras las guerras carlistas, o con una colosal inflación, porque ya no somos los dueños de la emisión de billetes con cifras de pesetas, pues estamos sometidos al control de las Instituciones de la llamada Eurozona.

Era necesario señalar todo esto, porque han surgido exigencias respecto a los gastos públicos derivados del gobierno autonómico de Cataluña, que, si no se atienden por el gobierno Sánchez, podrían suponer el desplome político de éste. El Tribunal de Cuentas puede y debe criticar y actuar respecto a estos gastos, y el Gobierno, por el contrario, está a la búsqueda de algún mecanismo que elimine el mensaje inserto en el mencionado artículo 136 de nuestra Constitución.

Abrir esa puerta significa hacerlo a la liquidación de uno de los pocos mecanismos que existían para que una de las causas que complican gravemente nuestra realidad económica futura, se alivien radicalmente. La labor del Tribunal de Cuentas es insustituible, y por ello la exigencia de su independencia es, sobre todo en estos momentos, fundamental.

En el periodo inicial de la Transición, y en asuntos relacionados con actividades económicas, vinculadas con la corrupción, esta Institución tuvo un papel determinante en el control de la corrupción, que frena el desarrollo económico en la vida nacional. Pero si, ahora, el Gobierno de Sánchez burla su independencia, elimina un auxilio para que la crisis económica tenga mecanismos de freno. Esos ODS se combinan maravillosamente en los resultados de «la gestión y control de subvenciones», que analizó también en la citada Revista Española de Control Externo, Luis Carlos Sánchez Sánchez, Interventor y Auditor del Estado. Es necesario denunciar este riesgo que es extraordinario, en lo económico, pero también peligrosísimo, en lo político. Estamos actualmente corriendo el riesgo de olvidarnos de los mensajes que parecieron definitivamente aceptados por todos, desde que se insertaron en el Plan de Estabilización de 1959. Cuando recibí el pasado 30 de junio estas noticias, pensé inmediatamente en la violentísima reacción que hubieran producido en aquel gran economista que fue Manuel Varela, cuando desarrollaba una dirección fundamental para nuestra buena marcha económica, analizada por Ana Cristina Mingorance Arnaiz, titulada «D. Manuel Varela. Las razones de la crisis y los cimientos de la recuperación» (2013), donde se nos recuerda, en la aportación del profesor Javier Wrana, bajo el título de «El problema de la deuda pública en España», entre otras agudezas, que es mayor esta perturbación cuando «no está controlada, ciento por ciento, por el Estado Español», presión actual, desde ciertos políticos catalanes.

Sánchez seguirá cavando el hoyo (si le damos tiempo)
Jesús Cacho. Vozpopuli 4 Julio 2021

Dicen los que saben de pensiones, que son cuatro pero muy sabios, que el problema, que algunos elevan a la categoría de drama, de nuestro sistema es la generosidad de las prestaciones (como pone de manifiesto que la pensión media de jubilación sea ya 100 euros superior al sueldo medio, que en España es de 24.395 euros, o que con apenas 15 años cotizados se tenga derecho a recibir el 60% de la misma, cosa que no ocurre en ningún país de la UE) y la pirámide poblacional, la demografía, es decir, el envejecimiento de la población, y que ambos daños solo se arreglan aumentando la edad de jubilación y aumentando también la contribución al sistema. Asunto este capital y que tiene que ver con el número de años de cotización necesario para el cálculo de la base reguladora, la auténtica madre del cordero del asunto. En España son 25 años de vida laboral, cifra que contrasta con los 35 de media en la UE y desde luego con la vida laboral del común de los mortales, que no suele bajar de los 40 años.

Acuciado por las exigencias de Bruselas para soltar los dineros, los 72.000 millones gratis total con los que nuestro presi pintón piensa alicatar su carrera política hasta el techo de su senectud mediante la compra general de voluntades en un país muy dado a dejarse sobornar, el señor Sánchez ha propiciado esta semana un arreglito de las pensiones (la primera parte, dicen), que en el mejor de los casos, el más caritativo, es un parche, un apaño, un darle hilo a la cometa de un problema que exigiría un gran acuerdo nacional de esos que son posibles en países con otro material humano distinto al nuestro. El remiendo ha consistido fundamentalmente en revalorizar las pensiones de acuerdo con el IPC anual, y en transferir una parte significativa del déficit de la Seguridad Social a los Presupuestos Generales del Estado (PGE), de acuerdo con la mejor técnica del trilero presto a cambiar la bolita de cubilete para despistar incautos.

Indexar la subida de las pensiones al IPC es una auténtica barbaridad sobre la que vienen advirtiendo economistas de distinto signo desde hace tiempo, en tanto en cuanto consolida anualmente esos incrementos en el gasto del sistema. Pero se trataba de desmontar la reforma llevada a cabo en 2013 por el PP, la obsesión de este Gobierno tan ideologizado como negado para la gestión. La reforma emprendida por el Gobierno Rajoy había establecido un denominado “factor de sostenibilidad” y un “índice de revalorización” ahora suspendidos. De la mano de un ministro que es de lo más salvable que se sienta en el banco azul, el Gobierno ha cedido a las presiones del socio comunista de Sánchez y a los mantras sindicales ligando pensiones e IPC, lo que no deja de ser una bola de nieve que irá creciendo, una bomba de relojería que terminará por explotar un día no lejano.

Y transferir esos casi 22.000 millones de la Seguridad Social a los PGE es hacerse trampas en el solitario. Es engordar deuda, la montaña que no deja de crecer y que más pronto que tarde acabará ahogando las expectativas de futuro de los españoles. España incrementó su gasto público (523.441 millones de 2019) en casi 63.000 millones a lo largo de 2021 para atender las urgencias derivadas de la pandemia, y en una cifra menor, pero importante también, a lo largo de 2022, de modo que no sería arriesgado suponer que el incremento de gasto se comerá de largo los 72.000 millones que Sánchez espera conseguir gratis total del Fondo de Reestructuración y Resiliencias Varias de la UE. El resultado de tan desbocada apetencia al gasto es que la Deuda se ha situado ya en el 125,3% sobre PIB al cierre del primer trimestre, último dato divulgado por el Banco de España.

Un deterioro de las finanzas públicas sin precedentes en tiempos de paz, que no parece preocupar –ni la menor reseña al asunto entre las toneladas de propaganda que diariamente emite el entramado ideológico-empresarial del sanchismo- a este Gobierno irresponsable, escudado en el mantra de que en todas partes cuecen habas –lo de Italia, por ejemplo, es peor, aunque allí tienen a un buen cirujano al frente del Gobierno- y en que el BCE está dispuesto a seguir financiando déficits de forma ilimitada, lo cual tampoco es cierto. En todo caso, aducen, se trata de un fenómeno coyuntural provocado por la covid. Falso de toda falsedad: el virus solo ha acelerado los males de un modelo económico y social insostenible, basado en la acumulación de deuda. Si el 2020 se cerró con un déficit del 10,09% sobre PIB (11,3% si se le añade el efecto Sareb), el guarismo al cierre del primer trimestre de este año ha escalado ya al 3,5%, amenazando la estimación oficial que lo sitúa en el 8,4% (entre el 9,2% y el 9,4% en Francia) para el conjunto del año. Este país, ningún país, puede seguir pensando en vivir de un dinero público ilimitado y gratuito, vivir a costa de una deuda que los españoles no tendrán que devolver jamás, porque eso no pasa de ser otra más de las mentiras que soportan el embeleco sobre el que nuestro pequeño sátrapa pretende construir su imperio de cartón piedra con ayuda de lo peor de cada casa.

La dura realidad es que España, como Francia, ha perdido el control de sus finanzas y depende en exclusiva de la buena voluntad del BCE para seguir comprando toda la deuda neta que emite nuestro tesoro público. Pero la situación no puede demorarse indefinidamente. La inflación está ya llamando a la puerta (cerca del 3% este año en Estados Unidos), y la señora Lagarde tendrá que mover ficha en algún momento, por muchas que sean ahora las presiones de Macron y del propio Draghi para prolongar el éxtasis de esta borrachera de dinero fácil. La respuesta vendrá de Alemania y llegará tan pronto como se celebren las generales alemanas previstas para el 26 de septiembre. Armin Laschet, candidato por la coalición CDU/CSU para sustituir a Angela Merkel, está convencido de la necesidad de equilibrar el Presupuesto cuanto antes tras la crisis del coronavirus. El déficit cero es casi un dogma de fe para los conservadores alemanes, de modo que resulta inevitable pensar que Berlín impondrá orden muy pronto en las disparatadas finanzas de los países del sur de la Unión.

Es verdad que en los próximos trimestres la economía española va a experimentar el “efecto champán” de un crecimiento tan llamativo como ilusorio, en tanto en cuanto partimos de unos niveles de deterioro de la actividad muy pronunciados, pero que no logrará ni de lejos revertir la situación de nuestras grandes variables macro. Las esperanzas puestas en el maná de los fondos europeos no hacen sino poner de manifiesto las falsas expectativas de un país que lo fía todo a soluciones milagrosas pero cuyo ADN parece reñido con el trabajo serio y continuado, la disciplina presupuestaria y el imperio de la ley. Una puerta abierta a innumerables historias de despilfarro y corrupción. Como esos casi 6.000 millones que el Gobierno, que se ha reservado la gestión directa de la “pedrea”, prevé destinar a rehabilitación energética de viviendas, es decir, a cambiar ventanas. Gasto público y transferencias sociales, en lugar de emplear el dinero en innovación e infraestructuras productivas, como hoy hacen Estados Unidos y China.

Pero ahí sigue el gran trilero, encantado de haberse conocido, convencido de que su sabiduría de fatuo perfumado ha resuelto de un plumazo el problema de las pensiones. Feliz, dice su boletín oficial, de haber firmado ya “hasta 10 grandes acuerdos con los agentes sociales en esta legislatura”, es decir, con unos sindicatos aferrados como nunca a la teta del Presupuesto y una patronal dispuesta a participar a tope en idéntica mamandurria. El gran Garamendi, ese chico bien de Guecho que fue capaz de llorar de emoción ante el aplauso que le propinaron los empleados de Diego de León 50, es decir, sus empleados, porque en aquel auditorio no había un solo empresario, ha salido esta semana por peteneras acusando de “marxista” al proyecto de reforma laboral presentado por la ministra de Trabajo, la comunista Yolanda Díaz, ¿y qué esperabas, Antonio? A los enemigos de la libertad nunca les interesó crear empleo, nunca construir una sociedad de ciudadanos libres, responsables de sus actos y capaces de labrarse un futuro con su solo esfuerzo. Su horizonte no está en crear riqueza para después repartirla sino en extender la pobreza, porque en otro caso tendrían que cerrar el negocio por falta de clientela.

Aquejada por el intervencionismo consustancial a todo Gobierno social comunista que se precie, la pandemia se ha traducido en España en un fortalecimiento del control del Estado sobre la economía y la sociedad. Todas las medidas propuestas en materia de política económica tienen el denominador común de la coacción a la libertad empresarial, de los palos en la rueda al funcionamiento de las empresas. Obstruir la iniciativa privada y coartar las libertades individuales. Como ese terrorífico invento que ayer mismo publicaba el boletín oficial referido a una ley que prepara el Ejecutivo según la cual “todas las personas mayores de edad podrán ser obligadas a aportar prestaciones personales cuando se declare un estado de crisis. El Gobierno podrá intervenir empresas, requisar bienes o suspender actividades”. Un estado de alarma a lo bestia, al más puro estilo chavista. Y todo con la anuencia de unos medios de comunicación mayoritariamente amaestrados y unas elites empresariales –Ana Botín, José María Pallete, Ignacio Sánchez Galán, Isidro Fainé et altri- que guardan silencio en espera de recibir el maná de unos fondos que les ayuden a resolver sus problemas, y cuya responsabilidad ante la España liberal y de progreso no deja de crecer día tras día.

Porque el problema no es Garamendi, sino los antes citados que obligan a Garamendi, voz de su amo, a decir y firmar lo que el sujeto dice y firma cada dos por tres. Y ahí va el bello Sánchez, dispuesto a seguir gastando a manos llenas el dinero del contribuyente y el de las generaciones venideras. Gastar para ampliar su base electoral, sociedad clientelar, cara a las generales de 2023. Cuentan que, entrevistado al final de una de sus conferencias sobre estrategia para salir del hoyo, Keynes aconsejó que “lo primero que hay que hacer es dejar de excavar”. Sánchez está dispuesto a seguir ahondando el hoyo, la sima más profunda de nuestra reciente historia, en el que España acabará enterrada si no le quitamos pronto la pala. Un individuo capaz de soportar humillaciones como las que le propinan sus socios separatistas en el Congreso sin que se le mueva una ceja, –véase Rufián y su “denos tiempo”- es capaz de todo. De todo lo peor. La conclusión no puede ser más preocupante: España se encamina a hacia una crisis de deuda casi inevitable, una situación peor que la registrada en 2011 cuando la CE impuso a Zapatero un drástico ajuste de las cuentas públicas. Una España atrapada en un grave deterioro institucional, un estancamiento de la actividad y un desempleo estructural cuyo lado más lacerante es el paro juvenil. Imaginar la herencia que podría recibir un Gobierno de otro signo político causa pavor.

La Ley de Inseguridad Nacional o de Defensa de Sánchez
Federico Jiménez Losantos. Libertad Digital 4 Julio 2021

El País, pasquín subvencionado por la crema catalana y la nata del Ibex35, y portavoz de la dictadura en ciernes del tirano Sánchez, publicó ayer en su portada una exclusiva que debería poner los pelos de punta a la Oposición en bloque, si existiera. Pero este PP rajoyano se limitaría, en el Poder, a presentar un incidente de ejecución de sentencia; en la Oposición, a una pregunta parlamentaria. Según los teodolitos mediáticos, ni presentará una moción de censura ni cree que lo haga Vox. Ni hace ni deja hacer. La moción, como explicó ayer Somalo, deberían presentarla los tres partidos de la Oposición. Como Casado deserta, bastan Inés y Abascal. Pero la audacia es mercancía de partido, nunca obedece al interés nacional.

Propiedad y Libertad, a merced del Gobierno
Textual: "El anteproyecto fue visto en primera lectura por el Consejo de ministros el pasado 22 de junio y está pendiente de aprobación definitiva para su remisión al Congreso, aunque ya se ha informado de su contenido a las comunidades autónomas y a algunos grupos parlamentarios".

Nótese el "algunos". Estas serían las bases legales de la dictadura:
"Toda persona mayor de edad estará obligada a la realización de las "prestaciones personales" que exijan las autoridades competentes, siguiendo las directrices del Consejo de Seguridad Nacional, cuando se declare en España un estado de crisis. En este supuesto, todos los ciudadanos sin excepción deberán cumplir las órdenes e instrucciones que impartan las autoridades."

"En el supuesto de que en España se declarase un estado de crisis ("situación de interés para la Seguridad Nacional" es la denominación que le da la ley), las autoridades también podrán proceder a la requisa temporal de todo tipo de bienes, a la intervención u ocupación provisional de los que sean necesarios o a la suspensión de todo tipo de actividades. Quienes sufran perjuicios económicos por la requisa de sus bienes o la interrupción de su actividad tendrán derecho a ser indemnizados. En sus primeras redacciones, la ley excluye el pago de indemnización a quienes sean obligados a realizar una prestación personal."

"Entre otras novedades, el anteproyecto incluye la obligación de los medios de comunicación de colaborar con las autoridades competentes en la difusión de informaciones de carácter preventivo u operativo".

Según el pasquín, se trataría de llenar los huecos observados durante el interminable Estado de Alarma, durante el que no se recurrió a la Ley de Seguridad nacional. ¿Por qué se hace ahora con los retoques pertinentes? Porque es evidente que el Estado de Alarma será declarado inconstitucional cuando a González Rivas de Pumpido le apetezca y porque así nacería otra situación de ilegalidad recurrible que permitiría al TC dejarla aplicar un año o dos. Y vete tú a reclamar luego daños y perjuicios a una dictadura.

Una ley propia de una dictadura
Este proyecto es como las leyes habilitantes de Hitler adaptadas para la dictadura de Hugo Chávez por los leguleyos podemitas, que facultan al Poder para convertir sus decisiones en leyes. Como no describe qué es una crisis, el Gobierno puede declarar "crisis" cualquier situación de cualquier tipo. Y proceder a la detención de todos los ciudadanos y al robo de sus bienes. La obligación de los medios de comunicación está clara: "colaborar con las autoridades competentes en la difusión de informaciones de carácter preventivo u operativo."

Es decir, que se anularía el artículo 20 de la Constitución que garantiza la libertad de expresión. Aunque antes se habrían anulado todos los artículos referentes a la seguridad jurídica de la libertad individual y a las garantías a la propiedad privada. Vamos, que en España no habría más Estado de Derecho que el que no le torciera el aparejo al mulo monclovita.

El proyecto de Ley del Gobierno socialcomunista es genuinamente totalitario. A Xi Jinping quizás le parecería excesivo. A Lenin, no, porque responde a la idea de militarizar a toda la sociedad, en un estado de guerra permanente que, en realidad, es la guerra que declara el gobierno al pueblo, exactamente como se explica en el reeditado Libro negro del comunismo. Sánchez no organiza la sociedad para defenderse ante una crisis, sino que la desorganiza. No crea un nuevo marco legal. Anula la legalidad vigente para defenderse de la crisis que pudiera desatarse en España contra… Sánchez.

El papel clave de los medios
Cuando el jefe de Estado Mayor de la Guardia Civil confesó que se estaba utilizando a la Benemérita para combatir las noticias negativas sobre la gestión de la pandemia por parte del Gobierno, quedó claro, además de la corrupción de la cúpula de la Guardia Civil, mera escolta de las fechorías de Marlaska, que Sánchez ve al Estado como un medio de comunicación y que los medios como tales sólo deberíamos tener la obligación de respaldar al Gobierno en situaciones como la del Covid19, criminalmente gestionada por el Ejecutivo de Sánchez, como prueban los 140.000 muertos, el mayor número en relación con su población de todos los países occidentales.

¿Cuántos muertos más habría tenido España si algunos medios no hubiéramos informado de las contradicciones y disparates del Gobierno? ¿Cuántos, si no hubiéramos informado de la falta de material sanitario, cuando el infame Simón decía que las mascarillas eran "contraproducentes" porque, según confesó luego el vil sujeto, entre risas, entonces no tenían? ¿Y si no hubiéramos defendido la política de la Comunidad de Madrid, frente a los atropellos de Illa y de Sánchez, que como se demostró luego, eran ilegales y, esta vez sí, contraproducentes? ¿Deberíamos habernos reído del hospital de campaña en el Ifema o jaleado los sabotajes y burlarnos del Hospital "Isabel Zendal", como tantas ratas televisivas subvencionadas?

¿Quiénes fueron más responsables de miles de contagios y muertes? ¿Los medios de comunicación, que, haciendo lo que ahora quiere imponer el Gobierno por ley, alertamos contra el infectódromo del 8 de marzo, o los que se reían en los platós diciendo "coronavirus, oé, coronavirus, oé"? ¿Los que dijimos que la intervención de la Comunidad de Madrid era ilegal, como ratificaron los tribunales, o los que la aplaudieron, como las televisiones a las que el Gobierno regaló 100 millones de euros? ¿Para qué sirven los medios de comunicación si sólo pueden apoyar al Gobierno, aunque sepan que el Gobierno atropella a la población o, simplemente, se equivoca? ¿Para comer y callar?

Maldición y rebelión
Esta Ley de Inseguridad nacional, que supera en sectarismo a la Ley de Defensa de la República de Azaña, debería llamarse Ley de Defensa de Sánchez. Sólo a su tiranía sirve.

Sólo a los españoles libres obligaría a compartir la pitanza de trolas que a diario nos sirve. Los serviles no la necesitan, los que aspiramos a la condición de ciudadanos la maldecimos antes de promulgarse. Y debemos rebelarlos antes de que pueda hacerlo. Con los partidos de Oposición o contra el Gobierno y contra la Oposición.

Silencio en el PSOE ante la deriva absolutista
Pablo Sebastián. republica 4 Julio 2021

Los primeros dirigentes del PSOE desayunaron en la mañana del sábado con la portada del diario El País donde se anunciaba que el presidente Sánchez pretende una reforma de la Ley de Seguridad Nacional que, en el caso de una crisis de Estado, le otorgue poderes para movilizar (es decir ‘militarizar’) a los españoles mayores de edad obligándoles a realizar ‘prestaciones personales’, al tiempo que otorga al presidente la capacidad para confiscar sus bienes y los de las empresas españolas’.

En suma un proyecto de Ley para legitimar el poder absoluto de Sánchez en caso que lo necesite para su permanencia en el poder. Lo que se suma a: los indultos arbitrarios e ilegales -por falta de ‘utilidad pública’-; la reforma del delito de Sedición del Código Penal para facilitar el regreso de prófugos golpistas catalanes; y la preparación, ahora en marcha, de un ‘referéndum. consultivo’ que permita a los soberanistas vascos y catalanes convertirlo en ‘referéndum de autodeterminación’ en sus respectivos territorios.

Esos son los pilares de la ‘nueva etapa’ política o cambio de Régimen del que habla Sánchez mientras edulcora su proyecto absolutista con vocablos de ‘concordia, reencuentro, perdón y magnanimidad’ frente a la ‘venganza y la revancha’.

En el PSOE, en su Comité Federal, silencio sepulcral porque no se mueve un gato ni se escucha volar a una mosca ante la asombrosa deriva absolutista de Sánchez. García Page mudo, Susana Díaz liquidada en Andalucía, Vara arrepentido en Extremadura y Lamban sin buena salud para plantear batalla desde Aragón.

En la Oposición gran desconcierto y mucha furia sin control: Casado en el PP se muestra indignado y estupefacto en lugar de articular un discurso más frío, afilado y eficaz que atraiga a los votantes socialdemócratas que son la posible clave del vuelco político y la alternancia.

Mientras Abascal truena desde Vox ofreciendo excusas y agarraderas al sanchismo.y Arrimadas, absolutamente a la deriva, se dispone a entregar la alcaldía de Granada al PSOE, como meses atrás quiso regalar a Sánchez el Gobierno de Murcia. Lo que anuncia la pronta auto destrucción de Cs, como pronostican las encuestas en Andalucía, tras las derrotas de Arrimadas y de Cs y en las elecciones generales, catalanas y madrileñas.

E imaginamos que máxima preocupación por todo ello en la Jefatura del Estado y los distintos estamentos del Poder Judicial. Y, especialmente, en el Tribunal Supremo donde está pendiente la decisión de su Sala Tercera ante los recursos presentados por PP, Cs y Vox contra los indultos, en la que se considera que será una sentencia decisiva para el vigente momento político español. Y para las ambiciones sin límite que Sánchez pretende legitimar en los próximos meses con el apoyo de sus aliados de UP y los soberanistas en pos de un poder absoluto -camino de una III Republica socialista- que solo podría frenar la firmeza de la Justicia y un proceso electoral.

Cogidos por tales partes
Nota del Editor 4 Julio 2021

Se suele pensar que alguien mas o menos normal, cuyo comportamiento queda fuera de de toda racionalidad pero en sintonía total con otro, se debe a que el segundo tiene
cogido al primero por sus tales partes.

La miga de la historia es saber cómo lo consigue (además del enchufe - empleo, pasta gansa de procedencia variada  y pensión vitalicia, del tipo profesional de la política).

Esta situación es la misma con respecto al 11M, resulta increíble después de tantos años y desastres que nadie haya levantado una esquinita de la alfombra del terror.

¿Relevo o alternativa?
Alejo Vidal-Quadras. Vozpopuli 4 Julio 2021

El cúmulo de desaguisados, infamias y tropelías que viene cometiendo Pedro Sánchez desde que llegó al poder tras la infausta moción de censura al estafermo que le precedió, ha llegado a tal punto que las encuestas, en caso de celebrarse hoy unas elecciones generales, muestran una clara mayoría de centro-derecha. La gota que parece haber colmado el vaso son los indultos a los golpistas catalanes, pero la verdad es que incluso antes de esta reciente ignominia, el inquilino de La Moncloa llevaba ya méritos acumulados de sobra para ser desalojado de la residencia presidencial. Nunca un jefe del Ejecutivo desde la invasión napoleónica se había rendido ante los enemigos de la Nación para entregársela maniatada como ha hecho este sujeto. Lo sorprendente no es tanto la existencia de personaje tan nefasto como la falta de reacción de la ciudadanía ante sus continuas mentiras, traiciones y bajezas. Aunque ahora los sondeos parecen indicar que una parte notable de los españoles ha perdido la paciencia y quiere devolverle a la oscura nada de la que salió, existe un precedente que suscita en mucha gente una justificada inquietud.

En 2011, el fracaso de Zapatero a la hora de afrontar la crisis financiera de 2008 y su brusco giro de 180 grados obligado por Bruselas y por una situación que llevaba al país a la quiebra, se tradujo en la hegemonía del Partido Popular en un grado insólito: control absoluto del Congreso y del Senado, la alcaldía de cuarenta capitales de provincia y el gobierno de trece Comunidades Autónomas. La etapa zapateril había significado un deterioro notable de las instituciones, un pacto nefando con ETA bajo el pretexto de que dando oxígeno a la banda se conseguiría la paz, un agravamiento muy serio de la cuestión catalana, una elevada cota de desempleo y la reapertura de viejas heridas que dividieron de nuevo a la sociedad malogrando el noble esfuerzo de reconciliación de la Transición. Junto a todas estas desgracias, los colmillos del falso Bambi se habían hincado en el tejido de valores y hábitos morales que prestan estabilidad, seguridad y solvencia a una colectividad humana y habían debilitado considerablemente elementos tan sensibles como la educación, el matrimonio, la familia y la identidad sexual de los individuos, no tanto para evitar discriminaciones injustas, lo que es sin duda necesario, como para transformar España en un rebaño de seres sin criterio fácilmente manipulables por la propaganda gubernamental.

A la vista de tal panorama y equipado por las urnas con una capacidad sin precedentes de revertir los atropellos del período anterior y emprender con ambición y firmeza un programa de reformas que corrigiese los muchos y evidentes defectos del sistema de 1978, Rajoy se dedicó incomprensible e irresponsablemente durante la legislatura 2011-2015 a solazarse en la pasividad más absoluta mientras las venenosas semillas plantadas en los ocho años de ZP daban los malignos frutos que en el aciago presente que sufrimos Sánchez ha multiplicado y vigorizado hasta extremos increíbles.

Como era de esperar, esta indignante inacción condujo al cambio de mayoría en el que todas las fuerzas del mal, separatismo, filoterrorismo y comunismo chavista, alzaron en hombros al peor gobernante que la Nación ha padecido en dos siglos. Si bien el daño causado por Zapatero fue muy grande, era todavía reparable si en vez de un presidente del Gobierno pasmado hubiésemos tenido la suerte de contar con un estadista inteligente y valiente. Sin embargo, en estos momentos la jauría completa que pugna por desgarrar la carne de la patria se ha envalentonado hasta tal punto que intentar salvarla requerirá un empeño muy superior al que hubiera hecho falta en 2011.

De las entrañas de la Nación ha de surgir, como en 1808, la energía indispensable para reencontrar el rumbo perdido y es la sociedad civil la que se ha de activar y exigir a los dos grandes partidos constitucionalistas una agenda de cambio que nos salve y nos ponga en el futuro a resguardo de tormentas de la intensidad de la que en estos infaustos días nos azota.

Pablo Casado y Santiago Abascal han de comprender que, si tal como sucedió en 2011, en los próximos comicios generales se produce un simple relevo y no una verdadera alternativa, España será liquidada y ellos pasarán a la Historia como los que permitieron tal catástrofe.

Las vanas esperanzas con el Partido Podrido claramente anticonstitucionalista
Nota del Editor 4 Julio 2021

El Partido Podrido es claramente anticonstitucionalista, falto de principios éticos, movido únicamente por mantener el empleo y demás  de sus profesionales de la política.

Y si alguien duda de lo que afirmo, anda entre dos opciones: o es creyente (del partido podrido) o ha aterrizado hace unos segundos al terminar su viaje desde Marte (desde la Luna también se ven claramente los disparates del PP, especialemente en el NO peninsular, o sea Galicia).

Así que a ver si de una vez desaparecen y a sus creyentes les llega la luz, despiertan y votan a Vox

Sánchez y un poco más
Editorial ABC 4 Julio 2021

El PSOE reunió ayer a su Comité Federal, que es el órgano máximo del partido entre Congresos, como un trámite para avalar mansamente las decisiones de Pedro Sánchez sobre los indultos a los condenados por el 1-O y su política de negociación con los separatistas. No se esperaba otra cosa de los dirigentes socialistas, a quienes Pedro Sánchez ha convertido en un coro silente. Hoy, el PSOE es un gabinete personal de Pedro Sánchez a las órdenes de Iván Redondo. Tras su discurso tópico sobre el reencuentro y la concordia con quienes no quieren una cosa ni otra -los independentistas catalanes-, Sánchez comprobó, ya a puerta cerrada, que su partido no existe como organización política representativa. Este era el objetivo del presidente del Gobierno y lo ha conseguido, anulando una capacidad de crítica que el PSOE había procurado mantener en los grandes asuntos. La cuestión territorial siempre ha sido un tema de debate y discusión entre los socialistas, en el que salían a relucir sus dos almas, la más jacobina y la más federalista, plasmadas en documentos que tendían a un cierto equilibrio, al menos teórico. Luego, las acciones concretas de gobierno con Rodríguez Zapatero y Sánchez decantaron la posición socialista con planteamientos en los que no hay rastro siquiera de federalismo, sino una impronta hegemónica de soberanismo. La aportación real del PSOE a la cuestión territorial en España desde 2003 ha consistido en un debilitamiento de la unidad constitucional de España y un reforzamiento de las tesis más separatistas del nacionalismo, porque el PSOE nunca ha alentado a los nacionalismos más moderados -asociados a un ideario conservador-, sino a los más extremistas, de sesgo izquierdista.

Que ante unos indultos escandalosos, unas cesiones sectarias al separatismo sedicioso, unos ataques sin precedentes a las instituciones del Estado de derecho, no haya en el seno del PSOE un mínimo estímulo a alzar la voz para mantener con cierta dignidad su supuesta condición de izquierda constitucional española, es la prueba de la decadencia de este partido. El caudillismo de Sánchez ha transformado el PSOE en un séquito personal amalgamado por el interés superior de conservar el poder y aislar a la derecha democrática y constitucional con el apoyo de los defensores de ETA y de los separatistas más reaccionarios de Europa. Y ese silencio de los dirigentes socialistas supuestamente identificados con los valores igualitarios y republicanos del PSOE -es decir, las antípodas de las señas de identidad del nacionalismo nostálgico del Antiguo Régimen-, es un silencio cómplice. Callar ante el desmantelamiento de los principios básicos de la Constitución no es objeción de conciencia, sino humillación. A Sánchez no le importa la adhesión de su partido; solo le importa que no moleste.

Suele decirse que España necesita un PSOE fuerte. Quizá esta afirmación sea fruto de confundir los deseos de los buenos ciudadanos con la realidad de un partido que se ha desnaturalizado. Y la experiencia de otros países demuestra que no es tan necesaria la existencia de una socialdemocracia fuerte cuando aparecen alternativas de centro izquierda o de otras tendencias, como el ecologismo, capaces de cubrir el espacio abandonado por los socialismos tradicionales. Coaliciones de gobierno entre conservadores y verdes, como en Austria o en algún ‘lander’ alemán, demuestra cuánto están cambiando algunos pautas políticas que se daban por incuestionables. Quizá España empiece a ser uno de esos países que liquida la socialdemocracia por hacerse innecesaria o, como sucede en nuestras, hacerse perjudicial para los intereses nacionales.

Cuando la verdadera materia prima es la dictadura
Editorial ABC 4 Julio 2021

El máximo dirigente chino, Xi Jinping, ya lo dijo esta semana en su discurso de exaltación nacionalista con motivo del centenario del Partido Comunista: «El renacimiento de China es irreversible y será defendido por una muralla de acero de 1.400 millones de personas». La dictadura ha creado su propia versión del más famoso lema del expresidente norteamericano Donald Trump y ha implantado el criterio de ‘China first’ con el acaparamiento sistemático de la inmensa mayoría de los productos estratégicos para la economía mundial, en parte porque ahora Pekín piensa mucho más en abastecer el emergente mercado interior que en satisfacer a sus ávidos clientes del resto del mundo. La apuesta por convertir a China en la factoría del planeta que parecía tan rentable se ha transformado en una trampa para las economías occidentales, que se descubren súbitamente como subsidiarias de un poderoso régimen totalitario, blindado ante cualquier posible influencia.

Castells y Celaá encabezan la Revolución chavista en España desde el sistema educativo
ATAQUE A LA MERITOCRACIA
Daniel Lara Farías. https://gaceta.es/ 4 Julio 2021

Ahí donde haya criterios de condescendencia social y no meritocracia, hay un comunista en el poder. Eso queda claro con los responsables de educación del gobierno chavista de Pedro Sánchez y los ejemplos sobran.

Equiparar el estrato social a supuestos privilegios y condiciones que permiten sobresalir académicamente, es una de las grandes falacias de la izquierda. No es más inteligente el más rico ni menos inteligente el más pobre. No obtiene mejores notas quien vive en un palacio necesariamente, así como no es necesariamente el peor de la clase quien vive en una chabola.

Pero el comunismo siempre va contra la lógica y prefiere actuar en función de los complejos. Además, prefiere el condescendiente “pobre del pobre” que el reconocimiento de los méritos más allá de la condición social del individuo. Lo ha dejado claro la comisaria de educación del régimen sanchista, Isabel Celaá con su Ley Orgánica de Educación, que bien puede ser denominada ley revolucionaria. Usa los mismos criterios clasistas de las leyes educativas chavistas, por cierto, donde ser pobre es una virtud y ser rico es una tara.

Así, la señora Celaá, que es por cierto egresada en una de sus carreras de una universidad privada (Universidad de Deusto), tiene en su mente los mismos criterios que aplicaba el resentido social que fue Chávez. Por eso, termina junto a él en la imposición de la mediocridad, aduciendo las dificultades que el maldito sistema capitalista y la deleznable sociedad burguesa le causan al pobre. Porque, según el gobierno chavista de Sánchez, quien tiene bajas notas es pobre y quien tiene altas notas es rico. Quien aprueba es millonario y quien suspende es chabolista.

Y no es política de Celaá, sino del gobierno en pleno. Así lo dejó claro el otro chavista educativo al mando, Manuel Castells en la entrevista que le concedió al diario ABC esta semana. Cuando se le consultó sobre la nueva reglamentación que permite que un alumno con suspenso de materias igual pueda ser promovido al grado siguiente e incluso obtener el bachillerato,

Castells responde lanza en ristre:
“Las leyes y decretos que aprueba la ministra Celaá no son solo suyos, son del Gobierno. Lo que se ha aprobado es lo que el conjunto del Gobierno, y desde luego yo, pensamos (…) (No es castigar el esfuerzo), porque a veces no depende del esfuerzo sino de las condiciones de las personas, de lo que les está pasando, y condenar a la gente a perder años de vida en un momento clave simplemente porque ha habido en algún momento un suspenso me parece totalmente injusto, elitista y es así como se va machacando a los de abajo y favoreciendo a los de arriba (…)”.

Ese cúmulo de estupideces, que solo es capaz de decirlas un comunista resentido con la vida, se ve confrontado por el paciente periodista que le repregunta: “Los que están abajo también se pueden esforzar y aprobar”. La respuesta, va al grano del acomplejado rojo:

“Hay condiciones distintas dependiendo de la familia. La sociología de la educación lo ha determinado mil veces en todos los estudios y países: las condiciones para progresar de hijos e hijas de familias humildes son mucho más difíciles que para las familias de clase media. Desde el lugar para trabajar en la casa, pasando por la posibilidad de que unos padres más educados los apoyen, hasta la tranquilidad de que si no te va bien en la vida está tu familia para protegerte…”.

Revisemos esta falsedad sociológica. Fácil de desmontar con las propias argumentaciones del ministro, quien en la misma entrevista dice que las verdaderas universidades son las públicas, porque en las privadas no se tiene el mismo nivel de investigación y formación. Siendo así, que nos explique el ministro si son “hijos e hijas de familias humildes” quienes estudian en las universidades privadas a las que él mismo acusa de tener un nivel de formación menor al de las universidades públicas.

Pero vayamos más allá. Si el planteamiento de la pobreza como impedimento para el estudio es cierto, queda claro que el gobierno de Sánchez es un gobierno de millonarios, pues según el ministro solo los ricos en España pueden estudiar y graduarse. Y si queremos incluso ir más allá ¿Quién tiene dinero para pagarle a un tercero que le escriba la tesis y guarde el secreto de dicha autoría en negro? ¿De qué calidad es la formación de la ministra Celaá, egresada de la Universidad de Deusto, privada?

Pero no ceja en su intencionalidad maligna el ministro acomplejado. Vuelve a la carga con su propuesta de modificación de normas para becarios de Máster. Según él, es necesario cambiar el criterio que impone la nota mínima de 6,5 en promedio de pregrado para tener acceso a una beca para el Máster.

¿Por qué? “Porque es injusto pedirles más a los que están en desventaja socioeconómica. El objetivo es democratizar el derecho a la educación superior y aumentar el número de estudiantes que acceden a las universidades”.

Otra vez el criterio clasista, que de hecho, estigmatiza al pobre. Según los socialistas, si tiene altas notas es rico y si tiene bajas notas es pobre. Coartada para idiotas que busca ocultar el hecho de que el comunismo necesita acabar con el sistema educativo meritocrático para imponer su agenda y crear el tan ansiado “hombre nuevo” del que hablaba el Che Guevara. Ese que desde su mediocridad e ignorancia de las teorías que contradicen al socialismo, se hinque de rodillas ante la izquierda, permitiéndole gobernar por siempre, si es necesario.

Otra vez, de Caracas viene el ejemplo
Pues sí, otra vez vengo a hablarles del ejemplo del chavismo y del remedo que se realiza en España en este momento. Porque yo ya vi la película y ya me conozco la trama, el libreto, los diálogos y el final.

Chávez impuso una reforma educativa casi al arrancar a gobernar. Gracias a esas reformas, de hecho, se levantó la sociedad en pleno en 2001 con el lema “Con mis hijos no te metas”, impidiendo por un tiempo la aplicación de leyes que buscaban desmontar la educación con valores republicanos e imponer la educación socialista.

Pero el tiempo fue aliado del chavismo para ir imponiendo sus criterios a la fuerza, manu militari incluso. Hoy en Venezuela, por ejemplo, no se puede suspender a un alumno de secundaria. Si un alumno en cualquier materia de los cinco años obligatorios del bachillerato obtiene una nota menor al mínimo exigido de 10 sobre 20, pues el profesor está obligado a repetirle el examen cuantas veces sea necesario hasta que el alumno apruebe.

¿Qué causó esa reforma? Por supuesto, no impulsó al estudiante a estudiar más, sino que impulsó a los subpagados profesores de secundaria a aprobar de facto a los alumnos así estuviesen reprobados de forma irreparable, pues así se ahorraban el trabajo extra.

¿Cuál es el resultado? La devaluación del bachillerato y la mediocridad del bachiller, que al entrar a la universidad demuestra su valía reprobando y desertando.

¿Se ayudó a “los pobres” con esta medida? Por el contrario, se aumentó la brecha entre los estudiantes de instituciones públicas e instituciones privadas, pues evidentemente en las secundarias privadas se hacía un mayor esfuerzo por llenar los vacíos de los alumnos por encima de lo que pasa en los planteles públicos. El resultado fue obvio: las pruebas de admisión a las universidades públicas otorgaban las plazas a los estudiantes de la educación privada por encima de la educación pública, pues estaban mejor formados.

La realidad se impuso. Y cuando la realidad se le impone a la Revolución, pues hay que legislar contra la realidad y hacerla obedecer: se modificaron los criterios de ingreso a las universidades públicas y se obligó a las mismas a otorgar a estudiantes de las instituciones públicas el 60% de los cupos en todas las carreras. Todo se dirige al mismo lugar: a mantener al pobre en la pobreza, pues no podrá competir en el mercado de trabajo real aunque tenga un título universitario que obviamente logrará obtener porque el Estado obligará a las universidades, más temprano que tarde, a aprobar a todos los estudiantes.

¿Qué será de ese egresado al que ninguna empresa privada contratará? Pues lo contratará el Estado. Una fábrica de parásitos.

Y con todo esto en la trastienda se entiende mucho más la intención del régimen chavista de imponer que los rectores de las universidades autónomas sean electos por profesores, estudiantes y trabajadores de las universidades por voto popular igualitario. Obviamente, hay más estudiantes que profesores. Y viniendo los estudiantes ideologizados o idiotizados desde el nivel preescolar, de más está decir que el chavismo pondrá a sus más fieles en las oficinas rectorales de todo el sistema de educación superior venezolano.

Pero no hay que especular. Solo hay que ceñirse a la política del régimen que explicó el exministro de educación del chavismo Héctor Rodríguez hace unos años:

“No le vamos a dar educación a los pobres para que lleguen a la clase media y se metan a escuálidos (es decir, a opositores)”. Ruin y pérfido el joven ministro, pero sincero: si los educamos, pensarán bien y se nos opondrán. Porque como dice el refrán, si el burro pensara botaría la carga que le amarran al lomo.

De más está repetir: si quiere usted saber qué pasará en España si se permite que el sanchochavismo siga gobernando, no más revise el pasado y presente de Venezuela y lo sabrá.

Si, España no es Venezuela. Pero recuerde: en 1998 los venezolanos decíamos que Venezuela no era Cuba. Y henos aquí.

Reuniones secretas para desestabilizar la Iberosfera
ASAMBLEA NACIONAL POPULAR 2.0
Nitu Pérez Osuna. https://gaceta.es 4 Julio 2021

¿Cómo las instituciones democráticas del mundo entero toleran que un régimen como el de Venezuela tenga la posibilidad de realizar un encuentro internacional en donde se discutan los planes para subvertir el orden de los gobiernos democráticos de Iberoamérica?

Me explico: entre los días 21 y 24 de junio pasado el régimen venezolano llevó a cabo en Caracas el Congreso Bicentenario de los Pueblos del Mundo, el cual contó con la asistencia de más de 600 delegados provenientes de diversos países. Esta parte de la reunión no fue oculta, al contrario, fue bastante publicitada desde el 31 de mayo, cuando la página del Foro de Sao Paulo la anunció revelando, además, que más de 100 eventos virtuales de movimientos sociales o grupos de interés se han desarrollado nacional e internacionalmente.

Pero como ocurre en todos los encuentros internacionales que organiza el régimen de Maduro, una cosa es lo que se dice en público y otra -más importante- la que se discute en petit comité. En esta última, por cierto, estuvieron presentes Evo Morales, Rafael Correa y el canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, debido a que el Congreso Bicentenario coincidió con una reunión de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA).

Entre muchos otros temas, los integrantes al petit comité discutieron secretamente cómo impulsar la desestabilización de los gobiernos democráticos de la región -lo que ellos han llamado “brisita bolivariana”- así como el financiamiento que se requiere para llevar a cabo estas operaciones.

En este sentido, he accedido a información según la cual, desde Venezuela, se está preparando la reactivación de las protestas vandálicas en Colombia. Se trata de un proyecto denominado “Asamblea Nacional Popular 2.0”. El plan incluye fomentar movilizaciones gigantescas para sabotear en ese país las celebraciones militares del 20 de julio.

Lo que si se hizo público es que el Congreso aprobó 7 resoluciones referentes a Colombia, Cuba, Haití, Palestina, República Árabe Saharaui, Venezuela y una disposición especial por la “autodeterminación de los pueblos”, que en realidad significa la promoción del separatismo en Cataluña, País Vasco, Galicia, Islas Canarias, Córcega, Quebec, Islas Feroe, Groenlandia, Escocia e Irlanda que pueden leer en detalle aquí. https://bit.ly/3xc34NN
https://observatoriodetrabajadores.wordpress.com/2021/06/28/congreso-bicentenario-de-los-pueblos-del-mundo-resoluciones-especiales/

El Congreso Bicentenario de los Pueblos del Mundo tiene su propia página electrónica, https://www.congresobicentenario.com/, la cual expresa que uno de los objetivos de esta organización es “establecer una agenda común (Agenda Carabobo) para trazar diez grandes metas para el campo progresista, de izquierda, antiimperialista y anticolonialista de cara al mundo post covid”.

No podía faltar que en el Congreso se asegurara que Pedro Castillo es el presidente electo del Perú, pese a no haber sido proclamado aún por las autoridades electorales.

Los participantes del evento también respaldaron la posición del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) respecto a las recientes protestas vandálicas en Colombia las cuales califican de “manifestaciones pacíficas”, asegurando que el gobierno colombiano procuró acallarlas a través de una “terrible represión del régimen de Iván Duque y sus familiares” y hace un llamado a las organizaciones políticas, populares, de trabajadoras y trabajadores del mundo “para levantar nuestra voz y exigir a los organismos internacionales con competencia en materia de Derechos Humanos, la adopción de medidas que resguarden la integridad de las colombianas y los colombianos, poniendo freno a la violencia ejercida por el gobierno fallido que hoy dirige ese país”.

En conclusión: podemos asegurar que el Congreso Bicentenario de los Pueblos del Mundo es la cara pública y hasta “romántica” de una izquierda internacional cuyo verdadero objetivo es lanzar en la región y, particularmente en Colombia, ya no una brisita sino un ciclón que arrase con los últimos bastiones de resistencia existentes, erosionar el sistema de libertades, hacerse del poder indeterminadamente y convertir a los ciudadanos en súbditos. Ese es el plan y ya no es un secreto.

¿No es hora de ponerle coto a esta amenaza?

Soberbia
A España no está llegando el chavismo. En España «se inventó» el chavismo

Ángela Vallvey. La razon 4 Julio 2021

Con cierta soberbia acomplejada (sí: tal cual) se oye decir que España se está «venezuelizando», que España, mañana, será bolivariana, que la política española se ha latinoamericanizado... Pues no. ¿Y por qué esa es una visión soberbia de la situación? Pues porque hay quien tiende a pensar que sus males siempre proceden de fuera, y como esas políticas no les gustan, sospechan que todas las teorías que se están poniendo en práctica en España desde hace dos décadas son «importadas». Teorías que equiparan con productos exóticos, o virus procedentes de lejanas latitudes… Craso error. A España no está llegando el chavismo. En España «se inventó» el chavismo: Chávez estrechó lazos en su momento con una serie de profesores universitarios españoles, cuyos nombres son de sobra conocidos (no toda la responsabilidad es de Laclau), que fueron sufragados por él cuando en Venezuela el petróleo parecía interminable (ahora está siendo sustituido por la pasta de coca como fuente de recursos). Fueron españoles quienes inocularon buena parte de las ideas teóricas que puso en práctica Chávez tejiendo un complejo entramado de fundaciones, intercambios intelectuales, personales, laborales, económicos… En la actualidad, quizás sus albaceas ideológicos sigan costeando el proyecto, que desde luego, y después de dos décadas, ya está en otra fase mucho más avanzada que la mera teoría, como hemos comprobado. De modo que cuando dicen que la política española está influenciada por el chavismo latinoamericano quizás se equivocan, podría ser al revés. No estamos importando el estilo bolivariano (pobre Bolívar, además). Ha sido un grupo de españoles quienes lo inventaron en esa azotea desde donde los poderosos disfrutan con el espectáculo patético que ofrecemos todos los que pertenecemos a la masa: simples juguetes a sus órdenes, haciendo aspavientos, polichinelas miserables cortejadas por los susurros de sus promesas vacías y terribles… Desde España se ha inoculado el aliento bolivariano a Latinoamérica, no al contrario. Quienes tanto se quejan de la Conquista española han vuelto a dejarse conquistar, pero esta vez peor que en el Siglo de Oro, por unos aventureros que juegan con vidas humanas desde sus cómodas poltronas reservadas a las élites.

Argentina, venezuelizada y España, argentinizada
EDITORIAL. Libertad Digital 2 Julio 2021

Con los niveles históricos de gasto público, deuda, impuestos y número de funcionarios que ha alcanzado el Gobierno de Pedro Sánchez, el camino hacia la argentinización de España no deja de acortarse.

No es ningún secreto que buena parte del Gobierno idolatra al modelo chavista-peronista. Antes de su gran salto a la política, las alabanzas de Iglesias y sus secuaces a la Venezuela chavista, la Cuba castrista o la Argentina peronista eran incesables en cualquier asamblea o tertulia que se les pusiera por delante. Todo cambió en cuanto vieron oportunidad de alcanzar el poder. Entonces, Iglesias, Errejón o Monedero empezaron a maquillar sus discursos, a ocultar su perfil y hasta se atrevieron a colocarse la falsa careta de la socialdemocracia. Sánchez, perfecto conocedor de tan burdo engaño, no tuvo ningún reparo en hacer sitio a Podemos en el Gobierno, lo que les ha permitido llevar a cabo las políticas más intervencionistas y liberticidas de la historia de la democracia.

Por eso, que hace poco Irene Montero pusiera a Argentina como "ejemplo" de país "que no deja a nadie atrás" y que "se pone del lado de la gente" no cogió a nadie por sorpresa. Tener como referente a una economía devastada y sumida en una crisis perpetua, lo único que demuestra es que las totalitarias políticas de Podemos a donde pretenden conducir es a la carestía y a la miseria. Y todo con el beneplácito del PSOE.

En 2019, la victoria de Alberto Fernández en las elecciones presidenciales argentinas llenó de gozo tanto al régimen venezolano de Nicolás Maduro como a Podemos, cuyos miembros no dudaron en realizar entusiastas felicitaciones al peronista.

Escolarizan a sus hijos en Murcia para huir de la imposición del valenciano
Más de 2.000 familias han recurrido esta imposición y ahora algunas se hacen casi 40 kilómetros diarios para llevar a sus hijos al colegio en Murcia
Libertad Digital 4 Julio 2021

La imposición del valenciano como lengua vehicular decretada por el Gobierno del socialista Ximo Puig en la Comunidad Valenciana está expulsando a algunas familias alicantinas de su autonomía de residencia para que sus hijos puedan seguir estudiando en castellano.

Es el caso de Susana Val Álvarez que, como cuenta este sábado en el diario ABC, vive en Pilar de la Horadada y cada día recorre los casi 40 kilómetros que separan su localidad de la de Pozo Estrecho, en Murcia, donde ahora estudian sus hijos.

Traslado que realiza desde que el Ejecutivo valenciano estableciera como norma que el tiempo mínimo destinado a los contenidos curriculares en cada una de las lenguas oficiales en el conjunto de la escolaridad obligatoria debe ser del 25% de las horas efectivamente lectivas, mientras se imparten en inglés entre un 15 y un 25%. De esta forma, y atendiendo a la decisión de cada centro, se pueden llegar a impartir en valenciano el 60% de las horas lectivas. Una imposición recogida en el polémico decreto de plurilingüismo del Gobierno Valenciano que fue tumbado por los tribunales debido a un recurso de la Diputación de Alicante por entender que discriminaba al castellano.

"Una tontería muy grande", asegura para ABC esta madre alicantina que vive en el municipio más al sur de la Comunidad Valenciana. Además Susana Val habla desde el prisma de una persona nacida en Alemania para quien el valenciano "no es algo con lo que podamos salir al mundo, un idioma que puedan utilizar en el futuro nuestros hijos en su vida profesional". Por ello ha optado por romper con esta imposición escolarizando a sus hijos en Murcia.

Una decisión que no obedece a ningún capricho ya que su hijo pequeño tiene dislexia y le han aconsejado que no lo lleve a un colegio con otro idioma que agravaría, por ejemplo, sus dificultades para distinguir la "b" de la "v".

Esta recomendación se ha convertido en una obligación para ella y asegura que su única opción es recurrir a la educación concertada o privada donde las listas de espera hacen casi imposible el acceso. Así lo relata esta madre residente en la pedanía de Pinar de Campoverde, donde antes incluso disponía de transporte público. " Ahora tengo que hacer el desplazamiento expresamente para llevarlos al colegio, es mucho dinero, gasolina..." lamenta, porque tampoco le coge de paso para ir al trabajo, como dice que ocurre con otras familias de Orihuela que han matriculado a sus hijos en el cercano municipio murciano de Beniel.

Para agravar la situación Susana Val ha perdido la ayuda para el comedor con la que contaba cuando estaba en el colegio público Mediterráneo de Pilar de la Horadada, como familia numerosa, ya que tiene tres hijos, los dos matriculados en Murcia y otra niña discapacitada.

Además, la situación tenderá a empeorar aún más ya que, como relata esta madre a ABC, después del próximo curso, debido a la diferencia de edad entre sus dos hijos, tendrá que buscar un centro de Secundaria para el mayor y las opciones se reducen a un privado que cuesta 1.500 euros que no puede costear.

La nueva norma del valenciano también se va a implantar en los institutos, a partir de septiembre.

"Suerte que nos podemos ir"
Otro caso es el que relata Elisa Rodríguez. Cuenta en ABC que su hija mayor ha terminado segundo de Bachillerato y el próximo curso cambiará a la pequeña también a San Pedro del Pinatar a unos 10 minutos de distancia, más cerca de Pilar de la Horadada.

"Puedo y me voy a gastar el dinero", dice esta madre que prefiere llevar a su hija a que aprenda inglés. Rodríguez lamenta que el Gobierno Valenciano esté cerrado con este tema y denuncia que esta imposición está incrementando el fracaso escolar entre los niños.

Más beligerante con el Ejecutivo de Ximo Puig, asegura que desde que su hija empezó Primaria les dijeron que el centro iba a ser trilingüe y el valenciano era optativo. "Eran unas pocas asignaturas, como Música", cuenta, "pero cada vez fue a más y ya no me parecía bien; en el Consejo Escolar me intentaron convencer de que era muy beneficioso".

Ella cree que deberían dejar estas enseñanzas como opcionales, voluntarias, aparte de las materias obligatorias, como "una cosa tuya".

Opina además acerca de esa proyección que prometen con el valenciano, al ser requisito para trabajar como funcionario, y se muestra escéptica. Asegura que su hija mayor ha pedido la homologación de tantos años aprendiendo valenciano y tan solo ha obtenido el título B2 cuando para opositar necesitas un grado superior.

Aparte del ámbito educativo profesional, esta madre ve un trasfondo político con repercusiones sociales. "Esta política nos aísla, no dejas entrar a nadie de otra comunidad, porque no todo el mundo tiene las mismas posibilidades de entrar en la Administración, como en Cataluña, yo tengo familia allí y hace tiempo no entendía la razón por la que tenían que aprender en el colegio todo en catalán, ahora lo entiendo, por el independentismo".

"Suerte que nosotros nos podemos ir de la Comunidad Valenciana" concluye diciendo, "porque estamos a 10 minutos", en alusión a matricular a su hija en suelo murciano.

Más de 2.000 recursos
El rechazo de esta obligación a aprender en valenciano todas las materias se ha extendido sobre todo por la zona sur de la provincia de Alicante, castellanohablante y donde hasta ahora existía una exención del otro idioma oficial en la Comunidad Valenciana, como asignatura.

La Plataforma de Docentes por la Libertad Lingüística ha informado este jueves de más de 2.000 recursos presentados por familias para oponerse a esta nueva obligación de idioma, refrendada en cada centro educativo por el Consejo Escolar como "proyecto lingüístico".

Por su parte el consejero de Educación de la Comunidad Valenciana, Vicent Marzà, ha destacado esta semana que el porcentaje de alumnos que van a estudiar en valenciano se va doblar, al pasar del 28% actual tras la implantación en Infantil y Primaria al 60% con el paso también a la ESO, Bachillerato y FP.


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Con la reforma de la Ley de Seguridad Nacional
Sánchez hacia el poder absoluto: pretende el ‘militarizar’ ciudadanos y confiscar sus bienes
Rafael Halcón. República 4 Julio 2021

El presidente pretende además reformar el Código Penal en favor del regreso de los prófugos golpistas y prepara un ‘referéndum consultivo’

Lo ha publicado ayer el diario ‘sanchista’ El País: el presidente del Gobierno Pedro Sánchez prepara una reforma de la Ley de Seguridad Nacional para, que en casos de ‘crisis de Estado’, el Presidente tenga poder para movilizar a los españoles mayores de edad y obligarles a realizar unas ‘prestaciones personales’, asimismo podrá confiscar sus bienes y los de las empresas.

En resumen un proyecto de Ley para facilitar un régimen absolutista de corte personal, de Sánchez, contra las libertades y la democracia, al margen de las instituciones, de La Corona y de las más elementales normas y garantías constitucionales españolas y del marco jurídico de la Unión Europea.

Sánchez busca ‘legalizar’ el poder absoluto del que ahora disfruta para que se convierta en permanente. Y espera contar para su propósito con el apoyo del PSOE -en cuyo Comité Federal de ayer no se escuchó ni el volar de una mosca- de los comunistas de UP, los filo etarras de Bildu y los separatistas catalanes y vascos de ERC y PNV, que esperan conseguir la independencia bajo el mandato de Sánchez a cambio de garantizar su permanencia en el poder de lo que vaya quedando de España.
Los indultos, antesala del autogolpe

En el reciente discurso de Sánchez en el Liceo de Barcelona ya anunció el presidente que tenía un plan para una ‘nueva etapa’ -un nuevo Régimen- en España a partir de los indultos que de manera ‘arbitraria’ y al margen de la legalidad ha concedido a los nueve golpistas catalanes que permanecían en prisión.

El discurso de Sánchez sobre los indultos, que viste de acto progresista, se apoya en palabras como ‘concordia y reencuentro’, y se adorna con los vocablos de ‘magnanimidad y perdón’ frente a ‘venganza y revancha’. Pero se oculta a los ciudadanos y a todos los sectores que apoyan los indultos que con ellos se vulnera la Ley por falta de ‘utilidad pública, arrepentimiento y garantía de no reincidencia’, por el impacto negativo de los indultos en el conjunto de España y por la actitud rebelde de los condenados.

Lo que conduce a una ‘desviación de poder’ de Sánchez, a la ilegalidad de los indultos y a la fractura del ‘Estado de Derecho’ en España, además de al desprestigio de la Justicia española -y especialmente del Tribunal Supremo- en nuestro país y en Europa.

Lo que, sin embargo, está pendiente de los recursos contra los indultos que PP, Cs y Vox han presentado ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo, lo que Sánchez espera superar sin dificultad. Y lo que Sánchez pretende completar con la reforma del delito de la Sedición del Código Penal para favorecer el regreso a España, sin coste de cárcel, a los prófugos golpistas catalanes, incluido Puigdemont.

Y para completar esta operación Sánchez ya prepara un referéndum de corte ‘consultivo y nacional’ -como ya lo han anunciado Carmen Calvo y Miquel Iceta- que permitirá a los soberanistas catalanes convertirlo, en la práctica, en su referéndum de autodeterminación en Cataluña.

Si a todo ello añadimos el ataque permanente de Sánchez al Poder Judicial, el control de la Fiscalía General del Estado y las presiones contra el Tribunal Supremo y el Tribunal de Cuentas, veremos que la hoja de ruta de Sánchez es una línea recta hacia su poder absoluto, especialmente si logra la reforma de la Ley de Seguridad Nacional para conseguir todo el poder del Estado.

Sin olvidar en estos hechos el cerco y marginación de La Corona, como se vio en la prohibición al Rey Felipe VI a viajar a Barcelona para participar en un acto jurídico académico, y como se ve, en el consentimiento por Sánchez de los recientes desplantes y desprecios al Jefe del Estado por parte del presidente de la Generalitat, Aragonés.

Unos hechos lamentables que se completan con presiones del Gobierno, favor los indultos al campo empresarial, con la ayuda del presidente de la CEOE, Garamendi, y de la Conferencia Episcopal Española que se alineó con el aplauso a los indultos de los obispos catalanes y todo ello con la bendición -no podía ser de otra manera- del Vaticano y el Papa Francisco.

A lo que hay que añadir el control absoluto por Sánchez de los grandes medios de comunicación, incluido el desembarco de comisarios políticos de La Moncloa en el Consejo de Administración de PRISA que controla la SER y el diario El País, para controlar en la información y su línea editorial y de esa manera blindar ámbito ideológico y progresista del Gobierno.

Y después de este compendio de poderes adquiridos por Sánchez mediante concesiones de soberanía nacional a los separatistas y otros regalos a sus compañeros de UP, ¿qué necesidad tiene Sánchez de reformar la Ley de la Seguridad Nacional para poder ‘militarizar’ a la ciudadanía y confiscar sus bienes y los de las empresas? Pues, simplemente, porque quiere bajo las amenazas de la nueva Ley de Seguridad Nacional un inmenso poder con el que legitimar su absolutismo de manera irreversible y permanente. Siempre y cuando los votantes españoles, cuando toque, se lo permitan y mientras Sánchez cuente con el apoyo del auto destructivo del PSOE, de UP, PNV, Bildu y ERC.

Muerto el perro… la rabia continúa
Mikel Buesa. Libertad Digital 4 Julio 2021

El Día Nacional de las Víctimas del Terrorismo ha evidenciado que la supuesta unidad antiterrorista no era más que un tópico.

Asistí a la celebración del Día Nacional de las Víctimas del Terrorismo que convocó la AVT en la plaza de las Cortes, frente al Congreso de los Diputados, mientras dentro de éste los políticos de izquierda, los nacionalistas y algún despistado liberal hacían su paripé de solidaridad con quienes hemos sufrido el zarpazo de la violencia política. El acto resultó significativo en tres aspectos que me parece necesario resaltar.

El primero es el de la soledad de las víctimas: los reunidos éramos cuatro gatos, bien avenidos, es verdad, pero apenas llenábamos una esquinita de la plaza y ni siquiera había una instalación de megafonía con la que proyectar el mensaje de las víctimas más allá de unos pocos metros. No negaré que esa soledad se vio parcialmente paliada por la expectativa que la convocatoria había despertado en los medios de comunicación y que se reflejó en la amplia proyección que éstos han dado el mensaje que transmitió Maite Araluce, la presidenta de la AVT. Pero allí faltaban los dirigentes de otras asociaciones que también se negaron a secundar el acto institucional en señal de protesta por la política del gobierno de Sánchez en materia terrorista.

En segundo lugar ha de mencionarse la ruptura que por fin se ha producido en el seno de los partidos políticos con relación a estos asuntos, pues tanto el PP como Vox —no así Ciudadanos— han evidenciado que la supuesta unidad antiterrorista no era más que un tópico incapaz de resistir la profunda discrepancia que se ha abierto en esta materia con motivo de la inclusión de Bildu en el bloque de poder que sostiene al gobierno Frankenstein. Ciertamente esa quiebra venía de lejos; en concreto, del rescate de los abertzales que en su día propició Zapatero como compensación al final de los atentados de ETA. Sin embargo, hay que señalar también que la política que, con Fernández Díaz en el ministerio del Interior, desarrolló Rajoy, dejó este asunto en suspenso, haciendo como si su potencial devastador de la convivencia, en especial en el País Vasco, no existiera. Claro que una cosa es eso y otra muy diferente meter en tu cama a los albaceas de ETA que mantienen intacto su proyecto político, de momento sin ir más allá de la apelación a la violencia simbólica.

Y en tercer lugar hay que mencionar el desprecio del Gobierno de Sánchez hacia las víctimas del terrorismo, cuya principal proyección ha venido de la mano de Grande-Marlaska al propiciar una alteración radical de la situación penitenciaria de los militantes de ETA —y de otras organizaciones terroristas— al propiciar no sólo su acercamiento al País Vasco, sino también su progresión de grado, abriendo así la posibilidad de que, sin el menor merecimiento, puedan gozar de permisos penitenciarios o ser provisionalmente excarcelados. Todo ello sin exigir los requisitos establecidos en las normas penales —pues el paripé de firmar un formulario que no compromete a nada no es más que una forma de soslayar la ley— y con la elusión del debido cumplimiento íntegro de las penas. La reprobación de Grande-Marlaska fue expresada con el abucheo de los asistentes al acto de la Plaza de las Cortes mientras el ministro hacía como que no se enteraba arrellanado en su escaño del Congreso.

Pero más allá de estos tres aspectos, lo que finalmente queda es el mensaje machacón con que la izquierda, coreada por los nacionalistas, nos ha regalado durante los últimos años: que a ETA la venció Zapatero y que, desde entonces, en esto del terrorismo, de lo único que hay que preocuparse es de los islamistas radicales. Corolario de ese mensaje es que los abertzales vascos, incluyendo los que han salido de la cárcel tras largas condenas, pueden ser socios fiables para la gobernación de España —aunque, curiosamente, no lo sean, según los del PNV, para la del País Vasco—. No es otro el sentido de la admisión de Bildu entre los soportes de la gobernación sanchista. Como si no hubiera pasado nada y como si esos abertzales fueran demócratas sin tacha. Acabada ETA, se dice, ya no hay motivo de exclusión. Sin embargo, aún somos muchos los que seguimos percibiendo que muerto el perro la rabia continúa. Y las víctimas del terrorismo, representadas en este caso por la AVT, son seguramente testigos privilegiados de ello, aunque su creciente aislamiento social, propiciado por el gobierno, preludia que, como dijo una vez Albert Camus, están "acabando de llegar al colmo de su desgracia: se fastidian".
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