AGLI Recortes de Prensa  Martes 6  Julio  2021

Inseguridad nacional
EDITORIAL. https://gaceta.es 6 Julio 2021

El anteproyecto de Ley de Seguridad Nacional aprobado por el Consejo de Ministros, a la espera de una larga y difícil tramitación, ofrece de nuevo la perspectiva de un Gobierno que hace gala de su etiqueta ‘socialcomunista’ y, por lo tanto, enemigo de la libertad. No seremos nosotros quienes nos opongamos a la certeza moral, histórica e incluso constitucional, de que los españoles tienen el derecho y el deber de defender a España (artículo 30 de la Constitución). Eso no sólo es así, sino que debería grabarse en la cabecera del Consejo de Ministros a modo de recordatorio de que los españoles tenemos el derecho de defender a España no sólo de virus, agentes externos e invasiones extranjeras, sino de todos, absolutamente todos los enemigos de la nación, comenzando por los propios.

Sin embargo, la defensa de España no puede ser jamás utilizada como una excusa endeble para vulnerar los derechos fundamentales de los españoles. Y no podemos sino pensar que este anteproyecto Ley de Seguridad Nacional busca con desesperación la excusa totalitaria cuando no es capaz de definir qué es una crisis nacional y todo lo remite a una arbitraria «situación de interés». ¿Quién lo define, quién lo autoriza, quién lo controla, qué plazos, qué son las prestaciones personales, qué situaciones de interés y qué intereses son capaces de invocar una ley ordinaria para no tener que recurrir a los estados —más garantizas— de alarma, excepción o sitio…? Demasiadas preguntas sin respuesta en el articulado de un anteproyecto que aprovecha la extraordinaria debilidad mental de los españoles tras el año y medio de pandemia sufrido por la incompetencia de nuestros gobernantes.

Si nos hubieran dicho a finales del pasado siglo que en un par de décadas estaríamos viendo a un Gobierno de España tramitar leyes ordinarias —ni siquiera Orgánicas, como es preceptivo cuando se vulneran derechos fundamentales— para asaltar la libertad y la propiedad de los españoles en ‘situaciones de interés’ indefinidas por el propio Gobierno con ausencia de tutela judicial y de intervención de las Cortes, habríamos rechazado la distopía por increíble. Pero también es cierto que si nos hubieran dicho a finales del siglo pasado que en pleno siglo XXI tendríamos un Gobierno de socialistas y comunistas, lo habríamos negado. Y ahí está, desconstruyendo España con feroz determinación y legislando un futuro de corralitos financieros, nacionalizaciones, incautaciones y todo tipo de asaltos a la propiedad privada y a la libertad personal.

Si pudieran, dejarían el Poder Judicial como un solar
OKDIARIO 6 Julio 2021

Que Podemos no cree en el Estado de Derecho ni en la separación de poderes no es ninguna novedad. Al fin y al cabo, lo que les gustaría es someter a los jueces, que es la aspiración de todo totalitario que se precie. Como no les ha gustado nada la decisión de la Audiencia Provincial de Madrid de desestimar el recurso presentado por PSOE y la Fiscalía contra el cartel electoral de Vox sobre las menas y las pensiones empleado en la campaña de las pasadas elecciones autonómicas de Madrid, dirigentes de la formación morada, incluida la propia ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, se han lanzado en tromba contra los jueces, de quienes aseguran que se han convertido en «un problema para nuestra sociedad».

Activistas del entorno podemita han ido más lejos al difundir los nombres y apellidos de los jueces de la Audiencia Provincial de Madrid. Y hasta Amanda Meyer Hidalgo, jefa de Gabinete de la ministra de Igualdad, alto cargo del Gobierno socialcomunista, ha escrito que «algunos jueces y juezas sí que suponen un evidente problema político y social». Dicho de otro modo, el Gobierno socialcomunista de España carga contra los jueces en un claro ataque a la independencia judicial.

Parece evidente que la reacción de Podemos va mucho más allá de la discrepancia con una resolución judicial, porque eso de señalar con nombres y apellidos a un grupo de personas, miembros de la judicatura, por entender que no hay delito en el cartel electoral de Vox, es un salto cualitativo inspirado en el chavismo. Si esta gente pudiera, metería en prisión a todos los jueces que no les bailan el agua y dejarían el Poder Judicial como un solar. Que es exactamente lo que hizo Hugo Chávez en Venezuela. Por fortuna, la Justicia se ha convertido en un dique frente al populismo de ultraizquierda que, no hay más oírles, rabia de impotencia.

No es que el virus nos tenga manía, es que gobierna Pedro Sánchez
OKDIARIO  6 Julio 2021

Pedro Sánchez ya tiene su récord: la oficina anti COVID de la Unión Europea, el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC), sitúa a España como el país de la UE con mayor el riesgo de contagios ante la amenaza de la variante Delta (India). En pleno inicio del periodo de vacaciones y de la temporada turística, los mapas que elabora este organismo para alertar a los turistas de la situación epidemiológica de las distintas naciones, dibuja un escenario preocupante. Mientras el Gobierno sigue minusvalorando la incidencia de la cepa Delta, una simple mirada a los mapas que hoy publica OKDIARIO sirven para hacerse idea de cómo nos ven fuera: España figura con todo el mapa en colores naranja y rojo, especialmente en la zona mediterránea. El color verde, el que muestra la menor penetración del coronavirus en la denominada por los científicos quinta ola, invade la práctica totalidad de Europa, pero en España el verde no aparece por ningún lado. Basta detenerse un segundo delante de esos mapas para constatar que España presenta los peores datos de toda la UE, algo que, sin duda, tendrá graves consecuencias en el turismo.

Desde hace semanas, el Ministerio de Sanidad viene falseando los datos de incidencia de la variante Delta, igual que hizo en su día con la variante británica. Sigue insistiendo en que su presencia en nuestro país es reducida, cuando todos los informes de los laboratorios, que son quienes tienen información prácticamente en tiempo real de su avance, confirman que su crecimiento es exponencial. Sánchez nos vende la falsa idea de un país seguro, pero los mapas que elabora la UE no admiten duda alguna. Ningún país comunitario corre más riesgo que el nuestro y ninguno es más inseguro. Ninguno ha hecho desaparecer más muertos de las estadísticas oficiales. Y ninguno tiene un Gobierno más incompetente. No lo dice OKDIARIO, sino que salta a la vista. Estos mapas deberían sacar los colores a un Ejecutivo que, sin embargo, tiene el cuajo de seguir sacando pecho.

Gobernar y destruir
Nota del Editor 6 Julio 2021

Yo estaba confundido, gobernar me parecía que era ejercer la acción sobre algo o alguien para mejorar posición, resultados, eficacia y esas cosas. Pero el diccionario larga:

"1. Mandar con autoridad o regir algo", y claramente, el dr cum fraude manda con autoridad y hace todos los disparates y traciones que le solicitan sus cuates. Así que el título de gobernar y destruir no queda claro desde el punto de vista lingüístico, pero sí desde el punto del sufrimiento del español de a pié: el dr cum fraude no gobierna sino que destruye todo lo que parecía sólido y fundamento de nuestra libertad y propiedades y demás atributos personales y ciudadanos.

¿De qué consulta habla el PSOE?
Editorial ABC 6 Julio 2021

EL PSOE y La Moncloa han iniciado una estrategia de progresivo acostumbramiento de los españoles a contemplar como una necesidad democrática la celebración de un referéndum soberanista en Cataluña. A fuerza de sugerir que España ha iniciado un cambio de ciclo político, que estamos ante el germen de otro proceso constituyente, que el de Cataluña es un ‘conflicto político’ sin importar la legalidad vigente, y que la Constitución no sirve para una España federal, Pedro Sánchez ha decidido ‘normalizar’ el desafecto contra el independentismo sobre la idea de que si alguien tiene que ceder son 45 millones de españoles, y no los dos millones de separatistas. El proceso es lento y Sánchez sabe que no puede aceptar sin más un referéndum. Por eso amaga y rectifica, sugiere y desmiente, da un paso hacia adelante y otro hacia atrás generando confusión e incertidumbre. Pero como técnica de comunicación política, su estrategia es nítida y recuerda a la utilizada desde 2004 por José Luis Rodríguez Zapatero, cuando inició su proceso de negociación con ETA: se trata de acostumbrar durante unos meses el oído del ciudadano a su idea federal de España, y de convencernos de que nuestra legislación ya es insuficiente para abordar un ‘marco de convivencia’ para Cataluña. Según Sánchez, no hay ninguna otra solución. Sin embargo, y más allá de ese altísimo concepto de sí mismo como estadista para conseguir ‘pacificar’ Cataluña, esa es la inmensa falsedad. Ni España es un Estado federal por más que el PSOE se acobarde ante el poder omnímodo de Sánchez, ni España necesita un cambio de régimen por haber caducado el actual. Sánchez ha desenfocado tanto cualquier ‘solución política’ para Cataluña, y la ha desvinculado tanto de la exigencia de cumplimiento de la legalidad, que su solución solo se basa en la claudicación a un chantaje.

Los indultos han sido el primer paso para desairar y desapoderar al Tribunal Supremo. A renglón seguido, Sánchez ha enviado a sus ministros a generar un debate público contradictorio, pero que al final siempre converge en una consulta. Es cierto que Sánchez ha sido taxativo al negar que vaya a autorizar un referéndum de autodeterminación. Pero ha sido tan drástico y concluyente en el pasado con otras cosas, para después desdecirse tanto sin rubor, que su palabra carece de crédito. Por eso tiene que aclarar de qué habla Miquel Iceta cuando se refiere a un referéndum consultivo, o a qué alude Carmen Calvo cuando habla de una consulta. Debe aclarar si el PSOE está hablando de una reforma estatutaria y en qué términos, y deben dejar de elucubrar para que los españoles sepan hasta qué punto quiere permitir a Cataluña excesos soberanistas que ya fueron revocados por el Tribunal Constitucional. Debe aclarar, en definitiva, si a cualquier eventual referéndum consultivo van a ser convocados todos los españoles, o solo los catalanes, porque esto sería ilegal si esa consulta afecta a la soberanía nacional y a la integridad del territorio español.

Los trucos de prestidigitador ya no sirven. Cualquier negociación con el separatismo ha de tener límites claros y conocidos por todos los ciudadanos, ya que las agendas ocultas, como los relatos falseados de la realidad, son un fraude. Sánchez, como todos los españoles, está supeditado a un marco legal hoy inalterable y no es posible saltárselo por interés político. Y si lo hace, debe encontrarse enfrente a un Estado sólido que lo impida.

El tribunal que más temen los separatistas
Pablo Planas. Libertad Digital 6 Julio 2021

El principal argumento de los separatistas contra el Tribunal de Cuentas es que no es un organismo judicial. Es lo que dicen lumbreras del independentismo como Francesc Homs, exvicepresidente de la Generalidad que presume de abogado. Alguien poco avisado podría inferir de esa clase de reparo sobre el órgano fiscalizador que los independentistas respetan al Tribunal Supremo, la Constitucional o a la Audiencia Nacional.

Los separatistas catalanes no respetan ningún tribunal salvo que les den la razón porque se creen superiores a los demás y merecedores de una justicia hecha a su medida. En las llamadas "leyes de desconexión" que perpetraron para dar una apariencia de legalidad al golpe de Estado el capítulo sobre el poder judicial era un delirio sustentado en el férreo control de jueces y fiscales por parte de Puigdemont y sus cuates.

Un ejemplo de la actitud separatista ante la justicia: Lo primero que hizo Quim Torra cuando fue juzgado en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) por desobediencia fue recordar al magistrado que presidía la sala que el edificio que albergaba la vista era propiedad de la administración autonómica. Es obvio que lo que quería decir es que el Palacio de Justicia era poco más o menos que suyo, del presidente de la Generalidad. No ha habido personaje más engreído y maleducado en la política catalana, lo que es mucho decir en un género en el que prosperan individuos como Rufián.

La última ocurrencia separatista frente a las fianzas que exige el Tribunal de Cuentas a los líderes e impulsores del proceso separatista es que pague la Generalidad, es decir, el pueblo, los que acudían a las manifestaciones coreanas y los que se quedaban en casa a la espera de que la cosa no llegara a mayores. Al parecer, que estén en riesgo las propiedades de personajes como Artur Mas o Mas Colell es tan grave que el gobierno de la Generalidad está dispuesto a avalar sus fianzas. O sea que miles de desahuciados se pueden pudrir en su miseria pero los patrimonios de Mas o Junqueras son intocables.

Despilfarraron millones de euros en vender la burra del proceso en viajes en primera clase por el ancho mundo y cuando el Tribunal de Cuentas les pasa factura, los actuales prebostes de la Generalidad corren en su auxilio y maquinan la manera de cubrirles la apuesta a cargo del erario público. El asunto lo tiene todo. Prevaricación, malversación, robo, corrupción, inmoralidad, desvergüenza, despotismo... Un Gobierno de España que se respetara a sí mismo y a los españoles ya habría activado el 155. Sin embargo, el Gobierno de Sánchez no sólo ha indultado a los golpistas sino que maniobra contra el Tribunal de Cuentas, que ha cometido la osadía de pedir a los separatistas que paguen lo que les deben a los ciudadanos de Cataluña y del resto de España.

Espadas, el delfín de Griñán y el erial de los ERE
Pedro de Tena. Libertad Digital 6 Julio 2021

El nuevo líder del PSOE andaluz tiene por delante los primeros retos con los coletazos de los ERE y la crisis de Granada.

Se ha empeñado Pedro Sánchez en distinguir a Juan Espadas como el rostro del socialismo andaluz de la nueva década. Lo ha hecho tras conseguir que su enemiga íntima, Susana Diaz, haya salido volando por la ventana de la historia mucho más fácilmente de lo esperado. Pero el problema es que la historia no puede ser defenestrada sin más y que el caso ERE, además de otros como el de la Fundación FAFFE o el fraude de la formación, le van a seguir cayendo encima al nuevo candidato socialista.

Ayer mismo se supo que el juez José Ignacio Vilaplana corregía a su antecesora en la instrucción, María Núñez Bolaños, que había archivado sin más la investigación sobre el presunto fraude de los cursos de formación de la Junta de Andalucía cometido por el ex 'número dos' del PSOE-A y delfín fallido de José Antonio Griñán antes de Susana Díaz, Rafael Velasco.

Vilaplana reabre el caso ordenando diligencias, cuentan El Mundo y ABC, para certificar qué pasó con las subvenciones para cursos de formación concedidas por los gobiernos andaluces del PSOE a la academia Aulacen Cinco SL, (casi 194.000 euros) vinculada, precisamente, al ex número dos del PSOE-A, Velasco, por la presencia de su esposa, Antonia Montilla, como administradora única.

El erial de los ERE
No es sólo tal canto el que rueda sobre Espadas. Diario de Sevilla ha hecho un resumen, muy de agradecer, sobre la situación procesal del entramado de sumarios que componen el caso ERE y no hay ser muy avispado para adivinar que, aun cuando Juan Espadas repita una y otra vez que todo es cosa del pasado y que él no estaba allí, los hechos, esos testarudos y desagradables corruptos, van a caerle encima como granizos durante los próximos años.

Muchos piensan que, políticamente, todo se resolvió en el gran juicio político de 2018 cuando Manuel Chaves, José Antonio Griñán y hasta 19 ex altos cargos de la cúpula de la Junta, fueron condenados a penas que iban desde los 8 años de cárcel y 20 de inhabilitación a apenas unos años de imposibilidad para ocupar cargo público.

Pero no es así porque todos los implicados y condenados entonces y que están pendiente de que el Tribunal Supremo resuelva sobre sus recursos, el caso ERE sigue y los sigue señalando con el dedo durante un tiempo en el que Juan Espadas y otros muchos dentro de la nueva dirección del PSOE estaban en puestos donde se conocía todo lo que pasaba.

Verán. De los 170 juicios que se engloban en la consideración de macrocausas de corrupción, sólo se han celebrado 4 desde 2017 aunque se comenzó la instrucción hacia el 2010. O sea, quedan nada menos que 166 procesos hasta que se ha señalado un nuevo juicio para ¡septiembre de 2023!, lo que da una idea de cuál es la situación de la Audiencia Provincial de Sevilla, que no da abasto, por lo que el impacto de los casos de corrupción en la política andaluza serán el rayo que no cesa sobre la cabeza de Juan Espadas.

Tres juzgados están afectados por el atasco: los de Instrucción número 6, 9 y 16. Pero, claro, cuando se van terminando de instruir sus casos, los procesos llegan a la Audiencia Provincial de Sevilla que es la que tiene que sustanciar los juicios como instancia pertinente. Eso hace anticipar que el atoramiento va a asfixiar a dicho órgano.

El detalle arroja las cifras del pánico. El de Instrucción número 6 de Sevilla, del que fue titular Mercedes Alaya con la que todo empezó y que sigue siendo de la titularidad de María Núñez Bolaños, desaparecida gracias al Poder Judicial, investiga los ERE, los cursos de formación, los avales de la agencia IDEA, la FAFFE y otros. Entre todos, 107 sumarios, 87 diligencias abiertas, 23 autos de procesamiento y 250 piezas de responsabilidad civil.

En los otros juzgados, están las 30 causas vinculadas al caso Invercaria, el escandaloso caso del fraude en las subvenciones públicas y facturas falsas de UGT y otras investigaciones como las Invercaría ayudas presuntamente fraudulentas de 16,5 millones a Green Power.

La Fiscalía Anticorrupción de Sevilla ya ha calificado 44 piezas de todo ese entramado hasta finales de junio de 2021. Pero ahora queda el señalamiento de los juicios y ahí es donde la Audiencia tiene el tapón en la mano. Por poner un ejemplo, el trabajo eficaz y diligente del juez de apoyo José Ignacio Vilaplana ha hecho posible que 30 piezas del caso ERE ya estén terminadas para su enjuiciamiento, pero los juicios no se celebran. Sólo se han celebrado hasta ahora 2 y sólo hay una sentencia dictada, la del caso del procedimiento usado en los ERE en el que fueron condenados Chaves, Griñán y otros. Del caso Invercaria, sólo se han celebrado 2 juicios y sólo hay una sentencia.

O sea, hay un atolladero de cuidado que dice Diario de Sevilla que podría tardar nada menos que 10 años cuando menos, la década de Juan Espadas destacada por Pedro Sánchez, en desatascarse.

El enredo traerá cola porque, además que impedir que Espadas y el PSOE puedan desligarse de las cloacas mimadas por su propio partido, la tardanza puede dar pie a rebajas de penas por dilaciones indebidas, por el fallecimiento de algunos imputados (15 muertos ya entre los acusados en el caso ERE) y por la fuga cansada de algunos jueces. Y, cómo no, la imposibilidad de alrededor de 500 imputados de huir del candelero mediático sin juicio ni sentencia. Un lodazal de cuidado.

El esperpento granadino
El resultado de la colisión del centro derecha en Granada puede ser que un socialista imputado judicialmente, Francisco Cuenca, sea finalmente el nuevo alcalde de Granada gracias al voto del ex alcalde de Ciudadanos, Luis Salvador, culminando así uno de los esperpentos más llamativos vividos en Granada y Andalucía en los últimos tiempos.

Pero el enredo llega asimismo a las puertas de Juan Espadas. ¿Va a consentir el nuevo líder del socialismo andaluz, el rostro nuevo de la década socialista, que un imputado, por muy socialista que sea, alcance la alcaldía granadina?

Nadie sabe lo que hará Espadas, pero sí se va sabiendo que el centro derecha parece estar recuperando el juicio perdido y ahora trata de impedir que se consume tal desaguisado. En esta ocasión ha sido la propia Inés Arrimadas, hasta hace pocos ratos, aliada del ya ex alcalde Salvador, la que está impulsando el acuerdo con la ejecutiva de Pablo Casado para resolver la crisis de Granada.

Eso sí, la solución de Arrimadas es seguir incumpliendo el pacto que consagraba dos años de alcaldía para cada partido, y proponer otro candidato de su partido para ocupar el sillón de primer edil.

Es más, es que "el secretario de Organización de Ciudadanos, Daniel Pérez, ha anunciado que existe ya un pacto cerrado para que el nuevo alcalde sea el concejal José Antonio Huertas (Cs), que fue el único que se quedó en el gobierno municipal junto a Salvador tras marcharse y romper la coalición los cuatro concejales del PP y dos naranjas", expone El Mundo aunque la posición del PP está por ver tras haber exigido la alcaldía y que se cumpla el pacto desvelado.

De momento, el PP de Granada e incluso el PP andaluz niegan la existencia de tal acuerdo suscrito a nivel nacional. Ciudadanos ya no le llama acuerdo sino propuesta pero sigue exigiendo que su minoría sea la beneficiada con la alcaldía en vez del PP que casi le dobló en número de concejales en las elecciones municipales de 2019.

Mañana se celebrará el pleno del Ayuntamiento para elegir un nuevo alcalde. Son necesarios 14 votos. PP, Ciudadanos y Vox los suman si el ex alcalde Luis Salvador no hace lo que ha anunciado – votar la lista socialista - , pero si no hay acuerdo y Salvador perpetra lo pregonado, el nuevo alcalde con los votos del PSOE, de Podemos y el ex alcalde, será el imputado Francisco Cuenca a menos que Juan Espadas logre que el candidato del PSOE sea otro socialista que no esté judicialmente investigado. Se verá enseguida.

Quién fabrica independentistas
Cristina Losada. Libertad Digital 6 Julio 2021

Con esto de los indultos, ha vuelto a hablarse en los mentideros de la fábrica de independentistas. Ha vuelto a salir el tema de esa famosa fábrica para enfatizar lo buenísimo que es dar los indultos, y ello en base a comparaciones realizadas siguiendo el método de hablar de oídas. Esas comparaciones entre unas y otras épocas, que no se molestan en apuntalar con datos, avalarían que el independentismo crece cuando se decide aplicar la ley, o como dicen, judicializar la política y, en cambio, decrece cuando se aplican el cariño, la magnanimidad, la comprensión y el buenrollismo en cualquiera de sus variantes, fuesen las zapateriles o sean las de Sánchez.

Los que cuentan la historieta de la fábrica de independentistas parten de la premisa previa y axiomática de que todo lo que consista en no hacer caso de las exigencias del separatismo tiene como efecto inevitable que aquella fábrica aumente de forma exponencial su producción. En este punto conviene aclarar que a la fábrica la deslocalizan. No la sitúan en Cataluña, por supuesto que no. Según estos cráneos privilegiados, en la región donde están, actúan ¡y gobiernan! los independentistas catalanes, no pueden fabricar independentistas. De ninguna manera. Ese proceso de producción tiene que hacerse fuera, porque allí los independentistas no quieren que haya más independentistas. Raro, ¿no?

Por lo tanto, y sigo con la historieta tal como la cuentan, la sede de la fábrica está en otro lado, que para simplificar diremos que es Madrid. Toca un Gobierno de España que no se enrolla y trata mal a los catalanes - estos cráneos sólo cuentan como catalanes a los nacionalistas -, pues ya se sabe: va a haber más independentismo como dos y dos son cuatro. Hay que oír a estos cuentacuentos para comprobar con cuánto placer de sabiondos llegan a tal conclusión. Como si hubieran descubierto una ley de la física hasta ahora desconocida. Y tan de cajón les parece esa ley suya de la fábrica de independentistas, que no consideran necesario aportar evidencia empírica. Es sabido, y punto.

Al contrario de lo que dan por sentado los sabiondos, no es tan sencillo determinar a causa de qué factores sube y baja el denominado sentimiento independentista en Cataluña. Pero cuando el gran salto adelante de ese sentimiento se produce, como se produjo, cuando CiU, con Artur Mas al timón, se pasó al separatismo sin tapujos, allá por 2012, no es descabellado pensar que esa es precisamente la causa. El giro estratégico de los convergentes hacia el separatismo resulta una causa muy probable del crecimiento del separatismo. Y, ya puestos, también es posible que el sentimiento crezca cuando parece que las exigencias pueden lograrse y decrezca cuando parece que son inalcanzables. No vamos a suponer que la gente, aun la independentista, desconecta del todo con la realidad. Mucho sí, pero no totalmente. Para desconexión total, la de los que siguen con la tabarra de la fábrica.

Con Sánchez habrá referéndum independentista
EDITORIAL. Libertad Digital 6 Julio 2021

Sánchez negó categóricamente la pasada semana que vaya a haber un referéndum independentista en Cataluña, por lo que sus socios parlamentarios, los separatistas de ERC, dan por descontado que se celebrará. El propio Gabriel Rufián afrentó a Sánchez en el parlamento tras las palabras del presidente, recordándole que también dijo que no habría indultos para los golpistas y, sin embargo, ya están todos en la calle perfectamente exonerados. "Denos tiempo", añadió el pintoresco portavoz separatista, en un gesto que debería cubrir de vergüenza a todos los socialistas que defienden el sanchismo.

Los exreclusos ya mostraron su desprecio a Sánchez nada más salir de prisión, en un acto en el que no solo no agradecieron la humillación del Gobierno en pleno, sino que amenazaron con volver a hacer lo mismo, pero esta vez mucho más en serio.

En el mismo sentido se viene pronunciando con insistencia el presidente de la Generalidad, Pere Aragonès, que este pasado domingo hacía público que el presidente del Gobierno es consciente de que va a haber un referéndum independentista en Cataluña.

También Carmen Forcadell, otra expresidiaria envalentonada por la degradante actitud del presidente socialcomunista, da por sentada la organización de una consulta pactada con el Gobierno e incluso se atreve a fijar el plazo de dos años para su celebración. En apoyo de su tesis recuerda que Sánchez también dijo que cumplirían íntegras las penas y ahí están, fuera de la cárcel y haciendo campaña para intentar otro golpe de Estado.

Todo ello otorga una mayor gravedad a las negociaciones extraparlamentarias de Sánchez con los secesionistas, un terreno donde los sediciosos no solo van a conseguir la celebración de una consulta pactada, sino también numerosas prebendas (sobre todo de tipo económico) para tratar de paliar la ruina a que han llevado a Cataluña y agudizar, de paso, las tensiones con el resto de autonomías. Cuentan para ello con la alianza del PNV, el partido que Sánchez, en otra felonía sin parangón, ha convertido en su mediador para negociar tanta ignominia.

Pero tienen razón los separatistas. Tendrán un referéndum pactado con el Gobierno de España, siempre que Sánchez ocupe la presidencia. De ahí el interés de los grupos que buscan destruir nuestro sistema constitucional en mantener empotrado en La Moncloa a este personaje, convertido voluntariamente en el felpudo de todos los enemigos de la Nación.

¿Para qué queremos este Tribunal Constitucional?
Félix Madero. Vozpopuli 6 Julio 2021

Tiene uno la impresión de que estamos jugando con órganos fundamentales, esos en los que descansa el Estado de Derecho y que nacieron para ser garantes de la democracia y el cumplimiento de la ley. No hay institución que no fuera pensada para el buen cumplimiento de la democracia que no esté siendo atacada ante la mirada perdida y consentidora de los españoles. El Supremo, el de Cuentas, el Constitucional, todos en entredicho y por diferentes razones. Puede que asumamos la realidad porque antes hemos asumido que nada podemos hacer. Nada que no sea votar cada cuatro años. O sea, casi nada, a tenor de los resultados incomprensibles en función de una ley electoral que prima los votos nacionalistas y antiespañoles. Algo no va bien cuando una y otra vez un puñado de escaños -trece- republicanos, catalanes e independentistas sirven para coger al presidente del Gobierno de España por donde más le duele. Denos tiempo, presidente, le decía Rufián hace días a Sánchez, y no se advirtieron gestos de ofuscación y vergüenza en la bancada azul en la que se sientan los ministros. A tragar. Tragan los que mandan, tragan los mandados y así hasta que conformemos una sanchesca ínsula de tragones.

Cuando nada se puede hacer
Pero esa es otra historia. La de hoy ha de ver con el Tribunal Constitucional que nos ha recordado hace unos días su existencia. Su diligencia. Su entusiasmo en dar respuestas a preguntas que han de ser resueltas con celeridad si queremos sentir y creer que vivimos en una democracia. Cuatro meses después de que Rosa María Mateo, administradora única de RTVE, dejara el Ente público, el Constitucional da noticia -¿noticia? - de que el Real Decreto por el que Sánchez la nombró no justifica “la urgente necesidad” para su designación. O sea, que el nombramiento fue anticonstitucional, y el TC nos lo cuenta ahora que la señora Mateo se ha ido, y después de ejercer anticonstitucionalmente su función al frente de la radio y televisión pública durante 33 meses, casi tres años.

El Tribunal da la razón al Partido Popular, que en julio de 2018 presentó dos recursos contra el nombramiento que calificó de “aberración jurídica” y “golpe a la democracia”. Aberración y golpe que interesan al Tribunal que preside Juan José González Rivas, que ha esperado tres años a decirnos lo que tuvimos que saber a los pocos días de que el Gobierno colocara a Rosa María Mateo en la presidencia del Ente. Creo que cuando se les pregunta por su forma de despachar recursos aducen que tienen mucho trabajo. Pero yo no puedo creer que esa sea la razón. Como no puedo creer que su presidente y sus vocales estén tranquilos calentando sillones de un órgano que no sirve, o que cuando sirve, sus resoluciones son de imposible aplicación.

Su reino no es de este mundo
Una justicia lenta no es una buena justicia. Y más si es constitucional, tiene dicho Pascual Sala, presidente del TC entre 2011 y 2013. No hay que ser un experto para preguntarse si en el TC no hay alguien que tenga en cuenta que hay asuntos que merecen un trato especial por su propia naturaleza, y porque están condicionados por la temporalidad de las personas o las leyes afectadas. Eso debía saberlo la magistrada María Luisa Balaguer, que redactó la ponencia. Claro, imposible saber si es la magistrada la que tardó tres años en redactarla o el pleno del Tribunal en aprobarla. En cualquier caso, incomprensible.

Una justicia lenta, en realidad no merece ser llamada justicia. ¿Qué hay que hacer ahora con la resolución del Constitucional? ¿Cómo afecta a quien la nombró? ¿Y cómo a los actos de la propia Mateo? Ceses, destituciones, nombramientos, línea editorial, inversiones, contrataciones… No les afecta nada porque si no se caería el sistema. Así lo dice la Ley de régimen jurídico: la inconstitucionalidad de las normas no conlleva la nulidad de los actos dictados al amparo de las mismas… a no ser que los abogados colapsemos el sistema y se recurran todos y cada uno de los actos dictados al amparo de la misma a la espera de que se declare su inconstitucionalidad….. etc, etc. Pero yo quiero hablar no tanto de lo que dice la ley sino de sus consecuencias éticas y morales.

Estemos atentos, un día de estos el TC nos sorprenderá con resoluciones que la opinión pública ha olvidado y la Justicia no sabrá qué hacer con ellas.

El gran congelador
Por imposible que les parezca, en las covachuelas de ese órgano durmiente y elefantiásico duermen los recursos contra el aborto (2010), la llamada ley mordaza, la prisión permanente y la ley educativa catalana. Esta última fue recurrida por el PP el 16 de octubre de 2009. Pues bien, 4.294 días después, y espero no equivocarme en el cálculo, ni el PP ni los cientos de miles de votantes a los que representan tiene una respuesta. No es lenta, señor Sala, es asfixiante, injusta, antigua e indecente. Como político nunca me gustó el exalcalde de Jerez Pedro Pacheco, que patentó una frase inolvidable y a lo que se ve cierta, pero hay que reconocer que cuando la dijo tenía razón. Y cuando hoy la recordamos, también: "La Justicia es un cachondeo".

En el siglo XII era costumbre terminar algunos documentos oficiales con la expresión latina “vale” que venía a significar, entre otras cosas, “consérvate sano”. Eso les deseo para el día en que el Constitucional tenga a bien recordarnos su existencia. Vale.

La incidencia sanchista
Guadalupe Sánchez. Vozpopuli 6 Julio 2021

El Estado de derecho español no estaba vacunado contra el virus del totalitarismo. Las defensas institucionales que se construyeron en el 78 para repeler a las mutaciones tiránicas del poder están cediendo ante las ansias totalitarias de Pedro Sánchez.

Al igual que muchos confundieron el coronavirus con una gripe, el presidente ha colonizado la administración disfrazado de tibio socialdemócrata mientras, sigilosamente, inoculaba en sus vasos sanguíneos la cepa europea del chavismo. Hay que reconocer que Sánchez ha sabido utilizar a los tontos útiles de Podemos como coartada, porque mientras la mayoría achacaba los virajes radicales del Gobierno a la necesidad de contentar a sus socios, Pedro sublimaba su extremismo cocinando a fuego lento los indultos. Ya estaban encima de la mesa cuando pactó la moción de censura con los nacionalistas en 2018.

Pero los síntomas estaban ahí: unas veces se manifestaban en la epidermis, transformando los organismos públicos en una agencia de colocación. Otras, atacando directamente a los órganos vitales que integran los contrapoderes del Estado: nombrando fiscal general del Estado a su exministra de Justicia, intentando intervenir el Poder Judicial alterando el sistema de mayorías para el nombramiento de los miembros del CGPJ, tramitando leyes que ideologizan la libertad de expresión en nombre de la memoria histórica o subvierten la presunción de inocencia invocando al feminismo o a la inclusividad, utilizando el estado de alarma para legislar a base de decretos leyes despreciando a las Cortes, atacando de manera constante y furibunda las decisiones judiciales que no les son favorables… La última que nos ha filtrado nuestro Pravda patrio es una nueva Ley de Seguridad Nacional, con la que el Gobierno planea rediseñar el estado de excepción para hacerlo más maleable y ajustado a sus necesidades: aumenta la terminología imprecisa e interpretable mientras disminuyen los requisitos y controles a su actuación y decisiones.

Pero ninguno de estos síntomas provocados por el sanchismo ha generado una alarma mayor en el huésped que los indultos a los políticos independentistas condenados por sedición y malversación. Al fin y al cabo, son la evidencia de que el camino a la impunidad es corto y directo, que no hay remedio o medicina que evite que la política se sustraiga del control de legalidad siempre y cuando Su Sanchidad lo considere útil y necesario.

Pero los indultos no son la última manifestación del virus sanchista que nos ha infestado, sino la revelación de una nueva patología con la que experimentan en las probetas de Moncloa: el referéndum pactado de independencia. Si al coronavirus lo llamaron “la nueva gripe”, a la consulta le colocarán el calificativo de autogobierno, convencidos de que nos tragaremos, otra vez, que el hábito hace al monje y que hay sujetos soberanos más allá de los reconocidos por la Constitución. Anestesiados con la concordia, la convivencia y la magnanimidad, nos van a extirpar un brazo del cuerpo contando sólo con la opinión de esa extremidad. Y sin que haya comité médico alguno al que podamos acudir para protestar por la mala praxis del cirujano. Lo tienen todo atado y bien atado.

Mientras los medios se preocupan por la pandemia sanitaria y los informativos abren con el incremento de casos, la epidemia jurídica y política nos asola: aunque el incremento en el número de contagiados con la covid no se está traduciendo en un aumento significativo de ingresos hospitalarios y/o fallecimientos, la incidencia del sanchismo en nuestras instituciones sí que está siendo mortal. Su neutralidad irá transmutando en militancia, hasta que el Estado no constituya nada más -ni nada menos- que el fiel reflejo del partido. Es éste el punto de no retorno que indica la quiebra de la igualdad ante la ley y genera categorías oficiales de vencedores y vencidos, de súbditos y de privilegiados. Junto con la democracia enterraremos nuestras libertades y derechos y sobre la lápida rezará un lacónico: “disfruten de lo votado”

No es tiempo de mociones
Jorge Vilches. Vozpopuli 6 Julio 2021

No se puede defender el constitucionalismo y al tiempo bastardear algo tan serio como una moción de censura. Un instrumento de este tipo no es para mostrar los apoyos nefastos del Gobierno, ni para mostrar el repudio a una decisión. Es para sustituir al Ejecutivo. No se trata de cobardía, sino de coherencia. La Constitución y el reglamento parlamentario permiten otras vías para la fiscalización de la acción gubernamental que obtienen el mismo resultado: la foto de Sánchez abrazado a comunistas y nacionalistas.

Tampoco se utiliza una moción para mostrar al líder y su valía, como si fuera un anuncio de 24 horas. Eso también es burlarse del sentido de la moción de censura, desprestigiar las instituciones y sus normas, y, por tanto, hacer un flaco favor a una democracia tan acosada como la nuestra. Si ni siquiera la oposición constitucionalista respeta el espíritu de la Ley, ¿quién lo va a hacer?

El Gobierno no va a caer por presentar una moción de censura, y tampoco no defenderla supone esperar a que el poder caiga como fruta madura. Es una cuestión de responsabilidad y sentido de Estado. Quizá dé para menos titulares y palmaditas, pero es lo sensato cuando esta legislatura se está planteando entre quienes le faltan el respeto a la Constitución y quienes lo exigen. Lo que da el poder es saber hacer oposición y ganarse la confianza de la gente, no el aplauso de cuatro analistas.

La situación es complicada. Ya. Y más que lo será, pero si el Tribunal Constitucional decide suicidarse porque el Congreso aprueba una ley, propuesta por el PNV, para que se elimine el requisito de inconstitucionalidad en las leyes orgánicas como los Estatutos, pues que se suicide. Pero una moción de censura no detiene esto, sino el Tribunal Constitucional. ¿O es que creen que Bildu, PNV, ERC, Más País y demás estilista de la ruptura van a apoyar que se mantenga el poder del Tribunal Constitucional? Por favor…

¿Qué ha ganado Vox con la moción de censura que presentó en septiembre de 2020? Según las encuestas, nada. ¿Ha conseguido movilizar a un número mayor de electores a favor de su partido en contraposición al PP, que no apoyó la moción? No, todo lo contrario. Desde entonces a hoy, siguiendo la demoscopia, el PP de Casado se ha hecho con casi el 15% de voto de Vox, y más del 40% del de Ciudadanos. Lo único que ha ganado Vox con aquella moción es el aplauso de algunos medios que, a la postre, no han deparado ni un triste voto.

La solución pasa por las urnas, se pongan como se pongan todos los que no quieren encabezar la moción de censura, desde Abascal a Arrimadas y Sánchez. Cabe recordar aquí que la líder de Ciudadanos no se quiso presentar a la investidura cuando ganó las elecciones 2017 porque le faltaban escaños, pero que luego quiso presentar una moción de censura. Un poco de coherencia siempre ayuda. Mayo de 2023 no está tan lejos. Será entonces, en las elecciones locales y autonómicas, cuando se vea si en lo que queda de legislatura la oposición se muestra a la altura del pulso totalitario a la democracia liberal que el sanchismo se empeña en hacer.

Impulso al autoritarismo
No olvidemos que tras la moción de septiembre de 2020, Sánchez y sus aliados han dado un nuevo impulso al autoritarismo, a su desprecio al espíritu de la Constitución, a la separación de poderes y a las libertades, y han aumentado las expectativas separatistas. Es decir; la moción de Abascal, su duro discurso, no sirvió para nada a Vox, y el Gobierno siguió como el tren al que una lagartija quiere descarrilar. ¿En serio piensan los defensores de la moción a Sánchez que por una jornada en el Congreso zurrando a Pablo Casado desde todos los lados del hemiciclo Sánchez va a rectificar? No va a cambiar nada. El Gobierno seguirá con la misma arrogancia. ¿O es que los impeachment detuvieron a Trump?

Es más práctico fortalecer las otras vías que todavía ofrece el Estado para controlar al Gobierno, como los tribunales. De hecho, ese es el camino que ha emprendido Vox con los independentistas y los indultos. Incluso el PP lo ha hecho. El recurso a las otras instituciones refuerza la confianza popular en que existen mecanismos propios del Estado de Derecho y de una democracia liberal. Es lo que se hace en otros regímenes representativos, como en Estados Unidos, donde otra instancia vela porque la nueva norma esté en consonancia con la ley.

No es tiempo para mociones inútiles, sino para criticar y denunciar en los tribunales y en las Cortes las mismas acciones del Gobierno que serían objeto de la censura. Por ejemplo, la declaración de Sánchez a Pere Aragonés de que apañaría el asunto económico de los golpistas con el Tribunal de Cuentas. También es tiempo de fiscalizar la gestión del dinero que llega de la Unión Europea, asunto en el que Vox no estuvo muy avispado.

Del mismo modo habrá que solicitar que el Tribunal Constitucional agilice su trabajo, para que no tengamos que esperar a que Rosa María Mateo esté fuera de RTVE para decir que su nombramiento no se ajustó a la ley. Habrá que exigir que la comisión “bilateral” entre el Gobierno de España y los independentistas no rompa la soberanía nacional ni se atribuya una legitimidad y unos poderes que nadie le ha concedido ni la ley contempla. Hay mucho trabajo que hacer más allá de los fuegos artificiales, la flor de un segundo, que supone una moción de censura.

Mociones o lamentaciones
Nota del Editor 6 Julio 2021

Estamos llegando al límite del quinto frente de la guerra civil, España está siendo destrozada y aún quedan defensores del Partido Podrido.

En cuanlquier sistema democrático, no versiones edulcoradas de democracia palabrera sin realidad legal detrás, hay mecanismos que impiden que cualquier traidor se haga con el poder y ejecute a zancadas su destrucción sistemática. El PP nunca se preocupó de establecer mecanismo protector alguno, así que los españoles tenemos tres opciones: pelear en el quinto frente de la guerra civil en las calles y en cualquier otro lugar antes de que perdamos todas las esperanzas, iniciar mociones de censura puesta la fé en que algún izquierdista del PSOE se despierte y vote en contra del dr cum fraude, o seguir defendiendo, apoyando y votando a Vox

Sobre las dos terribles REPÚBLICAS ESPAÑOLAS Y LAS MONARQUÍAS
Antonio García Fuentes. Periodista Digital 6 Julio 2021

Es triste, lamentable y muy peligroso, el que “los que tienen que educar al pueblo y formarlo lo más y mejor posible”, mientan tanto y sobre todo, con esas “mentiras envenenadas”, no con otra intención, que los fines de cada político, para “sacar tajada de cualquier actuación”, puesto que en la mayoría de ellos (sálvese el que pueda) no hay más voluntad “ansiosa”, que el dinero a obtener, o sea, “panza y bolsillo” como ya los denominé hace mucho tiempo; “el color del partido es la pantalla, aparte de que no olvide nadie, que partido es de parte y España es hasta hoy una unidad”, que es lo que debieran tener siempre en cuenta quienes se atreven a entrar en política; puesto que política (y lo he dicho muchas veces) … “Es el arte de gobernar bien a los pueblos, todo lo demás no es política, es demagogia y mentiras”.

Por ello, podemos afirmar que tanto la primera como la segunda repúblicas españolas, fueron dos rotundos fracasos; cosa que no sorprende; puesto que “las monarquías” en general, fueron otros grandes fracasos; por cuanto aquí y salvo excepciones, “quién ha gobernado en cualquier escala de gobierno, ha ido a sacar el máximo partido de su gobierno y en beneficio propio, importándole un bledo todo lo demás”; lo que llega hasta ahora mismo, si llegamos a saber, la enorme corrupción que padecimos y padecemos y de la que sólo se juzgan, “algunos flecos” y no con el rigor que sería de desear”; por tanto “presumir de gobiernos en España”; mejor “no menearlo y leer la verdadera historia de este siempre saqueado país o nación europeo”.

En cuanto a la moralidad de sus cabezas “principales”; sólo unas pinceladas de sus vidas “sexuales”…nos dan información plena y el que quiera saber más, que lo busque en la red; y encontrará cantidades grandes de, “bastardías, bastardos y cuernos de todas las medidas. Abajo reflejo algunas notas encontradas en dichos fondos; aumentemos a ellos, lo que se sabe, del “huido Juan Carlos I” y sus muchas aventuras sexuales amén de sus enormes capitales y sus procedencias, que no se saben.

La primera república se forma tras la marcha de Amadeo I de Saboya, rey que sustituye a la, “ardiente Isabel II”; monarca que quizá hubiera hecho algo provechoso, pero “las jaurías hispanas”; lo trataron tan mal, que asqueado se marchó de aquí, no sin antes y en el parlamento a aquellos indeseables “padrastros de la patria”, les dedicó un discurso (está en la red y lo pueden leer) que los dejó, “de hoja de perejil y más bajos que el polvo de las alfombras”; después siguen las sempiternas “guerras intestinas nacionales”. Y así, se llega al momento de la ilegal proclamación de la segunda república (1931); y digo ello, puesto que fue un asalto a la monarquía, lo que provoca que el cobarde Alfonso XIII, salga huyendo como lo que fue; cosa que se detalla en el libro; “El rey perjuro”, de Borras Betriu Rafael; donde se refleja hasta, una copia del bochornoso papel que le hacen firmar; Y así “nace” la república de la que tanto hablan hoy, los que “chupan en abundancia del dinero público y del continuo engaño al españolito o inmensa mayoría de los españoles de hoy, que más preocupados por el fútbol y “mil otras chuminadas”, no saben apenas nada de la historia de su nación; y los maestros de escuela; o no saben o no quieren saber; y menos enseñar al que no sabe”; puesto que los considero los máximos responsables en estos temas.

Pero para saber lo que ocurrió tras este segundo desastre republicano; aparte de lo que podamos contar las víctimas que aún vivimos sus consecuencias; que sean dos famosos intelectuales que lo vivieron desde el principio los que opinen, aunque ambos ya hace mucho que están muertos

“No es esto, no es esto: «Desde que sobrevino el nuevo régimen no he escrito una sola palabra que no fuese para decir directa o indirectamente esto: ¡No falsifiquéis la República! ¡Guardad su originalidad! ¡No olvidéis ni un instante cómo y por qué advino! En suma: autenticidad, autenticidad… Con esta predicación no proponía yo a los republicanos ninguna virtud superflua y de ornamento. Es decir, que no se trata de dos Repúblicas igualmente posibles -una, la auténtica española, otra, imaginaria y falsificada– entre las cuales cupiese elegir. No: la República en España, o es la que triunfó, la auténtica, o no será. Así, sin duda ni remisión”. (Ortega y Gasset en 1931) https://www.diariocordoba.com/zoco/2017/11/05/no-es-esto-no-es-esto-36534991.html
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Como dato aplastante del fracaso rotundo de la segunda república española, sea, un famoso premio Nóbel, el que enamorado de España y de “lo español”, residió aquí por muchos períodos de su vida; fue “Ernest Miller Hemingway”; el que en uno de sus libros relata lo que sigue y que lo vive, el mismo año en que se proclama la república.
“¿Cómo encontraste a España, en el 31, Ernesto? Tremendamente banal. ¿Qué quieres decir? Que todo era literatura y literario por todas partes? ¿Qué esperabas encontrar? No venía esperando milagros metafísicos ni planes socioeconómicos formidables. Venía buscando al pueblo y lo encontré rodeado de farsantes y pillos. ¿Qué dirigente te produjo mejor impresión? Por ninguno hubiera dado dos pesetas. Todo lo invadía la retórica, una retórica bien barata por cierto. Y era una pena… una pena muy grande. (Hemingway entre la vida y la muerte) ¡Dios mío que gran decepción!… En la calle todo es fanfarria, demagogia y oratoria vana, ramplonería, anticlericalismo exacerbado, picardía sin gracia, inútil hipertrofia burocrática, ¡chabacanería política en una palabra!”
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¿Qué se necesita más, para no hablar más de repúblicas fracasadas, ni incluso de Franco; que como yo escribí, fue un efecto no una causa, o sea que, “fue como un hijo legítimo de la república” y como consecuencias de sus nefastos hechos, mala organización, y inutilidad total; puesto que si de verdad, se hubiese instaurado una república, como por ejemplo, “la francesa o la norteamericana”; pues sencillamente, hoy seríamos republicanos y la monarquía no existiría. Así pues, déjense de dedicarse sólo a “la panza y el bolsillo”; y procuren crean un sistema de gobierno estable y justo, y no “las mierdas con que nos envuelven siempre”.

NOTAS: La pasión y sensualidad de la dinastía de los borbones, abocada a las relaciones extraconyugales, habrían creado una auténtica legión de ilegítimos. De hecho, Alfonso Sanz, podría haber compartido condición nada menos que con su mismo padre, Alfonso XII, de quien los historiadores dudan que fuera hijo del rey consorte y esposo de Isabel II, Francisco de Asís. Pero no siempre han sido ellos los responsables del nacimiento de un ilegítimo. María Luisa de Parma, María Cristina de dos Sicilias e Isabel II, bisabuela, abuela y madre de Alfonso XII respectivamente, compartieron lecho las tres, con guardias de Corps y oficiales cercanos a la corte. Manuel Godoy, Agustín Fernando Muñoz y Enrique Puigmoltó son algunos de los reconocidos amantes de cada una de ellas. Más peliagudo es el documento que el periodista José María Zavala desveló en su libro: una confesión de María Luisa de Parma al fraile Juan de Almaraz, según la cual, ninguno de los hijos serían del legítimo rey Carlos IV, que pareció demostrar más devoción por el amante de su mujer, Manuel Godoy, que su propia esposa.

«Es puta, pero pía». Se dice que esas fueron las palabras reales utilizadas por el papa Pío IX para definir a Isabel II momentos antes de concederle la Rosa de Oro de la cristiandad.

Amadeo I de España, llamado «el Rey Caballero» o «el Electo» rey de España desde el 2 de enero de 1871 hasta el 11 de febrero de 1873.
La Primera República Española fue el régimen político vigente en España desde su proclamación por las Cortes, el 11 de febrero de 1873, hasta el 29 de diciembre de 1874

Antonio García Fuentes
(Escritor y filósofo)
www.jaen-ciudad.es (aquí mucho más) y
http://www.bubok.es/autores/GarciaFuentes
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No es la lengua, son los ciudadanos
Rosa Díez. okdiario 6 Julio 2021

“El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a hablarla”. Artículo 3.1 de la Constitución Española.

El debate abierto tras la decisión de la presidenta de la Comunidad de Madrid de crear una Oficina del Español indica que también en esta materia es preciso hacer mucha pedagogía política. Tanto quienes defienden la figura como quienes la critican –de la Oficina, que no tiene por qué coincidir con el titular de la misma- han pervertido el debate. Yerran quienes mantienen que la Oficina es necesaria porque “el español está siendo atacado” e igualmente yerran quienes sostienen lo contrario.

La lengua española es una lengua potente, que amplía constantemente el número de hablantes y se extiende por todo el mundo. El castellano o lengua española no necesita ser defendida de nadie. A quienes hay que defender es a los ciudadanos que no pueden ejercer el derecho constitucional de elegirla. La primera víctima del totalitarismo es la libertad. Cuando un Gobierno cuestiona, prohíbe y/o persigue la libertad de movimiento, la libertad de expresión y la libertad de elección estamos ante un claro ejemplo de despotismo, la antesala del totalitarismo. Pero la víctima del despotismo o el totalitarismo gubernamental no es la lengua, es el ciudadano.

No se ataca a la lengua española cuando se priva a los padres el derecho de elegir la lengua común como lengua vehicular en la educación de sus hijos; no es la lengua española la que está siendo atacada cuando se multa a los comerciantes por rotular en español en sus comercios; no es la lengua española la que está siendo atacada cuando se impide a los ciudadanos utilizar el español para comunicarse con la administración; no es la lengua española la que está siendo atacada cuando se impide a los estudiantes hacer sus exámenes en español… No es el español el que está siendo atacado cuando la Generalitat Valenciana impone en las aulas el valenciano; los atacados en sus derechos son los padres que tienen que recorrer cada día cuarenta kilómetros desde Alicante hasta Murcia para que sus hijos puedan ser escolarizados en español.

Son los derechos de los ciudadanos los que están siendo vulnerados al negarles el ejercicio efectivo de un derecho recogido en la Constitución, además de privarles de una poderosa herramienta de competitividad al impedir que sean educados en una lengua que hablan más de seiscientos millones de ciudadanos de todo el mundo.

El castellano no es una lengua española más: es la lengua española oficial del Estado. El resto de lenguas oficiales en determinadas comunidades autónomas también son españolas, pero sólo el castellano es la lengua común de todos los ciudadanos españoles, la lengua que nos permite a todos participar de forma activa y en igualdad de condiciones en todos los asuntos de interés común. Por eso resulta decepcionante comprobar que defensores y detractores de la decisión de la presidenta Ayuso obvian lo sustancial del debate, eso es, que en las autonomías con otra lengua oficial se persigue a los ciudadanos que quieren ejercer su derecho pleno a usarla. No es la lengua, son los ciudadanos.

Cualquier énfasis en este debate pasa por señalar que no se trata de conseguir más y mejores hablantes del español sino que cualquier autoridad pública debe extremar su celo para garantizar el derecho de todos los españoles a utilizar su lengua en cualquier parte de España en la que se encuentre.

En España se ha llamado normalización lingüística a excluir la lengua común del ámbito educativo y/o del ámbito institucional en aquellas comunidades autónomas en las que existe otra lengua española oficial. La normalización ha sido un ariete de las políticas nacionalistas que ha contribuido a crear la ficción de dos comunidades políticas, caracterizadas por la lengua que usan, y que conviven en un mismo territorio. Y la imposición de la lengua llamada propia sobre la que es común ha sido también la forma de demostrar quién manda. Pero quienes no somos nacionalistas no podemos contribuir a pervertir el debate utilizando los mismos “argumentos” identitarios que ellos usan para forzar la anulación de un derecho. Frente a la “normalización” hagamos bandera de lo normal. Y lo normal es que se cumplan de forma efectiva todos y cada uno de los artículos de nuestra Constitución. El artículo 3.1 también.

En definitiva, una Oficina del Español, digna de ese nombre, ha de estar orientada, ante todo y sobre todo, por los derechos de las personas y no por los sedicentes derechos de las lenguas ni sobre la base de seculares injusticias que es necesario reparar, aún a costa de privar a los ciudadanos del derecho a elegir la lengua vehicular de la enseñanza o de acabar con el principio de igualdad de oportunidades en el ámbito académico o profesional.

Desde esta perspectiva habrá quien se pregunte qué puede hacer una comunidad autónoma cuya única lengua oficial es el castellano para proteger los derechos de los ciudadanos a elegir la lengua común en sus relaciones con la administración o en su sistema educativo. Seguro que puede hacer más cosas de las que se me ocurren; pero me conformaría con que no se contribuyera a confundir sobre el fondo de la cuestión y sobre lo que a día de hoy es un problema para muchos españoles que viven en regiones gobernadas por nacionalistas o socialistas normalizados: que se les niega su derecho a elegir. Es la libertad, no es la lengua.

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