AGLI Recortes de Prensa  Miércoles 7  Julio  2021

Tras tres años de «okupación»
Fulgencio Coll Bucher. https://rebelionenlagranja.com 7 Julio 2021

Es posible que la sesión del Congreso del 29 de junio de 2021 haya sido la más lamentable desde su establecimiento por la Constitución. La promesa del Presidente del Gobierno de que no habría referéndum secesionista en Cataluña, obviedad constitucional, desató la sorna en sus socios parlamentarios separatistas que le recordaron que su cargo estaba en sus manos, a la vez que lo insultaban.

La situación que se deriva de lo escenificado en el Congreso es que el Gobierno de España ha vendido su alma al diablo y es rehén del separatismo. Desde la moción de censura de 2018, la aceleración de la descomposición del régimen constitucional es un hecho. La pregunta es: cual podría ser la actuación de un gobierno cuya investidura y vigencia dependen del apoyo independentista.

El marco en que se gestó este Gobierno es surrealista, primero porque partidos que se declaran abiertamente independentistas, que vulneran la ley abierta y continuamente, sigan siendo legales; segundo porque para llegar a un acuerdo de investidura era necesario que se alcanzasen pactos que, como mínimo, implicasen el desmantelamiento o neutralización de las instituciones constitucionales; tercero, habilitar un “gobierno” denominado de coalición capaz de llevar a cabo las acciones necesarias para demoler el Estado.

Inicialmente, las declaraciones de Sánchez fueron de benefactor, ya que la moción regeneradora seria seguida de elecciones. Falso. A partir de ahí, las expresiones orales de D. Pablo Sánchez han carecido de validez, la ciudadanía sabe que es un ejercicio retórico, lo que apoya una “gobernanza” mediática, políticamente correcta y, por lo tanto, inútil, falsa, discriminatoria y con la única finalidad de seguir en el “no-Gobierno”. Así, los pactos con ETA no se anunciaron, se practicaron. El fin de la política de dispersión de presos no se hizo público, simplemente se practicó. Las explicaciones del siniestro personaje que ocupa la poltrona de Interior tratan de justificarlo al decir que ETA ya no existía. Este es otro mantra falso, ETA es el instrumento de violencia organizada del soberanismo vasco que, como tal, se emplea o no, dependiendo de su utilidad. Volverá a actuar si se considera necesario. Muestra de su existencia son los homenajes a sus “prisioneros”.

Es ya normal el hecho que, en España, gran parte del estamento político está compuesto por personas poco solventes que, en un ejercicio de irresponsabilidad son capaces de aceptar cualquier cargo para los que son necesarios cualificación titulada, y constatada, de la que carecen y son conscientes de ello. Por ello, desde el Presidente hacia abajo se apuntan titulaciones fake o simplemente inexistentes. Los partidos políticos, que deberían ser la materialización de la expresión del derecho de asociación ciudadana son, de hecho, entes para-oficiales que aportan personal para gestionar el Estado bajo pago de su importe. El caso catalán es paradigmático, en un ejercicio de radicalización partidista se busca reeditar la relación PSOE-PSC en la España-Cataluña.

Tras tres años de la “okupacion” del Gobierno, España está sumida en una profunda crisis, al ser aquel un juguete roto en manos de una minoría que es la que gobierna por defecto. El resultado es que la legalidad queda proscrita. El grupo de personas que, por cuota, ocupan el Gobierno y otros altos cargos de la administración, dan por sentado que la sociedad española es de chicle y boba, y lo que parecen obviar es que para arreglar el “conflicto” están provocando otro mayor.

Es muy peligroso gobernar gestionando las apariencias. La realidad mediática, que es la que gestiona este Gobierno, es evanescente, pero no los efectos de su gestión, que van acumulando anomalías cuyos efectos son incontrolables, como la huida hacia adelante de los componentes del Gobierno. Sólo desde un sentido de impunidad es posible esta anarquía.

España necesita que se cumpla lo dispuesto en la Constitución y la Leyes, para lo que, judicial y administrativamente, se deben revertir las anomalías político-administrativas que se fabrican para mantener a un Gobierno rehén de sus apoyos, retrotrayéndolas a su estado constitucional y, a partir de ahí, modernizar el texto constitucional para adaptarlo a la era digital.

Es necesario transmitir el mensaje que en un Estado de Derecho todos están bajo el mandato legal y quien fabrique impunidades será retribuido penalmente por ello.

El PSOE y la España desvertebrada
El autor, portavoz adjunto de Ciudadanos en el Parlamento de Andalucía, diserta sobre el pernicioso plan del Gobierno en Cataluña y su impacto en toda España.
Fran Carrillo. esdiario 7 Julio 2021

La España desvertebrada, ay, es el sueño balcánico de todo prócer separatista, que en su húmeda sedición, se atreve a deslegitimar y golpear las instituciones del Estado sin que el Estado reaccione. O al menos, una parte de él. Sumiso y rendido al delincuente, se deja atar las manos mientras este le dice que mañana volverá a pasar por el mismo sitio, a la misma hora, para atracarle de nuevo.

Cada día que los sediciosos indultados pasean sus sonrisas procesadas por la calle y no por la cárcel, se reafirma el bucle populista de quien ha hecho de la Moncloa el búnker mediocre de su despotismo.

Donde se desvertebra la nación, se vertebra al mismo tiempo la lógica narrativa que explica el buenismo de alcanzar tamaña infamia. La alteración del más mínimo sentido lingüístico en el Gobierno más retórico y vacuo de la democracia, provoca en el ciudadano el desánimo.

El rebaño orwelliano
La España desvertebrada exige una España amansada y no rebelada, un ejército de fieles a las siglas y al despropósito que asuman el desafuero jurídico como norma básica de convivencia, el perdón al delincuente como convivencia sabia para la reinserción, la corrupción bajo sospecha como normalidad democrática magnánima. Todo en orden para alterar el orden -constitucional-.

Y mientras la masa duerme el sueño de los justos, esperando el árnica subvencionada para agradecer al socialismo que exista y dirija nuestras vidas, la España de libres e iguales, de convivencia entre distintos, deja paso a una ensalada federal donde se competirá en privilegios y en la calidad del café selecto. Entre aquel Plan Ibarretxe y este Plan Junqueras hay una gran diferencia: entonces no hubo un Estado ni un Parlamento rendido. El PSOE aún sabía encontrar la palabra decencia en el diccionario.

Pero la vida y la política, mientras la ordenen gerifaltes de puño en alto, será una huida constante hacia utopías de barro. La izquierda capitalista que gobierna necesita socialismo en la calle y en las urnas para seguir explotando su inconsecuencia vital.

Es lo que hay desde que liberales y conservadores abdicaron hace un siglo de guerrear cultural e ideológicamente la propaganda siniestra gramsciana. La gestión es la trampa que socialismo y comunismo dejaron a la derecha mientras iban fabricando ciudadanos perfectos, capaces de defender naciones con muros antes que sociedades libres.

Sánchez, prosigo, ha vendido España a sus enemigos con el dinero que saquea a los españoles. Por eso, un día ensalza a Negrín, que fue expulsado como él del PSOE y que, como él, sólo concebía una España de izquierdas, y al otro replica, en su provecta senda autoritaria, a Largo Caballero, al que sigue sin haber leído nunca lo que defendió.

La traición perpetua
Ni largo ni caballero, el Lenin patrio fue ese hombre que arrimó su hombro a la dictadura primorriverista, eligió ser bastón de comunistas y sediciosos en 1934 y la historia lo reconoce como uno de los articuladores que facilitó la caída de una República hundida en el cadalso de los extremos que la izquierda inició y supo continuar. Sánchez es al PSOE lo que el PSOE ha sido a España: felonía pura, máscara permanente, traición perpetua.

La única salida al conflicto con el separatismo parásito y faccioso no es la claudicación ante el sedicioso, sino empoderar al demócrata, que no está en los socios sanchistas, sino en sus víctimas. El plan no es arrodillarse, sino encarar sin complejos al delincuente y recordarle, que en un Estado de Derecho, quien delinque, la paga. Este es el mensaje a trasladar. Día tras noche.

El mejor relato es el que tiene al parné como principal mensaje. Sin presupuesto, el nacionalismo es nada. Con presupuesto (y poder, y prestigio, como defendió Cayetana Álvarez de Toledo hace unos días en una tribuna) el constitucionalismo será lo que quiera que sea. Y eso, en la Cataluña elitista, pija y mimada del nacionalismo perverso, es decirlo todo.

El nacionalpopulismo, la pinza que acosa a España
Dudo que suceda. Porque en el plan de Sánchez y su amigo Iceta, muñidor de tripartitos, está la descomposición de España en un aquelarre federaloide que puedan controlar desde su nihilismo de marketing y guapura. Prefieren seguir a Todorov en su defensa de la alteridad comprendida, aunque el otro sea un bárbaro al que hay que combatir pero no temer.

Balcanizar España es la salida a su permanencia, la solución a mantener el poder: el socialismo, sea con siglas o en ausencia de ellas, siempre fue esto: el manejo a toda costa de los resortes de mando. Y después de Cataluña, vendrán otros, otras y otres a pedir que el Estado se arrodille. Quizá para entonces, a la masa, por fin rebelada, ya no le quede nación que defender.

¿Qué hay detrás de la polémica en torno a la nueva Ley de Seguridad Nacional?
María Ariza. https://rebelionenlagranja.com/ 7 Julio 2021

Nueva reforma legislativa del Ejecutivo que amenaza derechos, esta vez, la de Seguridad Nacional. Todavía en los inicios de su tramitación, pero ya ha saltado la alarma.

El gobierno de Pedro Sánchez prepara una reforma a la Ley de Seguridad Nacional que permitiría movilizar a cualquier mayor de edad o requisar los bienes privados. Tal y como adelantaba el diario El País este fin de semana, toda persona mayor de edad estará obligada, por esta ley, a la realización de las prestaciones personales que exijan las autoridades competentes en caso de crisis.

Y ojo a esto último, lo de “crisis”. Porque a falta de amparo constitucional a los estados de excepción encubiertos del estado durante la pandemia, Sánchez ha optado por crear un mecanismo que lo ampare: el del estado de crisis. Ni alarma, ni excepción, ni sitio: no basta con los tres mecanismos constitucionales votados por los españoles y recogidos en el artículo 116 de la Constitución, sino que se crea con esta nueva ley un estado de crisis, que no es más que una situación de interés para la Seguridad Nacional, es decir, lo mismo que ya existe, pero a medida y con vía libre.

La nueva ley recogerá también desde la posibilidad de requisar todo tipo de bienes hasta la intervención y ocupación de los que sean necesarios, pasando por la suspensión de todo tipo de actividades, eso sí, con derecho a indemnización. Indemnización inexistente para el caso de las prestaciones personales: los ciudadanos, sin excepción ni recompensa, deberán cumplir las órdenes e instrucciones del gobierno.

Legado del gobierno de Mariano Rajoy
Y lo curioso del caso es que la idea no es nueva. Vayamos atrás en el tiempo para entenderlo. La Ley de Seguridad Nacional se aprobaba en 2015 por el gobierno de Rajoy, tras varios años de demora. Esta ley se había previsto con la Creación del Consejo de Seguridad Nacional, y resultó bastante polémica en los comienzos. Y es que el mismo titular que sacaban tantos medios este fin de semana, lo daba el diario El País el 16 de enero de 2015: «Rajoy podrá movilizar bienes privados en caso de crisis».

Rajoy ya se animó con ello, pero dejó la redacción de ese precepto abierta al futuro desarrollo legislativo. Así, llegó la Ley 36/2015, de Seguridad Nacional: esa que ahora el Gobierno pretende reformar. Una ley que allanó el terreno a los socialistas, con el enunciado del artículo 29: “El Gobierno aprobará mediante real decreto la Declaración de Recursos que se podrán emplear en la situación de interés para la Seguridad Nacional, prevista en esta ley. Dicho real decreto incluirá la relación de medios humanos y materiales, tanto públicos como privados, que procedan”.

La incautación ya estaba en nuestro ordenamiento
Con lo que la incautación ya estaba en nuestro ordenamiento. Ahora solo queda que los de Sánchez la desarrollen un poco más, y se aprovechen de ello.

Y aquí el problema: la reforma de la ley amenaza, una vez más, derechos fundamentales. Y lo hace además siendo una Ley ordinaria, y no orgánica. Algo que podría plantear serios problemas jurídicos pues solo las leyes orgánicas pueden afectar a derechos fundamentales.

Plenos poderes a Sánchez e Iván Redondo
La avaricia ha roto el saco: el saco de legalidad y soberanía nacional. Es la avaricia de Pedro Sánchez y su imprescindible Iván Redondo, que codician más y más poder, tras la vacatio que han sufrido con el fin del Estado de Alarma.

Y es que hoy gracias a el diario El Mundo hemos podido conocer novedades de esta reforma. El presidente del Gobierno se reserva plenos poderes para situaciones de emergencia, plenos poderes que compartirá con su Gabinete. Y con nadie más.

Ante amenazas a la seguridad del país, es el Consejo de Seguridad Nacional el que adopta las medidas pertinentes, pero en el nuevo texto ni siquiera esto es un trámite perceptivo, necesario o previo a la declaración de emergencia. Y es que esta nueva ley prescinde, para los casos de crisis, del Consejo de Seguridad Nacional, del Congreso, y da flexibilidad al Gobierno para manejarlo todo mediante Real Decreto, “si existen razones de urgencia o de oportunidad que lo exijan”, reza el borrador. O en otras palabras, la potestad para disponer de administraciones, personas físicas y jurídicas, bienes públicos y privados, en estos supuestos de interés nacional, la tendrá exclusivamente el Gobierno, si así lo desea. Con dicha crisis el gobierno funcionaría a golpe de decretazos sin escrúpulos, con la amenaza que ello conlleva para los derechos fundamentales o libertades públicas.

Porque además, aunque el ámbito que da nombre a la ley es el de seguridad, los poderes del Ejecutivo se ampliarían a mil matices de esta: ciberseguridad, seguridad económica y financiera, marítima, del espacio aéreo y ultraterrestre, seguridad energética, sanitaria o del medio ambiente…

Control de medios y ausencia de transparencia
Y ante la seguridad, inseguridad de todos, porque no habrá transparencia con esta nueva ley en caso de crisis: el nuevo texto legal permite suspender la ley de transparencia para la documentación que se maneje, además de controlar los medios de comunicación y la difusión de informaciones.

Habrá que ver donde terminan nuestros derechos…

Sánchez o la enajenación del falso profeta
Ramón Aguiló. Vozpopuli 7 Julio 2021

Descorchaba el presidente Sánchez su espumosa intervención de días atrás en el Congreso citando a Antonio Hernández Gil como ejemplo del espíritu integrador de la Constitución del 78. Concordia, compañerismo, diálogo, amistad eran los ingredientes gaseosos, la composición molecular de ese hálito neumático que ahora, de nuevo y mediante Sánchez, recorre toda España como un ectoplasma parido sin dolor gracias a la epidural socialdemócrata. De ahí que sea el propio presidente quien insista en que ya no hay ni buenos ni malos españoles, sino que “todos somos buenos españoles”, una expresión que nos retrata más bien como objetos de la zoología que como ciudadanos libres y pensantes.

Pocas personas saben conjurar así el espíritu de un tiempo pretérito a la vez que se lo cargan con su torpe retórica. Sánchez es uno de ellos y su afección discursiva es tan redundante que por su boca todo antídoto tiene sabor de veneno. Pues sólo alguien que no sabe lo que dice es capaz de reivindicar al unísono la bondad de todos los españoles y el mérito de “haber acabado con el terrorismo y la amenaza de la violencia”, como si los logros políticos no fuesen nunca a la contra y floreciesen de una manera natural, al llegar la dulce primavera. Si todos somos buenos españoles no hay historia, ni humanidad, ni política, ni derecho alguno. Una historia sin sangre es una historia escrita en el aire, un castillo donde albergar a los prosélitos de esa moral dominical que reniega alegre de su pérfida humanidad.

Schelling dijo una vez que la libertad es la capacidad para hacer tanto el bien como el mal, que lo que nos hace libres es la posibilidad de decidir, que somos la encrucijada entre esos dos caminos. Si todos somos buenos, nadie es libre, ni tampoco puede existir el derecho, un sistema de normas, leyes y regulaciones que se basa, precisamente, en que hay personas que pueden actuar de manera diversa, contra la convivencia y el bienestar de los demás. Este es un punto, como sabemos, crucial en el argumentario de Sánchez, que no se cansa de insinuar en voz alta que si los sediciosos catalanes quebraron la ley fue por culpa de la ley y no del libre albedrío de esos buenos catalanes. Y no hace falta recordar que el enajenado es aquel que no sabe distinguir entre el bien y el mal.

Hoy toca, como antaño en el 78, “progreso, unión y convivencia pacífica”, repetía Sánchez, que incluso se atrevió a decir que comparecía “para reivindicar el espíritu y la letra de la Constitución”. Con una única intención: justificar los indultos a los políticos y activistas culturales catalanes que se saltaron la ley. La cárcel, es decir, la respuesta del Estado de Derecho a quienes quebraron su propia legalidad y la de todos los españoles, representa, según Sánchez, “un obstáculo para la convivencia y para el entendimiento”. Esto no es otra cosa que la abdicación más bochornosa que un presidente democrático puede hacer del Estado de Derecho, de sus instituciones y de su función como garante de la convivencia. Y una eufórica victoria del populismo, de una forma de hacer política en la que el sentimentalismo edulcorado con mentiras y falacias se impone a la razón del Estado, es decir, a las reglas que nos dimos todos para la pacífica convivencia.

Una y otra vez, cual remolino de ficciones, volvía el presidente sobre la “crisis social y política que se vive en Cataluña”, cuyas causas, obviamente, según su demagógica hermenéutica, hay que buscarlas en la gestión política y no en la alevosía delictiva de unos desamparados políticos catalanes. “Reconozcámoslo – sostenía Sánchez- los problemas de convivencia se habían originado por un conjunto de actuaciones políticas desacertadas”. Y aquí es donde, definitivamente, se desfonda el entero mamotreto destinado a cocinar los indultos. Y donde, dicho sea de paso, el interpelado mito de la Constitución del amor y la concordia encuentra la tumba en la que posar sus manoseados huesos.

La bestia nacionalista
Y por una sencilla razón: si bien es cierto que el espíritu de la Constitución del 78 fue de concordia, el resto de analogías fracasan estrepitosamente. No es que indultar a franquistas y políticos sediciosos catalanes no sea lo mismo. Es que los segundos delinquieron gracias al poder que les otorgaron las “políticas desacertadas” que empezó Zapatero y prosiguió Rajoy, que se dedicaron a alimentar la bestia nacionalista hasta que estuvo lista para alzarse y devorarnos. El desacierto político fue por defecto, jamás por exceso. Conquistados los pupitres y los medios de comunicación, engrasadas las máquinas de forjar odio con denominación de origen, regaladas las competencias más importantes para sedimentar el autogobierno y la riqueza de la patria, el nacionalismo catalán se sintió en plena adolescencia, orgulloso de ignorar y menospreciar cualquier decisión del Tribunal Constitucional. Hasta que llegó el 1 de Octubre de 2017 y cayeron las hostias.

La voluntad popular
Friedrich Schlegel nos advirtió de que el historiador es un profeta que mira hacia atrás. Sánchez es un profeta que barrunta que no tendrá futuro si no reescribe el pasado, una auténtica constante, quizá la única, en su parcheada biografía. Para ello, será capaz de difamar la Constitución del 78 con tal de embellecer su esbelta figura y asegurarse el porvenir. Y de apropiarse de la lógica nacionalista, según la cual los verdugos son siempre víctimas y las leyes no están nunca por encima de la voluntad popular y las emociones del colectivo. Quienes primero lo supieron, en esa sesión parlamentaria, fueron los propios nacionalistas catalanes, que al instante olieron a un intruso en la tribu y no dudaron en recordarle al presidente que su palabra es la de un falso profeta, o sea, que no vale exactamente nada. Sánchez, como siempre, puso la otra mejilla, la nuestra, la que más duele, sin saber a ciencia cierta si era un beso o un gargajo eso que volaba hacia él por el Hemiciclo.

Pensamiento único y agenda ideológica de la izquierda
Editorial ABC 7 Julio 2021

El Gobierno dio ayer el visto bueno al anteproyecto de ley de libertad sexual, bautizado por la ministra Irene Montero como la ‘ley del sí es sí’, para poner fin a la tipificación penal del abuso sexual y convertirlo en agresión, castigar las ofensas verbales intimidatorias a las mujeres y, sobre todo, invertir la carga de la prueba en este tipo de delitos. De este modo, ya no será la mujer quien tenga que demostrar la culpabilidad de un hombre en estas conductas, sino que será el hombre quien deba demostrar su inocencia, algo inédito en nuestro ordenamiento. En el fondo, no es una ley feminista, no tiene nada de igualitaria, y además tiene mucho de cosmética porque la pena máxima por una agresión sexual no se agrava, sino que queda exactamente igual. Es positivo en cambio que se clarifique el castigo a las violaciones en grupo, lamentablemente tan repetidas en los últimos tiempos, y que tanto atemorizan a la mujer e indignan a la sociedad. Sin embargo, la ley oculta otra vuelta de tuerca a la agenda ideológica del Gobierno a través de un tóxico proceso de ingeniería social. Se trata de una ley cuestionada por sectores del PSOE dentro del mismo Gobierno, a la que también opuso serias reservas el CGPJ, precisamente por el riesgo de la vulneración de la presunción de inocencia. Aún tardará en entrar en vigor y a buen seguro se cuestionará su constitucionalidad. Pero mientras se tramita, es un añadido más al mapa ideológico que conforman la ‘ley Trans’, el anuncio de exhumaciones masivas del Valle de los Caídos, o la ley de Universidades para que la izquierda coloque rectores a capricho. Y sobre todo, es la estrategia para encubrir la imposición doctrinaria de un pensamiento único con la excusa de falsas mejoras progresistas en los derechos sociales.

Socialismo (o el banquete de la nada)
Luis Leonel León. https://gaceta.es 7 Julio 2021

Desde hace más de un siglo no ha dejado de estar ahí. Frente a nosotros, a cada lado de la frontera, pujando con mayor o menor intensidad, en libros, leyes, artes, medios de comunicación, academias, sindicatos, políticos, detrás de una columna –generalmente una quinta columna-, arriba, abajo, dentro, en todas partes, haciendo lo que mejor sabe hacer el socialismo: seducir multitudes para asaltar el poder.

Es indiscutible que el socialismo, en todas sus versiones, primero conquista a las multitudes con seductores timos para luego tomarlas por asalto. Un axioma en el que hace poco insistimos un grupo de amigos cubanos, de dentro y fuera de la isla, en el foro Socialismo: seducción y asalto, una serie de conferencias y diálogos abiertos que estamos desarrollando en Miami y pretendemos llevar a otras partes de la Iberosfera.

El socialismo, pese a sus batallas perdidas, no ha perdido la guerra, porque jamás se le ha hecho la guerra como debe ser. De ahí que siga listo, con las garras cubiertas de seudocartillas supuestamente gratis y propagandas de batas médicas, para destruir el camino que en el entramado social mejor ha funcionado hasta el momento: las sociedades libres, los mercados libres, eso que también llamamos capitalismo, y cuya dinámica es natural y se basa en el esfuerzo de los individuos ante el imperio de la ley, la igualdad ante la ley. Algo muy distinto a la práctica y el alegato distorsionador del igualitarismo, que es una de las telarañas más efectivas del colectivismo.

El socialismo -al contrario de lo que ocurre en sociedades de libre mercado- no apela al esfuerzo individual sino a la ciega obediencia colectivista, a la que le impone leyes que desmantelan su libertad, y una supuesta «planificación», que no por gusto siempre resulta un desastre. La estatización de toda la sociedad, que congela y mutila las posibilidades de desarrollo y por consiguiente la conduce a la miseria. En algunos contextos más rápido que en otros. Con solo mirar a Latinoamérica y las dictaduras del socialismo del siglo XXI, todo esto se comprueba de golpe.

El marketing socialista se ha llevado el gran premio a la hora de cañonear, manipular, condenar y borrar las glorias del pasado, de las repúblicas, y no precisamente para construir un futuro mejor, como todo el tiempo prometen sus caudillos y publicistas, sino para condenar a las sociedades a vivir en medio de sus cenizas, supuestamente victoriosas y necesarias, entre falsas batallas que nunca terminan porque la culpa de la demolición no será jamás de quienes lanzaron las bombas a la república devastada sino de quienes desean reconstruirla.

Los males del socialismo real (una buena parte expuesta en El libro negro del comunismo: crímenes, terror y represión) están tan a flor de piel, que es casi increíble que tantas personas aún no razonen, aún tengan claro que hablamos, sin lugar a dudas, del peor de los sistemas sociales posibles, muy a pesar de su maquinaria publicitaria. Y no se trata de una ecuación muy compleja sino de mero sentido común. Pero parte del problema es que lastimosamente -y no sólo en el socialismo- el sentido común, al igual que el acto de pensar cotidianamente en libertad y así expresarse, puede llegar a convertirse en pecado capital.

Un detalle primordial es que en los regímenes totalitarios, en los países donde se ha impuesto el socialismo real, como lo es Cuba, el sentido común puede llegar a significar la pena capital. Nunca olvidemos que de los millones de asesinados en el socialismo, no pocos entraron y siguen entrando a esa oscura lista por justamente resistirse a escupir sobre el sentido común. En el socialismo el código penal se enfoca en condenar el sentido común, inmovilizarlo, colgarle un cartel prohibitivo, demonizarlo, desmoralizarlo.

Es espantoso que en el mundo entero, no sólo Occidente, siga tragándose la ficción de que el socialismo, con sus mascarillas y variantes, puede ser la solución a los «problemas», a pesar de que ni una sola vez haya resultado, en ningún país, y que sus promesas no acaben de cumplirse. Sobre todo para los pobres, o para lo que a veces suele catalogarse como «clase media baja», a quienes el socialismo también siempre necesitará mantener «necesitados». De lo contrario no seguiría calando esa perorata socialistoide de «nosotros les daremos lo que otros no le han dado, o le han quitado, o lo que les pertenece». Todo un desfile de sofismas cuyo fin es despojar al individuo de sus libertades y derechos.

No por gusto el socialismo, junto a otros sistemas totalitarios, es el mayor enemigo que ha tenido la libertad. Fidel Castro, uno de los caudillos que más ha asesinado la libertad, en su discurso conocido como Palabras a los intelectuales, advirtió que «dentro de la revolución todo, contra la revolución nada (…) Contra la revolución, ningún derecho». Por cierto, frase que viene del fascista Benito Musolinni, quien dijera: «todo dentro del Estado, nada fuera del Estado y nada contra el Estado«.

Parodiando al fallecido dictador cubano, para quien la revolución y el socialismo eran la misma cosa, podemos recordarle tanto a los incrédulos como a quienes creen que los salvará el contubernio, incluso el silencio, una máxima que define la naturaleza del más popular de los totalitarismos: «dentro del socialismo todo, fuera del socialismo nada«.

Porque el socialismo es eso: la nada. El individuo allí, perdido en la panacea del más bullanguero y vulgar carnaval de los totalitarismos, es y será siempre la nada. La nada convertida en la glorificación de un infierno delirante. La revolución de las metas sin sentido y sin final. La asunción de tocar fondo y llegar a percibir que en la miseria humana hay un meritorio frenesí, una lucha perdida pero inevitable. La mayor fábrica de disparates, drogadicción y suicidio colectivo que la humanidad haya aplaudido y tenido la insolencia de confundir con filosofía. La maldita circunstancia de la nada por todas partes. El banquete de la nada.

Una de las primeras novelas de la famosa escritora cubana, exiliada en Francia, Zoé Valdés, no en balde se titula La nada cotidiana. Su más lapidario concepto y quizás su libro más emotivo. Una impactante descripción de lo que significa nacer, subsistir y anhelar escapar del socialismo real. Un óleo muy cubano donde se revelan rostros, elementos y situaciones que habitan otros paisajes. Cada vez más, por desgracia.

El socialismo, aunque ha mutado, sigue siendo la misma toxina. Ciertamente no es aquél viejo fantasma que recorría el mundo. Hace rato que el socialismo es una realidad que se instaló en todas partes, con sus diferentes máscaras, lo mismo teñidas de sangre y miedo que rediseñadas con ideología de género y toda esa bacanal de identidades colectivizadas, gritando desesperadas en un vano arcoíris, más autoritario y violento que inclusivo y tolerante.

Los titiriteros socialistas echarán mano a todo lo que puedan manipular y les sirva para sostener su discurso colectivista, totalitario, hipócrita, cruel, embaucador. El socialismo, con su método de adoctrinamiento y supresión, ha sido y será imposición. Represión, aunque su algarabía prometa lo contrario. Y ante todo esto debemos estar bien seguros de que la opción de desentendernos de esta realidad, a la corta o a la larga, no será otra cosa que un gravísimo error. Muy difícil de corregir. Imperdonable.

Alianza por la Libertad de Expresión
EDITORIAL. https://gaceta.es 7 Julio 2021

Desde que a principios de este mismo año, Santiago Abascal, en nombre de la Fundación Disenso que preside el líder de VOX, prometiera presentar batalla internacional contra los intentos de acallar el pensamiento crítico, hemos observado un acelerón legislativo en muchos países de la Iberosfera —sobre todo en España y en Argentina— para poner la ley al servicio de la ideología totalitaria que se dice progresista y que quiere acallar, por la fuerza si es necesario, cualquier pensamiento expresado en libertad que contradiga los axiomas del llamado consenso democrático.

Porque eso es lo que ese consenso nos ofrece: verdades tan evidentes que no necesitan demostración y que, por lo tanto, no precisan aportar datos objetivos, reniegan del debate público y no aceptan tipo alguno de disidencia. La lista de obligaciones impuesta por el totalitarismo progre es extenuante y sólo un sectario adorador de una fe muerta como es el socialismo sería capaz de cumplir con todas sin riesgo de ser señalado, silenciado e incluso cancelado por el sencillo hecho de discrepar.

Para comprender el alcance de estas leyes ideológicas e identitarias hay que bucear en su contenido hasta encontrar, después de las exposiciones de motivos llenas de un buenismo empalagoso, gigantescas baterías de medidas de control del pensamiento —multas descabelladas incluidas— y presupuestos especiales para el adoctrinamiento de los niños en las aulas, obviando no sólo el derecho constitucional de los padres a elegir la educación de sus hijos, sino los efectos beneficiosos que para el futuro de una sociedad democrática tiene la formación de electores críticos. Todo, sin olvidar que estas leyes obligan también a los medios de comunicación de titularidad privada hasta cercenar por miedo la libertad de opinión y el pluralismo sin los cuales es imposible que haya una sociedad democrática.

Frente al rodillo del poder —cuánto poder y en qué manos incompetentes y sectarias está—, el último refugio de una persona decente es su pensamiento y la capacidad de comunicarlo en libertad. Por eso, la defensa de la libertad de expresión es la gran batalla que merece ser librada —en unidad— por todos aquellos que comprenden que la dictadura del pensamiento único es la mayor amenaza para Civilización Occidental y para las democracias liberales que todavía, insistimos, todavía, habitan en ella.

Es esta batalla en la que se ha comprometido la Fundación Disenso con su incorporación como socio de referencia en España y en la Iberosfera a la Alianza por la Libertad de Expresión (Free Speech Alliance). La Fundación Disenso se une así a las más de 70 organizaciones que en América y en todo el mundo trabajan por la irrenunciable defensa del derecho a la libertad de expresión. Para todos. Incluidos los enemigos de la libertad hoy al mando de empresas tecnológicas, organismos internacionales, medios apesebrados y, para nuestra desgracia, gobiernos como el que padece España.

La Fundación Disenso se convierte en socio de referencia para España y la Iberosfera de la ‘Free Speech Alliance’
FRENTE A LA CENSURA DE LAS GRANDES TECNOLÓGICAS
https://gaceta.es 7 Julio 2021

La Fundación Disenso ha firmado su incorporación a la Free Speech Alliance, una iniciativa impulsada por el Media Research Center con sede en Washington D.C. que busca defender la libertad de expresión y promover la transparencia en las redes sociales.

La entidad presidida por Santiago Abascal está desarrollando una intensa actividad institucional a nivel internacional promoviendo diferentes iniciativas con organizaciones afines que comparten los mismos principios, como en este caso, la defensa de la libertad de expresión en Internet.

A principios del año, Abascal denunció que «las grandes compañías tecnológicas no pueden convertirse en policías globales del pensamiento» y anunció que trabajaría «para sumar esfuerzos en defensa de la libertad de expresión en redes sociales». Ahora, la Fundación Disenso ha anunciado su incorporación a esta iniciativa que ya cuenta con más de 70 organizaciones a nivel mundial.

«Nos hemos unido a la Alianza por la Libertad de Expresión, para sumar fuerzas con organizaciones de diferentes naciones frente a la censura que quieren imponernos las grandes corporaciones tecnológicas y sus aliados», ha afirmado Abascal, en un vídeo publicado en Twitter. Así, ha señalado que los firmantes del documento creen que la agenda política de las grandes compañías tecnológicas «no puede estar por encima de nuestra soberanía o de nuestras leyes». «No podemos permitir que actúen como censores que silencian la voz de aquellos que nos atrevemos a disentir y a ejercer nuestra libertad de expresión», ha añadido.

Entre los objetivos del Free Speech Alliance está trabajar de manera conjunta con las compañías tecnológicas para garantizar la libertad de expresión de los ciudadanos independientemente de su orientación ideológica y aportar mayor claridad en torno al concepto de «delito de odio«, que actualmente es utilizado arbitrariamente por las empresas tecnológicas como excusa para censurar contenidos y voces conservadoras.

¿Cómo es legal robar al Estado que se gobierna?
Antonio García Fuentes. Periodista Digital 7 Julio 2021

Los políticos en general (y sálvese el que pueda) se me presentan como taimados LADRONES DEL DINERO PÚBLICO; puesto que llegados al poder y en gran medida, los fondos públicos los emplean, en su sólo beneficio, o compartiéndolos con sus compinches; o dirigidos a favor de quienes, “en la sombra”; fueron los motores para que el tal, llegase a ese poder; todo lo demás es mentira; y el pueblo contribuyente, al que tienen, “bien dominado o ya sojuzgado”; se debate impotente, para defenderse de tales latrocinios, puesto que no cuenta con defensores mediante leyes, que de verdad impartiesen justicia equitativa; ya que en general, “esa justicia está bien domesticada o incluso sobornada, sobre la base de ese dinero a la libre disposición del que dice gobernar” (NO ES GOBIERNO SI NO HAY JUSTICIA) con el tipo de nuevas tiranías disfrazadas de democracias, que si bien nunca existieron; hoy es igual o incluso mucho menos; de ahí que las masas, cada vez voten menos, puesto que se llega al hastío y a no creer en nada ni en nadie, y ese estado es degenerativo y no lleva a otro final, que es al desmoronamiento social; y el fin de “la sociedad que sea”. La historia nos sirve como maestra de todo ello. Copio una muestra de lo que digo y dejo la dirección para quien quiera leer la totalidad:

“EL EJECUTIVO SUMÓ 146 ENCHUFADOS MÁS EN LOS MOMENTOS MÁS DEVASTADORES DEL CORONAVIRUS
Sánchez convierte el Gobierno PSOE-Podemos en un cortijo de asesores y enchufados https://www.periodistadigital.com/politica/gobierno/20210524/record-pedro-sanchez-vacia-bolsillo-espanoles-dispara-gasto-enchufados-noticia-689404474173/
El Ministerio de Carmen Calvo atesora a 361 de los 746 asesores nombrados a capricho por el gabinete sanchista (Esta “individua” y hace ya muchos años, dijo en nada menos que el Parlamento Español, que, “el dinero público no era de nadie” y no la echaron de inmediato, como indigna de cargo público; es más, hoy sigue siendo nada menos que vice presidenta del gobierno nacional)

Pedro Sánchez ha trufado el Gobierno de PSOE-Unidas Podemos de una cohorte de enchufados, cerca de 750, pero con un dato relevante que causa verdaderos escalofríos.
De los 746 asesores ‘digitales’ que tiene el Ejecutivo repartidos por diferentes ministerios, 146 fueron ‘reclutados’ durante los peores meses de la pandemia.
A nadie se le escapa el dato de que en un período en el que en España se perdieron temporal o definitivamente millones de puestos de trabajo, que centenares de miles de empleados trataban, de manera estéril, de acceder a las ayudas de los ERTE y que las colas del hambre eran cada vez más kilométricas, a Sánchez y sus compinches no les tembló el pulso para tirar de fondos públicos y contratar a amiguetes.

De hecho, casi aumentó en un 24% la nómina de este personal a dedo. De 600 se pasó a 746, según el último informe del Boletín Estadístico del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, elaborado por el Registro Central de Personal y que está bajo la jurisdicción del Ministerio de Política Territorial y Función Pública.
Tal y como recoge este 2 de julio de 2021 el digital Okdiario, el departamento que se lleva el premio gordo en cuanto al número de trabajadores apesebrados es el de Carmen Calvo.

El Ministerio de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática tiene más de la mitad de esos ‘empleados digitales’.

En concreto son 361 los colocados por la vicepresidenta primera del Gobierno socialcomunista.
Política Territorial y Función Pública, dirigido ahora por el ‘bailón’ Miquel Iceta, es el segundo, pero a mucha distancia del de Carmen Calvo. En total tiene en nómina a 138 ‘privilegiados’. ENCHUFADOS DE ORO: Resulta evidente que PSOE y Podemos no han dudado en meter la mano en los fondos públicos y gastar 17,5 millones de euros en los primeros tres meses de 2021 para contratar personal de confianza de los altos cargos. Una asesoría que no se ha traducido en una mejora para la calidad de vida de los españoles aunque sí del entorno de las principales figuras del PSOE y Podemos. La cifra histórica supera los 14,6 millones liquidados en el mismo periodo del ejercicio anterior, 2020 y, por ejemplo, los 11,7 millones utilizados en 2018 cuando el PP estaba aún en La Moncloa. Este repunte supone un nuevo récord en el gasto del personal contratado a dedo en este periodo en términos absolutos (unos tres millones más) y también en términos relativos ya que crece casi un 20% (19,4% exactamente). El Ejecutivo ha consumido en solo tres meses casi el 30% de los créditos presupuestarios asignados a esta partida sin que haya una razón económica o administrativa evidente, ya que la actualización salarial de todo el personal a cargo de las Administraciones Públicas se fijó en un 0,9%.

Hace un año, el alza fue del 3,3% con un aumento salarial del 2,3% coincidiendo con el récord de ministerios (22 más la presidencia del Gobierno) para dar entrada a Podemos en el Ejecutivo”.
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Agradezcamos sinceramente, el que aún, queden (no muchos) periódicos, periodistas, emisoras de radio y televisión y “gentes”; que se arriesgan a investigar y escribir, hablando claro a “las aletargadas y ya congeladas masas de borregos consumidores del pasto que les suministran”; que sepan lo que los indeseables gobiernos hacen con los impuestos que implacablemente les hacen pagar; mientras en el Estado, faltan infinidad de cosas necesarias o imprescindibles, que sería interminable el enumerar; pero recordemos algunas principales. “Unas enseñanzas culturales que no lo son en absoluto, puesto que castran la inteligencia ya y desde niños, para hacerles pensar lo que interesa al que manda, no lo que es de interés del individuo para que llegue a esa libertad que naturalmente se le da al nacer; de, el suministro de aguas (pantanos y embalses) que son necesarios en inmensas extensiones, productivas de productos necesarios e incluso exportables y que carecen de ellas, habiendo en la actualidad, pantanos construidos hace lustros (en Jaén y Granada que yo sepa) y que “sus vasos”, sólo crían “peces y ranas”, por cuanto los gobiernos, “se les olvidó”, mandar construir los imprescindibles sistemas de riegos o de la obtención de la electricidad más limpia y natural; de carreteras que comuniquen muchos núcleos habitados, que siguen hoy prácticamente como en el medievo; de centros de verdadera enseñanza de los oficios ya desaparecidos o que hoy faltan, por cuanto “desapareció el aprendiz de ellos”; de médicos, personal, así como dispensarios y hospitales NECESARIOS; de una racionalización de la industria nacional, para liberar las masificaciones nefastas y peligrosas de los ya, “insanos monstruos o megalópolis que soportan” y en general; de tantas y tantas cosas, que invito a que cada cual las piense analizando simplemente los entornos donde viven o “vegetan”. Para todo ello habría y de sobras, dinero, que hoy se malgasta o simplemente se tira o derrocha, por cuanto los indeseables administradores, no sabrían, ni administrar… “un quiosco de prensa y chucherías, un puesto de salchichas ambulante, o carrito ambulante de helados y cosas así”.

Si todo esto no lo estudian a fondo los que se dicen políticos, es sencillamente que NO TENEMOS POLÍTICOS Y LOS QUE TENEMOS NO NOS SIRVEN puesto que son INSERVIBLES.

NOSOTROS EL PUEBLO: A nosotros, el pueblo, nos importan dos cojones, los políticos que sean; lo que queremos son verdaderos estadistas, o sea, hombres y mujeres de Estado, y que de verdad, vayan solucionando los verdaderos problemas de España, que no son de partido alguno; son de todos los españoles y eso se olvida totalmente. Supongo que a muchos otros países les ocurre lo mismo y pensarán de igual manera.

Antonio García Fuentes
(Escritor y filósofo)
www.jaen-ciudad.es (Aquí mucho más)

Secesión y democracia
Manuel Toscano. Vozpopuli 7 Julio 2021

Acaba de publicar Félix Ovejero Secesionismo y democracia (Página Indómita, 2021), un ejercicio de filosofía política tan oportuno como necesario. Ovejero es bien conocido. Además de colaborar en prensa, sus libros rebasaron hace tiempo las lindes de la academia para llegar a un público más amplio, como ha sucedido con La deriva reaccionaria de la izquierda (2018) o Sobrevivir al naufragio (2020). Lo ha conseguido además sin renunciar a las exigencias de la buena argumentación, que ahí está el mérito.

Quienes hemos seguido su trayectoria académica sabemos que sus trabajos aúnan un excelente conocimiento de las ciencias sociales con las mejores exigencias de la filosofía de corte analítico: de claridad conceptual, rigor lógico y atención a la evidencia empírica. De ahí viene, por cierto, su aversión por la charlatanería al uso, académica y de la otra. Bien podría hacer suya la divisa del llamado ‘marxismo analítico’, que se atribuye a G. A. Cohen: No bullshit! Pues si algo caracteriza su labor ha sido pensar con claridad acerca de cuestiones políticamente relevantes, desbrozando la quincalla conceptual, la retórica confusa o los clichés biempensantes con que se recubren. De eso va también Secesionismo y democracia.

El libro se pregunta si la secesión está justificada en una sociedad democrática. Ovejero sabe de lo que habla, pues buena parte de sus trabajos filosóficos llevan a la cuestión de cómo entender la democracia en su mejor versión y cuáles son sus presupuestos morales. Y su respuesta es contundente: en una democracia no hay secesión justificada; por eso el secesionismo es incompatible con la buena democracia, porque quebranta la igualdad entre los ciudadanos levantando fronteras entre ellos.

Como pasa en filosofía, lo interesante no está tanto en la conclusión como en los argumentos por los que llegamos a ella. En este caso se trata de una labor de limpieza y demolición, pues Ovejero procede a examinar con pulcritud analítica, pero sin concesiones, las diversas justificaciones que se presentan a favor de la secesión. Como sabemos por la literatura que arranca con los trabajos de Allen Buchanan, estas estrategias de justificación son tres o cuatro, según las contemos: la teoría plebiscitaria, la teoría adscriptiva, la teoría de la minoría permanente y la teoría de la reparación. Se quedan en tres si consideramos que la teoría de la minoría permanente caería bajo la teoría adscriptiva, puesto que sólo se aplica a las ‘minorías nacionales’.

Si empezamos por la teoría adscriptiva, tenemos la justificación propiamente nacionalista de la secesión, según la cual toda nación ha de tener su propio Estado y todo Estado debe serlo de una nación (y sólo una). Nótese que aquí nación es algo distinto del conjunto de ciudadanos de un Estado, pues se la entiende como una comunidad etnocultural homogénea, unida por lazos prepolíticos de sangre y lengua. Tales entidades colectivas tendrían supuestamente un derecho a tener su propio Estado, que implica el derecho a la secesión.

¿De dónde saldría tal derecho colectivo? La cosa es un misterio, porque ni el Derecho Internacional ni la constitución de ningún Estado democrático reconoce tal cosa. Cuando los nacionalistas apelan al supuesto derecho a la autodeterminación de los pueblos se olvidan de decir que sólo se aplica en situaciones de dominación colonial o explotación por una potencia extranjera. En los demás casos rige el respeto por la integridad territorial de los Estados, un principio fundamental del orden internacional. Tratándose de un régimen democrático, el ejercicio de autodeterminación debe realizarse de ‘forma interna’, dentro del marco del Estado existente. Eso nos deja una alternativa: tendría que ser una suerte de derecho natural que esas entidades colectivas tienen por el mero hecho de ser naciones. Ahí está la fe del creyente nacionalista: no sólo cree que existe su nación como pueblo separado, buscando rasgos diferenciales como prueba, sino que cree que eso le da derecho a un Estado propio.

Quien no tiene esa fe difícilmente encontrará admisible tal derecho colectivo. Uno no necesita creer en la existencia de naciones y bien puede declararse agnóstico. Y tampoco parece razonable sostener un supuesto derecho natural a la secesión, con independencia del Derecho, atribuido a agregados colectivos como las naciones. De creer en la existencia de derechos morales anteriores a la ley, más vale atribuírselos en exclusiva a las personas individuales.

La tramoya nacionalista
La teoría plebiscitaria, en cambio, tiene la ventaja de estar libre de toda esa tramoya nacionalista, pues afirma que bastaría con que un conjunto de ciudadanos en una parte del territorio expresara su voluntad de separarse para que la secesión estuviera justificada. Como evoca la libertad de los ciudadanos para decidir libremente acerca de su destino o autodeterminarse, que asociamos con la idea de democracia, sirve para envolver la secesión como una demanda impecablemente democrática.

Esta justificación encierra no pocas paradojas. Detrás es fácil reconocer una concepción de la democracia claramente plebiscitaria, donde una mayoría localizada (a veces ni eso como en Cataluña) se arroga el derecho a decidir unilateralmente sobre las cuestiones fundamentales del orden político que a todos conciernen, incluyendo el desposeer a sus conciudadanos de sus derechos y libertades. Lo que es incompatible con el sentido de una democracia constitucional, en la que el ejercicio del poder político, aunque venga respaldado por las urnas, está sujeto a límites y controles con objeto de asegurar las libertades y los derechos de todos. Hay algo tramposo por lo demás en esta justificación plebiscitaria, pues nadie acudiría a ella de no haber demandas nacionalistas, pero sirve para dar a éstas un pátina de radicalismo democrático al gusto de cierta izquierda.

Nos queda la última justificación, también conocida como ‘causa justa’, según la cual la secesión estaría justificada en caso de graves, masivas y persistentes violaciones de los derechos humanos, si fuera el caso que sólo la separación puede poner remedio a tal estado de cosas. Esta justificación tiene un problema obvio: solo se aplica en circunstancias muy específicas de graves injusticias, que no se dan en una sociedad democrática. Con todo, esta teoría de la reparación crea incentivos perversos: si los independentistas quieren promover la secesión o recabar apoyos internacionales necesitan probar que los catalanes sufren graves injusticias y violaciones de derechos por parte de un Estado autoritario. Saben que ni la justificación plebiscitaria ni la nacionalista atraerán la atención o las simpatías de la prensa internacional o del público de otros países como lo hace la teoría de la reparación.

Como vemos, ninguna de las justificaciones pasa la criba: dos no se sostienen y la que sí no hace al caso en una democracia como la española. De ahí la conclusión de Ovejero. Si la secesión carece de toda justificación en una sociedad democrática, empeñarse en ella como hacen los independentistas catalanes (no les digo ya querer imponerla por la fuerza y fuera de las vías legales, como intentaron en 2017) es un proyecto ilegítimo, que solo puede apoyarse en falsedades y sinrazones.
"El revoltijo retórico"

Hay que recordarlo en un país donde se repite tanto que ‘en democracia todos los proyectos políticos son legítimos’; como si no hubiera más límite que el recurso a medios violentos. Lo que deja traslucir una pobre concepción de la democracia, que es uno de los problemas a los que nos enfrentamos cuando discutimos de la secesión en Cataluña. Por eso Secesionismo y democracia aporta un importante servicio de clarificación e higiene intelectual. Siendo un ejercicio filosófico, uno no puede leerlo sin pensar en el ‘revoltijo retórico’ con que se presenta el proyecto secesionista allí. Como aquel eslogan que coreaban los manifestantes: ‘esto no va de independencia, va de democracia’. Leyendo el libro de Ovejero extraerán esa misma conclusión, pero para darle la vuelta. Efectivamente, el asunto va de democracia, pero si ésta se entiende como se debe entender, como una democracia constitucional, fiel a sus principios republicanos según le gusta decir al autor, sólo cabe oponerse al proyecto independentista con razones en la mano.

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Otro impuesto revolucionario
La nueva doctrina de la impunidad en España consiste en que unos delinquen con su golpismo, todos pagamos su deuda con dinero público, y el Gobierno de Sánchez «no entra a juzgar»
Editorial ABC 7 Julio 2021

La Generalitat tuvo este martes la desfachatez de anunciar que va a avalar con dinero público los 5,4 millones de euros que una cuarentena de antiguos altos cargos catalanes deben presentar ante el Tribunal de Cuentas como fianza por el dinero malversado durante el proceso separatista. La decisión es inédita porque no solo pretende impedir que esos cargos respondan con su propio patrimonio personal al perjuicio causado a las arcas públicas con su conducta golpista, sino porque el Gobierno catalán ejecuta de facto una doble malversación. No tiene sentido alguno que se pretenda pagar con dinero público una desviación de dinero público. Sería la duplicación de una estafa moral a los contribuyentes, y más aún en Cataluña, que es precisamente la autonomía más rescatada con el bolsillo de todos los españoles, y que más pervierte a diario el sentido último de los fondos públicos, dilapidados en gastos identitarios innecesarios o delictivos. Cabe preguntarse qué ocurriría en España si el partido del gobierno fuera por ejemplo el PP, y si los ejecutivos regionales de Galicia, Andalucía o Madrid cubriesen con un ‘fondo complementario de riesgos’ las responsabilidades pecuniarias que exigiera el Tribunal de Cuentas a dirigentes de ese partido condenados por el caso Gürtel. Sería una añagaza y un fraude de ley, y es sencillamente impensable porque la izquierda incendiaría la calle sin contemplaciones.

Alega la Generalitat que se trata solo de un aval provisional a la espera de una resolución definitiva del Tribunal, y que en realidad «no es dinero». Eso dijo con total desparpajo Jaume Giró, consejero de Economía de la Generalitat, aduciendo que «en realidad el dinero no se va a mover». El argumento es delirante en sí mismo. Es la impunidad elevada a la enésima potencia, y eso ocurre mientras Oriol Junqueras y los demás presos indultados se pasean por Europa diciendo que han sido víctimas de una represión, y que en España no hay democracia porque no se les permite la autodeterminación. Algo serio fallará institucionalmente si el Tribunal de Cuentas acepta esta trampa como aval para cubrir una responsabilidad contable que no se perdona a nadie salvo a estos privilegiados líderes golpistas. Y algo más seguirá fallando en nuestro Estado de derecho si la Fiscalía no se querella de inmediato contra el presidente de la Generalitat por malversación y prevaricación. Esta es la segunda parte del intento secesionista: conmutadas sus condenas, les toca reírse de todos los catalanes cobrándoles un impuesto revolucionario que financie su impunidad para que, además, puedan seguir delinquiendo en el futuro sin asumir ninguna responsabilidad. Ni penal ni económica. Es la nueva doctrina jurídica imperante en España: unos delinquen, todos pagamos, y el Gobierno de Pedro Sánchez «no entra a juzgar». Eso sí, cuando se trata de ‘juzgar’ a la oposición, Sánchez y sus ministros siempre opinan. Ahí no desaprovechan ni una gota de su cinismo.

El Tribunal de Cuentas, burlado por partida doble
EDITORIAL. Libertad Digital 7 Julio 2021

Desde aquellas "leyes de desconexión" con la que los golpistas catalanes quisieron dar una burda apariencia de legalidad a la "desconexión" con el ordenamiento jurídico español que entrañaba su ilegal proceso de ruptura, los separatistas no habían perpetrado una tomadura de pelo a nuestro Estado de Derecho tan grosera y evidente como la que la Generalidad de Cataluña ha llevado a cabo este martes respecto a las fianzas que reclama el Tribunal de Cuentas a los golpistas del 9-N y del 1-O por el desvío de dinero público a la promoción exterior de su sedicioso -y vigente- proceso de independencia. Y es que, aunque parezca un chiste de mal gusto, a los actuales mandatarios de la administración autonómica en rebeldía no se les ha ocurrido otra cosa que crear con dinero público un "Fondo Complementario de Riesgos" de unos 10 millones de euros con los que cubrir las fianzas que reclama el Tribunal de Cuentas a los encausados precisamente por desviar dinero público.

Ni que decir tiene que si los actuales mandatarios de la Generalidad se atreven a perpetrar tamaño fraude de ley -por no tildarlo directamente de delito de malversación- es por la enorme sensación de impunidad que, lógicamente, les ha procurado el presidente del gobierno -en realidad, máximo responsable de lo que está sucediendo- al otorgar indultos a unos delincuentes que, lejos de arrepentirse, han manifestado públicamente su compromiso con la reincidencia en el delito.

De hecho, este mismo martes, Oriol Junqueras, uno de los golpistas indultados a quien el Tribunal de Cuentas le reclama 1,9 millones de euros por la promoción exterior del procés ha viajado a Bruselas precisamente para promocionar en el Parlamento Europeo ese ilegal proceso separatista por el que fue condenado y para arremeter contra nuestra Administración de Justicia acusándola de una "represión que alcanza a más de 3.000 represaliados".

Teniendo presente la celeridad con la que Junqueras y otros golpistas indultados han cumplido su compromiso de reincidir en el delito, y teniendo presente también, que el compromiso con el ilegal proceso secesionista no es menor en el caso de los actuales mandatarios de la Generalidad -empezando por Pere Aragonés- nos podemos explicar la razón por la que el importe del recién creado "Fondo Complementario de Riesgos" no se limite a los 5, 4 millones de euros que el Tribunal de Cuentas reclama a Mas, Junqueras, al prófugo de Puigdemont y a 34 ex consejeros y ex altos cargos, sino que alcance los 10 millones de euros. Y es que los actuales y no menos sediciosos mandatarios de la Generalidad no sólo quieren quedar a salvo de los riesgos que, para su particular bolsillo, entrañan los delitos pasados sino también los que se han comprometido a perpetrar en el futuro. Y con ellos no nos referimos exclusivamente a la persistente promoción exterior del procés, ya sea a cargo de Junqueras, ya sea a cargo de las reactivadas embajadas de Cataluña en el exterior, sino también a la tercera consulta secesionista que los separatistas quieren perpetrar con la complicidad del gobierno del Reino de España.

Así las cosas, el verdadero responsable de lo que está sucediendo no es Europa ni siquiera los golpistas que, como cabras a las que se les deja, siempre tirarán al monte. No, el máximo responsable es un presidente de gobierno que, para empezar, no sólo rehúye su obligación de aplicar el articulo 155 de la Constitución para evitar que desde las propias administraciones autonómicas se organicen y se ejecuten procesos delictivos, sino que, además, brinda apoyo a los sediciosos como socios que sostienen a su gobierno. Y es que la quiebra de nuestra nación como Estado de derecho no es sólo obra de quienes incumplen la ley sino fundamentalmente de quienes hacen dejación de su deber de hacerla cumplir.

Peligra la igualdad, no España
Gabriel Sanz. Vozpopuli 7 Julio 2021

El debate de la autodeterminación esconde otra reivindicación independentista más peligrosa porque es factible: que la Generalitat recaude los impuestos en Cataluña y luego liquide con el Estado

La sabiduría popular atribuye al canciller alemán Otto Von Bismarck esta deliciosa ironía, nunca sabremos si suya o fruto del fértil imaginario de aquella España del siglo XIX sumida en la primera de una larga lista de crisis existenciales y guerras civiles que invitaban a la perplejidad de los viajeros románticos: "España es el país más fuerte del mundo; los españoles llevan siglos intentado destruirla y no lo han conseguido"… Se non é vero e ben trovato, diría cualquier italiano de esa estirpe de grandes fabuladores del sur de la bota que también nos padeció.

Porque, si algo ha quedado claro tras el fallido referéndum ilegal el 1 de octubre de 2017 es que España no la van a romper los actuales independentistas catalanes; carecen de fuerza suficiente para llevar adelante la secesión, tal reconoce hasta el padre de la Cataluña moderna, Jordi Pujol, y demuestra el hecho de que en la consulta del procés solo participara un 43% del total del censo de las cuatro provincias.

¿Por qué razón poco más de dos millones van a imponerse a otros tantos o más catalanes españolistas -el 57% restante de ese censo que ellos mismos dan por bueno- y al cien por cien en el resto del Estado? ¿Alguien cree que Europa está por la labor de dejar que se desestabilice su frontera sur, la puerta con África? ¿Y que Emmanuel Macron, o quien le suceda en la Presidencia de Francia, permita un nuevo Estado en la esquina sudeste del Hexágono que lo primero que haría sería reivindicar la Catalunya Nord, capital Perpignan? ¿Hablamos en serio?… El que debería responder a todas estas preguntas desde su exilio en Waterlóo -mejor dicho, debería haberlas respondido antes de embarcar a tanto incauto en su república inventada- es ese huido de la Justicia de nombre Carles Puigdemont que aumenta su fuerza gesticulante inútil a medida que se apaga el eco de la causa.

Lo que estamos viviendo es el segundo acto de una gran ópera bufa, durante el cual quienes se convirtieron en problema desestabilizador en 2017 se van a ofrecer ahora como solución “a cambio de” reconocer algún tipo de pacto fiscal con Cataluña

No, España no peligra… pero sí la igualdad entre los españoles porque lo que estamos viviendo es el segundo acto de una gran ópera bufa, durante el cual, quienes se convirtieron en problema desestabilizador en 2017, se van a ofrecer ahora como solución “a cambio de” conceder algún tipo de pacto fiscal: a saber, Cataluña, en virtud del nuevo Estatut que alumbre la mesa negociadora de Pedro Sánchez y Pere Aragonès, se saldría del sistema general, ese pacto quinquenal entre el Estado recaudador y catorce autonomías en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), y pasaría a recaudar todos los impuestos, como el País Vasco y Navarra, mediante el sistema de concierto/cupo anual.

¿Y cual es el problema?, se preguntarán. Sobre el papel, ninguno; en teoría, tanto tendría que dar que cualesquiera autonomías se financie de una u otra manera, porque el beneficiario del cupo paga al Estado su parte por servicios no transferidos -6,24% en el caso vasco-. Sin embargo, la experiencia indica que, a lo largo de estos 40 años, eso nunca se ha cumplido. Son tantas las excepciones que los 11.000 millones anuales que, en teoría, debería ingresar País Vasco a las arcas del Estado, se quedan en 1.300.

Es decir, que sus arcas llevan sobrefinanciadas décadas con el odiado Madrid mirando para otro lado, lo cual ha permitido a los sucesivos gobiernos, fundamentalmente del PNV, ganar votos, por ejemplo, adelantando en tres años la extensión a 14 semanas del permiso de paternidad a sus funcionarios o rebajando en cuatro puntos el impuesto de sociedades a sus empresas, además de que puede sacar pecho con una sanidad y una educación públicas envidiadas en el resto de España.

Es lo que Albert Rivera y Ciudadanos motejaron en 2018 de cuponazo en medio de la negociación del lendakari, Íñigo Urkullu, y del último Gobierno de Mariano Rajoy. Aquella protesta parlamentaria, puramente testimonial, ya puso muy nervioso a un PNV que mira con recelo cada reapertura del debate público sobre la extensión del sistema a Cataluña porque sabe que, antes de que ese imposible se produzca, País Vasco y Navarra lo perderían… con el aplauso de una UE que nunca ha visto el concierto/cupo con buenos ojos.

¿Alguien se imagina a España haciéndose el hara-kiri fiscal al permitir que el 28% de su riqueza nacional, la que suman Cataluña, País Vasco y Navarra, tribute fuera del sistema general de Hacienda?

No lo duden, sistema tan singular ha sido posible mantenerlo, primero, porque pacta sunt servanda: fue constitucionalizado en su día y eliminarlo requiere una reforma de la Carta Magna de 1978 que ni PSOE ni PP quieren abrir; segundo, porque la violencia de ETA durante estas cuatro décadas hizo aconsejable no tocarlo, dicho de la forma más diplomática posible; y tercero y más importante para el momento que nos ocupa, porque las economías vasca y navarra sólo aportan el 9% al PIB español en su conjunto.

Dicho de otra manera: Cataluña, al igual que Madrid, representa el 19% del PIB nacional… ¿Alguien se imagina al Estado Español haciéndose el hara-kiri fiscal al permitir que el 28% de su riqueza nacional, la que suman Cataluña, País Vasco y Navarra, tribute fuera del sistema general? Peor aún: ¿alguien se imagina a los Ximo Puig, Emiliano García Page, Guillermo Fernández Vara, Javier Lambán, Isabel Díaz Ayuso, Juan Manuel Moreno Bonilla o Alberto Núñez Feijóo permitiéndolo?

¿Por qué entonces vuelve ese debate a la esfera pública? Pues porque muchos de ellos intuyen que el independentismo lo va a intentar y ven al Gobierno demasiado ensimismado en la Agenda del Reencuentro, donde se propone abiertamente “estudiar los planteamientos tributarios” de la Generalitat. A Rajoy ya le amenazó en septiembre de 2012 el entonces president de la Generalitat, Artur Mas, con organizar un referéndum de autodeterminación si no le daba un Pacto Fiscal y lo cumplió; él en 2014 y su sucesor, Puigdemont, en 2017. Y los barones tanto del PSOE como del PP temen que Pedro Sánchez y el flamante ministro de Política Territorial y todavía líder del PSC, Miquel Iceta, que tienen pavor a que se repita la historia, cedan ahora.
Es el ‘fuero’, no el ‘huevo’

Por eso, y porque Iceta se ha descolgado con unas declaraciones en las cuales señala que autodeterminación no, pero que del “déficit” de Cataluña sí se va a hablar en la mesa de los dos gobiernos, es por lo que el resto de los presidentes autonómicos tienen la mosca detrás de la oreja. “No aceptaré nunca un reparto fiscal en función de territorios porque los impuestos los pagan los ciudadanos”, me señalaba en privado el viernes pasado uno de esos siete barones del régimen fiscal común.

Intuye que “alguna suerte de Pacto Fiscal” para Cataluña sí está dispuesto a poner La Moncloa sobre la mesa con los independentistas, aunque sea al precio de garantizar la suficiencia financiera de los servicios del resto de comunidades para tapar bocas; y no está dispuesto a tragar, dice. Porque “se trata del fuero de todos, No del huevo de Cataluña”. Atentos.

Al final España va a terminar indemnizando a unos golpistas reincidentes
Además de indultarlos, todo parece dispuesto para pagarles las sanciones económicas con dinero público, otra infamia a añadir para humillar al Estado de Derecho.
Editorial ESdiario  7 Julio 2021

El Gobierno de la Generalitat se ha inventado un nuevo Fondo, con el nombre FERCAT, para avalar con dinero público las responsabilidades económicas de los hasta 34 políticos que adeudan al Estado al menos 5.6 millones de euros por delitos de malversación cometidos durante el “procés”.

Se trata de un “truco” para sortear la ilegalidad de pagar directamente esas cantidades desde la Generalitat y no cometer nuevos delitos: se avalan las cantidades ante distintas entidades bancarias, que son las que técnicamente pagarán las cantidades adeudadas por Junqueras y el resto de condenados/indultados.

En la práctica, el dinero será público porque, una vez constatado por los bancos que los responsables de los pagos no los pueden atender, se lo cobrarán a los avalistas, tal y como ocurre en cualquier operación bancaria con avales cuando el titular del crédito es insolvente.

La medida, que será recurrida y denunciada al menos por el PP, se suma a la escalada del propio Gobierno de España contra el Tribunal de Cuentas, al que ha presionado como a tantas otras instancias judiciales para que desista en sus acciones contra los indultados.

Aragonés se ríe de la Justicia porque Sánchez le ha invitado a hacerlo siguiendo sus propios pasos

Pedro Sánchez ha anunciado que, si el Fondo es ilegal, tendrá que recurrirlo. Unas palabras de nula credibilidad teniendo en cuenta que su Gobierno ha sido el primero en invalidar las resoluciones judiciales más importantes para auxiliar a los condenados.

Contra la separación de poderes
La pinza contra la Justicia de los Gobiernos de España y de Cataluña alcanza así un punto sin precedentes: se han anulado o se intentan anular las consecuencias penales y civiles recogidas por el Tribunal Supremo y por el Tribunal de Cuentas, desautorizados o esquivados desde poderes públicos que deberían respetarlos como nadie.

Y todo en un contexto de asalto o paralización del Poder Judicial que demuestra una deriva crítica gravísima pero fácil de resumir: nunca en la historia reciente se había registrado, con tanta claridad, una invasión de la separación de poderes como la que ahora vivimos en directo.

Bufones posmodernos
Irene González. Vozpopuli 7 Julio 2021

Ser el bufón de la Corte y creer que subes al escenario como actor respetado por quien lanza las monedas. Pensar que trabajas por tu talento y no por tu vulgar existencia española, incluso andaluza, que encuentran tan grotesca como necesaria para hacer burla sobre tus semejantes, relegados a ciudadanos de segunda en sus dominios feudales, y ayudar con los estereotipos que apuntalan esa xenofobia etnolingüística.

La falta de capacidad de percibir su verdadero papel, junto a la necesidad de comer, es lo que convertía a este personaje cómico, el bufón, en dramático, triste y trascendente. Sin embargo hay algo que separa a los actuales humoristas a sueldo del poder de aquellos dignos e inocentes bufones —tal y como los pintó Velázquez en diversas obras en las que despliega su genio absoluto, su sensibilidad, quien por sí solo justifica todo un Museo del Prado. Aquellos enanos cómicos eran funcionarios de la Corona en tiempos de poco pan. Su función principal era distraer a la Corte del tedio de la vida ociosa palaciega. Vestían como los nobles para ser reflejo esperpéntico del poder, quizá algún monarca absoluto pudo reírse de sí mismo y tener mayor contacto con la realidad.

El humor, el arte, la trascendencia del ser. Nada de esto persiguen ni consiguen los humoristas oficiales españoles como Ana Morgade, Dani Rovira y otro andaluz cuyo nombre no recuerdo, cuando de forma coordinada —como si una orden se hubiese cursado desde el departamento de propaganda escénica—salieron a defender la supuesta libertad lingüística de la que ellos sí gozan en Cataluña para trabajar en español. Los nacionalistas han de ocultar sus tropelías, pues saben que la propaganda es su mayor arma, pero en ese trabajo de ocultación necesitan cómplices del otro lado.

Desde hace 40 años existe esa normalidad de apartheid en la que los críticos al nacionalismo, no trabajan. Albert Boadella, un comediante de verdadero talento que tuvo que huir de su tierra desde que criticó a Pujol y su proyecto absolutista nacionalista con su Operación Ubú en 1981. Su expulsión fue tan pedagógica que ahora incluso una actriz de tercera sabe que para poder trabajar allí tienes que despreciar la bandera española y defender a los nacionalistas.

Pero ¿por qué ahora? Sin duda la creación de una Oficina de defensa del español por parte Isabel Díaz Ayuso, y el nombramiento de Toni Cantó como director, ha avivado las fobias xenófobas nacionalistas con la lengua española. Tal es la irritación que les provoca escuchar la lengua española en esa normalidad, en ese oasis y modelo de éxito de inmersión, que son habituales las críticas a la Consejería de adoctrinamiento, la TV3, porque haya un personaje castellanohablante en una de sus series. Como denunció quien lleva fijada con laca su xenofobia, la exconsejera de Cultura Vilallonga.

Los humoristas oficiales, que son los únicos que trabajan en este país por su ferviente activismo servil a la izquierda y al nacionalismo, hacen más el ridículo que los bufones de antaño, pues no se dedican a entretener al poder, sino a ayudarle en su labor de mantenimiento del mismo contra los ciudadanos. Tampoco son comediantes modernos, pues la figura del humorista es subversiva, inteligente, ácido frente al poder al que examina burla y del que pretende zafarse. Como hizo Boadella.

En la actualidad sólo se busca abrazar al Presupuesto público en forma de subvenciones o múltiples contratos con productoras como El Terrat, compañía de Buenafuente en la que comenzó Morgade su normalidad catalana. Muy lejos de los barrios populares en los que los catalanes no pueden escolarizar a sus hijos en español, ni evitar que les espíen en el recreo, ni que puedan acceder a altos puestos en la carrera que medianamente lleguen a desarrollar.

Ataques coordinados
Ana Morgade, desde Madrid, representa la perfecta crueldad de estos bufones posmodernos, contestando con soberbia a los padres que sufren exclusión, incluso acoso, por solicitar que su hijo estudie dos horas en español: “el saber no ocupa lugar, me alegraría que mis hijos aprendiesen catalán”. Ella no pronuncia esas sandeces lacerantes que no entiende—las distintas lenguas son una maldición bíblica especialmente para las personas humildes que no siempre pueden estudiarlas— porque busque trabajo en la próxima producción nacionalista, sino porque ya lo tiene. Ya está en la plantilla para recibir instrucciones de ataques coordinados.

Es imposible hacer un espectáculo creíble, pasable sin que el comediante o el actor muestre sensibilidad con el débil, el marginado y crueldad con el poderoso. Aquí el espectáculo de bochorno es inverso.

Mucho ha cambiado el mundo de los comediantes desde el Siglo de Oro español a nuestros días. En la posmodernidad, los gobiernos no quieren soldados para controlar a la población, sino humoristas que laven su imagen y el cerebro de los incautos. Son mercenarios de su batalla cultural, la que les mantendrá en el poder. Mientras vemos sus programas sin que la oposición contraprograme nada, el derribo democrático continúa.

Hemos retrocedido un siglo
Jesús Laínz. Libertad Digital 7 Julio 2021

Lamentablemente, y casi mágicamente, la historia se está repitiendo con desasosegante precisión y con notables ventajas para los golpistas actuales.

La sangrienta revolución de octubre de 1934, protagonizada por el PSOE en toda España y por ERC en Cataluña, terminó con el encarcelamiento de la mayoría de los responsables, con Companys y Largo Caballero a la cabeza de todos ellos. Algunos, como Prieto y Dencàs, evitaron la prisión huyendo a Francia. En el caso del último, escabulléndose por las cloacas de Barcelona.

El gobierno radical-cedista defendió la legalidad republicana frente a aquellos golpistas que reclamaron para sí la condición de salvadores de la República mediante el curioso método de liquidarla violentamente. Los doce meses que transcurrieron entre la fracasada revolución y su proceso en noviembre de 1935, Largo Caballero y otros dirigentes socialistas estuvieron presos en la cárcel Modelo, donde pudieron seguir reuniéndose las ejecutivas del PSOE y la UGT.

Si bien la mayor parte de los responsables fueron condenados a largas penas de prisión, Largo Caballero consiguió ser absuelto por las presiones del PSOE al Tribunal Supremo y las amenazas de estallido violento de las masas izquierdistas si se condenaba a su dirigente. El fiscal general de la República, Valentín Gamazo, indignado por dicha absolución, presentó acto seguido su dimisión. Ocho meses más tarde, recién comenzada la guerra, Gamazo pagaría con su vida y la de sus tres hijos, previa tortura, su labor como fiscal en aquel juicio.

Dos meses después de la absolución del Lenin español se celebraron las elecciones en las que el Frente Popular vencería tras mil fraudes y violencias. El primer punto de su programa reclamó la amnistía para todos los procesados por la revolución de octubre. Y, efectivamente, su primera medida fue la excarcelación de todos los revolucionarios, muchos de ellos condenados por delitos de sangre.

El presidente Alcalá-Zamora se escandalizó de que el Gobierno de Azaña se parapetase tras la excusa de la presión popular para poner en libertad, reincorporándolos a sus puestos de trabajo, a cientos de condenados por graves crímenes y anotó en su diario que "la prensa de izquierda muestra con insensato rencor que la amnistía no la concibe como tregua, y sí como una fase más de la guerra civil".

Por su parte, Ramón González Peña, futuro presidente del PSOE y la UGT, pronunció un discurso radiado a toda España en el que declaró que "hay que seguir luchando por el triunfo definitivo del socialismo. Seríamos hipócritas si no dijéramos que no nos satisface el programa del Frente Popular. Aún no se ha aplicado la amnistía a algunos condenados por tenencia de explosivos y armas. Para una nueva revolución deben constituirse grupos de personas que no entiendan nada de juridicidad y puedan realizar una labor depuradora quitando malas hierbas".

Por lo que se refiere a Cataluña, se restableció el suspendido estatuto de autonomía y Companys recuperó su sillón presidencial. Con estas decisiones, los gobernantes izquierdistas demostraron que en la Segunda República la ley y la justicia dependieron del interés de los partidos triunfantes en las urnas. Como explicó a menudo Sánchez-Albornoz desde su alta autoridad como presidente del gobierno de la República en el exilio, los gobernantes republicanos, "por no haber sabido mantener el orden, cayera quien cayera", prepararon el terreno para que Franco se sublevara.

Así comenzó la férrea complicidad, la íntima simbiosis entre la izquierda española y los separatistas. Juntos dieron el golpe de octubre de 1934. Juntos se presentaron a las elecciones de febrero de 1936. Juntos indultaron a los golpistas. Juntos lucharon en la guerra civil. Juntos compartieron exilio. Juntos organizaron en 1971 la Assemblea de Catalunya. Juntos se presentaron a las primeras elecciones democráticas de 1977 en la candidatura unitaria al Senado Entesa dels Catalans. Juntos han gobernado durante dé-cadas. Juntos han construido el régimen totalitario que asfixia Cataluña. Y juntos pretenden acabar con la Constitución de 1978 y la Monarquía.

Lamentablemente, y casi mágicamente, la historia se está repitiendo con desasosegante precisión y con notables ventajas para los golpistas actuales en comparación con los del siglo pasado. Los herederos de Companys –junto a los herederos de Cambó, no se olvide– han vuelto a dar un golpe de Estado. A diferencia de la suspensión del estatuto en 1934, Rajoy aplicó un artículo 155 de chiste y renunció al saneamiento de las instituciones totalitarias catalanas convocando elecciones inmediatas. La mayoría de los responsables fueron procesados y encarcelados. Unos pocos consiguieron burlar a la justicia escapando a Francia; en el caso de Puigdemont, no corriendo por las cloacas sino escondido en un maletero. Los golpistas pudieron seguir dirigiendo e incluso negociando con el gobierno desde sus celdas de Lledoners. Y desde el comienzo de su reclusión disfrutaron de privilegios penitenciarios imposibles para los demás penados. Las sentencias fueron escandalosamente benévolas debido a las presiones del PSOE en los pasillos y de las turbas separatistas en las calles. El gobierno social-comunista ha indultado a los golpistas, que han sido recibidos como héroes por las instituciones catalanas. Tras la voladura del Estado de derecho, la izquierda pisa el acelerador hacia su triunfo final, en colaboración con sus tradicionales aliados separatistas, mediante lo que llaman segunda transición, consistente en el derribo de la Monarquía, la liquidación de la soberanía nacional a través de un referéndum en Cataluña y la conversión de España en un Estado plurinacional, paso previo a su fragmentación definitiva. Y para camuflar todo esto y retener a aquéllos de los suyos cuya fidelidad pudiera flaquear, el gobierno desatará en los próximos meses una nueva oleada de envenenamiento antifranquista. Se admiten apuestas.

El reloj de España se ha retrasado un siglo. Nuestros gobernantes han vuelto a perdernos en la oscuridad de un laberinto peligrosamente parecido al de 1936. Veremos cómo salimos de él, porque de momento parece que la mayoría del pueblo español sigue sin enterarse.

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