AGLI Recortes de Prensa  Jueves 8  Julio  2021

¡Hay que destrozar el progresismo!
Miguel Ángel Belloso. okdiario 8 Julio 2021

Ya pronostiqué hace tiempo que la victoria de Biden en las elecciones americanas nos traería días de gloria. En lo que respecta a la agenda social que venera Sánchez, el presidente senil de Estados Unidos está cautivo del programa progresista de su número dos Kamala Harris, de la notoria sección radical del Partido Demócrata y de los movimientos identitarios y alternativos contrarios a su confesión católica que promueven entre otras cosas el aborto hasta el último día de la concepción. Está entregado a lo políticamente correcto, que denuesta el hecho incontestable de la biología y el imperio del sentido común. La especialidad de Biden es la política exterior, y en esto hay que decir que no ha estropeado todo lo bueno que hizo Trump y que ha enmendado algunos de los errores cometidos por él como la innecesaria beligerancia con los europeos.

De economía, sin embargo, entiende poco. Y los que saben y lo acompañan parecen haber perdido la orientación. Su programa de expansión monetaria y fiscal, útil para combatir la crisis, es a medio plazo una amenaza para el modo americano de vivir, el llamado ‘american way of life’. Para la forma tradicional de comportarse durante el éxito y sobre todo ante la adversidad. Esta semana he almorzado con un empresario español que tiene una fábrica en Indiana. Me dice: “Tenemos un problema muy grave. No encontramos operarios para contratar, y a todo el mundo en esta zona le está pasando lo mismo. Prefieren quedarse en casa cobrando el subsidio. Es de locos. Tenemos nuevos pedidos y no sabemos cómo los vamos a fabricar. Esto es el socialismo. Crear una fábrica de parásitos dependientes del maná del Estado”.

No crean que Biden está incómodo con la situación. Algunos economistas desquiciados, entre ellos el premio Nobel Paul Krugman, lo alientan a diario. Para ellos la teoría del goteo, según la cual si crecen los ingresos de los ricos esto tendrá, como la lluvia fina, una repercusión positiva sobre el bienestar de los demás, no funciona. En segundo lugar, para estos chicos no es cierto que haya escasez de trabajadores como dice mi amigo -y no hay nadie mejor que él que para certificarlo incontestablemente- sino que la escasez es de trabajadores bien pagados. En una reciente intervención, Biden lanzó este gran eslogan a los hombres de negocio que se quejan, un eslogan que debería esculpirse en mármol: “Páguenles más”. “Vais a tener que competir y empezar a pagar a los trabajadores un salario decente”. ¿Se puede ser más estúpido?

Los empresarios pagan a los trabajadores en relación con el valor añadido que aportan a la compañía, los retribuyen en relación con su productividad -que es el resultado de su formación, de sus capacidades, de sus aptitudes, de su desempeño-. El salario, como todo en la vida, es una cuestión de oferta y de demanda. Si los empresarios no encuentran trabajadores al precio que les parece el idóneo procurarán subirlo a fin de obtener la mano de obra precisa para continuar produciendo. Si no, cerrarán, porque no les compensa. Y punto. No se preocupe Biden por esta cuestión.

Pero con lo que no cuentan los empresarios es con una competencia desleal. No cuentan con que los subsidios del Estado, que sufragan todos los contribuyentes, sean tan altos como para romper la cadena de incentivos que empuja a los ciudadanos a buscar un empleo. Esto es simple y llanamente juego sucio y no hay duda de que perjudicará el normal desenvolvimiento de la economía, al tiempo que conducirá a las personas a instalarse en la molicie y la dependencia de por vida.

Sucede igual con la decisión de aumentar el salario mínimo a niveles superiores a la remuneración correspondiente con la cualificación y la capacidad de aportar valor añadido de los trabajadores. Y lo mismo ocurrirá si se impide a las empresas despedir -como desea en España la ministra comunista de Trabajo Yolanda Díaz- y ajustar sus plantillas a las necesidades de la producción. O si se promueve una reforma laboral de tintes marxistas en la que las compañías ya no serán dirigidas por el empresario, que es el que aporta la idea y el capital -junto al resto de los accionistas- sino por los sindicatos, en este caso los españoles, que jamás han contemplado la empresa como una tarea común sino como una plaza pública en la que desarrollar la pugna dialéctica suicida entre capital y trabajo.

La llegada de Biden a la Casa Blanca ha traído otras consecuencias nefastas como la apuesta por subir los impuestos a las empresas. La tesis sostiene que es preciso aumentar la contribución de las sociedades y de los más pudientes para paliar la grave crisis social causada por la pandemia, como si aquellos ya no pagaran más de la cuenta en sistemas tributarios progresivos ni tuvieran un modo de comportamiento económico que supone un ahorro colosal para la Hacienda común, ya que no consumen bienes públicos -tienen seguros sanitarios privados, no usan el transporte colectivo, llevan sus hijos a colegios privados”-, y albergan una predisposición a la inversión y a la creación de empleo muy superior a la de la gente corriente.

El caso es que los países ricos parecen conjurados para impedir la competencia fiscal entre estados, algo que resultará especialmente doloroso para los más pobres, que dependen de la atracción de la inversión extranjera para su desarrollo y para los que los recortes de impuestos son un método eficaz de cara a lograr su objetivo. Lo contrario, lo que pretenden Biden y los países desarrollados, lo que ha decretado la progresía internacional es lisamente proteccionismo y no es defendible ni en términos económicos ni sobre todo morales.

La inversión internacional no es una cuestión de suma cero, en la que lo que unos se llevan es a costa de los demás. Los flujos no sólo dependen de la fiscalidad sino también de la regulación, del sistema judicial, de la seguridad, de la estabilidad política. Cada país tiene el deber de elegir el modelo fiscal más coherente con sus intereses. No hay duda de que si tiene éxito otros lo imitarán, salvo que pase como en España, donde los torpes, los maledicentes e incluso los corruptos han sellado una alianza con el Gobierno de Sánchez para penalizar a los mejores.

Me refiero naturalmente a Madrid. La Comunidad tiene planes fiscales con una propuesta de rebaja del Impuesto de la Renta que será muy beneficiosas para la mayoría, incluidas las clases bajas, que ya gozan en nuestro país, en relación con el resto de los estados desarrollados, de una carga tributaria absolutamente modesta. Los progresistas de la nación dicen que esto es una estrategia “ultraliberal”, Sánchez y la comunista Díaz que va en contra de la agenda de Biden, del Papa -como Si Francisco albergara alguna clase de infalibilidad sobre la economía- y del resto del mundo. ¡Bienvenida sea! Yo le aconsejaría a Ayuso “pues más madera”, vamos a quemar las naves, vamos a derrotar a este clan compuesto por todos los necios del planeta.

Y vamos a tomar además impulso para reforzar el ultraliberalismo y derrotar al menos a los progresistas del lugar, es decir a los reaccionarios domésticos y todas sus iniciativas adoptadas en relación con las costumbres y la vida social: la ley Trans, que ataca de lleno la naturaleza humana y establece derechos completamente inexistentes, la ley del aborto, la de la eutanasia, y todos los demás intentos por vulnerar el orden natural y contrariar el sentido común que nos sitúan no entre los países más avanzados del mundo sino entre los más depravados. ¡Vamos con toda la fuerza de que seamos capaces contra ellos!, propongo modestamente.

Sánchez busca un poder casi ilimitado con una Ley de Seguridad totalitaria
EDITORIAL. Libertad Digital 8 Julio 2021

Una Ley de Seguridad Nacional aberrante para convertir a Sánchez en un tirano

Hace bien Vox en anunciar su disposición a presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional contra este proyecto tan clamorosamente contrario a la Carta Magna.

Con Pedro Sánchez en la presidencia del Gobierno no parece haber límites al deterioro del orden constitucional y el Estado de Derecho. La más reciente prueba es el borrador de la nueva Ley de Seguridad Nacional, con la que el caudillo socialista quiere eludir, "si existen razones de urgencia o de oportunidad que así lo exijan", los controles propios de una democracia liberal para arrogarse plenos poderes, al modo totalitario.

Así, la simple declaración por parte del presidente del Gobierno de "una situación de interés para la seguridad nacional" le permitirá, según señala el borrador al que han tenido acceso varios medios de comunicación, cosas tales como acceder a "todos los recursos disponibles de las Administraciones públicas afectadas"... e incluso a los que estuvieren "en manos de particulares". Además, cualquier individuo mayor de edad estaría "obligado" a cumplir las ordenes de las autoridades competentes y a realizar "prestaciones personales" sin derecho a indemnización. Por si fuera poco, se contempla la suspensión de la Ley de Transparencia y se estipula que "los medios de comunicación colaborarán con las autoridades en la difusión de informaciones preventivas y operativas" en estado de crisis.

La Constitución ya contempla estados excepcionales, como los de alarma, excepción y sitio (antes conocido como estado de guerra), que no dotan de tan amplios poderes al jefe del Ejecutivo y que exigen mayorías cualificadas en el Congreso. Y es que lo más bochornoso de esta intentona de cariz fascista o comunista no son ya los poderes omnímodos que se confieren a un presidente del Gobierno devenido dictador, sino el derecho de éste a decidir, con absoluta arbitrariedad, qué es y qué no es una "situación de emergencia" o una "situación de interés para la seguridad nacional".

Hace bien Vox en anunciar su disposición a presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional contra este proyecto tan clamorosamente contrario a la Carta Magna. Si Sánchez aspira a sacarlo adelante es porque no pierde la esperanza de llevar del ronzal al PP a una artera renovación del CGPJ y del Tribunal Constitucional que, lejos de restablecer la independencia del Poder Judicial, aún lo haga más dependiente y servil del poder político y dé carta de naturaleza a esta aberración propia del régimen chavista que padecen en Venezuela.

El PP debe plantarse y exigir de forma insistente al Gobierno que ponga fin a la interinidad que se vive en el Poder Judicial bajo la innegociable premisa del restablecimiento de su independencia. Es la democracia lo que está en juego.

¿Seguridad Nacional o tiranía?
Agapito Maestre. Libertad Digital 8 Julio 2021

El Gobierno prepara una nueva Ley de Seguridad Nacional. Si saliese adelante este borrador, podríamos afirmar que estamos ante la consolidación de un régimen dictatorial. Sí; no todas las leyes son iguales, pero en España las que se aprueban a iniciativa del Gobierno solo tienen por objetivo mantener en el poder el mayor tiempo posible a Sánchez y su coalición con los comunistas. El ámbito del Derecho aquí y ahora tiende a identificarse con el poder del Gobierno de Sánchez. Esta identificación o confusión es la primera determinación para definir a un Gobierno de carácter totalitario. El Gobierno de España da pruebas constantes de su terrible afán no sólo de ocupar todo el espacio político, sino de hacernos creer que es justo y, sobre todo, ajustado a Derecho todo lo que hace y dice el Gobierno. Falso.

Sánchez persiste en utilizar y retorcer el Derecho para darle verosimilitud a su proyecto, sin duda alguna, dictatorial. Tiránico. Bajo la apariencia formal de la defensa de la democracia, el PSOE y los comunistas de Podemos están imponiendo un régimen dictatorial. Una democradura. Durante el tiempo que llevamos de pandemia, como es sabido, se han aprobado todo tipos de leyes, decretos leyes, resoluciones y normativas que no han tenido otro objetivo que apalancar en el poder a Sánchez y, naturalmente, apoyar a todos los partidos políticos catalanes de carácter golpista, a la par que se acerca a los asesinos de ETA a cárceles vascas para que su condena sea leve y rápida. Parece evidente que el bloque socialista-comunista-secesionista aguanta y aguantará merced al uso perverso del Derecho. Estamos permanentemente sometidos a los dictados, supuestamente legales, de un hombre que, lejos de autolimitarse en el poder, sólo quiere eliminar a la oposición. Vivimos en un mundo oscuro que nos lleva directamente a formas de vida dictatoriales. En realidad, vivimos ya en una dictadura de carácter comisarial… El Derecho es su gran fortín.

En la perspectiva jurídica, nadie en su sano juicio puede poner en cuestión que el Derecho, la producción de normas jurídicas, está en manos del Gobierno; también parte decisiva del Poder Judicial come en las manos de Sánchez, aunque todavía hay zonas de la Justicia que no han logrado sucumbir al rodillo salvaje de un Gobierno que está en el poder y, sobre todo, ocupa el puesto de la oposición. En este contexto políticamente endiablado, el conocimiento del borrador de Ley de Seguridad Nacional, aprobado por el último Consejo de Gobierno y que pronto se presentará a las Cortes, produce vértigo. Miedo. Los dislates democráticos del borrador son terribles. Da plenos poderes al presidente del Gobierno en situaciones de emergencia. El jefe del Ejecutivo podría dictar por real decreto "una situación de seguridad nacional" sin pasar por el control del Consejo de Seguridad Nacional. Además, podrá saltarse todos los trámites, empezando por los impuestos por el Congreso de los Diputados, "si existen razones de urgencia o de oportunidad que así lo exijan"; sobra decir que es el propio Sánchez quien define las razones de urgencia.

La cosa es tan grave y zafia que este proyecto o borrador de ley regula hasta las funciones del Gabinete de la Presidencia del Gobierno, o sea, se amplían todas las zonas de influencia del director de Gabinete de la Presidencia… Por otro lado, esta nueva ley daría paso para suspender la Ley de Transparencia y, además, impone que "los medios de comunicación colabor[e]n con las autoridades en la difusión de informaciones preventivas y operativas". En fin, la ley le da todo el poder a Sánchez. ¡Quien no se preocupe por este proyecto del Gobierno es que no tiene corazón ni cerebro!

La nueva Ley de Seguridad Nacional entregaría al presidente y a Iván Redondo unas atribuciones impropias de una democracia: no puede aprobarse un liberticidio así.
Editorial ESdiario  8 Julio 2021

El Gobierno avanza ya en su anteproyecto de Ley de Seguridad Nacional para remitirla en breve al Congreso: se trata de una reforma de la existente desde 2015 que amplía sus funciones y da más poder que nunca al Presidente.

Esa ley de origen es ordinaria, no orgánica, y por tanto es muy cuestionable, cuando no directamente ilegal, que pueda limitar derechos fundamentales. Entonces, se aprobó por consenso entre PP y PSOE y se debatió desde el primer momento: ésta se ha impulsado con opacidad y se ha conocido por filtraciones a la prensa más próxima Moncloa.

Con esta Ley, siempre que se declare el estado de crisis, el Gobierno podrá “adueñarse” de prácticamente todo: decidirá qué prestaciones deben darle al Estado todos los ciudadanos mayores de edad; podrá paralizar o intervenir toda actividad empresarial necesaria para esa crisis e incluso decidirá qué contenidos deben difundir los medios de comunicación para ayudar en esa tarea.

La biógrafa de Sánchez desvela cómo nació el siniestro "Ministerio de la Verdad"

La norma tiene varios puntos inquietantes, cuando no peligrosos: el estado de crisis es potestad del Presidente, que no necesita el plácet del Congreso como sí ocurre con los estados de alarma o de excepción. Y le bastará con clasificar como asunto de “Seguridad Nacional” cualquier asunto para que escape del escrutinio público y de la Ley de Transparencia.

Sánchez y Redondo no pueden dirigir la Seguridad Nacional sin controles, desde el capricho y con fines sospechosos

La indefinición de los casos para declarar el estado de crisis, así como lo genérico de sus atribuciones, avala el temor a que conceda un poder absoluto al Presidente llegado el caso: si no se precisa cuándo, para qué y con qué límites y se confía el criterio a la buena voluntad del gobernante, se estará abriendo una puerta peligrosa a la arbitrariedad de un Gobierno que ha dado sobradas muestras de ser arbitrario.

¿Qué pinta Iván Redondo ahí?
Esa sensación aumenta si se recuerda que el Departamento de Seguridad Nacional depende en estos momentos de Iván Redondo, Director del Gabinete de Pedro Sánchez, que lo nombró pese a su falta de conocimientos y trayectoria en esta materia.

La Ley limita gravemente derechos fundamentales con pretextos de necesidad nacional: debe encontrarse la fórmula que evite esa injerencia, precise muy bien los casos y límites y esté precedida por un debate y consenso públicos. Si no, la sospecha de que el fin es otro, bien siniestro, estará más que justificada.

Madrid, Cataluña y la ley del embudo de Sánchez
OKDIARIO  8 Julio 2021

El pasado octubre, Sánchez impuso un estado de alarma selectivo y discrecional en Madrid con el argumento de que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso era incapaz de arbitrar medidas efectivas ante el riesgo sanitario que suponía que la incidencia de casos por 100.000 habitantes superara el umbral de los 500. Esa era la cifra con la que Sánchez justificó intervenir Madrid, que en esos momentos aplicaba medidas de restricción por áreas que estaban dando resultados. Poco le importó al Gobierno socialcomunista, que aprovechó la situación para pegar una patada a Ayuso en el trasero de los madrileños. Como la vida da muchas vueltas y el destino es caprichoso, ahora resulta que Cataluña ha superado el umbral de 500 casos por cada 100.000 habitantes, pero por supuesto Sánchez no aplicará a Cataluña idéntico rasero. Será ‘indultada’, porque políticamente le conviene. El agravio sufrido por los madrileños resulta evidente. Visto con perspectiva, Sánchez decidió castigar a Madrid dentro de una estrategia de acoso y derribo contra Ayuso que fue tan evidente y grosera que los madrileños fueron a las urnas el 4M dispuestos a vengar la afrenta del Gobierno.

Los datos aportados por el servicio epidemiológico catalán revelan que el virus está fuera de control, con un riesgo de rebrote de 1.460 puntos, récord absoluto, pues en los peores momentos de la pandemia superó ligeramente los 700 puntos. O sea, la situación es objetivamente mucho peor. Y, sin embargo, el presidente del Gobierno ha decidido lavarse las manos. Lo que demuestra que cuando se justificaba en razones de salud pública para intervenir Madrid mentía. Eran razones políticas. Las mismas razones políticas que le llevan ahora a no plantearse un estado de alarma en Cataluña. Esa ha sido su estrategia desde el principio. Moverse por estrictos criterios partidistas. De ahí que estemos como estamos. Somos el país de la UE con peores datos y mayor riesgo de contagios por la sencilla razón de que es difícil encontrar una nación comunitaria con un Gobierno más nefasto.

La realidad y sus principios
Xavier Pericay. Vozpopuli 8 Julio 2021

Leo en El Español una entrevista de Daniel Ramírez a Joan Tardà en la que el antaño martillo del independentismo catalán en el Congreso de los Diputados –al que Alfredo Pérez Rubalcaba motejaba, acaso con simpatía, como “El Camionero”– afirma hasta cuatro veces que el Gobierno de España está asumiendo por fin el principio de realidad. Tardà reconoce que al Gobierno le ha costado y le sigue costando, pero valora su esfuerzo y, en concreto, el de su presidente. Vamos, que si Tardà fuera Celaá diría que el niño necesita mejorar aunque progrese adecuadamente. ¿Y cuál es ese principio de realidad que está asumiendo al parecer el Gobierno de todos los españoles, entre los que se cuenta, mal que le pese, el propio Tardà? Ya se lo figuran: el que el nacionalismo catalán ha venido construyendo desde los tiempos en que Jordi Pujol alcanzó la Presidencia de la Generalidad y cuya máxima expresión fue el intento de golpe de Estado de 2017 y la consiguiente declaración unilateral de independencia. O sea, el presunto derecho a la erección, en el nordeste de España y autodeterminación mediante, de un Estado supremacista y, por ende, xenófobo.

El principio de la realidad
Hace cosa de un mes se cumplieron 16 años de la publicación del manifiesto que dio lugar a la creación de un nuevo partido político en Cataluña, esto es, de Ciudadanos. Aquel texto, cocinado durante muchas cenas y servido tras dificultosos e interminables debates entre los quince abajo firmantes, se cerraba con una frase en la que se llamaba “a los ciudadanos de Cataluña (…) a reclamar la existencia de un partido político que contribuya al restablecimiento de la realidad”. La realidad a cuyo restablecimiento se llamaba era la que el nacionalismo, con su ficción política, basada en una pedagogía del odio a todo lo español difundida a través de los medios públicos e inculcada paciente y machaconamente desde la escuela, había suplantado. Sobra añadir que, si bien la iniciativa tuvo éxito en tanto en cuanto se fundó el partido y este alcanzó la deseada representatividad institucional –cosa distinta ha sido su devenir, en especial el más reciente–, el nacionalismo no ha hecho sino radicalizar los sustentos de su ficción política. Hasta el punto de apropiarse sin tapujos, como ahora Tardà, del propio principio de realidad.

Claro que para ello ha sido necesario un Sánchez. Y antes un Rodríguez Zapatero. Y entre ambos, según recordaba oportunamente el pasado domingo aquí mismo Alejo Vidal-Quadras, un “estafermo” como Rajoy. Es decir, el desistimiento progresivo del Estado en relación con las palmarias intenciones del nacionalismo catalán, haciendo bueno el pronóstico de Pasqual Maragall cuando afirmaba en 2006, tras la aprobación del nuevo Estatuto por parte de una tercera parte del cuerpo electoral, que el Estado en Cataluña se había convertido en residual. Un desistimiento, por otra parte, multiforme. Con gobiernos socialistas, ya sea porque las mayorías requerían y requieren los votos del nacionalismo de izquierdas, ya sea por simple afinidad ideológica, lo que ha habido ha sido amparo, comprensión e impulso al nacionalismo. Con los populares, lo que hubo fue una confianza tan ciega como candorosa en que ese nacionalismo nunca se atrevería a romper la Premisa a la que David Jiménez Torres ha dado carta de naturaleza y contorno en su 2017 y que puede resumirse en que los nacionalistas –lo mismo vascos que catalanes– jamás iban a traspasar los confines del Estado de derecho establecidos en nuestra Constitución de 1978.

Y es que el principio de realidad al que se agarra hoy en día Tardà consiste en realidad –y perdón por la redundancia– en la legitimación y blanqueo de cuantos delitos lleva cometidos hasta la fecha el nacionalismo. Y, en paralelo, en la ignorancia y desprecio de aquella parte de la sociedad catalana –y, por supuesto, española– que no está dispuesta a renunciar a la verdad, a los hechos y al imperio de la ley. Que el nacionalismo juegue al trile no es en modo alguno novedoso. Siempre lo ha hecho. Lo verdaderamente novedoso y causa de oprobio para tantísimos españoles es que el gobierno que les representa, el Gobierno de España, se preste a este juego.

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Sánchez Derribos y Excavaciones SL
Agustín García. okdiario 8 Julio 2021

Hay que reconocer que a Pedro Sánchez se le da bien su empresa. Aunque la parte de las excavaciones, limitadas por el momento al Valle de los Caídos, sólo son una distracción para lo que de verdad le gusta: los derribos y las demoliciones.

Empezó, vía moción de censura, con el propio Rajoy. Alcanzado el Gobierno, Demolition Man se vino arriba y así, nada más cambiar el colchón de la Moncloa, comenzó su labor de acoso y derribo de instituciones que pudieran ponerse en su camino.

Como hay que ser agradecidos con quienes le ayudaron en aquella moción, metió mano en la abogacía del Estado, quien debió retorcer sus argumentos en el procés para considerar sediciosos a quienes antes eran rebeldes, esos que ahora dialogan por la concordia y mañana serán hombreteguis de paz. Esto Edmundo, cuando no maquina mociones, lo explica muy bien.

Luego llego a la Fiscalía General del Estado, ¿saben de quién depende?, pues eso. A buen entendedor pocas palabras bastan. Lola se encarga. En derribos Sánchez saben que la mejor forma de cargarse una institución es minar su reputación y eso hicieron en la Fiscalía con esa pregunta y con aquel nombramiento.

También lo intentaron con la Guardia Civil a la que quisieron poner a perseguir desafectos al régimen. ¿Y qué se creyó aquel coronel que no quiso dar chivatazos ilegales al Ministro? No tardó en llegar el motorista, o ahora rider, con el cese.

Y no han parado con el Consejo General del Poder judicial y con cualquier juez que ponga un pero al Gobierno en alguna sentencia. Pobrecillo la que le caerá. El acoso mediático es inmediato, y no solo por los periodistas adscritos; hasta los ministros, o ministras mejor dicho, se ponen a señalar. Y ahora le llega la hora al Tribunal de Cuentas, otra piedra a quitar del camino.

También en RTVE. Cualquier aprendiz de dictador sabe que sin una tele propagandista no se come un colín. Así que puso ilegalmente a Rosa María Mateo a controlar profesionales y contenidos. Debió de ser fácil, conociendo al gremio. Y a quien gusta la propaganda, también le suele gustar la censura. Por eso tocó demoler, cesando a sus responsables, el Consejo de Transparencia; por preguntones.

Y su dedo mágico de desprestigiador alcanzó a la CEOE, con Garamendi de estrella invitada. Y no critico al vasco por error político o de comunicación, sino por lo que subyace en su argumento. ‘Si algo (aunque esté mal) da buen resultado, bienvenido sea’. Viva la ética consecuencialista. Empezó González con su ‘gato blanco gato negro lo importante es que cace ratones” y esa es la (in)moral que el PSOE ha extendido por la política española hasta llegar a Neguri.

Y por demoler, hasta el propio PSOE. Un partido desideologizado, sin otro proyecto que su líder, aplaudido por cargos paniaguados, amortice su nuevo colchón. Queda algún respondón ocasional, pero solo de boquilla, que no está la cosa para tirar cohetes.

Y no solo son instituciones, también ha comenzado la demolición del sistema educativo. Como ahora el esfuerzo parece que es de derechas, han dado barra libre de suspensos para promocionar. Y demolamos la lengua española, a la que todos los días le llueven patadas y ‘patades’ y que ya se habla menos que el latín en los colegios de algunas zonas de España.

Y hasta han derribado la política exterior, cuyos mayores logros han sido abrir una embajada en Libia, recoger las maletas de Delcy Rodríguez a las dos de la mañana y dejar entrar ilegalmente al líder de polisario. Y con todo eso hay quien no ve un éxito que Biden se dejase acompañar 29 segundos con Sánchez. Mucho me pareció a mí.

Así todo. Es imposible describir en un artículo como la factoría Sánchez está arrasando con las instituciones y los elementos comunes de una nación, pero si es posible resumir la causa, común denominador de todos los acosos y derribos: sus pagos periódicos a comunistas e independentistas para mantenerse en el poder.

Aún hay quien no lo ve, y no sabemos si existe algún limite en su afán demoledor. ¿Quizá respete a la Corona?, ¿o también irá a por ella?… ya veremos. Mientras tanto, disfruten de lo votado.

Al final España va a terminar indemnizando a unos golpistas reincidentes
Además de indultarlos, todo parece dispuesto para pagarles las sanciones económicas con dinero público, otra infamia a añadir para humillar al Estado de Derecho.
Editorial ESdiario   8 Julio 2021

El Gobierno de la Generalitat se ha inventado un nuevo Fondo, con el nombre FERCAT, para avalar con dinero público las responsabilidades económicas de los hasta 34 políticos que adeudan al Estado al menos 5.6 millones de euros por delitos de malversación cometidos durante el “procés”.

Se trata de un “truco” para sortear la ilegalidad de pagar directamente esas cantidades desde la Generalitat y no cometer nuevos delitos: se avalan las cantidades ante distintas entidades bancarias, que son las que técnicamente pagarán las cantidades adeudadas por Junqueras y el resto de condenados/indultados.

En la práctica, el dinero será público porque, una vez constatado por los bancos que los responsables de los pagos no los pueden atender, se lo cobrarán a los avalistas, tal y como ocurre en cualquier operación bancaria con avales cuando el titular del crédito es insolvente.
Los jueces recurrirán a Estrasburgo la parálisis en la renovación del CGPJ

La medida, que será recurrida y denunciada al menos por el PP, se suma a la escalada del propio Gobierno de España contra el Tribunal de Cuentas, al que ha presionado como a tantas otras instancias judiciales para que desista en sus acciones contra los indultados.
Aragonés se ríe de la Justicia porque Sánchez le ha invitado a hacerlo siguiendo sus propios pasos

Pedro Sánchez ha anunciado que, si el Fondo es ilegal, tendrá que recurrirlo. Unas palabras de nula credibilidad teniendo en cuenta que su Gobierno ha sido el primero en invalidar las resoluciones judiciales más importantes para auxiliar a los condenados.

Contra la separación de poderes
La pinza contra la Justicia de los Gobiernos de España y de Cataluña alcanza así un punto sin precedentes: se han anulado o se intentan anular las consecuencias penales y civiles recogidas por el Tribunal Supremo y por el Tribunal de Cuentas, desautorizados o esquivados desde poderes públicos que deberían respetarlos como nadie.

Y todo en un contexto de asalto o paralización del Poder Judicial que demuestra una deriva crítica gravísima pero fácil de resumir: nunca en la historia reciente se había registrado, con tanta claridad, una invasión de la separación de poderes como la que ahora vivimos en directo.

Difícil retorno a Cataluña
Es lógico que Sánchez y la Generalitat incentiven la vuelta de las empresas que huyeron del ‘procés, pero para eso es imprescindible que la amenaza separatista desaparezca. Y no hay visos
Editorial ABC 8 Julio 2021

El presidente del Gobierno está alentando la vuelta a Cataluña de las empresas que se fueron tras la declaración unilateral de independencia de 2017. Pedro Sánchez ha aprovechado sus últimos viajes a esa comunidad para lanzar este mensaje en diversos encuentros con empresarios, y tiene lógica que tanto la Generalitat como el Gobierno central se preocupen por normalizar la maltrecha situación económica, porque Cataluña necesita a España, y España necesita a Cataluña. Sin embargo, si en esta autonomía no persistiera una amenaza independentista ni hubiera un riesgo notable de repetir los errores del pasado, Sánchez no solo no se vería necesitado de dopar fiscalmente a muchas empresas para incentivar su retorno, sino que además volverían solas si la incertidumbre y la inseguridad generada por el ‘procés’ fuesen erradicadas. La salida de empresas -en torno a 6.200- fue una reacción legítima de sus responsables para proteger puestos de trabajo e intereses de accionistas e inversores frente a un clima político y social insufrible. No eran agentes del Gobierno central, sino catalanes expulsados por un nacionalismo que exigía lealtad y obediencia ciega. Muchos cedieron, pero otros no. Ese retorno no puede ser forzoso, sino libremente decidido por las empresas, que en su día pudieron cambiar fácilmente de domicilio gracias a una reforma de la legislación mercantil aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy. El trasfondo político de la operación es el interés del Ejecutivo en atar el apoyo de ERC a los Presupuestos Generales del Estado de 2022, y el objetivo de los republicanos es reflotar económicamente a Cataluña y, en especial, a Barcelona.

Pesa mucho a los nacionalistas y a La Moncloa el éxito de Madrid porque es una fórmula de progreso económico y social, sustentado en un proyecto político sin tentaciones inconstitucionales ni insolidarias. En este contexto, la obsesión del nacionalismo y de la izquierda es un error para la propia estrategia de recuperación económica de Cataluña, porque nunca se conseguirá a la contra de Madrid, sino a favor de sí misma. Por eso, lo primero que tiene que hacer Sánchez es explicar cómo va a motivar a las empresas desplazadas, porque con ellas solo funciona la certeza de un futuro con seguridad jurídica y estabilidad política. En ocasiones se han planteado planes de bonificación tributaria para Cataluña, un pacto fiscal específico, e incluso un ‘concierto’ a la catalana con una financiación a la carta generadora de agravios con otras autonomías. Sería asombroso que, tras criticar a Madrid con la calumnia de ‘dumping’ fiscal, la solución para el retorno empresarial consistiera ahora en crear un paraíso fiscal en Cataluña.

Esta comunidad es la más rescatada de España y ha sido superada por Madrid como contribuyente neto a la solidaridad nacional. Por eso es mejor ofrecer a los empresarios catalanes un horizonte de verdadera normalización política, con respeto a la Constitución y las leyes. Pero si los mismos que crearon el infierno separatista del que huyeron las empresas en 2017 afirman hoy que volverán a hacerlo, pocos motivos se están dando a las empresas para que abandonen la tranquilidad de otras regiones de España. Es necesario que Cataluña recupere su pujanza económica. Y es necesario que Barcelona vuelva a ser la ciudad cosmopolita y abierta a la vanguardia de España. Pero hay que saber por qué están en declive. Y mientras Sánchez no quiera saberlo, sus mensajes a los empresarios serán tan falsos como su promesa de no indultar a los condenados del 1-O.

El presidente del gobierno, denominación traidora
Nota del Editor 8 Julio 2021

Denominar al dr cum fraude "presidente del gobierno" es un insulto a España y al sentido común.

El dr cum fraude es el "destructor de España" y si aún quedan por ahí gentes que no apoya a Vox, que el último apague la luz, y quien pueda que no pare de repartir por doquier (Portugal por ejemplo), sus propiedades para alejarlas de la jauría comunista.

¿Me va a tocar pagar otra vez por la campaña del ‘procés’?
Teresa Giménez Barbat. okdiario 8 Julio 2021

Se gastaron sobre medio millar de millones en una campaña que tenía como objetivo arrebatarnos a la mitad de los catalanes nuestra ciudadanía y difamar a nuestro país por todo el orbe. Medio “billón” anglosajón. Casi tres “zendales” castizos, que diría Isabel Díaz Ayuso. Un fortunón. Salido alegremente de los bolsillos de paganos de todo el país y de catalanes cosidos a impuestos locales por todos lados. De todo eso, se les pide a los delincuentes un mero 1%. La delegada instructora del Tribunal de Cuentas, Esperanza García Moreno, lo ha calculado en 5,4 millones de euros. Y, claro, el Govern, si puede, va a emplear todas las artimañas. El patrimonio no se toca.

No serán los primeros delincuentes a los que se les exigen responsabilidades y garantías. Pero, ah, qué delincuentes: los dueños del cortijo catalán. Todos a correr. Y ya han tenido una idea: este martes aprobó el Govern un decreto-ley para que los 42 ex altos cargos que tuvieron responsabilidad en aquel festival no tengan que hacer frente con su patrimonio personal la fianza de que se les ha impuesto. ¿Va a funcionar? Muy complicado. Se va a crear un “Fondo Complementario de Riesgos”, dotado inicialmente con 10 millones de euros, que según los consellers de Economía y Presidencia, Jaume Giró y Laura Vilagrà, será «para afrontar las obligaciones legales que se reclamen a trabajadores públicos de la Generalitat en un proceso judicial o administrativo por acciones que hayan llevado a cabo desarrollando sus funciones y que no queden cubiertas por las pólizas de seguros de responsabilidad civil, patrimonial y contable que ya tiene suscritas» la Administración catalana.

Todo ello pisando huevos. El consejero de Economía explicaba que el Govern no se encargará directamente de pagar la fianza, y que la cobertura del fondo se mantendrá mientras no haya sentencia firme y no se hayan agotado “todas las vías de impugnación judiciales y jurisdiccionales, estatales e internacionales”. Que, si luego se confirma la existencia de responsabilidad contable o responsabilidad civil, todos esos ex cargos deberán devolver el dinero “con intereses” y gastos derivados.

El Tribunal de Cuentas dice que va a analizar “con lupa» este alambicado mecanismo que no han sabido explicar convincentemente. En la rueda de prensa que ofrecieron los consellers, el de economía, Jaume Giró, dijo al principio que «este dinero, que no es dinero sino para crear un aval y por lo tanto hay un dinero que sigue siendo titularidad de la Generalitat, saldrá del Instituto Catalán de Finanzas» . Pero el periodista del diario ABC, Daniel Tercero, preguntó sobre que «qué partidas de la Generalitat quedan bloqueadas» con esta medida y Giró no quiso insistir con lo del Instituto Catalán de Finanzas, dejando sin concretar de que partida saldría la pasta. Ya se ven inspeccionados también ellos por el Tribunal de Cuentas, lagarto lagarto. Giró comparó la actuación del Gobierno con una aseguradora que «lo que hace no es poner el dinero, es poner un aval». Y la consejera de Presidencia, Laura Vilagrà, respondiendo a otro periodista, quiso subrayar que «la Generalitat no pierde ni un euro». Y, dejándolo aún más claro: «En ningún caso puede haber acusaciones de malversación de fondos públicos».

Los condenados por el Tribunal de Cuentas lo tienen crudo para que la Generalitat se haga cargo de las sanciones económicas porque ver escarmentar en cabeza ajena es muy didáctico. El Tribunal de Cuentas ya ha avanzado que, en caso de que una administración pública se haga cargo de los embargos, sería «fraude de ley». ¿El patrimonio no se toca? Yo aún no me lo creo.

Vox llevará al Constitucional el fondo creado por el Govern para las multas del Tribunal de Cuentas
El partido de Santiago Abascal es el primero en anunciar esta iniciativa gracias a sus 52 diputados
Segundo Sanz. okdiario  8 Julio 2021

La dirección de Vox ha avanzado este miércoles que presentará ante el Tribunal Constitucional un recurso de inconstitucionalidad contra el fondo de 10 millones creado por el Gobierno separatista de Pere Aragonés para pagar las multas impuestas por el Tribunal de Cuentas a los cabecillas del procés. La formación de Santiago Abascal, la primera en anunciar esta iniciativa gracias a sus 52 diputados en el Congreso, recurrirá así el Decreto Ley 15/2021, de 6 de julio, de creación del Fondo Complementario de Riesgos de la Generalidad de Cataluña.

Asimismo, dentro de esta ofensiva judicial, la tercera fuerza del país también presentará una querella ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) contra el Gobierno catalán precisamente por la creación de ese fondo de 10 millones de euros para que los encausados por los gastos internacionales del proceso separatista, entre ellos el indultado Oriol Junqueras, no tengan que pagar las fianzas de 5,4 millones que les exige el Tribunal de Cuentas. Los delitos por los que se presenta la querella son prevaricación, artículo 404 del Código Penal, y malversación, artículo 252. El portavoz de Vox en el Parlamento catalán, Ignacio Garriga, avanzó dicha querella en la mañana de este miércoles.

De igual modo, y como tercera acción, el partido de Santiago Abascal denunciará a la Fiscalía del Tribunal de Cuentas estos hechos a fin de que se adopten las «medidas oportuna» contra el presidente del Gobierno catalán, Pere Aragonés, el consejero de Economía y Hacienda, Jaume Giró Ribas, y la consejera de Presidencia, Laura Vilagrà.

A través de un comunicado, la vicesecretaria jurídica de la formación, Marta Castro, advierte que el delito de prevaricación «no sanciona la mera ilegalidad, sino la arbitrariedad». Es decir, supera la contradicción con el Derecho, y, por ello, la consideración de meras ilegalidades administrativas, sostiene la abogada.

«Existe intencionalidad clara de tratar de beneficiar a los miembros condenados por el Tribunal de Cuentas, cuando no pueden tener cobertura ni apoyo de la Generalidad puesto que la actividad de la que dimana el embargo y la causa de la solicitud de fianza es el ejercicio arbitrario y abuso de poder de los mismos», explica.

«Para un fin ilícito»
Junto a ello, Castro destaca que «si existe el procedimiento en el Tribunal de Cuentas es porque la actuación de los funcionarios y cargos públicos fue ilegal y deben reintegrar al erario lo que emplearon para un fin ilícito y contrario a derecho».

Además, la responsable jurídica de Vox recuerda que la Generalitat de Cataluña «es conocedora de los matices legales que les sitúan dentro de la comisión delictiva al dar cobertura y apoyo para eludir las responsabilidades derivadas que exceden la correcta actuación de los funcionarios públicos afectados». «Disponer cualquier apoyo o ayuda a los mismos es una desviación de poder y de recursos por causas arbitrarias», subraya Castro, según la nota emitida este miércoles.

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