AGLI Recortes de Prensa   Viernes 8  Julio  2021

La decadencia imposible
Emilio De Diego. La razon 9 Julio 2021

El devenir del «sanchismo», orientado hacia ningún sitio, se apoya en la negación del pasado y la invención del futuro. A nuestro timonel del presente y constructor del porvenir parece importarle poco el verso machadiano: «ni el pasado ha muerto, ni está escrito el mañana, ni el ayer escrito». Se empeña en matar la realidad del ayer, demonizando una parte del mismo y sacralizando otra, en un ejercicio de constante falsificación y llega, en su delirio, a ordenar cómo debe ser escrita. Manía que aplica igualmente al futuro. Busca así imposibilitar la percepción real del presente. En la zona oscura del pasado se encontraría el origen de todos nuestros males; en la otra, alguno de los objetivos ineludibles. Ahí encaja su tarea hacia un futuro incontrastable. No habrá otra posibilidad de comparación de su obra, que la de las referencias manipuladas. El «sanchismo» es único y su práctica constituye el recurso «seguro» para la solución de todos los males. Desde luego algunas de las circunstancias en las que se mueve el sr. Sánchez sí son extraordinarias, al margen de la pandemia cuyo fin no acaba de llegar.

La historia de España, al menos desde el «98», viene a ser la crónica recurrente de dos fracasos: el del reformismo y el del populismo. El impulso reformista, tan necesario como poco operativo, no ha alcanzado casi nunca parte significativa de sus fines; bien lo haya intentado mediante una formación política propia, o articulándose en algún sector de los partidos ya existentes. Los nombres de Costa, Picavea, Mallada, … en el apartado más visceral; Rafael Gasset, Maura, Fernández Villaverde, Canalejas, … en la primera línea del poder …; Unamuno, Ortega y todo un conjunto de filósofos; Melquiades Álvarez, Azaña, … encabezarían la siguiente línea de políticos y darían paso a una nómina de continuadores prácticamente interminable. Tanto en la monarquía liberal de Alfonso XIII, como en la Dictadura de Primo de Rivera, la II República, el régimen de Franco, la Monarquía constitucional hasta hoy la cantera del reformismo parece inagotable. También el populismo, bajo distintos disfraces de izquierdas, (anarquismo, socialismo, comunismo, …) o de derechas; antisistemas de uno u otro signo, (pudiendo o sin poder, indignados, agraviados, unidas o mareados) habitan el solar hispano y se manifiesta en cuanto aparece la ocasión.

Ambas corrientes, reformismo y populismo, sufren en los últimos meses una profunda crisis, de forma casi simultánea. Los reformistas se hunden víctimas de un error estratégico, en su afán de poder. Los populistas radicales fracasan rotundamente en sus promesas de regeneración y acaban abducidos por la casta política y la partitocracia. Sus carencias éticas e intelectuales van parejas a sus desvaríos políticos. Sánchez ha contribuido, en mayor o menor medida, a la laminación de unos y otros y se mantiene en el poder al precio que le imponen, siempre al alza, los separatistas; convertidos en habituales jugadores de ventaja. Apenas tiene en frente una oposición que, salvo excepciones, lucha por superar sus divisiones internas y el lastre de una herencia con no pocas sombras.

España padece en los últimos años un gravísimo deterioro institucional. Se resquebraja víctima de las tensiones independentistas y de la debilidad, cuando no complicidad, del gobierno. La degradación de la ética pública conturba a buena parte de la población. Los escándalos políticos se suceden. Hay más miedo y más conformismo del que sería conveniente. La sociedad se adormece y apenas responde a los grandes desafíos que amenazan la Constitución y la democracia. Nuestro país sufre un evidente declive en todos los órdenes, tanto en el ámbito interno, como en el internacional. Pero la propaganda por un lado y una serie de artimañas inacabables impiden hablar de decadencia. Para lograr sus propósitos a este respecto, nuestro gran hombre, aparte de imposibilitar cualquier perspectiva comparada, tan sólo ha tenido que aplicar algunas propuestas curiosamente «spenglarianas», aunque sea en distinto orden al de su formulación original. «Se debe imponer la igualdad general, todo debe ser igualmente vulgar, … panem et circenses no se necesita más». A partir de tan gratificante principio no ha de extrañarnos que «la superioridad, las buenas maneras, el buen gusto … constituyan un delito». Nada de esfuerzos para romper con la mediocridad impuesta; «el edificio de la sociedad debe ser derrumbado hasta ponerlo a nivel de la plebe». No se piense en educar a la masa para elevar su nivel cultural. Basta con asegurarnos el control de la escuela y de los planes de enseñanza, evitando arduos trabajos a nuestros escolares y a sus progenitores. Al fin y al cabo, suavizando un poco el humor corrosivo de Oscar Wilde podríamos decir que por este camino, casi todo el que es incapaz a aprender se ha puesto a enseñar, y en eso consiste nuestro fervor educativo.

Si esto nos provoca alguna inquietud intelectual, contengamos nuestros impulsos. Pensar es la cosa más insana del mundo. Menos mal que hasta que algún nuevo Real Decreto del gobierno lo imponga, el pensamiento no parece contagioso. Tal género de pandemia no figura entre los señalados por la OMS para sustituir a la Covid-19 y sus variantes. En nuestra mano queda resistir contra los engaños. No somos libres de conseguir lo que queramos, pero sí de hacer lo necesario o no hacer nada.

De la pandemia a la endemia

Rafael Bardají. https://gaceta.es/ 9 Julio 2021

Ya está. No hemos vencido al virus (en contra de lo que anunció ufano Pedro Sánchez hace un año), pero nos hemos inmunizado. No todos, pero sí muchos. Los suficientes como para reducir la covid-19 a niveles de una gripe aguda. Cierto, las televisiones que tanto han ganado con la pandemia siguen machacando programa tras programa, que las infecciones andan desbocadas, sobre todo entre los más jóvenes. Pero callan interesadamente que las hospitalizaciones y los ingresos en las UCI no aumentan, sino que disminuyen lenta, pero constantemente.

En Madrid, una comunidad a la que siempre se acusa de irresponsable por parte del gobierno social-comunista de Pedro Sánchez, durante el pasado mes de junio hubo un total de 149 fallecimientos por covid-19. De ellos, 87 eran mayores de 70 años, esto es, un 58% del total; si incluimos la franja de edad de los 60 a los 69, la cifra de muertes sube a 125, el 83’89% del total. Sólo se notificó un único fallecido entre los 30 y 39 años y 7 entre los de 40 y 49. Esto es, que las muertes por debajo de los 50 años representan el 5’2% del total. Las medidas que intenta imponer ahora mismo Sanidad, nuevos cierres al ocio y vuelta a los toques de queda, no parecen destinadas a disminuir la franja de edad en la que más muertes se producen (la de 70 a 79 años), sino a imposibilitar las actividades sociales de quienes menos sufren la gravedad de la enfermedad. No es la salud lo que motiva a las autoridades. ¿Qué será?

El objetivo que anunció Sánchez en su aló Presidente hace más de un año, fue el famoso “doblegar la curva”, no erradicar el coronavirus Sars-Cov-2. Y, sin embargo, ese es el fin que ahora quiere perseguirse. Pero no porque estemos en una situación peor o más mortífera, no. Simple y llanamente porque el gobierno de las minorías ha descubierto que a través del miedo gobierna a sus anchas; que los españoles valoran más sus vidas que la democracia; y que el gobierno puede imponer su agenda sin apenas oposición gracias a medidas de excepción, originariamente pensadas para crisis nacionales que poco tienen que ver con la situación que vivimos. El más reciente intento es el de instituir medidas que atentan contra los derechos fundamentales de las personas en una nueva Ley de Seguridad Nacional que le otorga un poder omnímodo al Gobierno para decidir qué es una crisis, cuándo se da y cuánto dura. Y mientras tanto, más poderes excepcionales.

El coronavirus será una endemia que no se irá nunca pero su virulencia estará amortiguada. Lo que no parece que tenga solución son las otras endemias españolas: por un lado, el creciente totalitarismo de la izquierda, rabiosa y descontenta con todo incluso en el poder; y la dejadez de un Partido Popular que se siente cómodo instalado en el convencimiento de que este Gobierno no va a durar eternamente y que ellos estarán ahí, si no meten más la pata, para recoger la fruta madura. Y para no meter la pata, nada mejor que no hacer nada y encomendarse al tiempo, esa variable que todo lo arregla. VOX también cuenta con el factor tiempo para seguir creciendo orgánicamente, esto es, lento pero seguro. Y lo hará, no me cabe la menor duda. Pero -y ese es mi gran pero- si hay algo de lo que carece España es de tiempo.

La izquierda está haciendo avanzar su agenda de cambio social a velocidades vertiginosas, haciendo de lo marginal central y de lo normal lo marginal; desde el Gobierno se está trastocando el juego de las instituciones, para vaciarlas de contenido o volverlas irrelevantes en sus funciones; y los medios y las grandes corporaciones, al servicio del poder para defender sus propios intereses, nos bombardean con los eslóganes que el poder político les vende. Por eso, para la España del sentido común, la que madruga y quiere trabajar para prosperar, la que no entiende por qué tienen que recortar las pensiones pero mantener a todo trapo las subvenciones a la inmigración ilegal, la que sufre que todos los impuestos con los que el Gobierno grava la vida de las empresas los acaben pagando los consumidores, la España de los padres que quieren poder educar a sus hijos cómo y donde quieran no que se los robe el estado para adoctrinarlos, la España orgullosa de sí misma y no sólo por ser gay, se está haciendo muy tarde. Demasiado tarde.

De cómo nos arruina «la no política»
Antonio García Fuentes. Periodista Digital 9 Julio 2021

Lo que padecemos no es política, puesto que el más veraz de los significados de esa palaba, es el valor del individuo con sus derechos y obligaciones; por tanto: “la política es o debiera ser, el arte de gobernar bien a los pueblos”; es por lo que en mi titular figura la frase de “la no política”; que es lo que nos asola, puesto que esa “lepra”, basada siempre en la mentira y el expolio del fruto de los trabajos que producen de verdad el posible bienestar de los pueblos: NO EXISTE.

Veamos, una de las infinitas maldades que practican esos gobiernos tiránicos que en general padecemos. Y que ya han arruinado España.

Hace ya más de cuarenta años y “viendo lo que de buitres y parásitos nos traía la tan cacareada nueva época “democrática”; y aún no entrados en la década de los ochenta, me vino la inspiración y escribí un relato que titulé “Los canarios del emperador”; relato que figura en mi libro de ensayo, titulado “España aquí y ahora” (1ª edic. en 1984 y 2ª en 1985 y ya ambas agotadas hace muchos años, si bien aún se pueden encontrar ejemplares en librerías de viejo, en Internet, o en bibliotecas públicas). El relato que cito, que ocupa una mínima parte de ese libro; que fuera muy bien valorado por personalidades de su tiempo; es en realidad una alegoría de cómo se destruye una nación o país que era próspera en grado destacable.

¿Y cómo fue destruida? Sencillo, por la invasión de departamentos oficiales y de empleados públicos, que en forma de una plaga parásita, agotó todos los recursos que producía aquel territorio y se sumió en gastos inútiles, tales como el que mi relato o cuento, desarrolla; puesto que en el departamento donde habitaba el emperador, había unos cuantos canarios, cuyo canto gustaba mucho al soberano y para ellos fueron creados, los siguientes ministerios y “mandarines”.

Ministerio para el cuido y vigilancia de los canarios del emperador; Ministerio para las jaulas de los canarios del emperador; Ministerio para el alpiste de los canarios del emperador; Ministerio para los recipientes donde comen y beben los canarios del emperador; Ministerio del agua que beben los canarios del emperador. Y así podría seguir; dejando al lector que imagine y se ría, puesto que es de risa todo ello; ya que en la nomenclatura de “aquel país oriental”; el ministro o mandarín, tenía dos sub mandarines, estos dos secretarios, estos dos subsecretarios, y así cada departamento fue conformando la pirámide imaginable, de parásitos; todos adscritos al dinero de los contribuyentes al tesoro nacional, que al final acabaron en la ruina. Sólo que en el punto límite, alguien insignificante, hace ver a aquel idiota emperador, lo que está ocurriendo en el reino y este reacciona, al estilo “oriental” y puede restablecer un orden llevadero que reconduce aquel desastre y lo va devolviendo a la normalidad perdida. ¿Cómo siguen actuando los inútiles políticos españoles? Y aquí entran todos los partidos, que han tenido “poder de mangoneo”.
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“El sector público paga un 20% más que el privado desde hace nueve años: La brecha salarial se afianza entre administraciones y empresas. También la diferencia entre plantillas: 411.300 empleados públicos más en un lustro frente a 287.400 en el sector privado (Europa Press: 27/06/2021). Miles de opositores esperan la llegada del mes de julio como agua de mayo. En ese mes (junio 2021), si no se produce ningún retraso más, el Ministerio de Administraciones Públicas que dirige Miquel Iceta tiene previsto anunciar la Oferta Pública de Empleo 2021, que podría rondar los 30.000 puestos de trabajo.

¿Por qué hay tanta expectación? Porque el empleo público se convierte siempre en la tabla de salvación del mercado laboral en tiempos de crisis. La percepción de trabajar en el sector público ha cambiado con el paso del tiempo y especialmente desde la crisis financiera internacional de 2008. Hoy, los ciudadanos ven en las administraciones central, autonómica y local, y en las empresas públicas el único lugar de trabajo a prueba de los vaivenes cíclicos de la economía. Por eso, en los últimos cinco años, el número de empleados públicos ha aumentado en 411.300 personas, de acuerdo con los datos de la última Encuesta de Población Activa del Instituto Nacional de Estadística (INE), mientras en el sector privado ha crecido apenas en 287.400. Esa diferencia (123.900) marca el cambio de actitud de los trabajadores hacia posiciones más conservadoras a la hora de buscar empleo.

Pero hay algo más que la seguridad laboral. Muy lejos queda ya la leyenda urbana de que en el sector público lo que ganaban los trabajadores en seguridad lo perdían en la retribución. En la memoria de los que tienen más años descansa la popular frase que decía “ellos nos engañan en el sueldo; nosotros, con el trabajo”. Eso hace tiempo que ha pasado a la historia. En el año 2017, un empleado público ganaba un 22,7% más que la media; en 2018, un 24,22%; en 2019, un 27,44% y en 2020, un 32,9%. En los últimos nueve años siempre ha estado por encima del 20%. En 2020, con una economía afectada en su totalidad por la crisis sanitaria, la ganancia media anual de un trabajador fue de 24.735 euros, frente a los 32.875 euros del sector público, con datos del INE. – Este dato elevaría las ganancias medias anuales de un empleado público a los 26.852 euros, frente a los 22.894 del salario medio. Es muy probable que esta diferencia distorsione algo la realidad del conjunto de los empleados públicos al haberse disparado el número de altos cargos y cargos intermedios en las Administraciones Públicas, especialmente en las Comunidades Autónomas, circunstancia que, sin duda, eleva la media salarial por la totalidad. Las ganancias mensuales de los trabajadores de la Administración Pública, 2.740 euros brutos mensuales por doce pagas, fueron el pasado año las quintas más altas de las 18 actividades en que el INE subdivide el trabajo. Por encima estaban quienes trabajaban en el suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado (4.722 euros); la financiación y los seguros (3.957), la información y las comunicaciones (3.159) y las industrias extractivas (3.113). Por debajo del sector público había otras trece actividades. Cerraba la clasificación, la hostelería, con apenas 784 euros. La media nacional fue de 2.061 euros. A pesar de que en 2020 los salarios bajaron en siete actividades, con la hostelería a la cabeza (-36,2%) como consecuencia del parón de la economía por la pandemia, las ganancias en la Administración Pública crecieron un 4,3% en relación con el mismo trimestre del año anterior, el cuarto incremento más alto. Según la EPA del primer trimestre del año en curso, cerca de 3,4 millones de personas trabajaban en el sector público, lo que equivale a hablar del 17,8% de la población ocupada. En el sector privado lo hacían 15,8 millones, el 82,2%.

Avance del sector público con Sánchez: A pesar de las dificultades económicas de los últimos años, el empleo en el sector público ha crecido ininterrumpidamente en todos los trimestres de los últimos tres ejercicios, los que se corresponden, casualmente, con la llegada de Pedro Sánchez a la presidencia del Gobierno. Incluso entre abril y junio de 2020, el peor trimestre que se recuerda en la reciente historia económica de España, el número de ocupados públicos creció un 0,98% en relación con el mismo periodo del año anterior, cuando en el sector privado la caída fue del 7,4%, un descenso que suma ya su cuarto trimestre consecutivo. Aunque 2020 fue un año particularmente atípico, el empleo en el sector público ha crecido en los últimos doce meses en 149.400 personas mientras ha descendido en 623.900 en el sector privado. Sólo en el primer trimestre de 2021 el número de ocupados en el sector público se ha incrementado en 18.300, al mismo tiempo que descendía en 155.800 en el privado”.
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No olvidemos que la riqueza más positiva y verdadera, LA CREA LA INICIATIVA PRIVADA: “el agricultor, el ganadero, el pescador, el que se dedica a los mil oficios que son la inmensa mayoría y que “asados a impuestos”, continúan o mueren; ante la indiferencia, de “la perversa política que nos explota vilmente”; por tanto queda claro-clarísimo, la decadencia y ruina de España; y mientras “los políticos y como siempre empecinados en sus intereses individuales y el nefasto, “quítate tú que me ponga yo”. Nadie publica todas las miserias que nos asolan Y LOS VERDADEROS PROBLEMAS DE LA NACIÓN ESPAÑOLA… ¿Qué podemos esperar salvo un nuevo y gran desastre que en realidad no sabemos lo cercano que ya lo tenemos?

Antonio García Fuentes
(Escritor y filósofo)
www.jaen-ciudad.es (Aquí mucho más)

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A desempedrar, a desempedrar
Juan Francisco Martín Seco. republica 9 Julio 2021

Parece que Ábalos se dedica ahora a las rancheras. Es posible que una piedra en el camino le enseñase que su destino era rodar y rodar, o más bien desempedrar, desempedrar, para que Sánchez continúe siendo el rey. Al ministro de Fomento se le entiende casi todo. Los indultos no son más que el comienzo, la primera piedra. En realidad, ha habido otras antes, pero de menor magnitud, cuando la otra mesa y la historia del relator. Entonces no hablaban de desempedrar sino de desinflamar. Se acuerdan Vds. del ibuprofeno de Borrell. Hace ya tres años y la hinchazón es cada vez más grande.

Los indultos constituyen un salto cualitativo. Por eso se ha forzado a todos los ministros, incluso a los que podían mostrarse más escépticos, a posicionarse. Algunos como Margarita Robles han tardado, y no es de extrañar ya que se mostró totalmente contraria a los indultos cuando era vocal del Consejo General del Poder Judicial; pero al final se ha prestado a ello, y es que todo vale con tal de no perder el sillón. Supongo que es este mismo motivo el que ha impulsado a la ministra de Economía a defenderlos, empleando ese argumento tan bobalicón de que la estabilidad política es buena para el crecimiento, porque lo primero a cuestionar es si los indultos incrementan la estabilidad política o más bien la reducen. Lo segundo es que para la buena marcha de la economía lo principal es la seguridad jurídica y esta no sale muy bien parada con la medida.

Pero, sobre todos, sobresale el ínclito ministro que se vanagloriaba de ser independiente cuando presidía la AIReF, y ahora es tan dependiente que justifica los indultos argumentando esa patochada de que costaba explicar en el extranjero la amplitud de las penas. ¿Cómo van a entender en el extranjero que en Cataluña ha habido un auténtico golpe de Estado si el Gobierno de España depende de los golpistas para gobernar?

Ahora tienen que quitar otra piedra del camino. El Tribunal de Cuentas ha cifrado la cuantía de la malversación cometida por los golpistas en sus operaciones de publicidad y propaganda en el extranjero en 5,4 millones, a los que hay que sumar los 4,1 que se habían calculado ya de malversación por otros conceptos. Conviene resaltarlo porque, al margen del delito de sedición, los golpistas cometieron un robo al erario público, desviando recursos del Estado hacia una finalidad cuando menos ilegal si no abiertamente delictiva. Parece ser que la corrupción deja de serlo si afecta a los nacionalistas. Ya que se les ha indultado del delito de malversación, al menos que devuelvan el dinero que han robado. Veremos si el Gobierno, tal como afirma Ábalos, está dispuesto también a retirar esta piedra. Lo que por lo pronto se ha quitado de en medio es a la Abogacía del Estado con el argumento falaz de que no es competente, y habrá que preguntarse también qué va a pasar con la Fiscalía.

La factoría de desempedrar se va a configurar, al igual que hace tres años, como una mesa de diálogo, más bien de imposición, porque los soberanistas han dejado muy claro que ellos vienen exclusivamente a negociar la amnistía y la independencia, precisamente dos cosas que chocan frontalmente con la Constitución, y no parece que el gobierno Frankenstein tenga suficiente fuerza para cambiar la Carta Magna. Los tertulianos que se mueven en la tercera vía, la mayoría de ellos catalanes, se esfuerzan en asegurarnos que el independentismo está mucho más débil de lo que parece, que todas sus pláticas son bravatas o relatos orientados a mantener la fe de sus militantes, y que en el fondo sí están inclinados a dialogar o a negociar otros temas más prosaicos.

Estoy dispuesto a creerme que en todo esto hay mucho de teatro, de postureo, que los soberanistas saben que lo de la amnistía es imposible, pero que hay otros subterfugios como la reforma del Código Penal que pueden tener efectos similares. Puede que sean conscientes de que la independencia, dado el porcentaje de adhesiones y la ausencia de apoyo internacional que conquistaron, no es viable a corto plazo, que piensen que necesitan fortalecerse para intentarlo otra vez, y que a ello se dirijan en la negociación persiguiendo prebendas, ventajas e instrumentos que les allanen el camino. Por eso precisamente es tan peligrosa la negociación, porque se va a traducir en una serie de cesiones que facilitarán el golpe de Estado en el futuro.

El secesionismo tiene claro que es el momento, que difícilmente van a tener una ocasión más propicia. Los nacionalistas, y más concretamente los catalanes, huelen la debilidad del Estado y sacan la cabeza -con gran deslealtad, que diría Azaña- cada vez que España entra en crisis. Véase la trayectoria en la Primera y Segunda Repúblicas e incluso durante la Guerra Civil. Los condenados al salir de la cárcel ya vociferaron en tono retador que los indultos lo que mostraban era la impotencia del Estado. En cierto sentido tienen razón, la fragilidad es del Gobierno, pero lógicamente la transmite a todas las instituciones del Estado. Esta situación permanece desde la misma moción de censura. Lo dejó muy claro ese día Aitor Esteban al comenzar su intervención en plan irónico. Se reía del gran Estado español cuyo gobierno estaba pendiente de los cinco votos del PNV. Comentario hiriente, pero cierto. La debilidad del Estado comienza en el mismo momento en el que Pedro Sánchez permite que los que no creen en el Estado y buscan dividirlo le nombren presidente del Gobierno.

Los nacionalistas saben de sobra que difícilmente se van a encontrar con un momento más favorable a sus objetivos. Por eso piensan sacar el mayor rédito posible. Rufián, de manera arrogante, se lo ha dejado claro a Sánchez en las Cortes. Los indultos más que un acto de valentía son un gesto de necesidad. Sánchez también es consciente de que la única forma de permanecer en el poder es mantener unido el gobierno Frankenstein, y para ello está dispuesto a quitar todas las piedras del camino que sean necesarias, no solo en Cataluña sino también en el País Vasco. Intuye que para agotar la legislatura va a tener que ceder mucho. De ahí la mesa de negociación y el haberse traído a Iceta de Cataluña.

De hecho, son Iceta y el PSC los que marcan el camino. Fue el entonces primer secretario del PSC el que habló antes que nadie de los indultos, y también el primero que lanzó la idea (el 27 de marzo de 2019) de que, si un día el 65% de los catalanes quieren la independencia, la democracia tendría que encontrar alguna forma para encauzarla. Les brindaba así la tesis a los nacionalistas, de que, si tal como habían comprobado, la independencia no estaba madura, lo más inteligente era sentarse a negociar y conseguir el mayor número de bazas posibles que hagan viable la cesión en un futuro.

Del PSC parte también la creencia de que en todo caso es imprescindible un referéndum para que los catalanes voten. Según Illa, sería un referéndum sobre el marco de convivencia de los catalanes. Uno tendería a pensar que el marco de convivencia ya existe para los catalanes y para el resto de españoles y es la Constitución de 1978, que los propios catalanes votaron entusiastamente. Es lo malo del nacionalismo, que nunca está conforme, que jamás respetan los pactos. A mí tampoco me gustan muchas cosas de la Carta Magna y estoy convencido de que no habrá un solo ciudadano que esté de acuerdo con el cien por cien de ella. El marco de convivencia se puede cambiar, pero votando todos los españoles. El PSC nunca ha creído que determinar el sistema de convivencia es competencia no solo de los catalanes, sino de estos con el resto de ciudadanos del Estado.

Según ellos, el referéndum podría centrarse sobre un nuevo estatuto que saliese de la mesa de negociaciones. Lo cual tiene por fuerza que resultar cómico, puesto que el actual está por estrenar y contra él se han sublevado los golpistas, que han repetido cantidad de veces que ellos se encuentran ya en otra onda. El fondo del asunto es que están pensando en que el nuevo estatuto consista en el actual, solo que incorporando aquellas cosas que o bien eliminó el Parlamento español o bien tumbó el Tribunal Constitucional.

Pretenden repetir la jugada de Maragall en 2006, modificar la Constitución por la puerta de atrás. Zapatero hace unos días, el 26 de junio pasado, en una entrevista en La Razón, propuso claramente este nuevo estatuto. Es más, contestando a la pregunta del periodista acerca de su posible inconstitucionalidad afirmó: “Todo en la vida, y también la sentencia del Tribunal Constitucional, deja espacio para la interpretación. Y el Derecho permite alternativas creativas que no suponen reproducir lo que el Estatut decía y que el Tribunal Constitucional anuló”.

En esa construcción creativa introduce una serie de cuestiones que, en su opinión, tienen que votar los catalanes; pero lo cierto es que la mayoría de ellas afectan al conjunto de España y que deberían ser decididas por todos los españoles. La entrevista no tiene desperdicio y confirma que Zapatero se situó como presidente de gobierno en el colmo de la superficialidad y la ligereza. Es posible que, al final, los desaguisados que habrá cometido Sánchez sean superiores a los que infligió en su momento Zapatero, pero hay una diferencia: Sánchez incurre en las transgresiones y atropellos para durar lo más posible en el cargo; Zapatero los mayores descalabros los hizo por pura frivolidad.

También los empresarios catalanes están en esta longitud de onda. Organizaron un contubernio para dar su apoyo a Sánchez y pronunciarse a favor de los indultos, al tiempo que espoleaban al Gobierno español y al catalán al diálogo y al pacto. Lo más extraño estriba en el juego que se trae el empresariado de toda España. Sánchez los tiene seducidos con ese chorro de millones que, según dicen, va a venir de Europa. He reiterado a menudo que los fondos de recuperación quizás se conviertan en un mal negocio para los ciudadanos, pero pueden traducirse en un beneficio muy saneado para algunas compañías. He ahí la razón de que los empresarios -al menos algunos- estén muy domesticados.

Los empresarios catalanes han jugado siempre a la ambigüedad. Muchos de ellos han sido cómplices del nacionalismo. Mientras todo se reducía a gritar que España nos roba y obtener así prebendas y privilegios frente a otras Comunidades, estaban de acuerdo y colaboraron con entusiasmo, por la cuenta que les traía. No obstante, se asustaron cuando vieron que el tema iba demasiado lejos, que se rompía la legalidad y podía acarrear consecuencias económicas muy graves. Los empresarios que a coro alababan el otro día a Sánchez y pedían negociación y mesa de diálogo son los mismos que demandaban a Rajoy que cambiase la ley de sociedades para que el consejo de administración de una empresa, sin más requisitos, pudiese modificar su domicilio social por si precisaba salir de Cataluña.

Hace tiempo que Sánchez Llibre, hoy a la cabeza del empresariado catalán, mostró ya por dónde iban sus inclinaciones, nada de independencia, pero sí un nuevo estatuto. Insinuó que el problema podría terminar y los secesionistas conformarse si en ese estatuto se reconociese a Cataluña como nación y se dotase a la Generalitat de un sistema de financiación similar al que disfrutan el País Vasco y Navarra. Conceder la condición de nación a Cataluña no tendría ninguna importancia si todo se redujese al ámbito cultural, pero entonces no se está ante un tema político, sino de historiadores y sociólogos, y no sería necesario introducirlo en ninguna norma. Pero ese es el problema, que cuando se quiere que aparezca en una ley es que la pretensión consiste en procurar que surta efectos jurídicos. Parece bastante evidente que con ello el nacionalismo tendría una coartada mayor a la hora de reclamar la independencia.

Dotar a Cataluña de un sistema de financiación parecido al del País Vasco y Navarra sería catastrófico. Ampliaría las múltiples distorsiones que produce el concierto existente con estas dos últimas Autonomías, y cuya legalidad nunca se debía haber introducido en la Constitución. El cupo catalán dañaría gravemente la política redistributiva del Estado en el plano territorial, y se dotaría a los secesionistas de un instrumento esencial, una hacienda pública propia, para aumentar sus probabilidades de éxito en una nueva intentona.

Pedro Sánchez ha dicho que nunca sobrepasará la ley ni la Constitución. El problema no es ese, aunque también, ya que ni siquiera sus mismos socios le creen. La cuestión además es que hay muchas cosas que sin traspasar la ley son muy perniciosas para el Estado y para los ciudadanos. Todo lo que represente premiar a una Comunidad por encima de las otras, o lo que signifique dotar a un gobierno soberanista de más competencias para que sea más sencillo un día independizarse. El colmo es que los golpistas tengan premio.

www.martinseco.es

Socialistas, comunistas, golpistas y proetarras quieren ilegalizar a Vox
EDITORIAL. Libertad Digital 9 Julio 2021

El Gobierno y los partidos separatistas promueven sin disimulo una campaña de demonización de Vox cuyo fin último es la ilegalización del partido de José Antonio Ortega Lara. Todo el aparato mediático al servicio del PSOE, Podemos y los separatistas trata de vincular a Vox con el asesinato del joven gallego Samuel Luiz. La portavoz socialista Adriana Lastra no ha tenido reparo alguno en señalar a Vox como instigador de ese asesinato por su supuesta "homofobia institucional". Ni siquiera se han aclarado las causas del terrible suceso o el origen y motivaciones de sus autores, pero el PSOE y Podemos ya tienen un retrato robot con Vox como culpable. La verdad es lo de menos.

Ocurre lo mismo en el caso de la deleznable caricatura de Ortega Lara en la inmunda revista El Jueves. Todos los medios afectos al Gobierno se han puesto de acuerdo en ocultar tanto la viñeta como el texto alusivos a Ortega Lara para extender la versión de que Vox amenaza al editor de la publicación por caricaturas de Abascal, Espinosa de los Monteros y Macarena Olona.

Esos medios que aluden con grandes aspavientos y golpes de pecho a la libertad de expresión ocultan como en los peores ejemplos de censura la razón primera de la polémica. "El pobre Ortega tiene el cuerpo lleno de quemaduras; no es sano estar cara al sol tras tanto tiempo a oscuras" es la leyenda que aparece debajo de un dibujo que representa tumbado en una hamaca al exfuncionario de prisiones que estuvo secuestrado por la banda terrorista ETA un total de 532 días. Pero eso no aparece en las denuncias mediáticas de la izquierda, que tapan el chiste y tratan de atribuir a Vox un señalamiento del editor a fin y efecto de acumular pruebas falsas para un próximo proceso de ilegalización del partido de Santiago Abascal.

Se escudan en la libertad de expresión para pisotear los derechos, la dignidad y la memoria de una víctima del terrorismo cuya militancia en Vox justifica al parecer cualquier clase de tropelía. Es evidente lo que persiguen cuando denuncian el presunto señalamiento del editor de esa basura. Desde que Vox ha irrumpido en el panorama nacional ha recibido toda clase de golpes, y no en sentido metafórico. A la campaña electoral en Cataluña, cuando era el propio Gobierno autonómico quien señalaba los mítines de Vox y jaleaba los ataques de las hordas separatistas, le sucedió la de Madrid y los graves incidentes en Vallecas, instigados por los matones de Podemos y apoyados por los socialistas.

Al tiempo, Vox viene manteniendo un escrupuloso respeto por la Constitución y la democracia, como no podía ser de otra forma. Así es que acusan de violencia a un partido cuyos dirigentes, militantes, simpatizantes y votantes no han respondido a ninguna de las provocaciones, a ninguno de los ataques y agresiones. Soportan de manera estoica los ataques de la izquierda, la extrema izquierda y los nacionalistas, quienes no tienen reparos en recurrir a los más deleznables métodos para poner en la diana a Vox. El proceso es de manual, la típica maniobra totalitaria que persigue aniquilar al adversario político con una oleada mediática de acusaciones sustentadas en puras y duras mentiras. Se trata de crear un estado de ánimo, un clima, un caldo de cultivo que degenere en un proceso en el que Vox aparezca como inductor y culpable de toda clase de crímenes.

Están en juego la libertad y la democracia. Si triunfa la maquinación contra Vox, España habrá dado un paso más en dirección al abismo totalitario que señalan engendros como la Ley de Seguridad Nacional, los indultos o la inacción del Ejecutivo de Sánchez frente a la cacicada del Gobierno regional catalán de cubrir las fianzas de los líderes golpistas en el Tribunal de Cuentas.

Urkullu empieza a gestionar las cárceles vascas obligando a los funcionarios a aprender euskera
En los últimos meses ha habido traslados de presos llamativos desde cárceles del País Vasco a las de otras comunidades autónomas.
Alfonso Egea . okdiario 9 Julio 2021

Desde el pasado 7 de julio el País Vasco controla su propio sistema penitenciario. Eso al menos es lo que publicó el Boletín Oficial del Estado. Pero según la información a la que ha tenido acceso OKDIARIO, lo que realmente sucede es que la comunidad autónoma vasca no está todavía preparada para asumir todo lo que implica el control de las cárceles; que el traslado masivo de presos condenados por terrorismo de ETA no ha sido casual y que las víctimas colaterales de todas esta situación son los funcionarios de prisiones que ahora estarán obligados a aprender euskera si tienen menos de 45 años y, además, no podrán pedir traslados a otras cárceles fuera del País Vasco para evitar una desbandada de profesionales.

Desde hace meses, el Gobierno de España, a través del Ministerio del Interior, ha acercado a más de 200 terroristas condenados por delitos relacionados con su pertenencia a ETA a cumplir sus condenas más cerca del País Vasco o incluso dentro de la propia comunidad autónoma. Ahora que la transferencia de competencias es un hecho. OKDIARIO ha tenido acceso al contenido de una reunión que delata lo que a todas luces parece una amnistía encubierta.

“De un tiempo a esta parte se ha disparado la llegada de presos condenados por terrorismo de ETA y están llegando muy subidos. Piden celdas para ellos solos y horarios personales para comer y para comprar en el economato”, explican fuentes penitenciarias vascas. Tan cómodos se sienten estos presos en la tierra natal que hace unos días un etarra se encaró con otro preso al que le dio por celebrar un gol de la selección española en la Eurocopa. No hubo más celebraciones.

De hecho, en las últimas horas se ha sabido que el partido proetarra EH-Bildu ha mantenido reuniones con los directores de las cárceles vascas. Nadie sabe exactamente qué se negocia en esas reuniones, pero lo que sí ha podido confirmar OKDIARIO es que la temática de estos encuentros se centra en la situación de los más de 50 terroristas que hay en cárceles vascas y en los que pueden llegar en los próximos meses.

El régimen cerrado como excepción
La amnistía encubierta de algunos terroristas no estaría en el modo en el que van a cumplir su condena en el País Vasco, sino más bien en si realmente las van a cumplir. En la reunión en Nanclares de la que ha tenido noticia OKDIARIO los representantes del Gobierno vasco volvieron a insistir en que la política penitenciaria vasca iría dirigida “al régimen abierto y semiabierto más que al régimen cerrado, que será una excepción”. Lo normal en el País Vasco será cumplir condenas fuera de la cárcel.

¿Y de todo esto qué dice el Gobierno, el Ministerio del Interior y Marlaska? Nada. Literal. Con su silencio, Marlaska bendice las reuniones con Bildu y los directores de las cárceles vascas, pero es que los propios miembros del Gobierno Vasco en Nanclares dijeron a los funcionarios que no están recibiendo nada de ayuda por parte de Interior para organizar una competencia nueva que deberán asumir por completo a partir del mes de octubre. Entonces, ¿quién les orienta? El Gobierno de la comunidad autónoma de Cataluña.

Así que, siguiendo ese modelo, han llegado las primeras sorpresas para los trabajadores de las tres cárceles vascas. Que una cárcel esté en una comunidad autónoma no significa que sus trabajadores sean de esa misma comunidad autónoma, pero eso a los Gobiernos autonómicos con lengua propia les da igual. Pasó en Cataluña y va a pasar en el País Vasco: todos los funcionarios de prisiones menores de 45 años estarán obligados a aprender euskera. En lugar de renovar el cuerpo de trabajadores sacando nuevas plazas a concurso con ese requisito lingüístico ya implícito, se impone a los trabajadores con plaza aprender sí o sí una lengua nueva.

Quien no deseara enriquecer su cultura sumando el euskera a sus conocimientos podría pedir traslado a otra comunidad autónoma. Pues tampoco. En la reunión de Nanclares se deslizó la idea de que al menos en los próximos dos años nadie podría concursar para cambiar de cárcel. El Gobierno Vasco es consciente de que podría enfrentarse a una desbandada de funcionarios difícil de suplir porque tradicionalmente los funcionarios de prisiones en el País Vasco no son vistos con muy buenos ojos y no creen que hubiera una demanda en tropel de puestos de trabajo si convocaran nuevas plazas.

Aún así el Gobierno tiene un plan B por si el grueso de funcionarios lograra encontrar modo de salir a otras comunidades autónomas: destinar a trabajadores de oficinas a ‘interior’, que en argot penitenciario significa estar mano a mano con los presos, y eso no lo puede hacer cualquiera, pero parece que ahora en el País Vasco el requisito de la preparación será secundario.

Pero es que hay un plan C por si los anteriores fallan: dedicar funcionarios de cualquier área del Gobierno Vasco para trabajar en prisiones. Está claro que para algunas cosas el fin está justificando cualquier medio.

Apaciguadores
Alejandro Tercero. Cronica Global 9 Julio 2021

A finales de junio de 2017, durante una tertulia en TV3, viví una situación que hoy me parece apropiado exponer. Aquella mañana, en el plató de las imponentes instalaciones de Sant Joan Despí coincidimos Joan Baptista Culla, Antonio Baños, Antoni Puigverd y un servidor, moderados por Lídia Heredia. El procés se acercaba a su punto culminante --apenas quedaban tres meses para el referéndum ilegal del 1-O-- y el debate giró en torno a ello, como pasaba con casi todos en aquella época.

Cuando llevábamos casi una hora de coloquio, Puigverd sacó el tema de la lengua, y tuvimos un pequeño rifirrafe en el que también intervino Culla. Yo critiqué la inmersión lingüística escolar obligatoria exclusivamente en catalán y, obviamente, eso no gustó a mis interlocutores.

El toma y daca no tuvo mayor trascendencia ante las cámaras, sin embargo, a los pocos minutos llegó una pausa. Entonces, el poeta cambió su habitual tono elegante, comedido, sosegado y parsimonioso, y se revolvió contra mí de forma furibunda. Me acusó de interrumpirle las argumentaciones, mostró su indignación porque yo reprobara la inmersión y, cuando le repliqué, me soltó que él estaba acostumbrado a debatir con gente de más nivel intelectual que el mío.

Nunca le había visto de aquella forma. Estaba fuera de sus casillas. Su actitud colérica, inflexible y prepotente fue tan inexplicable que incluso Baños --con quien no coincido en casi nada políticamente y con el que he tenido algunos choques dialécticos en ese y en otros medios--, al acabar la tertulia, se acercó a mí para transmitirme su asombro ante el inapropiado proceder del columnista de La Vanguardia. Por supuesto, a partir de la siguiente temporada, TV3 no volvió a contar conmigo para ese espacio, del que era colaborador habitual, salvo --si no recuerdo mal-- en una ocasión puntual meses después.

Hoy, Puigverd es uno de los articulistas, intelectuales y expolíticos en los que los cocineros del PSOE y de ERC confían para allanar mediáticamente el camino del deshielo entre el Gobierno y la Generalitat, tal y como reveló hace unos días María Jesús Cañizares en un magnífico artículo publicado en Crónica Global.

Sin embargo, algunos de estos apaciguadores de hoy son los que más contribuyeron a la consolidación del procés. Son los que se inventaron catalanes enfadados; son los que denunciaron agravios que solo existen en su imaginación; son los que atribuyeron al Tribunal Constitucional ofensas ficticias; son los que durante años inocularon colosales dosis de victimismo en el nacionalismo catalán; son los que justificaron la rebelión indepe (pacifista, dicen, sin que se les caiga la cara de vergüenza) como inevitable respuesta a la actitud “antidemocrática” de "España". Todo ello aderezado con la justa ración de equidistancia que les permitió salir sin un rasguño tras el descalabro de 2017.

Son personajes capaces de exigir al exdelegado del Gobierno Enric Millo que le ceda un riñón “a su enemigo” --el único que le queda, porque el otro se lo dio a su mujer-- pero que te saltan a la yugular cuando reclamas que en las escuelas públicas de Cataluña se impartan dos o tres asignaturas en español.

Disculpen mi escepticismo, pero me temo que encomendar la resolución de lo que los nacionalistas llaman “el conflicto” a quienes más han ayudado a que se enquiste no augura nada bueno.

Y es que algunos terceristas están empeñados en ver moderados donde no los hay.
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