AGLI Recortes de Prensa   Jueves 15  Julio  2021

Reverte: "Los ciudadanos expoliados y el disparate administrativo ni tocarlo"
El escritor Arturo Pérez Reverte ha vuelto a expresarse sin ataduras en Twitter. Esta vez en torno a las medidas de Rajoy aprobadas el viernes.
Libertad Digital.  15 Julio 2021

Arturo Pérez Reverte, como casi cada domingo, ha utilizado Twitter para comentar la actualidad de la semana. El autor de El capitán Alatriste ha volcado su desacuerdo con las medidas del Ejecutivo y ha vuelto a ser alabado por los usuarios de esa red social.

"La Cultura, la Educación, la Sanidad, las clases altas, medias y bajas, expoliadas. Y el disparate administrativo-político-autonómico, ni tocarlo.

A ver si lo he entendido, señor presidente... Hasta por morirme debo pagar un 21 %... A ver si lo entiendo. Insisto.

Alemania tiene 80 millones de fulanos y 150.000 políticos. España, 47 millones y 445.000 políticos. Sin contar asesores, cómplices y colegas. O en Alemania faltan políticos, o aquí sobran. Si en Alemania faltan, apenas tengo nada que decir. Si en España sobran, tengo algunas preguntas. Señor presidente.

¿Para qué sirven 390 senadores (con la brillantez media y la eficacia política media de un Iñaki Anasagasti, por ejemplo)? Subpregunta: si un concejal de Villacantos del Botijo, por ejemplo, necesita contratar a 15 asesores... ¿Para qué puñetas sirve ese concejal, aparte de para dar de comer a numerosos compadres y parientes?

¿Para qué sirven 1.206 parlamentarios autonómicos y 1.031 diputados provinciales? ¿Sabe usted lo que cobra toda esa gente? ¿Y lo que come? Ese tinglado regional, repartido en diecisiete chiringuitos distintos, duplicados, nos cuesta al año 90.000 millones de euros. Con ahorrar sólo la mitad... Eche usted cuentas, señor presidente. Que yo soy de Letras.

En vista de eso, ¿cómo es posible que el Gobierno de este putiferio de sangüijuelas y sangüijuelos se la endiñe a las familias y no a ellos? Que en vez de sangrar a esa chusma, se le endiñe a la Dependencia, a la Sanidad, a la Educación, a la Cultura, al pequeño comercio? ¿A la gente que de verdad lucha y trabaja, en vez de a esa casta golfa, desvergonzada y manifiestamente incompetente?

A ese negocio autonómico absurdo e insostenible, del que tanta gentuza lleva viviendo holgadamente desde hace más de treinta años. 17 parlamentos, 17 defensores del pueblo, embajadas propias, empresas, instituciones. Negocios casi privados (o sin casi) con dinero público. El único consuelo es que a esa pandilla depredadora la hemos ido votando nosotros. No somos inocentes. Son proyección y criaturas nuestras.

Treinta años engordándolos con nuestra imbecilidad y abulia política. Cuando no con complicidad ciudadana directa: Valencia, Andalucía... Con unos tribunales de Justicia cuando no politizados o venales, a menudo lentos y abúlicos. El golfo, impune. Y el ciudadano, indefenso. Esos políticos de todo signo (hasta sindicalistas, rediós) puestos en cajas de ahorros para favorecer a partidos y amiguetes. Impunes, todos.

Me creeré a un presidente de Gobierno, sea del color que sea, cuando confiese públicamente que este Estado-disparate es insostenible. Cuando alguien diga, señor presidente, mirándonos a los ojos, "voy a luchar por un gran pacto de Estado con la oposición"; "me voy a cargar esta barbaridad, racionalizándola, reduciéndola, controlándola, adecuándola a lo real y necesario"; "voy a desmontarles el negocio a todos los que pueda. Y a los que no pueda, a limitárselo al máximo. A lo imprescindible"; "aquí hay dos autonomías históricas que tendrán algo más de cuartelillo, dentro de un orden. Y el resto, a mamarla a Parla".

"Y el que quiera entrar en política para servir al pueblo, que se lo pague de su bolsillo".

Pero dudo que haga eso, señor presidente. Es tan prisionero de su propia chusma político-autonómica como el PSOE lo es de la suya. Ese toque de jacobinismo es ya imposible. Tiene gracia. No paran de hablar de soberanía respecto a Europa quienes son incapaces de ejercerla en su propio país. Sobre sus políticos. Dicho en corto, señor presidente: no hay cojones. Seguirán pagándolo los mismos, cada vez más, y seguirán disfrutándolo los de siempre. El negocio autonómico beneficia a demasiada gente.

Usted, señor presidente, como la oposición si gobernara, como cualquiera que lo haga en España, seguirá yendo a lo fácil. A cargar a una población triturada, con cinco millones de parados, lo que no se atreven a cargar sobre sus desvergonzados socios y compadres. Seguirá haciéndonos aun más pobres, menos sanos, menos educados. Hasta el ocio para olvidarlo y la cultura para soportarlo serán imposibles.

Así que cuando lo pienso, a veces se me va la olla y me veo deseando una intervención exterior. Que le vayan a frau Merkel con derechos históricos, defensores del pueblo, inmersiones lingüísticas, embajadas y golferías autonómicas. De tanto reírse, le dará un ataque de hipo. De hippen, o como se diga allí.

Lo escribía el poeta Cavafis en Esperando a los bárbaros. Quizá los bárbaros traigan una solución, después de todo. Para esto, que nos invadan los bárbaros de una puta vez. Que todo se vaya al carajo y el Sentido Común reconozca a los suyos. Si quedan.

Recristo. Qué a gusto me he quedado esta tarde, señor presidente. Lola acaba de abrir el bar. Esta noche me emborracho. Como Gardel en el tango. Fiera venganza la del tiempo. Parece un título de Lope de Vega. Un tango adecuado para este pasaje".

Solo VOX rechazó el estado de alarma inconstitucional mientras PP y Cs fueron cooperadores necesarios de las prórrogas propuestas por el Gobierno
EL TC DA LA RAZÓN AL PARTIDO DE ABASCAL
Rebeca Crespo. https://gaceta.es/ 15 Julio 2021

El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha dado la razón a VOX y ha concluido que el primer estado de alarma frente a la pandemia de coronavirus fue inconstitucional.

La sentencia, que ha salido adelante por una mayoría de seis votos contra cinco y que responde al recurso presentado por la formación liderada por Santiago Abascal el año pasado, considera que los derechos fundamentales de circulación y reunión fueron suspendidos y no limitados por el estado de alarma. Por ello, señala que la medida del Gobierno socialcomunista era propia del estado de excepción.

El 14 de marzo de 2020 se decretó el primer estado de alarma. Fue articulado a través del Real Decreto 463/2020 y se extendió durante 15 días, el periodo máximo fijado por la Constitución. Tras ese periodo, los diferentes grupos parlamentarios decidieron apoyarlo con su voto en el Congreso de los Diputados. Así, este estado de emergencia pasó por la votación de seis prórrogas, lo que permitió, con la cooperación necesaria del PP y Ciudadanos, alargarlo hasta junio de 2020.

Durante la votación de las últimas cinco prórrogas del estado de alarma, de los partidos mayoritarios, solo VOX se posicionó en contra. El Partido Popular apoyó las tres primeras y se abstuvo en la cuarta para después oponerse a la quinta y la sexta. Por su parte, Ciudadanos mantuvo una postura idéntica a la del Gobierno y votó a favor de todas ellas, desde la primera a la última.

La realidad que el Tribunal Constitucional considera probada ahora es la que VOX ha señalado desde la votación de la primera prórroga: que el estado de alarma fue un Estado de excepción encubierto que vulneró los derechos fundamentales de los españoles.

Durante el año y medio que ha transcurrido desde que el Ejecutivo de Sánchez decretó el confinamiento de la población y la larga lista de limitaciones que lo acompañaron, solo el partido de Santiago Abascal insistió en señalar la inconstitucionalidad de la medida. Lo hizo a través de sus votos en contra de las prórrogas en el Congreso de los Diputados, la presentación de la moción de censura -que ningún partido apoyó- contra Pedro Sánchez, y la presentación del recurso al que ahora ha respondido el TC dándole la razón.

Además de la suspensión de los derechos fundamentales, el Gobierno de Sánchez utilizó el estado de alarma para asaltar las instituciones. Lo hizo con nombramientos a dedo de directores generales –incluyó a Pablo Iglesias en la comisión del CNI mediante un decreto que también fue posteriormente declarado inconstitucional por un recurso de VOX-, impuso la censura en redes sociales con la creación de un comité para controlar las informaciones que no cuadrasen con la verdad oficial y también cerró tribunales y suspendió plazos procesales como consecuencia de las limitaciones.

La sentencia hecha pública ahora por el TC es el espaldarazo a la actividad de VOX en el frente judicial y en la moción de censura y la demostración de que solo el partido de Abascal mantuvo una postura firme contra las medidas ilegales e inconstitucionales que tomó el Gobierno mientras el resto de formaciones actuaron de cooperadores necesarios de Sánchez.




El tc
Nota del Editor.  15 Julio 2021

Como español, defensor de España y defensor de Vox, me alegro por el desenlace, pero hay muchos "peros", pues como siempre, el tc demuestra que debe desaparecer. Desde el punto de vista de un profano en el proceloso mundo de la (in)justicia, es inadmisible que una sentencia pueda basarse en seis votos contra cinco. Por otro lado, lo más insultante lo constituyen los votos particulares, si son a favor de nuestras posturas, demuestran la inoperancia del tc y si son en contra, el sectarismo de algunos de sus miembros.

Y no estoy diciendo nada incoherente porque la interpretación de la C.E. debe hacerse en base al entendimiento de la misma que tuvieron los españoles que la votaron y no por unos elegidos a dedo por los profesionales de la política o miserables de la destrucción de España que la han malversado y retorcido impunemente.

Abascal exige la dimisión inmediata del Gobierno y la convocatoria de elecciones tras la sentencia del TC
'ESTAMOS ANTE UN ATROPELLO A LA CONSTITUCIÓN'
https://gaceta.es/  15 Julio 2021

El presidente de VOX, Santiago Abascal, ha exigido este miércoles la dimisión del Gobierno tras la resolución del Tribunal Constitucional que declara inconstitucional el estado de alarma decretado por la pandemia y la convocatoria de elecciones generales, además de la anulación de todas las multas interpuestas durante ese periodo e indemnización a los afectados.

«Hoy se ha constatado que el Gobierno ha llevado a cabo la mayor vulneración de derechos y libertades fundamentales de los españoles a lo largo de nuestra historia», ha afirmado, al tiempo que ha recordado que lo hizo «con la única oposición parlamentaria de VOX, que votó en contra de las sucesivas ampliaciones de los estados de alarma, con el único recurso de inconstitucional de VOX, pero con el apoyo y complicidad del resto de la Cámara». «El resto de partidos apoyaron esta suspensión de libertades», ha añadido.

Abascal ha reaccionado así, en una declaración ante el Congreso de los Diputados, a la decisión del alto tribunal en respuesta al recurso presentado por VOX al primer decreto de estado de alarma el pasado año. «No estamos para celebrar la sentencia, no podemos hacerlo porque se ha constatado que el Gobierno está dispuesto a incumplir las leyes y a pisotear la Constitución», ha explicado el líder de VOX, que cree que queda demostrado que la moción de censura que presentó contra el presidente Pedro Sánchez estaba plenamente justificada.

Así, cree estamos ante «un atropello a la Constitución y a las libertades de los españoles», y por ello el Ejecutivo debe dimitir de inmediato y convocar a los ciudadanos a las urnas.

En este sentido, ha cargado contra el Tribunal Constitucional, convertido en un «tribunal político», que se ha pronunciado con una sentencia que «llega tarde, mal y a regañadientes». Además, considera que, si el recurso no llega a haber sido puesto por VOX, la decisión hubiera contado con la unanimidad del tribunal, y no solo con seis votos a favor y cinco en contra.

Sánchez debe dimitir... y Casado y Arrimadas, pedir disculpas
EDITORIAL. Libertad Digital 15 Julio 2021

A pesar del ominoso respaldo que recibió de la práctica totalidad de los medios de comunicación –con la excepción de Libertad Digital y poquísimos más– y de la totalidad de los partidos políticos –con la encomiable excepción de Vox, que no tardó en desmarcarse y cuyo decisivo recurso ha sido parcialmente estimado–, el Tribunal Constitucional (TC) acaba de declarar contrario a la Carta Magna el liberticida y empobrecedor confinamiento impuesto por el Gobierno social-comunista bajo un fraudulento estado de alarma.

Ni que decir tiene que semejante varapalo debería llevar al presidente del Gobierno a presentar su dimisión de inmediato... y a los líderes de PP y Ciudadanos a pedir disculpas por haberlo secundado en sucesivas prórrogas, aun cuando ya era evidente que la limitación de derechos que imponía era tan severa que se trataba en realidad de una suspensión de los mismos que sólo hubiera tenido amparo –tal y como señala ahora el Alto Tribunal– bajo el estado de excepción.

Así se denunció en su día en estas mismas páginas, donde denunciamos el "fraude de ley" y el "estado de excepción encubierto", tal y como también lo había hecho la ex fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal, en un espléndido artículo titulado "La sociedad cautiva". Sin embargo, únicamente Vox se desmarcó del desafuero, lo que le dejó solo en defensa del orden constitucional.

Evidentemente, el segundo estado de alarma, decretado por Sánchez en octubre –que afortunadamente ya fue rechazado por el PP, además de por Vox– fue igualmente inconstitucional, no ya sólo por el grado de conculcación de derechos fundamentales que conllevó, sino por su escandalosa duración de seis meses, en clara desatención del artículo 116.2 de la Constitución, que señala que sólo puede ser prorrogado mediante votación parlamentaria cada quince días.

Con todo, habrá quien lamente que el TC haya advertido tan clamorosa inconstitucionalidad por tan sólo seis votos contra cinco; o que haya hecho el favor al Gobierno de no señalar también la inconstitucionalidad de la limitación a la actividad económica, lo que hubiera abierto la puerta a cuantiosas reclamaciones económicas al Estado por parte de negocios y empresas.

Tiempo habrá de ver los argumentos empleados en la sentencia, cuyo contenido aún no se ha hecho público. Sea como fuere, hay que congratularse por el mensaje que lanza frente a los nuevos y aún más graves atropellos a las libertades y el orden constitucional que está urdiendo el Ejecutivo social-comunista, como es el caso de la Ley de Seguridad Nacional.

Y es que, a pesar de las formidables pulsiones totalitarias del Gobierno, no todo estará perdido si en España quedan tribunales de justicia dignos de tal nombre.

Sánchez anuló derechos fundamentales con un estado de alarma inconstitucional
El Constitucional derrumba el frágil andamiaje de los primeros meses de la pandemia y agrava el caos jurídico en plena quinta ola y con las comunidades intentando aumentar las restricciones.
María Jamardo. esdiario 15 Julio 2021

La sentencia con la que el Constitucional (TC) ha anulado, parcialmente, el decreto con el que el Gobierno de Pedro Sánchez declaró el primer estado de alarma para combatir la pandemia del coronavirus en España ha abierto un nuevo caos jurídico en nuestro país.

El Tribunal de Garantías ha sido claro en su decisión: para ordenar el confinamiento total de los ciudadanos debería haberse utilizado, como mínimo, el estado de excepción. Ya que la alarma sólo permite limitar -y no suspender por completo- los derechos derivados de la libertad de circulación, desplazamiento y reunión. Esto es, no cuestiona la necesidad o la adecuación de dichas medidas sino el atajo jurídico elegido para implantarlas.

El Gobierno replica indignado al TC que el confinamiento salvó 450.000 vidas

Sin embargo, mientras el TC ha sentado las bases previstas en la propia Constitución que articula diferentes niveles de control para los distintos niveles de intervención, reservando al estado de alarma la capacidad de restringir derechos fundamentales, son varias las comunidades autónomas que están apostando por decretar nuevos toques de queda y cierres perimetrales. Entre ellas la valenciana, Cataluña y Aragón. Eso sí, con el aval de sus Tribunales Superiores de Justicia correspondientes pero fuera del paraguas del estado de alarma y alegando el crecimiento exponencial de los contagios por COVID-19.

¿Es correcta la delegación de competencias del Gobierno a las comunidades?
Varios expertos en Derecho Constitucional y Contencioso-Administrativo consultados por ESdiario han advertido que, si bien la declaración del TC se refiere al primer estado de alarma, al dar el Tribunal validez exclusiva a esa fórmula como la única adecuada para impedir ciertos desplazamientos, en ciertas zonas y a ciertas horas, se estaría concediendo al Gobierno central la potestad exclusiva de hacerlo. Y dejando en papel mojado tanto la autorización del Ejecutivo a favor de las administraciones autonómicas para aplicar restricciones como las resoluciones judiciales solicitadas por éstas que las hayan ratificado.

La doctrina del TC, recogida en la sentencia de este miércoles, ha considerado que el derecho fundamental de movimiento, regulado en el artículo 19 de la Constitución, no se contempla fuera del marco del estado de alarma. De manera que los toques de queda y los confinamientos perimetrales quedarían fuera de la ecuación, aunque las comunidades autónomas se hayan reservado la opción de acudir a los Tribunales Superiores de Justicia.

El Tribunal Supremo ya se ha pronunciado sobre esta cuestión para permitir el aval de los órganos regionales "si hay proporcionalidad". Un equilibrio que parece difícil de argumentar, hoy por hoy, atendiendo a las cifras de hospitalizaciones, ingresos en UCI y fallecimientos.

Anulación de las sanciones impuestas
La sentencia del Constitucional que ha anulado el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, con el que se implementó el primer estado de alarma por seis votos a favor y cinco en contra sí tendrá consecuencias directas sobre las sanciones aplicadas durante la vigencia del mismo. Esto es, dejará sin efecto las multas impuestas, bien porque no llegarán a cobrarse o bien porque podrá exigirse su devolución.

"Las sentencias declaratorias de la inconstitucionalidad de leyes, disposiciones o actos con fuerza de Ley no permitirán revisar" las infracciones ya juzgadas. "Salvo en el caso de los procesos penales o contencioso-administrativos referentes a un procedimiento sancionador en que, como consecuencia de la nulidad de la norma aplicada, resulte una reducción de la pena o de la sanción o una exclusión, exención o limitación de la responsabilidad", recoge la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional.

Indemnizaciones económicas
Además, y aunque no de forma automática, se abrirá la posibilidad de presentar reclamaciones millonarias por los daños derivados de la inconstitucionalidad del decreto gubernamental, en base a la responsabilidad patrimonial del Estado. La propia LO 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio, recoge la posibilidad de exigir indemnizaciones económicas por los perjuicios sufridos tras la implantación de cada una de las medidas extraordinarias.

No en vano, las declaraciones del responsable al frente de la pandemia Fernando Simón asegurando que la hostelería llevaba asociada "situaciones de riesgo" de transmisión del coronavirus fueron uno de los motivos del sector para alzarse contra el Gobierno. A las manifestaciones convocadas por el colectivo se sumaron hace meses reclamaciones por la vía judicial, como solución en busca de compensaciones e indemnizaciones por el cierre masivo de negocios, que podrían verse impulsadas a raíz del pronunciamiento del Tribunal Constitucional.

La primera en tomar la inciativa fue una plataforma de hosteleros que presentó una demanda colectiva ante el Supremo por los daños y perjuicios causados al gremio por el cierre indiscriminado del Gobierno y, ya entonces, avanzaron que presentarían las demandas escalonadamente en grupos de 50, perfectamente sustentadas con informes periciales.

El TC desmonta a Sánchez
Editorial ABC 15 Julio 2021

Con una apretada mayoría de seis votos frente a cinco, un Tribunal Constitucional fracturado ha sentenciado que el confinamiento masivo impuesto por el Gobierno para luchar contra la pandemia con su primer decreto de alarma en marzo de 2020 fue inconstitucional. El fallo se produce meses después de que hayan decaído las sucesivas prórrogas de aquella primera alarma, y también desde que expirase la segunda, que Sánchez decretó durante seis meses más. Nadie puede olvidar que todos los gobiernos del planeta se vieron desbordados por una enfermedad contagiosa inédita y que era imprescindible aplicar medidas limitadoras de las libertades. Ocurre sin embargo, que Sánchez se empecinó en el instrumento legal equivocado y optó por la trampa de hacer pasar por medidas propias de un estado de alarma lo que realmente eran suspensiones típicas de un estado de excepción, para el que necesariamente debía contar con la oposición.

El TC es nítido tanto en su pronunciamiento jurídico sobre el alcance de la restricción de las libertades –y lo abusivo de lo acordado por Sánchez–, como en el varapalo político que supone para su Gobierno. Sobre todo, porque empiezan a acumularse en el TC sentencias, como la reciente que declaró ilegal el nombramiento de Rosa María Mateo en RTVE, que configuran la idea de que Sánchez incurre en conductas desmedidas de poder. En el caso de la alarma, pese a la legítima y compleja discusión doctrinal del Tribunal, el fallo es especialmente grave porque lo vulnerado es el derecho fundamental a la circulación de los españoles. La repercusión de esta resolución traerá también consecuencias en el orden penal, porque fueron muchos los ciudadanos sancionados con multas por burlar el confinamiento, o porque hubo detenciones, condenas por desobediencia y allanamientos de morada para impedir, por ejemplo, reuniones de amigos. Y ahora, ¿qué?

El Gobierno ha expresado su irritación por que el TC haya asumido parcialmente el recurso de Vox, que fue quien recurrió la ilegalidad del primer estado de alarma. Moncloa ha defendido que fue inevitable por la letalidad e incertidumbre de la pandemia, y porque considera injusto un fallo así a posteriori. Sin embargo, de eso se trata. De alumbrar doctrina y establecer los límites del poder omnímodo de cualquier gobierno sobre los derechos esenciales. Más aún, la reacción del Ejecutivo desprende cinismo: la izquierda clama ahora por la división radical del TC, como si eso fuese un motivo deslegitimador de su fallo, y en cambio, cuando el Tribunal se fractura y sentencia en favor de cualquier tesis del Gobierno, entonces la resolución siempre es un acierto, y quien queda aislada en una minoría sectaria es la derecha. Esto solo es oportunismo de salón por una sentencia que retrata un modo de gobernar, compatible desde luego con lo desvelado por ABC sobre la presión que ejerció la destituida Carmen Calvo sobre los magistrados para dictar una sentencia a la medida de Moncloa. Ese debe ser el concepto sanchista de patriotismo.

El Tribunal, con ponencia de Pedro González Trevijano, establece que entre el 14 de marzo y el 4 de mayo de 2020 no hubo una mera limitación de libertades, sino una auténtica suspensión del derecho de circulación. Y que, en su caso, para ello debió haberse acordado un estado de excepción, y no de alarma. La mayoría del Tribunal estima que fue un vaciamiento o una cesación de un derecho esencial, y no una simple restricción, de modo que no cuestiona en sí las medidas adoptadas, sino su adecuación jurídica a lo que realmente regula la ley de alarma en España. El argumento es compartible y en ningún caso es una venganza ideológico-judicial. Que no se equivoquen Sánchez ni el flamante nuevo ministro Félix Bolaños, considerado el cerebro jurídico de la alarma ahora delatada por el TC. Además, vuelve a romperse el mito de que los magistrados responden automáticamente a la ideología o a la imposición política de los partidos que los nombran. Andrés Ollero, propuesto por el PP, avaló la legalidad de la alarma impuesta por Sánchez y consideró innecesario el estado de excepción. Lo mismo ocurre con el presidente del TC, Juan José González Rivas, quien ha convertido en una incisiva rutina votar junto a magistrados progresistas. En sentido contrario, Encarnación Roca, designada en su día por el PSOE, ha votado ahora con la mayoría conservadora, lo que refleja que el TC no es una extensión de los partidos, sino un órgano con amplia disparidad de criterios respetables. Es Sánchez quien debe entenderlo también cuando pierde.

La tumba jurídica del sanchismo
Guadalupe Sánchez. Vozpopuli 15 Julio 2021

Había otras opciones y se escogió el estado de alarma para suspender no sólo nuestros derechos fundamentales, sino también la democracia y el Estado de Derecho español

Estuvimos más de tres meses confinados en nuestras casas. Seguimos obedientes las instrucciones gubernamentales que nos marcaban las horas del día y los motivos por los que se nos estaba permitido salir. El caso de nuestros hijos fue peor: ellos sufrieron un auténtico internamiento domiciliario.

Los medios se plegaron con rapidez al silencio impuesto desde Moncloa. Fueron colaboradores necesarios con el bombardeo inmisericorde de propaganda y buen rollismo en forma de arcoíris, recetas de cocina y aplausos desde los balcones al que nos sometieron. Muy pocos alzaron la voz ante el apagón informativo y la manipulación mediática, aunque yo tuve la enorme suerte de estar en uno de ellos. Quince días después de haberse declarado el estado de alarma, este diario publicó mi columna que cuestionaba su constitucionalidad, a la que siguieron otras tantas que apuntaban a la posible ilegalidad de sus prórrogas o de algunas de las medidas contempladas por los decretos que el gobierno dictó a su amparo. Eso me convirtió en el blanco de no pocos insultos y descalificaciones, amén de que se cuestionaran tanto mis capacidades profesionales como mis conocimientos jurídicos. Pero al periodismo se viene llorado de casa, así que tocaba aguantar.

Lo que señalé en aquel polémico artículo es que, si bien es cierto que la alarma fue diseñada legalmente para ser aplicada en situaciones de crisis sanitarias tales como una pandemia, también lo es que la ley que regula los estados de excepcionalidad constitucional – LO 4/1981, de 1 de junio- establece las medidas concretas que cabe adoptar al amparo de la misma y sus límites. Una de ellas es “limitar la circulación o permanencia de personas o vehículos en horas y lugares determinados, o condicionarlas al cumplimiento de ciertos requisitos”. Algunos pensábamos que el encierro domiciliario excedía de las costuras del concepto jurídico “limitación” y suponía, de facto, una auténtica suspensión del derecho fundamental a la libertad deambulatoria consagrada en el artículo 19 de la Constitución, pues es algo que sólo encaja legalmente en el estado de excepción.

La diferencia entre ambos estados no es baladí y el Gobierno lo sabía. La elección de la alarma no fue casual sino enormemente meditada. Y es que ésta confiere al Ejecutivo unos poderes extraordinarios que le permiten gobernar sustrayéndose del control del Congreso y de los tribunales ordinarios, mientras que el estado de excepción somete la actuación del Gobierno a un control mucho más intenso. La alarma faculta a Sánchez a decretar las medidas que considerase oportunas por un plazo de quince días mediante decreto firmado por el Consejo de Ministros y cuya prórroga requiere la mera autorización del Congreso. Por el contrario, el estado de excepción exige que esas mismas medidas iniciales se adopten con la autorización previa del Congreso de los Diputados, que también debe intervenir si aquellas se pretenden modificar. Además, la mayoría contemplan la intervención a posteriori del Poder Judicial como garante de la necesidad, proporcionalidad y legalidad de las mismas.

Suspensión de derechos fundamentales
Ahora el Tribunal Constitucional acaba de declarar que aquel primer estado de alarma fue inconstitucional, estimando el recurso planteado por Vox. Las razones esgrimidas por el TC en la nota de prensa son las que les he expuesto en los párrafos anteriores: la intensidad de la limitación que implicó el confinamiento fue tal que determinó, en la práctica, la suspensión de varios de nuestros derechos fundamentales.

Esta sentencia debería convertirse en la tumba jurídica del sanchismo, porque pone de relieve que había otras opciones y que Pedro escogió el estado de alarma para suspender no sólo nuestros derechos fundamentales, sino también la democracia y el Estado de Derecho Español. Que aprovechó la pandemia para maniobrar sin escrúpulos en las instituciones, iniciando un proceso de colonización como nunca antes hemos visto. Que en nuestro peor momento como país, a él y a lo suyos sólo les preocupaba saciar su tremenda sed de poder. Todo su Gobierno debió dimitir en bloque hace mucho, pero Sánchez dimitió hace unos días a la facción socialista -porque la podemita la garantiza la paz social- para vendernos con descaro que la legislatura empieza ahora, así que ¡pelillos a la mar!. Un intento burdo para hacernos creer que los protagonistas políticos de tantos abusos y aberraciones ya no están. Pero el Presidente era el principal responsable entonces y lo sigue siendo ahora. Dimita y convoque elecciones.

Intolerable desafío del Gobierno al Tribunal Constitucional
OKDIARIO 15 Julio 2021

Más grave aún que la decisión del Tribunal Constitucional de declarar contrario a la Carta Magna el primer estado de alarma decretado por el Gobierno -debió utilizar la figura del estado de estado de excepción, que requiere un permiso previo del Congreso, pues el instrumento elegido suspendía, y no sólo limitaba los derechos de libre circulación, de fijación de domicilio y de reunión entre particulares-, lo inquietante es la reacción del Ejecutivo a la sentencia del máximo intérprete de la Constitución.

Que el Gobierno haya puesto en duda los argumentos jurídicos de los magistrados del TC que avalaron la inconstitucionalidad del estado de alarma supone un salto cualitativo de enorme gravedad, porque cabe la discrepancia, pero nunca en el tono desafiante de un Ejecutivo que con su airada respuesta coloca al más alto tribunal en una inédita situación de presión. Y que esa presión la ejerza el poder ejecutivo es intolerable en una democracia donde el Gobierno no puede, en ningún caso, estigmatizar al poder judicial. Eso sin contar las amenazantes declaraciones de dirigentes podemitas como Pablo Echenique, que calificó al Constitucional de «Voxtitucional». Lo que está ocurriendo en España es gravísimo, porque el Gobierno socialcomunista ha emprendido una estrategia de acoso y derribo contra las instituciones del Estado que no tiene precedentes. El mismo Gobierno que no esconde, más bien todo lo contrario, sus reproches al Tribunal Constitucional ha ninguneado al Tribunal Supremo en el asunto del indulto a los golpistas catalanes. Al primero, lo cuestiona; al segundo, lo ignora, que es lo mismo que viene haciendo con el Consejo de Estado.

En suma, Pedro Sánchez parece decidido a desafiar a los poderes del Estado. Su pretensión es someterlos. Y como muestra, la respuesta a la sentencia que declara inconstitucional el estado de alarma. Bien mirado, lo que provoca alarma es que el Gobierno de España no haya tenido reparos en señalar con el dedo a los magistrados encargados de velar por la constitucionalidad de las leyes.

La Biblia nacional de los españoles
Amando de Miguel. https://gaceta.es/  15 Julio 2021

Me refiero, claro está, al Quijote, la obra literaria más influyente, escrita en el idioma común de los españoles. En la cultura occidental, no llegan a esa categoría de obras imperecederas, traducidas a todos los idiomas cultos, más que una docena. El libro de Cervantes ha recibido más atención y estima fuera de España que dentro de ella.

La peculiaridad de esta novela o historia es que refleja, divinamente, la mentalidad de los españoles de hace más de 400 años. Se puede proyectar, igualmente, a los de ahora mismo. Al menos, se puede decir que ha sido el libro más leído por los españoles, medianamente, cultos, de los últimos siglos. Es más, da una cierta vergüenza decir que uno no lo ha leído, que solo lo ha visto en películas.

Lo más interesante de esta Biblia nacional es que nos puede servir como guía para ir resolviendo algunos de los contratiempos colectivos de los españoles actuales.

Es claro que el propósito inicial de esta obra cervantina fue una diatriba contra los “libros de caballerías”. Se trataba de un género muy popular en la Europa moderna, precisamente, hasta que el Quijote acabó con él. El equivalente actual de los libros de caballerías serían el adocenamiento de la televisión, la vulgaridad de los asuntos tramitados en las redes sociales. Hoy, sería necesario un gran “escrutinio” nacional para echar a la hoguera una gran parte de los productos audiovisuales del momento. Sin llegar a tanto, el Quijote podría ser, hoy, un buen texto para entender las arbitrariedades de la naturaleza humana y los enormes disparates de la sociedad española. Concretamente, el Quijote es un constante juego, cómico o dramático, de “no es lo que parece”. Capítulo tras capítulo, se nos presenta una entretenida parodia de un continuo cambio de apariencias y disfraces. Resulta ser, algo así, como las sombras del mito de la caverna, de Platón. Visto por el lado menos poético, las historias del Quijote representan la apología del engaño y el resentimiento como formas de vida. Son, precisamente, los vicios que distinguen, hoy, el modo de ser de la vida pública española. En la cual domina una inacabable sucesión de supercheros, instalados en las gradas del poder de este peculiar régimen del tirano Sánchez.

De un modo más específico, la crítica de la sociedad española de los tiempos del Quijote es la de las recurrentes hambrunas y epidemias, agravadas por una desproporcionada presión fiscal. Entonces, los impuestos tan onerosos se justificaban por las necesidades de las guerras para mantener el imperio en Europa y ampliarlo en América (las Indias). El equivalente hodierno serían unos mismos desmesurados impuestos, con la justificación de atender a los compromisos del Estado de bienestar. La consecuencia no deseada de tal combinación de hechos fue, en la época imperial, un enorme declive demográfico (la desproporción entre el número de nacidos y de fallecidos). Todavía, hoy, España es el territorio europeo con menor densidad de población, después de las zonas de la tundra septentrional. Por si fuera poco, la pandemia del virus chino y la hecatombe económica está acentuando, otra vez, la decadencia demográfica.

Se pueden señalar otros dos rasgos comunes de la sociedad española en ambas épocas, la que revela el Quijote y la nuestra. Uno es el general incumplimiento de las leyes, una extraña acracia. Otro, la desmesurada afición de los españoles a desarrollar la vida fuera de casa. Ambos rasgos del vivir colectivo se han acentuado mucho con el sonrojante fracaso del control de la pandemia del virus chino.

PAÍS VASCO
Parlamentarios europeos investigarán en España los 379 asesinatos de ETA que permanecen sin esclarecer
JOSEAN IZARRA. Vitoria. El Mundo 15 Julio 2021

La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo concreta que el viaje se realizará en noviembre y comienza a preparar la agenda de encuentros

Un grupo de europarlamentarios se trasladará a España el próximo mes de noviembre con el objetivo de investigar los 379 crímenes de la organización terrorista ETA que aún continúan sin autor reconocido. La cifra de los 379 crímenes sin resolver parte de un estudio realizado por Dignidad y Justicia que dio pie a la iniciativa impulsada en el Parlamento Europeo para llevar a cabo esta misión parlamentaria.

La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo ha decidido hoy que los europarlamentarios se desplazarán el próximo mes de noviembre a España para llevar a cabo una investigación que ya había sido aprobada en enero de 2020 pero que fue pospuesta tras la declaración de la pandemia mundial por el Covid-19. «Es muy importante conocer la verdad sobre los crímenes de ETA que están por resolver, y confiamos en que esta misión ayude a ello», ha señalado Dolors Montserrat tras la confirmación de que la investigación se llevará a cabo justo cuando se cumplen diez años del anuncio de la banda ETA de que dejaban de cometer atentados terroristas. ETA causó la muerte de casi 900 víctimas, de miles de heridos y extorsionó y amenazó a millares de ciudadanos desde su creación a finales de la década de los años 60 del siglo pasado.

La Comisión de Peticiones aprobó esta investigación tras una petición de la asociación Dignidad y Justicia que contó con los votos del PP, Ciudadanos y de Vox mientras que el PSOE, Podemos y los europarlamentarios de formación nacionalistas la rechazaron. En 2017, el Parlamento Europeo ya recibió una petición de Dignidad y Justicia para implicarse en la investigación de estos crímenes sin resolver. El argumento utilizado por la asociación dirigida por Luis Portero se basa en "el incumplimiento por parte de España de su deber de llevar a cabo una investigación oficial, efectiva e independiente", dado que hasta el momento no ha podido "enjuiciar a los responsables ni indemnizar a las familias de las víctimas" de los 379 asesinatos.

Querella contra Andrés Ollero
Abogados Cristianos: querella contra el TC por retraso malicioso en recurso de ley del aborto

Redacción. https://rebelionenlagranja.com/

La Asociación Española de Abogados Cristianos ha presentado una querella contra el magistrado del Tribunal Constitucional (TC) Andrés Ollero, ponente de la sentencia que debe resolver el recurso realizado hace más de diez años contra la ley del aborto, por supuesto delito de retardo malicioso.

La querella ha sido presentada este miércoles en el Tribunal Supremo y en declaraciones a los periodistas en las puertas de este órgano judicial la presidenta de la asociación, Polonia Castellanos, ha recordado que hace más de diez años «el TC dijo que iba a dar especial urgencia a la resolución de este recurso».

«Esta especial urgencia que no se ha dado ha supuesto la muerte de miles de niños y de muchísimas mujeres«, ha asegurado Castellanos.

Además ha lamentado que la ministra de Igualdad, Irene Montero, «pretenda avanzar todavía más con esta ley, que es inconstitucional e ilegal, y que es un negocio que no pretende ayudar a las mujeres sino seguir engordando de dinero a los empresarios del aborto«.

Ha comentado que «ahora pretenden acabar con la objeción de conciencia y con el plazo de espera y que las niñas menores de 16 años y de 16 años puedan abortar sin consentimiento paterno«.

Para la presidenta de Abogados Cristianos la ley «es inconstitucional pues infringe bastantes artículos de la Constitución, empezando por el fundamental que es el derecho a la vida».

«Y no pretende en ningún momento ayudar a las mujeres, que no nos engañen, no hay ayudas a las mujeres, hay cuarenta millones de euros al año a los centros de abortos», ha denunciado.

Ha explicado que el PP pidió en su recurso que cautelarmente se paralizase esta ley hasta que se resolviera el mismo y el TC dijo en una resolución que no admitía esa medida porque se iba a dar especial urgencia en resolverlo pero tras más de diez años «no han hecho absolutamente nada, lo que es un delito de retardo malicioso de libro».

«Pensamos que en este caso el magistrado ponente es responsable de este retardo malicioso aparte de ser responsable su conciencia de los miles de bebés muertos y de mujeres que han acabado con su vida o con secuelas», ha manifestado Polonia Castellanos.

Se da la circunstancia de que Andrés Ollero fue diputado del PP y antes de llegar al TC se había manifestado defensor del derecho a la vida y crítico con la legislación española sobre el aborto.

******************* Sección "bilingüe" ***********************

VOX tenía razón (otra vez)
EDITORIAL. https://gaceta.es/ 15 Julio 2021

No cabe la menor duda de que, como ha anunciado y fijará la sentencia del Tribunal Constitucional, las medidas impuestas por el Gobierno de Pedro Sánchez, tarde y mal, para frenar la pandemia que él mismo había ayudado a propagar con determinación feminista, fueron adecuadas al momento excepcional en el que vivió la nación y nuestra sanidad desde el 12 de marzo del año pasado. Pero, ahí está clave, a un momento excepcional —no importa su duración—, corresponde un Estado de Excepción, no de Alarma. Confinar a la población en sus casas, suspender los derechos constitucionales y las libertades de cerca de 45 millones de personas, requiere, qué si no, que el Congreso, la soberanía nacional, avale y someta a permanente y riguroso escrutinio la decisión.

Lo contrario, rebajar el control a un mero trámite quincenal (y luego ni eso), como exige el Estado de Alarma, tiene un nombre. Ese nombre que los demócratas y sólo los demócratas reservamos para Cuba y otros países satélites. Ese nombre que niega Podemos. Ese nombre que no quiere decir el PSOE ni sus socios etarras y separatistas.

Dictadura, el nombre exacto de la cosa.

Hoy, más de año y medio después del comienzo de la pandemia de la que «sólo habrá uno o dos casos» (Fernando Simón dixit) y sobre los restos incinerados de más de 130.000 compatriotas que murieron en la soledad de una UCI o abandonados —que no hay peor forma de soledad— por el Estado en las residencias, el Tribunal Constitucional ha fallado (también tarde, pero no mal), que el Gobierno violó las reglas del Estado de Alarma y sometió a los derechos y a las libertades de los españoles a un Estado de Excepción.

En una democracia seria, en una monarquía parlamentaria en el que la opinión publicada no estuviera sometida a la insoportable presión de la subvención, el abuso ya sentenciado al que ha sometido el Gobierno del presidente Sánchez a la Constitución española llevaría anexo su dimisión irrevocable como reo del delito de haber incumplido su promesa de guardar (de sí mismo) y hacer guardar (a sí mismo) la Carta Magna. No ocurrirá. Lo sabemos. Pero que no ocurra no significa que no deba pedirse. Sánchez, dimisión.

Que nadie se llame a engaño ni esquive su responsabilidad. Esta sentencia, aunque tardía, jamás hubiera sido posible sin la presencia de los 52 diputados de VOX en el Congreso, como jamás hubiera sido posible la investigación de las actividades criminales de los secesionistas catalanes sin el incansable trabajo del equipo jurídico del partido de Santiago Abascal mientras el resto de partidos, sobre todo el que fue partido de Gobierno, miraba al tendido, indolente.

Gracias a VOX, en esta España desquiciada, pandémica, desestructurada e izquierdizada, de vez en cuando todavía suceden prodigios que nos hacen recuperar la confianza en la primacía del Estado de Derecho, en la separación de poderes y en el futuro de España como nación. Todavía, por suerte, queda un pelotón de hombres buenos que usarán todos los resortes legítimos —la acción judicial y el recurso de inconstitucionalidad entre ellos—, para salvar a España de los políticos del consenso socialdemócrata que, con desprecio de los españoles que dejaron atrás, mantienen intacta su vocación de tiranos.

La colaboración de la prensa 'progresista' con Cuba
Pedro Fernández Barbadillo. Libertad Digital 15 Julio 2021

Siempre la doble vara de medir de la izquierda, suave con los suyos y dura con los adversarios. Con este desprecio a la verdad hablan los mismos que llaman neofranquista y homófobo a Vox; y fascista a Isabel Díaz Ayuso.

En la prensa ‘abertzale’ no se puede pronunciar ni escribir la palabra España; en su lugar se emplea Estado. El mismo retorcimiento gramatical emplea la prensa de izquierdas española para no colocar junto a Cuba las palabras dictadura, tiranía o comunista. Por eso, escriben sobre "el Gobierno cubano", "el presidente Díaz-Canel" o "el régimen de La Habana", y hasta del "reformismo de Raúl Castro". Algunos, como el secretario de Estado para la Agenda 2030 Enrique Santiago, añaden que la culpa de las protestas se debe al "más duro bloqueo de la historia", cuando los petroleros venezolanos, los mercantes chinos y los buques de guerra rusos atracan libremente en la isla. Con este desprecio a la verdad hablan los mismos que llaman neofranquista y homófobo a Vox; y fascista a Isabel Díaz Ayuso.

Siempre la doble vara de medir de la izquierda, suave con los suyos y dura con los adversarios. Augusto Pinochet, que dejó pacíficamente el poder y un país más rico que cuando él dio el golpe de Estado, era un dictador execrable; en cambio, Fidel Castro recibió en su muerte los calificativos de líder, comandante y revolucionario, incluso por medios de comunicación aparentemente de derechas. Zapatero, según uno de sus íntimos, es admirable porque tiene "una postura valiente" como defensor de la legitimidad de la narcodictadura venezolana. Valiente no sé; pero rentable…

Estos mismos políticos y periodistas piden la prohibición de la Fundación Nacional Francisco Franco por "respeto" a las víctimas del franquismo y por "decencia".

Semejante sectarismo, o ceguera, no es únicamente español; y tampoco es de los últimos años. Si Fidel Castro contó con un aura de ‘luchador por la libertad’ imprescindible para sus primeros años de gobierno fue porque se la forjó la prensa progresista de Estados Unidos.
Herbert Matthews, en Sierra Maestra

En los años 50, Cuba estaba gobernada por Fulgencio Batista, que había sido presidente constitucional entre 1940 y 1944 con la colaboración de los comunistas del Partido Socialista Popular, pero que en 1952 volvió al gobierno mediante un golpe de Estado y en él se mantuvo mediante la represión, la corrupción y las elecciones amañadas. A finales de 1956, el Movimiento del 26 de Julio, fundado por los hermanos Castro y en el que militaron, entre otros, Camilo Cienfuegos, Che Guevara y Huber Matos, pasó a la guerrilla.

¿Quién no homenajea a Miguel Ángel?
Miquel Giménez. Vozpopuli 15 Julio 2021

La respuesta es terrible. Y cierta.

Este lunes se homenajeó en Barcelona a Miguel Ángel Blanco, vilmente asesinado por la banda criminal ETA. Recuerdo aquel día horrible de 1997, en el que la certeza del mal intentaba ser vencida por la fe. Pero el terrorista es bestial y de nada sirvió la apelación a su conciencia. Y eso duele a los que ahora pretenden vendernos que ETA era un movimiento político, sus ex dirigentes personas de paz y que existe una España fascista contra la que es lógico alzarse, vulnerar sus leyes y, llegado el caso, asesinar.

Miguel Ángel fue arrebatado de una vida que apenas empezaba por un tiro en la nuca, descerrajado por la mano homicida de quien no siente empatía con sus semejantes. Gente que solo conoce de odios. A ese acto no acudieron Junts, Esquerra, las CUP ni los Comuns. ¿Por qué? ¿Tanto les ofende rendir un modesto tributo a quien cayó víctima de una bala por ser del PP? ¿Tan duro tienen el corazón que son incapaces de ponerse en la piel de su familia, sus amigos, sus compañeros? ¿Tan mala gente son que ni siquiera ante el asesinato pueden apearse de sus ideologías? Colau, Borrás, Aragonés, ¿no les da vergüenza?

La respuesta a esas preguntas que una persona de bien, piense como piense, se formula es que sí, son capaces de permanecer impasibles cuando matan a alguien que no sea de los suyos. Estos son los que se horrorizan cuando hablan de los muertos en las cunetas, muertos del franquismo, claro, pero callan como puertas cuando hablas de los paseos, de las checas, de Paracuellos, de los campos de concentración rojos, de Andreu Nin, de Muñoz Seca, de los más de doscientos comités de milicias que en Cataluña reprimieron a placer robando, deteniendo, torturando, asesinando a miles de personas que tan solo habían cometido el delito de pensar distinto o poseer algo que el miliciano de turno codiciaba.

Tomen nota: 2.441 religiosos, entre sacerdotes y monjas. Solo en mi tierra. Qué triste es ver como sectores de la iglesia apoyan ahora el procés. A mi abuelo materno intentaron darle el paseo, siendo anarquista, por decir que le habían quitado su modesto puesto de verduras en el Borne y que no entendía cómo los compañeros mandamases se paseaban con vehículos robados a los burgueses, instalados en sus mansiones junto con sus fulanas. “A ti ya te contestaremos a solas” le dijeron. Solo la intervención a tiro limpio de mi tío Eduardo, que se enfrentó esa misma noche con el rondín de la muerte, impidió la muerte de mi abuelo, que nunca más volvió a levantar cabeza.
Historia de una traición

Claro que los herederos de aquellos chequistas de Esquerra, del partido comunista, del socialista, de los anarquistas, no quieren participar en nada que tenga que ver con las víctimas como Miguel Ángel. Claro que arrugan la nariz ante lo que, se lo he oído decir a muchos, no dejó de ser la muerte de un facha. Claro que en la sede del PSC se brindaba con champán cuando caía acribillado un guardia civil. Lo cuento en mi libro “El PSC: Historia de una traición” y mi hermano Juan Carlos Girauta, testigo de aquella infamia, me guardará de mentir.

Claro que ni separatistas ni comunistas acudirán jamás a un acto de piedad, de recuerdo, de dolor y de homenaje a las víctimas porque a ellos solo les gusta ser verdugos y, como tales, carecen de compasión. Claro que a muchos no les sale decir que Cuba es una dictadura criminal, claro que argumentan que quienes defendemos la libertad en mi tierra somos fascistas, claro que si pudieran, Dios no lo quiera, volverían a las andadas.

Las listas negras las tienen, la muerte civil a la que han condenado a muchos es constatable. Solo queda pasar a la última fase. Saben que, careciendo de razón, lo único que les queda es la fuerza. Balzac lo argumentó cuando dijo que cualquier crimen es, antes que nada, la falta de razonamiento. Es lógico, pues, que quien no tiene razones no acuda a un acto cargado de ellas. Ahora ya saben quienes y por qué no homenajean a las víctimas, optando por el bando de los asesinos.
Recortes de Prensa   Página Inicial