AGLI Recortes de Prensa   Lunes 19  Julio  2021

España hacia la dictadura fiscal
Miguel Ángel Belloso. okdiario 19 Julio 2021

La gente naturalmente inocente y bien pensada cree que el salario que percibe, si tiene la suerte de trabajar, va directamente a su bolsillo y que esto le permite vivir mal que bien. Pero no es del todo cierto. Está ligeramente equivocada. Siguiendo una tradición anglosajona inveterada, la Fundación Civismo, que preside mi amigo Julio Pomés, y que hace una labor encomiable en defensa de la libertad y de la sociedad civil, publica hace años un estudio en el que se concreta el llamado Día de la Liberación Fiscal.

Este es el día crítico a partir del cual todos nuestros ingresos nos pertenecen por completo, desde el que somos soberanos y podemos hacer con ellos lo que nos venga en gana: consumir, invertir o ahorrar. Hasta entonces no. Hasta entonces, todo ha sido un espejismo. Nuestras rentas salariales o del capital o patrimoniales han ido a satisfacer las onerosas obligaciones de la Hacienda Pública, que es insaciable.

Este año que nos ocupa el estudio de la Fundación Civismo trae una mala noticia. La liberación fiscal se ha producido el pasado 13 de julio, 193 días después de empezado 2021. Hasta ese día, la recompensa por nuestro desempeño laboral e inversor se ha dedicado a satisfacer los impuestos establecidos por el Estado, las comunidades autónomas y los ayuntamientos. Durante el actual ejercicio, la presión tributaria sobre las familias se ha incrementado en 3,8 puntos porcentuales a pesar de que sus rentas han disminuido un 7,3% como consecuencia de la crisis pandémica. Y la expectativa de cara al futuro es que todo empeore en 2022, donde el número de días necesarios de renta familiar para pagar impuestos puede oscilar entre 196 y 201.

La explicación es simple. El Gobierno de Sánchez está conjurado para apretar aún más la tuerca. Aunque para las rentas altas ya se han incrementado los tipos este año, la intención es hacer una revisión al alza más profunda de la progresividad para los que ganen más 130.000 euros y tengan unas rentas de capital de más de 140.000. También está sobre la mesa la eliminación de la bonificación por la tributación conjunta de los matrimonios en el Impuesto de la Renta -que castigará a los menos favorecidos-, Podemos presiona para establecer un tipo mínimo del 15% a las grandes compañías y de un 18% para la banca, y el horizonte está amenazado por un aumento de la fiscalidad sobre los combustibles a fin de combatir el cambio climático supuestamente causado por el comportamiento criminal del género humano.

El argumento que se baraja para cometer esta serie encadenada de tropelías es que nuestra presión fiscal es todavía inferior a la de Europa, pero el sentido común aconsejaría seguir manteniendo la distancia -por otra parte, tan discutible estadísticamente- hasta que nuestra economía, nivel de riqueza, renta per cápita y productividad sean similares. Entonces sería el momento de gravar adicionalmente el excedente, y lo menos posible.

No hay sin embargo esperanza de que este escenario se vaya a hacer presente. Todo indica que los fondos procedentes de Bruselas, que van a llegar mucho más escalonadamente de lo previsto, se van a emplear en una nueva reedición del infausto plan E de Zapatero: una apuesta fantasiosa por el coche eléctrico, la construcción correspondiente de electrolineras, la implantación generalizada de carriles bici en las ciudades, el saneamiento de los edificios de viviendas con vistas al ahorro energético y demás iniciativas sin duda saludables, que satisfarán las ambiciones de las empresas implicadas, pero que jamás serán capaces de aumentar el crecimiento potencial del PIB.

De las reformas que podrían lograr tal empeño, como la de las pensiones, o la del mercado laboral, o la del fomento de la unidad de mercado, o la de una educación enfocada hacia la excelencia y ausente de sectarismo no hay nada a la vista. La evidencia empírica demuestra que los países que más prosperan son los que tienen menos impuestos, y que un aumento de la presión fiscal es un freno para la inversión, el empleo y finalmente el crecimiento. Esta combinación fatal en la que se mueve la economía española desde hace décadas es la que hace que necesitemos ritmos de crecimiento del PIB superiores al 3% para generar nuevos puestos de trabajo, mientras el resto de nuestros socios más ricos, más sólidos, más estables y productivos lo hacen con tasas de aumento de la actividad menores.

El ejemplo más claro de los beneficios de la contención fiscal es la Comunidad de Madrid, que proporcionando un ahorro de 50.000 millones a los contribuyentes desde 2003 ha logrado crecer más que el resto de las autonomías, ha promovido la creación de empresas más que nadie y ha atraído inversiones en mayor número que el resto. Es la mejor prueba de que la famosa curva de Laffer es cierta: bajando impuestos se dinamiza la economía, se aumenta la recaudación de modo suficiente como para incrementar el nivel de prestaciones públicas e incluso se es capaz de contribuir al bienestar común del resto de las autonomías en una cuantía mayor.

¿Por qué, contra toda la experiencia acreditada, la izquierda sigue empeñada en subir la presión fiscal en igual proporción a su radicalidad? Desde luego porque detesta a los llamados ricos, cuyo nivel de bienestar siempre considera sospechoso y no el resultado de su pericia, solvencia profesional y tino. Pero aún por encima de este sentimiento banal, producto del resentimiento y de una inclinación letal hacia el igualitarismo, la izquierda defiende siempre más impuestos porque venera el Estado.

Según la izquierda, el Estado es ese gran cerebro capaz de encontrar el destino más eficiente para los ingresos que extrae mediante la coacción. Es el ogro filantrópico persuadido de las inversiones necesarias, del modelo de país más conveniente y del rumbo más propicio para la nación. Digamos que como en Cuba, por poner el ejemplo más lacerante de actualidad. Los liberales en cambio pensamos que esta clase de sabiduría, que es la base de la eficiencia, se encuentra en el mercado, donde los individuos buscando su propio interés, y de manera espontánea, proporcionan una información de calidad superior para procurar más satisfactoriamente el bien común.

Los únicos que saben a ciencia cierta cómo rentabilizar su grado de utilidad general son los empresarios, el consumidor, los individuos. Es falso que el Gobierno, o que los lobbies de turno que se le acercan en estos momentos en busca de canonjías, sepan más lo que conviene al país que el consejo de administración de una empresa o que el simple dueño de un bar. Lo contrario es comunismo puro, y por eso desde el presidente Sánchez a Nadia Calviño se niegan a declarar que Cuba es una dictadura. Porque en lugar de aprovechar la ocasión que nos ha abierto la crisis para liberalizar la economía española y dejar que las fuerzas del mercado actúen en favor del provecho común han decidido elevar la presión fiscal hasta extremos lacerantes y edificar una economía con pilares a medio plazo insostenibles.

Los doce reveses sufridos por el Gobierno de Pedro Sánchez en los tribunales

Agencias Libertad Digital 19 Julio 2021

El fallo del TC contra el estado de alarma se suma a otra docena de varapalos sufridos por el Gobierno en los tribunales.

El Tribunal Constitucional (TC) ha dado en estas semanas los últimos golpes judiciales al Gobierno, al declarar inconstitucionales las restricciones a la circulación impuestas durante el primer Estado de alarma por la pandemia de coronavirus y el nombramiento de Rosa María Mateo como presidenta del Consejo de Adminstración de RTVE.

Dos varapalos judiciales que engrosan una lista que suma ya más de una docena de reveses al Ejecutivo desde los tribunales en la primera mitad del año:

El Pleno del TC, aunque dividido con una mayoría de seis magistrados contra cinco, ha declarado inconstitucionales algunos puntos del decreto-ley por el que se declaró el primer estado de alarma, entre ellos las restricciones a la circulación de personas y vehículos en vías públicas. A su juicio, los derechos se limitaron con una "altísima intensidad" que debería haberse encuadrado un estado de excepción, el cual ven justificado por la grave afectación que hubo del "orden público".
Con el arranque del mes de julio, la corte de garantías anuló otra decisión gubernamental, si bien ya con escasos efectos prácticos. Tumbó el decreto-ley que nombraba a Rosa María Mateo administradora única de RTVE estimando con ello un recurso del PP, el cual argumentó que este asunto no revestía el carácter urgente que exige tal instrumento jurídico y que, además, se lesionó la autonomía de las Cortes Generales.

En junio, la Audiencia Nacional suspendió las restricciones al ocio nocturno, la hostelería y eventos extraordinarios aprobadas por el Ministerio de Sanidad, accediendo así a las medidas cautelarísimas planteadas por la Comunidad de Madrid.

La resolución se añadió a la respuesta dada a recursos de Canarias y Baleares, donde el Tribunal Supremo manifestó que hubiera sido "deseable" una ley 'ad hoc' para combatir el coronavirus a fin de "ofrecer la máxima seguridad jurídica", al tiempo que asentó la doctrina de que, a mayor severidad de las restricciones, mayor ha de ser la justificación para imponerlas.

Asimismo, en un informe de mayo, el Gabinete Técnico del alto tribunal se mostró crítico con el recurso de casación habilitado por el Gobierno para que, tras el final del estado de alarma el 9 de mayo, este órgano tuviera la última palabra sobre las medidas anticovid adoptadas por las comunidades autónomas. El informe apuntó que "el problema de la constitucionalidad de la posición institucional en que se viene a situar a los tribunales de justicia, como una suerte de copartícipes ejecutivos en el proceso de adopción de medidas administrativas", subrayando que este decreto-ley "se presenta, de forma implícita pero evidente, como una reacción legislativa contra la interpretación jurisprudencial del marco legal anterior".

Por otro lado, el TC anuló la disposición con la que Moncloa "blindó" la presencia del entonces vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, en la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos de Inteligencia, dentro del decreto-ley que impulsó el 17 de marzo para paliar los efectos económicos de la pandemia. Los magistrados adujeron que en este caso tampoco concurría el presupuesto inexcusable —la extraordinaria urgencia y necesidad— que habilita al Ejecutivo para usar el decreto-ley, obviando el procedimiento legislativo ordinario o de urgencia.

Los jueces también dieron la voz de alarma de cara a la decisión del Gabinete de Pedro Sánchez de indultar al exvicepresidente catalán Oriol Junqueras y los otros condenados por el proceso independentista en Cataluña, un perdón que finalmente llegó el pasado 22 de junio. La Sala que los juzgó informó en contra de la concesión de cualquier tipo de indulto a estos penados, señalando que no hay desproporción en las penas impuestas y no se ha dado arrepentimiento. El TS afirmó que las razones invocadas pierden cualquier justificación "cuando se presentan como presos políticos quienes han sido autores de una movilización encaminada a subvertir unilateralmente el orden constitucional y a voltear el funcionamiento ordinario de las instituciones".

Una de las fuentes de tensión entre el Ejecutivo y el Poder Judicial se ha residenciado en el CGPJ, que en mayo aprobó su informe al Anteproyecto de ley de Memoria Democrática, un texto que se muestra muy crítico con algunos aspectos de la llamada 'Ley Calvo' al estimar que vulnera la libertad de expresión. El punto más duro es el que se refiere a las causas de extinción de fundaciones, dado que los vocales sostienen que "la apología del franquismo, sin el requisito adicional del menosprecio o humillación a las víctimas, constituye la expresión de ideas que, aunque contrarias a los valores proclamados por la Constitución, están amparadas por la libertad de expresión".

Ya en febrero, el Pleno del CGPJ vapuleó otra ley emanada del Gobierno, la ley de Libertad Sexual o del 'solo sí es sí', al aprobar por unanimidad un texto que cuestiona algunos de los aspectos más destacados de la norma, como la definición de consentimiento o la absorción del delito de abusos sexuales en el de agresión sexual.

Las críticas a las leyes del Gobierno han llegado también desde el Ministerio Público. El borrador del informe sobre la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), elaborado por la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado, hace una "valoración general desfavorable" del proyecto estrella del Ministerio de Justicia, que pretende dar un vuelco al modelo de investigación penal atribuyendo la instrucción a los fiscales.

Uno de los asuntos relacionados con la Justicia que más quebraderos ha dado al Ejecutivo en los últimos meses ha sido la reforma del CGPJ, que se intentó a través de dos iniciativas parlamentarias de PSOE y Unidas Podemos, aunque solo cristalizó la que limita las competencias del órgano cuando está en funciones, ya que los socios de coalición tuvieron que retirar la que apuntaba a un cambio de las mayorías por las que se elige a los vocales ante la presión de Europa.

La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) y el Foro Judicial Independiente (FJI), que representan a más de 2.500 jueces españoles, remitieron un escrito a la vicepresidenta de la UE para Valores y Transparencia, Vêra Jourová, y al comisario de Justicia, Didier Reynders, denunciando lo que consideran un "riesgo de violación grave" del Estado de Derecho en nuestro país por la reforma del CGPJ. En esta misiva, los firmantes solicitaron a la Comisión Europea la adopción de medidas, mencionando expresamente el inicio de procedimiento del artículo 7 del Tratado de la Unión Europea (TUE), que recoge la posibilidad de sancionar a un Estado miembro por violar valores básicos de la UE, como los Derechos Humanos o el imperio de la ley, y supone perder el derecho a voto en el Consejo.

El Gobierno contra el Estado
Ignacio Ruiz-Jarabo. Vozpopuli 19 Julio 2021

Como se está comprobando, toda institución que se resiste a las pretensiones del Ejecutivo se convierte en un objetivo a derribar

Definitivamente, Pedro Sánchez ha declarado la guerra al Estado español. En un inicio, ya resultó lacerante su pasividad ante los ataques con los que su socio en el Consejo de Ministros (Podemos) y sus socios parlamentarios (independentistas) cuestionaban la legitimidad de nuestro Estado y de sus instituciones. Todos pudimos ver cómo a diario, y con el mal estilo que solo él es capaz de dar a sus intervenciones públicas, el entonces vicepresidente del Gobierno vilipendiaba a la Corona. Simultáneamente, los independentistas ofendían de manera permanente a la Monarquía. Sánchez permaneció impasible ante el vilipendio y la ofensa. Conforme ha ido pasando el tiempo es el propio Pedro Sánchez el que lanza a sus huestes, del Gobierno y del partido, contra las más altas instituciones del Estado.

Hace unas semanas, la diana de Sánchez y los suyos fue el Tribunal Supremo por cometer el grave pecado de considerar improcedente lo que proyectaba y después acordó el Gobierno: indultar a los delincuentes independentistas que, sin mostrar arrepentimiento alguno, manifiestan a diario que lo volverían a hacer. Sánchez movió sus piezas para que el Alto Tribunal recibiera todo tipo de críticas, de procedencia política y mediática.

Poco después fue el Tribunal de Cuentas, cuya osadía consistió en cumplir con lo prevenido en su Ley de funcionamiento cuando detecta un caso de corrupción en el gasto público. En esta ocasión, Sánchez elevó el listón de los acosadores pues envió a su entonces ministro Ábalos a calificar al Tribunal como "piedra en el camino” sin ocultar la voluntad del Gobierno de desempedrarlo.

El último objetivo, de momento, ha sido el Tribunal Constitucional. Que éste haya sentenciado que el confinamiento decretado por el Gobierno en los primeros meses de la pandemia careció de la necesaria cobertura jurídico constitucional ha soliviantado definitivamente a nuestro presidente que, sin duda, parece dispuesto a que nadie ni nada se interponga en sus acciones. Enfurecido, Sánchez ha lanzado a sus ministros para que éstos, cual enloquecidos mamelucos, decapiten al Tribunal Constitucional.

La cacería la comenzó Pilar LLop que, compareciendo ante la prensa sin admitir preguntas (¿dónde quedan las antiguas críticas a Rajoy por comparecer en un plasma?), se atrevió a referirse a la sentencia como la opinión de seis magistrados del Tribunal, en un tosco intento de restarle fuerza y valor jurídicos. No señora ministra, parece mentira que sea usted juez. Adoptada la decisión según las reglas de funcionamiento que marca la legislación que lo regula, la sentencia dictada constituye ya el criterio del Tribunal Constitucional, fuera cual fuese la numerología de la votación para adoptarla.

Más graves aún, e inesperadas dada su habitual sensatez, han sido las declaraciones de Margarita Robles, también juez. Calificar como “elucubraciones” a los fundamentos de la sentencia es una burda manera de pretender desacreditar al garante del cumplimiento de la Constitución. Y acusar al Tribunal de carencia de sentido de Estado es, además de una falta de respeto, una vil mentira. Es precisamente el sentido de Estado el que ha llevado al Tribunal a no abrir las puertas al sinfín de demandas que empresas y empresarios podrían interponer exigiendo indemnizaciones por los daños y perjuicios que sufrieron al impedirles el Gobierno, de manera inconstitucional, el libre ejercicio de su actividad empresarial. ¿Cabe mayor prueba de sentido de Estado?

La última 'marlaskada'
El tercer ministro mamporrero ha sido el ínclito Grande Marlaska que, fiel a su trayectoria, ha vomitado una nueva manipulación. Lo ha hecho al comentar que el confinamiento salvó vidas, pese a que el Tribunal Constitucional no ha cuestionado que nos confinaran, sino la constitucionalidad de la norma legal utilizada para hacerlo. Otra 'marlaskada'.

Añádase a lo expuesto que la vicepresidenta del Tribunal Constitucional ha confirmado que recibió presiones del Gobierno, lo que corrobora que Pedro Sánchez y sus perros de presa pretenden que las instituciones del Estado tengan sentido de Gobierno y avalen incondicionalmente sus actos y decisiones. Como se está comprobando, aquélla que se resiste a semejante pretensión se convierte en un objetivo a derribar. Sin duda, Pedro Sánchez ha lanzado a su Gobierno a guerrear contra nuestro Estado.

Conde Pumpido y Cuba
Pedro de Tena. Libertad Digital 19 Julio 2021

Tener "sentido del Estado" para "habilitantes" inspirados como Pumpido, es gobernar en una democracia sin respeto a sus principios y procedimientos.

Uno de los inconvenientes de ser uno de los gallos principales del corralito judicial es que tiene que cantar más alto y más fuerte que los demás para que todos sepan quién manda y cuánto. Lo que ocurre es que al hacerlo se identifica señalando su posición. En el cacareo particular de Cándido Conde Pumpido ante la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la ilegalidad del estado de alarma ha habido, además, un aria filosófica que lo ha retratado. Me refiero a la paradoja descrita por Ferrater Mora como Sorites, atribuida a Eubúlides de Megara. Dice más o menos así, remodelando la formulación de Antonio Escohotado: "Dado un montón de arena, ¿cuántos granos hay que quitarle para que deje de ser un montón?". Parece un entretenimiento intelectual sin más, pero no lo es. Les mostraré su inesperada fertilidad.

Sea una Constitución democrática, esto es, un montón de artículos codificados que pretende que una sociedad, pongamos que hablamos de España, funcione como una sociedad regida por leyes y costumbres que respeten la democracia. Y ahora llega el Sorites: ¿Cuántas leyes o normas hay que dictar para eliminar el espíritu de tales artículos, alterando su sentido y finalidad, para que el montón democrático inicial termine funcionando cada vez más como una dictadura o régimen autoritario?

En nuestra Constitución, ya se quitaron granos del montón democrático, como fue el concederles trato diferenciado a algunas regiones y provincias por el mero hecho de haber dispuesto de Estatutos de Autonomía durante la II República o fueros históricos incompatibles hasta con el artículo 17 de la Constitución de 1931 donde se decía: "En las regiones (nada de naciones ni nacionalidades ni comunidades) autónomas no se podrá regular ninguna materia con diferencia de trato entre los naturales del país y los demás españoles."

Hay dos maneras de eliminar un montón democrático. Una, es la de Lenin o la de Hitler, por poner sus dos ejemplos preclaros. Consiste en dar una patada al montón y se acabó la fiesta. Pero eso ya no mola, como decía el Coletas Iglesias cuando pintaba algo. Como tampoco mola ver cómo se está viendo lo que está ocurriendo en el régimen criminal cubano al que demasiados "demócratas" españoles se niegan a calificar de dictadura.

Hoy no se trata de ocupar el Palacio de Invierno o de incendiar el Reichstag o de pegar tiros en Sierra Maestra. Hay otros caminos que conducen a regímenes autoritarios tan suave y lentamente que nadie parece percatarse de que, en realidad, ya no se vive en la democracia que se votó sino en una dictablanda creciente donde la alternancia democrática no es posible porque leyes "habilitantes" terminan por impedir que la oposición, la independencia judicial y otros elementos cumplan con su misión democrática. Esto es, se trata de ir quitando granos del montón democrático de modo que en unos años no lo reconozca ni la madre que lo parió.

Esas leyes las usó Lenin pero Hitler las hizo famosas cuando en 1933 promulgó una que decía que el canciller, o sea, él, y su consejo de ministros podía dictar leyes sin la aprobación del Parlamento. Traduciendo al presente, y verbigracia, un gobierno puede decidir un estado de excepción disfrazado de estado de alarma, porque éste puede ser aprobado como decreto sin intervención de la oposición y prorrogarse el tiempo que sea. Federico Jiménez Losantos recordaba ayer otras de ellas, la Orgánica del Poder Judicial de 1985 que mermó la independencia judicial o las del "polvo de camino" que blanquearon los sucios crímenes de ETA cuando el propio Pumpido era Fiscal General.´Ha habido muchas más. La electoral, por ejemplo.

En Andalucía se quitaron granos al montón democrático desde el principio. Ya en 1983 comenzó el asalto al dinero popular en las Cajas de Ahorro mediante un Decreto-Ley y se dio paso al abuso del interinato y otros métodos para colocar a los propios en la Administración, tan discutible que fueron recurridos una y otra vez hasta que el Tribunal Constitucional sentenció que, aunque eran procedimientos ilegales para acceder a la función pública ("excepcionales lo llamó"), los admitía por una vez por tener "fines legítimos enunciados". De Canal Sur ni hablamos. El "polvo" de ese camino condujo a 36 años sin alternancia política, regla de oro de toda democracia.

De este modo, tener "sentido del Estado" para los "habilitantes" inspirados como Pumpido, es gobernar en una democracia sin respeto a sus principios y procedimientos. Se trata de usarla como medio, de ocuparla y ocupar sus instituciones y sus puestos altos y bajos, para que, al final, nuestro montón democrático se parezca más a Cuba que a la España que se deseó hacer en 1978. Por eso, el Tribunal Constitucional, cantó el gallo, tiene que tener sentido de ese "Estado" y no sentido Constitucional, como es lo suyo.

Como por una vez les ha salido mal, el gallo ha tenido que hacerse ver, aunque sin plumas y cacareando. Aún quedan granos decisivos en el montón de la democracia española. Pero o reponemos los perdidos o…se acabará hasta la paradoja. Ojo.

El sanchismo no quiere calificar al castrismo porque se descubre a sí mismo
EL GOBIERNO ESPAÑOL SE NIEGA A LLAMAR DICTADURA AL RÉGIMEN DE LA HABANA
Daniel Lara Farías. https://gaceta.es/ 19 Julio 2021

Sea con silencio o con declaraciones con rodeos y subterfugios del lenguaje zurdo, el chavismo español ha hecho esta semana malabares para evitar referirse a los hechos que hemos visto en Cuba. Hechos que, sinceramente, llenan a cualquiera bien enterado de la situación de sincera alegría.

Alegría que puede ser explicada como diferencia importante frente a la esperanza. Porque no se trata de esperar que algo pase, sino de celebrar que de hecho está pasando: el sistema cubano ha demostrado una vez más la inviabilidad del comunismo y la imposibilidad de la sumisión eterna de la ciudadanía, a pesar de adoctrinamiento, represión y sometimiento.

Estamos hablando de la generación de los nacidos en los años ’50 del siglo XX, de sus hijos y de sus nietos. Tres generaciones de cubanos obligados desde preescolar a parase firmes en gesto militar frente a la bandera cubana y jurar solemnemente “pioneros por el comunismo, seremos como el Che”. Todos los días. Y eso era solo el inicio.

Sumen a eso las charlas ideológicas que arrancan en cada materia que se imparte en cada aula de cada institución educativa. Sea matemáticas o sea deportes, siempre una pequeña intervención del profesor explicando las bondades del socialismo y la belleza de la revolución.

Además, sume la obligación del servicio militar, de la asistencia a concentraciones para celebrar un año más de la revolución o un año más de cualquier fecha. Eso, más la maldita cartilla de racionamiento, infame elemento que ejemplifica la necesidad del comunismo de someter por el hambre a sus súbditos. Sea en la URSS, en China, en Camboya, Cuba o Venezuela, siempre será el hambre el instrumento más vil contra la gente.

Pero a pesar de toda esa infamia, ahí están miles de cubanos en las calles arriesgando sus vidas gritando contra el régimen. Escupiéndole al lema oficialista “Patria o muerte” el antónimo Patria y Vida. Lanzándole al tirano impuesto a dedo el indolente remoquete de “la cucharilla”, pues ni pincha ni corta. Más insolencia vemos en el grito “¡Díaz Canel, singa’o”, especie de mandato y a la vez mofa, que ejemplifica lo bajo que han caído las acciones de una revolución a cuyos líderes ni siquiera respeto se les guarda ya.

Nada de eso puede negarse. A menos, claro está, que se trate del chavismo español.

Dictadores calificados desde siempre
Defender lo indefendible y negar lo evidente, instrumentos necesarios de los cuales hará alarde cualquier izquierdista en el mundo a la hora de enfrentar sus horas bajas. Hay que tener eso en cuenta cuando se trata de evaluar las declaraciones que hemos visto estas dos semanas en las redes sociales y comparecencias de personajes como Piedad Córdova, Nadia Calviño, Isabel Rodríguez y tantos otros deleznables negadores de sí mismos.

¿Por qué negar lo que está claro desde la propia autodefinición comunista? La base de la teoría comunista establece que la construcción del socialismo será acometida por la clase obrera a través de la Dictadura del Proletariado. Siendo así, todo aquel que milite en un partido comunista o se diga socialista, está planteando llegar al poder para establecer una dictadura como forma de gobierno, con la excusa de ser la vanguardia que representa a esa clase obrera que debe construir el socialismo, sin democracia.

No hay más que decir. No lo he dicho yo ni lo ha dicho ningún teórico anticomunista. Lo han dejado escrito los teóricos del comunismo. No necesitamos ni de Calviño o Rodríguez para saber que la calificación del régimen cubano es la que ellos mismos decidieron y se trata de una dictadura. Eso y nada más.

Claro, Calviño podrá seguir esperando sesenta años más de infamias en un país que no es el suyo para decidirse a decir que sí, en efecto, es una dictadura. Porque al parecer, para ella es cuestión de tiempo y aún es muy temprano.

Esto no debería pasar bajo la mesa tratándose de la vicepresidenta económica de un gobierno cuyo presidente hace poco presentó un plan llamado España 2050, con esa sarcástica proyección del futuro que les encanta a los comunistas, con ellos en el poder eternamente.

Y pensar que a la señora Calviño cierto periódico especializado se atrevió a calificarla como “la voz sensata del gobierno que escuchan los mercados”. ¿Qué será la sensatez según Expansión? ¿Con quién la comparó, con el ministro comunista del consumo, que propone ante el aumento de los precios de la carne simplemente implantar el veganismo?

El fetiche del bloqueo
Por sesenta años, la izquierda mundial ha propagado la coartada del “bloqueo” para justificar todo lo malo que pasa en Cuba. Lo bueno, es gracias al socialismo. Lo malo es por culpa del bloqueo.

En primer lugar, deberían saber los mequetrefes de Podemos que no hay tal bloqueo. Hay un embargo comercial como respuesta a las expropiaciones de bienes y empresas propiedad de norteamericanos ejecutadas por la Revolución recién llegado al poder.

Ya no vale el cuento aquel de que Fidel llegó para adecentar una isla que había sido convertida por los EEUU en “el burdel del Caribe”, pues en los últimos treinta años hay en Cuba más prostitutas que en la sede de Caracas del Partido Socialista Unido de Venezuela. Aquello fueron confiscaciones sin ajuste a la ley y EEUU respondió, en el marco de la guerra fría, con la herramienta que mejor le pareció.

Pero, como es natural pensarlo y aceptarlo, Cuba tiene todo el derecho a comerciar con quien quiera, menos EEUU. Y sin embargo, el quinto lugar en origen de importaciones de la isla provienen de los EEUU, en los rubros permitidos por el embargo. Cuba mantiene, además, relaciones comerciales con más de noventa países, incluyendo a España, con quien registra un flujo de cerca de mil millones de euros en exportación de productos como ron, azúcar, tabaco, mismos productos que exporta a su segundo socio comercial, la dictadura china.

Pero por si esto fuese poco, hace unos días el tirano de turno dejó al desnudo la verdad, cuando emitió un decreto que autoriza a cualquier persona a importar a Cuba bienes y mercancías, sin límite de cantidad. Quiere decir que sí se puede comprar y vender productos desde y hacia Cuba, solo que el monopolio de las compras y ventas lo tiene el régimen. Con esto, queda claro que el bloqueo contra los cubanos lo tiene el castrismo. Lo de EEUU es un simple embargo, inocuo en los hechos, aunque muy útil para la propaganda de ambos lados del mar: al régimen comunista le sirve para victimizarse y a los EEUU le sirve para vender la idea de que ha hecho algo contundente contra la dictadura comunista que toleró por seis décadas.

Claro está, nada de esto es suficiente para los comunistas. Seguirán negando lo evidente. Es la reacción obvia del criminal acechante que, preparando un asalto, ve caer al líder de su banda en manos de la policía y se entera, además, de que está confesando sus métodos. No le queda otro camino a la izquierda que negarlo todo, desaparecer evidencias y cambiar de tema.

Porque si por alguna declaración impertinente, resultara expuesta de boca de la izquierda el carácter dictatorial y criminal de las acciones del régimen cubano, estarían al mismo tiempo reconociendo que durante sesenta años usaron el ejemplo cubano como bandera de su acción política por la simple y llana razón de que aspiran hacer lo mismo en sus países, cuando lleguen al poder.

Y no es difícil darse cuenta. A pesar de El País y La Vanguardia. A pesar de las Calviño y las Rodríguez. La verdad está afuera.

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La amenaza era el PSOE
Óscar Monsalvo. Vozpopuli 19 Julio 2021

Hace no demasiados años Podemos parecía la mayor amenaza política en España. Para verlo bastaba con acercarse a las obras de sus principales referentes. Existían vídeos con las hazañas de Iglesias y Errejón, existían los manifiestos solidarios con el etarra Iñaki de Juana Chaos, los discursos sobre Venezuela, los posters de Lenin en los despachos, los artículos sobre ETA y la izquierda abertzale o, en fin, existía Monedero.

A pesar de los análisis tranquilizadores de los expertos en el arte de poner nombre a las cosas -la ciencia política, que a veces es servicio de alertas democráticas, a veces taxonomía y a veces ni eso-, la mayoría de los españoles parecía tener claro qué supondría la llegada de Podemos al poder. Parecía tenerlo claro incluso Pedro Sánchez, que en septiembre de 2019, después de una primera investidura fallida, decía que no dormiría tranquilo si aceptase la oferta de ese partido para un Gobierno de coalición.

Un par de meses después, Sánchez anunciaba el acuerdo para un Gobierno de coalición.

En ese momento en España se dio definitivamente la vuelta a la exigencia clásica: a partir de ahora serían las leyes las que deberían estar al servicio de los políticos

El sueño del presidente no se alteró. No se produjo la anunciada crisis de Gobierno perpetua. Y no se produjo porque el PSOE pasó a defender con convicción la mayoría de las cuestiones que en principio lo alejaban de Podemos. Entre todas ellas la más importante, la central, fue la de Cataluña, que como sabemos era la cuestión del sometimiento de la política a las leyes. Fue el partido de los socialistas -el lado moderado del Gobierno- el que defendió la conveniencia de los indultos. Y la defendió porque concebía las sentencias como un ejercicio de venganza del Estado, y porque entendía que los políticos de su cuerda no debían estar sujetos a las mismas obligaciones que el resto de los ciudadanos españoles. En ese momento en España se dio definitivamente la vuelta a la exigencia clásica: a partir de ahora serían las leyes las que deberían estar al servicio de los políticos.

Todo lo que hubo antes y todo lo que vino después, todo lo que aún nos queda por ver, parte de esta idea: el Gobierno, si es bueno, no debe someterse a ningún control. Es una idea que durante mucho tiempo se asoció en España a Podemos y a los golpistas de Cataluña, y la inercia ha hecho que muchos de los comentaristas políticos ajenos al ecosistema socialista sigan sin darse cuenta de que el partido que hoy defiende con más ahínco esta concepción de la democracia es el PSOE. Sólo así, por la inercia, se entiende que sigamos hablando de Sánchez como un mero oportunista político que pactaría con quien fuera para mantenerse en el poder, y sólo así se entiende que sigamos hablando del PSOE como rehén de Podemos, de ERC y de Bildu.

Se entiende, pero estaría bien que el análisis político comenzase a estar a la altura del desafío al que nos enfrentamos los españoles. Porque lo más probable es que Sánchez no sea ese tipo pragmático, sin escrúpulos pero sin convicciones, que pintan los cronistas. Es probable que en el PSOE tengan convicciones reales y firmes sobre el ejercicio del poder y sobre la democracia, y que esas convicciones no sean muy distintas a las de Iglesias, Junqueras o Arnaldo Otegi.

Hace unas semanas deshicieron las sentencias del Supremo por el golpe de Estado en Cataluña, y hace unos días defendieron la legitimidad del confinamiento cuando el TC lo declaró inconstitucional

Aquel "desobedeceremos las leyes que nos parezcan injustas" de Colau en 2015 que tanto preocupó a periodistas y politólogos es desde hace tiempo la auténtica bandera socialista. Lo que pasa es que, cuando eres el Gobierno, la desobediencia no te lleva a la calle sino que puede ejercitarse desde el BOE, y se gana en tranquilidad. Hace unas semanas deshicieron las sentencias del Supremo por el golpe de Estado en Cataluña, y hace unos días defendieron la legitimidad del confinamiento cuando el TC lo declaró inconstitucional. “Lo volveremos a hacer”, vinieron a decir los dirigentes del partido, con el respaldo de muchísimos periodistas y politólogos honda y eternamente preocupados por las crisis institucionales en Hungría y por la persistente amenaza de Trump.

Cuba y el valor añadido
El Gobierno “salvó vidas”, y ésa es la única justificación que necesitan. Para hacerlo confinó a los españoles en sus casas sin seguir los mecanismos establecidos. ¿Qué más da estado de alarma o de excepción? Lo importante es dejar que el Gobierno haga siempre lo que crea mejor, sin más límites que su voluntad y sin perder el tiempo con tonterías. El control judicial al Gobierno es lawfare, la Justicia está “secuestrada por la derecha” y la sentencia del TC son “elucubraciones doctrinales”.

La última muestra de las convicciones del PSOE sobre la democracia coincide con el estallido de las revueltas en Cuba, y también en esto se puede comprobar hasta qué punto la diferencia entre los socialistas y Podemos es sólo estética. Belarra dice que lo de Cuba no se puede explicar con “parámetros europeos”, Calviño defiende que “no aporta valor añadido” poner etiquetas a las cosas. Hoy no es productivo decir que Cuba es una dictadura, hace un par de meses Madrid era un infierno fascista.

Unos tienen posters de Lenin en el despacho, otros estatuas de Largo Caballero en las plazas. Las convicciones profundas, evidentemente, no pueden ser muy distintas.
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