Recortes de Prensa Domingo 5 Marzo 2023
Kiev asegura que Moscú pierde "500 efectivos al día" en su ofensiva por Bajmut
Las cifras de víctimas de la ofensiva rusa en Bajmut no han podido ser verificadas de manera independiente. Sí que se ha confirmado, según el Kremlin, que las fuerzas rusas han redoblado sus ataques contra la ciudad en los últimos días
El Confidencial. 5 Marzo 2023
El ministro de Defensa de Ucrania, Oleksi Reznikov, ha asegurado que el Ejército ruso está perdiendo hasta "500 efectivos al día" en su ofensiva contra la ciudad de Bajmut, en el este del país, y escenario de un durísimo asedio de Rusia.
"Las pérdidas de los rusos ascienden a 500 muertos y heridos cada día", ha asegurado el ministro ucraniano al semanario dominical del diario Bild, en una entrevista en la que ha descrito a los militares rusos como "carne de cañón" en las "tácticas de picar carne" utilizadas por Moscú.
Según ha informado Reino Unido, han aumentado los enfrentamientos cuerpo a cuerpo en los últimos días de conflicto por parte de las fuerzas rusas. Esto sería debido a que escasea la munición entre las filas de Putin, y, por tanto, en las batallas cuerpo a cuerpo lo más utilizado por Rusia están siendo palas MPL-50, una "herramienta de atrincheramiento estándar, diseñada en 1869".
Las claves del momento:
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Hace 55 minutos 08:49
Ucrania asegura que el asedio a Bajmut está costando a Rusia "500 efectivos al día"
El ministro de Defensa de Ucrania, Oleksi Reznikov, ha asegurado que el Ejército ruso está perdiendo hasta "500 efectivos al día" en su ofensiva contra la ciudad de Bajmut, en el este del país, y escenario de un durísimo asedio de Rusia.
"Las pérdidas de los rusos ascienden a 500 muertos y heridos cada día", ha asegurado el ministro ucraniano al semanario dominical del diario Bild, en una entrevista en la que ha descrito a los militares rusos como "carne de cañón" en las "tácticas de picar carne" utilizadas por Moscú.
Las cifras de víctimas de la ofensiva rusa en Bajmut no han podido ser verificadas de manera independiente. Sí que se ha confirmado, no obstante y según el propio Kremlin, que las fuerzas rusas han redoblado sus ataques contra la ciudad en los últimos días.
Hace 1 horas 33 minutos 08:12
Se intensifican las batallas cuerpo a cuerpo ante la falta de munición rusa, según Reino Unido
Según ha informado Reino Unido, han aumentado los enfrentamientos cuerpo a cuerpo en los últimos días de conflicto por parte de las fuerzas rusas. Esto sería debido a que escasea la munición entre las filas de Putin, y, por tanto, en las batallas cuerpo a cuerpo lo más utilizado por Rusia están siendo palas MPL-50, una "herramienta de atrincheramiento estándar, diseñada en 1869".
MANIFESTACIÓN
Miles de policías y guardias civiles se echan a la calle para protestar contra el Gobierno por la 'Ley Mordaza'
GEMA PEÑALOSA. Madrid. el mundo. 5 Marzo 2023
Según Jusapol, la reforma de la ley "no garantizará realmente la seguridad ciudadana", de ahí que subrayen la "necesidad de forjar un frente común"
Todos los los cuerpos policiales sin excepción se han dado la mano hoy para protestar por la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como Ley Mordaza, en una macromanifestación que recorre las principales calles de Madrid. El cambio de la normativa supone, dicen, un disparo tan ajeno a su manera de trabajar que, resaltan, no les ha quedado otra que tomar la capital para intentar hacer reflexionar al Gobierno de Pedro Sánchez.
Jusapol - plataforma formada por agentes de Policía Nacional y de la Guardia Civil de todas sus escalas y categorías- ha vuelto a organizar la protestas. Agentes de la Guardia Civil, de la Policía Nacional y de las policías autonómicas repiten hoy la movilización del 27 de noviembre de 2021, una protesta que hizo historia por multitudinaria y por agrupar por primera vez en una movilización a agentes de las policías nacional, local y autonómica y del Instituto Armado.
"Es un atropello contra los derechos y las libertades de los ciudadanos, esta reforma es lesiva para la sociedad. Los agentes estamos para proteger a los ciudadanos y está reforma nos lo va a impedir" , ha dicho Miguel Gómez, presidente de la plataforma Jusapol. El secretario general de Jupol, Aarón Rivero, se ha pronunciado en los mismos términos. "Hoy hemos salido a la calle por responsabilidad porque este cambio nos afecta a todos y no cuenta con el aval de los técnicos, que somos nosotros. El Gobierno tiene que sentarse con nosotros". El secretario general de la agrupación mayoritaria de la guardia civil, Jucil, Ernesto Vilariño, ha insistido en la "desprotección " a la que, según él, se verán sometidos los agentes. " No nos sentimos respaldados. Esta ley va a perjudicar gravemente a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado".
Gómez también ha tenido palabras para el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, a quien acusó de darles la espalda. "Él tiene la responsabilidad de defendernos pero no le hemos visto en todo este proceso. Nos sentimos muy desamparados".
"Hoy en Madrid se ha manifestado la sociedad civil al lado de sus Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, pidiendo responsabilidad al Ejecutivo de Sánchez, ante la reforma de una ley hecha desde el sectarismo ideológico y promovida por golpistas, filoetarras y nacionalistas, los mismos que socavan día tras día nuestro Estado de Derecho.
De llevarse a cabo la reforma estaremos ante las mismas circunstancias de la ley del 'sólo sí es sí' pero multiplicadas por mil", ha reivindicado el portavoz de Jucil, Agustín Leal.
"A pesar de que Jucil ha elaborado un informe jurídico junto con catedráticos de Derecho Penal, Procesal y Constitucional, señalando el posible carácter inconstitucional de la reforma, Pedro Sánchez ha hecho caso omiso y una vez más va de la mano de sus compañeros de cama, para permanecer en la poltrona y una hora más en el Falcon", ha zanjado.
"Esta reforma de la ley promovida por el PNV que atenta contra la seguridad ciudadana y contra el trabajo diario de los ertzainas y policías y por ende contra la seguridad de la ciudadanía que quiere vivir en una sociedad en paz, da alas a los violentos y a aquellos que buscan desestabilizar los principios básicos de la convivencia. Por ese motivo hemos asistido hoy y mantendremos el compromiso adquirido hasta el final", ha destacado Juan Carlos Sáenz, secretario de organización del Sindicato Profesional de la Ertzaintza (SIPE).
A la movilización han asistido el vicesecretario de libertades públicas del PP, Esteban González Pons, la diputada popular Ana Vázquez y otros 14 parlamentarios del partido de Alberto Núñez Feijóo.
UN RITMO QUE DISGUSTA
El ritmo que el Ejecutivo central ha imprimido a las bambalinas para el cambio, ha enervado a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
El 21 de diciembre pasado, el Congreso convocó la primera ponencia encargada de esta ley. Que se hiciera en la última sesión ordinaria del año levantó ampollas. En ella se aprobó, entre otras cosas, que las manifestaciones frente al Congreso de los Diputados dejaran de ser delito.
Además, las protestas no comunicadas en zonas de servicios básicos y sus inmediaciones dejarán de ser infracciones muy graves para quedarse en graves. Las enmiendas para modificar la normativa contempla, asimismo, no sancionar a quien cause desórdenes públicos cuando sea menor de edad o tenga una capacidad económica limitada.
Después, se celebró la segunda jornada de la ponencia en la Cámara Baja. En una hora, se aprobaron 29 enmiendas, una velocidad que dejó clara la intención del Ejecutivo para zanjar este polémico asunto cuanto antes.
Entre las novedades más importantes aprobadas en la última ponencia destacan la anulación de sanciones administrativas anteriores a la modificación de la ley que están en trámite o no iniciadas, la formación a policías y a guardias civiles para mediar en las manifestaciones -que ya no tendrán que comunicarse- y la obligación de los agentes de avisar y dar un tiempo de manera audible a los manifestantes antes de disolver las concentraciones.
Los puntos que siguen suscitando el rechazo de los socios gubernamentales son los referidos a las faltas de respeto a la autoridad, la desobediencia a los miembros de las fuerzas de seguridad, el uso de las pelotas de goma y las devoluciones de inmigrantes en caliente.
Proteger a la Policía es proteger las libertades
El Ejecutivo pretende a ceder ante los planteamientos antisistema de quienes buscan en la calle una alternativa a los cauces del Estado de derecho
Editorial ABC. 5 Marzo 2023
La reforma de la denominada 'ley mordaza' de 2015, impulsada en el Congreso por el PSOE y Unidas Podemos, con el apoyo de ERC, llevó ayer hasta las puertas de la Cámara Baja a cientos de agentes de la Policía y la Guardia Civil. No se manifestaron en defensa de sus intereses gremiales, también legítimos, sino de un modelo de seguridad ciudadana que se ve amenazado por la iniciativa parlamentaria de los socios del Ejecutivo, decidido a ceder ante los planteamientos antisistema de quienes buscan en la calle una alternativa a los cauces del Estado de derecho, y a costa de la seguridad y la garantía legal que este proporciona a una sociedad libre.
La Ley de Seguridad Ciudadana de 2015 no ha representado ninguna una 'mordaza' para quienes desde su entrada en vigor han podido ejercer en plenitud sus derechos constitucionales, obsesionados con la derogación de una norma que traza la frontera, custodiada por las Fuerzas de Seguridad, entre la democracia y su desbordamiento.
«SÁNCHEZ QUIERE DESPROTEGER A LOS ESPAÑOLES»
Gran protesta en Madrid contra la reforma del Gobierno de la ley de seguridad ciudadana
LGI. gaceta. 5 Marzo 2023
Cientos de guardias civiles y de policías convocados por la plataforma Jusapol han protestado este sábado en Madrid en contra de la negociación del Gobierno y sus socios separatistas y filoetarras de investidura para reformar la ley de Seguridad Ciudadana de 2015.
El lema de la manifestación es «Contra la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana» y los convocantes reiteran que esta reforma «afecta a toda la sociedad civil». «No se puede jugar con la seguridad ciudadana, han reiterado antes de pedir al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que «haga su trabajo y cumpla su deber, y defienda a las fuerzas de seguridad del Estado».
Los sindicatos policiales señalan que la reforma «perjudica la eficacia policial, con la consiguiente desprotección para la sociedad». «Tiene medidas que van en la dirección contraria de lo que precisamos para abordar con garantías la delincuencia de alta intensidad o actuar frente a las las mafias internacionales que actúan en nuestro territorio».
La reforma que impulsan PSOE y Unidas Podemos fue elevada el 1 de febrero a la Comisión de Interior del Congreso gracias al voto favorable de ERC. El Ministerio del Interior ha asegurado que confía en el acuerdo.
Con anterioridad, las principales organizaciones policiales protagonizaron una gran manifestación contra esta reforma. Se celebró también en Madrid el 27 de noviembre de 2021.
Esta protesta está secundada por JUCIL y JUPOL, las organizaciones mayoritarias dentro de la Guardia Civil y la Policía, surgidas ambas de la plataforma que reclama una «equiparación salarial real».
REFORMA DE LA LEY DE SEGURIDAD
Policías y g. civiles denuncian: el gobierno legisla para delincuentes, violentos y sediciosos
Agencias. https://rebelionenlagranja.com. 5 Marzo 2023
Policías y guardias civiles de todas las asociaciones profesionales y de todos los escalafones, arropados por representantes de toda la oposición democrática, del PP, Vox y Ciudadanos, se han manifestado este sábado en Madrid contra la reforma de la ley de seguridad ciudadana, la conocida como ley mordaza, una «salvajada» que, han asegurado, les desprotege y les criminaliza.
La manifestación, en la que han participado alrededor de 10.000 personas, según fuentes de la Delegación del Gobierno, ha sido convocada por JUSAPOL, junto al sindicato de la Policía Nacional JUPOL y la asociación de la Guardia Civil JUCIL, mayoritarios en sus respectivos cuerpos, y ha estado apoyada por la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF)
En un manifiesto conjunto, policías y guardias han advertido de que «legislar para los delincuentes, los violentos y los sediciosos es una irresponsabilidad con consecuencias fatales».
Acompañados de un estruendo de pitos y silbatos, han rechazado que se les pueda quitar el principio de autoridad, la presunción de veracidad y los medios necesarios para garantizar el orden público y que se les «fiscalice y se les condene» por hacer su trabajo, abriendo la puerta a que se les grabe y se cuelguen sus vídeos en las redes sociales.
Frente a la reforma han reclamado más medios humanos y materiales, que se mantenga la obligatoriedad de comunicar las manifestaciones, que se permitan los cacheos y que no se rebajan las sanciones económicas.
Tras una pancarta en la que podía leerse «Esta ley nos desprotege a todos. No a esta reforma», han partido de la plaza de Neptuno y frente al Congreso de los Diputados han soltado varias pelotas de ping pong para reivindicar que no se restrinja el material antidisturbios.
En declaraciones a los periodistas antes de comenzar la marcha, el vicesecretario de Institucional del PP, Esteban González Pons, ha alertado de que la reforma desprotegerá a las fuerzas y cuerpos de seguridad, a los ciudadanos y a las instituciones públicas y ha acusado al Gobierno de «quitar todas las normas que les puedan dificultar que el clima callejero se enrarezca».
«Esta es la ley que prepara Podemos para ocupar la calle si el PP gana las elecciones y lo terrible es que el PSOE lo apoya en una acto de absoluta irresponsabilidad», ha insistido.
«Quieren que nuestra policía y nuestra guardia civil salgan a la calle amordazados y con las manos esposados en la espalda«, ha denunciado por su parte el vicepresidente de Vox, Javier Ortega, quien ha acusado de al Gobierno de «traidor» y de «rendir a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado a los intereses de los mayores enemigos de España»
En nombre de Ciudadanos, Edmundo Bal ha mostrado también su rechazo a una reforma que «criminaliza» a los policías y abre además «amplios márgenes de impunidad» a los violentos.
Aunque la reforma de la ley Mordaza sigue su tramitación parlamentaria, no hay fecha fijada por el momento para que la comisión de Interior debata el informe con los más de cuarenta cambios pactados por la mayoría parlamentaria a la actual norma, en vigor desde 2015.
Entre ellos los grupos no han logrado pactar ninguna modificación respecto a los cuatro artículos más polémicos -material antidisturbios, faltas de respeto a los agentes, desobediencia y devoluciones en caliente-, que condicionan el respaldo de ERC, Junts y EH Bildu, necesario para aprobar la reforma.
El presidente de JUSAPOL, Miguel Gómez, ha asegurado que se sienten «desamparados» y ha pedido al ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska que les defienda ante una reforma que es «es lesiva para los intereses, la vida profesional y la vida personal de los policías y para el día a día de todos los ciudadanos»
En nombre de CSIF, Javier Vilas ha reclamado también una ley nacional que homogeneice las condiciones laborales de los policías locales y que se reconozca como agente de la autoridad a los funcionarios de prisiones.
Guerra cultural: la hispanofobia del nacionalismo
Jesús Rul. voxpopuli. 5 Marzo 2023
El pasado día 28 de febrero, tuve la oportunidad de intervenir como experto en la Audiencia del Comité de Peticiones del Parlamento Europeo (PE), solicitada por la asociación Asamblea por una escuela bilingüe (AEB), para tratar el tema del modelo de inmersión lingüística catalán que se viene aplicando en el sistema educativo. Además, Intervinieron en el panel Teresa Freixes, catedrática de Derecho constitucional, Jorge Calero, catedrático de Economía aplicada de la Universidad de Barcelona, y Manuel Acosta, doctor en Filología hispánica, actualmente diputado de Vox en el Parlamento catalán.
Los hechos expuestos, argumentos y motivos de las intervenciones pueden consultarse aquí.
https://www.europarl.europa.eu/committees/en/public-hearing-on-the-language-ersion/product-details/20230213CHE11361
La sesión se desarrolló con notable interés de los parlamentarios e invitados al acto, pese al boicot protagonizado por socialistas, verdes e independentistas que, según indicó la presidenta, habían sido convocados e invitados a consensuar la participación de expertos como es habitual según el reglamento y los usos parlamentarios. Antes de iniciar la sesión entraron en la sala los huidos de la Justicia española, Puigdemont, Ponsatí y acompañantes, hicieron su "numerito" y abandonaron la sala. En los días previos y posteriores a la Audiencia, los actores del rechazo al debate han propalado a través de medios y redes afines mentiras y descalificaciones personales (falacia ad hominem) ajenas a las buenas prácticas del debate democrático. Teresa, Jorge y yo somos profesionales; esa ha sido y es nuestra trayectoria pública.
El motivo no declarado del boicot es la hegemonía del relato ideológico de los nacionalistas antiespañoles, diseminado en las instituciones europeas; llevan años y recursos empleados en transmitir por Europa y el mundo el mantra de las bondades de la "inmersión lingüística" catalana en la educación, obligatoria sólo para los alumnos de habla familiar o habitual española, y pobre de aquel que levante la voz. Pretenden evitar que nada ni nadie cuestione las falacias de su argumentario que elude la realidad de los hechos y su significado para alumnos y familias. La complicidad de los socialistas con los nacionalistas no se limita a este caso particular; se parece más a una pauta de conducta.
El control nacionalista de la escuela catalana cumple funciones de instrumentalización lingüística y de dominación ideológica. La imposición del catalán como lengua vehicular única y la exclusión del español forma parte de la estrategia de cambio lingüístico y cultural de los menores para ampliar la base social del secesionismo.
Esta estrategia opera a favor de fines políticos contrarios a la nación española y a los intereses educativos de los ciudadanos. Lo analizo brevemente:
A. Promueve fines políticos contrarios a la nación española. Pretenden (lo van logrando) modificar la estructura sociolingüística de España a través del fraccionamiento lingüístico y cultural. Son contrarios al valor constitucional del español como lengua común de larga tradición histórica en toda la nación, instituciones y territorios, compatible con los usos normales, no preferentes, de las otras lenguas cooficiales. Estas políticas atentan contra la unidad sociopolítica y cultural de la nación española.
El presidente de la Generalidad, Pere Aragonés, exige que los hablantes en catalán tienen derecho a ser atendidos y entendidos en catalán. Eso no está en la Constitución. Por el contrario, el orden constitucional establece la ciudadanía lingüística del español: "todos los españoles tienen el deber de conocer el español y el derecho a usarlo" (art. 3.1.). La doctrina constitucional, pese sus cesiones y contradicciones, establece que las otras lenguas cooficiales no son preferentes; los ciudadanos pueden aprenderlas, pero no tienen el deber de conocerlas ni de usarlas.
Las lenguas cooficiales son vehiculares en las instituciones y servicios públicos, en igualdad en documentos, rotulación y anuncios, pero sin imponer a funcionarios y trabajadores usos lingüísticos más allá del español, por ser la lengua común de todos los ciudadanos, incluidos los hablantes en catalán. Eso significa que el español es lengua propia de los ciudadanos catalanes, vascos y gallegos. Los ciudadanos de habla habitual catalana no tienen el derecho constitucional a exigir ser atendidos ni entendidos en catalán. En estas condiciones constitucionales, la comunicación entre dos o más interlocutores puede ser en español y en las lenguas cooficiales como es normal, pero, en todo caso, debe prevalecer la comunicación y el respeto como acontece en la vida civil, actualmente tensionada por la presión nacionalista a través de grupos, medios y agentes, muchos de ellos subvencionados con dinero público.
B. Actúa en contra de los intereses ciudadanos. Vulnera derechos personales (alumnos y profesores) especialmente en el sistema educativo. Los alumnos de habla familiar española sufren el atropello al excluir el derecho de aprender en su lengua materna o habitual con efectos negativos acreditados en rendimiento académico y autopercepción lingüístico-cultural. Las políticas lingüísticas impuestas mutilan derechos y causan daños objetivos a los intereses de los menores.
En la vida civil, la voluntad de poder nacionalista crea prescripciones, obligaciones, multas lingüísticas, como la impuesta a Ángel Centeno por no rotular su comercio en catalán, e incluso presiones hasta la intimidación y la violencia, como el caso reciente de la enfermera Begoña Suárez por expresar su opinión contraria al requisito de tener el nivel C-1 de catalán.
Ahora la Generalidad le abre expediente por cuestionar en las redes sociales su política lingüística.
La Asociación Impulso Ciudadano ha anunciado que denunciará ante el Defensor del Pueblo el acoso institucional que sufre Begoña, que coarta su libertad de expresión con el fin de imponer el silencio y el sometimiento.
Convivencia Cívica Catalana y Hablamos Español junto con 42 sanitarios han interpuesto Recurso Contencioso Administrativo contra el Instituto catalán de la Salud por las obligaciones de catalán en las oposiciones.
Las instituciones constitucionales y la educación de las sociedades libres no pueden dejarse en manos de nacionalistas étnico-identitarios, supremacistas y excluyentes; las utilizan para lograr fines opuestos al orden civil democrático y vulneran derechos fundamentales de los alumnos y profesores. Esta ha sido la trayectoria del nacionalismo catalán durante los últimos 40 años. Ha prosperado por intereses espurios de los líderes nacionales en contra del orden de principios y valores constitucionales, con la dejación y apaciguamiento irresponsable de los gobiernos de España desde la Transición democrática hasta el presente.
Actualmente, los nacionalistas y sus corifeos tienen un aliado en el gobierno Sánchez. Aprovechan la coyuntura para avanzar en el frente: ganar batallas identitarias, conseguir más poder, expandir su influencia en Europa, la ONU, y en las universidades más prestigiosas… Esperan tener también un aliado en el Tribunal constitucional con la politizada mayoría actual y la presidencia de Conde Pumpido.
La estrategia lingüístico-cultural catalana es hispanofóbica; su guerra cultural y política es una bomba de relojería contra España, su unión y futuro.
Un Gobierno hostil a la libre empresa
Jesús Cacho. voxpopuli. 5 Marzo 2023
Azote de esos "poderes ocultos" del mundo del dinero que manejan a su antojo a la derecha y conspiran sin descanso contra “el Gobierno de la gente”, Pedro Sánchez-Pérez Castejón está siempre dispuesto a recibir en Moncloa a cualquier oligarca extranjero que lo pida, ya sean millonarios americanos dedicados a la caridad del cambio climático, jefazos de los fondos de inversión, capos de las tecnológicas del Silicon Valley o tycoons de multinacionales farmacéuticas. Siempre dispuesto a ver qué cae en el cesto. Lo contaba aquí Fernando García-Romanillos el 12 de febrero: “Desde que iniciara sus denuncias sobre los poderes oscuros, Sánchez se ha visto con 38 responsables de grandes corporaciones, ninguno español. El acoso verbal, primero, y fiscal, después, del Jefe del Ejecutivo sobre una teórica plutocracia española, una derecha económica que junto a la política y mediática buscarían torcer el brazo del "Gobierno de coalición progresista", comenzó en junio pasado, decayó algo a partir de noviembre y se ha vuelto a manifestar vigorosamente a partir de enero”. Fue a finales de julio, en el contexto de los nuevos impuestos extraordinarios a banca y energéticas, cuando el presidente del Gobierno, hecho insólito en una democracia moderna, señaló con el dedo a dos grandes empresarios: “He escuchado las críticas de Ana Botín y de Galán… y si Botín y Galán protestan es que vamos por la buena dirección”. Este jueves noche el golpeado fue el presidente de Ferrovial: “Del Pino no es un empresario comprometido con España”, añadiendo que va a seguir de cerca la evolución de este episodio. Atención, Rafael, cuídate. El jefe de “la banda” que desde junio de 2018 gobierna España te amenaza como cualquier vulgar capo mafioso.
Conviene decir que la salida en tromba de la práctica totalidad del Ejecutivo contra la familia Del Pino por haber tomado la decisión –que deberán ratificar los accionistas en junta general- de trasladar la sede social de Ferrovial a Holanda tiene algo de puesta en escena, de teatro del guiñol, de engañabobos sobreactuado destinado a desviar la atención sobre el asunto que de verdad les preocupa. Nada es lo que parece en un Gobierno que ha hecho de la mentira su santo y seña. Es cierto que la iniciativa de Del Pino, a quien hay que reconocer que le ha echado un par, ha cabreado sobremanera a un Sánchez cuya imagen, esa imagen que de sí mismo ha vendido en el exterior y que las lamentables gentes de Bruselas parecen haberle comprado sin el menor escrutinio, queda dañada por un episodio que podría afectar a sus aspiraciones europeas. Es verdad, también, que la iniciativa ha roto la supuesta adhesión que buena parte del empresariado español ha venido mostrando a este granuja desde hace tiempo, algo de lo que ha presumido con fruición, no obstante lo cual, lo que ahora mismo tiene en vilo al PSOE es el escándalo del “tito Berni” y el dinero público, ese que supuestamente se destina a “sanidad y la educación”, malgastado en clubs de alterne. Es la sangría del “tito Berni” en calzoncillos entre putas y rastrojos lo que tiene a Sánchez en un sin vivir, cabreo en vena de Juan Español, bomba de racimo que retrata en el imaginario colectivo al peor PSOE, el de Luis Roldán, el de Juan Guerra, el de “m´ijo tié dinero p’asar una vaca”, el EREgate de Griñán, el putiPSOE, la vuelta de esa izquierda golfa amorrada al dinero público de siempre.
A tres meses de municipales y autonómicas y a ocho de generales, eso es dinamita para las urnas socialistas. Por eso cargan las tintas contra una de las grandes fortunas españolas –en un país tan carente como necesitado de ellas-, en la esperanza de que el sectarismo y el odio de clase que con tanta eficacia ha sembrado este Gobierno mendaz haga olvidar al frutero, al taxista, al ama de casa, el aberrante episodio del “tito Berni”, un escándalo de corrupción atiborrado de esa caspa, ese barro, ese desaliño que solo puede prosperar en gentes reñidas con la elemental higiene de una concepción liberal de la vida en sociedad. Dicho lo cual, el episodio de Ferrovial entraña, en mi opinión, la máxima importancia, en tanto en cuanto pone sobre la mesa un asunto capital para la prosperidad, también para las libertades, colectivas: la existencia de un Gobierno hostil a la actividad empresarial, un Gobierno enemigo de la libre empresa, un Gobierno convertido en un peligro para el nivel de vida de todos y cada uno de los españoles.
La decisión del consejo de administración de Ferrovial, además de legítima, parece tener todo el sentido. Lo explicaba aquí muy bien Juan T. Delgado (“Ferrovial se hace un Uber y otras bofetadas para Sánchez”) este miércoles. Desde Príncipe de Vergara 135 se han esforzado en dar todo tipo de explicaciones para justificar el movimiento, enfatizando que tendrá un mínimo impacto en su actividad en España. Todo ha sido en vano. Porque ministras y ministrillos han salido en tromba, maricón el último. Oír hablar de “patriotismo” a Sánchez, escuchar la palabra “patria” en boca de un personaje que ha indultado a delincuentes confesos, suprimido el delito de sedición, abaratado la malversación, puesto en la calle a violadores, etc., etc., que ha dejado, en suma, a la nación indefensa ante sus peores enemigos, es sentir esa “patria” arrastrada por el barro de quien, rehén de todo tipo de extremismos, está dispuesto a seguir tirando del faldón de una España que hoy camina zombi, malherida, por el páramo ibérico, convencidos todos de ser apenas manantial, como la familia Del Pino, como las clases medias españolas en su conjunto, al que exprimir a impuestos, al que esquilmar en beneficio del sátrapa y su troupe, Sánchez y su banda.
Dice la patética Calviño que este Gobierno tiene muchos amigos empresarios. Me extraña. No creo que los Botín, Pallete y compañía estén hoy dispuestos a dejarse ver al lado del pájaro. Dudo que Fainé apueste por él un penique, y menos aún Sánchez Galán. No creo que Ortega o Roig perdieran un minuto por sentarse junto a Belarra, Montero & Cia. Sé de cenas celebradas esta semana en Madrid en las que empresarios de copete -¿qué tal, José Manuel Entrecanales?- celebraron como propia la victoria moral de un Del Pino a quien la violenta reacción de esta patulea ha venido a dar la razón si es que no la tuviera. El empresario amigo es, debe ser, el millonario comunista Roures, titular de Mediacapital BV, holding con sede en Holanda desde hace 20 años y dueño de Mediacable, la firma a través de la cual financia un diario en internet y “Canal Red”, la televisión de Pablo Iglesias. Empresario amiguísimo debe ser Juan Manuel Serrano, presidente de Correos por decisión de su sanchidad, el nepotismo al poder, que ha puesto a la empresa pública al borde de la quiebra. También, un suponer, los Rosauro Varo o el brillo de esa nueva “beautiful” dispuesta a enriquecerse al calor de Moncloa, por no hablar del gran Javier de Paz, el hombre que estos días trata de unir las piezas rotas del jarrón empresarial socialista, punto de engarce entre su Gobierno y el de Zapatero, con amigos tan poderosos como los presidentes de la Audiencia Nacional y del Constitucional, o la Justicia al servicio de la Política bajo el siniestro manto del gran corruptor.
Y uno tiene la sensación de que Ferrovial no ha dicho una palabra sobre la primera razón, la verdadera, de este viaje a Holanda, ni mú sobre lo más relevante, sobre el miedo que hoy late en cualquier planteamiento empresarial que se haga en España, el temor que suscita la incertidumbre regulatoria y el pánico a invertir en un país que soporta un Gobierno abiertamente hostil a la empresa, que considera al empresario poco menos que un delincuente dispuesto a enriquecerse con la plusvalía del trabajador, vuelta al siglo XIX, un Ejecutivo para quien la empresa es apenas un bulto sospechoso al que freír a impuestos con los que atender “a la gente”, esa gente que en voluntaria servidumbre nos entregará después su voto, qué menos, pero dinero con el que “tito Berni” y sus señorías se pagarán sus juergas con izas, rabizas y colipoterras. Un Gobierno que ha subido impuestos, o los inventa por razones “extraordinarias”, decenas de veces en los últimos años, que ahoga a las empresas con cotizaciones sociales y una catarata legislativa –auditorías, controles, barreras-, insoportable, que anuncia subvenciones en el BOE y las archiva sin previo aviso, todo en un intervencionismo atroz de difícil digestión. Una carga fiscal y legislativa onerosa que, si soportada con cierta resignación por las grandes, hace muy difícil la vida a los millones de pymes (todas refugiadas bajo el paraguas de los 50 empleados) de las que depende la parte del león del empleo en España. Un Gobierno al que, más allá de la propaganda, no le preocupa gran cosa el empleo porque está convencido de que es el Estado quien debe proveerlo. Empleo público, naturalmente.
En lo ocurrido tiene su parte de responsabilidad el tradicionalmente silente, por no decir cobarde, empresariado español. Los Ferrovial et álii no han movido un dedo, que se sepa, para defender el Estado de Derecho, la seguridad jurídica de los negocios y el libre emprendimiento. Porque es probable que el destrozo al que estamos asistiendo no hubiera tenido lugar si esta gente, con evidentes especiales responsabilidades, hubieran tenido valor cívico bastante para emitir opinión, simplemente eso, denunciar lo que estaba ocurriendo. Asistir estos días en directo al desmoronamiento del sanchismo, con Prisa y RTVE como adelantados del espectáculo, produce el regusto amargo de la venganza por fin cobrada aunque salpimentada por el daño insoportable a los arbotantes de un sistema que ha soportado la convivencia y la prosperidad de este país desde la muerte de Franco. Es, conviene repetirlo una vez más, el resultado de aquella gran charlotada que terminó siendo la expulsión de Sánchez de la secretaria general del PSOE después de que le descubrieran metiendo papeletas en una urna tras una cortina en Ferraz. Otoño de 2016. Lo echaron, pero lo dejaron vivo. Y poco después le entregaron las llaves del tesoro. Todo lo que el asturiano Javier Fernández temía que el “patriota” pudiera perpetrar, lo ha perpetrado en estos casi cinco años de estancia en Moncloa. Todo y por su orden. Todo y con total impunidad. En la seguridad de que todo le sería permitido por un país que ha terminado sin pulso. Echarle, echarlos, se ha convertido en una cuestión de supervivencia para España.
Y se largó…
Luís Asúa. gaceta. 5 Marzo 2023
Tanto Davos, tanto globalismo y cuando se les aplica el cuento se ponen furiosos. El capitalismo es así, queridos ilusos de la podemía y del PSOE.
Ferrovial se las pira, que diría un castizo. Y se las pira porque ahora necesita un marco jurídico estable, una fiscalidad más bonancible (y diría menos errática) y también un acceso más flexible a los mercados de capitales. Seguridad jurídica, menos impuestos y más financiación son razones poderosas. Y al parecer no va a ser una mudanza formal, también se llevan a mucha gente muy cualificada de sus oficinas centrales. Una salida en toda regla.
La estampida de Ferrovial, que puede no ser la única, debería servirnos como vacuna y empezar a tomarnos en serio el capitalismo moderno. Un capitalismo en cuyo extremo tenemos que el país más capitalista de la Tierra esta gobernado por el Partido Comunista chino… Podemos (ironía intencionada) cerrar los ojos, seguir pensando que somos una potencia mundial de wokismo, capitalismo moralista y sostenibilidad, y mantener el peculiarísimo ambiente empresarial carpetovetónico: sueldos bajos, productividad baja, educación baja; y la renta per cápita sin crecer desde hace décadas.
También podemos hacer benchmarking (palabra muy chula y de moda que significa copiar, sí copiar) lo que hacen, por ejemplo, irlandeses y holandeses, y empezar a atraer empresas a nuestro país. Vendrá gente a ganar dinero (aunque moleste a la podemía), pero esa gente tendrá un efecto arrastre o de emulación que hará que muchos españolitos se beneficien. Tenemos un clima y un país ideal para competir seriamente en atraer empresas e inversiones a nuestro país.
Pero antes habrá que plantear el debate cultural (uno más, otro más). Señores de la rancia y cateta izquierda española: el mercado y el capitalismo son buenos, las empresas generan empleo y bienestar. Los empresarios no son explotadores horribles a los que hay que perseguir e insultar, como ha ocurrido en múltiples ocasiones desde el Gobierno. Unos insultos que no crean que son monopolio de la izquierda.
Después habrá que cambiar la mentalidad estatista y creernos que el paradigma ha cambiado. Proclamar que ya no hace falta autorización administrativa para todo, sobre todo para empezar cualquier actividad y que basta con una declaración responsable del empresario. Hay una directiva europea del año 2006 en este sentido y que apenas ha tenido reflejo en nuestra mentalidad y practica administrativa.
Por supuesto, habrá que revisar todos los requisitos para iniciar una actividad empresarial y eliminar muchas de las zarandajas de género, medioambientales y demás wokismos que desesperan al emprendedor. Como dice un buen amigo, llevamos años con el rollo de la ventanilla única y seguimos estando en la cola de la competitividad en los momentos iniciales de apertura de un negocio. Hay una web muy seria que realiza rankings sobre esta cuestión (doingbusiness.org), en ella pueden comprobar que estamos en la cola en esos momentos iniciales, que son cruciales, de puesta en marcha de un negocio.
Finalmente, hay que dejarse de adanismos y copiar (o como decía antes, más finamente, hacer benchmarking): copiar y mejorar la fiscalidad, el marco jurídico y la facilidad financiera que existe en países como Irlanda o Holanda, o incluso Portugal, que nos llevan años de ventaja. Este benchmarking debe ser constante para ponernos y mantenernos en cabeza a la hora de atraer inversiones y empresas. Nuestro principal atractivo es el clima, la gente y la tierra, nuestra cultura e infraestructuras; usémoslas en beneficio de todos. España es mucho mejor destino que esos países brumosos del norte. Que esas gentes no sólo vengan a hacer turismo. También les queremos de forma permanente, trabajando entre nosotros. Cambiemos una inmigración que tira de los salarios para abajo por otra mucho más cualificada que tira de los salarios para arriba. Al final, quizás, le tendremos que dar las gracias a Rafael del Pino por su decisión.
Al servicio de los ciudadanos
Alejo Vidal-Quadras. voxpopuli. 5 Marzo
2023
El pasado 1 de marzo tuvo lugar en Madrid una mesa de debate organizada conjuntamente por la Fundación Foro Libertad y Alternativa, por el Foro España Cívica y por el centenar de entidades que respaldaron la magna concentración en la plaza de La Cibeles el 21 de enero en defensa de España, la democracia y la Constitución, sobre los serios defectos de nuestro sistema institucional, como corregirlos y servir así a los ciudadanos y no a los partidos, que han colonizado de manera escandalosa los órganos constitucionales y reguladores, desvirtuando su papel en nuestro ordenamiento. Los ponentes fueron de excepción, Alfredo de Pérez de Armiñán, Francisco Sosa Wagner y Ramón Rodríguez Arribas. A mí me correspondió pronuncias unas palabras de apertura del acto, que paso a extractar porque creo que no es bueno que se las lleve el viento y que pueden ayudar a muchos de mis lectores a comprender la situación en que nos encontramos:
"España vive instalada desde hace demasiado tiempo sobre una serie de errores conceptuales, fragilidades morales, deteriores institucionales, divisiones lacerantes y políticas públicas lesivas para el interés nacional que nos permite, sin ánimo de catastrofismo o de indebido pesimismo, pero con absoluto realismo, afirmar que estamos siguiendo un rumbo profundamente equivocado y que, si no le ponemos remedio, vamos directos al fracaso colectivo y al desmantelamiento de la obra de la Transición, cuando es evidente que la rectificación de este camino desviado haría de España un país próspero, seguro, respetado y de éxito.
Hemos de enfrentarnos a una realidad dolorosa y sin duda decepcionante, pero que hemos de entender y asumir porque de lo contrario el presente marasmo que nos envuelve nos devorará. Y esta realidad no es otra que los dos principales partidos que han desarrollado, gestionado y administrado el modelo territorial, político, económico, jurídico, social y ético diseñado por el orden constitucional puesto en marcha en 1978, no han sabido estar a la altura de su misión, han fallado flagrantemente, han antepuesto sistemáticamente sus intereses parciales y electorales con una lamentable visión de corto plazo al interés superior de la Nación. Ninguno de los dos es inocente, ambos nos han traído, unas veces por acción deliberada, otras por omisión dolosa, hasta el lamentable panorama que nos asedia y nos alarma, una Nación asaltada por fragmentadoras pulsiones centrífugas, endeudada hasta límites insostenibles, con sus peores enemigos instalados en el puente de mando del Estado, moralmente descuadernada y con un Gobierno empeñado aviesamente en destruir un orden social basado en el imperio de la ley, la separación de poderes, la libertad económica y la unidad nacional para reemplazarlo otro disolvente, destructivo y suicida en el que todos aquellos principios y valores que la experiencia histórica ha demostrado que fortalecen, vigorizan, dinamizan y proporcionan estabilidad, riqueza y convivencia civilizada en libertad a los grupos humanos que los respetan y los practican, son atacados en todas las esferas de la vida comunitaria, el esfuerzo, el mérito, el trabajo, la búsqueda de la excelencia, el afán de conocimiento, la eficiencia responsable en la asignación de los recursos públicos, el fomento de la actividad empresarial, el cumplimiento de la palabra dada, el afecto solidario entre españoles de toda condición, hasta las verdades biológicas más indiscutibles son puestas en cuestión mediante leyes aberrantes que causan un daño irreversible en muchos adolescentes sometidos a concepciones antropológicas monstruosas que no es exagerado calificar de criminales.
Por todo ello, es obligación de la sociedad civil reaccionar y activarse, levantar la voz sin desmayo de la manera más enérgica y eficaz posible para dar un aldabonazo de advertencia a la clase política y sacarla de la inercia letal en la que brega en contra de la racionalidad más elemental, de la lógica política más obvia y de la realidad misma. Hay una frase luminosa de Aristóteles en su Ética en la que hace a los griegos del siglo IV antes de Cristo una vibrante recomendación: "Sed en vuestras vidas, les dice, como arqueros que disparan a un blanco". Toda generación tiene una misión, que puede cumplir o no y un blanco al que apuntar con mejor o peor acierto. Pues bien, los que vivimos y participamos en la segunda mitad de los setenta de la pasada centuria, unos apoyando, otros como protagonistas, en la magna tarea de la transformación de España en una democracia occidental saludable y operativa, tenemos hoy, a la luz de lo acecido en los últimos cuarenta y cinco años, un objetivo, un blanco al que disparar y dar en la diana, y este afán no ha de ser otro que movilizar las energías positivas que aún laten en el seno de la sociedad española, soterradas, pero poderosas, para que surja imparable un estado de opinión que fuerce a la nueva mayoría parlamentaria que previsiblemente se formará dentro de diez meses a ser una verdadera alternativa que enderece el fuste torcido que es hoy España y no un simple paréntesis resignado en un proceso imparable de desplome.
Es posible que sea una tarea que nos rebase y que pueda ser vista como voluntarista, ingenua y hasta estéril, que haya quien crea que es ya demasiado tarde, que el mal está tan extendido y es tan intenso que todo lo que hagamos llegue tarde y que es un empeño baldío, pero incluso si fuera así, es nuestro deber intentarlo.
Sentado lo anterior, quiero dejar claro que los partidos no deben ser reemplazados por sistemas totalitarios, como cierta izquierda concibe en sus sueños húmedos y que han de cumplir su función para articular la democracia. En otras palabras, más que un mal necesario son un mal inevitable. Sosa Wagner, con la chispa que le caracteriza, dijo en el coloquio que nuestra democracia se ha vuelto adúltera y se ha ido de picos pardos con los partidos en lugar de protegerse de ellos para prevenir que la degraden. Esta coyunda obscena es lo que henos de evitar y para ello nuestra arquitectura institucional requiere una valiente y rigurosa revisión. Intentemos crear una fuerte conciencia nacional al respecto para que la democracia española vuelva a llevar una vida decente, lejos de obscenas tentaciones.
La reacción brutal y típicamente bolivariana del Gobierno contra Ferrovial
Federico Jiménez Losantos. libertad
digital. 5 Marzo 2023
Ver a Nadia Calviño convertida en Pam y a Sánchez en Che Moncloa atacando a Ferrovial es algo más que un escándalo: un error del Gobierno, en un caso que podía haber aprovechado perfectamente en su favor. Hace sólo un año, la vicepresidenta Calviño, esa nada perfumada que los genios del Ibex creyeron representante de la ortodoxia financiera, elogió en Nueva York a Del Pino por su "inspiración y liderazgo". En vez de enfurecerse al preguntarle por el caso, podía haberse fingido empática y hasta patriota.
La falta de reflejos de Calviño
Era fácil incluso vengarse por la marcha a los Países Bajos. Bastaba decir que, precisamente al saber de sus problemas internos, ella le elogió públicamente y nada menos que en los EEUU, donde piensa cotizar. Porque este Gobierno, faltaría más, busca siempre lo mejor para las empresas españolas, que son las que crean riqueza y empleo. Ah, y que si Del Pino cree que en Holanda solucionará esos problemas, ella también lo deseaba como a toda empresa de origen español. Hasta podría haber añadido que el accionariado de este tipo de empresa está sometido a fondos de inversión, que no actúan por razones de economía interior, sino exteriores de tipo especulativo y poco controlables. Y, en fin, se habría adornado aún más diciendo que está segura de que, si Ferrovial salía adelante, volverá a casa.
La batahola mediática habría sido tremenda: ¡Qué estilo! ¡Qué forma de capear el temporal! ¡Qué nivel el de Calviño! ¡Ojalá todas las ministras fueran igual! Los plácemes habrían llegado a Tananarive, Madagascar. Del Pino habría quedado mal ante sus accionistas, Ferrovial más comprometida que antes de largarse y el Gobierno, dueño de la situación económica. En cambio, ahora las empresas saben que Calviño es una nulidad que no sabe ganar ni perder; y que, ante un problema, actúa como una podemita más.
¿Pretende Sánchez una presidencia europea antieuropeísta?
Pero más grave aún que la rabieta de Calviño ha sido el ataque personal del presidente del Gobierno, que próximamente ostentará la presidencia de la UE, a un ciudadano español que, como cualquier europeo, puede fijar su residencia personal, empresarial y fiscal en cualquier país de la Unión.
¿Ése es el talante que exhibirá Sánchez, más hosco que Le Pen u Orban? Después de pedir cuantiosos fondos europeos a los países más prósperos, entre ellos los Países Bajos, ¿los atacará porque haya españoles que quieran vivir allí, con menos presión fiscal y más seguridad jurídica? Esas son las razones esgrimidas por Ferrovial. Y la reacción del Gobierno las confirma.
Porque el Gobierno ha reaccionado con rabia y con una retórica anticapitalista que hasta ahora era privativa de los comunistas de Podemos. Eso demuestra, como hemos dicho aquí a menudo, que el verdadero jefe de Podemos, como el verdadero jefe del Golpe de Estado Catalán, es Sánchez. Pero nunca se había mostrado tan fuera de control, perjudicándose él solo, acabando con el hechizo o con el embeleco de que hay un PSOE distinto a Podemos, que sólo soporta sus salidas de tono y sus leyes extremistas para no romper la coalición de Gobierno, pero que no tiene nada que ver con los de Caracas. No sólo tiene mucho que ver: es que no se diferencia en nada.
Esta semana publicaba en el BOE la ley Trans, un crimen legal que destrozará la vida de muchos miles de jóvenes y que no es obra de Irene Montero, sino del presidente. Y el mismo día, a la misma hora, Sánchez tronaba contra el "antipatriota" Del Pino en los mismos términos que Ione Belarra y la tribu morada o que los no menos comunistas MeMa y Errejón.
¿Qué cabe esperar de una segunda legislatura de Sánchez?
¿Y qué significa este alarde de sinceridad emotiva, esa descarga de bilis? Algo contra lo que deberíamos estar prevenidos: lo que sería una segunda legislatura de Sánchez, ferozmente bolivariana, bajo el lema "¡Exprópiese!".
El Partido Popular, perito en dejaciones y ducho en traicionar sus promesas electorales, debería darse cuenta, visto el ferrovialazo, no de la empresa sino de Sánchez, de que no hay ninguna posibilidad de pactar nada con Sánchez; y por dos razones: porque no le conviene a España, que temo le da igual, y porque no le da la gana a Sánchez, que debería hacerles pensar.
Hay muchos signos en el horizonte que llevan a lo mismo: Sánchez sólo contempla una segunda legislatura como una liquidación del orden constitucional, y la implantación, en su exclusivo beneficio, de un modelo en el que la arbitrariedad personal y la corrupción política no tendrán freno ni siquiera en la Unión Europea, cuyos tratados aprovecha este Gobierno hasta donde le conviene pero que repudia o ignora cuando le da la gana.
El viaje reciente de la comisaria que buscaba averiguar el buen uso de los fondos europeos, y cómo se determinaban sus beneficiarios, se saldó con la confesión de que no había podido enterarse de absolutamente nada. El comportamiento de Calviño fue un aviso de la coz a Del Pino. Igual que Teresa Ribera, enemiga del paisaje español y a cuyas espaldas se urde la estrategia europea, en rigor alemana, sobre Energía. En los últimos días, al hilo del Caso PutiPSOE, se multiplican las evidencias de que Sánchez no aspira a Bruselas, sino a Caracas. El que no lo vea es que no lo quiere ver.
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Puteros, coqueros, comisioneros y viagreros… pero la culpa es de Ayuso y ‘El Mediador’
EDUARDO INDA. okdiario. 5 Marzo 2023
Ahora resulta que nadie, «ni en la bancada socialista ni en la sede del partido en la calle de Ferraz», tiene pajolera idea de quién es Juan Bernardo Fuentes Curbelo, alias Tito Berni. Que era un diputado «desconocido» o cuasianónimo. Que como es canario «sólo se relacionaba con los canarios». Que «apenas estaba en Madrid». Eso sí: fotos con Sánchez y las más altas magistraturas del Estado, de militancia socialista obviamente, hay para dar y tomar. Y, además, qué narices, tampoco son tantos los diputados del PSOE, exactamente, 120, con lo cual las posibilidades de no tener ni idea de quiénes son o de dónde proceden oscilan entre cero y ninguna salvo que padezcas ese mal, el Alzheimer, al que Pasqual Maragall se refería como «ese señor alemán». Y qué carajo, lean OKDIARIO mañana y verán que no era precisamente uno que pasaba por allí como nos quiere hacer ver ese sanchismo orgánico, institucional y mediático que nos trata a los españoles como si fuéramos tontos del bote.
Tito Berni encarna un modo de hacer política muy sociata: el de irse de putas con dinero público o del adjudicatario o contratista de turno, el de meterse farlopa como si no hubiera un mañana y el de trincar mordidas aplicando ese viejo aserto popular que viene como anillo al dedo: «A robar, a robar, que el mundo se va a acabar». Y con ello no quiero decir que todos los socialistas sean unos mangantes. Todo lo contrario, creo, aunque cada vez con menos fuerza, que la mayoría es gente honrada que vive de su sueldo y punto. Al igual que en el PP y en Vox. No puedo suscribir lo mismo de Podemos, que fue semillado con dinero de la narcodictadura venezolana con mecanismos éticamente repugnantes como CEPS, Neurona o Kinema y aceptados por acción u omisión por casi todos sus jerarcas.
Pero a nadie se le escapa que lo de las meretrices —putas o prostitutas en cristiano—, las mordidas y la cocaína no representa ninguna novedad por Ferraz y demás casas del pueblo. Fue moneda de uso corriente con Luis Roldán y en los ERE, el segundo mayor caso de corrupción de la historia europea contemporánea tras el protagonizado por ese campeón imbatido que es Jordi Pujol. Conviene recordar que Francisco Javier Guerrero, director general socialista de Empleo de la Junta de Andalucía, se iba de prostitutas con dinero público destinado teóricamente a ayudar a ciudadanos en paro. El pájaro, fallecido en 2020, se gastó 14.700 euros del contribuyente en una sola noche en el prostíbulo Don Angelo, uno de los más frecuentados y caros de la capital hispalense.
Tampoco conviene olvidar que el director general de Empleo con Griñán amasó 1,3 millones públicos en efectivo para irse de jarana y empolvarse la nariz. Una minucia al lado de los 690 millonazos defraudados en total por los socialistas con esos delincuentes llamados Manuel Chaves y José Antonio Griñán, tipos a los que el saqueo de dinero público ha salido relativamente bien por no decir gratis. Los nueve años de inhabilitación a Chaves y los seis de prisión a Griñán se antojan un chollo al lado de los 53 endosados a Correa en sólo —sí, con tilde— uno de los juicios de Gürtel y los 29 a Bárcenas por menos parné robado, treinta y tantos kilos. Mucho más aún si tenemos en cuenta que Griñán no ha ingresado en el hotel rejas pese a que la sentencia es firme desde septiembre. Ni creo que entre: lo del cáncer no cuenta para Eduardo Zaplana, para Manuel Prado y Colón de Carvajal, pero sí para el ex presidente andaluz. Ya se sabe que no todos somos iguales ante la ley.
Sí constituye una auténtica novedad en el modus operandi de los golfos socialistas el pago de viagra en cantidades industriales por parte de adjudicatarios públicos a los diputados amigos del Tito Berni que se iban de fulanas. El número 1 en la especialidad era el político canario. «Pedía tres viagras por noche», rememora El Mediador, «es que el trabajo en el Congreso estresa mucho». Lo que no sé es cómo con tanto trasiego de prostitutas no le dio un chungo al dirigente majorero.
La cosa puteril no se reduce al Tito Berni como sostiene la dirección socialista. Son «cuatro en total», tal y como me comentó Antonio Navarro Tacoronte (El Mediador) en la entrevista que le hice el miércoles por la noche en Tenerife. Dos han sido identificados, el propio Tito Berni y el almeriense Indalecio Gutiérrez Salinas, y los otros dos aún son una incógnita. El hombre que da nombre al caso, un antiguo legionario listo como los ratones coloraos, los reconoció pero como quiera que no fue al 100%, «más allá de toda duda razonable» como yo le solicité, prefirió que no publicásemos sus identidades.
Lo primero que hay que preguntarse es cuántos de los 350 diputados, y concretamente cuántos de los 120 socialistas, trincan por hacer gestiones ante la Administración o por enfocar una ley al gusto del paganini. Porque del relato de El Mediador se infiere que estas prácticas son más comunes de lo que pensábamos. Apunta como mordedores a varios diputados socialistas y a la senadora canaria Olivia Delgado, de la que dice que percibió «4.000 ó 5.000 euros» de la trama por unas gestiones a favor de los productores lácteos de las Islas.
El PSOE en general y Sánchez en particular han optado por responder a este episodio de corrupción del peor jaez con esa estrategia que sostiene que la mejor defensa es un buen ataque. Lo primero que han hecho es arremeter sin piedad contra El Mediador, desvelando sus antecedentes penales, intuyo que tras bucear ilegalmente en los archivos policiales. Un suicidio en toda regla teniendo en cuenta que lo sabe todo. El presidente del Gobierno pasó por el escandalazo de puntillas en el Telediario del gran Piqueras. «No me consta que haya más diputados socialistas implicados», enfatizó plagiando la frase que empleó María Dolores de Cospedal cuando un servidor y Esteban Urreiztieta desvelamos los sobresueldos en Génova 13 y la financiación en B del PP. Habría que refrescar la memoria a nuestro presidente para aclararle que el «no me consta» es ya en la política española sinónimo de un contundente «sí» o de ese aforismo latino que es el «excusatio non petita, accusatio manifesta».
Es obvio que Isabel Díaz Ayuso, su enfermiza obsesión, no podía faltar en toda esta polémica. «Nuestro modelo contra la corrupción», subrayó un cada vez más engolado presidente, «es todo lo contrario al de la señora Ayuso, nosotros atacamos la corrupción, no la ocultamos». Este tío es un kamikaze. Por lo que yo sé, y por lo que él conoce, que no es poco, tiene en su mesa el sumario del caso antes que nadie, El Mediador no ha destapado completamente el tarro de las esencias. Ni muchísimo menos. Es más, no estamos en el principio del final del caso, ni tan siquiera en el final del principio, sino más bien en los prolegómenos.
El resto de los gerifaltes socialistas ha empleado la misma táctica. Empezando por Félix Bolaños, terminando por la ministra portavoz, Isabel Rodríguez, y pasando por ese Patxi López que tiene menos luces que un barco pirata. La chulería del portavoz del Grupo Socialista clama al cielo. Esta misma semana respondió a la educada pregunta de un periodista con un impresentable «¡y a ti que te importa!». Lo desgraciadamente habitual en este licenciado en primero de Ingeniería Industrial, que ha exigido que me echen de la tele por sostener que Pedro Sánchez es «un filoetarra» y un «golpista». Lo cual se antoja una perogrullada, teniendo en cuenta que «filo» significa «amigo de» y que yo sepa el presidente tiene de socio preferente a Arnaldo Otegi, ex número 1 de ETA. Lo de «golpista» es otra obviedad: los indultó y les ha rebajado la pena de malversación a la carta. Ergo, es un golpista por cooperación.
Espero, confío y deseo que el PSOE tome cartas en el asunto, y diga esta boca es mía de una vez, en lugar de amparar a unos diputados que no son unos benditos a los que han metido en un lío. Es más, varios de ellos ya han admitido que acudieron a francachelas sufragadas por el Tito Berni y El Mediador con cargo a adjudicatarios públicos. El partido les paga las querellas contra Antonio Navarro Tacoronte sin reparar en que el encubrimiento puede acabar reventándoles la cabeza cual implacable bumerán. Menos entiendo aún que Meritxell Batet no haya abierto de oficio una investigación para escudriñar el más que presunto tráfico de influencias cometido por varios de los miembros de la Cámara Baja. Tres cuartos de lo mismo se echa en falta en el normalmente más diligente Ander Gil, presidente del Senado.
Los españoles también echamos en falta que Sánchez o algún prohombre del PSOE salga y pida perdón. Y me da asco la estrategia colaboracionista y corrupta de la Fiscalía de negarse a pedir prisión para un Tito Berni al que no hay que cabrear más de la cuenta y que debe estar metido de hoz y coz en la ardua tarea de destruir pruebas. La táctica de lanzar cortinas de humo tipo Ferrovial, de culpar a El Mediador o a Ayuso es otra memez a la par que un acto kamikaze. Cuando te escapas de un marrón echando infantilmente la culpa a todo hijo de vecino menos a quien toca, en lugar de depurar y asumir responsabilidades políticas, acabas liquidado por una ciudadanía que tolera tan mal la mentira como la corrupción. Esto acabará con el PSOE. Por lo electoral o por lo criminal. O por las dos cosas a la vez.
El puto C1
Hughes. gaceta. 5 Marzo 2023
Como diría la letrilla: con los C1 que exigen los fascistones se hacen las gaditanas tirabuzones y Begoña, la joven enfermera, ha emitido en su TikTok el grito liberador que callan los políticos españoles.
Su «puto C1» sólo admite un reproche, y es que podía haber sido catalanizado. Ella ha perdido perdón, pero lo que tendría que hacer es traducirlo, ofrecerlo bilingüe: «putu C1, el putu C1».
Que una persona renuncie públicamente a una oposición por encontrar excesiva una exigencia que además la lastra de desigualdad no es un atentado contra Cataluña sino una realidad palmaria que no se puede decir y que Begoña expresó con total frescura por no estar imbuida de la ortodoxia estatutaria de la lengua propia e impropia.
Pero meterse con el C1 ha sido como profanar la Moreneta. ¿En qué realidad planetaria un diploma lingüístico se convierte en sacrosanto? En una en la que ese diploma sirve para otra cosa, para mucho más de lo que acredita.
Sus palabras le han valido el bullying general, el bulli colectivo, la reprimenda («intolerable») de un miembro del Gobierno, un expediente, la eliminación de la red social y hasta la amenaza del «fotem-la fora» de Lluís Llach.
Es muy revelador que las últimas víctimas del nacionalismo catalán sean el niño de Canet, las gemelas argentinas y esta joven enfermera gaditana. Habla de un sadismo cobardón y del nacionalismo como un hecho educativo. No se enfrentan al adulto, someten al joven.
Entre todas, destacó la reacción de la UGT, que olvidándose de los derechos de la trabajadora (la libre expresión, por ejemplo) la reprendió recordándole ¡los derechos lingüísticos del paciente! Pero ¿y los del paciente hispanohablante? Alguien pudiera pensar, alguien deliberadamente ingenuo, que en juego está una especial sensibilidad con los derechos lingüísticos, pero nada más lejos. Con Begoña, sobre Begoña y en Begoña se está haciendo nacionalismo, Estado. Se ejerce sobre ella una presión estatal, política, censora y una violencia incruenta que se sigue permitiendo. Sobre ella se da un micro golpe; sobre cada Begoña un 1-O.
El nacionalismo catalán olvida por el momento las proclamas soberanas, las fronteras y las infraestructuras, pero actúa sobre las personas, y que la víctima sea mujer, joven, trabajadora y emigrante retrata a la izquierda, su farsa grotesca de colaboracionista absoluta con el delirio antiespañol y antiobrero del nacionalismo. El feminismo, el izquierdismo, pero también el españolismo monárquico de pulserita y el constitucionalismo socioliberal son teatrillos al servicio del poder oligárquico separatista.
En el caso de Begoña, se riza el rizo porque su trabajo es cuidar, limpiar, sanar, vendar y paliar el dolor de sus conciudadanos. Las exigencias al charnego van mutando: a la masa obrera pijoaparte se le pide ahora un trabajo asistencial mudo, una sumisión en el cuidado. Las potencias sádico-represivas se disparan.
La rebelde salida de Begoña, «puto C1 de catalán», debería convertirse en grito popular, como el de otra Lola la Piconera, que incorporar al desatendido «Puigdemont a prisión». Quien quiera, ahí tiene la tarea.
EL MUNDO AL REVÉS
Los ‘comegambas’ de la UGT encabezan el acoso a una enfermera que criticó que se exija el C1 catalán para opositar en Cataluña
La enfermera ha asegurado que teme por su integridad física
PERIODISTA DIGITAL 5 Marzo 2023
Los ‘comegambas’ de la UGT encabezan el acoso a una enfermera que criticó que se exija el C1 catalán para opositar en Cataluña
Los líderes de CCOO y UGT, sindicalistas marisqueros
Se supone que los sindicatos son asociaciones de trabajadores para protegerlos ante los posibles abusos de los patronos y buscar las mejoras laborales.
Sin embargo, los comegambas de la Unión General de Trabajadoras y Trabajadores (UGT) se empeñan en demostrar que ellos solo están al servicio de los actores políticos de la izquierda.
El último episodio vergonzoso vino de parte de la filial catalana de la UGT, que apuntaló la campaña de acoso contra una enfermera que se quejó en su cuenta de TikTok ante la exigencia de tener que acreditar el C1 de catalán para poder trabajar en el sistema sanitario de esa Comunidad Autónoma.
Desde su cuenta de Twitter, los ‘defensores’ de los obreros, señalan con un mensaje a la enfermera, al tiempo que replican el vídeo que ella publicó en su perfil de la otra red social. Por supuesto, el texto lo publicaron solo en catalán:
«Gracias Clara, por valorar la importancia de hablar catalán en Cataluña y por respetar a los pacientes que y por respetar a los y las pacientes que tienen derecho a comunicarse con el personal de enfermería en la lengua propia. Ojalá tus compañeras también lo entendieran».
La enfermera que se queja es Begoña Suárez, de Cádiz, y Clara es la compañera a su derecha que señala que ella sí habla catalán. La gaditana ha sido el centro de una campaña de acoso de los independentistas sectarios que afirman que la frase «el puto nivel C1 de catalán» que se le escucha a la profesional sanitaria es una afrenta a la cultura catalana y una muestra de xenofobia.
Los mismos que en TV3, la cadena de televisión pública, gritan a viva voz «Puta España» o emiten el himno nacional como pedos, aseguran que quejarse del mal llamada inmersión lingüística es una falta de respeto gravísima.
Luego de que la UGT catalana difundiera el vídeo, se sumaron a la crítica desde la Generalitat hasta el prófugo de la justicia, Carles Puigdemont.
Por su parte, gracias a la gran acción de la UGT, la enfermera asegura temer por su integridad física y que está tramitando la «baja por estrés», aseguró al diario El Mundo.
«Ahora mismo me da mucho miedo salir a la calle, por las consecuencias más allá del hospital. Hay gente que está muy loca y puede venir a darme una paliza. He recibido un montón de amenazas».
Llama la atención la acérrima defensa de un requisito que es una barrera para los trabajadores españoles de otras comunidades autónomas para ingresar en el mercado laboral en Cataluña más en un área tan delicada como la Salud, donde falta personal. Esto contrasta con el silencio inquebrantable de la UGT respecto a la problemática sanitaria en esa región, en una situación mucho peor que Madrid, donde la demora en la lista de espera puede llegar a los cinco meses.
Cuarenta y dos sanitarios presentan recurso contra el requisito del nivel de catalán para consolidar sus plazas
Representados por Hablamos Español y Convivencia Cívica Catalana denuncian que el nivel de catalán que se exige "está totalmente injustificado".
Pablo Planas. (Barcelona). libertad digital. 5 Marzo 2023
En plena lapidación digital y mediática contra la enfermera gaditana que se quejó de que se exija el nivel C1 de catalán para optar a una plaza fija, las organizaciones Hablamos Español y Convivencia Cívica Catalana, así como 42 profesionales sanitarios que trabajan en Cataluña han interpuesto un recurso contencioso administrativo contra el Instituto Catalán de la Salud (ICS) por lo que consideran "abusivo requisito del catalán" para consolidar sus puestos de trabajo.
En una nota hecha pública por Hablamos Español y Convivencia Cívica Catalana se especifica que "representamos a 42 profesionales de la salud, trabajadores en activo que han demostrado su plena capacidad para desarrollar su labor, y que ahora se encuentran con una injusta y arbitraria barrera idiomática para poder estabilizar su plaza.
Entre los 42 profesionales se encuentran cirujanos, personal de mantenimiento, enfermeras, auxiliares, médicos, celadores, técnicos y biólogos. En la actualidad ejercen su labor en Can Ruti, Vall d’Hebron, Bellvitge y en Centros de Salud.
A finales del año pasado, el ICS publicó la "convocatoria de los procesos selectivos de estabilización mediante concurso de méritos y concurso oposición" en diferentes categorías, de los médicos y enfermeras al personal administrativo y de logística. La resolución establecía que en la mayoría de los puestos a concurso se exigirá el nivel C1 de catalán (nivel de suficiencia).
A modo de reacción, las dos entidades citadas recordaron que la Generalidad reclutó personal sanitario de toda España para hacer frente a la pandemia y que "las autoridades sanitarias catalanas no les pidieron titulación de catalán porque la necesidad apremiaba ante la situación de emergencia sanitaria. Ahora, después de tres años trabajando en el sistema de salud catalán, pueden acceder a esta convocatoria de estabilización de plaza, pero les exigirán un C1, a pesar de que ningún idioma les ha impedido realizar su trabajo hasta ahora".
Requisito inconstitucional
Ahora, la entidades denunciantes y esos 42 profesionales sanitarios argumentan en su demanda que "el nivel de catalán que se exige en todas y cada una de las categorías objeto de la convocatoria, es desproporcionado y está totalmente injustificado, habiéndose adjudicado por mero automatismo. Se trata de puestos de trabajo que están siendo desempeñados por trabajadores con plena satisfacción y que en muchos casos no disponen de nivel alguno de catalán".
Hablamos Español y Convivencia Cívica Catalana consideran que "se está imponiendo un requisito para participar en las convocatorias que impide que cualquier ciudadano español que no haya estudiado en Cataluña y que no tenga el nivel de conocimiento de catalán exigido, desmedido para las funciones a desempeñar, pueda participar en el proceso selectivo".
Los afectados son en muchos casos profesionales procedentes de otras partes de España que han podido desarrollar sus funciones hasta ahora sin que el idioma fuera un problema, por lo que los demandantes entienden que "la administración sanitaria catalana está imponiendo una diferencia de trato entre españoles por motivo de lengua que es inconstitucional".
ESPAÑA
La odisea de una familia para ser informada en español en un instituto llamado Cervantes
La asociación Hablamos Español recopila los correos electrónicos intercambiados entre una madre y la directora de un instituto valenciano y presenta un recurso de alzada ante la administración
MARINA ALÍAS. voxpopuli. 5 Marzo 2023
El instituto lleva el nombre del máximo exponente de la literatura española, el de Miguel de Cervantes, pero las comunicaciones a las familias se hacen en valenciano. También para las que solicitan ser informadas en castellano. Así lo ha denunciado la asociación Hablamos Español presidida por Gloria Lago, que ha recopilado los correos electrónicos intercambiados entre la madre de un alumno y la directora del centro para presentar un recurso de alzada ante la administración. La plataforma tampoco descarta acudir a los tribunales.
Todo comenzó a finales de septiembre de 2022, con el inicio de curso. "Me dirijo a la dirección del centro con preocupación porque últimamente no nos están llegando los comunicados en castellano. Ni por Telegram, e-mails, WhatsApp... Y me gustaría recordar que, en virtud de la legislación vigente, que protege a los ciudadanos en sus derechos básicos desde la propia Constitución, que expresa voluntad de proteger a todos los españoles de sus derechos en el uso de lenguas, especificando que el castellano es la lengua oficial del Estado y que todos los españoles tenemos derecho a usarla", arranca el primer correo.
Tras adjuntar el fundamento jurídico al que hace referencia en su texto, la madre pide a la dirección que, si es tan "amable", "atendiendo a la legislación vigente" y apelando a la "buena convivencia" de todos los participantes de la comunidad educativa, le envíen todas las comunicaciones en castellano.
Cruce de correos electrónicos
Es entonces cuando el CEIP Cervantes de Valencia invita a la madre de su alumno a presentarse a una reunión ante "las incidencias que su actitud frente a la lengua está generando", según puede leerse en uno de los correos difundidos por la entidad Hablamos Español. La misma organización denuncia que algunas familias del mismo instituto "nos comentan que el 27 de septiembre del 2022, en un aula de 6º de Primaria, a los niños que llevaban las autorizaciones en español, se las rompieron".
Dos días después, la madre vuelve a solicitar que le trasladen la información en castellano -esta vez con una carta escrita a bolígrafo- y denuncia el trato discriminatorio que recibe. "El día 30 de septiembre 2022, las familias reciben una invitación en valenciano para visitar una Granja Escuela y la misma madre reitera que se lo envíen en español", explican desde Hablamos Español. El 17 de octubre, de nuevo, la madre se dirige a la directora del centro para aceptar una reunión y para trasladar su preocupación tras leer que, a juicio de la dirección, su actitud frente a la lengua generaba "incidencias". Tras un extenso mensaje, vuelve a reclamar su derecho a ser informada en castellano.
Reclaman el proyecto lingüístico
Llega el mes de enero. Año Nuevo, pero misma vida. Es entonces cuando la familia solicita una copia del proyecto lingüístico del centro (PLC). "La directora le niega a la familia su derecho a tener copia al Plan Lingüístico del Centro (PLC), algo que desde Hablamos Español necesitamos para demostrar ante los tribunales que un centro no cumple el mínimo del 25% de troncales en español. Obviamente, la familia sí tiene derecho a una copia. Y de nuevo, se les convoca a una reunión para que reflexionen", señala la asociación que preside Gloria Lago.
Por último, la plataforma recoge el testimonio de una familia después de participar en una reunión. "Se pregunta por la posibilidad de realizar las comunicaciones en los dos idiomas, como hacía la anterior dirección, y no sólo en valenciano por el tema de las familias que no lo entienden. La dirección dice que se está cumpliendo con el Plan Lingüístico del Centro (PLC), que fue aprobado por el Consejo Escolar. La dirección que no se va hacia atrás en el tema del valenciano y que se está cumpliendo con lo aprobado y que, quien no quiera valenciano, 'que no venga al Cervantes'", narran desde Hablamos Español.
"Hablamos Español ha presentado un recurso de alzada ante la administración por calificar de 'no públicos' documentos que sí lo son y porque el centro no concede a las familias su derecho a que las comunicaciones y la rotulación del centro incluyan el español. En dos ocasiones, la directora cita a la madre a una reunión para que 'reflexione' sobre su actitud ante la lengua, que no es otra que el respeto a la cooficialidad. En este colegio se vulnera la cooficialidad lingüística y se ignoran las peticiones de las familias. Además, se da un trato desconsiderado a quienes reclaman sus derechos lingüísticos", explica Lago. Este diario se ha puesto en contacto con el CEIP Cervantes de Valencia para conocer su versión, pero aún no ha recibido respuesta.
Un separatista echa a su hijo con asperger por hablar en español: "Si España está por encima de la familia, márchate"
Le quería "catalanizar", asegura el joven -a LD- muy afectado. Ahora está "en situación de desamparo", explica su abogada, Vanessa González.
Yésica Sánchez. libertad digital. 5 Marzo 2023
"En Cataluña no hay libertad", asegura Juan -nombre ficticio-. Es la conclusión de un joven de 21 años, diagnosticado de Síndrome de Asperger cuando tenía tres, al que su propio padre ha dejado sin casa y sin trabajo sencillamente por hablar en español, sin importarle la situación de desamparo en la que se quedaba. "Es independentista radical", explica el chico en declaraciones a Libertad Digital.
Está "muy disgustado". "No pensaba que era tan mala persona", comenta. Ellos discutían a menudo por sus diferencias políticas, pero no creyó que el hombre pudiese llegar tan lejos. Llevaba desde 2018 trabajando en una de sus empresas -aunque "sin contrato"- y se fue a vivir con él hace diez meses, cuando a su madre la desahuciaron del piso en el que vivía. Es decir, su padre era conocedor de la paupérrima situación económica de la mujer y de que ésta no podría hacerse cargo del joven si le echaba.
Aún así, lo hizo. "Si España está por encima de la familia, márchate", le espetó. Ipso facto se quedó sin nada. No le dejó llevarse sus pertenencias. Ni siquiera su medicación, nos asegura. Juan no entiende la posición de su padre. "No respeta la lengua castellana, que según la ley y el Estatuto de Autonomía de Cataluña se ha de respetar", indica. Él tiene muy claro que está en su derecho de hablar como le plazca.
Prohibido hablar español
"España es mi tierra... Mi país, mi patria. Me siento español y vivo en una tierra que es territorio nacional. Yo hablo en castellano, pienso en castellano y nadie me tiene que obligar hablar en catalán", afirma con contundencia. "No respetan mi españolidad, en Cataluña no hay libertad", insiste. "Aquí hay gente radical que quiere imponerte lo suyo. Pero España es un país muy plural, con riqueza de idiomas y riquezas culturales".
La discusión que desembocó -el pasado viernes- en esta situación, la de que le echara de casa y del trabajo, empezó de la forma más tonta. Como otras tantas veces. Iban juntos, caminando por la calle a comprar el pan, cuando su padre le advirtió de que le iba a "catalanizar". Le exigió "que no hablase en castellano, que lo tenía prohibido" y le amenazó con echarle si lo hacía.
Esta disputa ya la habían tenido en otras ocasiones, su padre estaba empeñado en que "le tenía que hablar a los clientes en catalán". Y no es que nos sepa, añade su abogada Vanessa González, es que "se siente más cómodo hablando en español". Otro de sus empeños era que no tuviese relación con su madre, de ideas políticas muy diferentes a las suyas (nada nacionalistas).
Odio a España
En casa de su padre se respira un clima de "odio a España". Juan recibía insultos y vejaciones por parte de su padre y la novia de éste, ambos independentistas, por no compartir sus ideas políticas. "Me decían que era subnormal, que era retrasado, que era un discapacitado de alto nivel", asegura.
Aunque su padre "siempre fue radical, antes próximo a Convergencia y ahora a Junts, ha empeorado", señala Juan. Él se siente víctima de un intento de adoctrinamiento. "Cuando tenía 15 años y fuimos de viaje a Madrid con el colegio", nos cuenta, "mi padre me dijo: todo lo que veis en Madrid está pagado por los catalanes".
También asegura que el empresario, que goza de una buena posición económica y social, es "clasista" y "racista". "No respeta nada, tampoco a los que han levantado esta tierra", señala. "A los que vivieron en los años 60, les llama extranjeros". "Tiene delirios ideológicos", exclama. Juan no entiende que su padre odie a España, que será "quien pague su jubilación".
¿Y la justicia?
Juan no da crédito a lo que le está tocando vivir. Si ya es duro que tu padre te eche a la calle por motivos políticos, lo que según la letrada Vanessa González podría constituir incluso un delito de odio, aún es peor cuando vas al juzgado y no te hacen caso. "La juez no me quiso escuchar. En mi opinión, por un tema ideológico", afirma Juan.
Había acudido -junto con su abogada- con motivo de una petición de orden de alejamiento contra el padre. Lo cierto es que, nos confirma González, no se le tomó declaración (como es habitual). La magistrada dictó la resolución sin escuchar lo que el joven tenía que decir. Determinó que "no se aprecia situación objetiva de riesgo para la víctima".
"Lo único que ha podido valorar es la declaración que el chico ha efectuado en comisaría", nos explica. Pero "nosotros habíamos aportado documentación de la enfermedad mental que tiene y un informe par acreditar la situación social de la madre", explica. Juan se ha quedado "en una situación de desamparo".
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