Recortes de Prensa Miércoles 8 Marzo 2023

Guerra y paz

Manuel Toscano. vozpopuli. 8 Marzo 2023

Cuando se trata de afrontar la muerte y la destrucción en defensa de sus derechos, únicamente el agredido puede tomar la decisión de continuar la guerra frente a un enemigo más fuerte y despiadado

Se ha cumplido un año de la invasión de Ucrania por las fuerzas armadas de la Federación Rusa, un acontecimiento de los que marcan época, pues ha trastocado por completo los cimientos del orden y la seguridad en Europa, tal y como fueron establecidos por los Acuerdos de Helsinki en 1975, con repercusiones económicas y políticas de alcance global. No puede extrañar por ello que, con motivo del funesto aniversario, se redoblen las voces que reclaman la paz y una solución negociada al conflicto. Como recordarán, las negociaciones entre las autoridades de ambos países llevan suspendidas desde mayo pasado.

En este asunto de las reclamaciones de paz, o de una solución diplomática al conflicto, hay que andar con cautela, pues los lemas funcionan como señuelos equívocos. Ahí tienen como muestra la segunda Conferencia europea por la paz en Ucrania, organizada hace unas semanas por Unidas Podemos junto con otras organizaciones de la izquierda europea, sin que asistiera ningún representante del país agredido. ¡La paz en Ucrania pero sin los ucranianos!

Así que todos estamos por la paz. El quid de la cuestión está como siempre en la letra pequeña: por qué paz estamos y cómo llegar a ella

Por lo demás, nadie se declara a favor de la guerra, siendo ésta un mal terrible. Como observó irónicamente Clausewitz a propósito de Bonaparte, hasta el peor invasor se proclamará ‘amante de la paz’, pues desearía conseguir sus objetivos sin lucha y disfrutar de sus conquistas sin resistencia. Esa era la ambición de Putin cuando lanzó su ‘operación militar especial’ (eludiendo cuidadosamente el término ‘guerra’ en sus discursos), de no ser por que se encontró con la tenaz oposición de un país que no quería renunciar a su independencia e integridad territorial. Así que todos estamos por la paz. El quid de la cuestión está como siempre en la letra pequeña: por qué paz estamos y cómo llegar a ella.

De cómo ha de ser la paz en Ucrania va, por ejemplo, la resolución que la Asamblea General de Naciones Unidas votó el pasado 23 de febrero, en vísperas del aniversario de la invasión. En ella se afirma que, a la vista de las desastrosas consecuencias humanitarias y las gravísimas violaciones de derechos humanos que ha provocado la agresión rusa, es necesario alcanzar cuanto antes una paz justa y duradera, puntualizando que ésta sólo es posible dentro del respeto por los principios de la Carta de Naciones Unidas. Entre esos principios del derecho internacional figuran la prohibición taxativa de emplear la fuerza contra la independencia o la integridad territorial de otro Estado y que cualquier adquisición territorial por medio de la fuerza es ilegal, por lo que no puede ser reconocida por la comunidad internacional. Ex injuria jus non oritur, que reza el aforismo clásico.

Por ello, además de reclamar el respeto por las normas del derecho humanitario, en lo concerniente al tratamiento de prisioneros de guerra o los ataques contra las infraestructuras civiles, hospitales o escuelas de Ucrania, la resolución exige la retirada inmediata y completa de todas las fuerzas militares rusas del territorio de Ucrania, dentro de sus fronteras reconocidas internacionalmente, y reafirma su compromiso con la independencia e integridad territorial del país agredido en consonancia con los principios de la Carta de Naciones Unidas. No es poca cosa que haya sido aprobada por una amplia mayoría de 141 países, con la abstención de otros 32, entre ellos China e India. El rechazo ruso, en cambio, sólo reunió siete votos, con aliados tan ilustres como Corea del Norte, Bielorrusia, Siria o la Nicaragua de Ortega.

Con independencia del éxito diplomático que supone para el gobierno de Zelenski, la resolución de Naciones Unidas tiene el mérito de recordarnos que no vale cualquier paz, o la paz de cualquier modo. Pues no se puede pensar en la paz, o en una solución diplomática, ignorando el hecho de que estamos ante una guerra de agresión en toda regla, una empresa de conquista al viejo estilo, que viola los principios más elementales del derecho internacional sobre los que se edificó el orden internacional tras la Segunda Guerra Mundial. Si algo distingue a la guerra de Ucrania de otros conflictos, que pueden resultar más turbios o equívocos, es la claridad moral que la rodea: un país que se defiende valerosamente contra un invasor poderoso que persigue por todos los medios, incluso los más brutales, acabar con su independencia política y anexionarse parte de su territorio, rehaciendo a su antojo las fronteras en flagrante violación de la legalidad internacional.

Son hechos que nadie puede negar, salvo que uno se alinee con los propagandistas del régimen ruso. Por eso la discusión se desplaza a otro terreno, invocando siempre el valor de la paz. Lo hemos visto desde el inicio del conflicto con los partidarios del ‘no a la guerra’, un lema tramposo que sirve más que nada para emborronar la distinción fundamental entre la agresión y la legítima defensa; de esa forma, por mucha hojarasca retórica que se eche al asunto, se acaba igualando a los beligerantes y difuminando la responsabilidad del agresor. Si además se utiliza para negar al agredido los medios de defensa, o la asistencia militar de terceros sin la que no podría continuar la lucha, entonces se está haciendo el juego al invasor bajo el pretexto del pacifismo. No nos vamos a extrañar: son los de ‘la paz en Ucrania’ sin contar con los ucranianos.

Hay voces más respetables que, sin desdibujar la diferencia entre el agresor y el agredido, alegan la necesidad de detener como sea el curso de la guerra, sentando a las partes a negociar, por temor a que la escalada militar conduzca a la tercera guerra mundial o a una conflagración nuclear. Es el caso de Jürgen Habermas, quien explicaba en un artículo del pasado febrero por qué era el momento de negociar la paz. A la vista de la nula disposición de la parte rusa, el planteamiento supuestamente realista del filósofo parece más bien un ejercicio unilateral de wishful thinking. Pero lo que me interesa es el fondo de su argumentación, pues viene a ser una versión actualizada de la lógica del apaciguamiento: persuadamos, o presionemos, a la víctima de la agresión para que ceda en sus justos derechos con tal de ‘evitar el mal mayor de un conflicto generalizado’. Veladamente por supuesto, Habermas señala que los gobiernos occidentales tienen suficiente capacidad de presión, dada la dependencia de Ucrania de su asistencia militar y económica, para ejercerla sin dejar la iniciativa de las negociaciones en manos de las autoridades ucranianas.

Cito a Habermas porque muchos leen sus artículos de opinión como si fueran encíclicas, pero no es ni mucho menos el único que defiende el planteamiento del apaciguamiento. Por eso conviene ver que éste falla tanto por el lado del realismo como por el de la justicia. De lo primero tenemos suficiente constancia por la experiencia histórica, pues el apaciguamiento es percibido por el conquistador como una señal de debilidad y suele abrirle el apetito. Sabemos bien cómo acabó la política de apaciguamiento de Francia y Gran Bretaña en los Sudetes y Checoslovaquia, cuando la injusticia no evitó la guerra, pero es que tenemos mucho más reciente el comportamiento de Rusia primero en Georgia y en 2014 con la anexión por la fuerza de Crimea y la ocupación del Donbás.

En cuanto a lo segundo, habría que tener cuidado con que la preocupación humanitaria por los horrores de la guerra no oculte la injusticia fundamental que es la agresión, que los desencadena injustificadamente. No es por casualidad el crimen de guerra por antonomasia, mientras que la defensa frente a ella constituye el caso ejemplar de guerra justa. Como explica Michael Walzer, la agresión quebranta ‘la paz con derechos’, la seguridad y la libertad de quienes sufren la agresión, no la mera ausencia de hostilidades. Ahí está el mal que comete el agresor, porque fuerza a los agredidos a arriesgar sus vidas para defender sus derechos, poniéndolos ante la necesidad de tener que elegir entre esos derechos o (un buen número de) esas vidas.

Siendo la agresión un acto criminal, corresponde a la víctima el derecho a defenderse recurriendo a la fuerza necesaria, que le asiste de acuerdo con el derecho internacional y la tradición de la guerra justa. Por eso, cuando se trata de afrontar la muerte y la destrucción en defensa de sus derechos, únicamente el agredido puede tomar la decisión de continuar la guerra frente a un enemigo más fuerte y despiadado; sugerir otra cosa parece cuando menos inicuo. No menos importante es ver que la agresión es un crimen que se comete contra la víctima, pero también contra toda la comunidad internacional, según recuerda la resolución de Naciones Unidas. De ahí que esté más que justificada la asistencia a la víctima, proporcionándole los medios necesarios para defenderse. Porque defendiéndose está defendiendo los principios fundamentales del orden y la legalidad internacional, que nos conciernen a todos. Haríamos bien en no olvidarlo.

Wagner asegura que ya controla la parte este de Bajmut y Moscú acusa a EEUU del sabotaje del Nord Stream

Arantxa Palacios. el confidencial. 8 Marzo 2023

El propietario del Grupo Wagner, Yevgeni Prigozhin, ha anunciado que las tropas rusas ya controlan toda la parte este de Bajmut. En un audio publicado a través de su canal de Telegram y recogido por la agencia estatal rusa Tass, el oligarca ruso ha asegurado que el grupo "ha ocupado toda la parte este de Bajmut, todo lo que está al este del río Bajmutka está completamente bajo el control del Grupo Wagner".

Mientras, el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha advertido durante una entrevista a la cadena estadounidense CNN de que la toma de Bajmut supondría una "carretera abierta" para que los rusos lleguen a otras ciudades en el este de Ucrania. También ha asegurado que "poner una pequeña bandera" en la ciudad supondría para Rusia "la movilización de su sociedad para crear esta idea de que son un Ejército poderoso".

Por su parte, el Kremlin está convencido de que las informaciones publicadas sobre la autoría del sabotaje del Nord Stream, que apuntan a un grupo proucraniano, tratan de "confundir" a los que están intentando averiguar quién está detrás de este hecho. "No tenemos ninguna fe en la 'imparcialidad' de las conclusiones de la inteligencia estadounidense", ha publicado el ministro consejero de la Embajada de Rusia en Estados Unidos, Andrey Ledenev, en Telegram, donde ha agregado que perciben "estas 'filtraciones' anónimas como nada más que un intento de confundir a aquellos que sinceramente están tratando de llegar al fondo del asunto".

Las claves del momento:

Wagner asegura controlar toda la parte este de Bajmut

Moscú acusa a EEUU del sabotaje del Nord Stream y cree que las informaciones publicadas tratan de "confundir"

Un grupo proucraniano podría estar detrás de la explosión del gasoducto, según el NYT

Canadá y la UE acuerdan la entrega de siete transformadores a Ucrania

Stoltenberg destaca que los países de la OTAN están aumentando la producción de munición

Así hemos vivido la jornada 377 de la guerra de Ucrania

Hace 1 minutos 08:56

Berlín advierte contra las "conclusiones precipitadas" en sabotaje a Nord Stream

El Gobierno alemán advirtió en contra de adoptar "conclusiones precipitadas" en torno a las explosiones que inutilizaron los gaseoductos germano-rusos Nord Stream, tras la difusión de informaciones que responsabilizan a un grupo proucraniano sin identificar del sabotaje.

"Sigo estas informaciones con gran interés. Pero hay que esperar a ver qué se confirma", afirmó el ministro de Defensa, Boris Pistorius, en declaraciones a la radio pública Deutschlandfunk, después de que tanto el diario The New York Times como varios medios alemanes apuntando a una vía proucraniana.

Dichas revelaciones podrían acabar siendo "una acción bajo falsa bandera", prosiguió el ministro, quien se encuentra en Estocolmo para asistir a la conferencia ministerial de Defensa de la Unión Europea (UE). "No vamos a plantearnos las posibles repercusiones en nuestras relaciones con Ucrania en base a estas investigaciones", zanjó Pistorius, tras rechazar entrar en especulaciones.

Tanto The New York Times como varios medios alemanes, entre ellos la televisión pública ARD, incidieron ayer en una posible vía proucraniana, sin definir, como responsable de las explosiones que inutilizaron Nord Stream 1 y 2.

Hace 21 minutos 08:36

Guterres viaja por tercera vez a Ucrania

El secretario general de la ONU, António Guterres, viaja por tercera vez a Kiev. Allí, se reunirá con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, para debatir entre otras cosas la continuidad del acuerdo para la exportación de grano por el mar Negro.

"El secretario general está en Kiev. Más adelante, se encontrará con Volodimir Zelenski para hablar del avance de la Iniciativa de Granos del Mar Negro en todos sus aspectos, así como de otros asuntos pertinentes", ha señalado la oficina del portavoz de Guterres en un mensaje difundido a través de Twitter.

Se trata de la tercera visita que Guterres hace al país desde que Rusia lanzó su ofensiva militar hace algo más de un año. Fuentes ucranianas señalaban el martes que las negociaciones para ampliar el pacto ya habían comenzado, si bien no directamente con Rusia. Ucrania ha mostrado anteriormente su deseo de que el acuerdo sea extendido durante al menos un año para garantizar la estabilidad a exportadores e importadores y lograr la inclusión del puerto de la ciudad de Mikolaiv, en el sur del país.

Hace 52 minutos 08:05

Zelenski: "Si los rusos toman Bajmut, tendrán vía abierta a otras ciudades"

Si las tropas rusas logran tomar Bajmut, la ciudad ucraniana convertida en epicentro de los combates, tendrán el "camino abierto" para capturar otras urbes claves en el este del país, advirtió el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, en una entrevista con la cadena CNN.

El mandatario ucraniano defendió su decisión de mantener a las tropas de su país en esta castigada ciudad en la que han muerto decenas de soldados de ambos bandos y cuya población se ha reducido desde los 70.000 a menos de 5.000 habitantes. “Es una cuestión táctica para nosotros”, dijo Zelenski, antes de insistir en que sus altos mandos militares apoyan de forma unánime prolongar su defensa.

“Entendemos que después de Bajmut (los rusos) podrían ir más allá. Podrían ir a Kramatorsk, podrían ir a Sloviansk, sería un camino abierto para los rusos después de Bajmut llegar a otras ciudades de Ucrania, en dirección a (la región de) Donetsk”, explicó Zelenski a la cadena estadounidense en una entrevista desde Kiev.

“Es por eso que nuestros hombres están allí”, agregó. Zelenski dijo que sus motivaciones para conservar la ciudad son “muy diferentes” a los objetivos de Rusia. “Entendemos lo que Rusia quiere lograr allí. Rusia necesita al menos alguna victoria, una pequeña victoria, incluso arruinando todo en Bajmut, simplemente matando a todos los civiles allí”, denunció.

Hace 1 horas 22 minutos 07:35

Rusia insiste en que las informaciones sobre el gasoducto Nord Stream tratan de "confundir" y acusa a EEUU

El ministro consejero de la Embajada de Rusia en Estados Unidos, Andrey Ledenev, ha calificado las informaciones sobre la posible involucración de Ucrania en el sabotaje del gasoducto Nord Stream de intento para "confundir" a los que tratan de averiguar quién está detrás del hecho, reiterando su señalamiento a Estados Unidos. "No tenemos ninguna fe en la 'imparcialidad' de las conclusiones de la inteligencia estadounidense", ha publicado Ledenev a través del canal de Telegram de la Embajada, antes de agregar que perciben "estas 'filtraciones' anónimas como nada más que un intento de confundir a aquellos que sinceramente están tratando de llegar al fondo del asunto".

Así, ha acusado a las fuentes de esta información, publicada por el periódico The New York Times, de tratar de "echar la culpa de los hombres de Estado que ordenaron y coordinaron los ataques en el mar Báltico a unos individuos abstractos".

Hace 1 horas 24 minutos 07:33

El Grupo Wagner dice que controla parte de la ciudad de Bajmut

El propietario del Grupo Wagner, Yevgeni Prigozhin, ha anunciado este miércoles que las tropas rusas ya controlan toda la parte este de la ciudad ucraniana de Bajmut. En un audio publicado a través de su canal de Telegram y recogido por la agencia estatal rusa Tass, el oligarca ruso ha asegurado que el grupo "ha ocupado toda la parte este de Bajmut, todo lo que está al este del río Bajmutka está completamente bajo el control del Grupo Wagner".

Este martes el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, advirtió durante una entrevista a la cadena estadounidense CNN de que la toma de Bajmut supondría una "carretera abierta" para que los rusos lleguen a otras ciudades en el este de Ucrania. También aseguró que "poner una pequeña bandera" en la ciudad supondría para Rusia "la movilización de su sociedad para crear esta idea de que son un Ejército poderoso".

Pedro, vete tú para que no se vayan los demás

IGNACIO CENTENERA. okdiario. 8 Marzo 2023

En la divertida película Wag the Dog de Barry Levinson, atinadamente titulada en nuestro país como Cortina de Humo, un consultor (Robert de Niro) y un productor de Hollywood (Dustin Hoffman) inventan y recrean una guerra de los Estados Unidos con un pequeño e intranscendente país europeo para, a unos días de las elecciones, intentar desviar la atención pública de un escándalo sexual del presidente. ¿No les resulta familiar la trama?

Resulta que aquí, cuando todavía está ardiendo el incendio del Sólo sí es sí, que ha devenido en una disminución real de la seguridad de las mujeres por efecto de la reducción de los castigos a los agresores sexuales, se abre un nuevo foco con el escándalo Mediador, que no sólo se caracteriza por el habitual trinque, sino que trae incorporada la connotación cocaínica y prostibulariamente machista que ya es clásica en los políticos socialistas. Y claro, todo eso, en vísperas del 8M y a pocos meses de las elecciones, tenía que contraprogramarse con nuevas ocurrencias, con estrambóticos anuncios y con una utilización grosera de las noticias de actualidad, como ha ocurrido con el anuncio del cambio de sede de Ferrovial.

El problema de las cortinas de humo es que, a veces, ese humo denuncia un fuego aún más peligroso, un fuego que está arrasando las capacidades de nuestra nación; y la sobreactuada indignación del Gobierno ha servido para publicitar una triste realidad: que, para muchos sectores, para muchos profesionales y para muchas personas -físicas y jurídicas-, nuestro país se está convirtiendo en invivible. El director de Comunicación de Ferrovial no explicita mucho las razones del traslado y, tal como es habitual en las acomplejadas empresas españolas, se atiene a una corrección y discreción que resultan un poco estomagantes. Y eso también contribuye a que el Gobierno pueda aludir a egoísmo, a antipatriotismo y a otras simplezas, y pueda eludir que la razón última de esa salida es que, para una empresa multinacional, partiendo de un simple análisis DAFO, estar establecida en España no es una fortaleza, sino una debilidad y trae más amenazas que oportunidades.

Sin intención de ser exhaustivo, que el tema daría para mucho, repasemos el talento y el liderazgo que estamos perdiendo o que podemos perder. Las constructoras españolas están entre las mejores, y nuestros ingenieros son de los más reputados del mundo, y resulta que ahora, con la salida de Ferrovial, vamos a perder a uno de nuestros campeones en el sector. La medicina en nuestro país tiene un altísimo nivel, con la peculiaridad que es más global y universal que en ningún otro sitio, y, sin embargo, estamos perdiendo en los últimos años más del 25 por ciento de los médicos que formamos y el Gobierno, en vez de dotarla de medios y recursos, la utiliza para dar la batalla política más ruin. La agricultura y ganadería intensivas y la industria agropecuaria son líderes en nuestro entorno y, lamentablemente, el iluminismo ideológico y el radicalismo ecológico del Gobierno y sus socios las están haciendo perder competitividad y, en muchos casos, la posibilidad de subsistir. Lo mismo está pasando con empresas líderes en sectores como la distribución, la generación eléctrica o la banca que, además de sufrir discriminación fiscal, están siendo tachadas ad hominen de insolidarias y explotadoras.

¿O es que nos creíamos que subir compulsivamente los impuestos y minar la seguridad jurídica y la fortaleza institucional iba a salir gratis? ¿O es que pensábamos que la diarrea de absurdas leyes sociales e ideológicas evitaría que los españoles salgan a prosperar fuera, o incentivaría a alguien, que no sea un perroflauta antisistema, a venir a nuestro país?

El daño que está produciendo este régimen no es menor y sus efectos se prolongarán durante mucho tiempo; y eso suponiendo que salgan del poder al finalizar la actual legislatura. Parecería que las vías de agua que se han abierto ellos mismos con sus leyes, sus políticas, sus mentiras y sus corrupciones no van a poder ser taponadas por la factoría monclovita y su frente mediático, pero siempre confían en hacer virtud de la necesidad de permanencia en el poder y, por supuesto, en tener al frente al as del numantinismo.

Por mucho que se empine la carretera y aunque parezca que se descuelgan en las encuestas, cuentan con el manejo del relato y de la propaganda y saben que con una sola cosa que hagan bien, o con una sola cosa que hagan mal en la oposición, volverán a ponerse en cabeza del pelotón. Al contrario, algunos expertos demoscópicos creen que ya es una locura pensar en que el sanchismo pueda remontar y que el sistema tendría mejores opciones con otro candidato. ¿Locura, dicen? Cuando te ves tan alto, tan guapo y tan listo como el presidente a sí mismo, uno se siente capaz de todo. Y es que Pedro Sánchez es como aquel paciente que, en el diván del psiquiatra, se queja de que no le ovacionan y aplauden cuando pasea por la calle.

–Bueno– Contesta el médico. –A mí tampoco me saluda nadie.

–Ya– Contesta el tontoloco. –Pero usted no es Sofía Loren.

Asediar las privadas, asaltar las públicas

Jesús Cacho. vozpopuli. 8 Marzo 2023

Asediar a las empresas privadas, tomar al asalto las públicas. Esa es la práctica (no cabe hablar de filosofía, porque sería ofender materia tan señera) empresarial que orienta la labor de este Gobierno en asuntos económicos. Hacer la vida imposible a las empresas privadas y ocupar los puestos de dirección de las públicas con íntimos del presidente del Gobierno o con altos funcionarios del partido. Porque es en la empresa, (privada o pública) donde está el dinero y donde anida la posibilidad, cuando menos, de salir del puesto con una buena hucha cuando la singladura del Gobierno Sánchez embarranque en el arenal del desastre. En plena tormenta provocada por el anuncio de Ferrovial de trasladar su sede social a Holanda, anuncio seguido de una catarata de amenazas por parte del Ejecutivo a la familia Del Pino, algo nunca visto en una teórica economía de libre mercado y en un país miembro de la UE, anteayer supimos que Indra, la joya de la corona del sector público empresarial, había decidido cesar -eso sí, de “mutuo acuerdo”- al hasta ahora consejero delegado Ignacio Mataix, el último de Filipinas, el último alto cargo de la firma que había resistido el asalto frontal lanzado desde Moncloa, vía SEPI, a la empresa de defensa y de tecnologías de la información nada más llegar Sánchez al poder, y cuya primera víctima fue su presidente, Fernando Abril-Martorell, en mayo de 2021.

El nombramiento de Marc Murtra como sustituto en la presidencia de una firma que el Gobierno considera “estratégica para el país” no lo entendió nadie en el mercado. Nadie que no fuera socialista, obviamente. Porque Murtra, muy cercano al PSC catalán, solo ha ocupado puestos políticos y en entidades públicas durante el Gobierno Zapatero, en un caso claro de políticos metidos a improvisados gestores incluso en firmas cotizadas en Bolsa, como es el caso de Indra, y que le vayan dando a los señores accionistas que han arriesgado su dinero en la sociedad. Pero Murtra quería mandar, aspiración muy humana en todo presidente que se precie, aunque sea de una junta de vecinos, y a la que se oponía un Consejo de Administración, el formado en torno a Abril-Martorell, llamativamente independiente, cosa ciertamente rara en España. Fue la segunda fase de la operación: cepillarse a los independientes de Indra, objetivo que reclamaba una operación previa destinada a alterar el equilibrio accionarial. Es ahí donde el Gobierno decide dar entrada en la firma al fondo Amber Capital que preside el franco-armenio Joseph Oughourlian, un misterio el de este tiburón con aparentes dientes de leche convertido, por otro inexplicable misterio que algún día se desvelará, en primer accionista y presidente del grupo Prisa, Diario de Avisos del Gobierno Sánchez, donde ha perdido hasta la camisa, camisa, con su corbata floreada, que el susodicho espera recuperar entrando en Indra gracias a los suculentos negocios que la firma piensa abordar con su división de Defensa, ahora que tanques y drones protagonizan la terrible guerra de Ucrania y la industria de las armas vive un momento glorioso por las cuatro esquinas del planeta. El negro negocio de la muerte.

Lo de que el primer accionista de Prisa, vocero del Gobierno, entre en una empresa controlada por el Gobierno, y con la intención declarada de enriquecerse en el lance, es uno de esos escándalos tan inconcebibles, tan inaceptables en una democracia sana y en una sociedad abierta que sus responsables, todos, empezando por el Gobierno, hubieran saltado por los aires al día siguiente en cualquier país decente. Aquí no ha pasado nada. Tan atiborrados de diarios escándalos estamos que hemos perdido la capacidad de respuesta a cualquier agresión no ya a la decencia, sino al sentido común. Total que la unión de los paquetes accionariales de SEPI (28%), Amber Capital (5,1%, con autorización para llegar hasta el 9,9%) y el grupo vasco SAPA Placencia (5% adquirido a los March y accionista del fabricante de componentes aéreos ITP Aero), logró la dimisión de todos los consejeros independientes en la junta general celebrada el 23 de junio pasado. Una operación concertada de libro, y con la CNMV sentada en el muelle de la bahía, que decía la canción de Otis Redding, mirando distraídamente hacia otra parte. Solo ante el peligro quedó Mataix, aunque todo el mundo sabía que su cabeza pendía de un hilo y que más pronto que tarde terminaría en la calle, como terminó su colega Cristina Ruíz, responsable del negocio de tecnologías de la información (TI).

Desde junio pasado la vida ha sido un pequeño calvario para Mataix, la pieza que al trío de la concertación antes citado le sobraba en el paisaje de Indra para hacer y deshacer a su antojo. Y no se sabe muy bien por qué, pero Nacho Mataix ha aguantado el tipo, seguramente convencido de que le decían la verdad cuando le aseguraban que seguiría en su puesto hasta el final de la legislatura, al menos. Es obvio que le han engañado. Manteniendo el tipo frente a un Murtra que reclamaba poderes ejecutivos pero se veía obligado a aguantarse -el imperativo “ajo y agua”- por culpa del santo temor a los fondos presentes en el capital (Fidelity Management Research, Norges Bank, T. Rowe Price, entre otros) que confiaban plenamente en las capacidades gestoras de Mataix y a los que podría poner en fuga su salida como CEO. Pequeño o gran calvario, porque Mataix ha vivido en estos meses situaciones tan kafkianas como que el presidente de SEPI no le haya recibido durante meses, a pesar de su condición de CEO de la empresa más importante participada por SEPI, y haber tenido que soportar todo tipo de insinuaciones, delaciones y trampas, puñales clavados en la espalda de quien sencillamente estorbaba.

Sorprende, por eso, que el despedido haya aceptado de buen grado el paripé, la pantomima organizada por los nuevos amos diciendo que la salida ha sido por “mutuo acuerdo” y aceptando quedarse en el puesto hasta que el Gobierno, incluso a través de head hunter (hay que dar sensación de profesionalidad donde no la hay), encuentre un sustituto. La respuesta hay que encontrarla, muy probablemente, en una indemnización de oro que también pagará su silencio. Así funcionan las cosas cuando se tira con pólvora del rey. ¿Quién será el sustituto? Seguramente otro político metido en camisa de once varas gestoras, porque resulta difícil imaginar que alguien como Tobías Martínez, ex CEO de Cellnex, a quien hoy en este diario se cita como eventual relevo, acepte meterse en semejante avispero. Y bien, ¿qué va a pasar en Indra? ¿Qué quieren hacer con Indra? ¿Cuál es el futuro de Indra? Ah, eso nadie lo sabe, eso sí que es un misterio. El único que lo tiene claro es el granuja de Oughourlian, que pretende recuperar lo invertido en PRISA –es la solemne promesa que le ha hecho el propio Sánchez- con sus intereses, naturalmente. “Estamos presionando para que haya o una división de la compañía entre tecnología y defensa, o una venta total o fusión de la primera (Minsait) con otra compañía", ha dicho a Bloomberg. Una división que, por cierto, se hizo hace ya tiempo.

El francesito de ascendencia armenia ya ha ganado algún dinero en el lance, porque entró con la acción a 8 y ahora está en 12 euros. Bueno, estaba, porque ayer Indra se pegó un considerable castañazo en bolsa perdiendo más de un 7% (cierre a 11,51 euros). Es la respuesta del mercado a una operación escandalosa que no tiene un pase; la agresión, corrupción al por mayor, a una empresa española de bandera, una de nuestras pocas grandes firmas tecnológicas, víctima de la iniquidad de un Gobierno que ha hecho de la mentira su razón de ser y que no sabe nada de gestionar empresas y mucho menos de competir en la aldea global. ¿Hacerse fuerte en el sector de la Defensa? ¿Entrar a fondo en ITP Aero? ¿Comprar sí, pero qué? Depende de lo que te quieran vender, y depende, sobre todo, de lo que quieras hacer con ello. ¿Cómo lo vas a gestionar? ¿Quién se encargará de la tarea? ¿Con qué criterios? ¿Serán gestores profesionales o será cosa de los cuatro enchufados del PSOE dispuestos, en plan Correos, a llevar a Indra a la quiebra? Nadie sabe lo que quieren hacer. De momento, y esto es lo más alarmante, no han hecho nada en los casi dos años que van desde la defenestración de Abril-Martorell hasta ahora. Absolutamente nada. Indra, como tantas otras cosas, en el alero.

FERROVIAL

La inseguridad jurídica, síntoma y sustancia.

Luis Sánchez-Merlo. https://rebelionenlagranja.com. 8 Marzo 2023

En los albores de un tiempo repleto de escrutinios —moción de censura, comicios municipales y autonómicos, informe de la Comisión Europea sobre el estado de Derecho en España, semestre europeo y elecciones generales— llama la atención la reacción del Gobierno a la decisión de una empresa privada: trasladar su sede social a otro país de la UE.

En mercados globales y contexto europeo, las compañías tienen todo el derecho a elegir dónde se instalan, defendiendo siempre el legítimo interés de sus accionistas, en aras de un principio básico como es la libertad de empresa.

La noticia, aflictiva, ha dejado indiferente a pocos, y los más desconfiados se preguntan si pudiera existir algún tipo de parentesco entre el momento escogido —precisamente un año tan electoral— y cuál de los dos bloques en liza, pudiera alzarse con la victoria que le permitiera formar gobierno.

De acuerdo con la normativa española y la de la UE -que establece el principio de la libertad de establecimiento, lo que conlleva el libre traslado de la empresa- la decisión es legítima, lo que no deja de ser un acto de soberanía inexpugnable. Esto presagia que, si los accionistas lo secundan, la deslocalización será irreversible.

Hechos. Ferrovial comunicó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores la decisión de su Consejo de Administración de trasladar la sede social corporativa a los Países Bajos. El intento de compartirlo con el jefe del Gobierno, se habría saldado sin éxito.

El razonamiento esgrimido: «alinear la estructura corporativa con el perfil internacional del grupo”. A juicio de la empresa, cotizar en los Países Bajos —como paso previo para hacerlo en EE. UU. —“potencia su internacionalización», mejora su capacidad de financiación, así como el acceso a los mercados financieros internacionales.

Debido a que en Holanda los dividendos de filiales están exentos de impuestos, Ferrovial se podría ahorrar hasta 40 millones de euros al año. El coste de los trámites del traslado y comenzar a cotizar, pueden representar 20 millones de euros.

Las credenciales son categóricas: el grupo obtiene del exterior el 82% de sus ingresos y el 95% de su valor, controla el 25% del aeropuerto londinense de Heathrow (el más importante del mundo), el 43% de la autopista canadiense 407-ETR (considerada también la mayor del mundo) y más del 50% en Budimex, la mayor constructora de Polonia (ahora sujeta a vigilancia por indicios de corrupción).

Los mercados lo están avalando con una significativa revalorización desde el anuncio de la marcha.

Desde que el gobierno de coalición progresista está en la Moncloa (mediados de 2018), las empresas del conglomerado de Fomento habrían adjudicado a Ferrovial contratos por valor de más de 1.000 millones.

Fundamentos. La salida de España de una gran multinacional es una mala noticia para el Gobierno, que ha considerado insustanciales los argumentos alegados por la empresa. Para el Ejecutivo la motivación invocada carece de fundamento, dado que la actividad y rentabilidad del grupo son ya esencialmente internacionales.

Mas bien, considera que sería la menor presión fiscal —empresarial y particular— de los Países Bajos, el impulso concluyente para la deslocalización. Y para reforzar el razonamiento, se insinúa que la fiscalidad del país beneficiario está desfigurada por excesivas desgravaciones (dividendos y triangulaciones con jurisdicciones sin impuestos).

Esta finta, apenas desmayada, implicaría a los Países Bajos como paraíso fiscal, de modo que su imposición pudiera distorsionar la competencia en el mercado interior europeo. Para concluir que el incentivo puede propiciar traslados delusorios.

Como corolario, los ministros, en modo coral, enfatizan que España contribuyó al progreso de la empresa —en particular a través de los ingentes recursos obtenidos en licitaciones de obra pública—dando a entender que haber licitado, conseguido y ejecutado contratos públicos no da carta blanca para una “lamentable huida hacia adelante”.

A juzgar por la sobrerreacción, el argumento utilizado por Ferrovial, el «marco jurídico estable», es decir, la estabilidad política y la seguridad jurídica, habría sido lo que ha enfurecido al jefe del gobierno de coalición y a sus ministros, que habrían exigido una rectificación para no dañar la imagen de España.

La perplejidad regulatoria, la imprevisible fiscalidad, el señalamiento ‘nominatim’ de empresarios ejemplares, traducen hostilidad evidente, susceptible de ahuyentar la inversión en un delicado momento de incertidumbre económica.

A pesar de los hechos consumados, mal calculados, el Gobierno habría acertado manteniendo la serenidad y sintiéndose orgulloso de la internacionalización de esta empresa española. Bien al contrario, ha somatizado la decisión como un desafío —“no es seria”, “falta de compromiso y de patriotismo”— y escenificado su enfado con munición pesada al atribuir “excusas ridículas” e “intereses personales” de la familia, como pretextos para la deslocalización.

Las advertencias no se han hecho esperar. Ya está en estudio la “sustancia” de los argumentos empleados por la empresa y presentada una iniciativa parlamentaria para obligar —a la compañía que se vaya de España-— a devolver hasta el último euro del dinero público recibido. Lo que una ministra del Gabinete ha llamado “atar en corto”, una expresión española muy celosa de la realidad.

Efectos. No es de extrañar la preocupación, cuando se cuestionan, cómo síntomas, la calidad de las instituciones —económicas y políticas— y la seguridad jurídica, que puede animar a otras a emprender el mismo camino.

Pero evocar conceptos tan sonoros —falta de ‘patriotismo’, ‘compromiso’, “la patria no es solo hacer patrimonio”— para afear comportamientos de hombres sin miedo, puede ser un arma de doble filo al exponerse a una réplica contundente.

¿Cómo se puede alardear de valores —indivisibles como estos—cuando alguien podría sacar a colación una retahíla de incumplimientos, cesiones, conductas…de difícil defensa?

El gobierno de coalición ha enervado la sentencia del Tribunal Supremo condenando el intento de golpe de Estado; ha dejado sin efecto las penas a sus protagonistas; impulsado el indulto a delincuentes confesos, haciendo caso omiso de las posiciones contrarias del Ministerio Público y Alto Tribunal; suprimido el delito de sedición y abaratado la malversación.

Sin ápice de autocrítica; sirviéndose de altavoces internacionales, tirando de chatarra discursiva y complaciendo exigencias sin fin, de quien canjea votos por presupuestos para la permanencia en la silla curul del concedente; se deja a la nación indefensa ante sus peores enemigos.

Cuando se acusa, con denuedo, a la gran empresa de pagar pocos impuestos (la realidad es bien distinta), se insulta (“capitalismo despiadado”) a creadores de riqueza que ayudan a sostener el estado de bienestar y se pide al Gobierno —del que forman parte— un escarmiento para evitar el desmantelamiento convendrá conmigo, querido lector, que no parece el mejor paisaje imaginable.

Si alguien tiene aspiraciones y pretende acumular méritos, inmediatos o mirando al futuro, con la Europa que decide (fondos NextGenerationEU, puertas giratorias bien remuneradas), no debería arremeter contra gestores y accionistas de la empresa de un Estado miembro que legítimamente osa, en solitario, fortalecer su posición internacional.

Me pregunto “sine ira et studio” —como haría Tácito— si continua la escalada ¿el tono del debate podría ser la antesala de la inminente moción de censura y el tiro terminase saliendo por la culata?

De momento, el Gobierno, con su reacción, ha hecho bueno el argumento de Ferrovial: en este país no te fíes de lo que te pueda pasar. Cuando a Rafael del Pino y Moreno (1920-2008), que fundó Ferrovial en 1952, en alguna ocasión le preguntaron por su predilección política, su respuesta fue lacónica e inequívoca: “Soy del gobierno que hay”. Legado familiar.

Estado y ciudadano

MIQUEL GIMÉNEZ. gaceta. 8 Marzo 2023

Tácito aseguraba que cuánto más corrupto es un estado más leyes tiene. Los estados que se asientan sobre una base positiva, es decir, sobre la idea de que el individuo y su libertad son los bienes más preciados que posee la nación suelen tener constituciones breves, entendibles y leyes pensadas desde el sentido común y la experiencia, que huyen de esos laberintos legales en los que cualquier persona corriente, de la calle, acaba por perderse irremisiblemente.

Ahora que se discute tanto acerca de cómo han de ser los estados en un mundo globalizado por la economía y la geopolítica es bueno aprovechar la oportunidad para decir en voz alta una verdad que se escucha poco o nada entre políticos: el estado ha de ser eficaz y nunca un gigantesco monstruo burocrático, ha de servir como factor de equilibrio, justicia social y ponderación entre ciudadanos, ha de tener principios que se asienten en la convivencia, el respeto, la instrucción como obligación y deber y ha de permitir al individuo desarrollar su vida con las menores trabas posibles. Esto es, no debe ser intervencionista ni meter sus narices en la vida de la gente. Un estado moral.

Uno, que vive en un estado que además de intervencionista es lento, mal organizado, carísimo, cargado de elementos inútiles y con una administración que se solapa con otra, y con otra, quisiera vivir en un lugar en el que las normas cupiesen en el tamaño de un prospecto farmacéutico. A lo largo de la historia de la humanidad, en materia legislativa deberíamos ir siempre de lo complejo a lo simple, de lo alambicado e ininteligible a lo claro y diáfano. No creo que exista un documento más normativo que la Biblia, decía el gran escritor Josep Pla, paisano mío, y si adoptásemos los mandamientos – más o menos – a nuestras constituciones ganaríamos todos bastante. Porque podemos estar de acuerdo en que no se debe matar al prójimo, en que no se deben codiciar los bienes ajenos, en que es bueno honrar a padres y madres, en que mentir es el fracaso del individuo y la sociedad, en fin y por no seguir, en que deberíamos amar a todos nuestros semejantes como nos amamos a nosotros mismos. Un estado de este talante, inspirado en una sociedad en la que todos sus integrantes tuviesen iguales derechos que obligaciones, extremo este último del que nadie habla habiéndose convertido el debate político en una sucesión de diversos egoísmos, es el deseable.

La hermandad fraterna y sincera entre individuos y naciones basada en el mutuo respeto, la cooperación y la justicia, he ahí el sueño del buen liberal decimonónico que en el XIX soñaba con una Arcadia transportada a la tierra. Pero uno ve a Sánchez, a Lula, a Maduro, y comprende que esos estados sean como son, con una arquitectura legal complicada y desesperante. Es lógico. Están pensadas para disimular el cesaropapismo de quienes los dirigen. Porque, a mayor legislación, menor libertad y más dictadura. Es un axioma imbatible que la historia nos ha enseñado.

La descomposición de un Gobierno que es un peligro público

OKDIARIO. 8 Marzo 2023

Que la ley del sólo sí es sí ha fracturado al Gobierno es una evidencia, por lo que sólo es cuestión de tiempo que PSOE y Podemos formalicen su ruptura. En realidad, tanto a unos como a otros les interesaría caminar por separado hasta las elecciones generales, pero ambos aguantan a la espera de que sea el otro quien anuncie el fin de la convivencia. Cómo será la cosa que, según informa OKDIARIO, la secretaria general de Podemos y ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, ha amenazado a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, con hacer valer el pacto de legislatura que permite a los morados designar sin injerencias su cuota de ministros. Yolanda Díaz es ministra de cuota de Podemos, por lo que la amenaza revela el grado de descomposición del Ejecutivo. Todo lo que está pasando es la prueba del nueve de que este Gobierno ha superado todos los umbrales de lo tolerable en una democracia. Es, más que otra cosa, un peligro público, un riesgo objetivo para el interés nacional.

España no puede permanecer ni un minuto más bajo la losa de un Ejecutivo que encara el final de la legislatura exhibiendo sin pudor una obscenidad en la gestión sin precedentes. No les mueve España ni los españoles, sino sus intereses partidistas. Todo es de una hipocresía lacerante: Sánchez, que avaló la ley de Irene Montero, ha aceptado reformarla sólo cuando ha comprobado que el PSOE estaba cayendo en picado en las encuestas. Que no se arroguen ninguno de los dos partidos de Gobierno la defensa de los derechos de la mujer, porque nunca un Ejecutivo le hizo tanto daño como este. Ahora se despellejan públicamente, pero no hace nada vendían la ley como un paso histórico en la defensa del feminismo. Todo desprende un tufo insoportable, un pútrido olor que se acrecienta a medida que PSOE y Podemos exhiben sin pudor sus vergüenzas.

Montero se aferra a la poltrona, sí o sí

EDITORIAL. libertad digital. 8 Marzo 2023

El bochornoso espectáculo que han protagonizado este martes en el Congreso el PSOE y Podemos durante la tardía rectificación del bodrio jurídico conocido como la "ley del sólo sí es sí" no tiene parangón en la historia del parlamentarismo europeo. Y no lo decimos sólo por los ataques feroces que se han cruzado dos formaciones que —se supone— son socias de gobierno sino, sobre todo, por el hecho de ver cómo la ministra responsable del entuerto no sólo sigue en el cargo sino que también vota, junto a sus compañeros de formación, en contra de la reforma impulsada por el mismo gobierno del que Montero forma y va a seguir formando parte. Algo nunca visto —insistimos… en ningún otro país democrático del mundo.

Entendemos que una persona que, gracias a la influencia de su compañero sentimental y a las nihilistas tragaderas de Pedro Sánchez, ha pasado de trabajar como cajera de Mercadona a ser ministra del gobierno de España, se aferre al cargo. Pero el más mínimo sentido de la dignidad y de la coherencia deber debería haber llevado a Irene Montero a presentar su dimisión al ver cómo, no sólo PP, Vox y Ciudadanos, sino la mayor parte del gobierno al que pertenece —incluido su presidente— la desautorizaba de forma tan clamorosa como lo ha hecho el PSOE este martes en el Congreso.

Y esta critica a Montero es, naturalmente, extensible a los socialistas, empezando por el presidente del gobierno. Y no lo decimos por el hecho de que Sánchez, además de máximo responsable, fuese en su día tan entusiasta defensor como la ministra de la ley que ahora el Congreso acaba de corregir, sino por el hecho de no cesarla en el cargo, cosa que el presidente del gobierno debería haber hecho el mismo día que admitió el error legislativo que constituyó esa ley ahora felizmente enmendada. Lo que ya es puro surrealismo es que no la cese ni siquiera ahora cuando Montero se empecina en el error hasta el punto de votar en contra de la rectificación de su propio gobierno. Se supone que la ministra de un ramo debe ser siempre la voz más autorizada del gobierno en ese ámbito de actuación del Ejecutivo. ¿Se imaginan a un presidente de gobierno que mantuviera a alguien como ministro de Economía después de haber tumbado en el parlamento el proyecto estrella de ese mismo ministro en materia económica?

Así las cosas, y a pesar de la reforma aprobada con el concurso de los partidos ubicados a la derecha del PSOE, cada vez que haya una revisión a la baja de pena en favor de cualquier agresor sexual –cosa que prácticamente sucede casi todos los días y va a seguir sucediendo para todas las agresiones sexuales que se hayan perpetrado con anterioridad a la entrada en vigor de la recién aprobada reforma de la ley Montero— se podrá y deberá acusar política y mediáticamente a Pedro Sánchez de sostener en el cargo de ministra a la más impenitente y más directa responsable de este entuerto jurídico que ya acumula más de 700 rebajas de penas, incluidas más de 70 excarcelaciones de agresores sexuales.

Sánchez tardó en admitir el error; ha tardado luego en corregirlo; ya veremos lo que tarda la enmienda en ser publicada en el BOE para su entrada en vigor. Lo que es seguro es que parte del mal ya está hecho y es irremediable, y que los máximos responsables del mismo, Sánchez y Montero, sólo tienen como máximo objetivo sostenerse, sí o sí y sea como sea, en la poltrona.

A bofetadas en el 8-M

Pablo Molina. libertad digital. 8 Marzo 2023

La izquierda celebra este año la festividad laica del 8 de mayo tirándose los trastos a la cabeza a cuenta de la reforma de la ley sueltavioladores, que en la tarde de este martes fue aligerada de las barbaridades podemitas con los votos de la derecha (como debe de ser, señora). Decía Fraga que los socialistas solo aciertan cuando rectifican, pero esa ley de hierro no es capaz de penetrar en la coraza broncínea de los comunistas bolivarianos, dispuestos a hundirlo todo con tal de no reconocer su oceánica incompetencia.

La desunión de la izquierda realmente existente en torno al 8-M abre varios frentes accesorios que van a tener una gran importancia en el orden social. En el campo de la instrucción pública, los profesores podemizados y demás talibanes de la LOGSE no tienen claro si han de convocar a los alumnos a participar en las marchas orquestadas por el Gobierno contra la oposición, como corresponde a un régimen pilotado por partidos objetivamente totalitarios. ¿Qué hacer?, se preguntaba aquél. "¿Vamos a la manifestación a gritar contra los socialistas, contra Podemos o contra Ayuso y VOX, como hasta ahora?", se plantean a estas horas muchos de los funcionarios implicados en esta task force para instruir a los alumnos en políticas de género, ya que en Matemáticas, Lengua e Historia lo tienen todo perdido.

La pregunta es pertinente porque hay corrientes enfrentadas dentro de un movimiento que debería ofrecer una imagen granítica de unidad contra las asechanzas del fascismo. Ahora resulta que los fascistas son los diputados del PSOE; pero no por cenar con Tito Berni, sino porque se han atrevido a retocar la ley bandera del podemismo votando junto a la derecha. Las charos, falange macedónica del movimiento podemita, tienen un grave dilema a este respecto a causa de esta contradicción profunda en la superestructura que ya veremos en qué desemboca. ¿Habrá pancartas contra Tito Berni o solo contra el heteropatriarcado, así, en abstracto? Como haya algún grupo empeñado en ejercer un mínimo de sentido común en mitad de estas algaradas puede volar alguna bofetada, una imagen de enfrentamiento interno que daría al traste con los fastos de una fecha tan señalada en años venideros.

No están los tiempos para divisiones en la izquierda, que concurre al ciclo electoral de este 2023 con unas previsiones devastadoras y a la que ya solo le importa mantener cierta cuota de poder, por pequeña que sea. Los socialistas necesitan más puestos porque tienen muchas bocas que llevar a cenar, pero Iglesias con 20 escaños soluciona todos sus compromisos. Por eso les ha advertido a los colegas de Tito Berni que se preparen hoy si se atreven a amorrarse a la pancarta.

El insólito caso de la ministra Montero

EDITORIAL. la razon. 8 Marzo 2023

Una parte del Gobierno ha tenido que apoyarse en la oposición para enmendar las consecuencias de una ley profundamente ideológica y mal concebida técnicamente, impulsada por otra parte del Gobierno y, por cierto, aprobada por todo el Consejo de Ministros. Y sin embargo, la principal protagonista del engendro, la ministra de Igualdad, Irene Montero, permanece encastillada en su posición, ajena a la realidad y sorda al clamor de la opinión pública española ante el rosario de excarcelaciones y rebajas de condenas de los autores de unos delitos especialmente despreciables.

Es, sin duda, un caso insólito en el habitual juego democrático y en cualquier país de nuestro entorno se hubiera producido, bien, la dimisión de la ministra, bien, el reconocimiento del error y el ofrecimiento de las correspondientes disculpas públicas. Nada de esto ha sucedido. Muy al contrario, todas aquellas instituciones concernidas por las consecuencias de la ley se han visto zaheridas por la pulsión de la representante política de una ideología absolutamente minoritaria, pero que se pretende, nada menos, que la encarnación de lo que debe ser, pensar y aceptar una mujer para cumplir con unos preceptos normativos que le sitúen en el lado correcto de la historia.

Ese en el que, al parecer, la condición femenina viene dada, como denuncia la ex ministra Carmen Calvo, por quienes consideran que lo determinante no es el sexo de la persona, sino la mera voluntad del individuo en la elección del género. Es una visión totalitaria, que no admite cuestionamiento alguno, hasta el punto de que proyecta conceptos superados como si fueran nuevos. Es, sin ir más lejos, el razonamiento equivocado que está en la base de la actitud de la ministra Montero y que ella expresa como la reivindicación del «consentimiento», que viene dado por supuesto en la tipificación de los delitos sexuales de cualquier código penal que se precie. Cortina de humo que oculta el problema esencial de su ley, la fusión en un sólo tipo del abuso y la agresión, que está en el origen de las excarcelaciones y rebajas de penas, por no hablar de la relativización de la presunción de inocencia aplicada al varón.

En este sentido, se puede entender que el Partido Popular, atendiendo a la enorme alarma social causada por los efectos de la ley, haya dado su apoyo al Gobierno sin contrapartidas. Pero la urgencia de impedir que se prolongue en el tiempo tal anomalía, puesto que el daño causado ya no se puede reparar, no exime a la oposición de entrar en el fondo del problema, que seguirá existiendo mientras no se vuelva a la legislación anterior. Sin duda, Pedro Sánchez ha salvado un escollo peligroso para sus aspiraciones electorales, pero a cambio de una fractura mayor en el seno de su Gabinete, tras la desautorización pública de uno de sus ministros. Lo lógico sería proceder a su destitución, pero lo insólito no es sólo patrimonio de Podemos.

PIDE AL MENOS UN 40% DE MUJERES EN LOS CONSEJOS DE ADMINISTRACIÓN

El PP europeo ideó la norma para obligar a las empresas a cumplir con la «paridad»

LGI. gaceta. 8 Marzo 2023

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no es el ideólogo del proyecto de ley que este martes ha aprobado el Consejo de Ministros y que quiere obligar a las grandes empresas a que sus consejos de administración estén formados por, al menos, un 40% de mujeres antes de julio de 2024.

Pese a que fue Sánchez quien anunció el lunes la medida, fue el Partido Popular Europeo quien promocionó esta iniciativa en 2012. En concreto, la directiva nació de la mano de la comisaria popular luxemburguesa Viviane Reding, ha recordado el diario El Mundo. A finales de 2022 la presidente de la Comisión Europea, la también popular Ursula von der Leyen dio luz verde a la norma cuya trasposición a la legislación española es obligatoria.

Durante la comisión del Parlamento Europeo que la tramitó, los representantes populares, Javier Zarzalejos y Juan Ignacio Zoido votaron a favor, mientras que VOX se posicionó en contra.

La novedad que introduce Sánchez en la norma se refiere a la fecha de cumplimiento. La del PP obliga a las grandes empresas que cotizan en Bolsa a que tomen medidas antes de julio de 2026 para que al menos el 40% de los puestos de director no ejecutivo o el 33% de todos los puestos de director estén ocupados por mujeres. El presidente del Gobierno, por su parte, avanza en dos años poniendo como límite julio de 2024.

De acuerdo con la directiva europea que España tiene que adoptar, las empresas cotizadas tendrán que informar a las autoridades competentes sobre la representación de hombres y mujeres en sus consejos de administración una vez al año y si no han cumplido deberán detallar sus planes para hacerlo.

Además, los Estados miembro establecerán sanciones disuasorias y proporcionadas para las empresas que no pongan en marcha procedimientos de contratación abiertos y transparentes y, además, los tribunales podrán anular el nombramiento de toda junta directiva que incumpla los principios de la directiva, explica El Mundo.

PRESENTADA POR CIUDADANOS

El PP vota a favor de una mención del aborto como derecho humano en el Parlamento Europeo

LUCIO CEIO. gaceta. 8 Marzo 2023

El Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres, más conocido como Convenio de Estambul, ha recabado desde 2011 la firma de 45 países, siendo posteriormente ratificado por 37 de estos. La Unión Europea (UE), como entidad supranacional, lo firmó en 2017, pero hasta ahora varios Estados Miembros han bloqueado en el Consejo de la UE su ratificación.

Casi seis años después de esa firma, el Parlamento Europeo aprobó el pasado 15 de febrero una resolución con la que urge al Consejo a proceder con la ratificación, aun sin unanimidad. A juicio de la Eurocámara, basta con que la mayoría se lo imponga al resto, a quienes recrimina sus reservas hacia el Convenio. La ratificación de este por la mayoría del Consejo no implicaría su confirmación por parte de los Estados Miembros que todavía no hayan pasado por el aro (Hungría, Bulgaria, Letonia, Lituania, Eslovaquia y República Checa), por lo que, mediante una larga relación de enérgicas condenas y el mismo tono que el señor feudal usaba con los siervos de la gleba, el Parlamento pretende meter en vereda a aquellas naciones de Europa aficionadas al vicio de librepensar. Por ejemplo, Polonia, cuyo Tribunal Constitucional va a revisar ahora que el Convenio no entre en contradicción con su Carta Magna mientras el Gobierno de Morawiecki prepara un «convenio de los derechos de las familias» que reemplace al de Estambul.

La resolución de la Eurocámara deja claro que no se tolerará ninguna alternativa a este —la que sea—, porque dichas opciones «difieren fundamentalmente de los derechos humanos». En el ínterin, a los derechos humanos se les ha añadido el aborto de tapadillo. En efecto, lo que más sorprenderá de la resolución aprobada a quienes no hayan prestado atención a cómo nos deslizábamos todos estos años por la pendiente resbaladiza, es la consagración que hace del aborto: de acuerdo con el texto aprobado, aquellos países que lo restringen mediante leyes —descritas en los considerandos de la resolución como «inhumanas»— están vulnerando los derechos humanos de las mujeres.

En esto ha tenido mano una española: la eurodiputada de Ciudadanos (Cs) Soraya Rodríguez firma la enmienda que introdujo en la resolución la frase «las leyes sobre el aborto restrictivas y la falta de aplicación vulneran los derechos humanos de las mujeres». Enmienda que, además, convirtió el apartado 4 de la moción en un auto de fe contra los Estados provida. Rodríguez —socialista a fuer de liberal, que diría Indalecio Prieto— decidió tomarse la molestia de enmendar el texto original para someter a todos los países de la UE que no comparten el entusiasmo abortista a un calculado escarnio público. La realidad es que la acusación les confiere a estos un timbre de honor: confrontados por la inquisidora, que les exige poner al aborto en pie de igualdad con el derecho a la vida, estos países pueden declarar «eppur si muove».

Polonia, Hungría, Eslovaquia, Malta e Italia son llamados uno a uno a subir al cadalso que la eurodiputada de Cs ha preparado para ellos. En su celo, Rodríguez llega incluso a declarar ilegítimo el Tribunal Constitucional de Polonia, a pesar de que en España su todavía partido hace tiempo que se sumó a la tesis de que cuestionar la legitimidad de las instituciones (por ejemplo, la de un Ejecutivo que, para gobernar, necesita apoyarse en los enemigos declarados de la Nación) es crispar. Como el alumno aventajado del zeitgeist moderno es Francia, que quiere blindar el aborto en su Constitución, a Francia dirige sus loas Soraya Rodríguez, al tiempo que llama a incluir «el derecho al aborto seguro y legal en la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE», como ya había pedido Macron.

Todo esto lo ha hecho suyo el Europarlamento al aprobar la enmienda de Rodríguez, pero hay más. Numerosa chatarra ideológica —alguna de muy nuevo cuño, como la «violencia obstétrica» y la «violencia vicaria», que el lector recordará haber oído en labios de Irene Montero— se ha abierto camino hasta el texto aprobado entre la adhesión fervorosa de la izquierda y la negligencia criminal del Partido Popular. Así, por ejemplo, la resolución afirma que la «cultura de la violación» es «un problema generalizado en toda Europa y en el mundo entero», como si las actitudes europea e islámica ante la violencia ejercida contra una mujer fuesen conmensurables, o como si obligar a la víctima de una violación a casarse con su agresor fuese tan plausible en Toledo como en Islamabad.

La inclusión de tanto artículo de fe ideológica, sin embargo, no impide al legislador europeo acordarse de condenar «la afirmación y la aceptación de teorías y conceptos no científicos en los casos de custodia para […] denegar la custodia del menor a la madre y concederla al padre acusado de violencia de género». Mismos términos en los que la Ley Rhodes del Gobierno socialcomunista español tacha de anatema la sola mención al síndrome de alienación parental, observable en muchos menores que han sido privados de la compañía de uno de sus padres.

Asimismo, la resolución compra y propala el relato de que «en muchos casos» la Policía somete a las mujeres denunciantes a «comentarios degradantes», y alude a los «estereotipos y sesgos de género en el sistema judicial», ignorando, por supuesto, que, al menos en el caso concreto de España, más de la mitad de los jueces son mujeres y en aumento.

El texto aprobado, en resumen, es una colección de clichés y de dogmas repetidos ad nauseam por la izquierda woke y sus filiales mediáticas, una gota malaya que ha conseguido trepanar el cráneo de sus señorías del centroderecha, encharcándoles los sesos. Al margen de la delegación de VOX en el Parlamento Europeo —que, por descontado, votó en bloque contra la resolución—, de los eurodiputados españoles únicamente Isabel Benjumea y Javier Zarzalejos dejaron de emitir un voto favorable (la una votó en contra, el otro se abstuvo). El resto consintió en rubricar con su sufragio que el aborto es un derecho humano y que restringirlo legalmente equivale a ejercer violencia machista.

Oponerse habría implicado el esfuerzo consciente de romper con la inercia y plantarse ante el enloquecido signo de los tiempos, y ya sabemos que, pudiendo dejarse arrastrar por la corriente, al PP eso le da infinita pereza. No hablemos ya de Cs, cuyos restos, afanados en que no los llamen fachas, tratan de montarse en marcha en la locomotora del progreso (hacia dónde se progresa es lo de menos). Y así, como decía Burke, el mal avanza porque los hombres buenos (¿todavía pueden llamarse buenos?) no hacen nada.

******************* Sección "bilingüe" ***********************

El populismo tonto de Sánchez

EMILIO CAMPMANY. libertad digital. 8 Marzo 2023

El populismo de ahora es la demagogia de siempre. Y siempre hay algo de demagogia en quienes ganan elecciones. Sin embargo, la crisis de 2008 trajo nuevos demagogos, más demagogos que nunca, a los que llamamos populistas para distinguirlos de los de siempre. En España, los dos partidos que se han repartido el bacalao desde que esto es una democracia los denunciaron acusándoles de dar soluciones sencillas a problemas complejos. Hicieron con ello ejemplo de populismo ya que desdeñaron con una acusación sencilla un fenómeno complejo. En cualquier caso, el populismo arrasó nuestros debates a partir de entonces y todos abrazaron la nueva fe con el vigor del converso.

Hoy por hoy, todos lo practican con el fin de atraer la mayor cantidad de votos posible en el momento en que se abran las urnas. Es deplorable, pero comprensible. Sin embargo, el populismo de Pedro Sánchez es peculiar, pues es un populismo que en la mayoría de las ocasiones no atrae votantes, sino que los ahuyenta. Pongamos algunos ejemplos. Cuando se adhiere a las ideas de Podemos o incluso se las apropia haciendo de ellas su política, reafirma a los electores comunistas en su voto, pero disgusta soberanamente a los votantes socialistas moderados, que son la mayoría. Pasa con la ley del sí es sí, con la del bienestar animal o con la ley trans. Pase que las vote para salvar la coalición, pero no tiene sentido que las haga suyas. Cuando se rinde ante Bildu, que es tanto como rendirse a la ETA, agrada a algún votante de extrema izquierda de fuera del País Vasco, pero se enemista con el grueso del electorado socialista. Zapatero pudo vender estas cesiones como una transacción a cambio de la paz, pero en el caso de Sánchez son totalmente innecesarias porque ni siquiera es Bildu indispensable para ganar ninguna votación en las Cortes. Cuando indulta a los golpistas catalanes, deroga la sedición o abarata la malversación apenas gana votos en Cataluña y los pierde a mansalva fuera de ella. Y lo hace a cambio de un apoyo que, una vez aprobados los presupuestos, es innecesario. Dirá que está honrando un compromiso anterior, pero sería la primera vez que Sánchez cumple lo que promete. Cuando arremete contra Ferrovial, podrá ganarse el aplauso de la extrema izquierda, que de todas maneras no le votará, pero se enfrenta a aquella parte de su electorado que en cuantía no desdeñable cree en la libertad de mercado. Encima encabrona a toda la Unión Europea, cuyas recriminaciones son siempre en España muy perjudiciales electoralmente.

Francamente, hacer populismo, algo pensado para atraer votos, con el resultado de perderlos es bastante estúpido. Es como el que se lleva sin pagar de unos grandes almacenes un pijama que se ha probado y se deja la americana con la cartera en el probador. O como el que destroza la luna de un coche para robarlo y luego resulta ser el suyo. O como el que trata de despegar un chicle de la suela del zapato restregándola en una caca de perro. Qué razón tenía Carlo Maria Cipolla cuando dijo aquello de que los tontos son mucho peores que los malos.

8M: la mala intención del feminismo

EDITORIAL. gaceta. 8 Marzo 2023

Los medios subvencionados no lo recordarán, pero para eso nació este periódico, para dar testimonio de que el 8 de marzo ya no es el Día de la Mujer, al menos no en España. Hoy es el aniversario del día en el que un Gobierno infame negó una pandemia que ha matado alrededor de 150.000 españoles para que se pudiera celebrar un gran infectódromo feminista convocado bajo el lema de que el machismo mata mucho más que el coronavirus.

Sólo el recuerdo exacto de aquella mentira y de su letales efectos debería bastar para que la izquierda en la que se refugia el feminismo bajara la cabeza y balbuceara alguna disculpa. Pero no. La izquierda, y no digamos la ideología feminista, vive feliz y desmemoriada en un supremacismo moral que se complace, y por lo visto, hasta se autosatisface, en la idea de que el fin político justifica todas las mentiras.

Entre todas las mentiras feministas, la mayor es la de su lucha por la igualdad. El feminismo no quiere que hombres y mujeres tengamos los mismos derechos, obligaciones y oportunidades. El feminismo necesita la desigualdad. A ella se aplica hoy con la determinación que le proporciona el dinero de nuestros impuestos. Su método es el de ubicar a las mujeres en el seno de una supuesta clase oprimida para someterlas a la idea de que las españolas son víctimas de un inexistente sistema machista, patriarcal y violento.

Construido el falaz relato victimista sustentado desde todos los poderes y por todos los partidos, a excepción de Vox, el feminismo exige la reorganización de la sociedad española atacando sus estructuras fundamentales con leyes nuevas que alteren la realidad biológica y la realidad social sin importar el daño que puedan hacer.

Lo hemos comprobado con la Ley del sólo sí es sí, que daña de manera irreversible a las víctimas reales de la violencia sexual con una modificación incompetente de la tipicidad que conduce a un escenario de excarcelaciones y rebajas de pena que se prolongarán en el tiempo. Pero, sobre todo, que destruye de manera intencionada la presunción de inocencia al reorientar la carga de la valoración de la prueba.

Esta es la clave. No es tan grave la incompetencia demostrada por las feministas del Ministerio de Igualdad y por el Consejo de Ministros que aprobó como órgano colegiado ese nuevo régimen de unificación de los delitos sexuales que ha aligerado la pena de cientos —serán miles— de delincuentes sexuales, como la intención del Gobierno feminista de corromper el derecho fundamental a la presunción de inocencia. Yo sí te creo, hermana. Adiós al Derecho.

Por supuesto, no damos permiso a nadie para que concluya que por nuestra parte hay la menor simpatía hacia el delincuente sexual. Ni siquiera compasión. Si nos dejáramos llevar por la repugnancia que nos producen, tiraríamos al mar las llaves de sus celdas, en especial las de los pederastas. Nuestra simpatía está con el Derecho, con la presunción de inocencia sin la cual no hay Estado de Derecho y con la proporcionalidad de las penas.

Al feminismo empoderado que pagamos y padecemos, todo lo anterior le es indiferente. Su intención —de nuevo la intencionalidad—, es la de corromper desde el poder una de las estructuras fundamentales del Estado de Derecho con fines políticos espurios.

Por eso, no basta con modificar los errores de la Ley del sólo sí es sí como ayer aprobó una mayoría en el Congreso entre la rabia de Podemos y la oposición de filoetarras y golpistas (lo que refuerza la idea de que esta ley es dañina para España). Esta ley, como las leyes trans, ha de ser derogada y el feminismo de tercera ola que sufrimos, señalado como enemigo de una sociedad abierta, tolerante y avanzada en la que todas las personas, sin importar su sexo —como manda la Constitución—, tengan los mismos derechos y obligaciones. Y también las mismas oportunidades educativas y laborales para que puedan tomar las decisiones libérrimas que crean convenientes para la construcción de su propio futuro sin injerencias.

Eso, y no otra cosa, es la igualdad. La realidad nos dice que en las últimas décadas, y de una manera natural, España tocaba con los dedos ese ideal de igualdad en libertad como pocas naciones en el mundo. Hoy, gracias al feminismo de naturaleza cultural marxista que se manifestará desunido por sus propios errores y sus perversas intenciones, con leyes y cuotas nefastas, y con aliades desnortad@s como el Partido Popular, somos más desiguales y estamos más fracturados.

Hoy, de nuevo, no hay nada que celebrar. Sí mucho que recordar para cuando nos llamen a las urnas e intentemos reparar lo dañado. Ojalá cuanto antes.

Los protocolos lingüísticos catalanes

JUAN GUTIÉRREZ ALONSO. libertad digital. 8 Marzo 2023

Fue en 2012 cuando conocimos un movimiento interesante de los planificadores lingüísticos catalanes. Se trataba de la implementación de nuevos protocolos en el ámbito sanitario, instando a los facultativos a expresarse sólo en catalán, entre ellos y también con los pacientes. El personal sanitario, según las autoridades catalanas, no actúa a título personal, sino que representa a la institución, cuyas normas deben respetarse.

Siguiendo una línea argumentativa que seguramente suscribirían protagonistas de episodios históricos muy oscuros, por supuesto toda la literatura distópica, el engendro se defendía alegando que "toda organización tiene la necesidad de definir cómo debe gestionar su comunicación y establecer unas normas con las que regirse". De este modo, a un marroquí o argelino recién llegado se le habla en catalán aunque el facultativo conozca el francés, y lo propio con un ciudadano británico o italiano. También, claro está, en casos de lengua común como sucede con los hispanoamericanos o los ciudadanos del resto de España.

Para los planificadores lo importante no es tanto el individuo al cual se atiende, los conocimientos lingüísticos y normas de educación del facultativo, sus opciones personales incluso en el ámbito profesional, sino "la identidad colectiva" y las directrices institucionales establecidas desde el gobierno autonómica y también, claro está, desde el nacional.

Ha llovido mucho desde que Antonio de Nebrija y Thomas Jefferson, en circunstancias y lugares muy distantes entre sí, advirtieran que no existe mejor elemento de unión entre los hombres que la lengua. Los planificadores lingüísticos en Cataluña, y también ya en otros lugares, donde hablar euskera cuenta profesionalmente más que un máster de especialización, han tomado conciencia de ello y saben que el proceso de desafección territorial que patrocinan necesita violentar de un modo u otro la convivencia lingüística (y no solo la lingüística) y establecer una supremacía y desplazamiento de la lengua común para acelerar la hoja de ruta marcada.

Ante semejante programa es inevitable que aparezcan reacciones e incluso que esas lenguas se conviertan en antipáticas por su instrumentalización al servicio de un programa totalitario. Recuérdese que las políticas restrictivas de las libertades individuales siempre han provocado reacciones y un debate entre quienes se sienten violentados y quienes cometen la tropelía bajo el paraguas de la autoridad. Los primeros se encuentran muy limitados, ciertamente indefensos; mientras que los segundos optan por seguir su senda y negar enfáticamente la existencia de conflicto alguno. Oficialmente no hay conflicto ni tensión, pero los diarios oficiales se llenan de disposiciones que sistemáticamente aminoran las opciones individuales de cada cual, y que afectan ya, ni más ni menos que al modo y lengua con la que expresarse o comunicarse. Nada se puede esperar, como hemos visto estos días, de sindicatos y organizaciones colectivas, que hoy se deben más a los cauces de financiación que a sus fines sociales. El programa transformador sigue su cauce y todos participan del aquelarre a quienes recelan, dudan, se quejan o denuncian.

La novedad de los protocolos y su proyección hacia las leyes y reglamentaciones

El invento aquel de los protocolos se convirtió en inquietante tendencia en nuestro país. Han proliferado por ámbitos tan variopintos como el farmacéutico, el sanitario, la seguridad, o incluso en cuestiones relacionadas con la fauna. La idea básica era utilizarlos para violentar también las propias determinaciones legales, convirtiéndose así en una especie de sucedáneo normativo donde incluir reglas de dudosa legalidad y/o constitucionalidad. Admito que más de una década después, lo normal es que los protocolos ya sean incluso ley. En efecto, ahora son requisito de acceso a una profesión, lo cual es claramente contradictorio, no ya solamente con la Constitución o el Derecho de la Unión Europea según tiene establecido el Tribunal de Luxemburgo en no pocas sentencias, sino con un mentalmente sano concepto del derecho al trabajo.

Los planificadores y chamanes de nuestras Administraciones saben que el Derecho ya no es el instrumento de ordenación social, que incumplirlo no tienen en muchos casos consecuencias, y por tanto se centran en disponer reglas de conducta de obligado cumplimiento e introducir así cuestionables disposiciones que además les sirven para la arenga política. Y si a usted le parece mal o considera que vulneran algún derecho individual, galimatías administrativo en vía de recurso primero, retrato y exorcismo mediático después, y fatigosa espera judicial en caso de que tenga la valentía de acudir a un juzgado cuyas resoluciones se incumplirán sin que pase nada. Ya me referí a la mutación del sistema constitucional y la reforma silenciosa de la Constitución el pasado 14 de octubre del año pasado en el diario El Mundo, cuyo contenido reitero en su totalidad.

El triunfo de la autocensura

Lo curioso es que a este proceso está contribuyendo de manera decidida el mundo académico, parcialmente el judicial, el universitario, el institucional, el artístico y también, por supuesto, el político. Y aunque el tema de la imposición lingüística hay que admitir que es espinoso, porque nuestros tiranos han sabido colocarlo en el orden de las prestaciones del sector público, afecta a las expectativas electorales, parece claro que muchos optan por evitar pronunciarse y mirar a otro lado ante porque pueden verse perjudicados. Otros optan por alinearse por las dádivas y ventajas que los planificadores pueden procurarles, mientras que otros parecen optar por el silencio, no vaya a ser que no se les nombre algo algún día o que alguna tacha de recusación les caiga encima. Y luego están, claro, quienes callan porque sencillamente en sus genes no parece estar el compromiso con las libertades y los derechos individuales. Estos sólo se quejan en privado.

Cierto es que existen iniciativas muy nobles que, con gran coraje y dignidad, aunque con escaso reconocimiento institucional, siguen afrontando las continuas afrentas de los planificadores. Es el caso de la Sra. Ana Losada o los muchachos de S’ha Acabat, que suelen pedir algo tan elemental como un verdadero respeto a la variedad que se pregona y el cumplimiento sentencias judiciales. Seguramente están descubriendo en este punto a Pérez Galdós, que ya nos advirtió que: "La condenada Administración es una hija de mala hembra con la que no se puede tener trato sin deshonrarse… Pero los que tienen hijos, amigo Argüelles, ¿qué han de hacer sino prostituirse?". Y en esto precisamente estamos, sólo que la prostitución ante los poderes públicos contemporáneos, más tiránicos que nunca antes, ya no se explica exclusivamente por la presencia de hijos, sino por otros muchos intereses espurios. En esto, digamos que las autoridades catalanas son más españolas que ninguna otra.

En conclusión

Los movimientos antidemocráticos que realizan los gobernantes, decía Popper que siempre son mucho más serios y peligrosos que los movimientos similares realizados por los gobernados. Además, cuando son los antidemocráticos quienes ostentan el control de las instituciones es complicado combatir esos movimientos incluso en nombre del sistema representativo. Para entonces, la política, la ideología y la servidumbre lo ha invadido todo. Desde los colegios hasta los centros hospitalarios, pasando por las Universidades, la magistratura, medios, las fuerzas de seguridad y hasta el deporte.

Es posible que como consecuencia de estas reflexiones me gane abundantes críticos e incluso me cuelguen algún sambenito, pero no pierdan el tiempo, como decía L.F. Cèline, yo sólo soy un muchacho sin importancia colectiva, exactamente lo que se diría un individuo.

Los idiomas no salvan vidas

Fermín Bocos. diariosigloxxi. 8 Marzo 2023

MADRID, 7 (OTR/PRESS) "Los idiomas no salvan vidas", proclamaba una pancarta en una manifestación de decenas de profesionales sanitarios baleares que protestaban contra la imposición del catalán como requisito para aspirar a conseguir una plaza fija en alguno de los centros sanitarios de las islas. En el caso de Ibiza, a los oncólogos -sólo hay uno para atender a toda la isla- se les exige el nivel B2 de catalán. "Queremos médicos que sepan Medicina, no que sepan catalán" rezaba otra de las pancartas. El gobierno autonómico del archipiélago lo preside la socialista Francina Armengol, una dirigente que durante la pandemia dejó al descubierto su falta de empatía con la población.

Los problemas que padece la Sanidad en el conjunto de España se agravan en el caso de aquellas comunidades en las que conviven dos idiomas y en las que, pese a la teórica condición de cooficialidad, en la práctica el castellano resulta preterido. Es el caso de Cataluña, la Comunidad Valenciana o Baleares. Estos días ha circulado como la pólvora en las redes un video grabado por unas enfermeras que trabajan en el hospital Vall d'Hebron en Barcelona. Una de ellas, gaditana de nacimiento, denunciaba que la imposición del catalán supone una discriminación a la hora de superar las oposiciones. Lo planteaba en términos coloquiales y ha sido expedientada por la Consejería de Salud de la Generalidad.

Al imponer el conocimiento del catalán por encima del sentido común que invitaría a declarar como prioridad la contratación de profesionales para cubrir las vacantes que amenazan con colapsar el sistema, los dirigentes políticos de estas comunidades demuestran un elevado grado de sectarismo. Un dogmatismo incompatible con el sentido común ante la evidencia de que los derechos y necesidades de los usuarios de la sanidad pública deberían estar por encima de normas que en la práctica discriminan a buenos profesionales españoles que por su desconocimiento del catalán no pueden opositar para conseguir una plaza en un hospital o centro sanitario ubicado en ciudades que son españolas.

Hace unos días miles de trabajadores de la Sanidad salieron a las calles de toda España -también en Cataluña, Valencia y Baleares- para exigir la contratación de más profesionales y para protestar por la precariedad de los medios con los que cuenta el sistema sanitario. Ahí quedó la denuncia, pero los nacionalistas van a la suyo. Lo más lacerante es el silencio del Gobierno español ante lo que a todas luces es un atropello .

ESPAÑA

Vox quiere tumbar plan de Feijóo que "arrincona" al español en los colegios gallegos

MARINA ALÍAS. vozpopuli. 8 Marzo 2023

Vox mete en campaña la política lingüística de Alberto Núñez Feijóo en Galicia. El partido liderado por Santiago Abascal acaba de presentar una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados que busca tumbar el programa que "arrincona" al español en los colegios gallegos y, de paso, poner en evidencia las supuestas incoherencias en las filas del PP en lo que respecta a las lenguas cooficiales. Se trata de la campaña '21 Días con el gallego y +' y, de acuerdo a la Xunta de Galicia, este año se ha desarrollado en una docena de centros. Va por su quinta edición y han participado hasta 4.564 personas entre alumnado, profesorado y personal de administración y servicios. La cifra supera en un 20% la del año pasado y supone la máxima participación en los cinco años de trayectoria de esta iniciativa "de dinamización lingüística".

Desde el Grupo Parlamentario Vox insisten en que "a pesar de los claros mandatos constitucionales, la lengua común sufre desde hace tiempo ataques muy graves", incluso por parte de aquellas administraciones regionales "dirigidas por partidos que dicen defender la unidad de España y la igualdad entre todos los españoles".

En su iniciativa, Vox recuerda que el artículo 3 de la Constitución Española recoge que la lengua oficial de España es el español: "El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla". Y advierte que "las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos".

El programa 'estrella' para promocionar el gallego

En este sentido, explican los de Abascal, el Tribunal Constitucional se ha pronunciado en diversas sentencias afirmando que "el español no puede ser postergado, arrinconado y mucho menos eliminado del uso normal de las administraciones españolas". Para Vox, las lenguas se han convertido en muchos casos en una herramienta ideológica al servicio de movimientos que las utilizan para sus intereses meramente políticos, profundamente divisivos de la sociedad española. Y pone como ejemplo de estas vulneraciones de derechos no solo a Galicia, sino también a la Generalitat de Cataluña, Islas Baleares, País Vasco y la Comunidad Valenciana.

"En el caso de Galicia, cabe destacar la campaña '21 Días con el gallego y +' promovida por la administración regional gallega bajo el mandato del Partido Popular, ahondando de manera alarmante en el adoctrinamiento político en las aulas", denuncia Vox.

El partido se hace eco de las denuncias de la plataforma Hablamos Español, que critica que el objetivo de la campañas es "que los jóvenes que tienen como lengua materna el español, adquieran el hábito de utilizar el gallego en cualquier situación de su vida cotidiana, consiguiendo así lo que se denomina como neofalante, personas que renuncian a la lengua de su familia por el gallego". Según Vox, "se invade el ámbito privado y familiar, se señala a los alumnos que hablan español".

Vox insta al Gobierno a proteger el español en Galicia

Por todo ello, Vox pide al Gobierno que inste a la Xunta de Galicia a cesar en su empeño de "arrinconar" el español en las aulas de la región y a poner fin a la citada campaña iniciada bajo el mandato de Núñez Feijóo. La formación presidida por Abascal reclama promover medidas para garantizar la libertad del uso del español en la región de Galicia y el resto de España y pide que se materialice el deber y el derecho de conocer y utilizar el español en todas las regiones de España e impulsar medidas para garantizar la escolarización y el derecho a relacionarse con las Administraciones Públicas en español en cualquier región de España.

El portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, explicó este lunes que, a través de esta iniciativa, Vox quiere garantizar la libertad del uso del español en Galicia y "en cualquier otro lugar de España" e impulsar las medidas necesarias para garantizar tanto la escolarización como el derecho a relacionarse con las Administraciones Públicas en español "en cualquier lugar" del territorio nacional. "Revolucionario, ¿eh?", dijo irónicamente.

Además, aseguró que no hacen falta más médicos, enfermeros y profesores que "no puedan prestar sus servicios" en ciertos lugares de España "porque no conozcan la lengua local", sino que quiere profesores, médicos y enfermeros "que sepan hacer su trabajo y puedan hacerlo libremente" en toda España utilizando "la lengua común, que es el español".

Recortes de Prensa  Página Inicial