Recortes de Prensa Martes 26 Septiembre 2023

Moscú vuelve a bombardear el puerto de Izmail, en el Danubio, y daña varias infraestructuras

Esta región ha sufrido de forma periódica ataques de las Fuerzas Armadas rusas, que se han intensificado desde mediados de julio, cuando Moscú rompió el acuerdo para la exportación de cereales a través del mar Negro

Arantxa Palacios. el confidencial. 26 Septiembre 2023

Rusia volvió a atacar anoche la región ucraniana de Odesa con drones kamikaze Shahed, que alcanzaron infraestructuras en el puerto del Danubio de Izmaíl, junto a la frontera con Rumanía, en el que han resultado heridos dos conductores y han sufrido daños varios almacenes, "cerca de 30 camiones” y “seis furgonetas".

"Las defensas antiaéreas han funcionado con intensidad extraordinaria. La mayoría de los drones han sido derribados", dijo el jefe de la Administración Militar de Odesa, Oleg Kiper, que explicó que el ataque con aparatos no tripulados se prolongó durante dos horas.

"Desgraciadamente, en el distrito de Izmaíl ha habido impactos en la infraestructura portuaria", explicó el representante ucraniano. Según este parte, la caída de los drones provocó un incendio que ya ha sido apagado por los bomberos.

Las claves del momento:

Rusia vuelve a bombardear el puerto de Izmail, en el Danubio, y daña infraestructuras

La ONU documenta que Rusia sigue cometiendo crímenes de guerra

Ucrania recibe los primeros tanques Abrams para reforzar la contraofensiva

Kiev afirma que sus ataques a la flota rusa han dejado decenas de muertos

Así hemos contado la jornada 579 de la guerra

Hace 41 minutos 08:11

Al menos cinco heridos tras un ataque ruso contra la región ucraniana de Jersón

Las autoridades de Ucrania han informado de que al menos cinco personas han resultado heridas tras un ataque ruso durante la noche contra la región de Jersón.

"El Ejército de Rusia sigue cubriendo Jersón con fuego. Ayer, alrededor de las 21.00 hora local, Kyselivka fue atacada. Cuatro personas fueron heridas. Dos hombres de 28 y de 64 años y una mujer de 67. (...) Otra víctima de 68 años fue trasladada al hospital en estado moderado", ha comunicado el gobernador de Jersón, Prokudin Oleksndr, en su canal oficial de Telegram. Además, ha explicado que otra persona había resultado herida en un ataque previo contra la misma localidad.

Por otro lado, un ataque con misiles ruso ha destruido durante la noche del lunes una vivienda en la ciudad ucraniana de Avdivka, en la región de Donetsk, aunque no se han registrado víctimas. "Los rusos destruyeron otra casa en Avdivka. Esta noche han lanzado un ataque de misiles aéreos en toda la ciudad, y han alcanzado un quinto piso. Según información preliminar, nadie resultó herido", ha comunicado el gobernador regional, Igor Moroz, en su cuenta de Facebook.

Hace 47 minutos 08:05

Moscú intercepta 5 drones ucranianos en Kursk y un misil en una base aérea de Crimea

Las defensas antiaéreas de Rusia interceptaron anoche cinco drones ucranianos sobre la región fronteriza de Kursk tras derribar también un misil en la zona de la base aérea de Belbek, en la anexionada península de Crimea, informaron el Ministerio de Defensa y las autoridades locales.

El gobernador de la ciudad portuaria de Sebastopol, Mijaíl Razvozháev, informó que el Ejército ruso repelió un ataque con misiles y que, de acuerdo con informaciones preliminares, uno fue interceptado en la zona del aeródromo militar de Belbek.

Defensa no informó de este ataque, pero sí dio cuenta del derribo a lo largo de la noche de cinco drones ucranianos en la región de Kursk, fronteriza con la provincia ucraniana de Sumi y uno de los frecuentes objetivos militares de Kiev en los últimos días, al igual que Crimea.

El domingo pasado, según el diario ucraniano Ukrainska Pravda, varios mandos militares del 14º regimiento de aviación de las Fuerzas Armadas rusas murieron o resultaron heridos en un ataque con dron contra un aeródromo militar de la región rusa de Kursk.

Hace 1 horas 27 minutos 07:25

Rusia vuelve a bombardear el puerto de Izmail, en el Danubio, y daña infraestructuras

Según la Fuerza Aérea ucraniana, Rusia atacó anoche territorio ucraniano de forma masiva con 38 drones Shahed, 26 de los cuales fueron derribados por las defensas antiaéreas de Ucrania. Algunos de estos drones han caído en la ciudad industrial de Krivi Rig, donde han sufrido daños las instalaciones de una empresa.

El fracaso de un «éxito»

EDITORIAL Gaceta. 26 Septiembre 2023

El Partido Popular ha calificado su mitin de ayer en las calles de Madrid como un éxito. Bajo el lema Feijoo o amnistía, y obviando que se anunció en un principio como una manifestación, en el acto de partido sólo se pudieron oír voces más o menos valoradas de dirigentes populares, actuales o pasados.

Los organizadores —decidamos confiar en ellos— hacían pública una cifra de participación de unas 60.000 personas, muy alejada de las 200.000 esperadas y filtradas por Génova a sus medios afines a lo largo de toda la semana pasada. Lo de estar inflando las cifras desde los medios ya se vio en las pasadas elecciones generales que no funciona, al contrario: desmoviliza a una derecha sociológica menos dada a la exposición que la izquierda.

Porque si la izquierda ha perdido la calle, afirmación que parece ser cierta, el Partido Popular no ha sabido ganarla. Lejos quedan aquellas movilizaciones de millones de españoles, con José Antonio Ortega Lara o María San Gil a la cabeza, a los que Mariano Rajoy engañó haciéndoles creer que revertiría los planes de Zapatero, es decir el PSOE, y ETA cuando llegase a la Presidencia del Gobierno.

Un buen paso para empezar a dirigir una alternativa a este Gobierno entre la sociedad civil, siendo probable que el presidente en funciones renueve su estancia en La Moncloa, sería que el PP comenzara ya no a perder los complejos ni siquiera a abandonar la mentira, sino a entender que solo no puede ni podrá contra un adversario sin escrúpulos ni límites.

Si recordamos la manifestación de Colón, a la que Feijoo y los suyos tienen pavor, el 13 de junio del 2021 con motivo de los indultos, y promovida por asociaciones civiles, acudieron 126.000 personas según afirmó en aquel momento la Policía Municipal. Sólo VOX, de los tres partidos que participaron no reniega de aquella concentración, demonizada por la izquierda precisamente por el daño que le supuso.

O la manifestación del 11 de febrero de 2019 convocada de mutuo acuerdo por PP, VOX y Ciudadanos pidiendo elecciones tal y como había prometido Sánchez al alcanzar La Moncloa vía moción de censura contra Rajoy, cosa que evidentemente no cumplió, contó con 200.000 asistentes.

La amnistía a los que más daño han hecho a España, en la que además se pretende incluir a delincuentes comunes como Laura Borràs, o a filoterroristas como los CDR, es un motivo lo suficientemente importante como para llenar las calles de nuestro país de la legítima indignación de todos los españoles que nos convertiremos de facto en ciudadanos de segunda.

España importa, no de una manera instrumental o por la cercanía de una investidura. Importa más que cualquier partido político. Seguiremos defendiéndola, pero muchos no lo haremos detrás de una bandera azul del PP, sino de la que nos une a todos.

Cuestiones clave para las investiduras

Ramón Tamames. la razon. 26 Septiembre 2023

En estos días de investiduras, ya fijada la del día 26 para Alberto Núñez Feijóo, y la previsible para Sánchez, son muchas las personas que se me acercan de una manera u otra para saber si tengo nostalgia de la moción de censura del 21 y 22 de marzo en la que se planteó mi posible investidura para la presidencia del Gobierno, con base en el apoyo de 52 diputados de VOX, que me ofrecieron esa posibilidad manteniendo toda mi independencia política.

En ese trance, me referí a una serie de temas que voy a recordar ahora, tal vez en un ambiente mucho más complicado y perverso del que había al comenzar la primavera. Ahora casi todo ha venido a empeorar, empezando por nuestro idioma común, el castellano o español, hablado por casi 600 millones de personas en todo el mundo, que paradójicamente está vituperado en la propia España, llegando al colmo del necio Babel del Congreso de los Diputados desde esta semana.

Un segundo tema es el de la Memoria Democrática, instrumentando la historia de toda una nación que el Gobierno Sánchez quiere situar en la actitud más admirativa de la Segunda República; ignorando que entre los promotores de la Guerra Civil, además de Mola y Franco, estuvieron próceres del PSOE, Indalecio Prieto, en el ataque revolucionario a la propia institución en 1934, que algunos tienen por verdadero comienzo de la contienda fratricida. Con el impulso personal de Largo Caballero, que se llegó a creer que era el «Lenin español».

Una tercera cuestión, no resuelta, sino incluso mantenida para mayor confusión de confusiones es que la configuración de las Cortes Generales, por la vía electoral con la Ley de Reforma Política de 1975, de antes de la democracia. Que proporciona un peso indebidamente excesivo a los partidos ultranacionalistas y separatistas, con la situación límite de que con siete diputados del independentismo, parece que se va a conseguir, fraudulentamente, una amnistía de delincuentes, y un referéndum disfrazado de consulta no vinculante. Más que lamentable, dramático.

En economía, con el lanzamiento de la peregrina idea, pseudomecanicista, de que «España va como una moto», se ha diluido el verdadero debate económico. Y España sigue siendo el país con más paro de la Unión Europea, continúa expandiendo su endeudamiento a niveles nunca vistos, con una desigualdad social que continúa aumentado según los coeficientes de Gini de distribución personal de renta.

Seguimos además en una política medioambiental de inconsciencia generalizada, sin abordar los más difíciles problemas del agua, que va a ser tema principal de nuestro entorno en los próximos años. Sin suficiente regeneración de aguas residuales, con toda clase de dislates en la política de desalación, y con redes de distribución de las más altas pérdidas. Mucho bla, bla, bla, y muy poca acción en las infraestructuras hídricas básicas especialmente difíciles en la era del calentamiento global. Frenándose además la expansión de los regadíos, cuando todos sabemos que la agricultura de secano va a ir a mucho menos, frente a la de riego e invernadero.

Por otra parte, continúa como si tal cosa el descuido de nuestros bosques, y si se cita el hecho de que en 2023 los incendios forestales han disminuido, ha sido por las generalizadas lluvias de junio, y las copiosas tormentas que empezaron en septiembre. El abandono de los montes públicos y de alguno de nuestros parques nacionales, está en los máximos más hirientes, como Doñana en el peor de los casos.

Continúa además el declive del sector industrial, que llegó a estar en el 30 por 100, y que hoy se sitúa en la cota del 15,31. En contra de la política de reindustrialización que se está dando en el marco de la UE, de EE.UU., y que se trata de mantener en China. Con grandes empresas en España que están en venta, como Telefónica, un mal precedente de entrega sucesiva de grupos españoles, que a partir de ahora va a depender de designios foráneos.

Y continúa el menosprecio del gobierno frente a grandes empresas del país como Mercadona, Inditex, Ferrovial, etc. Para seguir en una política protectora, y errónea a ultranza, de las pymes, lo que paradójicamente equivale a frenar el progreso de la tecnología en España.

Para ir terminando, casi telegráficamente, que se decía antes, estamos en lo peor de una demografía declinante, con pérdida vegetativa de población sólo compensada por una inmigración insuficiente e indebidamente ordenada. Como también ha de criticarse al gobierno de Sánchez el deterioro de una sanidad pública que no soportó la complicación de la pandemia, y que hoy presenta una lista de espera para operaciones quirúrgicas de más de un millón de pacientes con hasta tres años de dilación. A lo que ha de agregarse una educación dividida entre ciencia y universidades, y con un CSIC irrisoriamente dotado. De lo que deriva un gran número de jóvenes científicos que sólo fuera de España pueden encontrar el ambiente necesario para sus investigaciones.

Adicionalmente, hay dos problemas nacionales pendientes de un futuro incierto: las pensiones, que sólo podrán ser mantenidas con un sistema mixto de derrame/ingresos fiscales, típico de un modelo a considerar Bismarck/Beveridge. A lo que se agrega el problema social de la vivienda y los alquileres, con los más altos precios de adquisición, cuando España tiene capacidad para construir lo que necesita para sus propios habitantes, que migran dentro del país y que quieren mejorar, y los numerosos europeos e iberoamericanos que quieren asentarse en la nación española. Todo ese entorno social se combina con una seguridad personal que va muy a peor, con bandas juveniles en las ciudades en crecimiento, narcotraficantes en alza, cada vez más delitos sexuales, y preocupación por la falta de coordinación de las policías autonómicas con el Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil.

No insistiré en política exterior, pero sí reafirmaré lo que dije en la moción de censura en marzo en el Parlamento: Marruecos nos impone su ley, retrasando, por ejemplo, las aduanas de Ceuta y Melilla, y no reconociendo la personalidad española de las ciudades autónomas. Gibraltar está pendiente de un acuerdo a escala europea, por los efectos del Brexit, en el que España, si sigue Pedro Sánchez, no parece que va a plantear que persista una colonia europea, algo casi inimaginable para muchos en el siglo XXI.

En el caso de la comunidad iberoamericana sigue hoy una senda, mayoritariamente de pseudoizquierdismo, dando la menor importancia a la posible inspiración en patrones de crecimiento económico y cultural en los que llegamos a tener en otro tiempo un cierto papel. Y con desprecio de una presencia española en el Nuevo Mundo durante siglos, que hoy se conceptúa desde el falso indigenismo con ataques casi increíbles, históricamente hablando, frente a los cuales el gobierno de Sánchez mantiene la máxima indiferencia, víctima no casual de la leyenda más negra.

Y qué decir el año español en la Unión Europea. Con el presidente del Gobierno completamente ausente en momentos principales para incentivar el cambio necesario. Con el negro ejemplo de Ucrania, una guerra casi sugerida por EE.UU., y que aparentemente va a resolver la inspiración de China, y con un tráfico de armas para el complejo industrial militar no discutido en las Cortes Generales.

Termino aquí la evocación de lo que España es, y también por contraposición lo que podría ser. Y creo que, en estos días de investiduras, deberían recordarse temas como los suscitados en este artículo, que son fundamentales para nuestro futuro, como nación y comunidad global.

Las lenguas y las manifestaciones

PABLO PLANAS. LD. 26 Septiembre 2023

El independentismo catalán y sus terminales en Valencia y Baleares han puesto el grito en el cielo ante la temeraria propuesta de Vox en las islas de multar a las administraciones y entes públicos que no garanticen la atención en el idioma español. ¡Qué barbaridad! ¡Multas! Y aún peor ¡por culpa del español! Las exclamaciones de los catalanistas acompañadas de un terrible desgarro de vestiduras mientras se agarran a las paredes para no arrastrarse por los suelos contrastan con el hecho de que allá donde ellos gobiernan no sólo se ponen multas por razones lingüísticas sino que también se persigue sin disimulo alguno la erradicación del español.

La intención de Vox en las Islas Baleares es abrir una oficina que garantice la libertad lingüística después de años de imposición del catalán y menosprecio del español. De manera muy superficial se podría inferir que Vox pretende hacer lo mismo que socialistas y separatistas, quienes también tenían una oficina de "derechos lingüísticos" cuya misión era la de velar porque el catalán fuera considerado el idioma propio y único en la comunidad. Advertidos los catalanistas de los propósitos reparadores y restauradores de Vox en relación al idioma español, las fuerzas vivas del pancatalanismo han tocado a rebato. Solo se puede multar en nombre del catalán. Era previsible.

Lo que no resulta tan previsible (o sí) es que el PP también haya puesto pies en pared en contra de la proposición de Vox. Los argumentos del partido conservador son de índole tan difusa que más que con la propuesta tienen que ver con la reacción de las formaciones afectas a la idea de la existencia de unos países catalanes. Es decir, el PP se ha escandalizado con Vox porque los socialistas y las sucursales de los partidos separatistas sostienen que las ideas lingüísticas del partido de derechas son fascistas. Las suyas, no, pero las de Vox, sí. Y el PP balear, sometido al influjo "semperiano", se ha puesto a hablar en el vascuence de las islas no vaya a ser que los separatistas y sus amiguetes socialistas les consideren a ellos también unos fascistas de tomo y lomo. No hay más.

Ocurre con todo y en todos los órdenes. El PP monta una manifestación contra la amnistía y los socialistas y los independentistas dicen que la manifestación ha sido una castaña y que con las manifestaciones no se arregla nada. Salvo, claro está, que sean sus manifestaciones. La máxima expresión de desprecio procede de La Vanguardia y viene con la firma de Iván Redondo: "Miren, nada como el principio de realidad: no hay marea ciudadana contra la amnistía, no hay rebelión nacional y la plaza aclamó a Isabel Díaz Ayuso y no a Alberto Núñez Feijóo, candidato a la investidura. Ayer –lo vieron– hubo cientos de personas en el acto del PP en la plaza Felipe II contra la amnistía, 40.000 según fuentes de la Policía. Pero no se engañen, todas ellas cabrían en el Wizink (15.000 personas) en dos conciertos de Taburete".

"Cientos" y en "dos conciertos de Taburete". Jojo, jaja. Qué fenómeno Redondo, experto en datos.

******************* Sección "bilingüe" ***********************

Razones para una rebelión cívica

Jaime Ignacio Del Burgo. vozpopuli. 26 Septiembre 2023

El pasado 17 de agosto de 2023, a las 6:17 horas, la Representación Permanente de España en la Unión Europea registró la salida de una carta dirigida a la Presidencia del Consejo Europeo, por José Manuel Albares Bueno, ministro de Asuntos Exteriores. En ella se solicitaba al Consejo (cuyo presidente de turno es Pedro Sánchez) la inclusión del catalán, euskera y gallego, lenguas españolas distintas del castellano que gozan del estatuto de lenguas oficiales en España, mediante la modificación del Reglamento regulador régimen lingüístico de 1958, de conformidad con el artículo 342, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

En la carta se decía que la solicitud era una decisión del Consejo de Ministros, pero no consta la existencia de ninguna reunión. Un Gobierno en funciones carece de atribuciones para adoptar una iniciativa de semejante envergadura. La Ley 50/1997, dispone que en tales circunstancias el Gobierno limitará su gestión al despacho ordinario de los asuntos, absteniéndose de adoptar, salvo casos de urgencia debidamente acreditados o por razones de interés general cuya acreditación expresa así lo justifique, cualesquiera otras medidas. Hasta el más lego en derecho concluiría que se ha producido una flagrante vulneración de la ley.

Al amanecer del día 17 de agosto, se conoció que el PSOE había pactado con el presidente de la República de Cataluña en el exilio, Carles Puigdemont, el apoyo de Junts a la candidatura a la presidencia del Congreso de la socialista Francina Armengol, que desde durante su mandato como presidenta de las Islas Baleares impuso el catalán como único idioma de la Comunidad pidió un referéndum para el derrocamiento de la Monarquía y no rechazó el derecho de autodeterminación. Dicho en román paladino, el PSOE había comprado el voto de Junts. El precio a pagar era la conversión de facto de España en un Estado plurinacional donde el castellano –al que la propia la Unión Europea denomina como “el español”–, deja de ser el único idioma oficial del Estado.

A todo ello se añade el precio ya pagado a los independentistas catalanes y vascos para apuntalar la investidura de Pedro Sánchez, al convertir al Congreso de los Diputados, primero de facto y después mediante una reforma de su Reglamento, en una institución plurilingüe, lo que supone una flagrante violación de la Constitución, cuya responsabilidad recae en la presidente de la Cámara.

La Constitución, en su artículo 3 dispone que “el castellano es la lengua oficial del Estado, que todos los españoles tienen la obligación de conocer y el derecho a usar”. Las demás lenguas españolas [es el caso del catalán, del vascuence y del gallego] serán también oficiales “en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos”. Por ello, es radicalmente incierto afirmar, como lo hace el ministro en funciones Albares en su carta, que las lenguas distintas del castellano “gozan de estatuto oficial en España”. El ministro utiliza un lenguaje engañoso para inducir al Consejo Europeo a pensar que las lenguas propias de algunas comunidades autónomas son también oficiales en todo el territorio nacional, justificando así que puedan considerarse lenguas oficiales de la Unión Europea.

El candidato Sánchez ha utilizado un Gobierno en funciones y su poder político en las Cortes para comprar votos para ser investido, convirtiéndose así en autor de un grave atentado contra el orden constitucional, máxime cuando los compradores no ocultan que lo hacen para conseguir la independencia y destruir la Constitución. Ir por Europa como lo viene haciendo el sanchismo en funciones, para convencer al Consejo Europeo de que hay tres lenguas minorizadas en España por haber sufrido en el pasado marginación, persecución e incluso prohibición, es denigrante para la democracia española. El último atropello ha sido comprometerse a asumir los gastos de implantación de las tres lenguas en las instituciones europeas para desdecirse a renglón seguido y reducir la oferta al catalán, “discriminando” al batúa y al gallego, decisiones que no puede adoptar un Gobierno capitidisminuido y ni siquiera un Gobierno en plenitud de funciones sin la autorización de las Cortes. A estas alturas en la Fiscalía General ya debería estar abierta una investigación para determinar si los autores de estas actuaciones anticonstitucionales han podido incurrir en delitos de prevaricación, malversación o usurpación de funciones.

En la rueda de prensa celebrada después de su intervención en la Asamblea General de Naciones Unidas el pasado 21 de septiembre, el presidente en funciones se vio obligado a contestar una serie de preguntas sobre la formación del futuro Gobierno. En un principio intentó soslayarlas afirmando que “las conversaciones son discretas y los acuerdos transparentes”, por lo que en el caso del previsible fracaso de Feijóo los revelaría en su discurso de investidura. A la pregunta directa sobre si Junqueras mentía al decir que la amnistía ya estaba pactada con ERC, volvió a irse por los cerros de Úbeda, pero no tuvo más remedio que contestar sobre su cambio de postura respecto a Puigdemont, pues antes de las elecciones se había comprometido a ponerlo a disposición de la Justicia por haber perpetrado el golpe del 1 de octubre de 2017. Sánchez defendió su coherencia. Siempre había sostenido que una crisis política como la catalana nunca debió derivar en una acción judicial. Recordó que cuando José Manuel Maza, fiscal general, decidió “abrir la puerta a todas estas causas judiciales a través de la Audiencia Nacional”, expresó a Mariano Rajoy su malestar porque el PSOE no había sido “consultado” y por haber trasladado al poder judicial “un conflicto de raíz política”. Por eso, durante los últimos cuatro años se había empeñado en “devolver a la política lo que nunca debió salir de la política”. Y el resultado está a la vista. Un 90 por ciento de los catalanes son contrarios a la independencia y en julio habían votado por “el reencuentro y la convivencia”.

Grietas en el PSOE

La pregunta sobre el pacto con Puigdemont quedó sin respuesta, pero resulta inaudito que el presidente en funciones piense que está en manos del Gobierno decidir cuándo hay que judicializar un conflicto político y cuándo no, obviando que el poder judicial es independiente y ante la comisión de un delito, aunque tenga “raíz política”, la Justicia tiene el deber de actuar juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado.

Lo único cierto es que el reencuentro y la convivencia con los golpistas catalanes provoca grandes grietas en la concordia nacional. Incluso en su propio partido, como se puso de manifiesto el pasado 20 de septiembre en el Ateneo de Madrid donde Felipe González y Alfonso Guerra animaron a los militantes socialistas a una rebelión (cívica) contra la amnistía y el derecho de autodeterminación.

Diputados socialistas: entre la Constitución y la obediencia cómplice

JOSÉ MARÍA ROTELLAR. okdiario. 26 Septiembre 2023

Una inmensa mayoría de españoles -muchos socialistas incluidos- están radicalmente en contra de la amnistía que Sánchez probablemente concederá a Puigdemont -si éste se lo exige- y demás condenados por el intento de golpe de Estado de octubre de 2017 en Cataluña, a la que seguirá el referéndum si también lo demanda el prófugo de la Justicia. A estas alturas, es lógico pensar que Sánchez dará lo que sea, mercadeará con lo que sea y venderá lo que sea con tal de seguir en el poder. Le dará igual que con ello vuele, de facto, la Transición, la Constitución y la concordia -Constitución, por cierto, que ha prometido «guardar y hacer guardar»- si así logra los votos de Puigdemont-; le dará igual que el asesino de Josu Ternera diga que los guardias civiles ya sabían a lo que se exponían porque decían «Todo por la Patria» si recibe los votos de Bildu, votos emanados directamente de un pasado sangriento creado por la banda asesina ETA; le dará igual buscar una fórmula de referéndum para amarrar todos los votos independentistas.

Sánchez todo lo subordina a conservar el poder. Es lo que esconde su propia afirmación en la que dice «buscaré votos debajo de las piedras». Lo hará, a buen seguro, aunque esas piedras sean las nueces que recogía el PNV mientras ETA sacudía el árbol, en palabras de Arzallus. Lo hará aunque humille al Estado haciendo ver falsamente que lo de octubre de 2017 fue una represión policial y los sediciosos eran presos políticos. Lo hará empleando, si es necesario, la toga del presidente del Tribunal Constitucional, que ya dijo siendo Fiscal General del Estado que no le importaba mancharla con el polvo del camino.

Sánchez no tiene un proyecto ni de derechas, ni de izquierdas, ni de centro, sino un proyecto personalista, con un único punto en su programa de Gobierno: seguir ejerciendo el poder desde la cabecera del banco azul. Tratará de disimular con la amnistía y con el referéndum, bajo fórmulas imaginativas que parezca que no son lo que realmente son, pero lo hará y resquebrajará la concordia y la convivencia, porque supondrá un ataque directo a nuestra Constitución, a la Transición que fue ejemplo para el mundo.

Por ese motivo, muchos socialistas están también en contra de ese propósito, porque no se trata de ideología, sino de poder seguir viviendo en concordia, libertad e igualdad, como durante los últimos más de cuarenta y cinco años. Por eso, un acto de partido, como fue el del domingo del PP, tuvo tanta afluencia de gente para ser un acto patrocinado por un partido político, donde el hecho de convocar un partido resta asistentes que son votantes de otras formaciones, pero que comparten lo mismo que el domingo dijo el PP, preludio del gran éxito que ha de ser la manifestación del ocho de octubre convocada en Barcelona por Sociedad Civil Catalana, que seguro que será multitudinaria.

Por eso, los diputados socialistas tienen que elegir entre la dignidad de respetar la Constitución e impedir el ataque a la misma que pretende llevar a cabo Sánchez para conservar el poder y la obediencia cómplice al propio Sánchez, pues si apoyan esos tratos ignominiosos estarán siendo cómplices de dicha acción.

A buen seguro que muchos de ellos querrían rebelarse contra Sánchez, pero el control que el secretario general del PSOE tiene, tanto de las listas que confeccionó como de los resortes de poder del partido, dejan poco margen en número de diputados y poco valor para enfrentarse a él, porque dependen absolutamente de Sánchez para repetir en una lista electoral o conservar o acceder a un puesto de libre designación. A muchos, les va en ello su sueldo, su modo de ganarse la vida, pero hay cosas que deberían estar por encima de eso, aunque mucho me temo que no lo estén.

No obstante, si un grupo de diputados socialistas que defiende la Constitución y que no quiere que se resquebraje la Carta Magna, ni que se liquide la Transición, ni que haya privilegios para unos pocos españoles frente al resto, ni que se traté de acabar con la concordia lograda hace más de cuarenta años, entonces, tiene tres opciones, enumeradas de menor a mayor probabilidad de que ocurran, sabiendo que es casi imposible que se dé ninguna de las tres:

1. Votar a favor de Feijóo para que sea investido en primera votación y lanzar un claro mensaje contra Sánchez y el partido en el que ha convertido al PSOE.

2. Abstenerse en segunda votación para que Feijóo sea elegido por mayoría simple y pueda también evitarse la deriva a la que nos quiere llevar Sánchez.

3. Votar en contra de Feijóo y no votar a Sánchez si es designado posteriormente para ser candidato a la investidura como presidente del Gobierno, donde sería derrotado por los votos del centro-derecha. De esa forma, se iría a nuevas elecciones y ahí, sin posibilidad ya alguna de ocultar los propósitos de Sánchez, darle la palabra de nuevo a todos los españoles.

Cualquiera de esas opciones les pone del lado de la defensa de la Constitución. Realmente, y considerando que, quizás, sea demasiado para ellos votar al candidato de otro partido, la segunda opción puede considerarse como segundo óptimo, como decimos en Economía, porque impide las barbaridades a las que parece dispuesto a llegar Sánchez para conservar, a toda costa, el poder -recordemos de nuevo, «buscaré votos debajo de las piedras» y respeta que la lista más votada pueda formar gobierno, como, por ejemplo, hicieron los socialistas con Rajoy a finales de 2016. Si no, como mal menor, la tercera.

Ahora bien, si finalmente se pliegan a las instrucciones de su líder, no podrán alegar obediencia debida, porque el escaño es de cada diputado, que representa a todos los españoles. El escaño no pertenece al partido, sino al diputado, aunque los partidos se hayan apropiado de facto de ellos a lo largo de estas décadas, de manera que es cada diputado socialista el que debe obrar en consecuencia dependiendo del lado en el que quiera estar: si en el que defienden, entre otros, sus líderes históricos -Felipe González y Alfonso Guerra-, de rechazo a la amnistía, al referéndum y a la desigualdad entre los españoles y de defensa de la Transición y la Constitución-, o del lado de Sánchez, que está dispuesto a lo que sea necesario para ser presidente del Gobierno y que simplemente con la amnistía ya liquidaría, de hecho, la Transición y la Constitución.

No tengo muchas esperanzas, por no decir ninguna, de que elijan cualquiera de las tres opciones que los pondría del lado de la defensa de la Transición, la Constitución y la concordia, pues la probabilidad de que elijan la disciplina de voto para no ver en peligro sus puestos ronda el 100%, pero deben remover sus conciencias para saber si podrán seguir mirándose al espejo, mirar a sus hijos a los ojos y vivir con la conciencia tranquila si secundan este ataque a nuestra Transición, a nuestra Constitución, a la concordia entre españoles y a las mejores décadas combinadas de prosperidad y libertad de la Historia de España, con distintos partidos en el gobierno.

Si permiten que Sánchez consiga su propósito, quizás habrán salvado su puesto de trabajo, pero habrán dejado que se vuele por los aires el pasado más brillante de su partido, de nuestra Transición y de nuestra Constitución, a las que herirán de muerte, y serán cómplices de ello en su obediencia.

ESPAÑA

Letrados y notarios advierten sobre el 'Babel parlamentario': "Cuando vengan las leyes tendremos un problema"

Preocupación entre los juristas por las traducciones de las lenguas cooficiales al castellano, que se han estrenado en el Diario de Sesiones especificando que son "interpretaciones"

Jorge Sáinz. vozpopuli. 26 Septiembre 2023

Las prisas del PSOE para facilitar el uso de catalán, gallego y euskera en el Congreso de los Diputados ha provocado el malestar de los letrados de la Cámara y preocupación entre juristas y notarios. El primer Diario de Sesiones en lenguas cooficiales, que recoge el debate sobre la reforma del reglamento, ha tardado en publicarse casi una semana. Y los expertos advierten de que las traducciones tal y como se han recogido crean una "inseguridad jurídica" que puede derivar en graves problemas a la hora de traducir textos legales.

"Cuando vengan las leyes, proyectos de ley y este tipo de iniciativas podemos tener un problema con la traducción", dicen fuentes jurídicas consultadas por Vozpópuli.

El primer Diario de Sesiones en lenguas cooficiales se ha publicado este lunes después de varios días 'secuestrado'. Recoge las intervenciones en el idioma original utilizado por el diputado y la traducción. La parte en euskera, gallego o catalán está supuestamente facilitada por los traductores contratados por el Congreso, aunque no se especifica. Sobre la traducción que figura en el Diario se incluye una salvaguarda al final del texto.

"El Diario de Sesiones refleja la interpretación al castellano y la transcripción de la intervención en dichas lenguas, facilitadas por los servicios de interpretación y transcripción", dice la cláusula.

'Lost in Translation' en el Congreso

Es decir, los servicios de taquigrafía de la Cámara dejan bien claro que se responsabilizan de lo que dice el intérprete, pero no del discurso original al no hablar esos idiomas. Taquigrafía dejará de recoger en el diario de sesiones cualquier comentario fuera de micrófono que se haga en una lengua diferente al castellano. Antes se hacía. Previamente a la reforma, cuando un diputado utilizaba el catalán el Diario de Sesiones lo recogía como "continúa su intervención en catalán" sin recoger nada de lo que decía.

Algunos funcionarios han sembrado dudas en las últimas semanas de la validez oficial del Diario de Sesiones con este guirigay de traducciones. Este documento tiene valor notarial y, por ejemplo, es aceptado como prueba en procesos judiciales.

Sin embargo, las fuentes jurídicas consultadas creen que el Diario conservará su valor oficial y de prueba porque la interpretación de otro idioma puede variar en alguna palabra pero el significado del discurso en su conjunto suele estar perfectamente recogido. Y, en cualquier caso, hay diversas fuentes oficiales para comprobar y revisar la literalidad de las intervenciones.

Las leyes y lo que hace Bruselas

Otra cosa, dicen, es el debate de leyes y proposiciones no de ley. La reforma del reglamento autoriza el trabajo de los diputados en las lenguas cooficiales. Así que están en su derecho de registrar sus iniciativas en catalán, euskera o gallego.

"Aquí sí es importante hilar muy fino", explican. "Primero hay que atender a los estándares de Europa sobre este tipo de traducciones y comprobar que no haya ningún error ni malentendido en la ley o en una enmienda antes de que llegue al Boletín Oficial del Estado".

Bruselas cuenta con su propia Dirección General de Traducciones, que emplea a más de 2.500 personas. Todos las intervenciones y documentos oficiales se traducen a los 24 idiomas oficinales que reconoce la UE. Las directivas, por ejemplo, tardan más de un mes en estar disponibles desde su aprobación y son revisadas varias veces por equipos de abogados.

Esta situación provoca atascos legislativos en la Eurocámara. El Financial Times ha publicado que hay unas 200 normas pendientes de aprobación por retrasos en la traducción. Con el final de la legislatura europea a la vuelta de la esquina -hay elecciones en mayo del 2024-, el diario alertaba de que estas leyes podrían llegar a decaer si la traducción no llegaba a tiempo.

La norma general en España establece que todos los documentos que se encuentren en otra lengua que no sea el castellano y deban surtir efecto legal deben ir acompañados de la correspondiente traducción jurada. Esta traducción jurada no se ha introducido en el Congreso hasta el momento.

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