Recortes de Prensa Domingo 11 Febrero 2024
Las perspectivas del régimen de Putin
Las fuerzas de oposición luchan entre sí con más fiereza que contra el Kremlin porque no tienen nada que defender
VLADISLAV INOZEMTSEV. la razon. 11 Febrero 2024
Aproximadamente dentro de un mes, los rusos votarán para elegir presidente y el líder del país desde hace mucho tiempo, Vladimir Putin, seguramente asegurará su quinto mandato en el Kremlin. Había predicho este resultado ya en 2013, incluso cuando no imaginaba la guerra en Ucrania, pero incluso hace diez años me parecía obvio que el actual gobernante de Rusia morirá en el cargo a veces a una edad muy avanzada.
¿Cómo sucedió que Rusia rechazó el cambio democrático de poder en favor de la presidencia vitalicia de Putin? Yo diría que surgió de una combinación de antecedentes y tradiciones históricas, por un lado, y de políticas sofisticadas aplicadas por las élites gobernantes, por el otro.
En primer lugar, cabe señalar que la historia de Rusia se ha construido en torno a la sed de expansión territorial y aspiraciones imperiales desde que Moscovia se estableció como imperio incluso antes de convertirse en Rusia en el sentido contemporáneo. Además, la nación se ha visto impulsada durante siglos por un sentimiento de singularidad –religiosa, cultural, ideológica y militar– que se ha fusionado con la identidad del país. Desde el establecimiento de la Rusia moderna en el siglo XVI, esta se basó económicamente en el uso de sus vastos recursos naturales, por lo que nunca se ha cuestionado el derecho del Gobierno central a redistribuir la riqueza de la nación. Todo esto hace que el fuerte sistema político centralizado sea bastante natural para Rusia.
En segundo lugar, yo diría que el equipo de Putin hizo un trabajo brillante desde que surgió como líder nacional en 1999 porque orquestó un cambio muy lento pero gradual en el sistema social, intercambiando la libertad económica por la expresión política. El sistema, que al mismo tiempo proclamaba el respeto a las leyes y las normas, pero presuponía exclusiones masivas y combinaba negocios con servicios públicos, les pareció muy común a los rusos y se acostumbraron a ellos con bastante rapidez. Las autoridades lograron complacer a la gente común con enormes aumentos en las pensiones y el gasto social, creando la sensación de que por primera vez la gente disfrutaba de una porción decente de las riquezas de la nación. Y, finalmente, Putin y su equipo habían hablado con su pueblo de una manera mucho más sencilla y transparente que la oposición liberal.
Además, el Kremlin ha utilizado con maestría la propaganda estatista que fue bien recibida por el pueblo ruso. Ya en 2010 sostuve que la Rusia de la década de 2000 no se parece en nada a la Unión Soviética de la década de 1970: el nuevo orden autoritario emergente se ha construido sin la prohibición soviética de la información –internet es en gran medida gratuito incluso ahora, y los recursos son «hostiles» para el Kremlin, de fácil acceso– y las fronteras soviéticas selladas –los rusos pueden abandonar su país sin muchos problemas incluso en tiempos de guerra–. Reproducir un sistema en gran medida autoritario en un país donde la gente es personalmente libre fue un logro increíble para los dirigentes del Kremlin que debería ser estudiado a fondo por los analistas occidentales. Añadiría aquí que, de hecho, Putin había utilizado unos diez años –empezando por la anexión de Crimea– para cambiar las prioridades de los rusos: el llamado «consenso de Crimea» puso en la mente de los pueblos los aspectos geopolíticos e ideológicos por encima de los económicos, y se convirtió en la base que permitió a Rusia sobrevivir una década de sanciones occidentales y desaceleración económica sin descontentos políticos visibles y la preparó para enfrentar presiones externas aún más fuertes derivadas de la audaz aventura ucraniana del presidente Putin.
Hoy en día, no hay duda de que Putin no tiene adversarios importantes. La oposición rusa, la mayor parte de la cual ahora reside en el extranjero, finalmente abandonó todos los temas vitales para sus compatriotas rusos, concentrándose en apoyar a Ucrania y, por lo tanto, siendo vista como traidora por la mayoría de la población rusa. Los críticos internos pueden atraer a algunos simpatizantes que no están dispuestos a apoyarlos (como Boris Nadezhdin, el aspirante presidencial de los liberales, fue descalificado por la Comisión Electoral Central, casi nadie salió a protestar por la decisión).
En mi opinión, la fortaleza actual del régimen de Putin se basa en dos pilares. Por un lado, pocas personas se dan cuenta de cuántos rusos –y no sólo los más altos burócratas y «silovikis», sino también empleados estatales de todos los rangos, empresarios, habitantes urbanos ricos e incluso jubilados– están interesados en la estabilidad de la actual situación del régimen. Puede que me equivoque, pero diría que si se desmorona mañana, habría más perdedores que ganadores en la sociedad rusa, al menos a corto plazo, pero las consecuencias inmediatas son las más importantes para la mayor parte de cualquier sociedad. Por otro lado, el equipo de Putin ha demostrado ser muy sólido –incluso durante la guerra casi nadie ha desertado– e incluso si Vladimir Putin se fuera, se podría argumentar que su sistema puede sobrevivir al desafío, especialmente si llega no de la noche a la mañana, pero al menos de forma algo esperada.
Hoy en día, la élite de Putin es efectivamente dueña de Rusia y se da cuenta de que las ventajas causadas por esa posición superan cualquier descontento que pueda producirse por la cooperación forzada dentro de ella. Por el contrario, las fuerzas anti-Putin ahora luchan entre sí con más fiereza que contra el Kremlin porque no tienen nada que defender.
Mi última reflexión será que a principios de 2024 el Kremlin ha llegado bastante lejos tanto en sus esfuerzos bélicos como en su presión sobre el público, por lo que hay muchas opciones para desradicalizarse si tal medida fuera necesaria (en otras palabras, para optar por otra «era Medvedev» si Putin se va), por lo que todo lo anterior debería obligarnos a reflexionar una vez más si quienes declaran que los tiempos de Putin han terminado tienen razón. Aunque los regímenes autoritarios personalistas rara vez sobreviven a sus fundadores, el caso ruso puede desarrollarse con un estilo sorprendentemente diferente, abriendo camino a la transformación y supervivencia del régimen hasta bien entrada la década de 2030.
Pedro Sánchez, el peronista español
María Zaldívar. gaceta. 11 Febrero 2024
Cuando un español escucha que los parecidos entre su país y la Argentina son cada vez mayores, se asombra y, un poquito, se disgusta porque piensa en la historia y se reconoce como «la madre patria», como parte de un antepasado cultural que brinda sustento, como proveedor de aquellas tradiciones de las que puede hacer gala la joven nación sudamericana. Pero hoy la declinación moral, ojalá transitoria, de su clase dirigente marca paralelos inocultables entre ambos estados.
El bipartidismo entre el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y el Partido Popular (PP) está fielmente representado en la Argentina actual en los partidos Peronista y Propuesta Republicana (PRO, la formación de Mauricio Macri).
Tanto el PSOE como el peronismo han ejercido y expandido su influencia a partir de la noción de amigo-enemigo, ese principio acuñado por Carl Schmitt como eje central del juego político y que consiste en un mecanismo de acumulación de poder a partir de la división y el enfrentamiento de la población donde «nosotros» somos los buenos y «ellos», los malos.
Pedro Sánchez marca el abismo con «la ultraderecha», mientras que el peronismo alentó la dicotomía entre «oligarquía» (los perversos que poseen dinero y se aprovechan del asalariado) y el «pueblo», una masa numerosa que, por pobre y escasamente educada, es noble y valiosa. Las palabras se fueron actualizando pero la significación sigue siendo la misma y en ese clavo machacan para profundizar la grieta: una colisión irreconciliable de intereses entre ambos «bandos», lo cual es una completa falacia. Las personas no son buenas o malas por su situación económica sino por su construcción ética y ahí radica el pecado original del peronismo.
También apelan ambos al famoso «miente, miente, miente que algo quedará». «En democracia —decía el presidente del Gobierno español— la protesta no se reprime ni se amordaza»; sin embargo, el masivo tractorazo que se lleva adelante por estos días en todas las rutas españolas se está reprimiendo e intentando evitar que se escuche el mensaje de los productores; no iba a haber indulto y hubo indulto; no iba a haber amnistía y desde hace unos meses empuja la obtención de una ley de amnistía inmoral e ilegal, y no iba a incluirse el terrorismo de los hechos ocurridos en Cataluña y ahora mismo esa cuestión está en el centro del debate. Miente Sánchez como ha mentido el peronismo a lo largo de su historia. En ambos casos, la mentira no es una herramienta sino una manera de gobernar.
El peronismo también enfrentó una gigantesca manifestación del sector agropecuario a principio de su mandato y, a partir de entonces, la relación fue tensa y distante.
Tanto el PSOE como el peronismo referencian a la Constitución nacional y no se cansan de ignorarla y de forzarla. Pisotean las tradiciones y su sentir patriótico se limita a la versión acotada de sus imaginarias epopeyas. Son miradas sectarias y mezquinas, y la incompetencia es su forma de administración del estado.
Últimamente Pedro Sánchez ha generado una nueva grieta y un nuevo destrato para señalar a aquellos que no piensan como él con el uso del término «fachosfera«. Es su modo de descalificar las voces opositoras. El peronismo le decía «cipayos» a sus adversarios. Emplean el lenguaje para la demonización del otro como forma de gobierno y así se disuelven las posibilidades de entendimiento en el disenso.
Una sociedad sana se construye andando el camino inverso, compartiendo propuestas, tolerando las diferencias y persiguiendo objetivos que se eleven sobre ella y que incluyan a todos.
Se acaba de conocer la cifra de 138 millones que el señor Sánchez gasta de los dineros públicos en propaganda y con ese despilfarro se ha convertido en el mayor anunciante de los medios de comunicación de España. El kirchnerismo tuvo la misma debilidad. Juan Domingo Perón se fue apropiando de los medios que pudo y hasta cerró La Prensa, el diario más antiguo del país que nunca se inclinó a ponderar las prácticas peronistas.
Mientras tanto, el Partido Popular y el PRO argentino también guardan interesantes semejanzas. Ambos son tibios y sinuosos. En la Argentina se dice «ponen la luz de guiño a la derecha y luego giran a la izquierda». Quieren cambios pero no tantos ni profundos, soslayan la confrontación directa y, en nombre de la cautela y la concordia, pero con esa dualidad permanente que practican, terminan colaborando con las izquierdas populistas.
La falta de convicciones es un defecto de las derechas cobardes que no merecen el calificativo de «derechas». La actualidad requiere de una derecha plena y firme que no encarnan ni el macrismo en la Argentina ni los populares en España.
Estos cuatro perfiles, sanchismo, peronismo, populares y macristas, aún con matices, han provocado una enorme erosión del sistema político en sus respectivos países. Las medidas de izquierdas de unos y la indefinición de los otros más el populismo light de todos ellos alimentaron la desconfianza de las sociedades por la acción política como mecanismo de organización social. Y ese es un sendero peligroso porque abre paso a los justicieros y salvadores que, con discursos antisistema, halagan el oído de una población moralmente debilitada y políticamente descreída.
El problema no es la política. El problema son los políticos que, como Pedro Sánchez, Carlos Menem o Néstor Kirchner, se aprovechan de los mecanismos virtuosos del sistema para concretar sus proyectos de poder personales. La salida a las crisis de representatividad no es el anarquismo ni la destrucción sino todo lo contrario, la reconstrucción de la confianza mediante el fortalecimiento de las instituciones para que ellas obren de marco y de límite.
EN VALLADOLID
Cientos de agricultores esperan a Sánchez al grito de «¡Hijo de p…!» horas antes de que empiecen los Goya
ROBERTO PÉREZ. okdiario. 11 Febrero 2024
La gala de los premios Goya del cine español que acoge este sábado Valladolid es una de las citas señaladas en el calendario de movilizaciones que los agricultores españoles han desplegado contra el Gobierno. Y la convocatoria ha cundido: la hora de inicio de la gala está fijada para las 22.00 horas, y a las 17.00 horas ya había cientos de agricultores congregados a las puertas de la sede donde va a tener lugar este evento. A gritos de «¡Hijo de …!» contra Sánchez, calentaban motores para la que se espera que sea una protesta multitudinaria que incomoda especialmente a la coalición de Gobierno PSOE-Sumar: la gala de los Goya ha sido tradicionalmente instrumentalizada por la izquierda a su favor, y usada como escenario para lanzar proclamas contra el centroderecha.
Con ese telón de fondo, conscientes de esa incomodidad que le supone a la izquierda ver aguado uno de sus escaparates, los agricultores han decidido que este año la gala escuche su voz de queja. Y, desde horas antes del inicio, ya están dejando claro que sus gritos se van a escuchar de forma multitudinaria.
Ante el panorama, Moncloa intenta que el presidente no se tenga que ver con los manifestantes, entrando por un acceso alternativo y en coche, en vez de a pie. Es decir, introducirlo en coche oficial y escoltado hasta dentro del recinto en el que va a tener lugar el evento, blindándolo de las protestas y aislándolo por completo de quienes le exigen explicaciones y soluciones.
La gala propiamente dicha comenzará a las 22.00 horas, pero con antelación se producirá el tradicional paseíllo de los invitados por la alfombra roja del evento. Los agricultores querían que sus gritos sonaran como sintonía de protesta de esa alfombra roja, mientras los invitados se exhibían con sus particulares atuendos de diseño.
Invitados y autoridades, ‘blindados’
Ese paseíllo no tenga lugar a espacio abierto, en la entrada del recinto, sino que la organización lo monta en el interior, bajo cubierto y, por tanto, con entrada restringida. Pese a ello, los gritos de protesta ya han podido escucharlos quienes ya han ido llegando al lugar. Entre los que han acudido figura la pareja que forma el grupo Nebulossa, el artífice de la polémica canción Zorra que RTVE presentará este año a Eurovisión.
Pese a esa alfombra roja de interior, lo que los organizadores no están pudiendo evitar es que los gritos y las cencerradas de los manifestantes se escuchen y les reciban cuando acudan a la gala los invitados. Y al que esperan en particular los concentrados es a Pedro Sánchez. Los ánimos están caldeados y –según reconocen los agricultores– no sólo por el hartazgo que acumulan con el Gobierno, sino también por un hecho añadido: del extraordinario despliegue policial ordenado por Moncloa para tratar de acallar las protestas e impedir que los agricultores consigan un éxito en sus movilizaciones, que tienen como escenarios claves Madrid capital y esta gala de los Goya.
La movilización se ha producido ante el hartazgo de los agricultores, tras años sufriendo una crisis de costes y precios cada vez más acusada, y teniendo que competir en inferioridad de condiciones con producciones que llegan de fuera de la Unión Europea, a las que se les exigen muchos menos requisitos y controles que a la producción nacional.
Los narcos y sus gobiernos amigos
HERMANN TERTSCH. gaceta. 11 Febrero 2024
No es casual que este gobierno desmantelara la unidad especial antidroga de la Guardia Civil en la costa gaditana. Ni que las seis patrulleras de la Guardia Civil en esa costa estén inservibles. Ni que los narcos, como los separatistas y terroristas, hayan acabado ya con toda autoridad del Estado en ciertas partes de España. Es un modelo de toma criminal del Estado que se está produciendo en el país muy similar al que hay en países gobernados por el narcocomunismo.
No fue casual que Evo Morales y Rafael Correa desmantelaran sus unidades antidroga y echaran a la DEA de Bolivia y Ecuador en su día.
No es casual que Gustavo Petro haya suspendido toda lucha antidroga y negocie con las bandas narcotraficantes del ELN, FARC, el Cartel del Golfo y otros un reparto territorial para apoyo mutuo.
No lo es que López Obrador en México tenga ese reparto territorial y competencial con los cárteles que hace imbatible al Morena.
No es casual que se estén multiplicando en América, en España y en África las superficies de cultivos de la coca y el cannabis.
No es casual que Venezuela, ya el absoluto narcoestado, sea además la colosal plataforma militarizada de transporte y distribución mundial de las drogas de la región con sus aliados colombianos.
Ni es casual que Brasil ya esté otra vez en primera línea e integrado en las estructuras políticas, pero también criminales, con la llegada de Lula al poder.
Las multinacionales del narcocomunismo del Foro de São Paulo y el Cartel de Puebla y sus colaboradores africanos han diversificado sus negocios. Junto al inmenso comercio de drogas en permanente aumento, también con el fentanilo, están en el tráfico humano de inmigración ilegal, de menores y de prostitución, más allá de su inmensa trama de negocios legales que les ayudan a gestionar los ilegales.
España es la cabeza de puente para Europa de ese colosal negocio. Siempre quisieron las internacionales del crimen, que han comprado en la práctica toda la izquierda iberoamericana, tener en España un poder colaborador y amable.
No es casual que Zapatero sea un gran coordinar de la cooperación entre todos estos países y España también con Irán y con China.
Hoy todos ellos ya tienen mucho más de lo que soñaban cuando Chávez y Casto fundaron el foro São Paulo. Ya tienen un gobierno que es el mejor socio.
La maquinaria burocrática que hundió a la industria ahora va a por el campo
Se asfixia al campo por obsesión ideológica y se obliga al cierre haciendo a las explotaciones inviables a propósito
Daniel Lacalle. la razon. 11 Febrero 2024
El intervencionismo más retrogrado y miope ha secuestrado los inocuos objetivos de la Agenda 2030 para imponer la asfixia a todo el que produce y el ataque a todo el que crea riqueza. Es aterrador ver que la misma Unión Europea, que se creó como un mercado común para defender la agricultura y la industria, se ha convertido en un rodillo fiscal y burocrático que ha hundido la industria y ahora va a por la agricultura.
El lector pensará que no tiene sentido que se intente destruir la agricultura ¿por qué lo van a hacer? Porque, queridos amigos, es la mejor manera de crear países rehenes dependientes de un poder político que llegue a acuerdos con otros productores y donde los sectores con mayor nivel de independencia de la burocracia sean castigados hasta desaparecer. Sí, los agricultores son una amenaza porque no pueden domesticarlos como a los sindicatos.
Durante años se le ha engañado al campo con el cuento siguiente: «Si aceptan más impuestos, trabas burocráticas y limitaciones mal llamadas medioambientales, los políticos pondrán trabas similares a los demás y eso protegerá al campo europeo». Era una falacia. Jamás se ha protegido a un sector expoliado extendiendo el expolio a los demás. No podemos olvidar una bochornosa Agenda 2030, que se ha utilizado para imponer absurdas medidas burocráticas, que no sólo no protegen el medioambiente, sino que nos hacen más dependientes de países a los que luego subvencionan. La combinación de fatal arrogancia del socialismo con el fatal silencio de los partidos aparentemente liberales ha llevado el intervencionismo a niveles que superan el absurdo.
La cadena alimentaria está dinamitada por impuestos y restricciones ridículas. El Gobierno aprovecha que el sector agrícola y ganadero está muy desagregado y son fundamentalmente microempresas familiares para expoliar sin control. Desde producción, almacenamiento, procesamiento, transporte, frío, distribución y comercialización son innumerables los impuestos directos e indirectos que se van acumulando y disparan el precio, además de hundir los márgenes. En un kilo de tomates los impuestos directos suponen el 20% del precio final, mientras el margen de toda la cadena no llega al 6%, pero esa historia ignora muchos impuestos que no se consideran a primera vista. No podemos olvidar la carga impositiva indirecta, el impuesto al CO2, impuestos en todos los insumos, etc.
En un kilo de tomates los costes de producción, almacenamiento, procesamiento, transporte y comercialización son el 41%, mientras la combinación de todos los impuestos encadenados directos e indirectos es casi el 48% dejando el beneficio –antes de impuestos- en menos del 11% para toda la cadena, según datos recopilados de Aproa y Coexphal. Mientras, el Gobierno intenta enfrentar a los distintos agentes de la sociedad civil para que no se fijen en el expolio que sufren, a los agricultores que generan un beneficio bruto de menos del 2% les dicen que la culpa es de los supermercados, que tienen un margen comercial del 2%... Y mientras tanto, el Gobierno, que se lleva el 48% del precio por distintas áreas, se parte de la risa.
El agricultor ha visto un aumento del 21% en los costes de producción en tres años y de eso se lleva su enorme pellizco el Estado, que recauda más cuanto más suben los costes al negarse a deflactar los impuestos con la inflación. Los costes de manipulado se han disparado un 9,7% y los costes de salida de almacén lo han hecho un 16,5%. Además de los impuestos en la energía, que suponen el 60% en la electricidad y el 55% en los combustibles, están los impuestos «verdes», que han aumentado otro 20% y toda la ristra de expolios.
Por si fuera poco, al campo se le ha ahogado con medidas intervencionistas ridículas haciendo que los agricultores y ganaderos tengan que pasar casi el 50% de su tiempo cumplimentando normas burocráticas y destruyendo su competitividad con restricciones a la producción, uso de pesticidas y gestión de residuos agrarios. Se ha utilizado la excusa de la Agenda 2030 para imponer leyes absurdas, sin sentido agronómico ni ecológico alguno. Sólo cumplen un objetivo ideológico de la ultraizquierda intervencionista: reducir la producción a toda costa.
Se asfixia al campo por obsesión ideológica y se obliga al cierre haciendo a las explotaciones inviables. No hay relevo generacional y las empresas van cerrando o vendiéndose porque es imposible sobrevivir a un ataque constante. El campo está siendo asesinado por mil cuchillos. Es vergonzoso que los intervencionistas, desde su púlpito auto concedido, tengan la vergüenza de insultar a agricultores y ganaderos mientras se convencen a sí mismos de que la Agenda 2030 o su utilización torticera no tienen la culpa, sino el supermercado.
Todos debemos apoyar al campo. Tienen razón y las trabas que sufren no se mitigan poniéndoles trabas a los demás. Hay que derogar esta política absurda de destrucción de todo el que produce y crea riqueza. Lo peor que puede hacer la oposición es ponerse de perfil y no liderar el cambio en la política de la burocracia europea y el Gobierno extractivo de España.
MACROECONOMÍA
Crisis del campo: 8.000 empresas y 70.000 empleos destruidos en dos años
Beatriz Triguero. vozpopuli. 11 Febrero 2024
Las protestas que durante estos días están llevando a cabo agricultores y ganaderos para reclamar mejoras en el sector ante las restrictivas políticas de la Unión Europa tienen su reflejo en los números. El empleo encadena dos años bajo mínimos y se han perdido más de 8.000 empresas en ese periodo.
La inflación y el salario mínimo (que se ha elevado un 50% en seis años) han incrementado los costes de las empresas, mientras que la sequía ha mermado la producción. Los tres factores, junto a las condiciones y la burocracia de las normativas comunitarias, han creado una 'tormenta' perfecta que ha llevado al campo a una situación límite.
Según la encuesta de empleo del INE (EPA), el año 2023 se cerró con 770.700 personas ocupadas, 69.400 menos que en el mismo periodo de 2021, cuando la agricultura, la ganadería, la silvicultura y la pesca dieron trabajo a 840.100 personas. De ellos, 60.500 eran asalariados y los 8.900 restantes eran autónomos.
Las estadísticas sobre empresas con asalariados inscritas en la Seguridad Social también refleja la destrucción de 8.342 compañías en la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca. A cierre del 2023 había 107.403 empresas registradas, frente a las 115.745 de diciembre de 2021. Esta pérdida de tejido productivo acarreó una reducción del número total de trabajadores en estas empresas de 65.072 personas, hasta las 553.436.
Además, los datos de afiliación media a la Seguridad Social reflejan que aquellos que no eran trabajadores del campo por cuenta ajena sino por cuenta propia y estaban afiliados al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) cerraron el año en las 258.877 personas. Son 4.831 menos que en diciembre de 2021 (263.708).
En total, el número de afiliados medios a la Seguridad Social dedicados a la agricultura, ganadería y pesca cerró el año pasado en 1.058.027 personas, 68.129 menos que en diciembre de 2021 (1.126.156). Si se compara con 2019, la destrucción es aún mayor: cerca de 88.400 trabajadores menos.
Las protestas del campo
Los agricultores han proseguido con sus protestas y tractoradas durante este fin de semana. El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, aseguró este viernes que los empresarios "están con el campo", pero ha insistido en que las reivindicaciones deben hacerse "con moderación de forma que no perjudiquen a otros sectores".
Garamendi manifestó que "el campo se está quejando de varios temas, de todo lo que es la entrada de productos de terceros países que no tienen los controles de calidad que se exigen, en este caso en España, en la Unión Europea, y que evidentemente es una competencia desleal, es un dumping que está sufriendo los agricultores".
Además, en relación con la reciente revalorización del salario mínimo, comentó que los empresarios no se cerraron a subirlo, pero sí plantearon la necesidad de buscar una fórmula para aplicar al campo "un descuento en las cotizaciones de la Seguridad Social", algo que no se ha hecho.
El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones convocó a las asociaciones del sector agrario el próximo martes 13 de febrero para "tener una reunión en el marco de sus reivindicaciones", pero según informó el propio Gobierno, "esa oferta ha sido declinada".
"Lamentamos no encontrar la misma predisposición por parte de nuestros interlocutores ya que creemos firmemente que las mesas de diálogo son el mejor marco posible para exponer los diferentes puntos de vista y alcanzar consensos. También para explorar las diferentes vías de este Ministerio que pudieran ser de utilidad en el contexto actual", aseguraron desde el Ministerio.
La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, también aseguró este viernes que el Gobierno "está plenamente comprometido con el sector primario", al que ha apoyado en sus necesidades "desde el primer momento". Destacó que el Gobierno ha desarrollado "numerosas políticas de apoyo al sector primario, con 4.380 millones de euros de ayudas".
POLÍTICA
El Gobierno de Pedro Sánchez cerró 2023 con 757 altos cargos, 115 más que Mariano Rajoy
Desde la llegada de Sánchez a la Moncloa, el número de altos cargos y el correspondiente gasto no han dejado de aumentar: 74 millones en nóminas en el último recuento
Borja Negrete. vozpopuli. 11 Febrero 2024
Para Pedro Sánchez la sostenibilidad está muy bien para el medio ambiente, pero no así para la Administración General del Estado. Un ente de dimensiones elefantiásicas que no ha dejado de crecer desde que es inquilino en la Moncloa, allá por 2018. El Gobierno de Pedro Sánchez requiere para sus fines de 757 altos cargos, un centenar más de los que hacía uso el Ejecutivo de Mariano Rajoy en 2016. Los datos de Función Pública a los que ha accedido este periódico certifican que tal es la nómina de altos cargos del Ejecutivo a 31 de diciembre de 2023.
En 2018, cuando la Presidencia del Gobierno estuvo ocupada medio año por el presidente popular y otro medio por Sánchez, la cifra de altos cargos se cifró en 707. A medida que han ido pasando los años, el número de altos cargos no ha dejado de aumentar, especialmente bajo el mandato sanchista. En diciembre de 2017, último año completo de Rajoy como presidente, el Ejecutivo contaba con 671 altos cargos, 86 menos que en la actualidad.
Un año atrás, en 2016, el equipo de Rajoy contaba con 642 altos cargos. O sea, que el Gobierno de PSOE y Sumar, con sus 22 ministerios, tiene en nómina a 115 altos cargos más, la viva imagen de una Administración estatal que sigue creciendo a ritmo descontrolado, inmune a la inflación y pérdida de poder adquisitivo del resto de españoles.
El aumento de peso de la administración pública es directamente proporcional al ritmo de colocación de amigos de Sánchez. El último y más notorio fue destapado por este Vozpópuli: la designación de Juan Manuel Serrano, responsable del hundimiento de Correos, como director general de la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte (SEITT).
Dejar a Correos con 1.100 millones de deuda es pecata minuta si se ha sido leal a Sánchez en el pasado. Se mantuvo a su lado cuando el comité federal del PSOE destituyó al ahora presidente del Gobierno en 2016. Y le acompañó como jefe de gabinete en su victoria en las primarias y su regreso a la secretaría general un año después.
Otra de las figuras que se podría mencionar es la de Borja Cabezón, eminente embajador para la covid-19 sin tener ninguna experiencia en el ámbito sanitario y ahora recolocado como consejero delegado de la empresa pública ENISA con casi 100.000 euros de sueldo anual.
Récord de gasto en salarios de asesores y altos cargos
Estos nombres propios solo son un ejemplo mínimo de una larga lista de asesores y altos cargos que cuestan a las arcas públicas 132,7 millones de euros. Una cifra histórica como certifican los registros de la Intervención General de la Administración del Estado (Igae).
Los altos cargos, cada vez más numerosos, han consumido 73,8 millones de euros de recursos públicos el último año. Una cifra que supone un incremento de 2,6 millones de euros respecto a lo que se gastaba en 2022; 3,6 millones más que en 2021 y 8 millones por encima de lo que dedicó en 2020.
En cuanto al número de asesores, en el último recuento efectuado por Función Pública -que ocultó los datos medio año-, correspondiente a julio de 2023, figuran un total de 869, un récord histórico. Del total, 447 asesores están al servicio de Sánchez y Bolaños, 57 más que en el último recuento.
En términos de gasto, estas nóminas les han costado a los españoles 58,9 millones de euros. Unos datos que implican que el Gobierno de coalición ha gastado 3,6 millones de euros más en pagar asesores que el año anterior, que también fue récord. Estos 58,9 millones contrastan con los 51,9 de 2021 o los 45 millones de 2020. Son cerca de 15 millones más en la actualidad para el mismo número -mastodóntico- de ministerios.
'CAZA AL JUDÍO' EN LAS UNIVERSIDADES ALEMANAS: «NO ME ATREVO A IR A CLASE Y HAY LLAMAMIENTOS DIARIOS A LA INTIFADA»
Las agresiones y las manifestaciones antisemitas se propagan por los campus, donde el ambiente se ha envenenado desde el inicio de la guerra en Oriente Próximo
Rosalía Sánchez. Corresponsal en Berlín. ABC. 11 Febrero 2024
«¡De Dahlem a Gaza! Intifada hasta la victoria», se escuchaba el jueves en un acto celebrado frente a la cafetería de la Universidad Libre de Berlín (FU), al que asistía un centenar de estudiantes. «¡Palestina libre!», coreaban repetidamente. «¡De Hamás!», alcanzó a intercalar en la letanía propalestina un viandante. «Los sionistas son fascistas, asesinan a niños y civiles», aseguraba megáfono en mano uno de los oradores, que se dirigió a unas 20 personas que, a modo de contramanifestación, habían desplegado una bandera de Israel a unos 50 metros de distancia: «¿Cuántos niños habéis matado hoy?».
Actos similares se repiten en muchas universidades alemanas, en las que a menudo se gritan eslóganes antisemitas. Esta vez había policía y cámaras de televisión porque, unos días antes, un estudiante judío de esta misma universidad sufrió un brutal ataque. Ocurrió el sábado en Brunnenstrasse, zona de vida nocturna. Lahav Shapira salía de un local con su novia cuando fue reconocido por otro estudiante de la FU, de 23 años y de origen árabe. «Nos alcanzó y me preguntó si yo era Lahav, si yo había colocado carteles pidiendo la liberación de rehenes israelíes de Hamás», ha relatado. «Entonces, de repente, me dio un puñetazo en el costado, luego otra vez y caí». Una vez en el suelo, recibió patadas en la cara y en el estómago. «Tengo contusiones, la nariz rota y una fractura en el hueso debajo del ojo. Me han operado, tengo que respirar por la boca», describe su estado.
Una vez ingresado en la clínica Charité, un grupo de desconocidos accedieron a su habitación para robar parte de sus pertenencias y destrozar otras. La Fiscalía encargada de la investigación por «lesiones peligrosas», ha catalogado el acto como «antisemita relacionado con el conflicto de Oriente Próximo». El agresor no ha sido detenido porque «no hay indicios de que vaya a eludir el procedimiento». Y en el centro de la polémica está el rector de la FU, Günter Ziegler, al que los estudiantes judíos acusan de mirar hacia otro lado.
«La manifestación no ha tenido lugar en nuestro campus, sino en la calle. Es por eso que no podemos prohibirla», dijo sobre el acto del jueves. Pero miembros de su propio equipo habían colocado carteles anunciando el acto. «Cualquiera que golpee a un compañero judío hasta el punto de hospitalizarlo por el hecho de ser judío no tiene lugar en una universidad alemana», ha declarado el presidente del Consejo Central Judío de Berlín, Josef Schuster. También el alcalde de Berlín, Kai Wegner, ha exigido una sanción rápida y severa. Pero la expulsión sigue sin producirse.
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Marlaska y Sánchez, los mejores amigos del narco
Federico Jimenez Losantos. libertad digital. 11 Febrero 2024
Hay dinero para la secta de los Goya, pero no para proteger la vida de los que nos protegen; la policía y la guardia civil.
Es natural que un gobierno cuyos componentes, PSOE y Podemos-Sumar, pertenecen al cartel de Puebla, no haga nada contra el narcotráfico. Al fin y al cabo, la cocaína que llega a Algeciras viene de Colombia y Venezuela, países fundamentales de esa Komintern de la Coca. Sin embargo, lo que ni siquiera en Colombia ha sucedido es que se deje a la policía rural, aquí la Guardia Civil, sin medios materiales no ya para poder perseguir el crimen, como debería ocurrir, sino, al menos, para defenderse.
Los asesinatos de Barbate, jaleados desde el muelle por una escoria humana acostumbrada a la impunidad de los narcos y a los que la Fiscalía, si sirviera para algo decente, debería perseguir por su complicidad en el delito, han causado consternación en los españoles, aunque menos que enterarse de las penosísimas condiciones en que les obligan a vivir, es decir, a morir, a nuestros agentes el infame ministro del Interior, Marlaska, y su amo Sánchez. Mientras se derrocha el dinero en toda clase de mamarrachadas contra el cambio climático, que evidentemente no está al alcance del hombre ni frenarlo, ni revertirlo, los guardias civiles tienen que luchar contra las poderosas narcolanchas con unas modestas lanchitas, y hasta se pagan ellos los chalecos salvavidas. Hay dinero para la secta de los Goya, pero no para proteger la vida de los que nos protegen; la policía y la guardia civil.
La víspera del crimen, Marlaska negaba cualquier ayuda
Entregado al cuidado y engorde de etarras, y no para su sacrificio, el juez mutante en lo más parecido a un delincuente se negó sólo unos días antes del horroroso crimen a reconocer cualquier tipo de carencia material, y hasta presumió, después de habar disuelto la unidad que coordinaba la lucha contra el narcotráfico, de que la seguridad en la zona estaba más que asegurada. La seguridad de los criminales, sin duda, ya lo hemos visto. La de los que luchan contra ellos, en absoluto, como hemos visto también. La verdad es que no se sabe qué resulta más repugnante en los pomposos, vacuos y flatulentos discursos de Marlaska: su incompetencia o su fatuidad.
Hacienda ha recaudado más que nunca en los últimos ejercicios. Pero mientras se sube por tercera vez el sueldo a los funcionarios en general, a los funcionarios particularmente necesitados, que son los que forman parte de las fuerzas del orden no se les hace el menor caso. Se ve que el Cartel de Puebla considera de mal gusto obstaculizar su lujoso modo de vida, que es el tráfico de drogas, y Marlaska no quiere molestar a ese sanedrín del delito comunista en el que militan Zapatero, Yolanda, Irene Montero o Sánchez. No pertenece a esa masonería roja por fuera y blanca por dentro el ministro del Interior, pero la sirve como si perteneciera. La zona más vulnerable de España en lo que al narcotráfico se refiere es el área del Estrecho. Y las quejas de los que allí deben enfrentarse a un enemigo tan poderoso son tan continuas como desoídas. Los sindicatos policiales y las asociaciones de la Guardia Civil llevan años y años pidiendo medios suficientes para cumplir la misión que el Estado les encomienda, pero el Gobierno de turno no les hace ni caso. Y este Gobierno en concreto parece disfrutar humillándolos.
La desatención material refleja una total indiferencia política, que a su vez tiene sus raíces en la ideología progre, feroz enemiga del tabaco, pero devota de la religión del porro, cuyas cualidades benéficas predica, por más que resulte contradictorio y estúpido. ¿Es que la marihuana, que se empeñan en llamar medicinal, no estropea los pulmones y las arterias? Las plantaciones clandestinas y toleradas están ya tan mezcladas que no se sabe si son una cosa u otra. Y como se demuestra en el caso de Barbate, no hay forma de separar el tráfico ilegal de marihuana, el de cocaína, el de heroína, los opiáceos, las drogas de diseño o el temible fentanilo, que ha sembrado de zombis las principales ciudades norteamericanas y empieza a venderse en Europa, proveniente del Este y con Barcelona como estanco predilecto. Los okupas allí son inqui-okupas que se instalan en narcopisos. Pronto, los muertos vivientes del fentanilo invadirán las Ramblas, y a ver a quién le echan la culpa en Cataluña, porque con Sánchez en Madrid, les cuesta más.
Hay que cambiar de raíz la política sobre las drogas
La tolerancia, no exenta de corrupción política y administrativa, que la Unión Europea ha mantenido sobre las drogas, ha producido una subida brutal de la inseguridad ciudadana, hasta el punto de hacer invivibles países tan supuestamente avanzados, democráticos, modelos de respeto al Estado de Derecho, como Suecia, los Países Bajos o Bélgica, entre muchos otros.
Ya nos hemos referido alguna vez al escándalo de que la heredera del trono de los Países Bajos tenga que vivir en Madrid, porque allí no puede ir a la Universidad. Los diputados holandeses -no sé el gentilicio nuevo, será peor- tampoco van ya al Parlamento o la oficina en bicicleta. Ochenta de ciento veinte, aproximadamente, necesitan protección personal y familiar las veinticuatro horas del día. La mocromafia, que desde los puertos de Rotterdam y Amsterdam reina en el país, está estrechamente ligada a Putin, y se le ha atribuido la orden de asesinar a Vidal Quadras.
En Suecia, el nuevo Gobierno ha emprendido una reforma constitucional que durará casi dos años y que limitará los beneficios del Estado de Derecho para los delincuentes, a los que les sobra para abogados el dinero que, también allí, le falta a la policía. Dinamarca ha decidido destruir los grandes edificios de viviendas sociales, porque son, sin duda, guaridas del narco en las no entra la policía. Eso ha pasado en cincuenta distritos de Suecia, en la que la desmoralización de los policías es tal que sólo uno de cada tres quiere seguir en el cuerpo. Y Bélgica, todavía peor. Del Moellenbek salen los islamistas a matar en París y vuelven a casa tan tranquilos. Allí, pero también en Cataluña, se casa a menores con ancianos, reina la sharía y la policía no osa molestar la diversidad multicultural que tan bien viene a los islamistas, los narcos, y los traficantes de humanos.
Inmigración ilegal y narcotráfico
El tráfico de inmigrantes ilegales es la vía más segura para el tráfico de drogas. Instalados en un entorno delictivo, nada les pueden negar a las mafias que, en el país de origen, tienen a sus familiares como rehenes. Y con Marlaska y Sánchez, el tráfico de inmigrantes ilegales ha encontrado en España el último y trascendental eslabón de su infame negocio.
Gracias al voto de Coalición Canaria, de inmediato traicionado por Sánchez, Marlaska suelta, como si de lobos se tratara, a miles y miles de ilegales africanos por todas las ciudades, grandes y chicas, de la Península. Por supuesto, eso no impide que muchos se escaqueen y se queden en Canarias, pero unos y otros están a merced de quienes los han traído, que suelen ser socios del narcotráfico. Soltar sin control a esos ilegales es como si a los traficantes de heroína el Gobierno les habilitara el Servicio de Salud para repartir papelinas. Y eso está sucediendo ante nuestros ojos.
El crimen de Barbate ha sido, ojalá llegue a serlo, un aldabonazo en la conciencia de la sociedad española, que debe darse cuenta del terrible problema que el propio Estado está incubando. Para cuando llegue, como está llegando en toda Europa, la reacción política, será demasiado tarde.
Tomatazo a la democracia
La madre de todas las batallas es que la impunidad de los golpistas es necesaria para que el PSOE de Sánchez esté en Moncloa
Jorge Vilches. la razon. 11 Febrero 2024
La democracia española no se juega por una canción titulada «Zorra», ni por la protesta del campo. Lo primero no define a nuestro país. Solo es un producto musical que presenta una de las televisiones públicas a un concurso, y que dice cosas que eran mojigatas en la década de los 80. Si alguien no le gusta, que no la escuche. ¿Cuántos pagamos RTVE y no la vemos nunca? La mayoría. Lo segundo, con tractorada incluida, tiene remedio con reformas legislativas. Conviene no victimizar. No olvidemos que no solo el campo lo está pasando mal. La cuestión forma parte de la política diaria, no de los fundamentos de esta comunidad democrática que todavía llamamos España.
Mientras intentan distraernos con problemas ficticios –la canción– y otros reales –el campo–, pasan por detrás hechos que muestran la extrema debilidad de nuestra democracia, y que harían temblar a cualquier Gobierno decente. El Parlamento Europeo votó este jueves investigar la injerencia rusa en la política comunitaria, especialmente en España, y más en concreto, en Cataluña. El objetivo de la intervención del Kremlin es desestabilizar a los gobiernos europeos ofreciendo cobertura económica y logística a sus partidos rupturistas.
El señalamiento europeo no acaba ahí. Pasó por España la Comisión Europea para la Democracia a través del Derecho, la conocida como Comisión de Venecia. Su interés es verificar el estado de la independencia judicial en España, los motivos por los que no se renueva el CGPJ y los ataques políticos a los jueces. También están sorprendidos por el choque entre el Gobierno y el Senado, tan representante de la soberanía nacional como el Congreso, que clama contra la ley de amnistía. En suma: la comisión viene a comprobar si somos una democracia homologable al resto, o nos ponen junto a los regímenes iliberales.
Los plazos corren y el panorama se pone gris oscuro para amnistiar a los golpistas de 2017 en los plazos acordados. Esto ha obligado a Pedro Sánchez a pensar en el cambio de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para acelerar el proceso de amnistía a Puigdemont y sus delincuentes. Porque esa es la madre de todas las batallas. La impunidad de los golpistas es necesaria para que el PSOE de Sánchez esté en Moncloa.
Algunos dicen desde los medios sanchistas que es una medida de «gobernabilidad», de «búsqueda de consensos», propia de la «tiranía de las minorías». Falso. Es una versión cutre de la servidumbre voluntaria, tal y como la definió Étienne de La Boétie en el siglo XVI. Sánchez cede libremente el poder a Junts al prometer su sumisión a las demandas independentistas. El socialista tenía otras opciones para dar estabilidad a su Gobierno y encontrar consensos, como mirar a la oposición o devolver el encargo al Rey. Sánchez prefirió someterse a la tiranía de los siete.
Y en medio de este ataque a los pilares de la democracia, las elecciones en Galicia, donde nos jugamos más que nunca. Es evidente que si no gobierna el PP habrá un aliado institucional más de Sánchez y de los rupturistas, de esos mismos que desprecian el orden constitucional. De producirse esto último caeremos por la pendiente soñada por los independentistas. El resultado dependerá de un puñado de votos, sin duda, por mucho que las encuestas aseguren la mayoría absoluta del PP.
Si la ley de amnistía sigue su curso se negará el Estado de derecho. Si esto sucede se enterrará definitivamente la igualdad entre españoles, y veremos la instalación del derecho de autodeterminación de las naciones del Estado español, que a un paso estamos. Si el Poder Judicial acaba fusionándose con el ejecutivo, que ya es el mismo que el legislativo, no habrá fiscalización de los gobernantes. Si todo esto ocurre, si aparece una tiranía con las formas de una democracia, ¿qué más dará una canción en Eurovisión o el precio de los tomates?
EL PP Y JUNTS YA NEGOCIARION EN AGOSTO
Feijoo se abre ahora a indultar a Puigdemont como parte de un «plan de reconciliación para Cataluña»
LGI. gaceta. 11 Febrero 2024
El Partido Popular no descarta ahora un indulto futuro a Carles Puigdemont si Alberto Núñez Feijoo llegase a La Moncloa como, en su momento, el Gobierno de Pedro Sánchez indultó a los nueve independentistas condenados por el Tribunal Supremo por la causa del proceso separatista.
Fuentes populares consideran que los indultos podrían ser una vía alternativa a la ley de amnistía que el PSOE negocia con Puigdemont y sus compañeros de Junts desde hace meses.
Apenas iniciada la legislatura, tras meses de aparente oposición, la dirección popular asegura ahora que considera necesario «un plan de reconciliación para Cataluña», y ahí enmarca su apuesta por los indultos. «Claro que nosotros estamos a favor de la reconciliación y haremos todo lo posible para que aquellos que rompieron la convivencia se reconcilien con el Estado de Derecho y con la convivencia del país. La reconciliación es necesaria, pero nunca puede pasar por la impunidad», ha dicho este sábado Feijoo.
El PP, que el pasado mes de agosto mantuvo negociaciones con miembros de Junts para la constitución de la Mesa del Congreso, niega no obstante haber hecho una oferta formal de indulto a Puigdemont y asegura que Junts tampoco lo pidió.
PP y Junts más cerca que nunca
EDUARDO INDA. okdiario.
Probablemente en el amor veinte años no sean nada, que diría el inigualable francoargentino Carlos Gardel en su no menos superlativo Volver. No se puede decir lo mismo en una política en la que cuatro años son una eternidad. Por eso lo de Alberto Núñez Feijóo, y con él lo de los demócratas españoles a corto plazo, es un one shot, un solo disparo, un «¡ahora o nunca!». O el sanchismo se finiquita más pronto que tarde o dudo muy mucho que el de Los Peares repita como foto del cartel electoral popular en 2027, cuando andará camino de los 66 años. En Estados Unidos se ha puesto de moda ejercer la Presidencia con 81 y medio demenciado pero en España 66 se antojan muchos tacos por muy bien que esté el candidato, que lo está e intuyo que lo estará. El más veterano en llegar al poder fue Mariano Rajoy con 56, casi ex aequo con un Calvo-Sotelo que juró el cargo con 55, ambos a años luz de los 43 de Adolfo Suárez, los 40 de Felipe González, los 42 de Aznar, los 44 de Zapatero o los 46 del propio Sánchez.
Todos los españoles de bien tenemos meridianamente claro que la patológica obsesión de Sánchez por el poder es tal que no dudará en dar lo que haga falta a Puigdemont. No creo, pues, que la sangre acabe llegando al río el día 20, fecha límite para presentar enmiendas —reenmiendas más bien— a la Ley de Amnistía. El maniaco de ese Falcon que simboliza mejor que nada su compulsivo amor a la poltrona tiene un objetivo: superar los siete años de permanencia en Moncloa de José Luis Rodríguez Zapatero y ulteriormente los trece y medio de Felipe González. Y no se parará en barras hasta conseguirlo. De momento lleva cinco largos camino de esos seis que se cumplirán el 31 de mayo, fecha en la que triunfó la cantosa moción de censura que botó de la Presidencia a un Mariano Rajoy que le había sacado la friolera de 52 escaños en las generales de 2016.
Tal y como titulé la semana previa a la última investidura, Sólo nos puede salvar Puigdemont. El ex president catalán que, dejémonos de tonterías, es el que verdaderamente manda en España, tiene en sus manos el botón nuclear que haría saltar por los aires la legislatura y nos libraría de este sanchismo que intenta acabar por las malas con la separación de poderes, con la libertad de prensa, con el libre mercado y con todos esos ingredientes que conforman una democracia digna de tal nombre. Resulta paradójico que quien protagonizó el 1-O sea el que puede quitarnos de en medio a un monstruo que nos conduce a Mach 10 a Venezuela con escala en México y en esa afortunadamente extinta Argentina de Cristina Fernández de Kirchner.
Y Puigdemont es igualmente la tabla de salvación de Alberto Núñez Feijóo, que ayer y anteayer ha hecho inequívocos guiños a Junts.
Arriesgadísimas excusatio non petita que sólo podemos comprender los que conocemos de primera mano cómo están las relaciones entre el primer partido de la derecha española y el primero de la catalana: cada vez mejor. Paradójicamente, sólo la formación independentista puede reparar el destrozo anímico que supuso para Génova 13 perder, aun ganando, una Moncloa que tenía al alcance de la mano. Derrota consecuencia más de los errores propios no forzados que de los aciertos de un rival que tres semanas antes del 23-J se veía en la puñetera calle. Las cosas de un tan masoquista como acomplejado y torpe centroderecha, nada nuevo bajo el sol.
De ahí las sorprendentes declaraciones del presidente del PP estos días que vienen a reconocer implícitamente la exclusiva que dio OKDIARIO el verano pasado: la cita Turull-González Pons del 10 de agosto en el domicilio de un prestigioso empresario en la zona alta de Barcelona. El interlocutor por parte genovesa no fue un Daniel Sirera que pinta en esto lo mismo que yo en la NASA sino el bregado político valenciano que fue digitado tras poner bola negra Junts al inicialmente elegido: Xavier García Albiol. Negociaron la amnistía, claro que la negociaron, aunque finalmente el PP la desestimó dado el pollo que se hubiera montado en la derecha sociológica de este país, dando alas de paso a Vox. Como me suele recalcar una de mis fuentes en el más íntimo círculo de Feijóo, «era invendible». Pero ganas no les faltaron. Tampoco se les escapaba el nada baladí hecho de que la legalidad de la medida de gracia es más que discutible, tal y como les advirtieron los más conspicuos juristas propios, próximos y ajenos. Y lo de pasarse la ley por el arco del triunfo va, y mucho a Sánchez, pero no con un Feijóo educado en el más escrupuloso respeto a las reglas de juego.
También hay quien sostiene que las lisonjas populares tienen como objetivo neutralizar una posible filtración de las conversaciones por parte de Junts. Una amenaza, bidireccional por cierto, ya que provocaría un seísmo de 8,5 en la escala de Richter en el PP pero también en un PSOE que tiene tanto más que callar. Ciertamente, no lo creo, hasta ahora los Puigdemont, Turull, Nogueras y cía han sido impecables a la hora de mantener el secreto de las deliberaciones. Les podemos discutir su apego a la Constitución y al Código Penal pero no su sinceridad ni su coherencia, menos aún su formalidad. Tienen mentalidad de botiguers catalanes: ponen un precio a las cosas pero luego no chalanean, o lo tomas o lo dejas, no te vienen con culebrescas sorpresas de última hora. Las condiciones las estipuló Carles Puigdemont en su discurso del 5 de septiembre en Bruselas: básicamente, amnistía y referéndum consultivo.
Y eso que tanto los unos, socialistas, como los otros, populares, han hecho cosas que resultarían incomprensibles para un votante medio y que si salieran a la luz provocarían un pollo institucional de consecuencias impredecibles. Juan Español lleva mal eso de la realpolitik. Para nuestra grouchomarxista clase política los principios son moldeables, para el ciudadano normal, no. Servidor entiende que tanto los unos como los otros tenían la obligación de sondear al auténtico vencedor de las generales, cosa bien distinta es aceptar sus trágalas.
Pero el gran guiño llegó anoche al conocerse la cuasiabsolución de Carles Puigdemont por parte del Partido Popular. «Será difícil probarle el delito de terrorismo», opina el jefe de la oposición. Una tesis que pone en entredicho tanto las resoluciones del juez Manuel García-Castellón como la tipificación planteada por la absolutísima mayoría (un 12-3 que se parece al 12-1 de España a Malta en 1983) de la Junta de Fiscales del Tribunal Supremo el martes pasado que adelantó en exclusiva nuestra Teresa Gómez. En cualquier caso, un gesto de audacia insólito en una formación y un presidente de natural amarrateguis, que se une a ese indulto «con condiciones y no a cambio de una investidura» al más famoso vecino de Waterloo.
Alberto Núñez Feijóo es para los posconvergentes un «tío serio», apodo antitético al que han endosado a Pedro Sánchez: «El tahúr». Las relaciones están mejor que nunca, no han dejado de hablar en ningún momento, y la prueba son esos explicablemente inexplicables mensajes lanzados por Génova 13 del viernes a esta parte. O el presidente socialcomunista acepta que le saquen las 12 muelas el día 20 con la Ley de Amnistía —harto probable porque necesita más a Junts que Junts a él— o lo devolverán a toriles. En este último escenario las posibilidades de triunfo de una moción de censura liderada por el ganador de las últimas generales aumentarían exponencialmente. Moción de censura, intuyo, con la vista puesta en una nueva convocatoria electoral que presumiblemente resolvería la ingobernabilidad que dictaminaron las urnas el penúltimo domingo de julio de 2023. Claro que cualquier ecuación o hipótesis de trabajo puede implosionar si ese Bildu sin pistolas que es el BNG se sale con la suya el domingo que viene. Entonces tal vez volvamos a ese febrero de 2022 en el que el centroderecha vivió peligrosísimamente entre el orgasmo del autócrata.
A los nacionalistas de todos los partidos
Alejo Vidal-Quadras. vozpopuli 11 Febrero 2024
La actual situación de descomposición que atraviesa España, con un Gobierno aliado con sus peores enemigos -los separatistas y los herederos de ETA-, el Estado de Derecho hecho jirones, el sistema educativo público preocupantemente degradado, la política impregnada de maniqueísmo y basada en la confrontación sin cuartel y la existencia misma de la Nación seriamente amenazada, está suscitando una abundancia de reflexiones y análisis sobre las causas, tanto remotas como inmediatas, tanto estructurales como circunstanciales, del presente desastre. Entre ellas, algunos estudiosos han prestado gran relevancia al complejo de culpa de los dos grandes partidos nacionales respecto de los nacionalismos periféricos, notablemente el catalán y el vasco.
De acuerdo con esta interpretación, en la mente de las elites del régimen anterior deseosas de implantar un régimen democrático tras el fallecimiento del general y también de la oposición de izquierdas a la dictadura existía y ha seguido existiendo la idea de que los nacionalistas habían sido especialmente reprimidos durante el franquismo, no sólo en sus aspiraciones de autogobierno, sino asimismo en sus peculiaridades lingüísticas y culturales. Desde esta perspectiva contrita había que compensar a catalanistas y vasquistas por los cuarenta años de sufrimiento durante los cuales su ser intrínseco no se había podido manifestar ahogado por el uniformismo coactivo de un sistema autoritario. Este sentimiento de reparación implicaba necesariamente, y así ha sido por desgracia, que el concepto de Nación española adquiriera connotaciones negativas y antipáticas, mientras la categoría de nacional se vinculaba en tono positivo a los particularismos regionales hasta el punto que llegó a cristalizar absurdamente la asociación de descentralización política con mayor grado de democracia, como si los Estados unitarios administrativamente descentralizados no pudieran ser tan democráticos como los de corte federal.
Este afán de compensación de agravios pretéritos, que los nacionalistas no limitaban al pasado más reciente, sino que extendían imaginativamente a siglos atrás, condujo al Estado de las Autonomías y a una dinámica perversa de concesiones y permisividad crecientes, en la que cuanto más descaradas y abusivas eran las reivindicaciones nacionalistas, mayor era la disponibilidad de los Gobiernos centrales, fuesen del color que fuesen, a concederlas. Semejante proceso de centrifugación continua culminó en septiembre y octubre de 2017 en la subversión abierta de una Generalitat catalana en manos del separatismo, dio lugar al dramático discurso del Rey del 3 de octubre y a la aplicación del artículo 155 de la Constitución con la suspensión de la autonomía y la toma del control de las instituciones catalanas por el Gobierno de la Nación.
Tal fue el pavor y la mala conciencia de las fuerzas de ámbito nacional por haber osado aplicar una medida tan necesaria como inevitable, que se apresuraron a restablecer la hegemonía secesionista en Cataluña, lo que fue lógicamente interpretado por los nacionalistas como una gran victoria política y los envalentonó como nunca. A esta catástrofe siguió la llegada a La Moncloa de un sujeto muy singular, de una amoralidad extrema, de una ambición personal sin freno y de una egolatría patológica que, con tal de conservar el poder, se cambió de bando y de encabezar un partido comprometido con el orden legal y los valores de la Transición pasó a sellar un acuerdo nefando con los separatistas, los filoetarras y los comunistas poniendo la Nación en almoneda y pisoteando la Constitución a placer.
Este relato, el del complejo de culpabilidad de las clases dirigentes del franquismo y de la llamada oposición democrática respecto de los nacionalismos, tiene su parte de verdad y sin duda se produjo y se prolongó en el tiempo, pero a mi juicio hay que poner la atención en un fenómeno más profundo y más inquietante: el de la aceptación, consciente o inconsciente, por parte de las restantes formaciones parlamentarias del pensamiento aberrante de que la identidad étnica, lingüística, histórica, cultural o geográfica es un valor determinante con significativo peso moral y de que los movimientos sociales y políticos que hacen de ella el primero en la escala axiológica por encima de aquellos que son universales como la libertad, la igualdad o la justicia, lejos de ser percibidos como perversos y como un problema para la democracia y la convivencia, han de ser aceptados como un actor legítimo dentro del pluralismo que caracteriza a las sociedades abiertas.
El veneno identitario
Es famosa la dedicatoria de Friedrich Hayek en su libro Camino de servidumbre: “A los socialistas de todos los partidos”, con la que quiso poner de relieve que los planteamientos estatistas y colectivistas habían calado en mayor o menor medida en todas las opciones electorales y que prácticamente ninguna se adhería sin reservas a la libertad como principio conductor de la economía y de la arquitectura institucional. A lo largo de las cuatro décadas y media de democracia constitucional que hemos vivido ya los españoles, no sería una hipérbole dedicar una obra de teoría política “A los nacionalistas de todos los partidos” porque el veneno identitario ha penetrado no sólo en los adoradores del Volkgeist, sino en el hemiciclo completo de la Carrera de San Jerónimo.
ESPAÑA
Un periodista, la mano derecha de Putin y un empresario enlace: la red rusa que apoyó a Puigdemont
Las centenares de conversaciones que recoge el sumario Voloh evidencian como durante 2020 la mano derecha de Alay buscó "oxígeno" de Moscú y fraguó encuentros con los hombres de Putin
Gema Huesca. vozpopuli. 11 Febrero 2024
Las horas de conversaciones que mantuvo la mano derecha de Carles Puigdemont, Josep Lluís Alay, entre los meses de julio y septiembre sobre los planes de desconexión de Cataluña se han convertido en una prueba de calado para continuar tirando del hilo en el caso Voloh. Tanto es así que las referencias a los contactos con un periodista y un empresario ruso además de uno de los hombres fuertes de Putin evidencian "de manera inequívoca" los contactos del independentismo con el Kremlin.
El instructor del caso, Joaquín Aguirre, decidía hace unos días prorrogar medio año más las diligencias a tenor de todas las pruebas recabadas hasta el momento. Entre las evidencias que a su juicio acotan estos lazos destacan las actuaciones de Víctor Terradellas siendo Puigdemont todavía presidente, las alusiones al manejo de criptomonedas de cara a una futura república catalana, la testifical en sede judicial de Elsa Artadi, y el teléfono de Josep Lluís Alay.
Este último se ha convertido en una pieza clave en todo el asunto catalán. Imputado en el caso Voloh y también en Tsunami Democràtic, el jefe de la oficina del expresidente catalán conocía al milímetro todos los movimientos del líder de Junts. Redactaba sus notas, le daba el visto a cualquier publicación en redes sociales y manejaba los contactos internacionales con futuribles socios.
"Si apostamos a Kremlin hagámoslo de verdad"
Así se desprende de todas las conversaciones incautadas por la Policía Judicial en su teléfono móvil que obran en el sumario al que ha tenido acceso Vozpópuli. Los agentes transcriben horas y horas de mensajes -intercambiados todos ellos entre los meses de julio y septiembre de 2020- en los que se percibe la estrategia de acercamiento al Kremlin a través de varias figuras clave.
"Si apostamos en público a Kremlin, hagámoslo de verdad", comenta Alay en una conversación con su abogado Gonzalo Boye. El letrado, que también lleva la defensa de Carles Puigdemont, es uno de sus principales interlocutores y con él despacha asuntos de tinte político, aunque predominan las conversaciones cliente-abogado.
El entorno de Puigdemont califica la conexión rusa de "historias de fantasmas"
En dichas conversaciones, la mano derecha de Puigdemont se muestra especialmente interesado en la figura de Alekséi Navalny, dirigente de la oposición rusa que fue envenenado en agosto de aquel 2020. "Hay un triángulo ahora clave Belarus (Bielorrusia)-Snowden-Nalvany. Y no podemos equivocarnos en ninguno de estos vértices", dice.
Al respecto insiste en que Puigdemont no puede publicar ningún tuit de apoyo a este opositor de Putin. "Le he hecho la reflexión que el momento en Moscú es muy complicado con ese endemoniado triángulo para Putin (...). Espero que comprenda la situación", añade en las conversaciones producidas en agosto de 2020.
Precisamente, una de las mayores preocupaciones que manifiesta el jefe de la Oficina de Puigdemont es la de tender puentes con el Kremlin en un momento en que Puigdemont y los suyos trataban de impulsar el Consell de la República.
Un periodista y un diputado pro Putin
Por eso se apoyó en tres personas clave, siendo una de ellas un periodista ruso que le escribía artículos para publicar en medios catalanes. "Hoy sacaremos este artículo en El Punt Avui que he, digamos, supervisado. Así compensamos una mala semana", escribió a su interlocutor en conversación el 23 de septiembre.
De hecho, las alusiones a este periodista, de nombre, Aleksei Chesnokov, son constantes a lo largo de esta parte del sumario. Así, por ejemplo, ya en octubre, desvela que su contacto había entrado a trabajar en el canal ruso de Telegram Nezygar, un cambio que valoran positivamente ante la repercusión del medio.
"Tiene 350.000 suscriptores. Es el mayor de Rusia. Me propone publicar una entrevista de 4 preguntas al president Puigdemont", dice Alay. En su conversación explica que va a pactar las preguntas y que va a intentar excluir de la entrevista todo el asunto relativo al envenenamiento al opositor ruso y también las sanciones a Rusia.
La segunda persona que jugó un papel clave para el entorno de Puigdemont fue Eugeni Primakov. Se trata de un exmiembro del Comité de Asuntos Internacionales de la Duma Estatal y persona especialmente cercana a Putin. De hecho Alay lo presenta como: "Mano derecha de Putin en el Kremlin para relaciones internacionales".
"Necesitábamos oxígeno con Moscú"
Alay explica a su interlocutor que hacía apenas unos meses le habían nombrado nuevo director de la Agencia Federal para los Asuntos de Colaboración con la Comunidad de Estados Independientes (Rossotrudnichestvo). "Algunos dicen que tiene más poder que el ministro de Asuntos Exteriores", dice, al tiempo que se felicita de este contacto directo con el Kremlin: "Necesitábamos oxígeno con Moscú".
Al hilo traslada también su intención de viajar a Rusia en cuanto hubiera vuelos; un extremo que el juez del caso Voloh considera más que acreditado en estos años de instrucción. De hecho, en su último auto asegura que los chats de Terradellas "confirman los viajes a Moscú para tratar con altos cargos del Kremlin". Se trató de encuentros en los que también se reunieron con "los más altos capos de la mafia rusa".
La implicación de Puigdemont
Finalmente, la tercera persona clave en este asunto fue Alexander Dimitrenko. El empresario ruso, también protagonista de estos chats por su papel de enlace con el Kremlin, irrumpió en esta pieza segunda de la causa, tras conocerse su negocio de petróleo con la mano derecha de Puigdemont.
Este juzgado catalán investigó esta transacción ante la sospecha de que se ocultara un envío de dinero irregular, si bien las pesquisas terminaron archivadas ante la ausencia de "indicios sólidos". Se trató de una operación de compraventa de petróleo entre una empresa rusa y china en la que participaron Dimitrenko y Alay.
La prueba de que hubo una transacción se encuentra también en el teléfono de este último. El 20 de julio de 2020 Dimitrenko le escribió: "José, no me vas a creer. Han llegado los 295.000 dólares a Rusia. El pago de garantía está efectuado", dijo y añadió: "Felicidades a todos nosotros. Primer gran paso hecho".
El magistrado ordenó investigar este asunto ante la sospecha de que Puigdemont pudiera tener algo que ver y la evidencia de que Alay no tiene experiencia alguna en este sector, pero finalmente se archivó. Con todo, en su último auto el juez recuerda que estas conversaciones concretas son determinantes para seguir acotando los vínculos de Puigdemont con Putin.
De hecho, esta resolución ha dado pie a que el Parlamento Europeo haya solicitado a la Justicia española que ponga el foco en estos nexos y que los investigue detenidamente. La resolución salió adelante por amplia mayoría, incluidos los votos del PSOE, y ante una "preocupación extrema" de la injerencia rusa en la deriva separatista de Cataluña.
BALEARES
El plan de libre elección de lengua no cubrirá las demandas de todos los padres
PEDRO SERRA. okdiario. 11 Febrero 2024
El plan voluntario de libre elección de lengua de Baleares que va a aplicar el Govern del PP de Prohens gracias al acuerdo con Vox no va a satisfacer todas las demandas de los padres. Es la advertencia que hace la asociación de profesores de PLIS Educación, que asegura que la voluntariedad de centro provocará «una brecha muy grave entre alumnos que sí podrán acogerse al plan piloto en su colegio y alumnos que no podrán reclamar sus derechos lingüísticos porque su centro no les deja».
En este nuevo modelo contempla la voluntariedad del centro escolar, por lo que serán los colegios los que tendrán la decisión de acogerse al plan y no los padres. Un hecho con el que no está de acuerdo PLIS Educación. Su presidenta, Olga Ballester, ha explicado a OK DIARIO que «aceptamos el plan piloto si sirve para preguntar a los padres para saber la demanda real que hay y así hacer una temporalización acorde a los medios que se necesiten».
Por ello, desde la plataforma de docentes han asegurado que «el plan no tiene que ser a elección de los centros, hay que eliminar la voluntariedad. El plan piloto no puede ser siempre piloto». De lo contrario, advierte Ballester, «habrá colegios con el sistema educativo constitucional y otros con el sistema educativo inconstitucional. Lo que hay que hacer es que todos los centros estén dentro del marco legal».
En relación a esto, la presidenta de la entidad que lucha por el bilingüismo en las aulas de Baleares ha afirmado que «si el conseller Antoni Vera no tiene planteado que el plan piloto no tenga caducidad, se creará una grieta entre los centros que se acojan y los que no». Así, han exigido al conseller que realice todos los esfuerzos posibles para convencer a los centros para adherirse al plan.
Sobre esta cuestión, Vox ya movió ficha y pidió que los padres pudieran cambiar de colegio a sus hijos en el caso de que el centro escolar no se acogiera al plan. Una medida que desde la Conselleria no se han pronunciado aunque si anunciaron que eliminarán las zonas escolares para garantizar la libre elección de centro independientemente de la zona de residencia del habitante.
Y es que Ballester prevé que ningún colegio público del archipiélago se adhiera al plan voluntario de libre elección de lengua, lo contrario a los centros concertados, en los que se prevé que varios sí se acojan al plan. «Al ser voluntario, la directiva de un centro ni propondrá adherirse al plan piloto porque para ellos es más cómodo la vía tranquila. La presión nacionalista en este tema es muy fuerte».
Elección de lengua en la primera enseñanza
Por otro lado, Ballester ha explicado que la libre elección de lengua en la primera enseñanza es un «derecho blindado por la ley y que ha sido pisoteado por los sucesivos gobiernos de Baleares y directores de los centros» ya celebrado la firmeza del conseller de aplicarla en infantil y primer ciclo de primaria. Ante esto, asegura que la solución es que los centros remarquen en la solicitud de centro y en la matrícula las dos casillas: clases en castellano o catalán, y que no se permita la inferencia de los profesores en esa decisión.
Además, desde PLIS esperan que a partir de ahora se haga cumplir la jurisprudencia del Tribunal Supremo de ofrecer un mínimo de un 25% de clases en castellano. «Esperamos que las nuevas peticiones ahora se cumplan. Hacer lo contrario es ilegal, porque el Decreto de Mínimos avala un mínimo de un 50% en catalán, pero hay un máximo hecho norma por el Supremo de un 75%», asegura Ballester.
Con todo, Ballester se ha mostrado confiada en que a partir de ahora, las peticiones del 25% de clases en castellano por parte de padres de Baleares se hagan realidad. «Es un derecho que no molesta a nadie. No se ha cumplido porque las Comunidades Autónomas bilingües que han incumplido la ley no les ha pasado nada, tienen carta blanca. Aquí hay una laguna democrática».
Renace la Asamblea de Docentes
La Asamblea de Docentes se ha vuelto a poner en pie de guerra tras siete años de inactividad. El plan voluntario de libre elección de lengua en Baleares ha provocado que se hayan vuelto a organizar, aunque a Olga Ballester no le sorprende. «Ahora se movilizan porque a los niños se les va a garantizar estudiar en su lengua materna en primera enseñanza y porque van a estudiar algunas asignaturas en castellano. No son profesionales de la enseñanza».
Sobre esto, ha denunciado que esta asociación «no ha dicho nada durante estos años sobre las aulas modulares, las ratios, la burocracia brutal o la falta de mantenimiento de algunos centros. Dicen que surgen siempre por la calidad de la educación, me sorprende que no haya protestado por esto».
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