Recortes de Prensa Martes 13 Febrero 2024
Cinco mandos del espionaje ruso y tres entidades financieras extranjeras participaron en el golpe separatista
Los datos entregados al Parlamento Europeo por el Grupo Parlamentario Popular siguen desvelando información que confirma la conexión rusa.
Carlos Cuesta. libertad digital. 13 Febrero 2024
Parte de esa documentación revela indicios de la presencia en Cataluña en pleno golpe de al menos cinco mandos de los servicios de inteligencia de Putin y la colaboración de hasta tres entidades financieras en el esquema de financiación del golpe del 1-O y del esquema de desestabilización de España y de la propia UE.
Bajo un apartado que aborda "la interferencia rusa en la crisis de la independencia catalana", el informe señala que esa intromisión "no se limita a actividades de desinformación. Como han revelado posteriormente varias investigaciones, espías rusos estuvieron presentes en Cataluña antes y durante el referéndum ilegal de independencia de 2017. Además, después del referéndum, hasta 2020, destacados líderes independentistas catalanes estuvieron en contacto con funcionarios y empresarios rusos que desempeñan un papel vital en la llamada guerra híbrida de Rusia contra Estados Unidos y la UE, una estrategia que incluye propaganda, desinformación, piratería informática y ataques directos", señala el informe del PP en Europa.
Esos contactos "se produjeron paralelamente a la huida de siete líderes al extranjero —Carles Puigdemont, Meritxell Serret, Antonio Comín, Lluís Puig, Clara Ponsatí, Anna Gabriel y Marta Rovira— y la detención, juicio y condena por sedición de otros nueve —Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva, Joaquim Forn, Josep Rull, Jordi Cuixart, Jordi Sánchez, Carme Forcadell y Dolors Bassa, indultados en 2021", señala el documento. "Tras el referéndum del 1 de octubre de 2017, las autoridades españolas establecieron que agentes pertenecientes a un grupo militar de inteligencia especializado ruso denominado Unidad 29155, que ha sido vinculado a intentos de golpe de estado y asesinatos en Europa, estuvieron en Cataluña antes y durante la votación ilegal en 2017", añade. Los miembros de la unidad fueron localizados en Barcelona por el CNI, tal y como narra la documentación, que posteriormente transfirió la investigación a la Policía Nacional.
El CNI y otros organismos de seguridad españoles vienen llamando la atención sobre las maniobras del espionaje ruso para favorecer la independencia catalana desde 2017. Las advertencias más frecuentes "fueron del Departamento de Seguridad Nacional (DSN), oficina que desde 2012 asesora al presidente del Gobierno sobre los riesgos nacionales". Es más, "desde 2014, el DSN ha advertido reiteradamente en sus informes de las maniobras desestabilizadoras de Rusia en España, pero a partir de 2017 estas alertas se centraron en la crisis catalana y en los bombardeos de "propaganda" y "desinformación" de dos de sus medios de comunicación internacionales más poderosos, la agencia de noticias Sputnik y la cadena de televisión Russia Today (RT)".
Según un informe del servicio de investigación del Congreso de Estados Unidos de noviembre de 2021, apunta el documento, "la Unidad 29155 es una unidad de élite del GRU que lleva a cabo operaciones extranjeras sensibles, incluidos asesinatos y ataques selectivos. Se informa que la unidad 29155 está conectada a la unidad de élite del cuartel general del Comando de Fuerzas de Operaciones Especiales de Rusia, con base en Senezh, en las afueras de Moscú". Y, en los últimos años, no han faltado fiscales que "han vinculado la Unidad 29155 con numerosas actividades malignas en toda Europa. Tales actividades incluyen la invasión y ocupación rusa de la región ucraniana de Crimea en 2014; los envenenamientos del traficante de armas búlgaro Emilian Gebrev en 2015; un intento de golpe de estado en 2016 para derrocar y reemplazar a un primer ministro pro occidental en Montenegro, potencialmente para impedir que el país se uniera a la OTAN; y el envenenamiento del desertor de la inteligencia rusa Sergei Skripal en 2018", añade el estudio.
El documento da más detalles: "Además, los agentes de la Unidad 29155 fueron rastreados hasta Suiza en la época en que otras unidades del GRU piratearon la Agencia Mundial Antidopaje y planearon ataques a la Organización para la Prohibición de las Sustancias Químicas. Armas (OPAQ), que investigaban el dopaje patrocinado por el Estado en los deportes y el uso de armas químicas por parte de Rusia, respectivamente". Es más, "España también ha abierto una investigación sobre el viaje del conocido agente de la Unidad 29155 Denis Sergeev a Barcelona en 2017, aproximadamente cuando los separatistas catalanes organizaron un referéndum ilegal sobre la independencia".
De hecho, en febrero de 2019, el medio de investigación Bellingcat "publicó documentación oficial del servicio secreto ruso que revelaba que un oficial de la inteligencia militar rusa (GRU), llamado Denis Sergeev, viajó a Barcelona el 5 de noviembre de 2016 bajo el alias Sergej Fedotov y, después de pasar seis días en España, voló de regreso a Moscú vía Zurich. El 29 de septiembre de 2017 regresó a Cataluña y permaneció allí hasta el 9 de octubre, tras el referéndum ilegal de independencia, y luego regresó a Moscú vía Ginebra", señala el informe de los populares europeos.
Según la misma fuente, Sergeev se encontraba en el Reino Unido, donde de hecho voló en marzo de 2018, durante el intento de envenenamiento del espía ruso exiliado Sergei Skripal y su hija Yulia. El Gobierno británico, por su parte, acusó a dos miembros del GRU, Alexander Petrov y Ruslan Boshirov (ambos nombres falsos) de llevar a cabo el ataque que mató accidentalmente a uno de los vecinos de Skripal y provocó que él y su hija enfermaran gravemente al entrar en contacto con el gas tóxico.
La unidad 29155
La unidad 29155 ha estado en funcionamiento durante al menos una década, pero los funcionarios occidentales la descubrieron recientemente, según estos datos. "Los funcionarios de inteligencia de cuatro países occidentales dicen que no está claro con qué frecuencia se moviliza la unidad y advierten de que es imposible saber cuándo y dónde atacarán sus agentes", explica el texto.
En España, a petición del Juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, la Policía Nacional inició a finales de octubre de 2019 una operación denominada Volka (lobo en ruso) después de que agentes antiterroristas confirmaran la presencia en Barcelona de Sergeev, también acusado por la República Checa por su participación en una explosión en un depósito de armas el 16 de octubre de 2014 que arrasó edificios cercanos y mató a dos personas.
Es cierto que nueve meses después de su inicio, Miguel Ángel Carballo, fiscal del Estado en la Audiencia Nacional, presentó un escrito solicitando el archivo del caso. Pero también lo es que en ese documento la Fiscalía reveló que "la Policía proporcionó información de un informante con más detalles sobre personas cercanas al independentismo catalán y sus presuntos vínculos con agentes rusos", explica el documento. Y este informante llegó incluso a proporcionar "la identidad de cinco altos funcionarios de los servicios de inteligencia rusos que presuntamente participaron en estos contactos, así como detalles de tres instituciones financieras extranjeras desde las cuales supuestamente se habían transferido fondos para financiar los movimientos de los espías por Europa y se habían utilizado tarjetas de crédito para cubrir sus gastos de viaje", explica el documento.
En base a esta información, la Policía solicitó autorización judicial para tomar diversas medidas, a lo que la Fiscalía se resistió. "El hecho de que se trate de perfiles de personas muy afines al pensamiento independentista no implica que puedan ser investigados, en particular cuando las actividades se realizan abiertamente y por medios que no son en modo alguno ilegales", alegó la Fiscalía. "En los últimos meses han sido numerosos los casos de fiscales nombrados o confirmados en sus cargos por el Gobierno de turno que se oponen a investigaciones judiciales sobre el movimiento independentista y sus vínculos con Rusia", concluye el documento.
Marlaska es culpable de rendir el Estado al terror de los narcos
OKDIARIO. 13 Febrero 2024
Cuando en septiembre de 2022 el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, dio instrucción de liquidar la estructura de la unidad especial de la Guardia Civil contra los narcos en Cádiz, denominado Órgano de Coordinación contra el Narcotráfico (OCON Sur), lo hizo pese a que la Benemérita acababa de localizar un completo arsenal narco de guerra con fusiles, ametralladoras, pistolas y escopetas.
La Fiscalía Superior de Andalucía advirtió a Interior que, además del aumento en la «potencia de las armas» empleadas por los narcos, también se estaban produciendo asesinatos por ajustes de cuentas. Para entendernos: una unidad que estaba teniendo un éxito evidente en la lucha contra el narcotráfico, como lo demuestra el número creciente de detenciones, incautaciones de drogas y de embarcaciones, es disuelta sin mayores explicaciones. Fue el 4 de agosto de 2022 cuando, durante la detención de un narco en su vivienda de Cádiz, se descubrió en el inmueble un arsenal de guerra. A los agentes de la Brigada Central de Estupefacientes (UDYCO) les sorprendió la potencia bélica de aquel armamento, con piezas superiores incluso a las que manejan las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
En estas circunstancias, lo normal hubiera sido incrementar los medios humanos y materiales contra el narcotráfico, pero Marlaska, en contra de toda lógica y de las recomendaciones de los expertos, decidió un mes después desmantelar la unidad de élite contra las mafias, repartiendo a sus 150 agentes por las estructuras unidades de policía judicial de las Comandancias de Andalucía. Había sido el propio ministro del Interior el que creó el OCON Sur en el 2018 y el que le dio el golpe de gracia en 2022. En esos cuatro años, la unidad de élite descabezó los principales clanes de la droga en el Estrecho y detuvo a miles de narcos con decenas de causas abiertas contra el narcotráfico en todos los tribunales de Andalucía. En ese tiempo, el OCON Sur se convirtió en el «terror» de los narcos y les incautó toneladas de droga, desmanteló sus redes de «guarderías», le metió mano a sus fortunas y acabó con las flotas de helicópteros de la droga. Estos son los hechos. El asesinato de dos guardias civiles en Barbate a mano de los narcos obliga a preguntarse por qué Marlaska tomó una decisión que sólo recibió el aplauso -literal- de los narcotraficantes y que supuso la rendición del Estado ante las mafias.
DURANTE SU VISITA A ITALIA
Milei apoya a VOX en las elecciones gallegas
REDACCIÓN. gaceta. 13 Febrero 2024
El presidente de Argentina, Javier Milei, expresó el lunes su apoyo a VOX de cara a los próximos comicios para escoger nuevo Gobierno en Galicia, en un contexto de alta importancia de los votantes registrados en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) que podrían participar desde el país austral.
El apoyo de Milei, quien es aliado de la formación liderada por Santiago Abascal, llegó durante su visita a Italia a través de la red social X, donde el mandatario argentino replicó un mensaje de la formación en la que se explica la importancia del voto CERA de los gallegos residentes en el país sudamericano.
«Los votantes de Milei pueden ser decisivos en las elecciones de Galicia. Animamos a todos los votantes gallegos de Milei a elegir lapapeleta del partido por el que apuesta, Vox», indica la publicación del partido.
En efecto los votantes gallegos que residen en Argentina tendrán un papel decisivo en los próximos comicios regionales, cifrándose en torno a 166.000 el número de personas que podrán sufragar desde la nación hispana.
LAS DEMANDAS DE LOS AGRICULTORES TIENEN SU ORIGEN EN ESTA POLÍTICA EUROPEA
La PAC: así ha declarado la oligarquía la guerra a los trabajadores del campo
KARINA MARIANI. gaceta. 13 Febrero 2024
La manzana de la discordia es, siempre, la ingeniería social. Y la ingeniería social viene, siempre, de una mente febril que cree que puede diseñar el mundo según su propio y superior entender. La manzana de la discordia es, siempre, la fatal arrogancia. El magma que burbujea en el corazón del mundo rural europeo responde a una pésima política de ingeniería social nacida en 1962, que fue tan desgraciada como agigantada. Demasiado grande para caer, siguió vigente, acumuló poder y recursos, y hoy es un monstruo con vida propia y con tantas ramificaciones que resulta difícil imaginar cómo acabará.
Los agricultores europeos han estado protestando en todo el continente desde hace tiempo. Las protestas han tenido distintos disparadores, causas, líderes y momentos. Pero han intensificado dramática y coordinadamente sus acciones en las últimas semanas en Francia, Alemania, España, Polonia, Países Bajos y Letonia, entre otros Estados de la Unión Europea, y llegaron a Bruselas. La furia es incontenible, han bloqueado rutas, calles, comercios y oficinas públicas, han arrojado estiércol y huevos a las autoridades, han quemado fardos y saqueado camiones con alimentos. La magnitud de las manifestaciones no tiene precedentes por su alcance, por su simultaneidad, por su repercusión y por la variedad de demandas en juego. Los agricultores, gente de trabajo y no inútiles manifestantes profesionales dispuestos tanto a reivindicar terroristas como a revolear la sopa a un Da Vinci por unas monedillas, han dejado sus granjas para instalarse en largas filas de tractores que sitian las ciudades más importantes. Mirándolo en retrospectiva, el tractor es un símbolo que viene marcando la voz más genuina y valiente contra las tiranías bienpensantes en todo el mundo.
Y es que se está volviendo cada vez más difícil ser agricultor. La tragedia del campo europeo se basa en una pinza letal: una carga fiscal propia del impune Estado de Bienestar y una carga regulatoria demente y contradictoria que además compila como en una mamushka, capas y capas de restricciones a la producción. Ser granjero requiere, además del sacrificio de la profesión, del trabajo de sol a sol y de la entereza ante la sequía o la plaga, tener conocimientos sobre leyes, sistemas tributarios combinados, regulaciones tecnológicas intra y extra UE, logística, computación y un ejército de asesores para poder llevar adelante el negocio. Todos palos en la rueda impuestos por gente que cree que los tomates le crecen a la ensaladera.
Existe una larga lista de quejas que van contra la regulación impuesta por el dogma calentológico, el exceso de burocracia, el costo del combustible y de la energía, el impedimento de usar fitosanitarios sumados a los reclamos propios de cada país. En Alemania fueron los impuestos al diésel para los tractores. En Países Bajos la tributación del nitrógeno. En Polonia los agricultores polacos bloquearon la frontera para asegurarse de que el grano ucraniano no ingresara. En Francia el plan para eliminar la exención fiscal sobre el combustible para la «transición energética» y el rechazo al acuerdo con el Mercosur porque consideran «competencia desleal» que los productores agrícolas sudamericanos no estén sometidos a las mismas exigencias.
Pero todo este gran guiso de reivindicación y demanda tiene un origen en aquella manzana de la discordia que viene de lejos y se llama Política Agrícola Común (PAC), una de las más antiguas políticas comunitarias europeas. La PAC es un excelente ejemplo de cómo funciona la «Ley de hierro de la oligarquía». En 1911, Robert Michels escribía su célebre Los partidos políticos, donde sostenía que toda organización política termina necesariamente convirtiéndose en una oligarquía cuando crece y se hace más compleja. Al crecer, demanda mayor burocracia y más especialistas para atender a la nueva estructura de la organización que pasan a aglutinar todo el poder y que priorizan la creación de políticas que aseguren la permanencia por sobre los objetivos de los inicios. ¡Es la supervivencia, estúpido!
Creada en 1962, la PAC siempre tuvo un carácter constructivista e intervencionista, que fue adecuándose a la narrativa de los tiempos. Originalmente y a través de un paquete de subsidios a la agricultura y a la ganadería, respondía a los objetivos de la autosuficiencia alimentaria de los países países miembros de la Comunidad Económica Europea (CEE, antecesora de la UE) y además pretendía atacar la escasez. Pero los aprendices de brujos generaron su propio problema y unos años más tarde el bloque producía muchos más alimentos de los que podía consumir pero a un coste mucho más caro en comparación con el resto del mundo. Entonces la PAC pasó a tener como objetivo sostener el precio artificial de los productos con nuevos subsidios y un proteccionismo pernicioso.
El sistema original de subvenciones pretendía controlar el mercado imponiendo precios mínimos garantizados, cosa que terminó con un costo inasumible para los Estados miembros. A mediados de los 80 implicaba un porcentaje mayoritario del presupuesto comunitario. Con cada fracaso la PAC fue sometida a reformas que fueron formateando la estructura, la ideología y la metodología de producción primaria europea siempre buscando la dependencia de la limosna estatal y determinar de arriba para abajo quién tenía que producir qué, más allá de las decisiones voluntarias de los ciudadanos. La demagogia siempre es palo y limosna. Para sorpresa de nadie, en 2019 The New York Times reveló lo evidente, que los fondos de la PAC terminaban en gran medida en los bolsillos de los empresarios y de los burócratas.
Década tras década, las diferentes versiones de la PAC siempre rompieron lo sano para supuestamente arreglar lo roto, sin haber jamás conseguido más que enojar a todas las partes. Sin embargo siguió creciendo en burocracia, con un presupuesto cercano a un tercio del total de la UE. Es la política más cara, más antigua y más dañina. Por supuesto que cuando se desarrolló la narrativa del alarmismo climático la PAC se adecuó rápidamente, se trataba de un maridaje perfecto. Justamente la actual protesta del sector agrícola tiene directa relación con las delirantes imposiciones que no han parado de crecer como el Pacto Verde y los objetivos climáticos. Actualmente sus metas se casan amorosamente con la omnipresente Agenda 2030 y el NetZero.
A medida que las manifestaciones crecían, los gobiernos y la Comisión Europea concedieron a los agricultores caramelos de madera para entretenerlos, pero esta vez las cosas no se calmaron. Von de Leyen otorgó una exención temporal de las reglas de conservación de la naturaleza y revocó en parte la decisión de permitir el libre acceso a las importaciones agrícolas de Ucrania. Esta semana, Úrsula, el hada de los deseos, relajó partes del Acuerdo Verde, eliminó el objetivo de reducción de las emisiones agrícolas del plan climático para 2040 y anunció que la propuesta de reducción del uso de pesticidas, considerada crucial para la biodiversidad, sería reescrita. No queda claro si se va a redefinir qué cosa es la mismísima biodiversidad, la Comisión Europea tiene una larga trayectoria creando realidad con sólo modificar sus definiciones, milagro que es aplaudido por el Parlamento Europeo.
La flexibilización de requisitos es un intento de las élites europeas por no naufragar en las elecciones a las que serán sometidas el próximo junio. Al mainstream burocrático le preocupa que el malestar sirva a los partidos de derecha que ya están logrando avances en todo el continente. Es la oligarquía que cree que está por encima de la voluntad democrática y que impone políticas ideologizadas sin pensar en el daño que causarán a las vidas de millones de personas al quitarles el control de su propio destino. Esto es lo que ha llevado a muchos europeos a rechazar los viejos partidos políticos. En particular los ciudadanos de zonas rurales votan mayoritariamente por partidos euroescépticos tanto de izquierda como de derecha y todos van a competir ahora para agradar a los agricultores.
Muchos medios y políticos tildan a los votantes de extremos, ignorantes, populistas, ricos egoístas o xenófobos cuando se apartan de las preferencias hegemónicas, pero esto demuestra su incapacidad de entender el punto de inflexión de su narrativa de decrecimiento verde y sustentable. De nuevo, es una cuestión de supervivencia, no pueden permitir que la voluntad popular termine con los privilegios oligárquicos sembrados hace más de medio siglo. Las elecciones europeas son un campo de batalla cultural clave entre las élites de la UE y sus gobernados.
Los agricultores de todo el continente continúan protestando. Tienen una oportunidad de oro para cambiar la lógica tiránica del buenismo que comenzó su largo camino con el proteccionismo posguerra y derivó en la alocada y criminal agenda woke del Siglo XXI. Si se dejan engañar de nuevo por los políticos y las corporaciones, pidiendo regulaciones a terceros países en lugar de exigir el fin de las propias, habrán perdido la batalla. Pelear contra productos baratos importados de Ucrania o Marruecos es concederle el triunfo a Von der leyen y a su troupe, porque es pedir más regulación y burocracia, y Michels ya explicó cómo termina eso. Mal, por supuesto. La producción europea sería más barata y competitiva si tuviera menos impuestos, energía más económica y no tuviera que pagar los salarios de cientos de miles de Ursulas que viven de arruinar a las personas.
Los funcionarios de la UE ya están tejiendo la tela de araña para que los manifestantes caigan, pensando formas de revisión de la PAC, tratando de encontrar la manera de calmar a los agricultores sin salir de la lógica de la dádiva que los enterró en primer lugar. Janusz Wojciechowski, comisario europeo de Agricultura, quiere que se permita a los países de la UE utilizar ayuda estatal para complementar los pagos de la PAC. «Esta es una situación excepcional y tenemos que buscar soluciones excepcionales», sostiene el muy pícaro sabiendo que eso desmovilizará a los tractores y le permitirá se venerada supervivencia.
Las políticas intervencionistas terminan en crisis humanitaria, no hay otro camino. El insostenible plan De la granja a la mesa, tiene una serie de objetivos que son casi un crimen contra la humanidad. Para 2030 (¡ay, ese numerito!), prevé la reducción de la mitad de los fitosanitarios (¡imaginemos si para el 2030 debiéramos reducir el 50% de la medicina que garantiza nuestra salud!), además de reducir el 20% de los fertilizantes químicos y del 50% de la venta de antibióticos para los animales de criadero (sí, quieren que los animales no se curen). Un estudio del Departamento de la Agricultura de Estados Unidos (USDA) considera que los planes De la granja a la mesa y Biodiversidad provocarían una reducción brutal de la producción agrícola europea. De forma gradual o acelerada, el plan es condenar al campo. La excusa puede ser el control de precios, la escasez, la abundancia, el frío, el calor, las especies en peligro, las políticas verdes o cualquier otra cosa que surja, la cuestión es mantenerse a flote en el poder. La batalla está planteada y el hambre siempre sirve como arma. Casualmente en el momento en el que la humanidad produce tanta comida como para alimentar a todos los que existimos, la oligarquía le declara la guerra a los que nos alimentan.
El plan del Gobierno de Baleares para acabar con la dictadura lingüística: "Las casas no se empiezan por el tejado"
El consejero de Educación, Antoni Vera, tranquiliza a las familias que exigen estudiar en español y asegura que cumplirán el pacto firmado con Vox.
Sandra León. libertad digital. 13 Febrero 2024
El pasado mes de julio, Antoni Vera (Palma de Mallorca, 1973) tomaba posesión de su cargo como consejero de Educación de Baleares, uno de los puestos más delicados del Gobierno de PP y Vox, por cuanto ambos se habían comprometido en campaña a terminar con la imposición lingüística reinante en las islas desde hace años.
Su perfil conciliador y su experiencia en el sector educativo llevaron a Margarita Prohens a encomendarle una labor en la que numerosas familias que, día tras día, sufren los desmanes del sector catalanista habían depositado todas sus esperanzas. Siete meses después, sin embargo, muchas de ellas dicen sentirse abandonadas por un Ejecutivo que, por ahora, sigue sin garantizar que aquellos que lo deseen puedan estudiar al menos el 25% en castellano, tal y como dictaminó la Justicia en Cataluña.
Desde el Gobierno autonómico, no obstante, ponen en valor los dos grandes pasos que han dado para acabar con la imposición lingüística: la elección de la primera lengua de enseñanza a los 3 años y un plan piloto para primaria y secundaria que permitirá a los alumnos elegir en qué lengua cursar determinadas asignaturas troncales.
P: ¿Cómo se va a articular exactamente este plan?
R: Lo primero que hay que decir es que es un Plan voluntario de Elección de Lengua de enseñanza, que va dirigido el primer año a Primaria, donde podrán elegir la lengua de Matemáticas y Conocimiento del Medio y, el segundo año, a Secundaria, donde podrán elegir entre Matemáticas, Geografía e Historia y una asignatura del ámbito científico o tecnológico, es decir, Biología, Física y Química o Tecnología, porque en Secundaria, según los años, varía la materia. Y, después, ya el tercer año, se haría una evaluación a través del Instituto de Evaluación y Calidad Educativa, que es un organismo que depende de la Consejería de Educación. Las características del plan son muy claras. Primero, voluntariedad: se van a adherir los centros que quieran adherirse. Segundo, autonomía: se garantizará la autonomía del centro y la autonomía pedagógica. Y tercero, respeto absoluto a la normativa en materia lingüística.
P: Sin embargo, a pesar del entusiasmo con el que ustedes han presentado este plan, parece que no ha convencido a nadie: ni al sector catalanista, que lo considera una amenaza, ni a aquellos que esperaban de ustedes una férrea defensa del castellano y que denuncian que esto se queda corto.
R: Nosotros tenemos un decreto de mínimos que fue aprobado en el año 1997, que establece que se tiene que garantizar un mínimo del 50% en lengua castellana y un mínimo de 50% en lengua catalana. Con este plan piloto, nosotros seguimos el espíritu de este decreto: garantizamos que la lengua vehicular de asignaturas con un peso académico más grande, como las mencionadas, pueda ser tanto el catalán como el castellano y, por otra parte, damos cumplimiento a nuestro Estatuto de Autonomía, a nuestra Ley de normalización lingüística aprobada en el año 1986 y al decreto de mínimos; es decir, que respetamos toda la normativa actual. ¿Que hay una parte de la población o, mejor dicho, del sector educativo, que no está contenta con este plan? Pues yo lo respeto, pero insisto en la voluntariedad. No vamos a obligar a ningún centro.
P: Usted pone el acento en el sector catalanista, pero yo se lo pongo en la otra parte, en aquellas familias que denuncian que ustedes les prometieron una cosa y que, ahora, precisamente por ese carácter voluntario de ese plan, entienden que aquello se desinfla. ¿Por qué se deja esa elección en los centros y no en los padres?
R: Pues mire, porque las casas se tienen que empezar por los cimientos, no por el tejado. Y, en este momento, lo que nosotros vamos a hacer es un plan piloto para ver cómo funciona esto en los centros y cómo se aplica. Es un primer paso, y después se va a evaluar y ya veremos si tiene que implantarse más o qué carencias o dificultades ha tenido. Mire, en educación no todo es blanco o negro, hay muchos matices, y nosotros vamos a buscar esos matices para poder llegar mejor a las familias, al alumnado, a los profesores y a los equipos directivos.
P: Pero lo que temen muchas familias es que, en vista de que la mayoría de los centros son catalanistas, se pase la legislatura y sigan sin tener un centro al que poder llevar a sus hijos si la elección se deja en sus manos…
R: Yo no sé cómo son los centros, ni cómo dejan de ser. En Baleares hay una gran variedad de centros, porque depende mucho de las islas, de si es un centro concertado o es un centro público… Tenemos una gran amalgama con una variedad de proyectos lingüísticos, pero lo que nosotros tenemos claro es que queremos que sea un plan piloto lo más atractivo posible. A partir de ahí, vamos a ver a ver cuántos centros se adhieren y, después, podremos volver a hablar del tema.
P: Cuando dice usted que harán que sea lo más atractivo posible, ¿a qué se refiere? ¿Se va a dar algún incentivo concreto para que los centros se acojan a él?
R: Hombre, evidentemente, si un centro se acoge al plan piloto, pues tendrá que tener los Recursos Humanos para poder aplicarlo.
P: ¿Y se va a garantizar la libre elección de centro educativo que ya funciona en comunidades como Madrid? Porque entiendo que esto es fundamental para que, si un colegio no se acoge a ese plan, la familia que así lo desee pueda cambiarse a otro…
R: La libre elección de centro es una de las premisas básicas de nuestro programa electoral. Nuestro compromiso es llegar a la zona única por municipio. Por islas no podemos porque tendríamos una movilidad muy grande, pero, la ciudad de Palma, por ejemplo, el Gobierno anterior la había dividido en 8 zonas. Nosotros, para el próximo curso escolar, la reduciremos a 2 y en el 2025-2026 la dejaremos en una.
P: A la espera de este plan, varias familias de Calviá que reclaman al menos el 25% de castellano para sus hijos han denunciado que ustedes las han dejado "tiradas" a pesar de las promesas que hicieron en campaña. Pensaron que tras su llegada al Gobierno iban a poder por fin acogerse a ese derecho y siguen sin poder hacerlo.
R: Nosotros no hemos dejado tirado a nadie. En estos momentos, su caso está en menos del Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares y estamos pendientes del fallo de toda una serie de demandas que se pusieron.
P: Pero ya hay jurisprudencia en este sentido y ustedes se comprometieron a ayudar a estas familias…
R: Bueno, hay jurisprudencia con la ley catalana de normalización lingüística, pero no con la ley balear de normalización lingüística. Y, además, hay que tener en cuenta una cosa y es que, cuando se pidieron medidas cautelares, el Tribunal Superior de Justicia de Baleares las rechazó, porque dijo que se garantizaba la enseñanza del castellano según la normativa balear de educación. En este sentido, es verdad que se ha interpuesto un recurso de casación ante el Tribunal Supremo y estamos pendientes de que el Tribunal Supremo decida sobre las cautelares, pero, paralelamente, nosotros no paramos de trabajar y ahí está el plan piloto y el derecho de los padres a elegir la primera enseñanza de educación para su hijos, que es algo que hasta ahora no se había garantizado al 100% y que nosotros sí vamos a garantizar.
P: El problema es que esa medida servirá para las familias que tengan niños de 3 años a los que vayan a escolarizar por primera vez, pero no para el resto de familias a las que ustedes se comprometieron a ayudar.
R: Insisto, en estos momentos, estamos esperando el fallo del Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares y, mientras tanto, hemos pactado un plan piloto voluntaria de elección de lengua vehicular que creemos que es un hito. Pero, evidentemente, también quiero decir una cosa: nuestras islas, nuestra economía, nuestro sector turístico y nuestra temporalidad hace que nosotros tengamos idiosincrasias muy diferentes en todos los centros educativos. Por tanto, todo eso también se ha de tener en cuenta. Vamos a ver qué pasa con el plan piloto, vamos a comparar resultados y, después, volveremos a poner las cartas sobre la mesa y seguiremos avanzando.
P: ¿Está siendo más difícil de lo que creía lidiar con todo este asunto?
R: Lo que está claro es que en materia de Educación tenemos muchos problemas muy grandes y, en Baleares, acrecentados por muchos más factores externos. Tenemos un problema de movilidad de profesorado, tenemos un plan de estabilización impuesto por el Gobierno central que nos ha causado grandes problemas y del que el Gobierno anterior hizo seguidismo, tenemos una Lomloe que está quitando autonomía a los centros, que está causando muchos problemas al profesorado, que tiene que estar todo el tiempo haciendo situaciones de aprendizaje en lugar de dedicado a la preparación de sus clases, y nos encontramos ante unos currículums educativos que fueron un copiar y pegar de los reales decretos estatales y que no mitigaron para nada los efectos nocivos de la Lomloe. Si a todos estos problemas nosotros le unimos el tema lingüístico, pues evidentemente tenemos una gran amalgama, pero lo que tenemos muy claro es que vamos a ir cumpliendo nuestro programa electoral.
P: Y, en este sentido, ¿cómo les puede afectar la crisis abierta en Vox?
R: Bueno, nosotros de las crisis de otros partidos no hablamos, pero nosotros tenemos un pacto de gobernabilidad, lo estamos cumpliendo y creo que en esto no va a afectar para nada.
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Ignacio Garriga: «Feijóo ha mentido abiertamente a los españoles sobre la amnistía y los indultos»
VICENTE GIL. okdiario. 13 Febrero 2024
«Feijóo ha mentido abiertamente a los españoles sobre la amnistía y los indultos». Lo afirma en una entrevista a HOY RESPONDE, de OKDIARIO, el vicepresidente y secretario general de Vox, Ignacio Garriga. A Garriga no le convencen las explicaciones públicas, nuevamente ayer, del presidente del PP, que afirmó: «Yo no soy Pedro Sánchez. No acepto ni aceptaré ni la amnistía ni los indultos». Vox cree que el off the record con un grupo de periodistas expresa la realidad de lo ocurrido y de los contactos con Junts desvelados este verano por OKDIARIO. Para Garriga, «el PP siempre claudica frente al separatismo para llegar al poder. Juega en el mismo marco que el PSOE». Por eso, de cara al 18F en Galicia, Ignacio Garriga asegura que el «voto útil para evitar que gobierne el BNG es el voto a Vox».
En la entrevista, el todopoderoso dirigente y mano derecha de Santiago Abascal pide la dimisión de Marlaska y dice que a los narcos del Campo de Gibraltar «hay que mandarlos al fondo del mar» interviniendo si es necesario el Ejército. Ignacio Garriga expresa, también, su apoyo a los agricultores: «Están hartos de las políticas que les han impuesto el PP, el PSOE y las élites de Bruselas. Sólo Vox lleva muchísimos años denunciando la competencia desleal, la burocratización, el Pacto Verde Europeo y la Agenda 2030, que es la condena de la gente del campo».
Ignacio Garriga aboga por «limpiar» RTVE de personas «con el carné de Ferraz o Génova» y pide «perdón» a sus votantes por lo ocurrido en Baleares: «No es tiempo de disputas internas, peleas, filias y fobias, sino de trabajar sin descanso». El vicepresidente y secretario general de Vox coloca a Jorge Buxadé en la pole position de la lista a las elecciones europeas de junio: «Su hoja de servicios es excepcional».
Garriga asegura que, pese a las «mentiras» de Feijóo y de «estar más preocupado en marcar distancias con Vox que en hacer, junto a Vox, oposición al PSOE», los pactos con el PP no peligran: «El PP en esas regiones ha mostrado voluntad de entendimiento para conformar esa alternativa que sea el dique de contención a Pedro Sánchez».
PREGUNTA.- Dice Miguel Tellado que ni ha habido ni hay contactos con Junts. ¿Le cree?
RESPUESTA.- Absolutamente no. El PP, una vez más, es capaz de decir una cosa y la contraria. En un momento tan grave para España, con un Gobierno dispuesto a volar el Estado de Derecho, romper la separación de poderes y quebrar la igualdad de los españoles, cuando la oposición debería ser frontal y total al peor Gobierno de nuestra historia reciente, vemos un PP jugando en el mismo marco que el PSOE. Dispuesto, aunque digan que no, a conceder los indultos y reconociendo que consideró la amnistía. Tenemos constancia de esas conversaciones [con Junts]. Las reconoció el portavoz del PP en el Ayuntamiento de Barcelona. Como ha dicho nuestro presidente nacional, es una gigantesca mentira y una farsa para los españoles. Y un insulto a todos esos españoles que viven en Cataluña, que vivieron momentos tan dramáticos y que tienen que ver ahora cómo Feijóo habla de reconciliación. ¿Reconciliación? Hubo agresores y víctimas. Lo que necesita Cataluña es justicia para los padres que quieren escolarizar a sus hijos en español, para quienes ven cómo la inmigración ilegal les ha robado sus barrios, cómo el separatismo ha montado una red clientelar gracias a las sucesivas cesiones de los Gobiernos del PP y PSOE, creando un oasis de falta de libertad y de totalitarismo. Son de extrema gravedad las declaraciones de Feijóo y luego la gran escenificación de la mentira. Lo han de reconocer. Que digan claramente que están dispuestos a seguir haciendo lo que ha hecho siempre el PP, que es a claudicar ante el separatismo con tal de llegar al poder. Frente a eso estará siempre Vox, que hará una oposición frontal y total ante el separatismo.
P.- ¿Ve a Feijóo amnistiando o indultando a Puigdemont?
R.- Lo ha dicho él. Él dice que lo consideró 24 horas y que si se dieran los supuestos plantearía el indulto. Es lo suficientemente grave como para que el PP haya perdido todo el crédito y retirarle el título de líder de la oposición. No tienen ningún crédito para ir a cualquier elección diciendo que son la alternativa al separatismo o al sanchismo. Han pactado con ellos las comisiones del Congreso, la reforma constitucional o se han abierto a renovar el CGPJ con la gran humillación que supone sentarse con un mediador.
P.- Dice Ayuso: «Yo no voy con Junts ni a la esquina». ¿A quién creer?
R.- El PP nos tiene acostumbrados. Dice una cosa en Madrid, otra en Cataluña, otra en Andalucía… Ahora se arrogan la defensa del mundo rural cuando son los mismos que han pactado todo de la mano del PSOE y los Verdes en Europa para imponer el Pacto Verde Europeo y la Agenda 2030 y promover esas políticas woke. El PP, si ya no tenía crédito, ahora lo tiene bajo mínimos.
P.- ¿Traiciona Feijóo a sus votantes y a las personas que van a las manifestaciones?
R.- Sí. Es otra incoherencia. El domingo convoca a los españoles y luego pacta con el PSOE. ¿A qué estamos jugando? Están mintiendo a los españoles. Feijóo ha mentido y miente abiertamente a los españoles. Pero hay que decir que no hay que perder la esperanza porque hay una alternativa que ha demostrado que cumple lo que dice en campaña y que lo está ejecutando en los gobiernos. Sólo hace falta ver las medidas que hemos impulsado en Castilla y León, Aragón, Extremadura o Valencia, donde hemos logrado hitos históricos en la batalla lingüística, en la reducción de gasto político superfluo, en la reducción de subvenciones. Hemos demostrado que es posible cambiar las cosas y poner en el centro del debate político las verdaderas preocupaciones de los españoles.
P.- Usted dice que Feijóo miente sobre la amnistía. ¿Peligran los pactos en las autonomías y ayuntamientos?
R.- Hay una clara diferencia entre la estrategia de Feijóo y Génova con la relación que tenemos con los líderes regionales del PP. Quiero poner en valor los pactos donde hemos logrado unos presupuestos con los que Vox condiciona esos gobiernos donde hemos bajado impuestos, reducido el gasto político, reforzado al mundo rural… El PP en esas regiones ha mostrado voluntad de entendimiento para conformar esa alternativa que sea dique de contención a Pedro Sánchez. Desde Génova, Feijóo está más preocupado en marcar distancias con Vox que en hacer, junto a Vox, oposición al PSOE. Nuestro deber es denunciar a quienes no hacen todo lo posible para tumbar y son la muleta del peor Gobierno de nuestra historia reciente. Vox hará todo lo posible desde las instituciones, los juzgados o la calle para plantar cara a este Gobierno y sus cómplices y conformar esa alternativa para reconstruir todo lo que el PSOE con los separatistas y los herederos del terror están destrozando. Es posible reconstruir todo esto y Vox va a estar, en primer tiempo de saludo, de la mano de los españoles para hacerlo posible.
España no se merece esto
José María Múgica. vozpopuli. 13 Febrero 2024
Todos sabíamos desde hace meses que la ley de amnistía se convertiría en un desastre, aunque también es probable que no fuéramos capaces de calibrar entonces la magnitud del problema, hoy ya fuera de ninguna coordenada razonable, que se va agravando y a todos nos arrastra.
Una ley inconstitucional, como se hartó de repetir mil veces el gobierno del Sr. Sánchez hasta las elecciones generales del 23 de julio, no puede convertirse en una ley constitucional al día siguiente producto de la necesidad de los siete votos del partido del prófugo Sr. Puigdemont. Una ley producto de un gigantesco fraude electoral: lo que era negro hasta el 23 de julio no puede convertirse en blanco al día siguiente por mor del resultado electoral. Pero además, también sabíamos que era una ley a la pura conveniencia del Sr. Sánchez, basada única y exclusivamente en esos siete votos que necesitaba para ser investido presidente del gobierno. Sabíamos también que era una ley profundamente divisiva, de confrontación, de creación de un muro que escindiera a los españoles. Como sabíamos que durante la tramitación de esa ley las instituciones se verían profundamente golpeadas –y con ellas nuestro estado de derecho–, como estamos viendo a cada momento. Y también, sabíamos que era una ley profundamente injusta, que buscaba la impunidad de los delincuentes, redactada por el propio delincuente que buscaban con su voto autoamnistiarse, que quebraba la igualdad entre los españoles y que atentaba directamente contra el principio fundamental en democracia de separación de poderes.
Todo eso lo sabíamos al menos el 70% de los españoles que, según las encuestas de hace un mes, arrojaban ese resultado de los contrarios a la ley de amnistía. Es muy dudoso que hoy ese porcentaje no se haya incrementado. El pasado día 30 de enero, el partido del prófugo Puigdemont provocó el rechazo a la proposición de ley, pues, a su juicio no se producía una situación de impunidad plena por los sucesos vinculados al golpe del 1 de octubre de 2017.
Si ya en la proposición de ley figuraba como amnistiable el delito de malversación, causa seguida por la Sala 2ª del Tribunal Supremo contra Puigdemont, a dónde se pretende ir con eso cuando el día 31 de enero pasado el Parlamento Europeo aprobó, en su Comisión de Justicia, introducir en la nueva directiva anticorrupción la prohibición de que se concedan amnistías que versen sobre delitos de malversación. Y más todavía, lo probable es que en un breve período de tiempo se apruebe esa directiva anticorrupción que contendrá esa prohibición de amnistiar delitos de malversación. ¿Qué sentido tiene que España tome la dirección contraria a la de la Unión Europea?
Después, surgió el asunto del terrorismo, en virtud de la instrucción llevada a cabo por el juez García Castellón, en la Audiencia Nacional, que elevó a la Sala 2ª del Tribunal Supremo. Cierto que se introdujo en la proposición de ley fracasada el absurdo de amnistiar el terrorismo excepto cuando “de forma manifiesta y con intención directa hayan causado violaciones graves de derechos humanos”, como si el terrorismo, por definición, no supusiera siempre la violación grave de derechos humanos.
Pero lo insólito es la cantidad de catedráticos de derechos penal que han brotado como champiñones en España en los últimos días, opinando que aquellos hechos no fueron terrorismo, con el presidente Sánchez a la cabeza de esos catedráticos, cual si se tratara de un Jiménez de Asúa –extraordinario penalista español del siglo XX– redivivo. Bastante destrozo se ha producido ya en la fiscalía, con un fiscal general del Estado directamente calcinado, para que el gobierno y sus socios cesen de una vez en su acoso a los jueces y magistrados. Y dejen que sea la Sala 2ª del Tribunal Supremo quien resuelva sobre esa cuestión, en la cual es el único órgano competente.
Y como si tuviéramos poco, el Parlamento Europeo votó una resolución el pasado jueves, por abrumadora mayoría, de una beligerancia desconocida hasta ahora, contra la intervención de Rusia en la manipulación y en el propósito de dividir el entorno democrático de los países de la Unión Europea. Se cita expresamente en esa directiva a Carlos Puigdemont y la intervención de la denominada trama rusa en los hechos alrededor del golpe de estado de 1 de octubre de 2017 en Cataluña. Como se cita también específicamente a partidos de extrema derecha en países de Europa –así, Alternativa por Alemania, el Frente Nacional de Marine Le Pen o la Liga Norte de Salvini– implicados en esos manejos rusos. Se ratifica la voluntad de mostrar una tolerancia cero hacia las prácticas rusas en Europa, y se insta a la investigación judicial de todos los hechos conectados con la trama rusa. Lo peor es que todos lo sabíamos desde hace años, se ha publicado mucho en esta materia. Como desde luego lo sabía el Sr. Sánchez. Y así ahora, el problema excede a la propia ley de amnistía, y se coloca en un estadio indiscutiblemente europeo. ¿Cómo es posible que el Gobierno español tenga por aliado a un apestado político en toda Europa, que mancha cuanto toca? No, Europa, tampoco España, no se merece esta situación en la cual somos perdedores todos. No puede ser que el Gobierno español aparezca en Europa como cómplice político del autócrata ruso Putin. No se trata únicamente de que el Sr. Puigdemont sea un prófugo supremacista con abiertas conexiones con la extrema derecha en Bélgica. Es que un gobierno no se puede permitir relación alguna con ese individuo so pena de aparecer implicado a los ojos de Europa en una trama rusa que recorre media extrema derecha europea y prosigue en el golpe del 1 de octubre de 2017 en Cataluña. Salvo que ese gobierno acabe reivindicando el “orgullosamente solos” que proclamaba el dictador portugués Oliveira Salazar para justificar su aislamiento internacional.
¿Recuerdan cuando hace un mes el ministro Bolaños, desafiando a todas luces lo que estaba ocurriendo, manifestaba que la Comisión Europea expresaba “cero preocupación” por la proposición de ley de amnistía? Lo que era incierto entonces hoy se ha convertido en un temporal inasumible para el gobierno. Al punto que la Comisión de Venecia también ha venido a España para preguntarse por esa proposición de ley.
En esta discusión sobre la ley de amnistía, una regla de oro resulta infalible: para el gobierno cada día es peor que el anterior. No sabemos cómo acabará la proposición de ley, si Junts la volverá a tumbar bajo la consideración de que el PSOE incumple lo prometido en Bruselas, y no garantiza la plena impunidad por todos los delitos cometidos. No sabemos si, al paso que van las cosas, el prófugo Puigdemont pedirá asilo en Moscú. Pero lo que sí sabemos es que esa proposición de ley es un disparate convertido a estas alturas en una absoluta locura.
Sería bueno que el Sr. Sánchez recordara aquellas manifestaciones de Felipe González, hace ya tantos años, cuando ya al término de su mandato, decía: “Un presidente del gobierno se ha de preguntar siempre si forma parte del problema o de la solución”.
Lo cierto es que nos encontramos con un Gobierno formado no hace ni tres meses, desbordado en cualquier campo de actuación que se contemple. Véase el horrible asesinato de dos guardias civiles en Barbate, radicalmente abandonados en medios y desprovistos de recursos en la lucha contra el narcotráfico. Véanse las tractoradas que recorren España, en expresión de un mundo agrario en problemas acuciantes. Y todo sucede así, sin ninguna reforma que se aborda y con la sensación de que hay un gobierno, sí, pero no gobierna. Sí, un mínimo de sentido común daría respuesta a esa pregunta que se hacía Felipe González. Y, como primera medida, retiraría de la Comisión de Justicia la proposición de ley de amnistía.
El error fue sentarse con Junts
CAYETANO GONZÁLEZ. libertad digital. 13 Febrero 2024
Está claro que al PP últimamente se le atragantan las campañas electorales, y más concretamente, la última semana de las mismas. A siete días de votar en Galicia, una filtración realizada por la propia cúpula del PP —se dice que fue una comida celebrada el pasado viernes por Feijóo con un grupo de periodistas— sobre la hipotética postura a favor de un indulto a Puigdemont si se cumplieran unas determinadas condiciones, junto al reconocimiento de que se mantuvieron unos contactos con Junts el pasado mes de agosto tras los que se rechazó la petición de los de Puigdemont de que el PP apoyara la amnistía, ha dinamitado la campaña gallega, abriendo una polémica bien aprovechada por Sánchez y su coro mediático sincronizado.
Tal es el follón que se ha montado tras la publicación del contenido de esa comida, que ha tenido que ser el propio Feijóo el que en una declaración realizada este domingo en Ferrol, ha vuelto a fijar de forma pública la posición de su partido. Y lo ha hecho de una forma clara y contundente: no a la amnistía, no a los indultos y que los procesos judiciales sigan su camino, después de haberse filtrado también que el PP, al igual que Sánchez, consideraba que iba a ser muy difícil imputar a Puigdemont por delitos de terrorismo.
La prueba mas evidente de que el PP no cedió ante Junts, es que Feijóo no es presidente del Gobierno. Por eso se entiende mal que ahora se enrede en un encuentro con periodistas en unos posibles posicionamientos relacionados con los indultos, con la amnistía, con Puigdemont, que él mismo ha tenido que salir a aclarar y puntualizar.
Una de las hipótesis que pudieran explicar estas filtraciones del PP era adelantarse a la amenaza de Puigdemont, de que fuera él quien explicara el contenido de esos contactos mantenidos con los populares el pasado verano. Sin descartar que el prófugo tenga esa intención, que la llevará a cabo cuando más le convenga, el error de bulto del PP y por tanto de Feijóo fue precisamente reunirse con Junts el pasado verano, cosa que nunca debería haber hecho. Como ha dicho este lunes Isabel Diaz Ayuso: "Yo con Junts no voy ni a la vuelta de la esquina".
Tras los resultados de las elecciones generales del 23-J, donde conviene recordar que el PP ganó, pero no sumó lo suficiente con VOX para formar gobierno, los nervios se apoderaron de la calle Génova. Aparte de los contactos con el PNV —el partido que apoyó la moción de Sánchez contra Rajoy y que dejó muy claro desde el primer momento que nunca apoyarían la investidura de Feijóo, si en la ecuación estaba VOX—, los dirigentes populares decidieron sondear las condiciones que pondría Junts para apoyar una hipotética investidura de Feijóo.
Solamente plantearse negociar con un partido que intentó dar un golpe de Estado en 2017, que tiene como líder a quien encabezó ese golpe, prófugo de la justicia, que ha dejado claro que lo volvería a repetir y que lo que persigue es la independencia de Cataluña, constituye un grave error, no sólo de estrategia, sino de coherencia con los principios que han guiado en este terreno al PP.
Ya dio alguna pista sobre esa estrategia equivocada, aquellas desafortunadas declaraciones del vicesecretario de Relaciones Institucionales del PP, Esteban González Pons, sobre lo que pensaba sobre el partido de Puigdemont: "Junts es un grupo parlamentario que al igual que ERC, más allá de las acciones que cuatro personas, cinco o diez, las que fueran llevaron a cabo, representa a un partido cuya tradición y legalidad no está en duda", dijo el pasado mes de agosto el dirigente popular, queriendo subrayar que Junts era una continuación de la antigua Convergencia. Craso error.
En estos cuatro días que quedan de campaña, estas declaraciones de intenciones del PP —aclaradas después por el propio Feijóo— van a estar en el centro del debate, bien jaleadas por los partidos del Gobierno, por sus socios y por sus medios afines, que son muchos. Ha sido una munición que de forma torpe y gratuita los populares han regalado a Sánchez, después de una semana, en la que el Presidente del Gobierno había recibido numerosos reveses: la declaración del Parlamento Europeo para que se investigase las conexiones del independentismo catalán con el régimen de Putin; la votación por goleada (12 a 3) de los fiscales de Sala del Tribunal Supremo considerando terrorismo, y dando por tanto la razón al juez Manuel García-Castellón, los hechos acaecidos en Cataluña tras la sentencia del procés; las manifestaciones de los agricultores por toda España; la desgraciada muerte de dos guardias civiles en Barbate causada por las narcolanchas de unos narcotraficantes, dejando en evidencia la falta de medios de la Guardia Civil para combatir estos delitos, algo de lo que es responsable el Ministro de Interior.
El domingo, reitero, hay unas elecciones muy importantes en Galicia. El PSOE quiere a toda costa —aupando al BNG a la Presidencia de la Xunta— echar al PP del gobierno autonómico, para avanzar en el proyecto de Sánchez, de consolidar un frente popular en diversas regiones de España (Cataluña, País Vasco y Galicia). El PP se juega, no sólo seguir gobernando en una Comunidad Autónoma donde lo ha venido haciendo los últimos dieciséis años, sino la consolidación o no del liderazgo de Feijóo. Errores como el cometido en las últimas horas, quizás no tengan una influencia muy grande en el resultado del domingo, pero si desconciertan, y mucho, a los militantes y votantes del PP en toda España, que han sido convocados en los últimos meses en diversas ocasiones a manifestarse en la calle contra la amnistía y los indultos.
Las 24 horas de Feijóo
Gorka Maneiro. vozpopuli. 13 Febrero 2024
Al parecer, el pasado viernes, en una conversación informal con periodistas, Alberto Núñez Feijóo les confesó que, tras las elecciones generales del 23 de julio y durante las conversaciones que mantuvo con Junts durante el mes de agosto, el PP llegó a estudiar la posibilidad de concederles la amnistía. Según ha señalado Feijóo después, el PP descartó tal posibilidad en menos de 24 horas, al concluir tras estudiarla que la medida sería inconstitucional. Además, y en relación con la posibilidad de indultar a Puigdemont, el líder del PP dijo a los periodistas que no se daban las circunstancias, y que la medida de gracia nunca la concedería antes de que el prófugo de la Justicia española fuera juzgado y condenado, se arrepintiera, descartara la vía unilateral para la independencia y aceptara el Estado de Derecho. O sea, nunca antes de que Puigdemont dejara de ser Puigdemont y se convirtiera en una persona distinta. Y siempre, claro está, que Feijóo fuera presidente del Gobierno de España, para lo cual necesitaba los votos de Puigdemont (para lo que se reunió con Junts)… y los de Vox. Qué manera de complicarse la vida, ¿no?
No sé quién aconsejó a Feijóo que mantuviera esa conversación informal con los periodistas para decirles las cosas que les dijo, justo en el momento en que Europa tiene acorralado a Sánchez por la amnistía y a siete días de las elecciones gallegas. O si se le ocurrió a él solo o si existe alguna causa mayor de la que no sepamos todavía gran cosa. En todo caso, lo que sus declaraciones evidencian es un error originario en el hecho de reunirse con Junts para intentar alcanzar la Moncloa, por no descartar cualquier amnistía y por no descartar cualquier indulto del tipo que sea desde el inicio y por principios. Y no a las 24 horas sino al segundo. Por eso sus declaraciones a los periodistas y en parte las del fin de semana son desasosegantes para millones de ciudadanos españoles que habrán pensado: "Ni del PP nos podemos fiar en cuestiones territoriales". Cosa que igual muchos ya la pensaban antes, vistos los antecedentes. Y, claro, suponen un balón de oxígeno para Pedro Sánchez y el PSOE. Otro más de los que habitualmente reciben los socialistas de sus oponentes cuando están contra las cuerdas.
En todo caso, ahora sabemos algunas cosas más que antes intuíamos y otras más que no queríamos ni sospechar. La información confirma que el PP sí mantuvo conversaciones con Junts después de las elecciones generales y que estas reuniones se celebraron para comprobar si era posible la investidura de Feijóo con los votos de quienes protagonizaron un golpe a la Constitución Española para alcanzar la independencia ilegal de Cataluña. Y sabemos que Feijóo descartó la amnistía en menos de 24 horas y que la rechazó al concluir que es inconstitucional. Al parecer, no se le ocurrió pensar que la amnistía es principalmente y sobre todo improcedente, inmerecida e injusta incluso antes que inconstitucional, porque rompe la igualdad ante la ley, concede privilegios a una casta política a cambio de unos votos y hace saltar por los aires la separación de poderes; lo cual puede y debe saberse en cuanto alguien te la solicita o incluso sin que nadie te la solicite y sobre todo cuando te la solicita un delincuente a cambio de investirte. Quizás Feijóo carezca de asesores, estos tengan demasiado trabajo, sean muy torpes o estén a otras cosas. O quizás todo sea responsabilidad de Feijóo, que no se deja asesorar. O quizás, como decía más arriba, haya cosas detrás que todavía no sabemos.
Estas confesiones de Feijóo ante los periodistas se producen apenas unas horas después de que Puigdemont lanzara una amenaza velada al PP tras comprobar lo difícil que tiene ser finalmente amnistiado al estar siendo investigado por terrorismo: "Todo se sabrá", dijo el expresident. Y de ahí la hipótesis de que Feijóo teme que Puigdemont termine contando qué le ofreció el PP para lograr su investidura, y, ante esta posibilidad, ha preferido llevar a cabo una deflagración más o menos controlada y anticipada del escándalo, como modo de amortiguarlo y limitar daños. Y esta es, por tanto, la otra posibilidad que existe, quizás la más creíble.
El PSOE y Vox, que no son tontos, han aprovechado la polémica para desgastar a su principal adversario: según Vox, la postura del PP supone "una gran estafa política"; según Zapatero, la información evidencia "la hipocresía del PP", y "las cosas que se han conocido suponen el fin de una infamia protagonizada por la derecha y el PP de Feijóo". Según Sánchez, el PP habría aprobado una amnistía si no dependiera de Vox. No es que el PSOE pueda dar ninguna lección, pero ante el gobierno infame que padecemos es preferible que la oposición tenga cierto nivel y no cometa semejantes errores.
El PP de Feijóo parece dubitativo y con demasiadas pocas ideas claras. Y en parte por culpa de Vox, que lo condiciona. La existencia de su escisión por su derecha lo priva al PP de alcanzar una mayoría suficiente que le permita gobernar
La polémica ha estallado a siete días de las elecciones autonómicas gallegas, donde el PP se juega su quinta mayoría absoluta consecutiva. Según algunas encuestas, podría perderla, y el PSOE gobernaría con el BNG, partido independentista al que, al parecer, estaría dispuesto a votar nada menos que uno de cada tres gallegos que voten. A esto se ha llegado incluso en Galicia. Aquí podría cumplirse una máxima en política: habiendo dejado de ser el PSOE un partido de Estado y habiendo asumido parte de las ideas nacionalistas, el electorado termina votando al original antes que a la copia.
Más allá de las elecciones autonómicas gallegas, el PP de Feijóo parece dubitativo y con demasiadas pocas ideas claras. Y en parte por culpa de Vox, que lo condiciona. La existencia de su escisión a su derecha lo priva al PP de alcanzar una mayoría suficiente que le permita gobernar, objetivo último de cualquier partido: por un lado, la existencia de Vox divide a la derecha y le resta votos al PP; por otro lado, sus pactos con los de Abascal echan para atrás a muchos que votarían al PP pero que prefieren no hacerlo y seguir en la abstención ante esa posibilidad. Y el PP, atado de pies y manos y huérfano del apoyo de aquellos en quienes históricamente se ha apoyado (CiU y PNV, fundamentalmente), se muestra nervioso y tendente a ceder ante ellos como se cedió en el pasado. Y no debería. Porque en política hay que tener paciencia y mantener siempre los principios que uno se supone tiene aunque otros no los tengan.
Feijóo, en propia puerta
Félix Madero. vozpopuli. 13 Febrero 2024
Como la cosa va de periodistas, me tomaré la libertad de recordar lo que tiene escrito Larra sobre los beneficios que trae saber guardar silencio, algo que Alberto Núñez Feijóo sin duda ignoraba el viernes pasado, el día en que metió la pata para gloria y regocijo de sus adversarios, sean políticos, sean mediáticos: "que el gran talento no consiste precisamente en saber lo que se ha de decir, sino en saber lo que se ha de callar" Claro, que pudiera suceder, que Feijóo se viera obligado al sacrificio a una semana de las gallegas en las que, según algunas de encuestas, pocas e interesadas, la mayoría absoluta estaría en el aire. Quizás no pudiera callar porque tenía algo que parar. O aclarar. "Todo se sabrá", ha escrito Puigdemont a los eurodiputados que, alarmados, le demandan explicaciones. Todo se sabrá y mientras tanto, el PP se tambalea y desfigura.
Los 'off the record' los carga el diablo
La verdad, siempre en los aledaños de lo cierto y, por lo tanto, cerca de lo posible, habría obligado de manera inopinada al líder del PP a hablar sobre la amnistía o un posible indulto al prófugo de Waterloo. Obligado por lo que antes del domingo Puigdemont pueda decir sobre las negociaciones que su partido mantuvo con el PP para hacer presidente a Feijóo. En política no se cumple la regla de que la mejor defensa es un buen ataque porque, tal y como están las cosas y demuestra a diario Puigdemont, para ganar no hace falta atacar, y menos cuando es el mismísimo Gobierno el que te defiende y te quiere salvar. Ahora resulta que en es ese trabajo los de Sánchez no estaban solos.
Lo que pase el 18F nadie lo sabe, pero si el PP no logra esa mayoría, el liderazgo de Feijóo quedará en entredicho. Ese liderazgo que, sottovoce y también en off the record, empieza a cuestionarse, es lo peor que le podría suceder a un dirigente que aún no ha digerido bien el resultado de las generales, que está es para quién escribe la razón última de tanto disparate.
Cierto, digerir una victoria electoral y que esa victoria te lleve directo a la oposición es algo que, en lo relativo al Gobierno de España, sucede desde que está Pedro Sánchez y el Psoe renunció a sacar en solitario un proyecto único y mayoritario para España. Que en una de las semanas más complicadas para Sánchez, por las dudas que provocan en Europa sus pactos con Puigdemont, Feijóo salga a la palestra para despistar a su parroquia, da idea del lío descomunal que se vive en la calle Génova. ¿Faltaba algo más a modo de guinda en la tarta de Santiago? Faltaba el CIS de Tezanos anunciando urbi et orbi que el vuelco es posible.
Dicen que Feijóo se explicó mal. No me lo creo. Que los periodistas interpretaron erróneamente sus palabras. Me lo creo menos aún. Que habló pensando que esas “fuentes principales del PP” no serían desveladas. Una ingenuidad impropia de quien quiere ser presidente. Qué necesidad tenía Feijóo de meterse en un jardín minado del que sabía que saldría malherido y, a la espera de lo que pase el domingo, tocado y quien sabe si hundido.
¿Qué puede contar Puigdemont?
El desliz, el charco y el titubeo, la bomba de racimo, que así lo llama la prensa amiga, no tiene otra explicación que marcar y matizar un territorio que Puigdemont está dispuesto a desvelar y puede dejar en mal lugar al PP. El disparate se hace aún mayor cuando el mismo Feijóo está planteando una posibilidad que no tiene visos de cumplirse, que sea él el que pudiera impulsar el indulto o plantear una amnistía. El jefe de la oposición no está para esas cosas. Y sólo cuando ese jefe de la oposición se convierta en presidente podría suceder. Cuando toque, si es que toca, será tarde. Ad calendas graecas.
El incompresible desliz lo ha aprovechado el Psoe, que ha sacado al inquietante Rodríguez Zapatero a escena vestido de zascandil, para hacer reír a las pobres almas que todavía van a los mítines a echar un rato. Feijóo ha intentado aclarar sus palabras para asegurar que él dijo y sigue diciendo que no al indulto y no a la amnistía. Que un dirigente tan veterano tenga que matizar lo que ha dicho nos da una idea del despiste que le asiste. Ha rectificado, desde luego, pero tarde y, en todo caso, ese lunes El País y La Vanguardia, quiénes si no, ignoraban esas matizaciones.
Aliento al bloque de izquierdas
El error ha dado argumentos al bloque de izquierdas, pero también a la extrema derecha, que hasta ayer por lo menos, tenía en el aire conseguir un solo escaño. Vox, que siempre aparece para tranquilidad y gloria del presidente del Gobierno, califica la equivocación Feijóo "de gigantesca estafa política", y Sánchez, que aprovecha los disparates ajenos con arte y acierto, se toma la libertad de asegurar que si no fuera porque Feijóo está pillado por Vox habría apoyado la amnistía. Lo normal. Sucede lo normal. Incluso en este relato el CIS es también normal.
Los de Abascal creen que cuanto más se equivoque el PP mejor para ellos. Extraña ilusión esta de un partido que lucha por conseguir un asiento, uno, oigan, en el pazo del Hórreo, sede del Parlamento gallego. Esperemos al domingo para confirmar lo que Vox consigue; para ratificar también lo que probablemente evitará, que el PP consiga la mayoría suficiente, para alborozo y regocijo del bloque de izquierdas. El error Feijóo da alas a la izquierda y ánimo a la extrema derecha. ¡Bingo Alberto!
El domingo a las ocho sabremos quién gobernará en Galicia. Un destacado miembro del PP decía la semana pasada que no creía que el resultado, por desfavorable, dejara a su presidente desfigurado y con un pie en el estribo. No creo que hoy pudiera mantener semejante opinión. Si el PP pierde Galicia y Puigdemont cuenta su interesada verdad sobre lo que hablaron, Feijóo tiene un problema. Lo tendrá incluso siendo mentira lo que el prófugo vaya a decir. Y el PP, ese partido saturnal e incompleto, también. ¡Dios, qué aburrimiento!
La extrema derecha
Nota del Editor. 13 Febrero 2024
Si creen
que por marcarnos como extrema derecha vamos a desfallecer en la
defensa de España, de exigir el cumplimiento de la c.e., de la ley y
de aplicar el sentido común, está claro que les fallan
numerosísimas conexiones neuronales
El PP inclina el tablero
Luis Herrero Goldaraz. libertad digital. 13 Febrero 2024
De los grandes maestros del ajedrez, de los grandes genios, todo el mundo admira esa capacidad incomprensible que tienen de contener en la cabeza no únicamente la disposición diabólica del tablero que tienen delante de los ojos, sino la de la inmensa mayoría que podrían llegar a tener en función de las piezas que decidan mover tanto ellos mismos como sus oponentes. Se trata de una prueba apabullante de superioridad mental que además se ve magnificada por una particularidad formidable: no se ve. A mí las partidas que más me entusiasman son aquellas que no entiendo. Esas en las que de pronto, con todas las piezas aún por comer, ambos contendientes se dan la mano y zanjan el asunto como si hubiesen tenido acceso a un futuro excepcionalmente sangriento que el resto de mortales, estúpidos, no mereciésemos conocer.
Menos gente admira otra capacidad igual de incomprensible y que sólo poseemos unos pocos iluminados. Me refiero a la capacidad de pensar una partida durante siglos; de pensarla fuertemente, con todo nuestro cerebro, como si nuestra vida dependiese de ella; de sopesar las distintas posibilidades; de analizar estrategias; de estudiar partidas históricas de Kaspárov; todo para mover una pieza poniendo cara de inteligencia y perder acto seguido un alfil, una torre, la reina y si me apuras, probablemente, hasta el título escolar. No es sencillo comprometer la seguridad de tantas piezas clave en una sola acción. Pero menos sencillo me parece explicarla luego y que no se entienda qué era aquello que pretendíamos ejecutar.
En el panorama político español, ese tablero inclinado que denunciamos algunos, de vez en cuando se dan ejemplos primorosamente lamentables. Hoy, por ejemplo, sabemos que existe un líder de la Oposición —la misma que criticó los indultos a ERC y que lleva meses cargando contra el intercambio de impunidad por investidura que Pedro Sánchez firmó con Junts— capaz de deslizar en una conversación con periodistas que la condición necesaria que le pondría a un indulto a Puigdemont debería estar condicionada a su arrepentimiento y al abandono de la vía unilateral. Faltaría más. "Miradme", parece estar diciéndonos, "soy un poco menos malo que el PSOE".
Una jugada así de histórica se hace difícil de analizar. Veamos: con un simple movimiento de la mano, Feijóo ha conseguido dibujarse como un aspirante a presidente lo suficientemente ingenuo como para soltar algo así delante de periodistas hambrientos; lo ha hecho, además, mientras las encuestas gallegas están dando alas al BNG; y ha querido matizarlo explicando que es un supuesto irrealizable porque los requisitos expuestos Puigdemont jamás los cumplirá, lo que hace todavía más incomprensible que haya dicho nada en primer lugar. Algunos, necesitados de encontrarle un sentido al sindiós, se han lanzado a hablar de "voladura controlada" desde Génova, que en este caso se me antoja como sacrificar a la dama para salvar un peón. Pero quién sabrá. Lo que desde luego ha conseguido es que todos veamos cristalino que su estrategia última pasa por admitir que es posible ser un malversador sedicioso e irse de rositas, siempre que el PP necesite tus votos para gobernar. No diré yo que una estrategia tan tramposa y deleznable sea poco efectiva, necesariamente. Ahí está Sánchez, al fin y al cabo, para demostrar lo contrario. Lo que sí que digo es que alguien que interpreta así de pintorescamente la disposición de sus piezas en el tablero electoral no merece ganar. Y menos mal.
El secuestro del cine español
Hughes. gaceta. 13 Febrero 2024
La Gala de los Goya y el entero cine español ya no puede ser visto como algo distinto a lo demás. Al contrario, reproduce en escala mecanismos observables en toda la vida española.
Antes de nada, algunas cosas sobre la gala. No vi yo (el yo es para no ser categórico) referencias a cuestiones candentes de la vida española: la muerte de los guardias civiles o la protesta de los agricultores. Una sola referencia a ello, del ganador de un Goya menor y en catalán: «Viva la pagesia!».
En la gala no solo hubo las habituales referencias o causas de la izquierda actoral (ejemplo, Palestina), más o menos libres, sino una protesta oficial de la academia: el «Se acabó», vinculado al feminismo y los abusos machistas en todas sus formas e intensidades. Planeaba, sin decirse, la cuestión de las denuncias periodísticas al cineasta Carlos Vermut, que de repente parecían oportunísimas, como aparecidas a conciencia y en el momento exacto para justificar el tono reivindicativo de la gala, su leit motiv.
A ese orden del día se remitió Pedro Sánchez, allí presente, para eludir con su tiránico cuajo cualquier otra cuestión, rendida la gala así a una agenda propicia al gobierno, que la copaba: Sánchez, ministros y ministras, Yolanda Díaz… Y aunque la gala fuera, como siempre, sectaria, tendenciosa, y acomodaticia, esta vez lo pareció más por las características de este gobierno, por su extremismo y su acorralamiento… Nunca parecieron los Goya tan pequeños, tan en una burbuja, tan al servicio de un poder tan grosero… Informaciones previas habían hablado de una protección policial de la ceremonia ante la posible aparición de agricultores. Fue una gala blindada, ajena, pequeña, absurda en su ombliguismo, reducidísima a un mundo o un país cada vez más diminuto y autorreferencial, como una gala de Operación Triunfo o un programita cutrewoke de algún canal minoritario: frases como «las mujeres son necesarias», o las inacabables formas de liberación del homosexual hispano en todas sus variantes genérico-territoriales…
Pero allí, entre ministros y una casta cultural adicta y adepta al PSOE, fue muy reseñable la presencia singularísima de García Gallardo. Quizás no Solo ante el peligro pero sí Solo ante el denigro. Su presencia, en sí mismo, fue un hito. Primero, por el mismo hecho de estar, solitario diputado de Vox en un inmenso parlamento contrario. Almodóvar lo aprovechó y, a modo de encerrona, le contestó en su condición de sacerdote de lo almodovariano, papiso y divo máximo del celuloide: el cine devuelve con creces el dinero al Estado, dijo, cosa incierta, como sabemos. Si dejáramos el asunto ahí, la asistencia de Gallardo ya habría valido la pena, pues dejaba en mucha evidencia la falsedad de Almodovar, pero eso hubiera sido poco, muy poco, un resultado muy menor. Lo mejor de García Gallardo vino después, cuando contestó con un hilo de Twitter en el que mostraba respeto al cine español, a sus artistas y trabajadores, y proponía un «ensanchamiento de la cultura».
Por mucho que apetezca oponerse y acabar con una falsa Kultura oficial al servicio, ya no del Estado, sino de quienes lo tienen en sus manos, la postura de García Gallardo fue una interesante superación de esa mirada: dijo sí al cine, por supuesto que sí al cine español (¿cómo pensar de otro modo?); pero pidió otro cine más amplio, más ancho, más profundo, incluso más artístico…
Y esta visión de García Gallardo, más allá de la polémica con Almodóvar y del mero antagonismo, coincidió en el tiempo con algunos detalles vistos en la gala. Por ejemplo, las palabras de José Coronado, que interrogado por una periodista —en tanto sospechoso ya de no ser ‘enteramente feminista’— dijo que Vox tenía el mismo derecho a estar allí que cualquiera, subrayando además su condición apolítica de estricto «cómico». Esto era importantísimo, porque Coronado se limitaba a su papel o estatuto de artista (no palmero político) y, sobre todo, evitaba entrar en la política oficial del gobierno y de todo su sistema de propaganda mediático-cultural: el supuesto antifascismo que ellos, salvaje y abusivamente, sitúan en Vox. Al normalizar o desproblematizar la presencia allí de García Gallardo, Coronado estaba dando un valiente y colosal paso, y se le notó en cierta vacilación al contestar a la periodista.
Solo uno de los actores más importantes del cine español, consagradísimo, puede atreverse a algo así, y al hacerlo aun le tembló el gesto, señal del paso que daba, lo que nos hace pensar en una situación evidente de miedo en el cine, de falta de libertad. Ni en la estricta intimidad se atreven a contrariar al PSOE, a decir lo que piensan porque no se puede. En España no se puede y el cine español es una burbuja enrarecida de España. El cine español está secuestrado por un sistema de subvenciones pervertido y por un mecanismo informal pero institucionalizado de control de la opinión que expulsa al disidente.
Por eso, se trata de liberar al cine; de respetarlo, apreciarlo, entenderlo como sector económico y también patrimonio nuestro y espacio común para el disfrute, la risa y la emoción. García Gallardo está en el camino cuando pide ensancharlo, porque ese hacer que todos entren (para un encuentro en lo más amplio) solo puede pasar por liberarlo. Como al resto de instituciones de España.
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