Recortes de Prensa Miércoles 6 Marzo 2024
El jefe del servicio de espionaje ruso niega que la inteligencia extranjera esté detrás de muerte de Navalni
El certificado de defunción de Navalni indica que el líder opositor murió el 16 de febrero por "causas naturales". Dicha versión oficial es rechazada por los correligionarios del opositor, que acusan a Putin de ordenar matar a su líder
Ana Rodríguez. EC. 6 Marzo 2024
El jefe del Servicio de Espionaje Exterior de Rusia, Serguéi Narishkin, ha asegurado este martes que el líder opositor ruso, Alexéi Navalni, murió de causas naturales y no debido a acciones de la inteligencia extranjera.
Narishkin ha criticado a Occidente por su "danza satánica en torno al féretro de Navalni", en referencia a la atención de medios y políticos al deceso del opositor ruso, de cuya muerte responsabilizan al presidente ruso, Vladímir Putin. "Esto es inmoral y bajo. Y esta gente nos daban lecciones", ha añadido.
El certificado de defunción de Navalni indica que el líder opositor murió el 16 de febrero por "causas naturales" en la prisión Lobo Ártico del distrito autónomo de Yamalo-Nenets. Dicha versión oficial es rechazada por los correligionarios del opositor y su viuda, que acusan al jefe del Kremlin de ordenar matar a su líder.
Las claves del momento:
El jefe del servicio de espionaje ruso niega que la inteligencia extranjera esté detrás de muerte de Navalni
Letonia invertirá más de 300 millones de euros en fortalecer su frontera con Rusia y Bielorrusia
Rusia intercepta un avión de alerta temprana y dos cazas franceses sobre el mar Negro
Hace 40 minutos 08:50
Heridas cerca de 20 personas por un incendio en una central energética en el sur de Rusia
Alrededor de 20 personas han resultado heridas este miércoles a causa de un incendio registrado en una central de cogeneración --que permite obtener simultáneamente energía eléctrica y térmica-- en la república rusa de Tuvá, cerca de la frontera con Mongolia, según han confirmado las autoridades.
El gobernador de Tuvá, Vladislav Jovalig, ha indicado en su cuenta en Telegram que 18 de los 21 heridos han sido hospitalizados, incluidos seis en estado "grave". Asimismo, ha señalado que el incendio en la central de Shagonarskaya, situada en la ciudad de Shagonar, "ha sido extinguido".
Hace 1 horas 38 minutos 07:52
El jefe del servicio de espionaje ruso niega que la inteligencia extranjera esté detrás de muerte de Navalni
El jefe del Servicio de Espionaje Exterior de Rusia, Serguéi Narishkin, ha asegurado este martes que el líder opositor ruso, Alexéi Navalni, murió de causas naturales y no debido a acciones de la inteligencia extranjera.
Narishkin ha criticado a Occidente por su "danza satánica en torno al féretro de Navalni", en referencia a la atención de medios y políticos al deceso del opositor ruso, de cuya muerte responsabilizan al presidente ruso, Vladímir Putin. "Esto es inmoral y bajo. Y esta gente nos daban lecciones", ha añadido.
El certificado de defunción de Navalni indica que el líder opositor murió el 16 de febrero por "causas naturales" en la prisión Lobo Ártico del distrito autónomo de Yamalo-Nenets. Dicha versión oficial es rechazada por los correligionarios del opositor y su viuda, que acusan al jefe del Kremlin de ordenar matar a su líder.
Begoña Gómez, contigo empezó todo
Antonio Martín Beaumont. esdiario. 6 Marzo 2024
La Moncloa está desesperada. El desgaste de Pedro Sánchez desde que ha estallado la “Koldosfera” es un drama cada mañana. Tanto, que tratan de tapar el caso de los mangantes que se hicieron de oro con las mascarillas durante lo más duro de la pandemia con el acuerdo con Carles Puigdemont sobre la amnistía.
Esto ya no es desesperación, como mínimo parece no saber ni por dónde se andan. La amnistía es rechazada por la inmensa mayoría de este país. Pero, así van los monclovitas: como pollo sin cabeza.
Las encuestas serias, todas, dicen que el PSOE sufre cada día una caída mayor. En nada va a estar ya luchando por no tener menos de 100 diputados. Las elecciones vascas y europeas pueden suponer otra debacle para Sánchez y aquellos a los va hundiendo. El CIS de José Félix Tezanos no se lo cree nadie. Menos aún los mandamases socialistas. Saben que el director del instituto público demoscópico es como la cabra que sube a la silla mientras su dueño toca la trompeta.
Si además no tenía suficiente Sánchez con todo lo que va apareciendo sobre sus amigos Koldo García, José Luis Ábalos o, sobre sus apuestas personales, Francina Armengol, Víctor Torres y Fernando Grande-Marlaska, a mal traer le llevan las noticias que cada día cercan más su círculo familiar con los negocios de su mujer, Begoña Gómez.
Globalia, propiedad de la familia Hidalgo, ha recibido según cuenta el siempre bien informado periodista José María Olmo en exclusiva para El Confidencial, 795 millones del SEPI, dependiente del Ministerio de Hacienda de María Jesús Montero. A este montante hay que añadirle otros 140 millones avalados por el ICO y otras ayudas por el COVID que se acercan a un total de 1.100 millones.
Ese mismo periódico digital ha adelantado que por las mismas fechas, “casualidades” de la vida, fue cuando Javier Hidalgo, CEO de Globalia entonces, tuvo contactos con la Primera Dama de La Moncloa y a través de la empresa Wakalua patrocinó la Cátedra África Centre que dirigía Gómez en el Instituto de Empresa. ¡Blanco y en botella!
¿Cómo va a seguir presumiendo el presidente del Gobierno de que va a combatir la corrupción, “caiga quien caiga”, cuando los implicados son tan cercanos? Imposible.
Mascarilla Armengol
Enrique García-Máiquez. gaceta. 6 Marzo 2024
El mismo Pedro Sánchez, que no dudó en pedirle a Ábalos que se defenestrase (tras haberlo fulminado de ministro sin dar explicaciones), mantiene ahora a Francina Armengol contra viento y marea en la presidencia del Congreso. Nada menos que como tercera autoridad de este vapuleado país. Los indicios de corrupción de Armengol son bastante más sólidos que los de Ábalos. La diferencia de trato resulta llamativa.
Descartamos, por supuesto, que se trate de un micromachismo del presidente y mucho menos de una implícita caballerosidad. Sánchez no ampara a Francina por ser una dama en apuros. Hay que buscar un motivo más pedestre. Nos llega una pista desde el siglo XVII. En la antología de poemas del padre Benito Jerónimo Feijoo que ha publicado Rodrigo Olay encontramos esta ilustrativa décima de consejos prácticos al político profesional: «Nunca se deje obligar / y al que le ha favorecido / sólo sea agradecido / mientras tenga más que dar. / En no habiendo qué esperar, / olvide a su bienhechor / y si hacerle un disfavor / a su interés importare, / ni en ser ingrato repare / ni tropiece en ser traidor». Se diría que Pedro se la sabe de memoria o, si no, que por instinto se la ha aplicado a José Luis Ábalos, al que ha dejado en la estacada. No tiene más que dar a Sánchez. Aunque su resistencia a ser amortizado, puede hacer aún daño al presidente.
De hecho, es mi primera explicación de la defensa de Armengol. Pedro Sánchez, tras la resistencia de Ábalos, no se puede permitir otra subordinada respondona que eche los pies por alto y se largue al hospitalario Grupo Mixto. ¿No habrá salvado —por ahora— a Francina la insumisión de Ábalos?
Segunda hipótesis: hay que poner un cortafuegos, un rompeolas. Si cae Armengol, la siguiente figura del ajedrez de la corrupción es Begoña, primera dama y última pieza. O Sánchez deja a alguien en primera fila, aguantando el chaparrón o corre la vez. Y la vez la tiene su señora.
La tercera hipótesis es que no importa dar la impresión de una premiosa partida de ajedrez con tal de no dar la de una hilera de fichas de dominó cayendo en cadena. La resistencia en Armengol abre un impasse, que protege a Marlaska y a Ángel Víctor Torres, además de a la consorte. Jugar con los tiempos, cuando todo amenaza con precipitarse, es esencial.
Cuarta hipótesis: Armengol tenía mando en plaza. Ese salto institucional de un exministro preventivamente prejubilado a la tercera autoridad del Estado en funciones y antes presidenta de las Islas Baleares tiene mucha importancia en términos de eco mediático. Basta pensar en la repercusión de la noticia de su dimisión en Europa. Este eco comunitario con media Unión mosca con el Gobierno de España empieza a tenerse muy en cuenta en Moncloa. Sánchez no puede dar más el cante.
La quinta hipótesis es que Sánchez ha comprobado que las dimisiones no producen el efecto apetecido. Ya nadie creerá que él es un paladín de la trasparencia. Para lo que le ha cundido lo de Ábalos, mejor aguanta. Unas vueltas más en Falcon no se las quita nadie.
Las hipótesis se agolpan y solapan. No hay que escoger una. Lo indudable es que Sánchez ha apostado por proteger a Armengol. Lo dudable es si va a poder hacerlo mucho tiempo; y si no le salpicará. ¿La defensa de Armengol será un gol en propia puerta? Sánchez se verá más afectado porque no soltó lastre al a primera. Pero es un riesgo que, a estas alturas, no tiene otro remedio que correr. Cada día que pasa Francina es una pieza más clave del equilibrio de fuerzas de nuestro tablero político. Tic, tac; tic, tac.
Armengol ni dimite ni responde
EDITORIAL. libertad digital. 6
Marzo 2024
Armengol, como Ábalos, sólo ha sido rigurosa a la hora de seguir el "manual de resistencia" que le permita mantenerse como sea en la poltrona.
Casi dos semanas después de que estallara el escándaloso y mal llamado "caso Koldo", Francina Armengol, máxima responsable de que el gobierno balear pagara casi cuatro millones de euros a la trama vinculada al asesor del exministro Ábalos por mascarillas defectuosas, ha comparecido ante los medios de comunicación tanto para eludir su dimisión como para evitar responder a las cuestiones más fundamentales de este pestilente asunto. Cuestiones tales como la de quién facilitó a su Ejecutivo el contacto de la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL, la compañía vinculada Koldo Garcia y señalada por la Fiscalía Anticorrupción y por la Guardia Civil como la repartidora de comisiones utilizando la venta de mascarillas a administraciones controladas por el PSOE; o por qué, pese a detectarse nada más recibirlas que las mascarillas no cumplían con los requisitos FFP2, la Consejería de Salud de su gobierno emitió un certificado el 12 de agosto de 2020 en el que hacía constar, a petición de la propia mercantil repartidora de comisiones Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas, que no se tenía "conocimiento" en ese momento "de ninguna incidencia" y que los suministros realizados durante ese año habían sido satisfactorios. Por no contestar, Francina Armengol no ha contestado siquiera a la pregunta de por qué no medió contrato en dicho suministro o por qué reclamó el dinero con tres años de retraso, sabiendo que la calidad del envío era mala y cuando la Fiscalía Anticorrupción ya se había personado hacía nueve meses en Baleares para requisar el expediente.
Y es que para lo único que ha servido la comparecencia de Armengol es para que la actual presidenta del Congreso se presente como victima de una cacería política del PP y para advertir, tal y como hiciera el propio Ábalos la semana pasada, que no va a dimitir y que su nombre no aparece en el sumario.
Lo cierto, sin embargo, es que el problema de Armengol no es el PP, sino la UCO, la Guardia civil, la Audiencia Nacional, la Fiscalía Anticorrupción y la Fiscalía Europea, tal y como ha explicado el portavoz del PP, Miguel Tellado, haciendo referencia a todas las instituciones y organismos que investigan la trama Koldo. Son las investigaciones de todos estos organismos los que apuntan la responsabilidad in vigilando e in eligendo de la entonces presidenta balear en este escandaloso asunto; responsabilidad política que Armengol debería asumir ya, presentando su dimisión como presidenta del Congreso, lo que la convierte en la Tercera Autoridad del Estado.
Y es que, con independencia de que la Audiencia Nacional eleve o no en el futuro el caso al Supremo por la condición de aforados que tienen, entre otros, la propia Armengol, lo que es evidente es que la expresidenta balear no debería seguir ostentando un día más un cargo de tanta relevancia como el de presidenta del Congreso. Bien es cierto que Armengol ya se había hecho merecedora de su cese por su descarado sectarismo a la hora de ejercer un cargo supuestamente neutral. No ha dudado en convertir los discursos institucionales en arengas de partido. Pero la gota que rebasa el vaso es su implicación en este monumental escándalo de corrupción en el que tanta responsabilidad política tiene con independencia de que esas responsabilidades puedan ser en el futuro también penales.
Lo que no es menos evidente, sin embargo, es que Armengol, como Ábalos, como Torres, como el resto de ministros implicados en este escándalo, así como la propia presidenta del Tribunal de Cuentas, solo han sido rigurosos a la hora de aplicarse a sí mismos el "manual de resistencia" que les permita, como a Sánchez, mantenerse como sea en la poltrona.
Mar de fondo
EMILIO CAMPMANY. libertad digital. 6
Marzo 2024
En este PSOE donde Sánchez no tiene amigos, sino siervos, cuando algunos empiezan a insubordinarse, el riesgo de que cunda el ejemplo es bastante alto.
La prensa sanchista nos cuenta que, a pesar del caso Koldo, la alianza que sostiene al Gobierno se mantiene sólida. ¡Vaya una sorpresa! A más debilidad del Gobierno, más rocosa será la voluntad de los partidos nacionalistas de sostenerlo porque mejor podrán exprimirlo. Su granítico respaldo a un Gobierno corrupto no se funda en ninguna lealtad a Sánchez, sino en la deslealtad a España. La degradación moral del Gobierno, por ser precisamente el nuestro, es para los independentistas una razón más para apuntalarlo. Por lo tanto, quienes pueden derribar al Gobierno no son los partidos de la alianza. Ni los de la oposición, que no tienen diputados suficientes. Si acaso, lo harán los socialistas. Y no por salvar a España, ni por exigencias morales, sino por instinto de supervivencia, para evitar verse abocados a atravesar durante años un inmenso desierto, desterrados del presupuesto y ayunos de canonjías.
Evidencias de los temblores que experimentan los cimientos de Ferraz se encuentran en la comida de Emiliano García-Page con Felipe González "para hablar de la situación política"; en la victoria del candidato antisanchista en Extremadura; en la depuración de una procuradora sanchista en las Cortes de Castilla y León; en la negativa de Lambán, con el apoyo de los socialistas de Zaragoza y Teruel, a apartarse para dejarle la silla a la ministra sanchista, Pilar Alegría; en la resistencia que en Valencia encuentra la candidata sanchista a suceder a Ximo Puig.
Evidentemente, para derribar al bello doncel, no bastan las revueltas de algunas federaciones territoriales. La clave está en el grupo parlamentario. Y los hombres y mujeres que lo componen fueron cuidadosamente escogidos por Sánchez y no están bajo el control de las federaciones. Al menos, de momento. El problema del secretario general, sin embargo, es que no tiene servidores leales, sino estómagos agradecidos. Los pocos fieles que tuvo los defenestró. Y los estómagos agradecidos le seguirán mientras crean que con él tienen garantizado tenerlo lleno.
Si se llegan a convencer de que a Sánchez le quedan dos telediarios, le abandonarán y acudirán a hacerle la pelota a quien vaya a ser el nuevo secretario general, presumiblemente el actual presidente de Castilla-La Mancha. Para que tal cosa ocurra, a García-Page le basta con convencer a media docena de diputados socialistas de que voten "no" a la amnistía, bien cuando se someta a votación del pleno en los próximos días, bien, como es más probable, cuando vuelva del Senado y el Congreso tenga que superar con una nueva votación el veto de la Cámara Alta. Si Emiliano consigue atraerse a unos pocos, los demás harán como los borregos cuando ven que uno cambia de encina y busca la sombra de otra que parece mas tupida, les seguirán como lo que son: borregos.
¿Será fácil lograrlo? En absoluto. El poder no sólo tiene muchas zanahorias para comprar voluntades, sino también muchos palos con los que arrear a los desobedientes. Pero, en este PSOE donde Sánchez no tiene amigos, sino siervos, cuando algunos empiezan a insubordinarse, el riesgo de que cunda el ejemplo es bastante alto. Y, si huelen que el barco de Sánchez se hunde, tratarán todos de salvarse pasándose al buque de Page a poco que éste aparente más solidez, sobre todo si ven al timón a un tipo de rostro gatuno y pelo encanecido que se llama Felipe González.
Amnistiar al terrorista
GABRIEL ALBIAC. el debate. 6
Marzo 2024
Todo, en la terrible España al borde
de amnistiar un golpe de Estado, se juega sobre un matiz semántico:
¿qué decimosccuando decimos «terrorista»? Para ser más precisos:
¿qué dicen Puigdemont y su socio Pedro Sánchez cuando dicen
«terrorista»?, ¿qué dice un juez que se enfrenta al vocablo? De
la respuesta depende el éxito o fracaso de los esponsales
Puigdemont-Sánchez, cuya tarjeta de invitación se busca expedir
mañana.
No hay palabras universalmente unívocas
en el diccionario. Salvo las muy pocas que conciernen, en exclusiva,
a las ciencias exactas. Fuera de ellas, las palabras deben ser
remitidas siempre al campo semántico en el que adquieren su sentido,
sus diversos significados, sus connotaciones. Y, si ese campo está
tan codificado como la seguridad de todos exige que lo esté el de la
magistratura, entonces las cautelas habrán de ser exquisitas. Y el
específico diccionario al cual se atiene su uso –esto es, la red
entera de las leyes–, unívoco e inviolable.
A eso se ha atenido el auto en el que
la Sala Segunda del Supremo se declaraba competente para instruir
delito terrorista contra el prófugo Carlos Puigdemont en la causa de
«Tsunami». Y sus términos deshacen cualquier equívoco. Marca, ese
auto, tres movimientos en su redacción: en el primero, sitúa la
vergonzosa huida del máximo responsable del golpe de Estado en
Barcelona; en el segundo, analiza los destrozos y agresiones
materiales que la estructura puesta en pie por él y desplegada por
sus capataces produjo en la ciudad y en su aeropuerto; en el tercero,
concluye que «se han cometido por los integrantes del movimiento TD
[Tsunami Democrático] los delitos graves contra la libertad,
integridad física, de atentados, falsedades documentales, el
patrimonio y otros», que aparecen tipificados en los artículos 573
y 573bis del Código Penal vigente.
No hay más línea de defensa para el presidente Sánchez que la de blindar –e imponer mediáticamente– su propia definición de «terrorismo». Y encomendar a la fiscalía que excluya de su contenido cualquier acto que pudiera rozar a su socio golpista. Jugar sobre la polisemia de las palabras, en suma. Algo muy legítimo para hacer charla de café o construir una ficción literaria. Pero, ante un delito, un magistrado habla –está obligado a hablar– con el diccionario en la mano. Y ese diccionario específico se llama «Código Penal». Guste o no guste. Abrámoslo por su artículo 573 (ley orgánica 2/2015):
«Se considerarán delito de terrorismo
la comisión de cualquier delito grave contra la vida o la integridad
física, la libertad, la integridad moral, la libertad e indemnidad
sexuales, el patrimonio, los recursos naturales o el medio ambiente,
la salud pública, de riesgo catastrófico, incendio, contra la
Corona, de atentado y tenencia, tráfico y depósito de armas,
municiones o explosivos, previstos en el presente Código, y el
apoderamiento de aeronaves, buques u otros medios de transporte
colectivo o de mercancías, cuando se llevaran a cabo con cualquiera
de las siguientes finalidades:
1.ª Subvertir el orden constitucional,
o suprimir o desestabilizar gravemente el funcionamiento de las
instituciones políticas o de las estructuras económicas o sociales
del Estado, u obligar a los poderes públicos a realizar un acto o a
abstenerse de hacerlo.
2.ª Alterar gravemente la paz
pública.
3.ª Desestabilizar gravemente el
funcionamiento de una organización internacional.
4.ª Provocar un estado de terror en la
población o en una parte de ella.»
Es decir: todo lo que se concertó en
Barcelona y el aeropuerto del Prat, cuando los devotos de Puigdemont
acometieron su reivindicada tarea de «subvertir el orden
constitucional», colapsándolo.
Un juez no hace –no debe hacer–
jamás uso moral de las palabras. Su léxico es el técnico que su
disciplina codifica. En él, nada pone ni quita el magistrado.
Aplica. Con el rigor de quien sabe cuánto se juega en la justeza de
esas palabras para todos. ¿Qué hace un juez? Aplicar la ley. Sólo.
Si la ley no gusta, el Parlamento está para modificarla; no, desde
luego, el Gobierno. Mientras la ley no sea modificada por el
Parlamento, sus dictados se aplican; sean placenteros o no para el
presidente. A eso se reduce todo el marco del juego entre poderes.
La fiscalía –«¿y la fiscalía de quién depende…? Pues eso»– ha sido descalificada por los jueces de la sala segunda del Supremo con una crueldad poco frecuente: recordándole sólo lo que la ley dice. Literalmente. Sin apenas precisar de interpretación complementaria. Al doctor Sánchez le toca ahora disolver a los jueces. Nadie duda de que sueña hacerlo.
Presidencia falaz, Constitución ineficaz y UE fugaz
EDUARDO
COCA VITA. el debate.
6 Marzo 2024
Mi último aporte a este diario concluía que somos pastoreados por un loco de atar y palmario mendaz con trasfondo de malicia por desequilibrio emocional y volitivo, cuya turbación mental merece la incapacitación. Exponía allí las pruebas, no indicios, de estar nuestra presidencia gubernamental en manos de un alienado cosido a flechazos desde las más varias trincheras, incluso suyas.
En aquella colaboración anunciaba esta de hoy sobre la Constitución inoperante y un pueblo inerme a los pies de diputados y ministros de «Sánchez y Asociados», cual jamelgos desbocados estercolando lo que pisotean, coceando a cuantos se les arriman por detrás y mordiendo a quien se ponga delante. Solípedos de cascos de vaso y herraduras de forja para más vigor en las contundentes patadas que sueltan. Y de potrero mayor, el presidente, su más corrido joquy. ¿Pero a qué espera? Descabalgue ya, porque sabe de sobra que mangonea España abrumado de silbidos e imprecaciones por donde va.
Lamentable que no haya una ágil respuesta constitucional a situaciones así. Hemos ponderado la bondad de nuestra Carta Magna por activa y pasiva con elogios y difusión. Nos ha servido para organizar las administraciones y dar juego a los poderes. Contiene, sin duda, fórmulas para la convivencia de intereses contrapuestos y criterios dispares entre tantas tipicidades como provincias, colectivos y personas. La teníamos por la varita mágica tan rastreada durante siglos. Ingenuos éramos al olvidar que ese edén necesitaba unos rectores políticos biempensantes, al menos los suficientes para avituallar cuatro años a la razón humana que busca el interés nacional, sin sospechar que un día los votantes corrientes tendríamos enfrente una conjuración de irracionales pilotados por un demente, que hizo de la mayoría de cívicos ciudadanos un campo de rehenes sin el cobijo del viejo orden legal, alterado por suplantadores de ideologías partidistas: todo patas arriba y para fines distintos de los concebidos.
De poco sirve volver la vista a la Constitución y exigir su aplicación. El problema no está en ella, sino en quienes, a través de vericuetos –y con marrullerías–, la utilizan para blanquear el mal obrar manado de desarreglos cerebrales y codicias enfermizas idóneas para tiranizar a un pueblo sin infligir sufrimientos físicos a los súbditos. Es en lo que se diferencian los malignos jefes políticos actuales de los personajes históricos más tétricos y siniestros. Ahora no envían a galeras ni calcinan, no degüellan ni ahorcan. Solamente dominan, vejan, humillan, subyugan, sojuzgan, reprimen, coartan, denuncian ante sus fiscales…, mientras fertilizan con privilegios a incondicionales inútiles o muertos de hambre, negando la sal y la palabra al que vale, hasta planear zurcir los labios de los jueces.
Y ahí está el fallo del texto constitucional, huérfano de los instrumentos de autoprotección que toda fortificación precisa. Fue redactado para defenderse de ataques externos, no de los de dentro. Si el contendiente o su primer lancero moran en casa, la perdición queda asegurada, porque la Constitución no articula arreglo alguno. Mucho regular y regular, ¿pero dónde está el recurso para desahuciar a un trastornado que interpreta y aplica las normas caprichosamente? Algo muy distinto a lo que sucede cuando, por diversas causas, accede a regir familias, empresas o patrimonios alguien con taras de comportamiento. Ahí el derecho arbitra soluciones y abre vías jurisdiccionales para invalidar facultades impropias de incompetentes o indecentes.
Llega a Moncloa un sujeto como PS, monta su tinglado de fechorías sin ruido, pólvora o manchas de sangre y no hay quien lo quite. Preguntas y nada. Que si el Congreso es suyo, la Fiscalía le pertenece y el TC derivó a corte privada de casación. O que nada de nada puede hacer nadie, porque el Senado pinta poco y las autonomías y entidades locales son tangenciales. Del Rey dicen que ni arte ni parte. Y la UME no puede moverse si no lo dispone Margarita, que tontea con el enemigo sin haber siquiera ascendido a cabo. ¿Y los tribunales? Se ven atados frente al maleante aforado, salvo hipótesis surrealistas de hacerse harakiris con 176 butacas entre heredadas, compradas y alquiladas. ¿Y qué hacer? ¿Contemplar y grabar la erupción volcánica o el avance de las llamas del fuego provocado? La declaración de incapacidad médica del presidente del Gobierno es la gran ausencia del texto constitucional. ¿Cómo fue posible?
Algún optimista confía en que nos queda Europa, pero somos límite de la UE, casi extrarradio, y en la metrópoli ven la desgracia como asunto exclusivo de españoles, dejándonos tirados entre largas y largas a inconcretas promesas, sin arrojo para salir al paso de lo obvio a ojos de todo el mundo, menos los dignatarios continentales. España se hunde, va a pique. Y cuando esté en la sima nadie la rescatará, porque la remota enmienda electoral se ofrece quimérica y quienes pudieran echar una mano probablemente hagan de contrapeso para inmovilizar el nuevo y espurio orden inconstitucional plebiscitado secretamente por Sánchez, Armengol, Pumpido, Ortiz, Puigdemont, Otegui… En la conjetura de que un día, de aquí a tres años, vuelva la cordura a las urnas, podría pillarnos sin maquinaria para reflotar los pecios de la hispana nave naufragada. Veo ilusorios otros remedios y me inunda el temor.
Estamos condenados por la historia, a la que no se detiene con empalizadas. Las pandillas de asaltantes no lo ignoran. Respiramos con el corsé de una de ellas, la del lunático de Tetuán, que tiene calculados los años que perdurará si las huestes europeas siguen sin tomarla en serio. A España no faltaron cuando el magnate los agasajaba/camelaba con banquetes ostentosos. El jefe europeo de turno no hizo otra cosa que campaña en su semestre de gloria mientras los demás se lavaban las manos con «allá lo engullan en España las tragaderas de que puedan hacer uso» y, cuando llegue su día, podrá ser recluido en la cárcel de cumplimiento de la prisión no revisable que merece el vesánico tejemaneje de un mandarín con manto de esparto tapándole las perfidias. Que conozca este malquisto de calzones tubulares y andares afectados cómo amargan las retamas y los torviscos. Ni las cabras los mascan. Mientras tanto, qué triste sino el nuestro. Entran ganas de llorar y desertar de la Comunidad.
Eduardo Coca Vita fue administrador civil del Estado
El asco
MIQUEL GIMÉNEZ. gaceta. 6 Marzo 2024
La sensación general en España es la de profunda repugnancia hacia nuestros gobernantes, un asco ilimitado, sin parangón, que nos provoca el vómito constante y diario a todos. Y, por diario, se ha convertido en casi rutinario, lo que es igual a decir que carente de importancia. Estamos tan saciados de bellaquerías que asumimos como parte de nuestro día a día vomitar las excrecencias monstruosas que producen quienes debiendo velar por la nación lo único que hacen es saquearla, trocearla y arrancarle el alma. El relativismo produce tales consecuencias. Cuando todo da un poco igual y desdibujamos la frontera nítida entre aquello que está bien y aquello que está mal, el limbo restante se puebla de monstruos que nos engullen y hacen que perdamos la brújula moral. Así, da igual matar que no hacerlo, robar que ser honrado, violar que respetar el cuerpo del prójimo. Todo es igual y todo da lo mismo porque no hay normas ni límites, todo es subjetivo y dependiente de quien lo mire o analice y tú no eres nadie para oponerte a que un delincuente asesino y violador reciba su justo castigo porque todos somos humanos. Por esa razón tan cambiante, pero siempre a favor de obra del pensamiento woke, hablar de legalizar la pederastia o hacer públicos tus deseos pedófilos se considera «libertad de expresión», mientras que si a alguien se le pasase por la cabeza reclamar la pena de muerte para asesinos y violadores sería lapidado de manera contundente, quedando inhabilitado para volver a hablar en su vida.
La distancia que media entre libertad de expresión y pensamiento y libertad del depravado y del homicida a decir en voz alta cuan orgulloso se siente de sus lacras personales ya no existe. El relativismo woke ha tendido un sólido puente que circula en una única dirección, la suya. Todo lo que no quepa en su esfera, en la que cualquier degeneración moral tiene cabida, es fascista y hay que perseguirlo. Intente usted decir en un medio público que es partidario de la familia, numerosa si puede ser; que es contrario al aborto, al matrimonio entre personas del mismo sexo, a quienes pretenden acabar con las naciones-estado, a los que sólo admiten un estado totalitario de partido único, a quienes reinterpretan la historia a su gusto e intereses, a los que odian lo católico, a los corruptos zurdos. Le saltaran a la yugular. Cuando alguien dice en una televisión pública ¡en horario de máxima audiencia! que Hernán Cortés fue un asesino, o cuando una conocida marca de aperitivos contrata como imagen a alguien que cuelga en Twitter como le encanta lamer la vagina de su sobrinita pequeña es que se ha roto todo y lo único posible ante el despropósito es vomitar. Vomitar mucho, vomitar hasta sacar de dentro la bilis que produce este imperio de lo anormal. Es un ejercicio saludable aunque me temo que también sea totalmente estéril. Acostumbrados a vivir entre despojos y podredumbre, a este tipo de gente nuestro vómito puede parecerle incluso fragrante. Qué asco.
HISTORIA
LA AMNISTÍA QUE CONDUJO A LA GUERRA CIVIL
Se ha incidido poco en la importancia y consecuencias que tuvieron las tres amnistías concedidas en los años treinta
Pedro Fernández Barbadillo. gaceta. 6 Marzo 2024
La Restauración (1874-1931) y la Segunda República (1931-1936) fueron regímenes donde abundaron las amnistías y los indultos, para conspiradores, terroristas, delincuentes políticos y delincuentes sociales, a pesar de los daños y el dolor que hubieran causado.
Por ejemplo, en 1911 una horda movida por la CNT tomó el pueblo valenciano de Cullera y linchó al juez de Sueca y a dos funcionarios de su juzgado que trataron de sofocar el motín. Los criminales fueron detenidos y condenados por la jurisdicción militar, pero una campaña de las izquierdas dentro y fuera de España llevó al Gobierno liberal de José Canalejas a indultarles, con la excepción del cabecilla, que había matado al juez a hachazos. A éste lo indultó personalmente el rey Alfonso XIII. Y a las viudas y huérfanos, una plaquita y para casa.
Por eso, se hablaba de la “peste de los indultos”. Porque dejaba impunes las muertes de ciudadanos o de humildes funcionarios y, a la vez, animaba a los delincuentes a repetir sus actos, sobre todo cuando las acciones políticas pasaron, de ser cuartelazos y manifiestos, a atentados, descarrilamientos de trenes y bombas contra procesiones.
Una de las escasísimas lecciones de nuestra historia contemporánea que incorporó la Constitución de 1978 fue la prohibición de las amnistías y los indultos generales, quizás porque ya no eran necesarias merced a la invención del Tribunal Constitucional, cuyos miembros son nombrados todos por instancias políticas. Fuera por el disimulo o fuera por el escarmiento, los constituyentes dejaron claro su repudio a unas instituciones jurídicas que convertían a los políticos y los terroristas en grupos privilegiados por encima del Código Penal, se burlaban de los tribunales de verdad y desmoralizaban a la sociedad.
Ahora que el principal partido de España, el PSOE, está dispuesto a conceder una ley de amnistía a los sediciosos catalanistas a cambio de recibir sus votos en el Congreso para hacer presidente a su secretario general, conviene recordar las consecuencias que tuvieron otras amnistías en el siglo XX. La más destacada de aquellas fue la de no disuadir a los beneficiarios de no volver a cometer los actos que el régimen les había perdonado hasta el extremo de borrarlos.
EL GOBIERNO PERDONA A QUIENES ATACAN AL PUEBLO
El PSOE y la UGT convocaron en agosto de 1917 una huelga revolucionaria que pretendía derrocar la Monarquía parlamentaria y contaba con el respaldo de varios partidos políticos, en concreto de los republicanos y los catalanistas ‘moderados’ de Francesc Cambó, más la CNT anarquista. En la huelga murieron más de 70 personas. Los miembros del comité de huelga, los socialistas Julián Besteiro, Daniel Anguiano, Andrés Saborit y Francisco Largo Caballero, fueron condenados a cadena perpetua.
El PSOE, dirigido por Pablo Iglesias, se sentía tan orgulloso de lo hecho que incluyó a los condenados en las listas para las elecciones de febrero de 1918 y salieron elegidos diputados. Las Cortes aprobaron en mayo una amnistía que les permitió sentarse en sus escaños.
Para los implicados en esa acción violenta contra un régimen democrático, todo fueron beneficios. El socialista Largo Caballero fue nombrado por real orden de 1924 miembro del Consejo de Estado; el republicano Alejandro Lerroux alcanzó la presidencia del Gobierno en 1933; y el catalanista Cambó obtuvo un puesto en el consejo de ministros en marzo de 1918.
TRES AMNISTÍAS EN CINCO AÑOS
Uno de los primeros actos del Gobierno Provisional de la Segunda República, en abril de 1931, consistió en promulgar un decreto que concedía una amnistía a los condenados o procesados por “delitos políticos, sociales y de imprenta”, ya que se les atribuía como causa un “elemento de elevada idealidad”. Entre los liberados, aparte de miles de ladrones, estafadores, violadores y homicidas, estuvieron los dos terroristas anarquistas que habían asesinado en 1921 al conservador Eduardo Dato, presidente del Gobierno.
Las Cortes de mayoría derechista aprobaron la Ley de 24 de abril de 1934 que amnistiaba a los implicados en el pronunciamiento del general Sanjurjo, en agosto de 1932, a los funcionarios que había excluido el decreto del Gobierno Provisional y a sindicalistas implicados en huelgas y paros laborales. Durante los debates, algunos diputados de las derechas recordaron la amnistía de 1918 concedida a los huelguistas de 1917.
Así, pudo regresar a España José Calvo Sotelo, al que se le había condenado a doce años de cárcel por haber aceptado el nombramiento de ministro en el Gobierno del general Primo de Rivera. Sanjurjo salió de la cárcel, pero no pudo reincorporarse el Ejército, por lo que se estableció en Portugal y allí se dedicó a conspirar. Si esto último lo habían hecho Niceto Alcalá-Zamora, Indalecio Prieto, Alejandro Lerroux y Miguel Maura, ¿por qué no podía hacerlo él?
La represión de la revolución de octubre de 1934 llenó las cárceles de implicados, ya que el PSOE, la UGT y ERC (todas ellas organizaciones existentes hoy) habían planeado el golpe de Estado como una guerra civil, para la que habían elaborado hasta listas negras de personas a las que detener y asesinar. Fue el caso del diputado tradicionalista Marcelino Oreja Elósegui, tiroteado en la casa del pueblo de Mondragón.
La de 1934 se trató de la sublevación marxista mejor preparada en Europa desde el golpe de estado bolchevique de 1917, pero que no tuvo un castigo ni cercano al de la Comuna de París de 1871 ni el levantamiento espartaquista (comunista) alemán de 1919.
La coalición del Frente Popular, formada por republicanos burgueses y los partidos de izquierdas marxistas (PSOE, PCE, POUM y el Partido Sindicalista) planteó como primer punto de su programa una nueva amnistía, la tercera en menos de cinco años de régimen republicano.
“Como suplemento indispensable de la paz pública, los partidos coaligados se comprometen: 1) A conceder por ley una amplia amnistía de los delitos político-sociales cometidos posteriormente a noviembre de 1933, aunque no hubieran sido considerados como tales por los Tribunales.”
La misma noche del 16 de febrero las izquierdas comenzaron los disturbios y las algaradas. Su prensa y sus dirigentes se atribuyeron la victoria mientras el recuento no había terminado. La violencia fue de tal intensidad que el 19 de febrero el centrista (republicano y masón) Manuel Portela Valladares, al que Alcalá Zamora había nombrado presidente sin ser siquiera diputado, se negó a decretar el estado de guerra para tratar de detener los disturbios y dimitió. Muchos de los gobernadores civiles nombrados por él, huyeron. En algunas ciudades, la chusma socialista (totalmente organizada) forzó la apertura de las cárceles.
SUBVERSIÓN MEDIANTE DECRETOS
El intrigante Alcalá Zamora, que había disuelto las Cortes para no tener que nombrar a José María Gil Robles presidente del Gobierno, tuvo que llamar, de manera ilegal, a Manuel Azaña. Éste formó un Gobierno con ministros burgueses y chantajeó a las derechas para que en la Diputación Permanente aprobasen una rápida amnistía a fin de calmar a las masas. Un ejemplo claro del juego del policía bueno y el policía malo.
Se convocó a toda prisa una sesión especial de la Diputación Permanente mediante telegrama para el 21 de febrero y por unanimidad de los diputados presentes aprobaron, también de manera ilegal, la amnistía general para todos los acusados o encarcelados por “delitos políticos y sociales” desde las elecciones de noviembre de 1933, incluidos los acusados de asesinatos políticos. Se liberaron unos 15.000 presos, muchos de ellos pistoleros encallecidos.
A continuación, el Gobierno disolvió la mitad de los municipios españoles y nombró comisiones gestoras. Los republicanos burgueses de izquierdas pasaron a desempeñar los gobiernos civiles, mientras que los socialistas y los comunistas se hicieron con los ayuntamientos.
La violencia no se detuvo, porque ese era el plan del Frente Popular. Así lo describió Alcalá Zamora en sus memorias:
“La prensa de izquierda muestra con insensato rencor que la amnistía no la concibe como tregua y sí como una fase más de la guerra civil. A la hora misma en que obtiene la impunidad para los suyos, y procurara extenderla a los crímenes comunes con el pretexto de ser conexos, pretende que se castigue severamente a Gil-Robles y a Salazar Alonso.”
Además, sigue contando Alcalá Zamora, el Frente Popular procedió a la depuración de policías y otros funcionarios.
En la revolución de octubre desencadenada por las izquierdas, murieron, según la Dirección General de Seguridad, 1.335 personas y fueron heridas 2.951. Las investigaciones posteriores han elevado un poco esos números. La amnistía dejó impunes esos delitos.
Y el Frente Popular añadió la humillación a las víctimas, pues un decreto del 28 de febrero ordenó la reincorporación a sus puestos de todos los obreros despedidos por su implicación en la huelga revolucionaria o su dedicación a la subversión, así como el abono de una indemnización. En consecuencia, las empresas donde los pistoleros afiliados a la UGT habían matado a propietarios o a directivos tuvieron que convivir con esos asesinos engreídos. Azaña, escribió Alcalá Zamora, sabía que semejante decreto era ilegal, pero se justificó ante él con que era imprescindible para mantener el orden público.
El 1 de marzo, un nuevo decreto del Gobierno de Azaña canceló las consecuencias del golpe sedicioso de la Esquerra en Cataluña: repuso en sus funciones al Parlamento regional suspendido y a Lluís Companys, condenado por el Tribunal Supremo a treinta años de cárcel, en su puesto de presidente de la Generalidad.
LOS ASESINOS DE CALVO SOTELO
La amnistía del Frente Popular también benefició a los militares que se habían unido al golpe de estado de las izquierdas. Uno de ellos fue el oficial de la Guardia Civil Fernando Condés Romero. En octubre de 1934, él y otros compañeros y militares intentaron apoderarse del Parque de Automóviles de la Guardia Civil, en Madrid, pero fueron rechazados. Se le juzgó y se le expulsó de la Guardia Civil. La amnistía le devolvió el uniforme y el servicio.
La noche del 12 al 13 de julio de 1936, Condés encabezó el comando terrorista formado por pistoleros y guardias de Asalto que detuvieron al diputado José Calvo Sotelo en su domicilio. Condés, tirando de grado y de placa, se impuso a la escolta oficial de Calvo Sotelo y convenció a éste con su “palabra de Guardia Civil” de que le iban a llevar a la Dirección General de Seguridad.
Una vez acomodados en la camioneta, se sentó detrás del diputado el socialista Luis Cuenca Estevas. Éste era un militante socialista de gatillo fácil al que su partido había desplazado a la provincia de Cuenca como ‘delegado’ del Ministerio de Gobernación para romper las urnas en las elecciones del 3 de mayo en la provincia de Cuenca. Sacó su pistola y le disparó por la espalda a Calvo Sotelo en la nuca. Cuatro días más tarde, comenzó la guerra civil.
De esta manera, encontramos a amnistiados por el Frente Popular y, antes, por la Monarquía parlamentaria en el origen de la guerra civil. Esa amnistía, en el reino de la ‘memoria histórica’, poco se ha recordado.
Y un punto en común entre los amnistiados de entonces y los que se preparan para recibirla es la falta de arrepentimiento de los delincuentes. Los separatistas que pretendieron destruir la Nación y la Constitución en 2017 han convertido en lema su grito de satisfacción “ho tornarem a fer”. De nosotros depende que la historia no se repita.
******************* Sección "bilingüe" ***********************
OKDIARIO desnuda las mentiras de Armengol
OKDIARIO. 6 Marzo 2024
Pese a que la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, lo niegue -su comparecencia ha constituido una esplendorosa demostración de estulticia política, aderezada con una expresión verbal propia de una iletrada-, la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL, investigada en el caso Koldo ofreció al Govern balear el envío de mascarillas en el transcurso de un intercambio de correos electrónicos que desmonta la tesis de que no hubo contacto con la trama de mordidas.
OKDIARIO revela hoy a sus lectores el mail que demuestra la relación directa entre el Gobierno de Armengol con la trama corrupta y la primera prueba documental de sus negocios. Se trata de un correo que dirige Iñigo Rotaetxe, titular de la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL, al alto cargo de la Conselleria de Salud Manuel Palomino, a quien se dirige como «estimado Manuel» y que el alto cargo de Armengol recibe tanto a su correo oficial como en el personal.
Palomino no era un funcionario más, sino el director de Gestión y Presupuestos de la Conselleria de Salud. El mensaje es suficientemente explícito como para que Armengol pueda sostener que no hubo comunicación directa con la trama. Rotaetxe le comunica a Palomino lo siguiente: «Te mando la documentación de calidad del avión que está llegando el 26.04.2020 a Barajas mañana a mediodía o principios de la tarde. Este avión se podría escalar en Barajas destino Baleares».
Mbappé: "Tengo muchos problemas, pero Luis Enrique no es uno de ellos"Nueva imputación al ex presidente peronista de Argentina Alberto Fernández por fraude a...El juez rechaza la personación del Govern balear en el 'caso Koldo'ACS en Australia: su filial, Cimic, pone a plena potencia un parque solarTrump arranca el Supermartes arrasando en la zona este: gana en Virginia y Vermont
El correo lleva fecha de 25 de abril, día en el que el Gobierno de Armengol valoró el ofrecimiento del cargamento de mascarillas, aceptó el mismo y se iniciaron los trámites por vía de urgencia para con la entidad que debía actuar como representante aduanero del IB-Salut para coordinar la entrega. Antes de ese correo se produjo una llamada telefónica de Rotaetxe a Palomino con el ofrecimiento de las mascarillas. Por tanto, Francina Armengol miente de forma tan consciente como descarada.
Caso Koldo: La fiscalía Anticorrupción buscó...y encontró
Ignacio Rodríguez de la Riva.
vozpopuli. 6 Marzo 2024
Decíamos 'ayer', en esta misma tribuna de Vozpópuli que la Fiscalía Anticorrupción debía investigar los contratos de emergencia adjudicados durante la Covid–19. En nuestro caso no han pasado los cinco años que pasó Fray Luis de León en prisión para dar sentido a su expresión dicebamus hesterna die, pues parece que, aunque lo que escribí al respecto fue en 2020, a los pocos meses la Fiscalía se puso manos a la obra con lo que ha sido el gran escándalo de finales de la pasada década después de la propia pandemia y los estados de alarma inconstitucionales.
Los medios abrían la semana pasada con el ya conocido como caso Delorme. Ya hubo antes otros asuntos penales sobre la adjudicación de material sanitario en la pandemia que, con mayor o menor fortuna para los investigados, fueron archivados provisionalmente o continúan camino del juicio oral. En esta ocasión, el nivel político de los implicados, próximos a un exministro, y la turbulencia política del momento, han provocado un seguimiento casi en directo de la instrucción de la causa que se lleva en los juzgados de la Audiencia Nacional. Sin perjuicio del derecho a la presunción de inocencia, parece que los investigados se concertaron con autoridades y funcionarios para resultar adjudicatarios de alguno de esos contratos millonarios con el Estado, sus entes instrumentales como Adif o Puertos del Estado y algunas Comunidades Autónomas, repartiendo sustanciosas dádivas y blanqueando el producto de su actividad a través de un complejo entramado societario en Brasil y Luxemburgo.
Lo que se publicó en 2020 parece el diario de operaciones de aquellos contratos investigados: contratos sin informe de necesidad o que responden a una necesidad falsa para la Administración, contratos adjudicados a empresas que no tienen capacidad para contratar con el sector público o carecen de la adecuada solvencia para afrontar el suministro, bienes que se reciben antes de la entrega real, o directamente mascarillas que no se entregan y nadie reclama nada al proveedor. En aquel momento decía que la contratación de emergencia no es un cheque en blanco, sino un instrumento que contrae al mínimo la actividad administrativa previa a la adjudicación para que esta sea tan ágil que pueda responder a las necesidades de emergencia, pero, de un lado, tienen que adjudicarse los contratos a empresas que cumplan todos los requisitos legales y, de otro, todas las normas administrativas siguen en vigor también en la entrega y posterior control del suministro como si se tratase de un contrato ordinario, por ejemplo con el control del material, y las reclamaciones al contratista si es que este no resulta acorde con lo contratado.
Algunos investigados se han aprovechado de la falta de formación en materia de contratación pública de los juzgados de instrucción ordinarios, que con el mantra de que el contrato de emergencia está previsto en la Ley terminan por archivar las denuncias, como ha ocurrido con el caso del contrato de 200 millones euros adjudicado a una sociedad con un capital social de 1.200 euros, y que ha archivado el Juzgado de Instrucción nº 26 de Madrid. Una sociedad que carece de la solvencia económica requerida por la Ley, que es hasta una vez y media el importe del contrato en el año de mayor actividad comercial, no puede ser adjudicataria de un contrato público ni siquiera en condiciones de emergencia. Afortunadamente, aquellos jueces y fiscales especializados en contratación pública, o auxiliados por la UCO u otras unidades de policía judicial expertos en este tipo de procedimientos administrativos, han podido delatar las conductas que, siendo aparentemente legales, ocultaban una vulneración flagrante de los principios generales de la propia Ley de contratos. Es imprescindible la creación de juzgados especializados en delitos económicos y relacionados con la corrupción.
La vergonzante rebaja de la malversación que se incluyó recientemente en el Código Penal, y que pensábamos que estaba destinada solo a los delincuentes del procés, no va a librar a los autores de estos hechos si resultan condenados, pues se enfrentan a gravísimas penas de prisión no solo por la malversación (que en mi opinión cabe porque hay un enriquecimiento de un tercero), sino también porque van a resultar culpables de los delitos de organización criminal, blanqueo de capitales y fraude entre otros. Ha sido, sin duda, la presión social que supone la tolerancia cero contra la corrupción la que hace que la Fiscalía no ceje en su empeño de perseguir unas prácticas que atacan a la propia naturaleza del Estado de Derecho, si bien es conveniente un mayor refuerzo de sus medios personales y materiales, y un aumento de los controles y la fiscalización de estos contratos a priori y a posteriori, pero sobre todo es necesario que termine de calar en la opinión pública el mensaje de que delinquir nunca sale a cuenta y que en cuanto sale el dinero a flote es extraordinariamente sencillo localizar el origen ilícito del mismo.
Aquellos que de forma inocente pensaron que podrían vulnerar la legislación de contratos porque en pandemia se permitía todo, no leyeron lo que muchos decíamos ayer, sabiendo que la sociedad no iba a tolerar el enriquecimiento a costa del fallecimiento de tantos ciudadanos, y que, en unos delitos que tardan en prescribir hasta quince años, era cuestión de tiempo que se delatasen con un sonrojante tren de vida. Y en esa locura del máximo beneficio a costa del contribuyente no resultarán indemnes aquellos empleados públicos que, silentes, consintieron, o justificaron con la contratación de emergencia y con el mendaz lema de "salvar vidas" la adjudicación de cualquier contrato a cualquier empresa y a cualquier precio.
LOS POPULARES ESTÁN DISPUESTOS A DAR DOS PUESTOS A SUMAR
El PP negocia con el PSOE renovar la cúpula de RTVE y seguir excluyendo a VOX en el Consejo de Administración
CARLOS RIOBA. gaceta. 6 Marzo 2024
El Partido Popular está negociando con el PSOE la renovación de la cúpula de RTVE y la exclusión de VOX en el Consejo de Administración del ente público en medio del caso Koldo y mientras el Gobierno de Pedro Sánchez se muestra confiado en que habrá un acuerdo con Junts para que el próximo jueves la Comisión de Justicia apruebe un nuevo dictamen de la ley de amnistía.
Tras los pactos entre populares y socialista a la hora de repartirse las comisiones en el Congreso y el Senado, la diputada Mar Sánchez, persona de máxima confianza del líder del PP, Alberto Núñez Feijoo, encabeza ahora el núcleo duro de las negociaciones con el PSOE para seguir dejando fuera a VOX de la cúpula de RTVE.
A VOX le corresponde un representante en el máximo órgano de fiscalización de la corporación fruto de los resultados electorales y la actual representación parlamentaria, pero el PP trata de excluirles. Previsiblemente no hará lo mismo con la formación de Yolanda Díaz, a la que los populares están dispuestos a ceder hasta dos consejeros. De este modo, el reparto que se está negociando pasa por dar cuatro consejeros de RTVE al PP, tres al PSOE y dos a Sumar, si bien podría incluso cederse finalmente un puesto a Junts en detrimento de la formación de extrema izquierda.
El pacto PP-PSOE pasa también por acometer un cambio estructural que aumentaría notablemente el coste de la televisión pública nacional. Desde Génova tienen interés en hacer que todos los miembros del Consejo de Administración pasen a percibir una retribución de aproximadamente 80.000 euros anuales.
La intención del líder de los populares es nombrar a perfiles de su círculo más cercano como es el caso de Luis de la Matta, para quien se reservaba el puesto de Secretario de Estado de Comunicación de haber llegado el PP a La Moncloa. De la Matta es actualmente director de comunicación del PP nacional tras renunciar hace dos años como miembro del consejo de administración de la Corporación de Radio y Televisión de Galicia (CRTVG).
Recortes de Prensa Página Inicial