Recortes de Prensa Miércoles 4 Junio 2025

Vasyl Maliuk, el cerebro de la 'Operación Telaraña' y del ataque submarino contra el puente de Crimea
El jefe de los Servicios de Seguridad de Ucrania se enroló en las Fuerzas Armadas con tan solo 18 años y combatió en 2014 contra los rebeldes en el frente del Donbás
Drones ocultos en camiones y 18 meses de preparación: así planeó Ucrania su gran golpe contra la aviación rusa
Andrea Polidura. el debate. 4 Junio 2025

En poco más de 48 horas, Ucrania ha asestado dos duros golpes a Rusia y a toda su esfera militar, que ha sido incapaz de prever, primero, la bautizada como 'Operación Telaraña' y, después, el ataque contra el Puente de Crimea, o de Kerch. Detrás de estas dos ofensivas se esconde un hombre que, hasta este fin de semana, se había mantenido en la sombra. Este militar es el teniente general Vasyl Maliuk, jefe de los Servicios de Seguridad de Ucrania (SBU) desde febrero de 2023.

Maliuk, de 42 años, es natural de Korostyshev, perteneciente al óblast de Zhytomyr (norte de Ucrania). Empezó su carrera militar en 2001, cuando se enroló en el servicio militar, y cuatro años después se graduó en Derecho en la Academia Nacional del Servicio de Seguridad de Ucrania. En una entrevista para la BBC, confesó que, desde que era pequeño, su sueño era convertirse en oficial de los servicios especiales.

«Desde niño, soñaba con ser agente especial. Desde noveno grado, me he estado preparando para ello, tanto física como mentalmente. He participado activamente en el deporte y el derecho», reconoció a este medio británico el mismo día que fue nombrado jefe del SBU. Durante su etapa como máximo responsable de los servicios especiales ucranianos, Maliuk destacó por su mano dura contra los espías rusos, así como por su empeño en acabar con las conexiones de la Iglesia Ortodoxa Ucraniana con el Patriarcado de Moscú.

A diferencia de su predecesor –Iván Bakanov–, Maliuk cuenta con experiencia en combate. En enero de 2020 fue nombrado primer subdirector del Departamento Principal de Lucha contra la Corrupción y el Crimen Organizado del SBU. Dos meses más tarde dirigió este departamento y, simultáneamente, se convirtió en jefe adjunto del servicio especial. En 2014 combatió en el frente del Donbás y, de hecho, fue condecorado con la Orden del Presidente de Ucrania.

La invasión a gran escala rusa contra su país, en febrero de 2022, lo pilló como viceministro del Interior de Denys Monastyrsky, quien falleció en un accidente de helicóptero en enero de 2023. Pero tan solo un mes después del inicio de la guerra contra el Ejército ruso, Maliuk sintió que era más útil en el SBU. Desde que asumió el liderazgo de los Servicios de Seguridad de Ucrania, Kiev ha conseguido asestar duros golpes a su gran enemigo. Entre sus operaciones destaca la explosión del puente de Kerch, en julio de 2023, que une la península de Crimea –anexionada ilegalmente por el Kremlin en 2014– con la Rusia continental. Para este operativo, Maliuk se sirvió de drones marinos, aéreos y cohetes.

Un modus operandi similar al de este martes, en el que las Fuerzas Armadas ucranianas han vuelto a golpear el puente de Crimea, provocando serios daños a sus cimientos e infraestructura. «Dios ama a la Trinidad, y el SBU siempre lleva a cabo sus planes y nunca los repite. Atacamos el puente de Crimea dos veces, en 2022 y 2023. Hoy continuamos esta tradición bajo el agua. Ninguna instalación rusa ilegal tiene cabida en el territorio de nuestro Estado. Por lo tanto, el puente de Crimea es un objetivo completamente legítimo, sobre todo considerando que el enemigo lo utilizó como arteria logística para abastecer a sus tropas. Crimea es Ucrania, y cualquier manifestación de ocupación recibirá nuestra firme respuesta», sostuvo Maliuk este martes en un mensaje a través de redes sociales.

Este nuevo ataque, además, se produce tan solo 48 horas después de que este hombre supervisara y diseñara, durante 18 largos meses, la 'Operación Telaraña', con la que Ucrania ha conseguido dañar e incluso inutilizar hasta 41 aviones estratégicos rusos. El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha llegado a decir que este operativo se estudiará en «los libros de historia». Maliuk solo necesitó decenas de drones escondidos en camiones y programados con inteligencia artificial para atacar cuatro aeródromos diferentes, a miles de kilómetros de distancia de la frontera con Ucrania, y provocar así pérdidas millonarias al Ejército enemigo.

Diseño soviético

Así son los bombarderos nucleares que Ucrania destrozó con su ataque sorpresa
El Túpolev Tu-95 es un gran bombardero estratégico propulsado por cuatro turbohélices. Se ha mantenido en servicio desde la década de 1950 y ha resucitado en la guerra de Ucrania
Jesús Díaz. el confidencial. 4 Junio 2025

Ucrania ha destrozado hasta 41 bombarderos estratégicos Tu-95MSM. Son las aeronaves que Rusia utiliza para lanzar los ataques más salvajes contra la población civil ucraniana desde que comenzó la guerra. Estas aeronaves, desarrolladas por la Unión Soviética durante la Guerra Fría, despegan de bases en las profundidades del territorio de Moscú para lanzar misiles de crucero Kh-101 contra blancos ucranianos. Generalmente, los Tu-95MSM transportan ocho Kh-101 bajo sus alas, armas con un alcance de 3.500 kilómetros, una distancia muy superior a la que hay entre España y el espacio aéreo ruso (que está 2.768 kilómetros del punto más cercano de la frontera rusa).

Misiles modernos, aviones antiguos

En el anterior ataque a gran escala, estos proyectiles, supuestamente equipados con sistemas para evadir radares, señuelos antintercepción y cabezas explosivas de 400 kilogramos —que pueden ser convencionales (Kh-101) y termonucleares (Kh-102)— fueron detectados entrando por la región de Járkov, sobrevolando Sumy y Poltava, antes de dirigirse hacia Kiev. Según la revista de defensa Military Watch Magazine, las defensas ucranianas interceptaron todos los misiles y 288 drones, aunque los restantes dañaron 18 edificios residenciales, cuatro complejos industriales y una línea eléctrica en la región de Jmelnitski. Doce civiles murieron en bombardeos previos ese fin de semana.

Los Tu-95MSM implicados en estas operaciones son versiones actualizadas de un bombardero cuyo primer vuelo tuvo lugar en 1952. Diseñado originalmente para amenazar objetivos en Estados Unidos y Europa durante la Guerra Fría, el Tu-95 tiene cuatro motores turbohélice —que combinan turbinas de gas con hélices— y palas contrarrotativas, que le permiten alcanzar velocidades de hasta 900 km/h, un récord para un avión de hélice. Las actualizaciones iniciadas en 2009 incluyeron nuevos motores NK-12MPM, más potentes y eficientes, y la capacidad de lanzar misiles como el Kh-101 y su variante nuclear, el Kh-102.

De la Guerra Fría al Donbás

Aunque su perfil radar es fácilmente detectable y su velocidad es inferior a la de los reactores modernos, el Tu-95MSM sigue siendo el gran caballo de batalla nuclear de Moscú como tercera pata de su tríada estratégica de aire, mar y tierra. Su bajo coste operativo y la posibilidad de atacar desde distancias seguras —gracias al alcance extremo de estos misiles, que podrían bombardear Madrid sin salir del espacio aéreo ruso— lo mantienen operativo pese a su antigüedad. De hecho, Rusia prevé retirarlo en la década de 2040, cuando teóricamente su nuevo bombardero ‘invisible’ entrará en servicio.

El Tu-95 no sólo es el bombardero de hélice más rápido del mundo, sino también un símbolo de la longevidad tecnológica que ha permanecido realizando ejercicios de entrenamiento y poniendo a prueba a las defensas de EEUU, Canadá y Europa hasta 2015, cuando realizó su primer combate real bombardeando posiciones del Estado Islámico en Siria tras 59 años de servicio. Hoy, con 48 unidades en activo —12 de ellas modernizadas en su versión Tu-95MSM usada ahora en Ucrania— este avión obsoleto sigue dando la batalla, aunque los analistas cuestionan su capacidad para salir del espacio aéreo ruso en misiones de combate sin ser derribado por un enemigo. Pasa lo mismo con la eficiencia de los misiles que utiliza, cuya falta de efectividad —que habría sido probada este mismo fin de semana con el derribo de los misiles según Kiev—, elevado coste y carga limitada contrastan con alternativas más económicas, como misiles de corto alcance o drones. Pese a ello, Rusia planea aumentar su producción a 600 unidades anuales en 2025.

Carl Schmitt en el TC español
Santiago Navajas. libertad digital. 4 Junio 2025

Que un TC instrumentalizado por los socialistas haya hecho triunfar a un teórico nazi del derecho es algo que no debería sorprendernos. Conde Pumpido, célebre jurista socialista y ahora presidente del TC, subió una foto hecha con su móvil en la que salía justo detrás de él otro miembro del TC que hace poco fue ministro de Justicia de Sánchez, Juan Carlos Campo. ¿Cómo es posible que un tribunal de estas características se haya convertido en el brazo jurídico del poder ejecutivo? Defendía Carl Schmitt que la Constitución no es un límite absoluto, sino una expresión de la voluntad política del soberano (el pueblo o el poder que lo representa). Lo que trasladado a la situación política española significa que el límite de la ley en España no lo marca la Constitución, sino el PSOE y los intereses coyunturales de sus dirigentes, que en estas circunstancias pasa por Puigdemont, un prófugo que también bebe de la doctrina schmittiana de que la voluntad del pueblo (encarnada supuestamente en el golpista) está por encima de la ley. Schmitt, en efecto, sostiene que la soberanía no reside en la norma escrita (la Constitución), sino en quien decide en la excepción, es decir, en el poder político que define el rumbo del Estado en momentos críticos. Conde Pumpido lo ha dejado bien claro: lo que no prohíba expresamente la Constitución, lo puede llevar a cabo impunemente Pedro Sánchez. Desde hace cincuenta años, el rumbo del Estado en momentos críticos marca siempre una dirección: la calle Ferraz, sede del PSOE.

Nada nuevo bajo el sol constitucional. El TC ha emitido varias sentencias que han sido escandalosamente favorables al PSOE aunque haya sido vulnerando las leyes, pisoteando el Derecho y arrasando derechos fundamentales. Casos emblemáticos fueron la expropiación de Rumasa y la cancelación de condenas de los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán por el caso de los ERE.

Desde la óptica de Carl Schmitt, estas sentencias reflejan el ejercicio de la soberanía por parte del Estado, que decide en una situación de excepción. En el caso de José María Ruiz Mateos y Rumasa, la supuesta crisis financiera que justificó la expropiación. Schmitt vería la decisión del TC como una afirmación de la primacía de la voluntad política del gobierno socialista sobre las normas constitucionales, interpretando el "interés general" como una justificación soberana para limitar el derecho de propiedad. La división en los 80 en el seno del TC y las críticas al proceso como "político" refuerzan la idea schmittiana de los socialistas de que la justicia constitucional no es neutral, sino que refleja una decisión política en un contexto de conflicto entre amigo (Felipe González y Miguel Boyer entonces) y enemigo (Ruiz-Mateos).

En el caso de los dirigentes andaluces, el TC anuló la condena de 6 años de prisión por malversación y redujo los 15 años de inhabilitación por prevaricación, considerando que no había pruebas suficientes para demostrar que Griñán conocía el uso indebido de fondos públicos. Como en el caso de Chaves, se ordenó una nueva sentencia para revisar la prevaricación en actuaciones puntuales. Desde el marco de Schmitt, estas sentencias muestran que el TC español actúa en realidad como un "guardián del orden político" y no como un intérprete de la Constitución, resolviendo los conflictos entre la grey socialista (amigo) y sus adversarios políticos (enemigo) siempre de manera favorable a la izquierda en las bifurcaciones cruciales del orden constitucional. El PSOE no hace sino seguir el guion schmittiano de que las decisiones judiciales no deben ser neutrales, sino que han de responder a una lógica de poder.

Frente al liberalismo constitucional, que sostiene que los jueces deben y pueden ser neutrales, al servicio de principios abstractos como el espíritu de la ley, los derechos fundamentales, la neutralidad epistémica y la objetividad jurídica, el socialismo constitucional que Conde Pumpido y Juan Carlos Campo han llevado al TC de la mano de Sánchez cree que solo hay una lógica del poder, los intereses creados, los sesgos ideológicos y la manipulación legislativa.

Pero gran parte de la culpa de esta situación de degeneración del sistema constitucional español es del PP, que en los años en los que ha disfrutado de mayoría absoluta jamás ha cuestionado el sistema de captura del Estado por parte de los socialistas, lo que pasaría por apostar por el control del poder judicial por los propios magistrados. La complicidad tácita del PP en el sistema actual solo se explica desde la incompetencia ideológica, la trivialidad técnica y la pereza ideológica, algo en lo que los líderes habituales de la derecha española, que han convertido las siglas PP en algo así como Palafreneros del PSOE, destacan.

En el caso de los indultos a los líderes del "procés" catalán (un golpe de estado en toda regla), ya vimos como el gobierno socialista de Pedro Sánchez ejerció una prerrogativa que fue, claro está, respaldada implícitamente por el TC al no declarar inconstitucional la medida. Schmitt vería esto como un acto soberano de creación constitucional, donde el gobierno decide en una situación de excepción política (crisis territorial) para preservar el orden estatal y, qué casualidad, salvar de paso el gobierno de Pedro Sánchez que pende de un hilo puigdemontista. La analogía con Rumasa y los ERE radica en que, en cada caso, el TC ha permitido al poder político (siempre socialista) actuar con amplio margen, interpretando la Constitución de manera torticera para acomodar decisiones donde la supuesta soberanía no significa más que retorcer palabras y manipular conceptos para lo única que importa: el mantenimiento en el poder de ese partido de rasgos sectarios y conducta mafiosa que se hace llamar PSOE.

Sánchez ‘cazafranquistas’
OKDIARIO. 4 Junio 2025

Hemos entrado en una fase del sanchismo donde todo adquiere tintes delirantes. El último invento de la factoría de propaganda de Moncloa es surrealista. Pretende, a través de un Real Decreto por el que se regula el denominado Consejo de la Memoria Democrática y el Registro Estatal de Entidades de Memoria Democrática, buscar sin autorización judicial a represores franquistas.

O sea, que al margen de los tribunales, el Gobierno quiere llevar a cabo una «investigación histórica» sobre la Guerra Civil y la dictadura. El Ejecutivo establece hasta 23 tipos de víctimas -deportado, desaparecido, ejecutado extrajudicial…- que tendrán que hacer una descripción del hecho represivo e identificar al agresor. El Consejo de Estado, como es natural, le ha dicho al Gobierno que «la norma proyectada incluye, entre los datos del formulario, no sólo los de la víctima sino también los de su victimario». Y recuerda que el objetivo de la llamada Ley de Memoria «es el reconocimiento de las víctimas, cualquiera que haya sido el autor de los hechos de los que se deriva tal condición» pero en ningún caso, los «victimarios», porque eso de señalar culpables lo determinan los jueces y Sánchez no es quien para ir señalando a nadie.

Es de cajón: según el Consejo de Estado «no se aprecia un fundamento jurídico suficiente para que la incorporación de los datos del victimario a un registro oficial y público pueda resolverse en vía administrativa con base en las fuentes documentales propias de la investigación histórica». Y añade: «Es obligado concluir que la incorporación de los datos de los victimarios al Registro y Censo Estatal de Víctimas, que es un registro oficial y público, no puede ser el resultado de una declaración administrativa realizada por la Secretaría de Estado de Memoria Democrática con base en fuentes documentales que no hayan sido analizadas con las garantías propias de un proceso jurisdiccional».

Lo que le viene a decir el órgano consultivo a Sánchez es que no puede ir por ahí señalando supuestos represores franquistas, porque ello supone una «imputación de relevancia» para «la esfera personal y familiar del concernido». O sea, que Sánchez no puede erigirse en juez y parte.

incluye 27 millones para medios de comunicación

El millonario gasto superfluo del Gobierno de Ayuso: 70 millones a ONG que alientan la inmigración ilegal, 40 para ideología de género y 8,6 para asesores
Carlos Rioba. gaceta. 4 Junio 2025

El grupo parlamentario VOX ha vuelto a denunciar la «estafa» del Partido Popular al negarse a reducir el millonario gasto superfluo e ideológico, y que incluye 27 millones para medios de comunicación; 6 millones para sindicatos y patronal; y 24 millones para el centro de menas de Fuenlabrada.

También 70 millones a ONG proinmigración; 40 millones para ideología de género; 7.000 euros al mes por plaza de mena (más de 2.400 menas); 3 millones para clínicas abortivas; 8,6 millones para asesores; 100.000 euros para «empoderar» a jóvenes en Marruecos; 89.000 euros para subvenciones para la Sanidad feminista en Mali; o 100.000 euros para las mujeres indígenas de Ecuador.

La portavoz de VOX en la Asamblea de Madrid, Isabel Pérez Moñino, denunció hace dos semanas el reparto de fondos públicos por parte del Gobierno regional en partidas «innecesarias», y mencionó estas partidas.

En este sentido, Moñino reitera que Ayuso en estos cinco años de Gobierno «no ha reducido el gasto político, en estructura política. Al revés… lo ha incrementado por mucho que luego salga en las tertulias a decir lo contrario», manifestó el pasado domingo en un acto de VOX en Navalagamella. «Ya está bien de estafar a madrileños», dijo, antes de reiterar que PP y PSOE son «exactamente lo mismo» y llamar a Ayuso a «empatizar con esas empresas y familias a las que les cuesta llegar a final de mes» o «seguir manteniendo su gran red clientelar de partido».

Por otra parte, ha exigido al PP una moción de censura para «desalojar» de La Moncloa al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Para VOX, lo que requiere este «momento histórico» de «excepcionalidad democrática» es una moción de censura en el Congreso y una «ruptura inmediata de todos los pactos» del PP con los socialistas.

Cloacas, bulos y huidas del presidente del gobierno
EDITORIAL. libertad digital. 4 Junio 2025

Decía Esquilo que la primera víctima de una guerra es la verdad, pero lo cierto es que Sánchez ha recurrido a la mentira desde mucho antes de llegar al gobierno y, por tanto, desde mucho antes de emprender la guerra sucia contra la judicatura y la Guardia Civil que osan perseguir la corrupción de su entorno familiar y político. Aun así, el bulo lanzado por el gobierno, según el cual un capitán de la UCO, en una conversación privada con un confidente, hablaba de poner una "bomba-lapa" al coche de Pedro Sánchez, se lleva la palma. Más aun cuando ni siquiera este martes, cuando ya ha sido desmentido por los medios de comunicación progubernamentales y hasta la prensa británica se ha hecho eco de tamaña mentira institucionalizada, los representantes del gobierno han querido desmentirla: "Nos hacemos eco de una información publicada por varios medios. Es verdad que posteriormente algún medio ha considerado que una parte de esa conversación había que interpretarla de otra manera", es lo máximo a lo que ha llegado a decir Pilar Alegría, portavoz del Ejecutivo que fue una de las ministras que el sábado aludió a la "noticia".

Si a ello sumamos los audios que este martes publicaba La Razón, que revelan un plan para que un guardia civil denunciara prácticas irregulares para torpedear la investigación puesta en marcha por la UCO contra el ex ministro Ábalos; o el plan de la cloaca sanchista para tratar de desacreditar al Juez Peinado -uno de los jueces por los que más inquina ha mostrado el Gobierno hasta el punto de presentarle el propio Sánchez una querella- , podemos hacernos una idea de las nulas ganas del presidente del gobierno de comparecer ante los medios de comunicación y ante el parlamento.

Así, y tal y como ha denunciado el PP, la presidente del Congreso, Francina Armengol, ha arbitrado una "maniobra dilatoria" para conseguir que finalice el periodo de sesiones ordinario sin que el presidente del Gobierno tenga que someterse al escrutinio de los grupos, como así le reclama una mayoría creciente de fuerzas parlamentarias, incluidos algunos de sus principales socios.

La denuncia de los populares se produce como consecuencia de la negativa de Armengol de incluir entre los asuntos sometidos este martes a calificación en una "ronda de Mesa" la petición de comparecencia de Sánchez en el Pleno y la de varios ministros, así como de la directora general de la Guardia Civil, en comisión.

Lo peor es que, después de saberse esta maniobra del presidente del gobierno para no tener que comparecer en el Congreso, nuestro periódico publicaba en exclusiva un nuevo audio del abogado José Luis de Tejada enviado a la fontanera del PSOE y mano derecha de Santos Cerdán, Leire Díez y al empresario Javier Pérez Dolset para que se actuara inmediatamente contra el entonces presidente de la Sala Penal del Tribunal Supremo, Manuel Marchena, tras la imputación en octubre del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un delito de revelación de secretos. Recordemos que, tal y como desveló+, que José Luis de Tejada ya conspiro en la cloaca del PSOE con la fontanera Leire Díez para tratar de apartar a a la titular del Juzgado nº 3 de Badajoz, Beatriz Biedma, con el objetivo de dinamitar el caso del hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez.

Precisamente, Leire Díez ha acudido este martes a la sede nacional del PSOE en la calle Ferraz, no sabemos si para para dar explicaciones de los audios en los que ofrecía favores fiscales al empresario Hamlyn a cambio de información para acabar con el Teniente Coronel de la UCO, Antonio Balas, o para consensuar con la dirección del partido las explicaciones que, sobre este asunto, dice que va a dar hoy miércoles. De hecho, lo único que sabemos es que la fontanera del PSOE ha pedido su baja voluntaria del partido sin que Ferraz haya hecho nada contra ella que no sea la ridícula apertura de un expediente informativo.

Ahora bien. Quien tiene que dar explicaciones es el presidente del gobierno. Todo apunta a que Sánchez es la X de esta "guerra sucia" contra las instituciones democráticas como son la Judicatura, la Guardia Civil y la prensa independiente.

El fraude electoral ya no es un mito en España
Irene González. Vozpópuli. 4 Junio 2025

Es revelador que en el estado actual de corrupción en España haya algo sobre lo que no se nos permite dudar, ni hacer preguntas o buscar la verdad con transparencia como la posible corrupción de los procesos electorales. En definitiva, es cuestionar la legitimidad de los que controlan el Estado creyéndose nuestros dioses y amos en base a una supuesta voluntad de la mayoría, como si ésta pudiese darles ese poder. Pero hay algo más profundo que provoca la ira de algunos ante nuestras dudas, descubrir que su vida no está fundamentada en certezas que les trascienden, sino en algo tan vacío y cutre como la incorruptibilidad del proceso electoral en un país controlado por el PSOE. Es más, los ciudadanos conscientes alcanzan la mayoría de edad democrática cuando buscan la verdad y la limpieza de las elecciones por encima de la protección del régimen de poder. Quienes acusan de irresponsables y califican de intolerable querer saber la verdad de los casos de fraude electoral en España sólo son los mediocres en servidumbre que viven de que se mantenga el hechizo de las mentiras de un sistema de corruptos.

La sospecha está en el voto por correo emitido en diversos procesos electorales mientras que el mejor amigo de Pedro Sánchez era el presidente de la entidad de Correos, que perdió 1.300 millones de euros en la era de la mensajería. Al parecer su cometido eran otros paquetes. Leire Díez de Castro, la fontanera del PSOE también tenía un alto cargo en la entidad por 100.000 € al año. Tuvo poderes de especial relevancia como la validación del voto por correo, controlar las admisiones de voto en oficina, su tramitación con la Junta Electoral Central, así como la custodia y almacenaje de las papeletas. El lobo custodiando las gallinas.

Es necesario en este punto recordar varios antecedentes. No me refiero a la historia del PSOE y las elecciones de enero de 1936 que robó el Frente Popular para llevarnos a la Guerra Civil. Hay dos antecedentes más cercanos, el primero es cómo llega Leire a ser concejal en un pueblo en Cantabria Vega de Pas donde el PSOE jamás sacaba representación. Según declaraciones de Víctor Gómez del Partido Regional de Cantabria “ese año se disparó el voto por correo al 20% en un pueblo de menos de mil habitantes donde el voto por correo no llega nunca al 1%. Ese fue el único año que el PSOE sacó representación. Me robó las elecciones". Y otro antecedente del jefe de Leire, mano derecha de Santos Cerdán, lo encontramos en la calle Ferraz según lo declarado por Tomás Gómez. La candidatura de Pedro Sánchez cambió una urna llena de votos detrás de una cortina para hacerse con la secretaría general del partido, lo que en el sistema político español significa hacerse con las llaves del poder absoluto del reino y el presupuesto.

Para adulterar el resultado de unas elecciones no es necesario un fraude generalizado, sería imposible llevarlo a cabo. Solo es preciso que se cometa en lugares clave con un reducido grupo de gente controlada. Hay demasiados casos en los que sucede eso que nos habían dicho que en España era imposible que sucediese. Es urgente y moralmente necesario poner el foco en este asunto y no renunciar a nuestro derecho a dudar y pensar para evitar que nos roben las próximas elecciones, ni para que se use como excusa para ser sustituido por el voto electrónico controlado por Indra, es decir, por el Gobierno del PSOE. Lo que llevaría a mayor alcance de fraude.

La investigación en Melilla continúa abierta por la presunta compra de 11.000 votos por correo para las elecciones municipales de mayo de 2023 donde 8.000 los habían solicitado musulmanes. Una cifra que supone el 20% del censo.

En 12 municipios hay abiertas investigaciones por fraude electoral en el voto por correo, sin tener en cuenta las condenas producidas en Melilla. Aún así los sicarios mediáticos del régimen socialista quieren silenciarlo como si fuesen multas de tráfico. En Sevilla una denuncia presentada ante la Fiscalía por el coordinador local de Izquierda Unida llevó a la Guardia Civil a investigar lo sucedido en Albaida del Aljarafe por acusaciones de compra de votos por correo a cambio de promesas de contratos públicos en el Ayuntamiento que nunca se materializaron. La Guardia Civil ha concluido que lejos de tratarse de un caso aislado en un pequeño municipio andaluz hay «un patrón sistemático de actuación que podría haberse repetido en otros puntos de la geografía española», abriéndose diligencias en municipios de Almería, Murcia, Tenerife, Melilla y Ciudad Real. Una organización con un modus operandi coordinado supuestamente desde distintos núcleos del PSOE para adulterar el voto por correo mediante suplantación de identidad, coacción y compra de votos. Donde los reclutadores e intermediarios conseguirían casas de protección oficial y contratos. La investigación en Melilla continúa abierta por la presunta compra de 11.000 votos por correo para las elecciones municipales de mayo de 2023 donde 8.000 los habían solicitado musulmanes. Una cifra que supone el 20% del censo.

En realidad hay otro antecedente de este mecanismo de compra de votos a manos del PSOE, los ERE. Desviaban dinero público para crear una red clientelar que mantuvo a los socialistas en el poder de la Junta durante 40 años. ¿Acaso con estos datos no es razonable y propio de adultos conscientes preocupados por la democracia cuestionarse la posibilidad de fraude electoral y falta de legitimidad de que quienes han llevado a cabo diversas corrupciones para alcanzar el poder y mantenerlo?

Un régimen de impunidad

Los españoles han delegado la trabajosa tarea de pensar por sí mismos los asuntos públicos demasiadas décadas, primero en el tardofranquismo y luego en el consenso setentayochista. Pensar y crear una masa crítica en España ha sido calificado como peligroso durante la democracia para proteger el consenso.

El consenso en España ha servido para establecer un régimen de impunidad para el Estado y por tanto para la clase política que lo dirige. Los españoles no pueden alcanzar la mayoría de edad democrática si no buscan el control del Gobierno en lugar de protegerlo con su silencio. Negar todo fallo, minimizarlo cuando es innegable y acabar con las manos en los bolsillos pidiendo silencio a quienes denuncian la verdad porque es peligroso es lo verdaderamente inaceptable. Al menos no lo llamen democracia.

Algunos no están preparados para conocer y creer noticias como ésta. Somos una democracia impoluta, el PSOE es necesario para España. Luego no se pregunten cómo hemos llegado hasta aquí ni se quejen de una sociedad dormida, hablan de sí mismos.

España

No sólo el voto por correo: la fontanera de Ferraz validaba el cobro de deudas de ayuntamientos y autonomías
Leire Díez validó en Correos el cobro de deudas tributarias de Ayuntamientos y autonomías como Aragón
Mercedes Serraller;| Marcos Sierra. Vozpópuli. 4 Junio 2025

Leire Díez de Castro, conocida como la fontanera del PSOE, validó en Correos el cobro de deudas tributarias de Ayuntamientos y comunidades. La documentación que ha cotejado Vozpópuli muestra que representó a la empresa estatal en los convenios para facilitar el cobro de estas deudas a ayuntamientos como El Sauzal (Tenerife), Agüimes (Gran Canaria), Narón (La Coruña) y Mula (Murcia) y comunidades como Aragón.

Los convenios con consistorios buscaban faciliar el ingreso en cuentas de estos de giros postales utilizados para pagar deudas tributarias y de derecho público. En Aragón este servicio se acompañó de otro adicional de carteros rurales, según el convenio que validó Díez el 30 de septiembre de 2022.

Díez tuvo competencias de especial relevancia cuando trabajó en Correos entre 2022 y 2024 como directora de Filatelia y Relaciones Institucionales colocada por Juan Manuel Serrano, ex jefe de Gabinete y amigo personal de Pedro Sánchez, y también firmó por parte de la sociedad estatal el encargo del Ministerio de Cultura para la facilitación y gestión de los medios de pago de las ayudas del Bono Cultural Joven, dotadas con 210 millones de euros.

El PP ha citado en comisión de investigación en el Senado a Juan Manuel Serrano, expresidente de Correos, a Santiago Ferrer Puga, exdirector financiero de Correos, y a Javier Monzó Torrecillas, exdirector general de control

En su último año en Correos compatibilizó su puesto con la dirección de Productos y Servicios, es decir, de la red de oficinas, según explicó ella misma en LinkedIn cuando dejó la empresa.

Protagonista de una trama en la que buscaría desacreditar a jueces y fiscales que juzgan casos de corrupción del Gobierno y de la familia de Pedro Sánchez, entre otras maniobras fuera de la ley en las que dice actuar en nombre del Ejecutivo, Díez salió a la luz cuando Vozpópuli informó en febrero de 2024 de la llamativa presencia en redes siendo directiva de Correos, con insultos al PP y loas a Pedro Sánchez. El pasado septiembre, El Confidencial desveló sus trabajos en las cloacas de Ferraz.

Pues bien, Díez, que cobraba cerca de 100.000 euros, fue apoderada, apoderada mancomunada y apoderada mancomunada solidaria de Correos, es decir, tenía amplios poderes de representación legal de la sociedad estatal y como tal contaba con firma digital en nombre de Correos, según recoge el Boletín Oficial del Registro Mercantil (Borme).

Y entre las funciones que desempeñó Díez destaca la de validar el voto por correo. Así lo hizo con su firma digital en las elecciones autonómicas de Andalucía del 19 de junio de 2022 en un documento que Correos remitió a la Junta Electoral Central el 23 de junio de 2022, según desveló Vozpópuli el pasado lunes en la información "La 'fontanera' del PSOE tenía poder legal para validar el voto postal desde su cargo en Correos". Unos poderes que directivos de la empresa ven "muy inusuales".

En este certificado se recogen los envíos electorales a ciudadanos en el exterior gestionados mediante mensajería privada para evitar retrasos, según permitió el acuerdo del Consejo de Ministros del 1 de marzo de 2022.

El PP cita en el Senado al expresidente de Correos

Todos ellos tendrán que responder por el trabajo de Leire Díez. Lo ha anunciado este lunes el portavoz popular, Borja Sémper, en una rueda de prensa desde Génova. "Les confieso que asistimos con extraordinaria preocupación ante el hecho de que la fontanera Leire Díez, y Juan Manuel Serrano, que dejó Correos con unas pérdidas millonarias, gestionaran el voto de más de dos millones y medio de españoles en las generales", ha apuntado.

Este lunes Correos ha asegurado en un comunicado que Leire Díez "nunca fue responsable del voto por correo" en las elecciones generales del 23 de julio de 2023, ni tampoco "en alguna convocatoria electoral". El Confidencial publicó el lunes que la hasta este martes militante del PSOE "estuvo al frente del voto por correo en las últimas elecciones generales".

Sospechas de amaño de voto por correo en Vega de Pas

Díez de Castro ha sido relacionada con el voto por correo, en concreto, en su etapa de teniente de Alcalde del PSOE en Vega de Pas (Cantabria) en 2011, donde los socialistas no tenían representación.

Se presentó como candidata y consiguió el acta de concejal, aunque con maniobras sospechosas, según ha denunciado el exalcalde del pueblo Víctor Gómez (Partido Regionalista de Cantabria) a La Razón. "En esas elecciones, se disparó el voto por correo al 20%. En un pueblo de menos de mil habitantes. Donde el voto por correo no llega nunca al 1%. Y ese fue el único año que el PSOE sacó representación. Me robó las elecciones".

La peor España en el exterior
Ramón Pérez-Maura. el debate. 4 Junio 2025

España vive su peor momento ante el mundo. El peso que tuvo en la escena internacional durante el reinado de Don Juan Carlos con González y Aznar como presidentes es inimaginable hoy. La próxima semana, el 12 de junio, se cumple el 40 aniversario del ingreso de España y Portugal en las Comunidades Europeas. Recuerdo la emoción con la que vi por televisión, desde el salón del Colegio Mayor Belagua, Torre I el acto de la firma en el Palacio Real de Madrid. Felipe González gobernaba con mayoría absoluta, pero no pretendía imponer sectarismo alguno en esa materia a la oposición que encabezaba Manuel Fraga. Al que nunca le pidieron que suplicara perdón por venir de donde venía: de ser ministro de Franco.

Aquella España era admirada en Europa por haber sabido cerrar su pasado y mirar juntos al futuro. Quién iba a decir a nuestros socios europeos que ese partido de Felipe González iba a abrazar el sectarismo y a denunciar todo lo que ellos mismos habían hecho en ese tiempo.

La política exterior de la España actual ya no tiene una visión de Estado. Ahora tenemos dos características principales: alinearnos con las tiranías y promover las lenguas regionales españolas como si fueran el idioma de un Estado soberano. Nuestro simpar Napoleonchu tiene dedicados a los embajadores casi a tiempo completo a buscar el reconocimiento como lenguas oficiales de la UE del catalán, el vascuence y el gallego. Hasta el punto de que en las reuniones multilaterales nuestros embajadores buscan concertar reuniones bilaterales para negociar las lenguas. Conviene tener en cuenta que esto es más grave de lo que parece. Porque el número de reuniones bilaterales que se puede tener es limitado. Y, por ejemplo, si hay una reunión bilateral para hablar del catalán en las instituciones europeas, igual no hay una segunda ocasión para hablar de las exportaciones de trigo o de las barreras que se pone a las empresas españolas en Italia. Por decir algo. Esta es la España que estamos vendiendo allende nuestras fronteras. La peor España.

Piénsese, además, el interés que hay por el español en otros países de Europa. En lugar de apostar por ese poder blando, estamos con el catalán. En toda Europa Central hay un inmenso interés en la lengua castellana como lo demuestra el número de matriculados en los institutos Cervantes. Pero en lugar de fomentar eso, vamos a promover las lenguas regionales en las instituciones europeas. Y lo siguiente será despilfarrar el dinero montando institutos para la promoción de esas 'lenguas oficiales' en otros países. A ver cuántos alemanes escogen el catalán antes que el español.

Napoleonchu está metido de hoz y coz en este proyecto sectario que le permite recurrir con frecuencia al maltrato de los miembros de la carrera diplomática. Es maestro en poner en evidencia a la gente y hacerlo casi siempre en público. Uno de los términos más habituales de su lenguaje es «te ceso». Aunque luego no cumpla su amenaza. Nada más propio de un verdadero Napoleonchu. Pero, además, se ha visto llorar a una directora general al bajarse del avión en el que había volado con él y otros ejemplos de humillación.

Es tal el complejo de inferioridad que tiene Napoleonchu —por razones de estatura o vaya usted a saber cuáles— que no permite que nadie de su ministerio hable con un diplomático extranjero de superior escalafón. Así, si el secretario de Estado de Cooperación hace un viaje a Hispanoamérica, donde la cooperación española es de una enorme trascendencia, y un ministro del país receptor quiere recibirlo, el secretario de Estado debe declinar la entrevista, aunque sea para darnos las gracias. Sólo puede ver a su equivalente en aquel Gobierno. Por esta vía, hemos conseguido perder mucho peso en nuestro continente hermano donde las cumbres iberoamericanas fueron la gran exaltación de la Hispanidad con el Rey de España a la cabeza. A la última no fue ni Pedro Sánchez. Y en este momento hemos hecho un binomio insuperable: estamos enfrentados simultáneamente con México y Argentina. No paramos de mejorar.

La jerarquía en Exteriores era casi como la de los militares. Antes, los directores generales despachaban con el secretario de Estado. Napoleonchu no lo consiente y ahora despachan con el jefe de gabinete del ministro que es lo más cerca que quiere tenerlos. No se permite que los embajadores de España en sus destinos hablen con periodistas. Sólo el ministro puede hacerlo. Y la red consular española está catatónica. Se ha triplicado el número de españoles fuera y la red está igual. Algunos consulados incluso con menos personal porque los sueldos para pagar a empleados locales no son competitivos. Se ha llegado a situaciones tan patéticas como que durante la Presidencia española de la UE hubo embajadas a las que no se les permitió contratar un cocinero y consumieron los gastos de representación del semestre en cuatro o cinco almuerzos en restaurantes donde no se podía ni pedir vino español por falta de presupuesto. Ésta es la peor imagen de España ante el mundo.

Sí. Sí. Bastante peor que con Francisco Franco.

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Casa Pumpido: donde cualquier fechoría cabe
Francisco Rosell. el debate. 4 Junio 2025

No podía esperarse otra cosa con un Pumpido que emporcó su toga de fiscal general para facilitar los tejemanejes de Zapatero con los terroristas de ETA y que hoy enfanga su ropón para blindar a Sánchez

Hace más de dos siglos, en el décimo aniversario de la doceañista Constitución de Cádiz, al que el impostor Cándido Conde-Pumpido homenajeó recientemente acercándose al Oratorio de San Felipe Neri, el gran liberal sevillano Alberto Lista advertía que «nada hay más peligroso que salirse de la letra de la Constitución y eludir el rigor de sus artículos a pretexto de circunstancias extraordinarias» porque ese día se finiquita la libertad. A su juicio, si se permite que «una mano atrevida arranque una sola piedra del edificio constitucional, tras la primera arrancará la segunda, y tras ésta, otra» desmoronándose.

Justo esto es lo que propicia el presidente del Tribunal Constitucional —¡fuera máscaras!— como autor intelectual del autogolpe contra la legalidad constitucional al amnistiar a los sediciosos que proclamaron la «suspendencia» en Cataluña. Basta leer el borrador de ponencia firmado por su vicepresidenta, «Maculada» Montalbán, una vez que el «In» lo perdió brindando su indulto solapado a los ladrones de los ERE andaluces que apadrinaron su carrera y que la galardonaron. No le arredró allanar las competencias del Tribunal Supremo.

Para ello, con menos vergüenza que un gato en una matanza, Pumpido y su soviet del TC no preservan ni la apariencia de imparcialidad lo que transmuta a la Corte de Garantías en una extensión del régimen bolivariano de Maduro. Si su primer presidente fue un exiliado en la democracia venezolana de entonces, Manuel García-Pelayo, ahora su degeneración la arrastra a proceder como aquella satrapía. No podía esperarse otra cosa con un Pumpido que emporcó su toga de fiscal general para facilitar los tejemanejes de Zapatero con los terroristas de ETA y que hoy enfanga su ropón para blindar a Sánchez.

Así, ha transitado de cuando el etarra Otegui, hoy jefe de EH-Bildu, reclamaba en la antesala del juez Marlaska y hoy ministro del Interior: «¿Pero esto lo conoce el fiscal general del Estado?», a cocinarle la amnistía que Sánchez adeuda por ser presidente en un acto de simonía que lo deslegitima. En suma, mientras progresa y con él su familia, Pumpido actúa con la obsequiosidad de «agradaor» de Héctor Cámpora, su ayudante de cámara, con Perón. Si al inquirirle éste: «Camporita, che. ¿Qué hora tenés?, aquel respondía servil: «La que vos querés, mi general», otro tanto Pumpido para justificar en Derecho, pero sin rectitud, los abusos de Sánchez.

A este propósito, Pumpido hace de la necesidad (política) de Sánchez virtud (constitucional) trenzando una ponencia sin rigor jurídico y con trazas de pasquín. Todo para verificar por «razones de partido» una medida de gracia que contraviene la Ley de Leyes, como argüía Sánchez, pero a la que Casa Pumpido le da la vuelta como un calcetín para presentar como interés general su adeudo al prófugo Puigdemont. Milagrosamente, Sánchez no vio la luz de la amnistía hasta que supo que, de no saltarse la Constitución, como en 2017 los golpistas, debía apearse del poder. Y es que, en efecto, si la Carta Magna veta expresamente los indultos generales, también una medida de gracia más amplia que no sólo anula las penas, sino que borra los delitos. Imposibilitando lo menos, no puede admitirse lo más.

Por eso, luego de asegurar que «los juicios de oportunidad política quedan a extramuros de nuestro control» y de desligar la amnistía de las «transacciones políticas», la ponencia de «Maculada» Montalbán no abandona los derroteros políticos que refuta falsamente. Cúmplese el adagio latino: Excusatio non petita accusatio manifesta («Quien se excusa, se acusa»). Ejemplifica que lo que distingue a un ciego de un fanático es que el primero sabe que no ve y el otro cree que ve por anteponer el egoísmo de partido sobre la verdad y la justicia. Como subrayó Madame de Stäel, a quien Napoleón tenía como máxima enemiga junto con Prusia, Rusia e Inglaterra, «el espíritu de partido es la pasión que convierte en una virtud la aniquilación de las demás virtudes».

Como consecuencia, el TC se ha viciado con peones de partido y se ha enviciado con fallos que dictan desde fuera aquellos a quienes deben las puñetas. Por esta abyecta vía, el TC se dispone a refrendar la ilegal amnistía merced a la cual Sánchez detenta, que no ostenta, la Presidencia. Pero es que, además, al convalidar tamaña arbitrariedad, habilita el ejercicio despótico del poder de aquel al que todo le será consentido. En realidad, dando por cumplida su deuda con Puigdemont, quien deberá esperar el escollo de la malversación a que se pronuncie el Tribunal de Justicia Europeo, Sánchez se fortifica con esta autoamnistía. Ya no sería un primus inter pares, sino un primus supra pares, por la gracia de Pumpido, como Berlusconi pretendió en Italia impidiéndoselo la Corte de Garantías trasalpina.

Más cuando, según el boceto de sentencia, «el legislador puede hacer todo lo que la Constitución no prohíba explícita o implícitamente». Ello contraviene el principio cardinal de que el gobernante, al revés que el ciudadano, sólo puede hacer lo que fije el orden legal porque, de lo contrario, fenece la libertad. «Mientras que el poder legislativo, el ejecutivo y el judicial no marchen libremente por la senda respectiva de sus atribuciones —avisaba hace dos centurias Alberto Lista—, la Constitución no existe por más que blasonemos de amarla».

A tenor de ello, no le falta un ápice de razón al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, cuando manifiesta que «se nos intenta convencer de que comprar un gobierno con privilegios es legal». Ello obliga a actuar en coherencia y no reincidir en el nefando error de su antecesor de votar a Pumpido como magistrado constitucional cuando podía intuirse que a los bulos de Sánchez sumaría sus bulas. Como opinaba Bonaparte, si se pone una uña ante una bola de nieve, ésta se derrite al instante; si se la deja rodar, puede que aplaste al indolente. Así, con astucia de hombre de partido, el primer recurso que Pumpido ha puesto sobre la mesa ha sido el del PP, habiendo una veintena, a fin de que su aberración jurídica se diluya en porfía partidista en esta España polarizada y cuele de matute cómo socava del Estado de derecho y la igualdad entre ciudadanos. A resultas de ello, un Gran Inquisidor dicta sentencias de parte desde un TC del que hace su casa particular.

La trilera Armengol sale otra vez al rescate de Sánchez
editorial. ESdiario. 4 Junio 2025

Las trampas de Armengol no sólo protegen a Sánchez, sino que confirman una estrategia más amplia: el presidente está colonizando las instituciones del Estado para ponerlas a su servicio

La presidenta del Congreso, Francina Armengol (i) y la secretaria segunda de la Mesa del Congreso, Isaura Leal (d), a su llegada a una reunión de la Mesa del Congreso de los Diputados, a 4 de febrero de 2025, en Madrid (España). La Mesa del Congreso tiene previsto tramitar este martes, 4 de febrero, la proposición no de ley en la que Junts sugiere al presidente del Gobierno que se someta a una cuestión de confianza a cambio de que Junts apoye la convalidación del nuevo decreto ‘ómnibus’ que incluye la subida de las pensiones, las ayudas al transporte, y a los afectados por la DANA, además y otras medidas del llamado escudo social.

El ‘caso Leire’ ha puesto a Pedro Sánchez contra las cuerdas. Junts, ERC y Podemos, socios clave de su investidura, junto al PP y Vox, exigen que comparezca en el Congreso para aclarar las cloacas del PSOE, destapadas por los audios de Leire Díez, señalada como artífice de una campaña de desprestigio. Con la corrupción no hay medias tintas: si los socios callan, serán vistos como cómplices. Saben que el barco del sanchismo hace aguas y no quieren hundirse con él. ERC y Junts han presentado iniciativas propias, mientras Podemos reclama que Sánchez rinda cuentas ya, consciente de que hay votos para forzar su comparecencia. El PP, además, ha llevado el caso a la Fiscalía Anticorrupción, denunciando una “guerra sucia” del PSOE.

Sin embargo, Francina Armengol, presidenta del Congreso, actúa como salvavidas de Sánchez con una maniobra de trilera. Ha retrasado la tramitación de las peticiones de comparecencia, dilatando la decisión de la Mesa hasta que el periodo de sesiones esté a punto de expirar. Esta jugada, que beneficia descaradamente al PSOE, permite a Sánchez esquivar el escrutinio antes del parón parlamentario. La oposición acusa a Armengol de ser una marioneta de Moncloa, ejecutando órdenes de los leales de Sánchez sin pestañear. Es fácil imaginar las llamadas desde el Gobierno dictando cada paso y a ella obedeciendo con lealtad ciega. Su falta de imparcialidad daña la credibilidad del Congreso, convirtiéndola en un engranaje más del sanchismo.

Porque las trampas de Armengol no solo protegen a Sánchez, sino que confirman una estrategia más amplia: el presidente está colonizando las instituciones del Estado para ponerlas a su servicio. Desde el Tribunal Constitucional hasta el CIS, pasando por la Fiscalía General y, ya lo vemos, también la Mesa del Congreso, Sánchez moldea los organismos clave para blindarse.

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