Recortes
de Prensa Jueves
12 Junio
2025
El ministro alemán
de Defensa viaja a Kiev para negociar una mayor ayuda armamentística
a Ucrania
Henar Andrés. Madrid. el mundo. 12
Junio 2025
Mientras Rusia ha intensificado sus ataques a Ucrania en los últimos días, el ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, se ha desplazado a Kiev para tratar con el gobierno de Zelenski sobre una mayor ayuda armamentística. "Estamos haciendo todo lo posible para apoyar a Ucrania para que pueda defenderse y llegar a una posición en la que Rusia esté dispuesta a entablar negociaciones serias", aseguró el dirigente germano.
Rusia y Ucrania celebraron a principios de mes una segunda ronda de conversaciones de paz en Estambul. Sin embargo, los combates se han recrudecido mientras las dos partes discrepan sobre una serie de cuestiones centrales, como las concesiones territoriales y la perspectiva de la futura adhesión de Ucrania a la OTAN.
Por su parte, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ha aprovechado la celebración del Día de Rusia, que conmemora la declaración de soberanía del país en 1990, para asegurar que apoya las "aspiraciones de los rusos a un futuro más brillante", al tiempo que reafirma el deseo de Estados Unidos "lograr una paz duradera entre Rusia y Ucrania".
8:30
Al menos 14 heridos en un nuevo ataque nocturno ruso contra Járkiv
Al menos 14 civiles resultaron heridos este jueves en un ataque nocturno con drones rusos contra la ciudad de Járkiv, un día después de que murieran tres personas y otras 60 fueran heridas en circunstancias similares.
"Por la noche, el enemigo atacó Járkiv con drones. Se produjeron incendios en los distritos de Saltivski, Slobodski y Shevchenkivski de la ciudad; ardieron viviendas, locales comerciales y coches. 14 personas fueron heridas, incluidos cuatro niños", informaron los servicios de emergencia del Estado en Telegram.
Las labores de rescate y de apagado de incendios todavía continúan.
En la noche del martes al miércoles los ataques con drones causaron la muerte de tres personas, una mujer de 47 años y dos varones de 65, y otras 60 resultaron heridas, entre ellas un niño de cinco años.
8:25
Marco Rubio felicita a Rusia y reafirma sus llamamientos a la paz con Ucrania
Estados Unidos apoya las aspiraciones de los rusos a un futuro mejor, dijo el secretario de Estado Marco Rubio con motivo del Día de Rusia, reafirmando el deseo de un compromiso constructivo en los esfuerzos para lograr la paz en la guerra con Ucrania. La festividad del Día de Rusia conmemora la declaración de soberanía del país en 1990.
"Estados Unidos sigue comprometido a apoyar al pueblo ruso mientras continúa construyendo sus aspiraciones de un futuro más brillante", dijo Rubio en una declaración en el sitio web del Departamento de Estado.
"También aprovechamos esta oportunidad para reafirmar el deseo de Estados Unidos de un compromiso constructivo con la Federación Rusa para lograr una paz duradera entre Rusia y Ucrania", añadió. "Es nuestra esperanza que la paz fomente relaciones más mutuamente beneficiosas entre nuestros países".
El miércoles, las agencias de noticias rusas dijeron que el nuevo embajador de Moscú en Estados Unidos, Alexander Darchiev, se comprometió a trabajar para restablecer plenamente los lazos con Washington al presentar formalmente sus credenciales al presidente Donald Trump.
8:20
El ministro alemán de Defensa viaja a Kiev
El ministro alemán de Defensa, Boris Pistorius, llegó el jueves a Kiev para realizar una visita en medio del estancamiento de las negociaciones de paz entre Ucrania y Rusia, informó un portavoz del ministerio alemán.
Se trata de la primera visita de Pistorius a Ucrania bajo el gobierno del canciller conservador Friedrich Merz. Pistorius visitó Ucrania por última vez en enero. Merz criticó a Rusia el martes por el "terror contra la población civil" ucraniana, después de que Moscú intensificara sus bombardeos.
Pistorius tiene previsto mantener conversaciones con representantes del Gobierno ucraniano sobre una mayor ayuda armamentística por parte de Berlín, según la agencia Dpa. "Estamos haciendo todo lo posible para apoyar a Ucrania para que pueda defenderse y llegar a una posición en la que Rusia esté dispuesta a entablar negociaciones serias", dijo Pistorius antes de su partida.
Manifestación sin precedentes de un
Poder Judicial "bajo amenaza"
EDITORIAL.
libertad digital.
12 Junio 2025
Estas reformas pseudolegislativas son el mayor ataque estructural que haya sufrido nuestro Estado de derecho bajo mandato de Pedro Sánchez
Miles de jueces y fiscales han parado este miércoles ante las sedes judiciales de toda España para reflejar su oposición frontal a las últimas iniciativas legislativas del Gobierno destinadas a colonizar el poder judicial. Se trata de un acto de protesta sin precedentes en el que han participado los representantes de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), el Foro Judicial Independiente (FJI), la Asociación de Fiscales (AF) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) y a la que se han sumado por primera vez magistrados que están en la cúspide del Poder Judicial.
Jueces y fiscales denuncian que las reformas emprendidas, enmarcadas en otras que se han ido produciendo, "van encaminadas a convertir al poder judicial en un poder con minúscula, un poder más débil en su función de contrapeso del poder político, más maleable y sensible a las presiones mediáticas y del poder, en la senda de las democracias iliberales". Y no les falta razón para lanzar esta grave advertencia si tenemos presente la bochornosa reforma que ultima el Ministerio de Justicia, liderado por Felix Bolaños, de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que pretende un cambio estructural en el modelo de instrucción penal en España, según el cual los fiscales pasarían a asumir la dirección de las investigaciones judiciales, en lugar de los jueces de instrucción, lo que implicaría, por ejemplo, que unidades como la Unidad Central Operativa pasarían a depender directamente del Ministerio Público o que sólo se instruirían los casos que decidiera este organismo tan dependiente del Ejecutivo como es la Fiscalia.
Este cambio no sería tan grave- incluso podría ser equiparable a lo que sucede en otros países de nuestro entorno, sino fuera -claro está- por esa absoluta jerarquización y dependencia que la Fiscalia tiene en nuestro país del presidente del Gobierno. Pero Bolaños no pretende sino reforzar las competencias y la dependencia del fiscal general del Estado con unos cambios que van a rebajar la excelencia de conocimientos en el acceso a las carreras judicial y fiscal, "eliminando contenido esencial para nuestra formación e introduciendo pruebas más subjetivas y susceptibles de filtración". Además, claman contra la creación de un centro de preparación de opositores "dependiente directamente del Gobierno y, por ello, con riesgo de selección ideológica de los futuros jueces y fiscales de este país" y también contra la pretensión de convertir en jueces y fiscales a mil trecientos jueces y fiscales sustitutos, sin pruebas que midan su aptitud para ello".
No menos razón les asiste a los togados cuando lamentan que el Gobierno quiera "aumentar las competencias del fiscal general del Estado, quien, como jefe de todos los fiscales, también de los futuros fiscales de instrucción que quieren crearse, seguirá nombrándose por el Gobierno sin ningún tipo de filtro previo". Esto, ciertamente, añadido a "la eliminación de garantías de autonomía de los fiscales, incrementará aún más si cabe, en contra de las exigencias europeas, el riesgo de injerencias políticas en las causas de corrupción".
Por esta y por muchas otras, no les falta razones a los togados manifestantes al denunciar que la independencia judicial -lo que queda de ella, diríamos nosotros- "está bajo amenaza". Es más. Consideramos que estas reformas legislativas son el mayor ataque estructural -no puntual como han sido, por graves que sean, la ley de amnistía o la inconstitucional declaración del Estado de Alarma- que haya sufrido nuestro Estado de derecho bajo el mandato de Pedro Sánchez.
Ni que decir tiene, no obstante, que el gobierno dedica a estas protestas el mismo caso omiso que dedica a las amonestaciones que se le hacen desde Bruselas o a la que este mismo miércoles y por enésima vez le hacia hasta la presidente del Consejo General del Poder Judicial, Isabel Perelló, quien ha exigido al ejecutivo el "cese" de sus "presiones intolerables" sobre los jueces Por el contrario, el Gobierno lo que hace es pisar el acelerador y este jueves, menos de un mes después de que el Consejo de Ministros aprobara ser remitida al Congreso, la ley Bolaños con la que el Gobierno pretende controlar por la puerta de atrás el acceso a la judicatura, se debatirá en el Congreso.
Lo que es innegable es que pasar de las leyes a pseudo leyes como las que promueve este gobierno social/comunista es la forma de transitar de una democracia liberal a un régimen bananero y prototalitario donde todo poder depende de un Ejecutivo no sometido a ningún contrapeso. O, si lo prefieren, es la forma de transitar de la democracia a la mafia institucionalizada.
Jueces, mucho más que un paro simbólico
Editorial. la razon. 12 Junio 2025
No deja de provocar inquietud y cierta tristeza que la presidenta del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, Isabel Perelló, es decir, la figura más destacada del sistema judicial español, haya tenido que salir a la palestra a recalcar lo que es obvio en cualquier democracia que se precie, que «las manifestaciones públicas que cuestionan actuaciones de jueces concretos y hasta ponen en duda la legitimidad de las instituciones judiciales son impropias de un Estado democrático avanzado y minan la confianza de los ciudadanos en la Justicia».
Es, exactamente, lo que se viene haciendo desde el Gobierno que preside Pedro Sánchez, con algunas actuaciones ministeriales que rayan la injuria y entran de lleno en la calumnia, pero no es sólo contra lo que se han levantado jueces y fiscales en la jornada de ayer, con un paro simbólico cuya trascendencia no conviene desdeñar, sino también contra el incalificable intento gubernamental de modificar el sistema de acceso a la judicatura, devaluando las condiciones de mérito y capacidad que deben demostrar los aspirantes y creando un nuevo «cuarto turno» con el que conformar un cuerpo de jueces, hay que decirlo a las claras, que se presupone próximo a las políticas progresistas de la izquierda actuante, cada vez más obsesionada con el control de un sistema judicial que es feliz garantía de la igualdad ante la ley de los ciudadanos y baluarte en todas las democracias acosadas por los populismo, como está sucediendo en España.
Pretender desde un Gobierno en minoría, rehén de unos partidos nacionalistas que han tenido graves problemas con la Justicia y enfrentado a una multiplicidad de investigaciones por corrupción y nepotismo, modificar aspectos fundamentales de la carrera judicial o de las leyes que regulan el procedimiento de investigación criminal no es sólo una huida hacia adelante de quien se ve con el agua al cuello por su propia incompetente soberbia, sino un grave ataque a los fundamentos de las democracias representativas.
No vamos a caer en exageraciones retóricas o en comparaciones estrambóticas con otros procesos políticos que desembocaron dramáticamente en la pérdida de las libertades ciudadanas, entre otras razones, porque formamos parte de la Unión Europea, donde la separación de poderes y la garantía de la independencia judicial forman parte de su sustancia jurídica, pero sí debemos advertir que la deriva gubernamental está erosionando la confianza en la Justicia y, por lo tanto, en el propio sistema democrático. Sin embargo, cuando amplios sectores de la opinión pública se sienten desconcertados por una visión de la conquista y retención del poder político en la que no parece existir frontera moral alguna, que los jueces y fiscales salgan a la calle demuestra que la sociedad española todavía no ha tirado la toalla.
No afecta a la soberanía del peñón
El
Gobierno de Sánchez firma un acuerdo con Gibraltar que constituye
otra traición a los españoles
Pedro Fernández
Barbadillo. gaceta.
12 Junio 2025
Cada anuncio del Gobierno de Pedro Sánchez es un insulto a los españoles. Ahora nos presenta un acuerdo con el Reino Unido sobre el estatus de la colonia de Gibraltar que se lleva negociando desde el Brexit, aprobado por los británicos en el referéndum de 2016. El Gobierno español, primero con Mariano Rajoy (PP) y luego con Pedro Sánchez (PSOE), ha desaprovechado una ocasión irrepetible para avanzar en la recuperación del Peñón.
En la presentación del acuerdo ha estado presente Fabián Picardo, ministro principal de la colonia y miembro de la Internacional Socialista que preside Sánchez. Cuando gobernaba Zapatero, su ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, cometió el «error» de introducir en las negociaciones al gobierno local, hecho que no ha sucedido en ningún proceso de descolonización.
El Gobierno del laborista Starmer ha enumerado los beneficios del acuerdo para el Reino Unido: no afecta a la soberanía británica sobre Gibraltar, elimina los retrasos en la frontera (que muy ocasionalmente aplicaba la Policía Nacional española), blinda la base militar y ahorra unos 100 millones de libras esterlinas que costaría a los contribuyentes británicos seguir financiando la economía del Peñón.
En cambio, el ministro José Manuel Albares ha asegurado que, a partir de ahora, se creará una «zona de prosperidad compartida entre Gibraltar y el Campo de Gibraltar». ¡La misma promesa que hizo el también socialista Felipe González cuando procedió a abrir en 1982 la Verja que había cerrado el régimen franquista en 1969, en reacción a los incumplimientos por Londres de las reiteradas exigencias de la ONU para que negociase la reintegración de la colonia a España!
Albares añadió que «con este acuerdo desaparece la Verja y queda garantizada la libre circulación de personas y mercancías». Y este factor es el motivo de la alegría de Picardo y los «llanitos». Por él, los gibraltareños pasan a incorporarse al Espacio Schengen, del que su metrópoli sigue excluida.
Con el desmantelamiento del Puesto de Control Fronterizo en la Verja (instalada ésta por los británicos en territorio español en 1908), los habitantes de la colonia podrán penetrar en España sin ningún tipo de vigilancia que, entre otras cosas, pudiera servir a la Hacienda española para conocer su residencia fiscal y cobrarles impuestos. ¡La vida en Gibraltar es tan aburrida que los «llanitos» adinerados se marchan en cuanto pueden a sus residencias en Sotogrande, Marbella y otros municipios españoles!
La molestia de enseñar los pasaportes a los funcionarios españoles se limita a los viajeros que lleguen a la colonia a través del aeropuerto, propiedad de la Royal Air Force y construido contra las disposiciones del Tratado de Utrecht en la Segunda Guerra Mundial. De nuevo, el Gobierno del socialista Zapatero zanjó las disputas con Londres sobre esta infraestructura vital para la economía de los colonos por el curioso método de ceder prácticamente en todas sus exigencias. Cuando los aviones no pueden aterrizar en Gibraltar, se desvían al aeropuerto de Málaga o algún otro cercano de los que opera AENA.
Los españoles conservan su estatus de ciudadanos discriminados en Gibraltar. No pueden pernoctar en la colonia, sino que deben abandonarla cuando termina su jornada laboral o su visita turística. Así los colonos impiden que los «nativos» se asienten en su territorio.
Lo más importante de la colonia para Gran Bretaña, Estados Unidos y la OTAN es la base militar. Y ésta se mantiene, sin que el Gobierno y las Fuerzas Armadas españolas puedan siquiera echar un vistazo. La reciente entrega del archipiélago de las Chagos (salvo la isla de Diego García) a la república de Mauricio por parte de Londres fue aprobada por la alianza de los Cinco Ojos, que incluye, junto al Reino Unido, a las demás potencias anglosajonas: EEUU, Canadá, Australia y Nueva Zelanda. ¿Ha ocurrido algo parecido en este caso? Los habitantes españoles de la bahía de Algeciras, sobre todo de La Línea (63.000 vecinos), siguen estando en peligro debido al almacenamiento de armamento en las instalaciones militares opacas y a la reparación de submarinos atómicos británicos.
¿Cuál puede ser la razón de que Moncloa haya aceptado este acuerdo tan celebrado por la potencia colonial y la población ocupante y, en sencilla lógica, perjudicial para España?
Cuando la casa real marroquí anunció en marzo de 2022 que el Gobierno de Sánchez pasaba de defender la autodeterminación del Sáhara Occidental a aceptar la autonomía del territorio integrado bajo la soberanía del ocupante, una de las explicaciones que se dieron a semejante ruptura con la política tradicional española y la línea del PSOE consistió en el espionaje por parte del régimen de Rabat al teléfono de Sánchez mediante el programa Pegasus. Es decir, simple chantaje. Mohamed VI consentiría que Sánchez se mantuviera en el poder a cambio de entregar a Marruecos cientos de millones de euros en subvenciones, de promover la agenda marroquí en la Unión Europea, de favorecer a su agricultura en perjuicio de la española, de dar la nacionalidad española a docenas de miles de marroquíes (algunos de los cuales ya forman parte de los Parlamentos autonómicos, como los de Melilla y Cataluña).
Ahora, Sánchez, que ha demostrado que está más pendiente de su persona («yo estoy bien») que del bienestar y el futuro de los españoles, puede estar apañándose un puesto de ringorrango, con pasaporte diplomático e inmunidad, como algún otro socialista español en agencias de la ONU o similares. ¿Sabe usted, querido lector, que el diplomático Miguel Ángel Moratinos ocupa, desde 2019, el puesto de Alto Comisionado de la Alianza de Civilizaciones?
Quizás una de las últimas piezas para la comprensión de esta nueva puñalada al pueblo español sea la publicación por diarios británicos como The Times y The Telegraph de los casos de corrupción que cercan a Sánchez, su familia y su camarilla del PSOE. El mensaje se podía traducir como «Sabemos cómo eres y qué quieres».
Dos de los últimos conflictos coloniales que existen en el mundo afectan a España: Gibraltar y el Sáhara Occidental. En ambos, Sánchez se ha movido para favorecer a las potencias ocupantes. El siguiente paso del Régimen del 78, lo dé el socialista u otro político, bien puede ser la soberanía compartida con Marruecos sobre Ceuta, Melilla y las islas del Estrecho, o una consulta de autodeterminación en Cataluña. Preparémonos para soportar más infamias. Yo empiezo a echar de menos una diplomacia como la marroquí.
Unamuno
y Ortega tampoco se habrían puesto pinganillo
Pedro
Corral. okdiario.
12 Junio 2025
En la sesión del 18 de septiembre de 1931 de las Cortes constituyentes de la Segunda República, Miguel de Unamuno defendió una enmienda firmada por varios diputados, entre ellos José Ortega y Gasset, que introdujo que todo español tiene el deber de saber y el derecho de usar el castellano, reconocido como idioma oficial. El enunciado sería recogido con leves variantes en el artículo 4 de la ley de leyes de 1931 y en el artículo 3 de la de 1978.
El escritor y filólogo bilbaíno, diputado independiente por la conjunción republicano-socialista en Salamanca, defendió en esa enmienda el término «español» frente a «castellano», que es el que acabó figurando. «Porque hay que tener en cuenta que el castellano es una lengua hecha, y el español es una lengua que estamos haciendo», explicó.
En la enmienda presentada por Unamuno y Ortega se introdujo el concepto de cooficialidad de las lenguas regionales que luego se plasmaría en la Carta Magna de 1978. «En cada región se podrá declarar cooficial la lengua de la mayoría de sus habitantes», rezaba la propuesta, que a renglón seguido declaraba: «A nadie se podrá imponer, sin embargo, el uso de ninguna lengua regional». El texto definitivo del artículo 4 incluyó esta interdicción, pero podría disponerse lo contrario mediante «leyes especiales».
El propio Unamuno confesó que «no veo muy claro lo de la cooficialidad, pero hay que transigir». «Cooficialidad es tan complejo como cosoberanía; hay «cos» de estos que son muy peligrosos», afirmó. Pero se felicitó de que la enmienda estableciera «que ninguna región podrá imponer, no a los de otras regiones, sino a los mismos de ella, el uso de aquella misma lengua».
Sin embargo, en la Constitución republicana no figuró el término «lengua cooficial». La razón fue que se eligió finalmente satisfacer a la minoría catalana con una fórmula que permitiera casar con el texto constitucional el futuro Estatuto de Cataluña, en el que se reconocería al catalán como idioma oficial, aunque esta condición figuró después compartida con el castellano.
El rector de Salamanca, que estaba a punto de cumplir los 67 años, tuvo aquel 18 de septiembre de 1931 una intervención memorable en defensa del idioma español, acompañada de un canto a las lenguas regionales, pero sobre todo por su papel en el proceso de construcción del español. Para ello recitó poemas de Castelao, presente en el debate como diputado, Rosalía de Castro, Curros Enríquez o Joan Maragall.
No ahorró críticas al «nacionalismo de señorito resentido», para lanzar después su célebre llamamiento a que las regiones españolas se «conquistaran» las unas a la otras. «Yo sé lo que de esta conquista mutua puede salir; puede y debe salir la España para todos», dijo el filósofo, quien había proclamado la República en el balcón del Ayuntamiento de Salamanca el 14 de abril anterior.
«España no es nación, es renación; renación de renacimiento y renación de renacer, allí donde se funden todas las diferencias, donde desaparece esa triste y pobre personalidad diferencial», dijo al final de su intervención, antes de proclamar que nadie como él había defendido la autonomía de las regiones. «Pero así, no. Ni individuo, ni pueblo, ni lengua renacen sino muriendo; es la única manera de renacer: fundiéndose en otro», advirtió.
El autor de «San Manuel Bueno, mártir» expresó su ultraterrenal sueño de que, pasados los siglos, «en la hierba que crezca sobre mí tañan ecos de una sola lengua española que haya recogido, integrado, federado si queréis, todas las esencias intimas, todos los jugos, todas las virtudes de esas lenguas que hoy tan tristemente, tan pobremente nos diferencian. Y aquello sí que será gloria».
Sus palabras en el pleno de la Cámara presidida por Julián Besteiro fueron acogidas al final con «grandes aplausos», según el diario de sesiones. Varios periódicos abrieron sus portadas con el discurso de Unamuno, que estudió el vascuence, pero lo hablaba con dificultad.
Es posible sentir un especial vértigo cuando se evoca, en estos tiempos de desmemoria histórica, la figura de los fervientes republicanos de la primera hora Ortega y Unamuno en la defensa de una España mestiza, sin «la triste y pobre personalidad diferencial» que denunciaba el escritor vasco y que aún hoy se agita como garrote con forma de pinganillo contra el sentimiento común de nación.
«Aquí se nos habla siempre de uno de los mitos que ahora están más en vigor, y es el «hecho». Hay el hecho diferencial, el hecho tal, el hecho consumado», dijo irónicamente Unamuno, levantando carcajadas en el hemiciclo. Por eso es fácil imaginar la reacción del viejo rector ante el «hecho consumado» de la traducción simultánea, pinganillo mediante, en la reciente conferencia de presidentes autonómicos.
A nadie se le escapa la babélica intención de presentar a España como una nación de ciudadanos incapaces de convivir y entenderse entre sí, como si no compartieran un solar y un idioma comunes. A Unamuno y a Ortega no cuesta imaginarlos saliendo de cualquier reunión montada con esa finalidad, dado que se oponían a que se obligara al uso de las lenguas regionales, como hemos citado.
A propósito de esta desquiciada voluntad de convertirnos en extranjeros en nuestra propia casa, como ha denunciado Isabel Díaz Ayuso, Unamuno contó en aquella histórica ocasión de la Cortes constituyentes republicanas una anécdota muy ilustrativa: «No hace mucho, la Generalidad, que en este caso actuaba, no de generalidad sino de particularidad (risas) dirigió un escrito oficial en catalán al cónsul de España en una ciudad francesa y el cónsul, vasco por cierto, lo devolvió».
De verse en la situación vivida en Pedralbes, casi un siglo después de su enmienda al dictamen de la comisión constitucional de las Cortes republicanas, no cabe duda de que Unamuno y Ortega también se habrían opuesto al pinganillo y lo habrían devuelto, quizás a lomos de una de las ingrávidas pajaritas de papel que componía el viejo rector.
******************* Sección "bilingüe" ***********************
Cuando lo "anormal" es hablar
español
Cristina
Losada. libertad digital.
12 Junio 2025
Al senador Alfonso Serrano, del Partido Popular, le han hecho un desplante los nacionalistas cuando exponía su rechazo a extender el uso de las lenguas cooficiales a todos los debates y textos de la Cámara Alta. Las palabras del senador, que provocaron que abandonaran el hemiciclo, exponían la hipocresía de quienes exigen en las instituciones un uso pleno de las cooficiales. Lo que dijo Serrano, esencialmente, es cierto. Cierto es que cuando negocian Santos Cerdán y Puigdemont en Waterloo no llaman a unos intérpretes, sino que hablan los dos en español. Cierto, que cuando se juntan los del PNV, Bildu y Esquerra para sus asuntos, no hay traducción simultánea ni pinganillos porque aprovechan que todos conocen la lengua común. Y cierto, que los que piden siempre más espacio para las lenguas cooficiales en las instituciones comunes, no paran de quitar espacio al idioma español y acosar a sus hablantes allí donde tienen poder suficiente.
Todo ello es cierto, pero el problema es que la hipocresía es elemento fundamental del plan nacionalista. Aunque su programa máximo es eliminar el español de las autonomías bilingües y hacerlas monolingües, la vía hacia ese máximo pasa primero por hacernos a todos hipócritas. ¿Cómo es? Pues es lo que ocurre en cualquier comunidad autónoma bilingüe. Se ejerce una presión constante sobre los ciudadanos para que sean hipócritas y en el espacio público utilicen exclusivamente la lengua cooficial, aunque su lengua habitual sea la española. Naturalmente donde más presión se ejerce para conseguir que, de puertas afuera, no se hable nunca español y parezca que nadie lo habla en privado es en la política. En esto las apariencias importan mucho y, en realidad, lo importan todo. Porque el tema es la sumisión. Se trata de conseguir que nos sometamos al relato nacionalista sobre las lenguas, que es el núcleo del relato nacionalista. Y la sumisión debe hacerse visible, antes que nada, en el terreno de lo simbólico.
La hipocresía es el motor de esa sumisión. Cualquiera que resida en una comunidad bilingüe, lo habrá experimentado o visto mil veces. Lo ejemplifica esto que me dijo hace muchos años un periodista de la radio: "Aquí están hablando todos en español, pero cuando se abre el micrófono, hablan en gallego". Así era y así es en la política. Y en la cultura y en otros ámbitos donde se tiene gran cuidado en usar la lengua "correcta". Se evita por todos los medios que en las instituciones autonómicas se refleje la realidad bilingüe de la sociedad. El español, en la práctica, está proscrito. Hablarlo se considera una falta de sensibilidad. Y esto no sucede solamente allí donde gobiernan nacionalistas y socialistas. Hubo unos años en los que se hablaba más español en el Parlamento catalán, por la presencia de Ciudadanos, que en el Parlamento gallego, dominado por el PP.
En lo autonómico, la sumisión es completa. Como sin querer, pero queriendo, lo certifica el propio nombre de la Normalización Lingüística. El santo y seña de leyes y planes destinados a recuperar el prestigio y el uso de lenguas que habían estado desterradas del espacio público bajo la dictadura dice que la normalidad son ellas y que hablar español es lo anómalo. Con la extensión del uso de lenguas cooficiales en el Congreso y el Senado no se busca otra cosa que extender la sumisión al relato nacionalista a las instituciones comunes de los españoles. Y en esto, los nacionalistas son coherentes hasta el final. Para ellos, no hay casa común que compartir y sí: quieren que nos sintamos como extranjeros, a ver si algún día, además, lo somos.
¿Para qué sirve un idioma?
Carmelo
Jorda. libertad digital.
12 Junio 2025
Los idiomas son en teoría una herramienta para entenderse, pero en la práctica en España sirven sobre todo para crear fronteras.
Según el relato del Génesis, al principio de los tiempos todos los humanos hablaban el mismo idioma, de tal forma que se propusieron construir "una ciudad con una torre que llegue hasta el cielo". Jehová, que gastaba algo más de mala leche que su hijo, observó la situación y pensó, siempre según el primer libro de la Biblia, que aquella gente formaba "un solo pueblo" y hablaban en "un solo idioma; esto es solo el comienzo de sus obras y todo lo que se propongan lo podrán lograr".
La solución fue tan simple –para el Creador, claro– como demoledora: "Confundir su idioma para que ya no se entiendan entre ellos mismos". Así que los hasta entonces felices, trabajadores y ambiciosos ciudadanos de Babel acabaron dispersos por el mundo. Ya no podrían lograr todo lo que se propusieran.
Curiosamente, y si me permiten la ironía, el Génesis no dice nada sobre la riqueza cultural que suponía tanta variedad de lenguas: un tesoro que el pueblo de Moisés y los autores del libro sagrado parece que no apreciaron en lo que realmente vale.
En España también hay quién no aprecia del todo el valor de esa diversidad lingüística: sin ir más lejos los nacionalistas que han laminado todas las variedades de sus respectivas lenguas para imponer el euskera batúa o el catalán de Pompeu Fabra allí donde nunca se hablaron el uno o el otro.
Pero más allá de estas paradojas de las que tan poco se habla, las últimas polémicas políticas me han hecho pensar, otra vez, en la verdadera utilidad de una lengua, que en teoría es una herramienta para entenderse, pero en la práctica –al menos en España, aunque es un esquema que también funciona en otros lados– sirve sobre todo como método de crear fronteras y de hacer algo parecido a limpiezas étnicas dentro de ellas.
Se nos vende un supuesto derecho a usar este o aquel idioma, como si lo esencial del acto de comunicarse no fuese la comunicación, y se lleva al catalán, el vasco y el gallego a ámbitos en los que no deberían estar. No porque no sean lenguas españolas, que lo son, sino porque por suerte los españoles tenemos una en la que nos entendemos todos, un regalo que nos ha hecho la historia y en el que, aunque a muchos esto pueda sorprenderles, Franco no ha tenido nada que ver.
Lo peor es que, pese a la tabarra enorme sobre los derechos que nos dan, todo es una impostura, una representación cuyo único fin es transmitir una realidad completamente falsa, una España que no existe pero que así se va construyendo, antes poco a poco, ahora mucho más rápido.
Reivindican su idioma allí donde no pasa nada si no les entienden –a quién le importa lo más mínimo un discurso de Rufián, por ejemplo– pero si de verdad necesitan comprenderse unos a otros hablan español: ahí tienen el ejemplo de Padrales, tan combativo con el euskera cuando todos estamos mirando, pero que ni siquiera lo usa en su gobierno cuando las puertas están cerradas y necesita, ahí sí, que se le entienda.
Docentes
de Baleares usan a los alumnos en los centros para llamar a la
revuelta contra el español
Tomas Ibarz. okdiario.
12 Junio 2025
Algunos de los colegios públicos en los que este miércoles se celebraron actos públicos de protesta contra el acuerdo entre PP y Vox sobre el español en los centros educativos no han tenido ningún problema en permitir la presencia de los alumnos -todos menores- en dichos actos. Y no sólo eso, si no que, a tenor de lo que muestran las fotografías incluso han alentado y promovido tenerlos como público del acto de protesta. Hay imágenes que acreditan el uso de alumnos para alentar la revuelta de los ‘camisetas verdes’ contra el español en al menos dos colegios de Palma.
El caso más grave del uso de los menores se ha dado en el CEIP y ESO Pintor Joan Miró, del Polígono de Levante de Palma. La imagen muestra al colectivo de docentes con sus camisetas verdes lanzando su doctrina con micrófono y altavoz, rodeados de un centenar de alumnos con sus mochilas, sentados en el suelo escuchando los discursos. La evidencia es que están en el patio del colegio y que la situación se ha dado o a la entrada o a la salida de la jornada del colegio.
También aparecen niños en las fotos de los docentes posando con sus pancartas en el CEIP Infant Felip, de la barriada palmesana de El Molinar.
A vista de todo el mundo, se ha
llevado a cabo un uso doctrinal de los menores de edad en su campaña
de protestas y de discurso político con consentimiento de docentes y
de centros educativos.
Precisamente a la misma hora en la que se llevaban a cabo estas lecturas de manifiestos en más de un centenar de colegios públicos, la portavoz de Vox en el Parlament, Manuela Cañadas, ha acusado a algunos docentes de cometer «auténticas barbaridades» por su oposición a las medidas relativas a la educación que incluye el pacto presupuestario que han firmado con el PP.
Lo ha dicho este miércoles en la rueda de prensa posterior a la reunión de la Junta de Portavoces, en la que también ha afeado a la izquierda y a «sus sindicatos y chiringuitos» de alentar el «boicot» y tratar de «impedir la aplicación y el cumplimiento de la ley».
«Son antidemocráticos, por mucho que luego se les llene la boca con palabras grandilocuentes. Estas pataletas no son más que los últimos coletazos de una izquierda sin rumbo que pretende ganar en las calles lo que ha perdido en las urnas», ha sostenido.
Cañadas ha hablado de centros «enviado circulares a los padres para traer a sus hijos con camiseras verdes a las graduaciones» y sindicatos «tachando de vergüenza un acuerdo democrático y llamado al boicot». «Estamos viendo auténticas barbaridades», ha apuntado.
«¿Estos son los que se supone que tienen que educar a nuestros hijos y nietos de forma imparcial y sin adoctrinamientos?», se ha preguntado de forma retórica.
Cañadas ha dicho estar «completamente de acuerdo» con lo que su compañero de partido Sergio Rodríguez dijo acerca de los miembros de la Asamblea de Docentes en el pleno del martes, cuando consideró que si no fuera por la «buena voluntad» del conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, ya hubieran sido expedientados y puestos «en la calle».
La protesta de la Asamblea de Docentes
Un total de 103 centros de Baleares se han adherido al manifiesto impulsado por la Assemblea de Docents contra el «pacto de la vergüenza» de PP y Vox.
Así, un centenar de centros se han sumado al llamamiento de la Assemblea de Docents para expresar su rechazo al acuerdo presupuestario con la lectura del manifiesto en los centros durante este miércoles, según han informado desde la Assemblea.
En el manifiesto, denuncian el «retroceso social y educativo gravísimo» que supone el acuerdo y expresan su «rechazo más contundente» a unas políticas que, a su parecer, menosprecian la educación pública, atacan la enseñanza en catalán y ponen en riesgo los valores de la tolerancia, la solidaridad, los derechos humanos y la igualdad.
Para estos docentes, el acuerdo no da respuesta a los problemas reales de los centros educativos sino que «los agravia e instrumentaliza». Las medidas, consideran, «destilan xenofobia» y «no tienen otro objetivo que reforzar sus campañas de odio contra las personas migrantes y el colectivo vulnerabilizado como los menores no acompañados».
«Estos niños son nuestros alumnos y no permitiremos que los criminalicen», advierten, agregando que el pacto quiere «destruir» uno de los ejes vertebradores de la sociedad e instrumento indispensable de inclusión y de cohesión social, como es la enseñanza en lengua catalana.
En este sentido, reza el manifiesto, no permitirán que «su sectarismo hunda la igualdad de oportunidades entre el alumnado, venda de donde venga».
Por otro lado, censuran que el pacto también «alimenta el negacionismo climático», desafiando el pensamiento crítico y el rigor científico que estos docentes quieren enseñar y, por último, «atenta» contra los valores y la memoria democrática.
«Ante esto, es nuestra responsabilidad boicotear sus efectos y hacer que estos acuerdos sean papel mojado cuando lleguen a los centros», subrayan.
Igualmente, reclaman una escuela inclusiva, democrática, crítica y que promueva el bien común, una educación pública y de calidad, con recursos suficientes y con unas condiciones laborales que dejen de propiciar la huida de docentes, así como el respeto absoluto por la lengua catalana, como eje vertebrado de la identidad y como herramienta de cohesión social.
«Ante los intentos de imposición y de censura, ante los recortes y las amenazas, responderemos con firmeza y dignidad. Porque la educación no es un privilegio, es un derecho, y no dejaremos que nos la quiten. Ni un paso atrás», concluye el texto leído en los centros.
Descontrol
en las prestaciones sociales de la Generalidad: pagos indebidos de
167,5 millones
Pablo Planas. libertad digital.
12 Junio 2025
Un nuevo informe de la Sindicatura de Cuentas sobre la renta garantizada de ciudadanía, las prestaciones a personas con dependencia, las prestaciones a personas jóvenes extuteladas, la prestación para atender necesidades básicas y las pensiones no contributivas por jubilación e invalidez señala graves irregularidades por parte de la Generalidad catalana. En concreto se habrían pagado indebidamente 167,5 millones de euros de manera "irregular" a personas que percibían otras ayudas o a las que directamente no les correspondía porque tenían ingresos por trabajo superiores a los requeridos para acceder a prestaciones públicas.
Esos pagos indebidos corresponden a los ejercicios comprendidos entre 2016 y 2024, cuando la Generalidad estaba en manos de los partidos separatistas Junts y ERC. Según la auditoría de la Sindicatura de Cuenta, 70,6 millones de euros en prestaciones de dependencia, 43,78 millones en pensiones no contributivas, 36,15 millones en renta garantizada de ciudadanía y 14 millones en complementos de pensiones no contributivas han ido a parar durante estos años a personas a las que no correspondía percibir esas ayudas.
En el informe se indica que "los tiempos dilatados en la gestión de las prestaciones, la falta de mecanismos de seguimiento y control, y la inexistencia de un marco de supervisión que garantice que se protege el interés general en todos los casos limitan la efectividad de la intervención". También alude a que "la falta de un seguimiento y control eficaces en la gestión de las prestaciones ha provocado la existencia de casos que podrían incurrir en incompatibilidades y un volumen elevado de pagos indebidos –167,56 M€ en el período 2016-2024, según datos del Departamento de Derechos Sociales–, para una parte de los cuales ha prescrito la posibilidad de tramitar su reintegro".
La Sindicatura de Cuentas considera además que "hay hechos que podrían ser perseguibles administrativa y judicialmente" y vuelve a señalar a las fundaciones vinculadas a militantes de ERC y que operan como centros de atención a los menores a cargo de la administración pública.
"Durante la fiscalización la Sindicatura ha observado que había riesgo de conflicto de interés en la gestión y supervisión de algunas prestaciones externalizadas a un conjunto de entidades colaboradoras sin ánimo de lucro, para cuya actividad no se ha garantizado un marco de regularidad y transparencia, lo que puede comprometer la consecución del interés general en la implementación de la política pública", señala la Sindicatura.
El descontrol en la consejería de Derechos Sociales es de tal calibre que se manejan ocho aplicaciones informáticas distintas para gestionar las ayudas y en algunos casos están externalizadas, lo que dificulta aún más el control de los fondos públicos. No son infrecuentes los casos de personas que reciben dos ayudas incompatibles o el de quienes tienen un contrato laboral a tiempo completo incompatible con la renta garantizada.
Aún así, el informe reseña que "la cuantía destinada a las prestaciones económicas es insuficiente para proteger frente a la pobreza, y presenta ciertas limitaciones a la hora de corregir tendencias crecientes en costes o diferencias territoriales". Líneas después se insiste en que "los recursos presupuestarios destinados a la concesión de prestaciones sociales de carácter económico son marcadamente insuficientes para combatir el problema. El volumen de recursos necesarios para dar respuesta a la pobreza severa se estima en cerca del doble del volumen asignado".
A pesar de la acumulación de indicios de graves irregularidades económicas y de funcionamiento, la consejera de Derechos Sociales, la socialista Mònica Martínez Bravo, ha asegurado en el parlamento catalán que los pagos indebidos no son en ningún caso fruto de la malversación sino de las deficiencias del sistema. "Será difícil reducir los pagos indebidos hasta que no tengamos una buena infraestructura digital y jurídica", señaló la consejera durante su comparecencia parlamentaria.
El caso de la menor prostituida
En ese escenario, Martínez Bravo habló del caso de la menor a cargo de la Generalidad violada y prostituida por una red de pederastas y afirmó que hubo un retraso de casi un año en la activación de los protocolos de actuación.
Así y en contra de la versión oficial de que fueron los educadores dependientes de la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA) quienes advirtieron de la situación, falló la coordinación y no se actuó de manera urgente.
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