Recortes de Prensa Viernes 27 Junio 2025

Ucrania detiene la ofensiva rusa en Sumi y contiene el riesgo de una "campaña de verano"
Zelenski anuncia un nuevo canje de prisioneros: "La mayoría estaban cautivos desde 2022"
Rostyslav Averchuk. Leópolis. la razon. 27 Junio 2025

Ucrania ha detenido los avances rusos y «estabilizado» el frente en Sumi, informó este jueves el general Oleksandr Sirski, comandante en jefe del ejército. Las fuerzas rusas han estado presionando en esta región nororiental durante los últimos meses, tras lograr expulsar a los ucranianos de gran parte de la región vecina de Kursk.

La preocupación era que pudieran amenazar la capital regional de Sumi con drones de corto alcance y así aterrorizar a sus vecinos si lograban avanzar más allá de los 9-12 kilómetros que han alcanzado hasta ahora. «La oleada de intentos de una ‘ofensiva de verano’ por parte del enemigo desde el territorio de la Federación Rusa está siendo sofocada de la misma manera que sucedió en la región de Jarkov el año pasado», subrayó Sirski. También señaló que su ejército emplea una «defensa activa» yestá liberando territorio ucraniano en ciertas áreas.

El ejército ucraniano continúa operando en la región de Kursk, lo que ha obligado al enemigo a enviar un número significativo de tropas para defender su territorio. «Esto ha reducido significativamente las capacidades ofensivas del principal grupo de tropas enemigas en la zona de Sumi», destacó el general. La presión rusa en Sumi está perdiendo fuerza debido a las crecientes pérdidas y deserciones, afirmó también Andri Kovalenko, del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional de Ucrania.

Mientras tanto, la situación sigue siendo difícil en partes de la región de Donetsk, cuya conquista ha sido otra prioridad rusa. Tras meses de combates, Rusia ha capturado la ciudad de Kostiantinopol en el sur de la zona controlada por Ucrania, según confirmó la plataforma analítica Deep State. Para avanzar, Rusia ha dependido del uso de drones suicidas de fibra óptica, resistentes a los medios de guerra electrónica, y del uso masivo de infantería. Los drones han ayudado recientemente a socavar la logística ucraniana justo detrás de la línea del frente, donde Rusia también continúa, sin mucho éxito, presionando hacia Kostiantinivka y Pokrovsk.

Sin embargo, los equipos de drones ucranianos se han centrado en neutralizar a sus contrapartes rusas, lo que podría ayudar a estabilizar la situación.

En general, el liderazgo ruso deja claro que no está interesado en ningún tipo de alto el fuego mientras su ejército siga avanzando, aunque sea lentamente y a un costo enorme en equipamiento y vidas humanas.

«Me sostuvo la esperanza»

Al mismo tiempo, hoy tuvo lugar otro intercambio de prisioneros de guerra entre las partes. Según las autoridades ucranianas, regresaron un grupo de soldados heridos, gravemente enfermos y jóvenes, incluidos muchos de los capturados hace más de tres años durante el asedio de la ciudad sureña de Mariupol.

Algunos de los que defendían la central nuclear de Chernóbil, bajo una breve ocupación rusa al inicio de la invasión, también regresaron a su país, donde serán sometidos a una larga rehabilitación. La mayoría de los prisioneros de guerra ucranianos reportan golpizas rutinarias, desnutrición y otras formas de violencia en el cautiverio ruso. «Me sostuvo la esperanza de que me esperaban en casa, en mi tierra natal. Había estado esperando este regreso durante mucho tiempo», relató uno de ellos tras llegar a Ucrania.

Zelenski dijo que los próximos pasos en los contactos con Rusia quedarían claros una vez que se completara el actual intercambio masivo, el único resultado tangible de las conversaciones en Estambul a principios de junio. El portavoz de Vladímir Putin, Dmitri Peskov, confirmó esto diciendo que la fecha de otra ronda de conversaciones entre Kiev y Moscú se desconoce.

Mientras Ucrania cuenta con una cooperación cada vez mayor con Europa para desarrollar su industria de defensa, los próximos pasos de Estados Unidos siguen siendo inciertos.

El país invadido espera más defensas aéreas modernas para poder proteger sus ciudades de los misiles y drones rusos. La cumbre de la OTAN en La Haya mostró menos optimismo sobre la futura membresía de Ucrania, pero fue mejor de lo que muchos esperaban. «Ucrania aprovechó al máximo esta cumbre», escribió Alyona Getmanchuk, embajadora de Ucrania ante la Alianza, en sus redes sociales. «No hay consenso en la OTAN respecto a nuestra invitación, pero hay aún menos consenso sobre eliminar la futura membresía de Ucrania de la agenda por completo, como exige el agresor», señaló en redes.

Corea del Norte podría desplegar más tropas en Ucrania en los dos próximos meses

La Inteligencia surcoreana alerta de que Rusia y Corea del Norte habrían pactado el envío de 5.000 operarios de construcción y 1.000 zapadores

NOELIA MARÍN. Madrid. el mundo. 27 Junio 2025

Corea del Norte podría desplegar más tropas en apoyo a Rusia en la guerra en Ucrania durante los próximos dos meses, según avisa Seúl, tras conocer que el secretario de seguridad ruso y Kim Yong Un han pactado el envío de 5.000 operarios de construcción y 1.000 zapadores a la región de Kursk.

Al parecer, Pionyang ya habría comenzado el proceso de reclutamiento de los nuevos soldados. Según la inteligencia surcoreana, Corea del Norte ha contribuido a la guerra en Ucrania con más de 10 millones de proyecttiles de artillería, misiles y armas de largo alcance a cambio de asistencia técnica y cooperación económica por parte de Moscú.

Mientras tanto, en Ucrania se suceden los ataques. En el último ha resultado herido un periodista de la televisión china que ha tenido que ser trasladado al hospital con la cabeza bendada. En cuanto a avances bélicos, este viernes se ha sabido que Ucrania ha detenido el avance de Rusia en la región de Sumy, según afirma un comandante.

7:33

Corea del Norte podría aumentar su apoyo a Rusia en Ucrania

Cuando la libertad se disfraza de soga: el gran engaño iraní

Ignacio Trillo arespacochaga. el debate. 27 Junio 2025

«La libertad es el derecho del pueblo. La independencia de un país es un derecho de todos. No deben encarcelar a una persona e impedirle que hable libremente». Con esta consigna, el ayatolá Jomeini insufló esperanza contra la monarquía absolutista tras 37 años de represión. Casi medio siglo después, el fruto de aquella libertad ha crecido con un tronco autoritario y ramas fundamentalistas, controlado por una policía de la moralidad cuya finalidad es vigilar, aplicando mano de hierro y latigazos, los pañuelos y las sonrisas de sus ciudadanos.

La Revolución Islámica estalló el 7 de enero de 1978 y, tras un período de intensas protestas que se prolongaron durante algo más de un año, derrocó al sha Pahlavi e instauró la República teocrática de Irán, liderada por el propio Jomeini. En su momento, los principales aliados del régimen fueron los clérigos chiíes, el Movimiento Revolucionario de Liberación de Irán, el Frente Nacional y otras organizaciones islamistas radicales de izquierda, como los Fedayines del Pueblo, cuya finalidad era revestir su discurso marxista de argumentos religiosos.

Sin embargo, en pleno siglo XXI, este régimen no solo ha cambiado de aliados, sino que refuerza su propia autoridad financiando las sogas y los barrotes a través del buenismo de Occidente y su dependencia energética. Irán ya no se conforma con disfrazar la represión de libertad con túnicas fundamentalistas: aspira a recrear el antiguo imperio persa y erigirse como la voz internacional de los chiíes. Para tal propósito se apoya en un «Eje de la Resistencia» compuesto por los siguientes socios:

• Hezbolá (Líbano): fundado en 1982, ha estado implicado en decenas de atentados y secuestros desde su creación. Fue el grupo detonante de la Segunda Guerra del Líbano y es actualmente la principal potencia militar en ese país.

• Hamás (franja de Gaza): con más de 100 atentados de gran escala y miles de ataques con cohetes, destaca su autoría en la masacre del 7 de octubre de 2023, con más de 1.200 muertos israelíes, en su mayoría civiles.

• Yihad Islámica Palestina: organización con decenas de atentados desde 1981, centrados en Israel. Fue autora del asesinato del presidente egipcio Anwar el-Sadat, símbolo de su voluntad de «expulsar» a Israel.

• Movimiento Hutí (Yemen) y Ejército del Mahdi (Irak): ambos han dirigido sus ataques en la región para desestabilizarla, en consonancia con los intereses de Teherán.

El apetito de estos socios de coalición no se sacia con terrorismo contra el mundo libre y la civilización. Desde 1985, Israel e Irán libran un pulso persistente sobre la expansión del programa nuclear iraní, que encabeza esta coalición. Irán se adhirió al Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP) en 1970, comprometiéndose a no desarrollar armas atómicas en su territorio. El mecanismo de control que permite verificar esta no proliferación se basa en inspecciones periódicas del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).

Este organismo ha señalado y sigue denunciando la falta de cooperación de Irán y la opacidad con la que opera su programa nuclear. Según este organismo Irán almacena más de 400 kg de uranio enriquecido al 60% que, en caso de refinarse al 90%, proceso técnico que puede realizarse en una semana, sería una cantidad de uranio equivalente para desarrollar hasta una decena de ojivas nucleares.

El avance de esta república islámica es inversamente proporcional a los derechos y libertades de su propio pueblo. Y representa, además, una amenaza directa para Occidente. Nuestra seguridad colectiva está en jaque. Un régimen que exporta terror, una república fundamentalista que impulsa la proliferación nuclear a nuestras espaldas y cercena con soga y cuero cualquier chispa de disidencia, no puede coexistir con un orden internacional basado en los valores que históricamente defendemos: derechos humanos, democracia y justicia.

Romper con esta tiranía no debe ser un acto caprichoso ni interesado: es una obligación moral y estratégica para cualquier democracia libre. ¿Hasta cuándo vamos a permitir que los autócratas fundamentalistas que alzaron su puño ensangrentado en nombre de la emancipación sigan caricaturizando la libertad con las cadenas de su propia intolerancia?

Contra el terrorismo solo existe una alternativa. El resto es rendirse.

Ignacio Trillo Arespacochaga es miembro de la junta directiva de la Asociación Pie en Pared y de la Fundación Foro Libertad y Alternativa

La infamia de una sentencia al servicio del sanchismo
OKDIARIO. 27 Junio 2025

La mayoría sanchista del Tribunal Constitucional ha impuesto su rodillo para avalar la Ley de Amnistía con la que Pedro Sánchez compró su continuidad como presidente del Gobierno.

Aunque esperada, la sentencia fuerza de manera obscena las costuras de nuestro ordenamiento jurídico para adaptarlo a la voluntad política del Gobierno. Por decirlo de otra forma: la mayoría izquierdista del Tribunal Constitucional somete sin miramientos el Estado de Derecho a los designios de Sánchez, que los puso en el tribunal precisamente para eso.

Refrendar la infamia, validar el retorcimiento espurio de la Constitución y abdicar de los principios jurídicos para licuarlos en beneficio del político que les nombró magistrados. Eso es lo que han hecho los seis miembros del Tribunal Constitucional que, con Cándido Conde-Pumpido de maestro de ceremonias, han avalado la constitucionalidad del engendro con el que Sánchez se garantizó el apoyo del separatismo.

No merece la pena perderse en disquisiciones jurídicas porque, en realidad, los razonamientos de esos seis magistrados no responden a consideraciones jurídicas, sino que lo que han hecho es partir de la obligación de decir sí a la ley sanchista para, a partir de ahí, deformar hasta la náusea el ordenamiento jurídico y la Constitución misma, para someterla burdamente al mandato de Pedro Sánchez.

Allá cada cual, pero el oprobio lo llevarán de por vida. No sorprende en absoluto la sentencia porque estaba cantada, pero aún así aterra comprobar hasta qué punto el sanchismo lo ha pervertido todo. Hasta la dignidad de quienes tenían la obligación de preservar el marco constitucional y lo han convertido en el marco del retrato de esta época funesta de la historia de España.

La ley sirvió para que Pedro Sánchez siguiera en La Moncloa
Así pactó el PP con Sánchez el nombramiento del socialista Conde-Pumpido y la renovación del TC, que ahora avala la amnistía al golpe separatista
Agustín Benito. gaceta. 27 Junio 2025

El Tribunal Constitucional ha avalado, con los seis votos a favor de la mayoría izquierdista, la ley de amnistía destinada a borrar los delitos cometidos en el marco del golpe separatista en Cataluña y que sirvió para que Pedro Sánchez siguiera en La Moncloa.

El Pleno ha resuelto así el recurso de inconstitucionalidad. A lo largo de la semana, los magistrados izquierdistas —que son mayoría— resolvieron que la Constitución no prohíbe las leyes de amnistía y que esta, en concreto, era válida.

Ignacio Garriga (VOX) denuncia el aval del «TC del bipartidismo» a la amnistía: «Ha permitido el mayor acto de corrupción de nuestra historia»

La sentencia aprobada recoge en esencia la ponencia redactada por la vicepresidenta del TC, Inmaculada Montalbán. Cabe señalar que populares y socialistas cerraron en octubre de 2021 un acuerdo para renovar cuatro miembros del Tribunal Constitucional. «Todos son nombres de consenso», «profesionales de reconocido prestigio» con una «dilatada trayectoria profesional».

Entre los magistrados pactados estaba la propia Inmaculada Montalbán, artífice también de la anulación de las condenas de los ERE. El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, y el entonces secretario general del PP, Teodoro García Egea, capitanearon las conversaciones para el reparto de miembros del TC. Ambas partes reconocieron que su «buena sintonía» permitió encarrilar este pacto.

En enero de 2023, Cándido Conde-Pumpido, exfiscal general del Estado con José Luis Rodríguez Zapatero, fue elegido nuevo presidente del Tribunal Constitucional tras obtener seis de los once votos que estaban en juego. La propia Inmaculada Montalbán se alzó la vicepresidencia, por lo que el bloque izquierdista se adjudicó ambos cargos. El PP calificó entonces a Pumpido como el «mal menor» para «acabar con la actual situación de bloqueo».

«hay muchísimas responsabilidades colectivas, del sistema y del bipartidismo»

Santiago Abascal censura el aval del TC a la amnistía, el «mayor acto de corrupción» que se ha producido en España, y señala al PP por pactar con Sánchez el nombramiento de Conde-Pumpido
LGI. gaceta. 27 Junio 2025

El presidente de VOX, Santiago Abascal, ha criticado la decisión del Tribunal Constitucional, presidido por el socialista Cándido Conde-Pumpido, de avalar la amnistía al golpe separatista, «el mayor acto de corrupción ocurrido en España».

«Lo están celebrando los separatistas y lo está celebrando Pedro Sánchez, pero yo creo que hay muchísimas responsabilidades colectivas y responsabilidades del sistema y del bipartidismo. Algunos no vamos a olvidar nunca que el actual presidente del Constitucional y esta nueva mayoría del Constitucional fue pactada y votada también por el Partido Popular», ha manifestado en una entrevista en Canal Sur.

«Tampoco nos vamos a olvidar que los cuatro magistrados del Tribunal Constitucional propuestos por el Partido Popular y que hoy estaban en esa reunión y en ese pleno de votación han facilitado que esto pudiera salir adelante, aunque se hayan opuesto, porque podían haberlo bloqueado impidiendo que dos tercios de los magistrados del Constitucional sumaran el quórum necesario para poder emitir sentencias», ha dicho Abascal.

«Sé que esto a algunos les escandaliza, pero a mí me escandaliza más la amnistía», ha aseverado, antes de decir que la decisión es «avalar el mayor acto de corrupción que se ha producido en España, que es la compra de una investidura a cambio del indulto y del perdón de delitos gravísimos contra las instituciones y contra la convivencia en Cataluña». «Ante hechos excepcionales esos magistrados tampoco deberían haber ido al pleno y podrían haber impedido esta sentencia, pero no han querido hacerlo».

Así, ha agregado que «se podía haber impedido, mediante un boicot, el avance de la ley de amnistía en el Senado, no sometiéndolo a votación y yendo a un conflicto institucional ante la gravedad de lo que estaba ocurriendo. Se podía haber impedido el quórum del Tribunal Constitucional, e ir a la ruptura de los pactos de populares y socialistas para que el aliento que Pedro Sánchez recibe de ese pacto desde Bruselas no sirviera al Gobierno», ha concluido.

El mayor caso de corrupción
EDITORIAL. libertad digital. 27 Junio 2025

Desde antes de llegar al poder, Pedro Sánchez y su banda tenían la clara intención de corromperse. De hecho, su propia escalada tuvo hitos que fueron pura corrupción –las primaras manipuladas por Cerdán y Koldo, las urnas trucadas en el Comité Federal– y los casos de enchufismo como el del "hermanísimo"... empezaron cuando el recién nombrado secretario general del PSOE acababa de tomar posesión del trono de Ferraz.

Una vez en Moncloa, la corrupción económica ha sido la constante desde el primer momento: tal y como se está comprobando ahora se han manipulado concesiones, se han favorecido negocios de particulares muy cercanos al poder como Begoña Gómez, se han entregado ingentes recursos públicos en procesos como mínimo sospechosos, se han dado sorprendentes giros de política internacional al calor del dinero de potencias extranjeras, se ha robado a espuertas con las necesidades sanitarias de la pandemia, se ha contratado a prostitutas en empresas públicas…

La lista podría alargarse casi indefinidamente porque estamos, no cabe la menor duda, ante el Gobierno más corrupto de la historia, ya que no se trata de que alguno de sus miembros haya cedido a la tentación del robo, sino de que toda una estructura para el latrocinio estaba instalada en el propio Consejo de Ministros.

Sin embargo, ninguna de esas gravísimas corrupciones es tan dañina para la democracia y el Estado de derecho como la que ha culminado este jueves la mayoría mal llamada "progresista" del Tribunal Constitucional, con el indigno e infame Cándido Conde-Pumpido a la cabeza, dando marchamo de legalidad a la vil Ley de Amnistía.

Una norma que es tan abiertamente inconstitucional que sonroja tener que explicarlo, que dinamita principios básicos como la igualdad ante la Ley, la división de poderes y la reserva de jurisdicción, el principio jurídico que establece que determinadas decisiones sólo pueden ser tomadas por jueces y no por políticos.

Y también una norma que es un fraude de Ley en sí misma, ya que su verdadero propósito no era otro que comprar una mayoría parlamentaria que permitiese a Pedro Sánchez mantenerse en el poder a costa de lo que fuese, en este caso de dinamitar las bases mismas de la democracia.

Ahora, el más desprestigiado, arrastrado y servil Tribunal Constitucional que haya visto cualquier democracia liberal, capitaneado por el abyecto Conde-Pumpido luciendo obscenamente su total falta de escrúpulos y dignidad, ha dado el visto bueno a este engendro legislativo con una sentencia cuya arbitrariedad avergonzaría a un sátrapa oriental y cuyo nivel intelectual y jurídico llevarían a un estudiante de primero de Derecho no solo al suspenso, sino a la expulsión de por vida.

De hecho, los razonamientos –por llamarles de algún modo– jurídicos de la sentencia son tan pobres que queda la duda de si realmente la capacidad de los magistrados es así de escasa o si se están burlando de todos los españoles.

De lo que sí podemos estar seguros es de que Inmaculada Montalbán, Laura Díez, María Luisa Balaguer, Ramón Sáez, María Luisa Segoviano y, sobre todo, Cándido Conde‑Pumpido han unido sus nombres para siempre a la historia de España, que les recordará durante muchísimo tiempo como el grupo infame que hizo posible el peor atraco pseudojudicial a la Nación no en décadas, sino en siglos. Queden sus nombres y sus apellidos perpetuamente ligados a la vergüenza y la indignidad como aquellos que dieron marchamo de legalidad al mayor caso de corrupción más que de nuestra democracia de los anales de esta vieja Nación que este jueves ha quedado severamente herida, esperemos que no de muerte.

¿Hasta dónde, don Cándido, piensa llegar?
Javier Gómez de Liaño. el debate. 27 Junio 2025

De la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que, por 6 votos a favor y 4 en contra, ha desestimado el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Partido Popular contra la Ley Orgánica de Amnistía (Ley 1/2024, de 10 de julio), se dice que puede ser la gran noticia jurídica del verano. Pero, amén de grande, lo que cabría plantearse es si esta sentencia que me propongo glosar es buena o mala.

¿Para quién puede ser buena? A bote pronto, mi respuesta es que para nadie. En su más inmediato sentido, creo que es una mala noticia para todos, pues el hecho de que el TC quede ante los ojos de la gente como una institución compuesta por magistrados que, sin fundamento, se atreven a respaldar una ley que fue fruto de un pacto con los partidos independentistas es algo que a cualquiera llena de preocupación. Se trata, según pienso, de una pésima sentencia y no tanto porque «amnistiar» a estos personajes pueda parecerme mal, que me lo parece, sino por el hecho de que la decisión tiene el aroma de no ser un pronunciamiento jurisdiccional en términos racionales y jurídicos.

En el momento de escribir estas líneas la sentencia del TC que ocupa mi atención aún no ha sido publicada y, tampoco, salvo uno, los anunciados votos particulares de los magistrados disidentes, pero por el extracto que de ellas se hace en la nota informativa 61/2025 emitida por la oficina de prensa del gabinete de presidencia del TC, mi opinión es que en la sentencia sólo hay una apariencia de juridicidad. De ahí que no me extrañe que se diga que está pronunciada y firmada para satisfacer un fin demasiado evidente y absurdo, cual es pagar a los independentistas que dieron sus votos para la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno. Dicho esto con palabras semejantes a las que Felipe González empleó ayer al calificar la sentencia de «bazofia», de «autoamnistía», de «petición de perdón a los que hicieron la barrabasada». En suma, que estábamos ante un evidente supuesto de corrupción del Tribunal Constitucional. Pero analicemos la sentencia, aunque sea con los límites de espacio y de tiempo que marca un comentario como éste.

Según la nota de prensa del TC, la sentencia rechaza la tesis de que la Constitución (CE) prohíba la amnistía por el hecho de no recoger una habilitación expresa, pues, sigue afirmando, que el legislador puede hacer todo, menos lo vedado por aquella. A mi juicio el razonamiento es erróneo, pues sus autores olvidan que la CE en modo alguno ampara leyes contrarias a las previsiones constitucionales. Es más. Si de lo que se trata es de actuar de forma distinta a como la Constitución prevé, la única forma de conseguirlo es el de la reforma previa de la propia Carta Magna. Además, la sentencia ignora algo tan obvio como que las prohibiciones constitucionales no sólo pueden ser explícitas, sino también implícitas. Sirvan de botones de muestra, las de discriminación del artículo 14 o de la tortura y tratos inhumanos y degradantes del artículo 15.

Como segundo argumento en favor de la constitucionalidad de la Ley, el TC descarta que la amnistía sea contraria al principio de separación de poderes de los artículos 117.3 y 118 CE, pues sostiene y es literal, que «en el otorgamiento de una amnistía el Parlamento no está reemplazando a los tribunales (...), sino estableciendo que, por motivos extrajurídicos, se extingue la responsabilidad punitiva que pueda derivarse de la comisión de determinados ilícitos cometidos en el pasado».

La tesis es tan desafortunada como la anterior, pues incurre en el olvido, quizá intencionado, de que la atribución en exclusiva al poder judicial de la tarea de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado y que en el ámbito penal abarca declarar delictivo un hecho e imponer las penas correspondientes, implica la interdicción al legislador de desempeñar esa función. Pero hay más. Me refiero a que, muy al contrario de lo que la sentencia sostiene, la amnistía supone una intromisión en la reserva de jurisdicción, lo que significa que, si la Constitución prohíbe que la ley pueda autorizar indultos generales, con mayor motivo debe entenderse que el legislador no puede dictar una amnistía. Añádase a esto que esa prohibición se deriva también del principio de igualdad de todos los españoles que la ley jamás puede conculcar.

Al contrario de lo que la sentencia dice y este es otro de los fundamentos que ofrece para avalarla, a mi juicio la Ley de amnistía es «arbitraria» y lo es en el mismo sentido que el TC concibe la arbitrariedad, cuando afirma que ese proceder contrario a la justicia, la razón o las leyes dictado por capricho o simple voluntarismo existe cuando el desafuero es tan patente y notorio que apreciarlo está al alcance de cualquiera. Dicho en román paladino: pretender justificar esta «gracia del derecho» que el TC hace en una inteligencia radicalmente opuesta al «derecho de gracia» y con un planteamiento de pura estrategia política que el tribunal no desea escuchar por ser ajeno a su control, constituye una apoteósica tautología al señalar, primero, que las consideraciones de naturaleza política son extrañas al examen de constitucionalidad de la ley, y, luego, justificar la amnistía con valoraciones políticas.

Por último, en cuanto a la finalidad pacificadora de encauzar un conflicto y reducir la tensión institucional y política que la Ley de Amnistía invoca y que para la sentencia es un fin legítimo, explícito y razonable, semejante conclusión es artificial. Y lo es porque, según he anticipado, lejos de responder a los intereses generales, la amnistía sólo fue un medio para obtener unos votos que el candidato a presidente del Gobierno necesitaba para su investidura. Como prueba, ahí está el hecho de que ese candidato y su Gobierno, que antes del 23 de julio de 2023 afirmaba rotundamente que la Constitución no permitía la amnistía, cambió radicalmente de criterio, espoleado por el interés particular, que no general, de contar con apoyos para lograr ser investido. Todo ello sin desconocer que los beneficiarios de la amnistía, coautores de la ley, llegaron a afirmar públicamente que «lo volverían a hacer» o, lo que es igual, que muy lejos de su intención el «contribuir a la pacificación o a la concordia».

Además del asombro que la sentencia ha producido en el mundo de los profesionales del Derecho, creo que no les falta razón a quienes piensan que cuando la función de juzgar se ejerce desde tribunas extrañas al Derecho, esa tarea es tan estéril como gratuita. Una sentencia dictada para «saldar alguna cuenta que otra» podrá ser bien vista por los mercaderes del Derecho, pero éste no es, en verdad, el camino que habrían de seguir quienes, desechando la fácil senda de puñeteras tentaciones, están obligados a ser ejemplo en el quehacer judicial.

Termino. La sentencia, obra de los 6 miembros del TC, llamados progresistas, es una noticia que, de entrada, podría tomarse a título de broma, pero si la tomamos en serio, la cosa resulta todavía peor porque entonces se juntan, para nuestra desgracia, todas las condiciones capaces de explicar el por qué España, en materia de justicia, también es diferente, pese a los vanos esfuerzos de ciertos españoles para que deje de serlo alguna vez.

Hoy el TC da luz verde a una Ley de Amnistía que presenta todos los síntomas de inconstitucionalidad. Mañana quizá la historia vuelva a repetirse a propósito de la aplicación de esa Ley de Amnistía al prófugo Puigdemont. Sí; algo está pasando al margen de que muchos nos demos o no cuenta de lo que pasa. Ante la situación sería necesario y urgente poner paz y orden para acabar con esa suerte de epidemia extraña que a algunos les impide ser cuerdos y sensatos. Ruego que nadie se dé por aludido, aunque me permita discrepar de quienes piensen lo contrario. También soy consciente de que este artículo que hoy brindo en nada ha de servir a quienes, en palabras de Beltort Brecht, les resulta imposible ser justos.

En fin, don Cándido, cuanto me duele decírselo, pero ¡qué mal lo está haciendo! ¿Qué más está dispuesto a hacer? ¿Cuál maldad o infamia cabe imaginar que usted no conciba? Como el director de este periódico se preguntaba el otro día, ¿a quién tiene miedo, don Cándido, el menguante jurista?

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Golpe letal al Estado de Derecho
Estamos ante una decisión arbitraria, que envilece la democracia y debilita como ninguna otra el principio sagrado de la separación de poderes
Editorial. Vozpópuli. 27 Junio 2025

La decisión del Tribunal Constitucional de avalar la ley de amnistía por seis votos contra cuatro no cierra el debate sobre su constitucionalidad, sino que lo perpetúa y lo agrava. Los cuatro votos particulares disidentes han puesto el dedo en la llaga de una cuestión que trasciende lo meramente jurídico para convertirse en una herida profunda en el corazón de nuestro sistema democrático.

La minoría del Constitucional ha señalado con meridiana claridad lo que todos sabemos pero que la mayoría progresista del Tribunal se niega a reconocer: la "verdadera finalidad" de esta ley no fue la reconciliación nacional ni la pacificación social, sino "obtener el apoyo de los siete diputados de Junts per Catalunya en la sesión de investidura del presidente del Gobierno". Esta constatación no es una mera especulación política, sino el reconocimiento de una realidad que contamina de arbitrariedad toda la norma.

Cuando una ley responde a un intercambio de favores parlamentarios y no a un objetivo de interés general, estamos ante lo que la propia Comisión Europea ha denominado una "autoamnistía" contraria al Estado de Derecho. No es casual que Bruselas haya observado que "los votos de sus beneficiarios han sido fundamentales para su aprobación en el Parlamento español" y que la norma "es parte de un acuerdo político para lograr la investidura del Gobierno".

El argumento central de los defensores de la amnistía -que la Constitución no la prohíbe expresamente- es jurídicamente endeble. Como ha explicado el catedrático Manuel Aragón, "de la Constitución pueden derivarse prohibiciones implícitas". Si el derecho de autodeterminación no está expresamente prohibido pero es obviamente inconstitucional, el mismo razonamiento debe aplicarse a la amnistía.

La lógica constitucional es implacable: si están prohibidos los indultos generales, que constituyen "lo menor" en cuanto solo perdonan la pena, con mayor razón debe estarlo la amnistía, que es "lo mayor" al borrar retroactivamente el delito. La Constitución no es un texto aislado de normas inconexas, sino un sistema coherente de principios y reglas que deben interpretarse armónicamente.

Cuando las Cortes Generales borran retroactivamente delitos que fueron legítimamente perseguidos y juzgados por los tribunales, están usurpando una función que corresponde en exclusiva al poder judicial"

La amnistía representa una intromisión inadmisible del poder legislativo en las competencias exclusivas del poder judicial. Cuando las Cortes Generales borran retroactivamente delitos que fueron legítimamente perseguidos y juzgados por los tribunales, están usurpando una función que no les corresponde. El legislador no puede "considerar antijurídica la legislación en su día aplicada por los tribunales de justicia", como acertadamente ha señalado Aragón.

Violación del principio de igualdad

Esta suplantación de funciones es especialmente grave en un Estado democrático de derecho donde la seguridad jurídica constituye un principio nuclear. Solo el Tribunal Constitucional, por motivos estrictamente jurídicos, puede eliminar retroactivamente los efectos de una ley. Nunca un órgano político como las Cortes por motivos políticos.

Los cuatro magistrados disidentes han identificado otra falla constitucional fundamental: la ley viola el principio de igualdad ante la ley porque "solo alcanza a quienes realizaron acciones delictivas con la finalidad de apoyo al proceso independentista pero no a quienes hubieran realizado esas mismas acciones con una finalidad política opuesta".

Esta desigualdad de trato es inadmisible en un Estado de derecho. La Constitución determina que todos los españoles son iguales ante la ley, lo que impide que a unos se les aplique la norma y a otros no. La amnistía crea una situación de privilegio para un grupo determinado que el principio de igualdad constitucional prohíbe categóricamente y abre la puerta a que, a no mucho tardar, veamos pasear tranquilamente por las calles de Barcelona, sin haber pisado previamente no ya la cárcel sino ni siquiera un juzgado, a Carles Puigdemont, un golpista acusado de malversación que ha humillado a la Justicia española, gracias en gran medida a la complicidad del Gobierno.

Esta amnistía supone una degradación moral e institucional sin precedentes, porque, como han advertido destacados juristas, supone reconocer que el proceso de secesión fue tan justo como injusto el derecho que lo reprimió"

Pero más allá de los aspectos técnico-jurídicos, esta amnistía supone una degradación moral e institucional sin precedentes porque, como han advertido destacados juristas, supone reconocer que el proceso de secesión fue tan justo como injusto el derecho que lo reprimió. Estamos por tanto ante un golpe mortal al Estado constitucional que nada se parece a la amnistía histórica de 1977, aplicada a partir de la necesidad de cerrar las heridas de una dictadura y facilitar la transición democrática. Aquella norma tenía una justificación histórica excepcional. Esta, en cambio, no reconcilia sino que divide, no pacifica sino que envenena, no sana sino que infecta.

De este parecer es la Comisión Europea, que en un reciente informe afirma que esta amnistía carece de "un objetivo de interés general reconocido por la Unión" y vulnera principios fundamentales del Estado de Derecho. Con toda seguridad esta opinión, avanzada por Bruselas, ha operado como factor decisivo para que el presidente del TC, Cándido Conde-Pumpido, no haya tenido el buen sentido de esperar a que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) resolviera las primeras cuestiones prejudiciales sobre la Ley de Amnistía. Una prudente medida a la que Pumpido habría debido acogerse, aunque solo hubiera servido para evitar un nuevo encontronazo con el Tribunal Supremo, cuyo más probable criterio sea el más sensato de esperar al dictamen del TJUE antes de aplicar la sentencia del Constitucional.

En definitiva: la decisión del TC, lejos de zanjar la cuestión, la agrava. Los cuatro votos particulares han puesto de manifiesto las profundas fallas jurídicas de una ley que nació viciada por su finalidad espuria y que representa un precedente peligroso para nuestro sistema democrático. Estamos ante una de esas decisiones que marcan un antes y un después en la historia constitucional española; ante un punto de inflexión que desgraciadamente lejos de fortalecer como algunos defienden el Estado de Derecho, contribuye aceleradamente a su debilitamiento.

Nefasto para España
El aval a la amnistía de Sánchez a los golpistas del ‘procés’ es la más grave agresión contra la Constitución de 1978, infligida por un TC reconvertido en la mayoría constituyente que no tiene la izquierda en las Cortes
Editorial. ABC. 27 Junio 2025

La mayoría liderada por Cándido Conde-Pumpido en el Tribunal Constitucional ha declarado que la ley de Amnistía aprobada para dar impunidad a los malversadores del proceso independentista catalán es conforme a la Constitución. La inefable ponencia de la magistrada Inmaculada Montalbán anticipaba esta decisión, con la que Conde-Pumpido honra su compromiso para salvar el buque insignia del sanchismo, en pleno naufragio general de la legislatura. Se avanza también con paso firme hacia la mutación del orden constitucional fuera de los procedimientos de reforma previstos por la Carta Magna. El aval a esta amnistía es, sin duda, la más grave agresión cometida contra la letra y el espíritu de la Constitución de 1978 por una mayoría de magistrados reconvertida, tramposamente, en la mayoría constituyente que no tiene la izquierda en el Parlamento. Nunca ha estado tan separada una decisión del Tribunal Constitucional de la razón jurídica. Nunca ha sido tan evidente la finalidad partidista de una sentencia del Tribunal Constitucional como la dictada para respaldar la amnistía. Todo el razonamiento de la mayoría liderada por Conde-Pumpido, redactado en la ponencia de Montalbán, será un canto a la derogación del rigor y la rectitud en la interpretación constitucional.

Los magistrados agrupados en torno a las consignas de La Moncloa han sido capaces de afirmar que la amnistía es constitucional porque no está prohibida, despreciando el valor normativo de lo que se dice y de lo que no se dice en una constitución, entregando a las Cortes Generales una soberanía ultraconstitucional de la que carecen. Pero sucede que la Carta Magna es muy explícita al permitir el indulto individual como única medida de gracia en el ordenamiento español y al excluir los indultos generales, parte esencial de toda amnistía. Dice la mayoría del Tribunal Constitucional que no entra a valorar los motivos políticos de la ley de Amnistía, lo cual es una falacia más de esta sentencia nefasta para la democracia, porque comulga con el eslogan de la 'excepcionalidad' en Cataluña para justificar la amnistía, comprando por precio vil el argumentario de La Moncloa. Toda ley de amnistía es por definición una ley política, y sus motivaciones políticas son ineludibles para determinar si es una ley arbitraria al servicio de intereses partidistas. El Tribunal Constitucional ha manipulado las reglas del debate sobre la constitucionalidad de una ley de Amnistía en la España de 2025 para satisfacer las necesidades políticas de Pedro Sánchez.

Conde-Pumpido y sus magistrados no han tenido siquiera el buen gusto institucional de esperar a que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea resuelva las primeras cuestiones prejudiciales sobre la ley de Amnistía. Y lo han hecho a conciencia, porque el informe de la Comisión Europea dirigido a dicho tribunal es demoledor para la ley sanchista. La Comisión ve en esta ley un ejercicio de arbitrariedad, una ausencia palmaria de interés general, un ejemplo de 'autoamnistía' aprobada por los propios amnistiados, un desprecio a las críticas de la Comisión de Venecia del Consejo de Europa y unos obstáculos injustificables a la independencia de los jueces encargados de aplicarla.

Las prisas de Conde-Pumpido son las prisas de Pedro Sánchez, pero las prisas son malas consejeras: la urgencia de la mayoría izquierdista del Tribunal Constitucional en ayudar al presidente del Gobierno no tapona las alternativas con las que cuentan los tribunales españoles para aplicar la ley de Amnistía de forma soberana. Por lo pronto, que la ley sea constitucional no significa que sea aplicable directamente y en beneficio de los malversadores del 'procés' y otros agraciados de la generosidad tóxica de Sánchez. Esta aplicación es competencia de los tribunales ordinarios, como la Sala Segunda del Tribunal Supremo o la Audiencia Nacional y, de nuevo, la mayoría liderada por Conde-Pumpido tendrá que enfrentarse a la encrucijada de la dignidad o el servilismo cuando se enfrente a sus sentencias.

Tampoco puede olvidar el activista presidente del Tribunal Constitucional que la jurisprudencia de la Corte de Justicia de la Unión Europea exige a los tribunales nacionales garantizar la primacía del Derecho de la UE, dejando de aplicar leyes internas o, incluso, resoluciones de su propio tribunal constitucional. Hasta ahí llegan las prisas. Esta es una batalla legal que sigue su curso y que también concierne a la opinión pública española, no solo a sus tribunales de Justicia, porque la sentencia de este jueves es un ataque al principio de igualdad entre los españoles y a la seguridad jurídica que debe garantizar el ordenamiento legal. No es posible afirmar que una sociedad vive en un Estado de derecho cuando la vigencia de las leyes penales -las más importantes después de las constitucionales- y la eficacia de las sentencias firmes de los tribunales de Justicia pueden ser suspendidas por el poder político sin más beneficio que el de una investidura manchada desde su origen por la arbitrariedad y la mentira.

España ya no es una democracia
Miquel Giménez. Vozpópuli. 27 Junio 2025

Cualquier sistema democrático se basa en la igualdad ante la ley de los ciudadanos Omnes homines aequales sunt, todos los hombres son iguales, dice el viejo derecho romano. Pero el Tribunal Constitucional acaba de dar por válida la ley de amnistía a los golpistas separatistas catalanes, conculcando ese principio, rompiendo el Estado de Derecho y, por tanto, nuestro sistema democrático. Una ley redactada por los mismos delincuentes y hecha ad hoc para librarse de sus culpas y aprobada en el Congreso porque Sánchez no pierda los siete votos de Junts, recuérdenlo bien, ¡por siete votos! España ya camina hacia un sistema bolivariano apoyado por órganos judiciales adictos que emiten leyes antidemocráticas.

El precedente es tremendo y es imposible calcular las consecuencias, pero si esta ley aprobada -que pide perdón, cuidado, no es que perdone, sino que pide perdón a los golpistas porque el Estado ha intentado mantener el orden legalmente constituido- ha salido adelante, cualquier cosa es posible. Lo siguiente será el referéndum de autodeterminación que, no lo duden, será también validado por un Tribunal Constitucional que ha pasado de ser garante de la ley a convertirse en la más eficaz herramienta de su derribo.

Pero las cosas no suceden poque sí. Y menos en política. Cuando PSOE y PP, léase Sánchez y Feijoó, pactaron la renovación de este órgano en 2021 y 2022 muchos advertimos que esto podía pasar. Porque pactar con Sánchez, el gran error del PP, es acabar mal. Y ese mal afecta al conjunto de los españoles. Se nos dijo que era un tema de estado, que Europa presionaba, que hacía tiempo que debía haberse hecho. Aquí están los resultados. Sánchez ha hecho de Conde Pumpido uno de sus engranajes para dominar la estructura del poder. Menos mal que no se pactó la renovación del Consejo General del Poder Judicial, la última tabla de salvación a la que aferrarnos los españoles. Aunque quizá no es el momento de hacer reproches, creo que obligatorio decir que sin ese pacto, que ya se preveía malo, no estaríamos como estamos. Pero la cúpula de Génova se empecina en creer que estamos en las épocas de antaño, donde el PSOE tenía cierto sentido del estado.

González no llegó tan lejos

Que la cosa es grave es indudable. Cuando Felipe González dijo a Carlos Alsina que no pensaba votar a Sánchez comprendí que los daños colaterales pueden ser enormes. Hasta ahora Felipe no había llegado tan lejos. Claro que esto no es más que una anécdota. El mal empezó cuando Guerra dijo que Montesquieu había muerto. Aunque, siendo honestos, jamás se llegó a tanto como ahora. Queda en el aire el tema de la malversación y eso porque en Europa no lo acaban de ver, aunque viendo como obra Sánchez en materia internacional puede pasar cualquier cosa.

La fe del carbonero

Lo que nos debe quedar claro es que nuestro sistema constitucional ha quedado roto por la parte más profunda, la ley, la que sostiene todo el edificio de nuestra democracia parlamentaria que, aunque tenga enormes defectos, al menos ha impedido algún que otro susto. Eso se acabó, salvo que alguien decida ponerse las pilas y arrinconar al autócrata que niega haber firmado lo que ha firmado en cero coma. Porque Sánchez no cederá. Ni es un demócrata ni lo son los suyos. Esa fe del carbonero que muestran públicamente muchos de sus seguidores de a pie tampoco es democrática, es puro caudillismo. Sólo hablan de la libertad cuando es la suya. Los demás no tenemos derecho a disfrutarla. La idiocia es terrible. El sustrato ideológico en que se basa, peor. Sepan, pues, esos socialistas andaluces, extremeños, manchegos o gallegos por citar sólo unos casos que ya no son iguales a Puigdemont y su banda. Ellos tienen derecho a romper las leyes y ser amnistiados. El resto de los ciudadanos, no. Y esto, señores, no es democracia.

Pumpido legaliza la prostitución constitucional a calzón quitado
Francisco Rosell. el debate. 27 Junio 2025

En parangón con el Tribunal Constitucional de la satrapía venezolana, Cándido Conde-Pumpido y sus persas, evocando el manifiesto favorable al felón Fernando VII y contra la primera Carta Magna española, se despacharon ayer un dizque fallo que, en la práctica, legaliza la prostitución política. La hace al avalar una amnistía no contemplada por la Ley de Leyes por así rechazarlo entonces los padres fundadores y por la que Sánchez compró su investidura en un acto de corrupción máxima. Cándido, El Apóstata, lo ha hecho a calzón quitado y a toda prisa. Sin esperar al veredicto del Tribunal de Justicia de la UE tras las alegaciones de la Comisión que suponen un obús contra la línea de flotación de una simonía que vulnera también la legislación comunitaria. No en vano, según arguye, es una «autoamnistía» en la que los intereses generales se postergan en lucro personal de quien es presidente tras amnistiar al prófugo Puigdemont como moneda de cambio de los votos de sus 7 diputados. ¡Una vergoña!

Tratando de salvar su negra honrilla, Felipe González declaraba ayer que jamás volverá a votar a quien le traicionó desde primera hora, pero ha aguardado demasiado tras abrazarlo en el XL congreso que lo reeligió en 2021 en Valencia. Al flamenco González le habría dicho Caracol El del Bulto, padre de Manolo Caracol y mozo de estoques de Joselito El Gallo, «Felipe, ese roneo, cojones, en Despeñaperros». Fue lo que le largó al expreso que le trasladó con horas de demora de Sevilla a Madrid y que, al apearse, pegó un rebufo de vapor que le empapó su elegante traje.

Un par de mañanas antes, Alfonso Guerra fue más lejos que González al interpelar a Pumpido como el que abofetea a un descarado: «¿Sabe el presidente de este tribunal que es una ley de amnistía redactada por un sicario y un forajido?». Quien negoció la constitución mano a mano con Abril Martorell sugería una prevaricación a sabiendas de quien ha andado en los pucheros de la gracia de Sánchez a Puigdemont. Ha operado con la misma desvergüenza de aquel exalto cargo de Chaves que, al ser promovido a la Cámara de Cuentas andaluza, exigió a sus compadres del PSOE auditar su gestión por conocérsela -¡y tanto!- al dedillo: «Yo guisé la paella, yo me la como». El TC sanchista no podía homenajear mejor al putiferio de «bandidos y macarras» (Guerra dixit) de Sánchez que con la autoamnistía de Casa Pumpido. Bajo la bandera de finiquitar la corrupción y abolir la prostitución, España es hoy un muladar con quien saca pecho por ser el apestado de Europa tras quedar en la cumbre de la OTAN en La Haya como el peor de los concursantes españoles en Eurovisión. «¿Quién maneja mi barca?», tarareaba Remedios Amaya, con sus cero puntos en 1983, y tanto monta quien reivindica su capitanía con su Titanic zozobrando en el fangal.

Para más inri, la «autoamnistía» no sólo borra el delito capital de los golpistas y se lo endosa a quienes combatieron la rebelión a instancias de un Sánchez que apremiaba al timorato Rajoy a aplicar el artículo 155, sino que anula la Constitución y dota «de facto» a Sánchez de atribuciones plenipotenciarias cual monarca republicano. Tras ser frenado por la anterior mayoría del TC, con Pumpido poniendo a caldo a sus compañeros en un voto particular que lo retrató como un porquero, el «Plasmado» de La Moncloa remata la estrategia entrevista con su uso perverso del estado de alarma en la pandemia del Covid-19 en una extralimitación de funciones rayana en una «dictadura constitucional». Por esa vía, Carl Schmitt, arquitecto legal del nazismo, hizo transitar a Alemania de la democracia al totalitarismo a través del artículo 48 de la Constitución que confería al presidente del Reich la potestad de «suspender en todo o en parte los derechos fundamentales». Hitler arrasó la Constitución con esa ley habilitante ante la impotencia del presidente Hindenburg al que ni tuvo que derrocar.

En su deriva autocrática, Sánchez asume los postulados de la «Alianza Frankenstein» con Zapatero como comisionado (y comisionista) al modo de los comisarios soviéticos que coadyuvaron al PSOE a transitar de grupo reformista a revolucionario rompiendo la legalidad «cuando ha habido necesidad», según Largo Caballero. Si como fiscal general de Zapatero se manchó la toga con el polvo del camino para librar a los nuevos socios etarras del PSOE -ayer encapuchados y hoy descapuchados-, acaudillando la facción izquierdista del TC, Pumpido perpetra una desviación de poder no sólo para rédito golpista, si no para un autogolpe contra el orden constitucional que, desde ahora, queda al albur de la mayoría gobernante, aunque sea por un sufragio. Con este dispensario de bulas, será legal lo que le pete a «Noverdad» Sánchez con la venía de quien ha mutado, sin pasar por Cortes ni referéndum, un órgano político como el TC en máxima instancia judicial con su «constructivismo jurídico» contra el Tribunal Supremo y la Constitución.

Esta contrarreforma constitucional por estos villanos custodios de la Ley de Leyes -a tal señor, tal honor- ejemplifica cómo se destruyen las democracias desde dentro con la avenencia de biempensantes que discurren que «Aquí eso no puede suceder» poniendo cara de besugo camino del horno. Todo ello a base de pequeños pasos, en apariencia insignificantes, hasta hacer tragar sus tropelías en finas rodajas. Si el procés fue un golpe institucional desde el Palacio de la Generalitat extendido a toda la nación, este «proceso español» desde La Moncloa subsume a los otros poderes del Estado en adminículos al servicio de quien, en su desbocada ambición, empuja a España por el despeñadero.

Tal delito de lesa patria hubiera reportado en otra democracia un proceso de destitución del presidente. Empero, Pumpido y sus persas, al demoler la Carta Magna, proveen a Don Teflón de un Estatuto de Déspota con sentencias de encaje como esta «autoamnistía» de Don Pumpido. Y no será porque, viendo el burro venir, no se avizoraran las patadas que propinaría el rucio.

Autoamnistía, soborno, chantaje y saqueo
Antonio Robles. libertad digital. 27 Junio 2025

La sentencia de Felipe González es todo un síntoma del hundimiento sanchista, el termostato de una sociedad española harta de su desvergüenza.

Pedro Sánchez está muerto, pero aún no lo sabe. O porque lo sabe, sigue agarrándose a él como una lapa para mitigar daños. Lo acaba de sentenciar Felipe González en Onda Cero. A la pregunta de Carlos Alsina: "¿Cuánta vida política le queda a Pedro Sánchez?", contestó tajante: "Ya no tiene vida política".

La sentencia de Felipe González es todo un síntoma del hundimiento sanchista, el termostato de una sociedad española harta de su desvergüenza. Si él, el orador sagaz, el viejo zorro que sabe utilizar la ironía con bisturí de cirujano ha declarado la guerra abierta a Pedro Sánchez en defensa del PSOE y de la democracia, es que acabamos de tocar fondo. Se le acabó la maraca al okupa.

Es hora de que los expertos jurídicos desmonten la telaraña tóxica que el gobierno y sus cómplices han utilizado para pervertir al mismísimo Tribunal Constitucional. Aún falta resolver los recursos al TJUE. No todo está perdido, en Europa ya le han visto el plumero al causante del desvarío. Aunque desgraciadamente, no son los principios jurídicos los que han fallado, sino las disculpas interesadas sobre el bien general los que le han servido de coartada espuria. Como estas cuatro pestilencias: autoamnistía, soborno, chantaje y saqueo.

-"AUTOAMNISTÍA". La acuñó la declaración de la Comisión Europea. Fueron los secesionistas los que elaboraron su propia ley de amnistía, con alevosía, nocturnidad y fuera de las fronteras españolas, aprovechando la debilidad y ambición enfermiza del capo de la banda del Peugeot, Pedro Sánchez. Y fue, el más corrupto de ellos, Santos Cerdán, quien negoció la venta en la clandestinidad con Puigdemont. ¿Qué podía salir mal?

SOBORNO. Doble soborno, los sediciosos sobornaron al gobierno ofreciéndoles 7 votos por la amnistía, y el gobierno sobornó a Puigdemont facilitándosela. Unos lograban la amnistía y el otro, su investidura como presidente del Gobierno. Un soborno mutuo en toda regla, "un acto de corrupción política" escandaloso, en palabras de Felipe González, o de cualquier demócrata. Pedro Sánchez, sin embargo, lo justificó con una frase manida: "Hacer de la necesidad virtud". La necesidad la sabemos, ser presidente, ¿pero cuál es la virtud? Hoy es un buen día para recordar con qué ahínco negaba en el pasado la constitucionalidad de la amnistía.

CHANTAJE. Si no eliminas el delito de sedición del Código penal y no nos concedéis la amnistía, no habrá envestidura, le vino a decir Puigdemont a Sánchez. Si no me garantizas tus siete votos para lograr la investidura, no eliminaré el delito de sedición ni tendrás la amnistía. Ya se sabe, dos no se pelean, si uno no quiere. Entre delincuentes anda el juego.

SAQUEO: Las consecuencias son letales para España; vendedor y comprador no ofrecen algo de su propiedad, sino de la propiedad común. Pedro Sánchez compra los favores de un enemigo de España por intereses privados, a cambio de vender la propiedad de España, que es de todos. El saqueo es doble, económico e institucional. El primero es malversación de fondos públicos, el segundo es alta traición al Estado de Derecho y a su nación. Seguro que el despilfarro de fondos públicos no merma los presupuestos de educación o sanidad, como sí lo hacen los gastos en Defensa.

Y el socialista catalán, Salvador Illa, con la misma cara compungida de Pedro Sánchez, pero con pose de meapilas, celebrando el golpe institucional a la separación de poderes y exigiendo amnistía para Puigdemont y Comín; porque según él, o la amnistía es total, o no es amnistía. O sea, incluso la malversación de caudales públicos no abalados por el TC. ¿Se la estará pidiendo también para sí mismo por si acaso le toca la pedrea por su etapa en el ministerio de sanidad?

CODA: Un buen día para recordar lo que decía Salvador Illa en las elecciones de 2023: rechazo a la amnistía y al referéndum, y petición de realismo a Junts. Un vídeo más dónde decía que el castellano no era una lengua extranjera, y ahora que es presidente la trata como tal. Ni Atila.

Los cuatro magistrados del TC contra la amnistía: "Es un intercambio de votos por impunidad"
Concepción Espejel, Enrique Arnaldo, Ricardo Enríquez y César Tolosa coinciden en que la ley es claramente inconstitucional
Ricardo Coarasa. la razon. 27 Junio 2025

Cándido Conde-Pumpido, Inmaculada Montalbán, Ramón Sáez, María Luisa Balaguer, María Luisa Segoviano y Laura Díez son los progresistas del TC que han avalado la Ley de Amnistía. Los otros cuatro que han votado en contra, Concepción Espejel, Enrique Arnaldo, Ricardo Enríquez y César Tolosa, argumentan su rechazo ante «la mayor regresión institucional en la historia constitucional reciente» y una norma que «no responde a la voluntad popular ni al interés común o general». Su oposición se centra en una interpretación «tan forzada» de la Carta Magna que la convierte en «irreconocible». La finalidad de «obtener a cualquier precio el apoyo de Junts a la investidura» coincide en la crítica del PP por boca de Alberto Núñez Feijóo. Pero las voces en contra han llegado también del expresidente Felipe González, quien ha dicho que votará en blanco y no al PSOE y de un Emiliano García-Page seguro de un adelanto electoral.

La magistrada del Tribunal Constitucional (TC) Concepción Espejel considera que la Ley de Amnistía representa «la mayor regresión institucional habida en la historia constitucional reciente». Así lo pone de manifiesto en su voto particular, en el que desgrana sus argumentos en contra de la decisión de la mayoría progresista y confiesa su «impotencia» por «no haber logrado convencer» a sus compañeros.

Para la expresidenta de la Sala Penal de la Audiencia Nacional, al margen de las que afectan al derecho a la vida, se trata de «la más injusta de cuantas leyes han sido sometidas al escrutinio de este tribunal».

Espejel muestra incluso su preocupación de que la sentencia que avala la amnistía pueda dar pie a «un régimen jurídico excepcional, paralelo al marco constitucional común» y dirigido a «un conjunto selecto de privilegiados» eximidos de cumplir la ley, incurriendo así en «una flagrante violación del mandato constitucional de igualdad en la aplicación de la ley».

La magistrada conservadora confiesa estar preocupada, además, por el hecho de que la sentencia «pueda contribuir a minar la confianza ciudadana en las instituciones». Generando, dice, «desafección», la percepción de que las leyes se aprueban «para satisfacer acuerdos políticos» dirigidos a colmar «meras voluntades particulares» en lugar de «servir al bien común».

Y es que, según expone en ese voto particular, la mayoría progresista del Constitucional ha validado una ley «contraria al ideal de justicia» y que resulta además «arbitraria, discriminatoria y fruto de un pacto político para obtener la investidura» de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno. Obviando así, hace hincapié, que en la tramitación parlamentaria de la Ley de Amnistía «se llegó a afirmar que con su aprobación se producía la primera derrota del régimen del 78».

Espejel no tiene dudas de que la ley es «arbitraria» porque su verdadera finalidad era obtener el apoyo de los siete diputados de Junts per Catalunya en la sesión de investidura del líder del PSOE. Y a este respecto, precisa que «una cosa es que el tribunal no pueda entrar en hipótesis o elucubraciones» sobre las motivaciones políticas por las que se promulga una ley y otra bien distinta es que, trascendiendo «sin mesura» que se aprueba «para obtener los votos necesarios para una investidura», este hecho resulte «irrelevante en el control que el tribunal hace de la ley».

La ley, concluye, debió ser declarada inconstitucional porque «no responde a un objetivo legítimo» y la considera un exponente de «cómo la voluntad del pueblo soberano», materializada en una ley, «se manipula para revestir de formalidad jurídica un descarado pacto de impunidad a cambio de poder».

Enrique Arnaldo

«La ley no responde a la voluntad popular ni al interés común o general»

Enrique Arnaldo defiende que detrás de la Ley de Amnistía no hay ningún interés general, como mantiene la mayoría del Pleno, sino que la norma «responde en realidad al particular –y por muchas razones censurable– interés del intercambio de votos por impunidad». Se refiere a quienes «suscribieron» con el PSOE los pactos políticos para atar la investidura de Pedro Sánchez, «los partidos a los que pertenecen los principales beneficiarios de la amnistía» (Junts y ERC). Lo que, en su opinión, «permite hablar de autoamnistía». De ahí que califique de «falaz» el pretendido objetivo de interés general, que recoge el preámbulo de la ley, de «restablecer la convivencia social y política quebrada por la insurrección independentista catalana».

Según el magistrado, la mayoría progresista «distorsiona el correcto entendimiento de lo que significa una Constitución normativa» porque el pluralismo político, consustancial al Estado democrático de Derecho, «en modo alguno permite concebir la Constitución, según pretende la sentencia, como una norma “abierta” a la libérrima decisión del legislador». Se concibe tan «abierta», ironiza, que acaba por convertirse en «líquida» (en palabras del magistrado emérito del TC Manuel Aragón), «y aun diría yo que “gaseosa”».

La sentencia del TC, tal y como sostiene Arnaldo en su voto particular, se inscribe en una corriente de pensamiento según la cual «el Derecho debe quedar sometido a la política», algo que se traduce en «la libertad omnímoda del legislador, esto es, de las coyunturales mayorías parlamentarias, lo que en último término conduce al despotismo parlamentario».

Arnaldo señala que con esta sentencia el Tribunal Constitucional «se erige en una suerte de poder constituyente que reescribe a su gusto la Constitución, olvidando que es el guardián de esta, no su propietario». De este modo, lamenta el magistrado conservador, la corta de garantías «deja de ser el garante de la primacía de la Constitución para convertirse en un actor político más, que hace decir a la Constitución lo que a la mayoría coyuntural del Tribunal le place».

Para Enrique Arnaldo no hay duda alguna de que la Constitución «no solo no permite la amnistía, sino que la rechaza, por más que en la sentencia se pretenda sostener lo contrario».

Del mismo modo, se queja de la ausencia de un «debate sosegado y no acelerado» ante la «firme y decidida intención» del presidente del TC, Cándido Conde-Pumpido, de que la ley fuera aprobada la sentencia «a la mayor brevedad posible».

El magistrado denuncia las «gravísimas quiebras procesales» para apartar del debate sobre la amnistía a su compañero José María Macías «sin justificación» y vulnerando el derecho al juez imparcial.

Ricardo Enríquez

«El fin de la ley era obtener a cualquier precio el apoyo de Junts a la investidura»

La Ley de Amnistía supone «sin duda», según el magistrado Ricardo Enríquez, «uno de los mayores desafíos, sino el que más, planteado por una ley a nuestro Estado de Derecho en estos cuarenta años de democracia». Y frente a ese desafío, se queja, la respuesta que ofrece la sentencia «no está a la altura de lo que tanto la comunidad jurídica como la sociedad en general, nos demandaba». Y no lo está, explica, al aceptar «para todo y sin fisuras el relato de un preámbulo que, bien puede tener cabida en un mundo paralelo al nuestro, pero desde luego no en el que vivimos».

Enríquez no entiende que no se haya acudido al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) o, al menos, esperado hasta que resuelvan todas las dudas planteadas por cuatro tribunales españoles sobre la adecuación de la ley al Derecho comunitario. «Se acabó la obligación del Tribunal Constitucional de velar por el respeto al principio de primacía del derecho de la Unión Europea», lamenta el magistrado, para quien «tras esta sentencia el Tribunal Constitucional queda fuera del sistema judicial europeo».

Al magistrado le llama la atención que a la mayoría del tribunal le parezca que «nada ocurre si el Tribunal Constitucional declara constitucional una ley y luego el Tribunal de Justicia de la Unión Europea la declara inaplicable». Pero, en todo caso, no tiene duda de que «la última palabra la tendrá la justicia europea». «Si esta nos enmienda, será el último de los despropósitos», vaticina.

Respecto a los motivos que esgrime el preámbulo de la ley para justificar su aprobación, y que hace suyos la mayoría progresista (superar la tensión que, a su juicio, fue creciendo en Cataluña tras la sentencia del Estatut y propiciar la «reconciliación»), Enríquez considera que «difícilmente puede decirse que ese fin sea legítimo, ni que las medidas adoptadas sean adecuadas a esa finalidad, cuando antes de la aprobación de la ley, durante los debates parlamentarios que precedieron a su aprobación y aun ahora, los beneficiarios de la amnistía no han cesado de repetir que lo volverán a hacer».

Por eso defiende que el «fin legítimo» no era « buscar la restauración de la convivencia en Cataluña», sino «obtener a cualquier precio el apoyo de Junts per Catalunya en una investidura para la Presidencia del Gobierno».

Asimismo, ve nula la ley también «por la discriminación expresa por razones ideológicas» al referirse únicamente «a determinadas personas que habían sido condenadas o encausadas por cometer unos gravísimos delitos contra la integridad territorial de la nación y contra la convivencia democrática, escudándose en unas motivaciones que son las que la misma ley acoge dentro de los presupuestos para que se apliquen sus efectos».

César Tolosa

«Un verdadero terremoto para los pilares del orden constitucional de 1978»

La aprobación de la Ley de Amnistía ha supuesto, según el magistrado César Tolosa, «un auténtico terremoto para los pilares estructurales sobre los que se asienta el orden constitucional de 1978». Pero va más allá y mantiene que la argumentación contenida en la sentencia para avalar su constitucionalidad «constituye un verdadero cataclismo jurídico, al debilitar los límites materiales del poder legislativo, relativizar los principios esenciales del Estado de Derecho y erosionar gravemente la función garantista del Tribunal Constitucional».

Para Tolosa esta sentencia «debilita el orden constitucional y cimenta un precedente muy preocupante que mucho me temo va a servir de aliento a nuevos intentos de subversión del marco constitucional». Con ello, no solo se consolida un precedente jurídico altamente preocupante, sino que se abre peligrosamente la puerta a que en el futuro pueda instrumentalizarse la amnistía como moneda de cambio política, permitiendo el intercambio de impunidad por apoyos parlamentarios, en abierta contradicción con los valores fundamentales que inspiran nuestra Constitución.

El magistrado sostiene en su voto particular que con el aval a la amnistía se ha producido «la claudicación del tribunal», que pasa «de garante constitucional a notario del legislador».

Al igual que sus compañeros, censura que el Constitucional haya avalado las motivaciones políticas para aprobar la ley. «No es intelectualmente admisible ni jurídicamente honesto», afirma, sostener que la Ley de Amnistía «ha sido el resultado de una transacción política –investidura a cambio de impunidad– y, al mismo tiempo, declarar que no cabe presumir su carácter arbitrario, sino que debe aun indagarse si persigue un fin constitucional legítimo y si obedece a una razón justificativa de interés general».

A este respecto, sostiene que «aceptar como base del análisis que la ley responde a un acuerdo que explícitamente intercambia votos por inmunidad penal desactiva cualquier posibilidad de entenderla como una norma neutra, general y orientada al interés general». «La lógica del trueque político que subyace» a la ley –añade– es «incompatible con la idea misma de que una amnistía pueda perseguir fines constitucionalmente legítimos».

Y también censura que se haya dado la espalda al TJUE. «La postura que sostiene la sentencia es una postura inconciliable con el proceso de integración europea, que merma la efectividad de los derechos fundamentales y de las libertades que reconoce el Derecho de la Unión», defiende. Y a este respecto afirma incluso que la mayoría adopta una postura «en la que este Tribunal Constitucional se ha quedado ya solo en el espacio jurídico europeo».

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