Recortes de Prensa Sábado 5 Julio 2025

Putin se ensaña con una Ucrania a la que Trump le niega las armas
Estados Unidos anunció este martes que paralizaba de manera temporal el envío de armamento a Kiev mientras que Rusia ya ha superado la barrera de los 500 drones en un solo bombardeo
Andrea Polidura. el debate. 5 Julio 2025

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, levantó el teléfono este jueves para hablar con su homólogo estadounidense, Donald Trump, con la excusa de felicitarle por el Día de la Independencia, que se celebra el 4 de julio en Estados Unidos. En la conversación, que duró poco más de una hora, el ruso insistió al estadounidense en que no renunciaría a sus «objetivos» en Ucrania o, en otras palabras, que no aceptaría una tregua en el país invadido hasta que no consiga someterlo por completo. Horas después de la llamada, y por si a Trump todavía no le había quedado claro el mensaje, Moscú lanzó el mayor ataque aéreo sobre Ucrania desde el inicio de la invasión.

Durante la madrugada del jueves al viernes, Rusia rompió un récord con el lanzamiento de unos 550 drones y once misiles balísticos, superando la cifra máxima de 537 del pasado sábado. De esa andanada, la Fuerza Aérea ucraniana informó que 72 penetraron sus defensas aéreas e impactaron, en su gran mayoría, en Kiev. Este bombardeo ha sido, además, uno de los más largos: duró desde la medianoche hasta pasadas las 4 de la madrugada y dejó un muerto y 26 heridos, 14 de ellos de gravedad. El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, denunció en sus redes sociales que este último bombardeo masivo «es una prueba clara de que, sin una presión verdaderamente a gran escala, Rusia no cambiará su estúpido y destructivo comportamiento».

«Es necesario que, por cada golpe a las personas y a sus vidas, sientan las correspondientes sanciones y otros golpes a su economía, a sus ingresos, a su infraestructura. Esto es lo único que se puede lograr rápidamente para cambiar la situación y mejorarla. Y depende de los socios, principalmente de Estados Unidos», insistió el ucraniano. Antes incluso de que Putin atacara nuevamente Ucrania, Trump ya había reconocido su frustración con su homólogo ruso, tras una conversación que no logró ningún avance hacia la paz.

«Estoy muy decepcionado con la conversación con Putin. Sinceramente, me parece que Putin ya no está [dispuesto a negociar una tregua]. Estoy muy decepcionado porque no creo que quiera parar, y eso es muy malo», confesó el presidente estadounidense. Aun con todo, Trump no parece dispuesto a reanudar el envío de armamento a Ucrania, especialmente el de los sistemas antiaéreos Patriot, que tanto necesita Kiev para hacer frente a ataques como el de este viernes. Mucho menos parece estar dispuesto a aprobar nuevos paquetes de ayuda para el país invadido. En la noche del miércoles, Estados Unidos anunció que interrumpía parcialmente el envío de ayuda a Ucrania y justificó la medida por la necesidad de preservar los intereses estratégicos y las reservas militares estadounidenses.

Zelenski, que llevaba varios días tratando de programar una llamada con Trump para discutir esta decisión y que pilló por sorpresa al Gobierno de Kiev, consiguió finalmente hablar con el republicano este viernes. Sin embargo, la conversación, que duró unos 40 minutos, concluyó sin grandes promesas. El ucraniano informó, en un mensaje en su cuenta de Telegram, que ambos se comprometieron a trabajar juntos para «reforzar la protección del cielo». «Acordamos una reunión adecuada entre nuestros equipos», apuntó Zelenski. Rusia ha recrudecido sus ataques aéreos contra Ucrania durante los últimos meses y cada jornada marca un récord en cuanto al número de drones o misiles lanzados.

El ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Andrii Sybiha, denunció esta semana que Moscú había lanzado el pasado mes de junio contra su país más de 330 misiles, incluidos casi 80 misiles balísticos, 5.000 aviones no tripulados y 5.000 bombas planeadoras, registrando cifras nunca vistas en la contienda. Para protegerse ante estos bombardeos, el país invadido necesita de los sistemas de defensa antiaérea Patriot, que únicamente posee Estados Unidos.

Se cree que Ucrania cuenta con ocho de estas baterías, la mayoría de las cuales están desplegadas en los alrededores de Kiev. Ante la falta evidente de estas defensas, tan cruciales para la supervivencia del país europeo, el canciller alemán, Friedrich Merz, también propuso este jueves a Trump la posibilidad de comprar a Estados Unidos los Patriot para Ucrania. Entre el paquete de armas que Washington ha frenado —en algunos casos se ha quedado en la frontera con Polonia— se incluían precisamente estos sistemas de defensa antiaérea Patriot, además de los cohetes Stinger, así como proyectiles de artillería guiados y municiones utilizadas por los F-16 y NASAMS.

Además, Washington también decidió retener más de cien misiles Hellfire, unos 250 proyectiles GMLRS para ataques de precisión a larga distancia y sistemas antitanque como el lanzador AT4. Trump trató de salir del paso asegurando a los periodistas este jueves que su país sigue «proporcionando armas» a Ucrania y que no han suspendido «por completo» su suministro. Y, como suele ser habitual en sus discursos, el republicano aprovechó para arremeter contra el expresidente Joe Biden, al que culpó de «vaciar todo nuestro país dándoles armas». «Tenemos que asegurarnos de tener suficientes para nosotros», zanjó.

Trump dice estar "muy descontento" tras hablar con Putin por teléfono porque solo quiere "seguir matando gente"
Noelia Marín. Madrid. el mundo. 5 Julio 2025

La guerra en Ucrania sigue siendo un conflicto clave a nivel internacional tras más de tres años en activo. En las últimas horas, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha mantenido una llamada telefónica con su homólogo ruso, Vladimir Putin, de la que asegura haber salido "muy descontento" porque Putin sólo quiere "seguir matando gente".

"Es una situación muy difícil. Les dije que estaba muy descontento con mi llamada con Putin. Quiere ir hasta el final, simplemente seguir matando gente, no es bueno", ha añadido. Estas declaraciones llegan horas después de que Trump mantuviera también una llamada telefónica con el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, tras la que anunciaron que iban a trabajar juntos para reforzar las capacidades de defensa aérea de Ucrania.

9:27

Las defensas aéreas de Rusia derriban docenas de drones ucranianos, dos de ellos cerca de San Petesgurgo

Durante esta noche, las defensas aéreas deRusia han derribado docenas de drones por varias zonas del país, incluyendo dos cerca de San Petesburgo.

7:55

Trump dice que Putin "quiere llegar hasta el final" en la guerra en Ucrania y solo piensa en "seguir matando gente"

"Es una situación muy difícil. Les dije que estaba muy descontento con mi llamada con Putin. Quiere ir hasta el final, simplemente seguir matando gente, no es bueno", ha añadido.

Zelenski confía en Trump para la defensa aérea
La conversación entre ambos ha sido "útil" para el presidente ucraniano
Rostyslav Averchuk. Nueva York/Járkov. la razon. 5 Julio 2025

Donald Trump mantuvo ayer una llamada telefónica con su homólogo ucraniano, Zelenski, apenas 24 horas después de haber hablado también con Vladimir Putin y tras una de las mayores ofensivas con drones lanzada por Rusia. Zelenski fue el primero en revelar información sobre la conversación con Trump asegurando que la misma había sido «muy importante y útil», un mensaje tranquilizador después de que EE UU cancelara un envío de armas a Ucrania que ya estaba previsto ante el miedo por la disminución de arsenal norteamericano.

China aplaude el reconocimiento ruso del gobierno talibán

En una publicación en la plataforma de Telegram, el presidente ucraniano aseguró que ambos mandatarios habían acordado trabajar conjuntamente para garantizar la seguridad del espacio aéreo ucraniano y que estuvieron de acuerdo en celebrar una reunión en el futuro para tratar este tema. «Hoy discutimos la situación: los ataques aéreos rusos y, en general, la situación en el frente. El presidente Trump está muy bien informado», aseguró Zelenski. El líder ucraniano también explicó que él y Trump habían evaluado las posibilidades de cooperación directa: «Estamos listos para proyectos directos y creemos que esto es extremadamente necesario para la seguridad, especialmente en lo que respecta a los drones y las tecnologías relacionadas».

Poco después de la llamada y de que el líder ucraniano compartiera parte de la conversación entre ambos mandatarios a través de las redes sociales, Trump llegaba al club de golf de su propiedad en Sterling, Virginia, y al cierre de esta edición no había hecho declaraciones sobre esta llamada que llega 24 horas después de otra conversación con Vladimir Putin.

En ella, el líder ruso reafirmó que «Rusia continuará persiguiendo sus objetivos», a pesar de los llamados a un alto al fuego de EE UU, unas palabras que no gustaron a Trump, quien aseguró que estaba «muy decepcionado» por la conversación con Putin. «No creo que busque detener este combate», dijo de su homólogo ruso, aunque de momento esta opinión no se haya traducido en acciones. Desde que llegó a la Casa Blanca, Trump no ha impuesto nuevas sanciones a Rusia ni tampoco ha aprobado ninguna ayuda adicional a su aliado ucraniano.

Por otra parte, Ucrania ha iniciado su retirada de la Convención de Ottawa, que prohíbe la adquisición, producción, almacenamiento y uso de minas antipersona, tras la decisión firmada por el presidente Zelenski. Esta medida busca equilibrar el campo de batalla frente a Rusia, que ha desplegado millones de minas durante los años de invasión, mientras que Ucrania no podía hacerlo. En su momento, poseía uno de los mayores arsenales de minas del mundo. Se adhirió a la Convención en 2005, destruyendo al menos tres millones de minas de la era soviética en los años siguientes. El país se sumó así al esfuerzo de unos 160 Estados para eliminar estas armas, responsables de cientos de miles de amputaciones y muertes de civiles. Sin embargo, Rusia, junto con países como EE UU, India, China o Pakistán, nunca firmó el tratado y continuó acumulando minas.

«Ucrania se encontraba en una situación desigual e injusta que restringía su derecho a la autodefensa», explicó el ministerio de Exteriores ucraniano.

Ucrania es uno de los países más contaminados por estos artefactos. El impacto letal de las minas antipersonales rusas sigue siendo grande en regiones como Járkov, liberada por Ucrania en otoño de 2022. Para los residentes, son una amenaza constante. «Puedes pasar por el mismo camino decenas de veces y, aun así, una mina desapercibida puede explotar en cualquier momento», asegura María, una agricultora local. Igor Yefimenko, empresario de Járkov, y su equipo han desarrollado una bota apodada «araña», que eleva el pie sobre una plataforma y absorbe parte del impacto de una explosión. Han prevenido ya docenas de amputaciones, pero estas botas no son prácticas en todos los entornos.

En el frente de guerra, miles de soldados ucranianos han perdido extremidades tras pisar minas antipersona. Aunque los drones han sido cruciales para mantener el frente, las minas podrían reforzar las defensas de Ucrania que ha recibido un número limitado de minas de EE UU y otros países, diseñadas con acumuladores que las desactivan tras un tiempo para reducir el riesgo de que puedan afectar a civiles. Además, el país ha acordado emplearlas lejos de áreas pobladas y está produciendo minas que detonan solo bajo orden directa de zapadores.

No obstante, millones de minas soviéticas siguen almacenadas en todo el mundo. Abandonar la Convención permitirá a Ucrania adquirirlas de modo legal, según analistas militares. Esta decisión podría beneficiar a los países miembros del tratado, que, en lugar de costear la destrucción de sus arsenales, podrían venderlos. Esta decisión de un país que lucha frente a un enemigo más poderoso, resulta lógica. La reticencia de algunos de los principales socios europeos, preocupados por el impacto potencial en los civiles, podría explicar por qué Ucrania no ha abandonado la Convención de Ottawa mucho antes. Sin embargo, Kiev parece convencido de que no tiene otra alternativa.

Los servicios de inteligencia europeos alertan sobre el uso de armas químicas en Ucrania: "Puede ser letal"
Nuevas informaciones apuntan a un mayor uso de las mismas en el frente de batalla, pese a suponer una violación de la Convención sobre Armas Químicas
Marta Gallardo. la razon. 5 Julio 2025

El intercambio de llamadas de Donald Trump con sus homólogos ruso y ucraniano no parece anticipar un cese inminente de la guerra de Ucrania, que en febrero cumplió su tercer aniversario. El intercambio de ataques continúa intensificándose. En la noche del viernes, Moscú habría lanzado 11 misiles y más de 500 drones en una ofensiva, que, como recoge EFE, que comenzó una vez Trump y Putin pusieron fin a una llamada sin que se lograra "ningún progreso".

En este contexto, han resurgido las acusaciones sobre Rusia por el uso de armas químicas en el frente de batalla. Varias agencias de inteligencia europeas han acusado al país agresor de haber ampliado el tipo de agentes químicos empleados, así como haber pasado a usarlos de forma generalizada.

Han sido los Servicios de Inteligencia de Países Bajos y el servicio de inteligencias exterior de Alemania, el Bundesnachrichtendienst, quienes dieron a conocer el viernes que Rusia estaría violando la Convención sobre Armas Químicas. Como apuntan en una nota de prensa, ya se tenía constaría del uso por parte de los efectivos del Kremlin de gases lacrimógenos en Ucrania, no obstante, han detectado el uso adicional de cloropicrina, un agente químico asfixiante, "más potente que puede ser letal si se usa en altas concentraciones y en espacios cerrados".

El director del Servicio de Inteligencia y Seguridad de la Defensa de los Países Bajos (MIVD), Peter Reesink, reconoce que se trata de una demostración de que Rusia "está intensificando el uso de armas químicas", a lo que se suma el hecho de que "hemos notado una creciente disposición a emplearlas". "La amenaza que emana del programa de armas químicas ruso está, por tanto, en aumento", concluye.

Por su parte, el ministro de Defensa neerlandés, Ruben Brekelmans, ha condenado las tácticas rusas, asegurando el empleo de armas químicas "es completamente inaceptable y vuelve a demostrar la brutalidad del agresor al que Ucrania debe enfrentarse". Brekelmans ha recordado que "no debe normalizarse".

Se han contabilizado 9.000 ataques desde el inicio de la guerra

Datos del Ministerio de Defensa ucraniano estiman que Rusia habría llevado a cabo más de 9.000 ataques con este armamento, desde que se inició la invasión en 2022. El organismo cifra en tres los fallecidos como resultado de verse directamente expuestos a las mismas, aunque apunta a que la cifra escala en lo relativo a muertes indirectas de soldados.

El comunicado finaliza anticipando un mayor uso de los agentes químicos de cara al futuro y alerta que "además de las enormes inversiones en el programa de armas químicas de Rusia, el país también está ampliando su investigación en este campo, reclutando nuevos científicos para dicho programa".

«España necesita al PSOE»
Fran Carrillo. okdiario. 5 Julio 2025

He escrito este titular pensando en el artículo y no al revés, como suele hacer el columnista arquetipo. Hace unos días, en uno de los espacios televisivos en los que colaboro, comentaron en mesa que «España necesita al PSOE», una sentencia que retumbó en mis oídos con la misma fuerza desagradable con la que resonó otra que se lanzó minutos más tarde, con igual fruición e idéntica incomodidad sonora, «el bipartidismo conviene a España». De inmediato, pedí la palabra para rebatir dos mantras que vienen instaurándose en la mentalidad colectiva con la misma intensidad con la que la corrupción se abre paso en los titulares mediáticos.

Sobre la primera, basta con abrir un periódico que no esté infectado por la propaganda del Gobierno para comprobar cómo se ha normalizado el delito socialista de cada día. No hay momento de la semana que no descubra -o encubra, según el medio y periodista- un caso de malversación, fraude electoral, mordida económica o el correspondiente saqueo de bienes. La putrefacción llega a las más altas instancias, con el presidente de la Audiencia Nacional filtrando mensajes a Ábalos sobre el perdón a los responsables del golpe de Estado en Cataluña en 2017 y con las empresas públicas deterioradas por tanto colocado sin formación ni capacidad y demasiada enchufada de falda corta y verbo largo.

España no necesita al PSOE. Al PSOE, quienes lo necesitan, son todos aquellos que viven de manera directa o directa del dinero que el PSOE extrae a los que producen para mantener a los que parasitan, aquellos que sueñan con ser colocados gracias al carnet de partido o a la cercanía amistosa con algún cargo, quienes llegan a nuestras fronteras esperando ser sostenidos sin oficio ni beneficio, los que quieren viajar gratis por Europa sin haber cotizado y los que van al cine por dos euros habiéndolo cotizado todo. Aquellos que en las aulas adoctrinan a los niños sobre una historia que no pasó, porque la lucha de clases es más importante que una buena educación en conocimientos y competencias.

Los que necesitan al PSOE son quienes viven de la cultura sin tenerla y del arte sin poseerlo, los que cantan al buenismo entre negronis y piscinas de lujo, los que alzan el puño camarada gritando ¡viva la internacional subvención! Mientras otros trabajan para alimentar su jeta progresista.

Ya no hay hueco en el Estado que no haya sido corrompido por el sanchismo, ni instancia que no fuera ocupada por una trama que dirige Zapatero desde Caracas (y Santo Domingo) y ejecuta Sánchez en Madrid, conexión con Waterloo, y que define a un partido que, desde su fundación, camina con el oprobio de la corrupción, el robo y el saqueo en sus genes. Un partido afín al delito poblado por delincuentes. No son así todos los que están, desde luego, pero sí están todos los que son. No hay mejor medicina para la regeneración política, económica, social y moral de España que la desaparición del partido que más y mejor ha mancillado toda ética de convivencia. Un partido cuyos dirigentes pactan acuerdos en prisión, negocian con malhechores y legitiman su supervivencia en base al interés personal y familiar, como cualquier organización mafiosa y criminal, debe acabar siempre entre rejas, conscientes de su memento mori, sentencia latina que nos recuerda a todos nuestra mortalidad, sea personal o política.

La otra reflexión que nos ha inducido el sistema, la del bipartidismo conveniente, hay que entenderla desde la concepción de inestabilidad que muchos consideran que las nuevas formaciones políticas han traído como obstáculo al progreso de España. Pero al igual que de manera oportuna debemos preguntarnos si estamos llegando al final de la civilización que conocemos, con Occidente, Europa y sus raíces grecorromanas y cristianas cuestionadas y solapadas por un nuevo monstruo de barbarie que ya vive entre nosotros, debemos cuestionarnos también si lo que fue pergeñado hace medio siglo, Constitución mediante, como un sistema garantista que consiguiera superar discrepancias, aunar voluntades y desarrollar la democracia y el progreso económico, no ha llegado a su fin.

Si el bipartidismo tiene contrapesos que limiten la capacidad de mando de sus responsables, si articulamos una educación social que obligue a dimitir a cualquier líder político que haya mentido en una línea de su currículum o engañe con falsas promesas electorales, ya no digamos si se ha embadurnado la mano con dinero de la caja común, si esa dualidad política acepta una verdadera separación de poderes que fiscalice cualquier desvió ético o democrático y un nuevo sistema donde el político represente a su distrito, municipio o provincia y no dependa su elección de quien elabora las listas en el partido, podríamos defender la viabilidad de un sistema bipartidista.

Pero si el bipartidismo sirve para repartirse puestos en las instituciones y organismos de referencia (Tribunal de Cuentas, Tribunal Constitucional, Consejo General del Poder Judicial, Comisión Europea, etc.), en decidir cuánto dinero van a ganar los medios en función de la publicidad institucional recibida, quién debe representar a la ciudadanía según su adhesión al líder y no en función de su talento, capacidad, formación y gestión, si además de ello sirve para repartirse una alternancia en el poder, donde uno tapa al otro y el otro al uno, sin levantar alfombras cuando conviene, entonces el bipartidismo debe dar un paso al costado para que otras alternativas puedan reclamar su sitio a la hora de regenerar de verdad lo que está podrido.

Una alternativa que deberá hacer caer a todos. Porque España necesita otro modelo, otro discurso, otra salida. Sin cambalaches ni recambios. Hay que resetear, empezar de cero, expulsar del sistema a los corruptos de moral maloliente y bolsillo complaciente. Y entonces, repensar si España debe continuar con quien nos ha llevado hasta aquí. Para ello, debemos entender que la continuidad mediocre en el discurso y en las acciones políticas, en cualquiera de sus formas, maneras o prácticas, es el mejor cimiento que edifica la decadencia de una nación. Entre juntos y revueltos, mejor unidos.

El ridículo de un Gobierno o un Gobierno ridículo
José Ramón Riera. el debate. 5 Julio 2025

La verdad es que el título también podría ser el ridículo de un ministro, Óscar Puente, o un ministro ridículo, porque tanto monta, monta tanto el que dirige el Gobierno, Sánchez, como el responsable del Ministerio de Transportes e Infraestructuras.

La imagen de España, esa que se vende como moderna y eficiente, ha quedado hecha añicos en apenas unas horas, con el inconfundible sello de la inoperancia y el desgobierno.

No se trata de un fallo aislado: es la crónica de un colapso anunciado, la manifestación tangible de que nuestras infraestructuras —antes motivo de orgullo— están al borde del abismo por culpa de la desidia y la incompetencia.

Lo ocurrido en Barajas, con más de 4.000 pasajeros que perdieron sus vuelos, colas que rozaban lo absurdo y un fallo informático —en pleno siglo XXI— que paralizó el principal aeropuerto del país, no es un simple incidente técnico. Es la estampa del caos, la demostración palpable de que la gestión y la capacidad de reacción brillan por su ausencia.

Un país que es referente turístico y cuyo PIB depende en buena parte de ese sector no puede permitirse el lujo de ver a visitantes y ciudadanos atrapados en un limbo aeroportuario por la incapacidad de sus gestores para garantizar lo más básico: que un sistema informático no se desplome como un castillo de naipes.

Por si fuera poco, la vergüenza se extendió a la red ferroviaria. Mientras miles de personas sufrían el despropósito de Barajas, otros tantos quedaron atrapados en trenes, inmovilizados por la caída de las catenarias en La Sagra.

No fue un temporal inesperado ni una fuerza mayor impredecible: es una infraestructura que no resiste ni un estornudo. Estamos ante un sistema que se deshace ante la más mínima contrariedad. Quienes no pudieron viajar, quienes vieron sus planes arruinados, quienes perdieron conexiones vitales o citas ineludibles, son las víctimas de una Administración más preocupada por el relato y la propaganda que por el mantenimiento y la inversión estratégica.

Este es el legado de un Gobierno que se envuelve en promesas de progreso mientras el país se desmorona a pedazos. Un ridículo mayúsculo que ya no admite excusas ni permite culpar a terceros.

Es la prueba viva de que la improvisación, la falta de planificación y una preocupante indiferencia por la calidad de los servicios públicos están llevando a España al borde del precipicio en algo tan esencial como sus arterias de comunicación.

El colapso de Barajas y la paralización en La Sagra no son anécdotas: son el epílogo de una gestión catastrófica, la bofetada de realidad para un país que merece mucho más que un Gobierno incapaz de mantener en pie sus propias infraestructuras. La pregunta ya no es si estamos ante el ridículo de un Gobierno, sino si este Gobierno es, en sí mismo, un completo y absoluto ridículo.

Para entender la raíz profunda de este desastre solo hay que mirar donde duele: la inversión. Mientras el país se desmorona y la ciudadanía sufre los estragos de un sistema al borde del colapso, el Ministerio de Transportes e Infraestructuras —ese que supuestamente vela por nuestras conexiones vitales— ha destinado unas cifras que rozan lo ofensivo.

Los datos de Inversiones y Transferencias Corrientes y de Capital entre 2018 y 2024 son un insulto a la inteligencia y una condena a nuestro futuro. En ese periodo de siete años, la inversión total en transporte terrestre, marítimo, ferroviario y aéreo apenas ha alcanzado un mísero 0,9 % del gasto público total. ¡Un cero coma nueve por ciento!

Mientras Hacienda se hinchaba a recaudar con nuestros impuestos y el gasto se disparaba hasta alcanzar 4,26 billones de euros en siete años, esos recursos se destinaron a partidas menos eficientes.

La columna vertebral de nuestra economía y nuestra movilidad ha sido sistemáticamente ignorada, despojada de los recursos vitales que necesita para funcionar. Es la prueba irrefutable de que la prioridad de este Gobierno no es garantizar la movilidad de sus ciudadanos ni la competitividad de sus empresas, sino una hoja de ruta puramente ideológica y de subsistencia política.

Destinar al transporte terrestre un 0,7 % del gasto público, al ferroviario un 0,1 %, al aéreo otro 0,1 % y al marítimo un 0,03 % equivale a reírse de todos los españoles.

En lo que va de año, mientras nos han exprimido con 122.000 millones de euros en impuestos —un 11,5 % más que en 2024—, apenas se han destinado 869 millones a evitar que ocurra lo que ya ha ocurrido.

Lo que vimos en Barajas y La Sagra no es mala suerte: es la consecuencia directa de siete años de abandono, de una inversión ridículamente insuficiente en el mantenimiento y la modernización de infraestructuras esenciales.

Es el resultado de priorizar la propaganda sobre la gestión.

Un país no se construye con tuits ni con discursos vacíos, sino con inversiones reales, con el sudor y el dinero de los contribuyentes bien empleados en lo que realmente importa. Este Gobierno, con sus miserables cifras de inversión en infraestructuras, ha demostrado que su modelo es el del colapso planificado.

Es hora de que asuman las consecuencias de su inacción y de su negligencia.

¿Vamos a seguir callados?

¿Vamos a tolerar sin protestar todo lo que está pasando?

Este Gobierno tiene que convocar elecciones ya.

Urnas corruptas en el PSOE
Editorial. ABC. 5 Julio 2025

Una de las informaciones más reveladoras de lo que significa el sanchismo es la respuesta que el presidente del Gobierno dio, hace unas semanas, cuando se le preguntó por el amaño de votos en las primarias de 2014: «Dos votos, qué quiere que le diga». Despachaba así el jefe del Ejecutivo y secretario general del PSOE la conversación en la que Santos Cerdán pedía a Koldo García que metiera dos votos en la urna. Para Sánchez son poca cosa dos votos, porque su vara de medir comportamientos éticos es la que hace de la necesidad virtud y la que transforma la mentira en un legítimo cambio de criterio. Luego se supo que Santos Cerdán también quiso amañar las primarias celebradas en León en 2020, manipulando el censo electoral. El denunciante es poco sospechoso de colaboracionista con la derecha: el propio alcalde socialista de León, Juan Antonio Díez.

Ahora se conocen más detalles que dan credibilidad a las sospechas de que los responsables del aparato socialista, liderado por José Luis Ábalos, trampearon las elecciones para derrotar a Susana Díaz en las primarias de 2021 y que ganara, a toda costa y como fuera, el candidato sanchista, Juan Espadas. Y así fue, con una amplia mayoría a favor de Espadas, quien logró el 55 por ciento de los votos frente al 36 por ciento que recibió Susana Díaz.

A pesar de esta clara victoria, Ferraz no debía de tenerlas todas consigo, porque, como hoy publica ABC, la candidatura de Susana Díaz denunció que el equipo de Ábalos y Cerdán metió a toda prisa en el censo electoral a 840 afiliados cuyas cuotas se abonaban -si es que llegaron a ser abonadas- con cargo a una única cuenta bancaria. Además, todas las fichas de afiliación fueron completadas con la misma letra.

Estos indicios son inequívocos y apuntan a que Ferraz montó, con un equipo liderado por Ábalos y en el que Cerdán era secretario de Coordinación Territorial, una enorme operación de manipulación electoral en las primarias andaluzas de 2021, inflando el censo electoral con personas ajenas al partido, probablemente deudoras del PSOE por favores o empleo. El entonces secretario de Organización del PSOE -hoy investigado por la Sala Segunda del Tribunal Supremo- se desplazó a Andalucía antes de las primarias y organizó encuentros en hoteles para, según la investigación del equipo de Susana Díaz, captar con urgencia nuevos afiliados y convencer a los antiguos, con promesas de puestos de trabajo, de que votaran a Espadas.

Para organizar una trama de manipulación de este calibre no solo hay que tener el control de los medios del partido, que es lo propio de un secretario de Organización, sino la seguridad de que el máximo dirigente de la formación respalde la operación, conociendo o no los medios empleados. Es impensable que una corrupción electoral de esta magnitud fuera ajena a la voluntad, activa o pasiva, de Pedro Sánchez y a su conocimiento, teniendo en cuenta su empeño personal en acabar políticamente con Susana Díaz. Ábalos y Cerdán eran el núcleo duro de Sánchez, el clan del Peugeot.

Dos consecuencias políticas evidentes se derivan de este escándalo. La primera es que el sanchismo no solo es un modo degradante de ejercer el gobierno de la nación. También es una pulsión corruptora de la limpieza en los procesos electorales internos. Ni probablemente fueron solo dos votos en 2014 ni, como relata con todo lujo de detalles la denuncia luego retirada por Díaz por temor a las consecuencias internas, fueron solo 840 votos en 2021. Pero, aunque lo fueran, la gelidez moral con la que Sánchez afronta estas revelaciones solo se explica por su sentido utilitarista del poder, cuya conservación es un fin que justifica cualquier medio.

Por eso, en segundo lugar, y porque Andalucía es, junto a Cataluña, una pieza esencial del socialismo y porque los responsables de este fraude recibieron la máxima confianza del secretario general del PSOE, Sánchez tiene que dar explicaciones públicas sobre estos juegos sucios en las primarias. No le vale ya con decir «840 votos, qué quiere que le diga», y no solo porque son muchos votos, sino porque revelan un modo de operar corrupto y corruptor, quizás extendido a otros procesos electorales internos, tras los cuales Ábalos, primero, y Cerdán, después, garantizaban a Sánchez el control de las organizaciones territoriales del PSOE. Esas personas «que ya no están en el partido», como diría la inefable María Jesús Montero, eran la dirección del mismo, en su más implacable expresión, y los ejecutores de la política de control sin límites impuesta por Sánchez para hacer lo que sigue haciendo: aferrarse agónicamente al poder.

España, un país condenado a más de cien años de de deuda pública
La Airef calcula que en 2070 llegará al 181% del PIB, una cifra fabulosa que en términos absolutos resulta muy difícil calcular con precisión en estos momentos
Jesús Rivasés. Madrid. la razon. 5 Julio 2025

La deuda pública española, en términos consolidados, alcanzó los 1,663 billones de euros el pasado mes de abril. El récord histórico se alcanzó en marzo, con 1,667 billones y volverá a superarse en los próximos meses. El Gobierno celebra que, medido en porcentaje del PIB, la deuda representa el 102,7%, 2,56 puntos menos que hace un año. La Airef (Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal) cree, sin embargo, que se trata de una mejoría muy pasajera y prevé, si no se toman medidas contundentes, que la deuda alcance nada menos que el 181% del PIN en 2070, una cifra fabulosa que en términos absolutos resulta muy difícil calcular con precisión en estos momentos. En cualquier caso, una deuda de esa magnitud dejaría a la finanzas españolas al borde del precipicio, si es que antes no había tenido algún percance y los mercados se hubieran negado a financiarla. Significaría, por las buenas o por las malas, recortes draconianos en prestaciones como las pensiones, la sanidad pública y otras ayudas sociales, sin olvidar la educación. España sería –quizá lo sea ya– un país condenado a «Cien años de deuda», en paráfrasis de García Márquez, que quizá no tendría una segunda oportunidad.

La Airef fue creada a instancias de las autoridades de Bruselas para conceder, en plena Gran Recesión, el rescate al sistema financiero, mejor dicho, a las Cajas de Ahorros. La UE exigió un organismo independiente que evaluara, de forma sistemática y periódica, las cuentas públicas españolas. José Luis Escrivá, ahora gobernador del Banco de España, fue su primer presidente que, aunque nombrado por el PP, tuvo numerosas broncas y enfrentamiento con el Gobierno de Mariano Rajoy y, sobre todo, con su ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. Ahora preside la institución Cristina Herrero, cuyos últimos informes tampoco son muy del agrado del Gobierno de Sánchez, que intenta aprovechar el ruido político para que pasen inadvertidos.

La Airef, en el llamado Observatorio de Deuda, analiza el presente y el futuro de la deuda pública española y llega a unas conclusiones que el Gobierno –y en parte la oposición- obvian, pero que ponen en cuestión la solvencia del país y el mantenimiento a medio plazo del actual Estado del Bienestar. El organismo que encabeza Cristina Herrero calcula que la deuda, medida en porcentaje del PIB, caerá hasta el 99,1% en 2029, frente al máximo que alcanzó del 124,2% en 2021, pero que a partir de ahí iniciará un ascenso –inercial- que la llevará hasta nada menos que el 181% del PIB, una situación insostenible. El Gobierno, que mira el corto plazo y que incluso 2029 le parece una fecha lejana, se aferra a la mejoría actual, pero no adopta ninguna medida para solventar la situación en el futuro.

Pedro Sánchez incluso tiene consejeros y amigos defensores de mayores porcentajes de deuda pública. Por ejemplo, Ángel Ubide, director general y jefe de Investigación Económica en Renta Fija Global en Citadel, un personaje con más que un cierto prestigio en los mercados, defiende que «es un anacronismo mantener el 60% del porcentaje de deuda como límite». Es lo que señala el tratado de Maastricht, pactado por todos los miembros de la eurozona, pero que algunos países llevan tiempo sin respetar en los últimos años, con la excusa de haber tenido que dedicar recursos extra en la época de la pandemia. Ubide, asesor en distintos momentos de Sánchez, sonó de forma sucesiva como sustituto de Nadia Calviño e incluso como gobernador del Banco de España. Los que mejor le conocen afirman que nunca estuvo interesado en esos asuntos. Ahora, hace unas semanas, acaba de publicar, junto con el francés Olivier Blanchard, que fue economista jefe del Fondo Monetario Internacional, un libro en el que reclaman la creación de deuda europea conjunta –eurobonos en definitiva- para financiar proyectos en la zona euro.

La Airef, en su último informe, no considera que sea inevitable que España llegue al 181% de deuda pública y sugiere varias vías para evitarlo. Cree que debería realizarse un ajuste –reducción de gastos– de unos 3,16 puntos del PIB entre 2025 y 2040, de momento, que podría distribuirse en cuatro planes fiscales a cuatro años cada uno para escalonar las medidas y garantizar también una senda descendente de las cifras y porcentajes de deuda a largo plazo. Esa fórmula, si se aplica de forma progresiva y decreciente, permitiría reducir la ratio –el porcentaje- de deuda hasta el 62% del PIB en 2050, lo que la acercaría al umbral del 60% del Tratado de Maastricht y permitiría estabilizar las cuentas públicas españolas.

Las propuestas de la Airef conllevan, de forma inevitable, algo más –o incluso bastante– de austeridad en el gasto. No entra en detalles, porque tampoco es su función, ya que esto es potestad del Gobierno. Tampoco sugiere cuáles serían las consecuencias si no se adoptan medidas. Sin embargo, un futuro con una deuda pública todavía más desbocada no es difícil de imaginar. A corto plazo no habrá grandes cambios y, por eso, este Gobierno elude afrontar el asunto. A medio y largo, las consecuencias han sido y son advertidas de forma reiterada por los expertos, a quienes ni los responsables políticos del Gobierno ni de la oposición parecen escuchar.

El desenlace, si no se toman cartas en el asunto, es evidente: recortes draconianos en las pensiones, en todo tipo de ayudas sociales, en la sanidad pública y en la educación. Ocurrió en Grecia –y en menor medida en Portugal- durante la Gran Recesión, y puede suceder en España, que sería un país condenado a cien y más años de deuda pública, que no tendría una segunda oportunidad.

Representa al «esperanza» de un nuevo rumbo para Europa

Patriotas por Europa: un año de avances en defensa de la soberanía frente a la coalición de populares y socialistas en Bruselas
Santiago Carranza-Vélez. gaceta. 5 Julio 2025

El 30 de junio de 2024 se creó Patriotas por Europa, una alianza con vocación de romper con la hegemonía ideológica y política del viejo consenso de Bruselas. Desde entonces, se ha convertido en la tercera fuerza del Parlamento Europeo, con 86 eurodiputados de 16 partidos de 13 países.

El proyecto no nació como una suma de siglas, sino como una visión alternativa de Europa: una Europa de naciones soberanas, de valores culturales compartidos y de democracias que respondan a sus ciudadanos, no a lobbies, burócratas o potencias extranjeras. «Europa necesita orden, prosperidad y soberanía. Y Bruselas ha fracasado en las tres», sentenció Orbán en la rueda de prensa fundacional, donde se presentó el Manifiesto Patriótico por el Futuro de Europa, base programática del nuevo bloque.

VOX, el motor de Patriotas por Europa

En este contexto, el papel de VOX ha sido fundamental. Santiago Abascal es desde noviembre de 2024 el presidente del partido. Además, ha sido el anfitrión de las principales citas de la alianza, siendo reconocido por sus socios como uno de los grandes articuladores del movimiento patriótico europeo.

El pasado 7 de febrero, VOX organizó en Madrid una cumbre de PfE que reunió a Viktor Orbán, Marine Le Pen, Matteo Salvini y André Ventura, entre otros. En un auditorio repleto con más de 2.000 asistentes y medios de comunicación de todo el mundo, Abascal proclamó que «vamos a ser protagonistas de una victoria histórica» y llamó a los patriotas a «reconquistar Europa frente al proyecto fallido de Bruselas». También aprovechó la ocasión para celebrar el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, al que calificó como «un aliado esencial en la defensa de la libertad y de la soberanía».

A finales de junio, VOX y Patriotas por Europa coorganizaron en Madrid la IV Cumbre de la Iberosfera, donde Abascal denunció la alianza entre el socialismo internacional, las dictaduras hispanoamericanas y la agenda globalista. «No estamos ante un problema nacional, sino ante una lucha civilizacional. Una batalla entre los que quieren destruir nuestra memoria, nuestra identidad, nuestra cultura, y quienes estamos dispuestos a defenderla sin miedo», afirmó.

Con estos antecedentes, Madrid volverá a ser capital del patriotismo europeo los próximos 13 y 14 de septiembre, cuando se celebre el evento Europa Viva 25, convocado por VOX y PfE como «respuesta al globalismo de Bruselas y a los ataques a la soberanía de las naciones». El encuentro contará con la participación de los principales dirigentes. «Somos la única alternativa real frente a las políticas que empobrecen a nuestras naciones y ponen en riesgo su estabilidad», subrayan desde la organización.

Cordón sanitario del «consenso entre populares y socialistas»

Desde su irrupción, Patriotas por Europa ha sido objeto de un sistemático intento de aislamiento por parte del tripartito que domina la UE: populares, socialistas y liberales. A pesar de representar a más de 19 millones de europeos, la alianza ha sido excluida de comisiones clave y de los cargos directivos del Parlamento Europeo pese a que les correspondía. Lejos de debilitarlos, esta exclusión ha fortalecido la narrativa patriótica: los pueblos votan, pero el sistema se protege a sí mismo.

Los líderes de PfE han sido objeto, además, de múltiples procesos judiciales que consideran abiertamente políticos. En 2024, Matteo Salvini (Liga Norte) fue absuelto tras enfrentarse a seis años de prisión por bloquear el desembarco de inmigrantes ilegales. En 2025, Marine Le Pen (Agrupación Nacional) fue inhabilitada para cinco años, impidiéndole competir por la presidencia francesa. En Austria, se ha intentado levantar la inmunidad parlamentaria de Herbert Kickl (Partido de la Libertad de Austria) por declaraciones hechas ante una comisión.

Mientras el establishment se atrinchera en Bruselas, las fuerzas patrióticas avanzan en las urnas. En 2024, el Partido de la Libertad de Austria ganó las elecciones con el 29% de los votos. En Portugal, Chega alcanzó el 22,6% y se consolidó como segunda fuerza política. En Chequia, ANO lidera todas las encuestas con una ventaja de más de diez puntos sobre el actual gobierno. En Polonia, la formación Konfederacja fue clave para la victoria del nuevo presidente Karol Nawrocki, respaldado por los sectores juveniles.

Patriotas por Europa: la alternativa real

A diferencia de otros intentos de coordinación en el pasado, Patriotas por Europa reitera que no es sólo una suma de voluntades, sino «una estructura en expansión con un mensaje claro: Europa necesita menos burocracia y más raíces, menos imposición ideológica y más libertad, menos servidumbre a intereses externos y más soberanía nacional«. «Frente a la coalición de los que quieren perpetuar el desgobierno globalista, emerge esta red de pueblos, líderes y naciones que alzan la voz», concluye el grupo.

Franco y su memoria
Mikel Buesa. la razon. 5 Julio 2025

En su manía persecutoria contra la Fundación Francisco Franco nuestros gobernantes, con la ayuda de sus socios parlamentarios, han rizado el rizo y no sólo no se han conformado con intentar extinguirla, sino que han aprobado una ley para evitar que pudiera transformarse en una asociación, prohibiendo las entidades de esa naturaleza que hagan apología del franquismo a fin de preservar la dignidad de las víctimas de ese régimen. Se ha introducido así en nuestro ordenamiento una pseudo-modificación de la Constitución para poder ilegalizar las ideas, aunque no todas –por ejemplo las de los que gustan de ensalzar a ETA o las de los que cada día señalan que «lo volveremos a hacer», evocando la declaración puigdemontiana de independencia–; sólo las de los franquistas.

Claro que esto de las ideas es un asunto muy resbaladizo y el concepto de apología, no digamos. Me temo que si esos gobernantes se pusieran farrucos acabarían declarando fuera de la ley una buena parte de los escritos de los historiadores, politólogos, economistas y otros científicos sociales que, en alguna ocasión, hemos abordado los asuntos relativos al régimen de Franco. Yo mismo, sin ir más lejos, puse de relieve en mi tesis doctoral, de la que se derivaron unos cuantos artículos publicados en revistas académicas, que uno de los frutos de la política económica del primer franquismo fue un impulso de la industrialización que hizo que España dejara de ser un país predominantemente agrario y entrara –envuelto en contradicciones, eso sí– en la senda de la modernidad.

Más aún, una buena parte del cogollo de grandes empresas que hoy dominan nuestra economía entronca con aquella época y aquella política. Así que sin Franco y sus ministros pudiera ser que nuestro país no hubiera llegado a los niveles de bienestar actuales; o tal vez sí, pero ocurre que la historia nunca se reescribe. O sea que a lo mejor yo, como otros, me tendría que echar a temblar ante estos energúmenos inventores de una Memoria Histórica que pretende borrar la histéresis que el pasado va dejando, con huellas perceptibles, sobre el devenir de la sociedad. Menos mal que, llegados a ese extremo, podré recordar aquel día en el que conocí el mar en Pedernale

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Fue una moción de censura corrupta y etarra
Alí Babá y los 40 ladrones eran unos santos de altar al lado de estos golfos
Eduardo Inda. la razon. 5 Julio 2025

Desde el minuto 1 de esa moción de censura que en mayo de 2018 cambió la historia de España tal vez para siempre insistí en que era una medida legal pero tremendamente ilegítima. Tan verdad es que constituye una opción plenamente democrática y constitucional como que la que lideró Pedro Sánchez suponía dinamitar todos los consensos habidos y por haber. Para empezar, el que señalaba que gobernaba el que ganaba las elecciones. A este respecto he de recordar que Mariano Rajoy le endosó –ahí es nada– 52 escaños de diferencia al autócrata socialista en las de junio de 2016. Y, para terminar, el que prescribía que un partido democrático jamás pacta con los sediciosos catalanes o con Bildu, que no es ni más ni menos que esa banda terrorista ETA que asesinó a 856 españoles, 12 de ellos insignes miembros del PSOE.

Entre medias, dos magistrados de la Audiencia Nacional, el filoetarra José Ricardo de Prada y Julio de Diego, prepararon el terreno con una morcilla prevaricadora en la sentencia de Gürtel que luego tumbó el Supremo. Concretamente, la que establecía la responsabilidad penal del PP, entre otras cosas porque existiera o no, que existía, no era objeto del juicio de Gürtel en la Audiencia Nacional. Vamos, que lo colaron de rondón en una actuación más propia de jueces chavistas que de unos europeos. Ese tres en uno que no es el caso Ábalos-Cerdán-Koldo García sino el escándalo Pedro Sánchez ha puesto de manifiesto que las sospechas que muchos demócratas albergábamos no sólo eran ciertas sino que nos quedamos cortos.

El individuo que ejerció de enlace para lograr el apoyo del PNV y Bildu a la censura a Rajoy fue Antxon Alonso, socio de Santos Cerdán en Servinabar, el epicentro de la corrupción que está devorando al PSOE. Este mangante es amigo del alma de Arnaldo Otegi, histórico capo di tutti capi de la Cosa Nostra etarra. El presidiario más famoso de España reconoció el lunes en el Supremo, minutos antes de ir caminito de Soto del Real, que Alonso «medió con el PNV» para que dieran el visto bueno al mecanismo constitucional que permitió sisar al PP el Gobierno de España. Y confesó que el copropietario de Servinabar resultó igualmente determinante para que los etarras votasen «sí».

Otegi es un malnacido y un matón pero nadie le puede negar su capacidad para la sinceridad. Anteayer volvió a meter en un lío de padre y muy señor mío al marido de la tetraimputada Begoña Gómez al confirmar que, tal y como adelantó Okdiario hace semanas, Antxon Alonso ejerció de enganche entre ellos y los socialistas para botar a los populares. Resultado: los cinco diputados del PNV y la parejita de Bildu accionaron el botón del «sí» el 1 de junio de 2018, convirtiéndose las dos formaciones, especialmente los etarras, en los más fieles socios de gobernabilidad del sucesor de Franco a título de caudillo.

Todo lo cual certifica, ahora más allá de toda duda razonable, el espíritu bastardo que presidió la operación para echar al presidente que había vencido por goleada en las urnas dos años antes. Fue un acto de corrupción institucional, judicial y, por lo que vemos ahora, económica. La caja B del PP les importaba un comino, lo que anhelaban era apoderarse de Moncloa para saquear las arcas públicas como si no hubiera un mañana. Alí Babá y los 40 ladrones eran unos santos de altar al lado de estos golfos que se envolvieron en la bandera de la ética para hacerse ricos. Muy ricos. Mucho más de lo que podemos imaginar y probar. De momento.

Los populares defienden el uso de pinganillos en el Senado

El PP se pierde en la traducción: rechaza el catalán en la UE, pero usa el gallego en Bruselas
Carlos Rioba. gaceta. 5 Julio 2025

Los ministros de Asuntos Generales de la Unión Europea volverán a discutir el próximo 18 de julio sobre la oficialidad del catalán, gallego y euskera en la Unión —a petición del Gobierno de Pedro Sánchez y a pesar de las reservas de al menos media docena de países—.

En los debates de preparación a nivel de embajadores y en la posterior discusión de ministros de mayo quedó patente que la petición está aún muy lejos de la unanimidad necesaria para salir adelante, porque más de una decena de delegaciones ven prematuro pronunciarse sobre un asunto sobre el que apenas se ha discutido y porque persisten serias dudas sobre su encaje legal e impacto económico y práctico.

El PP dice oponerse y lo denunció como «pura fachada política». Mientras, el mismo Partido Popular apoyó en el Parlamento gallego —junto al BNG— una propuesta para el uso del gallego en la Eurocámara y el propio presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, intervino esta semana en gallego en Bruselas en la 167 sesión plenaria del Comité Europeo de las Regiones.

Los populares defienden el uso lenguas cooficiales —y, por tanto, de pinganillos— en el Senado en el marco de «un bilingüismo cordial que busque la convivencia equilibrada entre las lenguas cooficiales en los distintos territorios»

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