Recortes de Prensa Miércoles 16 Julio 2025
Rusia continúa sus ataques en Ucrania tras el ultimátum de Trump: un misil balístico y 400 drones
Henar Andrés. Madrid. el mundo. 16 Julio 2025

Horas después de que Donald Trump reiterara el ultimátum de 50 días a Moscú para detener los combates en Ucrania, Rusia ha lanzado un misil balístico Iskander-M y 400 drones, entre shaheds e imitaciones de éstos, en zonas muy dispersas durante la noche del martes y la madrugada del miércoles, según la Fuerza Aérea Ucraniana.

La fiscalía de la región de Járkiv ha informado de que dos personas de 67 y 69 años han fallecido en el distrito de Kupiansk, mientras las autoridades de Sumi han relatado la muerte de un residente de 50 años.

Además, Rusia lanzó contra Krivi Rig, la ciudad natal de Volodímir Zelenski, un misil balístico y 28 drones que provocaron daños en infraestructuras industriales e hirieron de gravedad a un chico de 17 años. Y en Vínitsia, el impacto de los drones dejó ocho personas heridas.

8:30

Un muerto tras un ataque ucraniano en Voronezh

Una persona ha muerto en la región rusa de Voronezh tras resultar herida en un ataque de un dron ucraniano, según ha informado el gobernador regional, Alexander Gusev, en su canal de Telegram.

8:15

Balance de daños

Además, Rusia lanzó contra Krivi Rig, la ciudad natal de Volodímir Zelenski, un misil balístico y 28 drones que provocaron daños en infraestructuras industriales e hirieron de gravedad a un chico de 17 años. Además, parte de la ciudad se ha quedado sin luz debido al ataque.

Y en la ciudad de Vínitsia ocho personas han resultado heridas e infraestructuras industriales civiles han sufrido daños por el impacto de drones, según las autoridades locales.

8:00

Rusia vuelve a golpear Ucrania: un misil y 400 drones

Rusia ha vuelto a atacar Ucrania horas después de que Donald Trump reiterara su ultimátum de 50 días para acabar con los combates.

En total, las fuerzas de Moscú lanzaron un misil balístico Iskander-M y 400 drones, entre shaheds e imitaciones de éstos que los rusos utilizan para confundir a las defensas enemigas, según el parte de este miércoles de la Fuerza Aérea ucraniana.

Las defensas aéreas derribaron 198 de los shaheds, pero 57 drones de ataque y el misil no pudieron ser interceptados y cayeron en 12 localizaciones.

Rusia da un zarpazo al territorio ucraniano con avances en cuatro sectores del frente
Medios rusos aseguran que las fuerzas de Moscú han arrebatado 500 kilómetros cuadrados a Kiev durante el verano
La Razón. 16 Julio 2025

Rusia volvió a atacar durante la pasada noche la retaguardia ucraniana en un nuevo bombardeo que tuvo entre sus principales objetivos la ciudad industrial y relativamente cercana al frente de Krivi Rig y la región de Vínitsia, que está situada en la mitad occidental de Ucrania. Parte de los drones rusos fueron dirigidos también contra la ciudad de Járkov, en el noreste de Ucrania, informa Efe.

Según las autoridades de Krivi Rig, que es además la ciudad natal del presidente Volodímir Zelenski, las fuerzas rusas dirigieron contra el municipio un misil balístico y 28 drones kamikaze Shahed que provocaron daños en infraestructuras industriales e hirieron de gravedad a un chico de 17 años. Además, parte de la ciudad se ha quedado sin luz debido al ataque.

En la ciudad de Vínitsia ocho personas han resultado heridas e infraestructuras industriales civiles han sufrido daños por el impacto de drones, según las autoridades locales. En total, Rusia lanzó contra el conjunto del territorio de Ucrania un misil balístico Iskander-M y 400 drones, entre shaheds e imitaciones de éstos que los rusos utilizan para confundir a las defensas enemigas, según el parte de este miércoles de la Fuerza Aérea ucraniana.

Las defensas aéreas derribaron 198 de los shaheds, pero 57 drones de ataque y el misil no pudieron ser interceptados y cayeron en 12 localizaciones. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reafirmó este martes su ultimátum de 50 días para que Rusia detenga los combates en Ucrania y advirtió que el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, tampoco debería atacar Moscú.

Durante el último mes, las fuerzas rusas han mantenido un ritmo constante en su campaña de verano en Ucrania, conquistando aproximadamente 500 kilómetros cuadrados de territorio, según medios rusos. Esta cifra triplica los avances logrados durante el mismo período del año anterior. Aunque el progreso territorial es limitado en escala geográfica, los movimientos reflejan una presión sostenida en múltiples ejes del frente de combate.

Las operaciones activas se han concentrado en cuatro sectores principales del frente, desde la región fronteriza de Sumy, en el norte, hasta el sur de Zaporiyia. En el eje Sumy, las tropas rusas intentan crear una zona de amortiguamiento cerca de la frontera con Kursk, lo que obligó a Ucrania a redirigir tropas y lanzar contraofensivas que, hasta ahora, no han logrado revertir el avance. En Kupiansk, aunque las fuerzas rusas buscan cercar la ciudad, los progresos se mantienen limitados, y las acciones parecen destinadas a inmovilizar tropas ucranianas.

En Konstantinovka, el avance ruso ha sido más lento, con operaciones centradas en el desgaste de la guarnición ucraniana mediante bombardeos y control de rutas. Por su parte, en el eje de Pokrovsk, se registraron los avances más significativos del mes, incluyendo la captura de Komar y Dachnoye, este último el primer asentamiento de la región de Dnipropetrovsk en quedar bajo control ruso. Finalmente, en el sur, el frente de Zaporiyia ha mostrado una reactivación tras meses de relativa calma. Las tropas rusas tomaron Kámenskoye y operan en varios ejes, lo que ha llevado al alto mando ruso a prestar mayor atención a esta zona.

El Kremlin se toma «en serio» el ultimátum de Trump a los países que comercien con Rusia
Natalia Duarte. Moscú. la razon. 16 Julio 2025

El Kremlin ha aprovechado cada silencio del presidente norteamericano, Donald Trump, para seguir avanzando en el este de Ucrania. Después de la presión ejercida por su antecesor, Joe Biden, la llegada del magnate a la Casa Blanca el pasado mes de enero supuso un respiro para el poder ruso y sus planes “desnazificadores”, dando por hecho un apoyo del estadounidense que no ha resultado ser tan incondicional como se esperaba. Desde entonces, Donald Trump no ha dudado en dar una de cal y otra de arena a su homólogo ruso, Vladímir Putin, que durante las últimas semanas ha vivido tranquilo comprobando cómo las armas prometidas a Ucrania por Washington continuaban sin ser enviadas por orden de Trump.

La llegada del republicano a la Casa Blanca daba esperanzas a quienes pensaban que la guerra en Europa tendría ya los días contados como prometió el propio presidente en su campaña electoral, aunque en la práctica no está resultando una tarea fácil. Las conversaciones de paz en Estambul y las llamadas telefónicas mantenidas por Trump y Putin no han cerrado ningún acuerdo concreto y la visible desesperación del norteamericano llegó a su límite este lunes con su última amenaza, imponer aranceles secundarios del 100% a los países que comercien con Moscú.

La respuesta del Kremlin no se ha hecho esperar. El portavoz presidencial, Dmitri Peskov, ha calificado de “amenazas bastante serias” las palabras de Trump, asegurando que “algo en ellas está dirigido personalmente al presidente Putin". "Sin duda, necesitamos tiempo para analizar lo que se ha dicho en Washington", dejando la puerta abierta a que Putin lo comente públicamente. Peskov mantiene "con toda certeza" que dichas decisiones tomadas tanto en Washington como en los países de la OTAN y en Bruselas son una señal clara de que se quiere continuar con la guerra. El portavoz de Putin reiteró la voluntad de su país de seguir negociando una salida al conflicto. "Aquí me gustaría repetir que hemos declarado en reiteradas ocasiones, a varios niveles, incluso al más alto, que esperamos las propuestas de la parte ucraniana sobre los plazos de la celebración de la tercera ronda de negociaciones directas ruso-ucranianas", aclaró Peskov.

Los cincuenta días de plazo dados por Trump para la firma de la paz han empezado a contar y algunos de los hombres de Putin han reaccionado al ultimátum, como el ministro de Exteriores, Serguey Lavrov, que ha manifestado que el presidente norteamericano se encuentra bajo una "enorme" presión por parte de la Unión Europea y la OTAN, que ha calificado como "indecente". El jefe de la diplomacia rusa, actualmente en China, ha asegurado que su país no se doblegará ante la amenaza de nuevas sanciones. "Ya se han impuesto contra nosotros una cantidad sin precedentes de sanciones. Estamos afrontándolas, no tengo ninguna duda de que lo haremos (también en el futuro)", apostilló.

Por su parte, el expresidente ruso Dmitri Medvédev calificaba las palabras de Trump como un “ultimátum teatral”, sin darle mucha importancia. La jornada de ayer también ha dado espacio al Kremlin a comentar la información publicada por el diario británico Financial Times en la que se hacía eco de una supuesta conversación mantenida el pasado cuatro de julio entre Donald Trump y su colega ucraniano, Volodimir Zelenski. Según el rotativo, Donald Trump preguntó a Zelenski sobre la posibilidad de bombardear las ciudades rusas de Moscú y San Petersburgo. "Esta retórica no es nueva. Por lo general, la mayoría de veces resultan ser bulos", afirmaba Dmitri Peskov, en su habitual rueda de prensa telefónica. En esa información se afirmaba que el presidente ucraniano se habría mostrado de acuerdo a la propuesta de Trump siempre y cuando este le proporcionase las armas adecuadas. Esta oferta no tendría otro objetivo que el de forzar a la parte rusa a sentarse en una mesa de negociación para firmar el final de la guerra, que en un mes cumplirá tres años y medio.

Las presiones para Rusia siguen en aumento, En la jornada de ayer, la máxima responsable de la política exterior de la Unión Europea, Kaja Kallas, anunció que los Veintisiete están muy cerca de aprobar un nuevo paquete de sanciones contra Rusia. Kallas informó de que esta sería la décimo octava medida adoptada por la UE contra el país euroasiático desde que comenzara la guerra y que podría rubricarse en las próximas horas si se supera el bloqueo de Eslovaquia (que pide garantías para su seguridad energética). La representante, asimismo, alabó el apoyo norteamericano a Ucrania, considerando muy largo el plazo de 50 días dado por la Casa Blanca para la llegada de un acuerdo.

El giro de Trump genera escepticismo en Ucrania
Rostyslav Averchuk. Járkov. la razon. 16 Julio 2025

Las nuevas declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, han generado una mezcla de alivio, cautela y desconfianza en el país invadido por Rusia, que ha sufrido debido a su decisión de no aumentar el apoyo militar a Ucrania.

Por un lado, muchos consideran que es una gran mejora respecto a hace unos meses, cuando el presidente ucraniano Volodimir Zelenski fue calificado de dictador por el líder estadounidense. Puede que Donald Trump no sea amigo de Vladimir Putin después de todo y que no sea completamente indiferente a los descarados asesinatos de civiles por parte del ejército invasor, o más bien, a lo que significan para sus esfuerzos por lograr la paz.

El hecho de que Estados Unidos probablemente solo proporcione nuevas armas a cambio de una compensación financiera no es un problema para los ucranianos, que están dispuestos a pagar cuando se trata de su propia supervivencia. “Es mejor pagar para finalmente obtener las armas que nuestros soldados necesitan tan desesperadamente, que ahorrar el dinero y no recibir nada”, resumió Vitali Averchuk, un médico de 69 años de Lviv.

Sin embargo, los ucranianos saben que no pueden tomar las palabras de Trump al pie de la letra. Los recuerdos de sus críticas contra Zelenski están frescos en Kiev, Leopolis o Járkov, ciudades que han sufrido ataques récord de drones y misiles rusos, mientras Trump mantenía conversaciones telefónicas “constructivas” con Vladimir Putin y su enviado Steve Witkoff discutía cooperación empresarial en Moscú.

Dado que Trump ya incumplió sus promesas anteriores de considerar sanciones contra Rusia y repetidamente rompió sus propios plazos, generalmente de “dos semanas”, pocos esperan que el líder estadounidense cumpla su promesa esta vez.

“Trump nunca introducirá sanciones contra Putin”, escribe Andri Klimenko, analista del Instituto de Investigación del Mar Negro de Ucrania. Durante años, ha documentado cómo Estados Unidos ha evitado presionar a China y otros grandes compradores de petróleo ruso, que sigue fluyendo ante la ausencia de mecanismos efectivos de control de sanciones. Nada sugiere que esto cambiará ahora, con Trump. Es poco probable que inicie otra ronda de guerra comercial con China por Ucrania. También señala que las armas que Trump podría eventualmente vender a Ucrania podrían no llegar a tiempo para ayudar a limitar los avances rusos durante su ofensiva en curso.

Nada impide que Putin aproveche los 50 días que Trump le ha dado, antes de potencialmente implementar sanciones contra los países que compran petróleo ruso, para maximizar su ofensiva en curso en el este y sur del país.

Gracias a su dependencia de la producción interna de drones, la determinación continua de resistir y el apoyo de algunos socios en Europa y otros lugares, Ucrania sigue evitando un colapso del frente. Sin embargo, se ha debilitado por la ausencia de entregas significativas de Estados Unidos y sufre bajo la presión rusa, que se basa en asaltos de infantería implacables, superioridad en aviación y el uso masivo de drones suicidas de fibra óptica.

Las fuerzas rusas están ganando terreno gradualmente en la región de Donetsk, particularmente entre las pequeñas ciudades de Pokrovsk y Kostiantynivka y cerca de los límites administrativos de la región de Dnipro. Su progreso sigue siendo relativamente lento, pero es mayor ahora que en la primavera.

Y aunque dos sistemas Patriot adicionales que Ucrania podría recibir ayudarán a proteger las ciudades ucranianas contra los misiles rusos, mucho depende de la disponibilidad de misiles interceptores que puedan usar.

Además, los recientes anuncios de Trump difícilmente significan que ahora esté definitivamente interesado en asegurar la victoria de Ucrania, así como en responsabilizar a Rusia y sus líderes. Moscú se siente envalentonado por la falta de presión real. Cree que, en el peor de los casos, siempre puede detener su ofensiva y buscar un alto el fuego, manteniendo los territorios conquistados, sin sufrir repercusiones significativas por sus acciones y preparándose para una agresión repetida.

Detener a Rusia requiere una acción coordinada, rápida y a largo plazo por parte de Ucrania y todos sus socios, algo que las acciones erráticas e inconsistentes de Trump parecen poco probables de lograr, a pesar de su impacto positivo en el gasto en defensa de Europa.

Sin embargo, no todo es pesimismo en Ucrania. En un alarde de humor, los residentes de Kiev han dado la bienvenida a la estancia del enviado de Trump para Ucrania, Keith Kellogg, que ha coincidido con la ausencia de grandes ataques contra la capital ucraniana, tras meses de bombardeos casi nocturnos.

“Señor Kellogg, ¿puede quedarse en Kiev un mes más?”, preguntó retóricamente el popular bloguero en línea Igor Lachenkov a sus más de 1.5 millones de seguidores. “Por favor, envíen al señor Kellogg a Zaporiyia”, comentó un usuario de Internet desde la ciudad ubicada a 25 km de la línea del frente, que fue atacada por más de 20 drones Shahed durante toda la noche entre el lunes y el martes.

España, fin de ciclo
Luis Felipe Utrera-Molina Gómez. el debate. 16 Julio 2025

De nada sirve «echar a Sánchez», si dejamos intactas las herramientas de las que se ha valido para corromper el Estado, pervertir el estado de derecho y disolver el sentimiento nacional. Es necesario un proyecto rompedor e ilusionante que rearme a España como nación y restaure los cimientos del estado de derecho

Los españoles que aún no hemos perdido el sentido de la realidad y el decoro, asistimos atónitos al bochornoso espectáculo de cómo un Presidente, que llegó hace 7 años como impostado adalid de la regeneración democrática y azote de corruptos, se resiste de manera indigna a asumir la responsabilidad política exigible a quien tiene imputados por graves delitos de corrupción, no sólo miembros de su familia, sino también varios de sus más íntimos colaboradores, ministros, directores generales y al Fiscal General del Estado. Y, por si fuera poco, justifica su indecorosa actitud en la necesidad de impedir que gobiernen opciones políticas que hoy concitan el apoyo mayoritario de los españoles.

La natural repugnancia hacia el ambiente prostibulario y mafioso en el que se han movido a sus anchas ministros y altos cargos socialistas, no debe desviar la atención sobre lo fundamental. Y es que no hay mayor corrupción que la de haber comprado una investidura a cambio de la más vergonzosa impunidad para delincuentes que atentaron gravemente contra la unidad nacional, lucrándose a nuestra costa.

Era difícil descabalgar a Fernando VII en la cabeza del escalafón de felones y de nuestra historia, pero Pedro Sánchez lo ha logrado en poco tiempo. Con tal de obtener el poder, no sólo ha mentido con descaro a los españoles, sino que ha deconstruido el Estado de derecho hasta hacerlo irreconocible, colonizando las instituciones clave y atentando gravemente contra el principio de separación de poderes.

Para ello, ha contado con la inestimable ayuda de un Tribunal Constitucional que, extralimitándose groseramente en sus competencias, ha perpetrado Sentencias infames enmendado la plana al Tribunal Supremo -como la de los ERES, interpretando los elementos de un tipo penal (¡)- y la más reciente sobre la ley de amnistía, sosteniendo que todo lo que la Constitución no prohíbe cabe dentro de ella, lo que constituye un ejercicio escandaloso de uso alternativo del derecho, escuela de corte marxista surgida en la década de los 70 del siglo XX.

Pero recrearnos en el lamento solo conduce a la melancolía. Hay que preguntarse qué ha fallado en la arquitectura del sistema del 78 para que un felón sin escrúpulos haya podido hacer saltar todas las costuras del estado de derecho, neutralizando los necesarios controles y contrapesos de cualquier gobierno, hasta el punto de conducirnos lentamente hacia un totalitarismo de izquierdas.

Es preciso identificar los males que nos acechan y sus causas. Me atrevo a enumerar algunas de ellas: la primera, una ley electoral que se redactó deprisa y corriendo para las elecciones de 1977, que prima el voto nacionalista catalán y vasco sobre el del resto de los españoles, y permite a los partidos nacionalistas someter a un chantaje permanente al gobierno de España.

La segunda, una infame Ley Orgánica del Poder Judicial que establece un control del poder legislativo y ejecutivo sobre el poder judicial, pervirtiendo el principio de separación de poderes, y el derecho de asociación de jueces y magistrados recogido en el artículo 127 de la C.E. que ha producido una nefasta división entre jueces conservadores y progresistas, que contraviene los principios de imparcialidad e independencia inherentes a todo juzgador.

La tercera, la configuración de un Tribunal Constitucional como órgano político, cuando debería ser una sala del Tribunal Supremo.

La cuarta, la financiación pública de partidos y sindicatos, que ha contribuido a crear una casta parasitaria de personas que se sirven de la política para vivir en lugar de vivir para servir a los españoles.

La quinta, un sistema autonómico demencial e ineficiente que, lejos de acercar la administración al ciudadano, multiplica la burocracia, fomenta los aldeanismos y establece barreras de entrada para los emprendedores al establecer normativas dispares en todos los órdenes de la vida.

La sexta, la inoculación del odio y la división entre los españoles a través de las políticas de «memoria» que levanta muros generacionales frustrando un futuro de concordia nacional.

Hay muchas más, pero estas seis que señalo han sido gravemente nocivas para la deconstrucción del estado de derecho y, lamentablemente, han gozado del más amplio consenso entre los grandes partidos (PSOE y PP), que nunca han pensado modificarlas, y cuando han prometido y podido hacerlo, han mirado para otro lado.

Denominador común de las anteriores es la normalización de la mentira sistemática y la estafa electoral, consecuencia de la falta de educación en valores como el respeto a la palabra dada, el honor, el decoro y la ejemplaridad en la función pública.

Asistimos a una descomposición alarmante de nuestra patria ante la que no es lícito permanecer indiferente sin caer en la complicidad. Los enemigos de España se han aprovechado de las carencias de nuestro sistema constitucional para debilitarnos como nación dibujando un oscuro panorama para nuestra juventud.

Ante eso, urge aunar esfuerzos en torno a un compromiso nítido y valiente de afrontar una reforma en profundidad de nuestro sistema constitucional, convocando a los españoles a emprender una empresa ilusionante de reconstrucción nacional que impida que, el día de mañana, otro felón sin escrúpulos acabe con lo que aún queda de esta gran nación que se llama España.

O soga-tira o soga al cuello
Enrique García-Máiquez. gaceta. 16 Julio 2025

Por siete votos, Sánchez tiene el sistema constitucional roto. Se lo ha cargado todo. Lo último es la unidad de caja fiscal, que —como aquí los impuestos es lo único sacro que queda— impresiona más. Pero ha sido todo: la amnistía, el indulto, los asaltos al Tribunal Constitucional y al CGPJ, el desfalco, la corrupción, la retirada de la Guardia Civil, la chorrada del catalán en la UE que nos cuesta tanto dinero como prestigio, la entrega del Sáhara, el desmantelamiento de la energía…

Esto lo están explicando ya hasta los columnistas socialdemócratas, que se echan las manos a la cabeza. Así que puedo remitirles a esas crónicas más frescas, recién caídas del guindo, que tienen la emoción del vértigo recién descubierto.

Yo quiero irme atrás, cuando explicaba a mis amigos más sistémicos que había que reformar el sistema autonómico. Y me miraban como a un loco. Decían que eso era intocable porque estaba, oh, en la Constitución. Yo sugería que algo que no existía en 1978 tan intocable no podía ser. Y les hablaba de mi abuela Marita, que vivía aún, y que había conocido una monarquía, una dictadura blanda, una república, una guerra civil, una dictadura normal y otra monarquía, con su constitución entonces flamante y luego en llamas, que también eso lo conoció, aunque no las cenizas de ahora.

Mis amigos, como suelen, no me hacían ni caso y, todavía más, clamaban contra la legalidad de VOX, que les parecía dudosa justo por pedir acabar con las autonomías, siempre según el procedimiento habilitado por la misma Constitución para las reformas propias.

Después hemos asistido a un intento muy violento de cambiar la Constitución por las bravas en Cataluña y luego, como eso no salió del todo bien, poco a poco, chantajeando a Sánchez, que se deja chulear. Ahora mismo ya nadie niega que el sistema constitucional ha saltado por los aires y que ya no tenemos un Estado de las Autonomías como el que previó la carta magna. Como mucho, Autonosuyas, como dijo el profeta.

Curiosamente mis amigos, que siguen siéndolo, deben de haberse olvidado de aquellas discusiones, porque ninguno me ha dicho: «Oye, pues es verdad que el sistema autonómico podía reventarse, y con un procedimiento más fácil incluso que el que proponía Abascal, tan garantista, ingenuamente». No me lo dicen, ni se lo dice nadie a VOX, ni nadie lo recuerda en los medios, con la paliza que nos dieron por pedir una racionalidad en un sistema que hacía aguas y que ahora se ha ido a pique justo contra la roca contra la que avisaban desde hace tantos años.

Yo hubiese querido que aquel desmantelamiento preventivo y constitucional de las autonomías hubiese salido adelante, por supuesto; pero lo que mis amigos autonomistas no vieron es que para salvaguardar el statu quo que les gustaba tanto, no sé por qué, era necesario que dos propuestas contrapuestas (centralismo de VOX, soberanismo federalista de los independentistas) se equilibrasen.

O jugamos a la soga-tira —unos tirando hacia un lado y otros hacia otro— y entonces el pañuelito de la legalidad se mantendrá en tensión más o menos en su lugar o, si sólo permitimos que tiren los que quieren que España se disuelva en unas nacioncitas efervescentes, la soga va a terminar o ya ha terminado como una soga al cuello de nuestra nación. El nudo es corredizo.

Y gordiano, así que la cosa tendrá arreglo, claro, porque después de la Reconquista y de la invasión napoleónica aquí se arregla lo que haga falta, pero es una pena el tajo que podríamos habernos ahorrado. Y es otra pena que ya nadie se acuerde de lo imposible, oh, lo inconcebible, lo loco, ay, que era tocar nada del estado de las autonomías consagrado por nuestra Constitución Española. Ya, ya.

No es Torre Pacheco, es toda España
Patricia Rodríguez. OKDIARIO. 16 Julio 2025

Torre Pacheco ha alzado la voz. Las tensiones vividas en el municipio murciano tras la agresión a un vecino de 68 años por parte de tres marroquíes (dos de ellos en situación irregular) no son un accidente: son el síntoma de una política migratoria errática y blanda promovida por el Gobierno de Pedro Sánchez. Lo ocurrido no sólo expone una falla política sino una peligrosa fractura en la convivencia.

Durante 2023 se registró que 56.000 inmigrantes ilegales llegaron a España, un 82% más que el año anterior según datos del Ministerio del Interior. Ahora, la agresión a un anciano por parte de tres jóvenes magrebíes ha sido el detonante de una indignación que lleva años incubándose en el silencio de barrios y pueblos.

A pesar de la gravedad de la situación, el Gobierno ha adoptado una postura débil frente a uno de los retos más sensibles que enfrenta cualquier Estado: el control de sus fronteras y la gestión de los flujos migratorios. En cambio, se ha instalado en una narrativa complaciente, donde toda crítica a la inmigración irregular es sistemáticamente descalificada como xenófoba.

No hay un plan. No hay integración. No hay control. Sólo hay improvisación, ocultamiento y cálculo electoral. Se dispersa a inmigrantes irregulares por toda la geografía nacional sin coordinar con los ayuntamientos, se niega el envío de más agentes a localidades desbordadas por el repunte de la criminalidad, y se protege más el relato ideológico que la seguridad de los vecinos. El resultado es una bomba social de relojería que ha empezado a estallar.

Cuando los vecinos de Torre Pacheco salieron a protestar, no lo hicieron porque odiaran a nadie por su origen, sino porque sienten que su vida cotidiana está amenazada. La respuesta del Ejecutivo no ha hecho más que provocar que crezca el miedo, el resentimiento y el extremismo. Se desprecia la legalidad, se ignora a las víctimas y se permite que las mafias operen con impunidad mientras se acusa a los ciudadanos de intolerancia. La política migratoria, en lugar de ser una herramienta de orden y cohesión, se ha convertido en un campo minado por la negligencia, el buenismo y la cobardía.

España necesita recuperar el control de sus fronteras, establecer criterios claros para la inmigración legal, garantizar que quienes vengan respeten las normas y que quienes las violen sean devueltos sin demora. No hay convivencia posible sin ley, y no hay integración posible sin límites. La seguridad no es negociable ni excluyente: es el punto de partida de cualquier sociedad libre.

Torre Pacheco ha salido a la calle. Y lo ha hecho no sólo en nombre propio, sino como portavoz de miles de españoles que se sienten abandonados por su Gobierno. La pregunta ahora es si desde el poder se seguirá alimentando el relato o si, de una vez por todas, se tomará en serio lo que está ocurriendo. Porque lo que está en juego ya no es un debate político, es la paz social.

La concentración de Torre Pacheco se convierte en una protesta contra Pedro Sánchez y Marlaska
I. Martínez. R. Sánchez. Torre Pacheco. okdiario. 16 Julio 2025

La quinta noche de protestas en Torre Pacheco por la paliza al jubilado de 68 años Domingo Tomás Martínez el pasado miércoles y la violencia que ha generado en la población murciana se ha convertido en una protesta contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska.

Se han escuchado gritos contra el presidente del Gobierno: «¡Pedro Sánchez, hijo de puta!» y «¡Fuera, fuera!». Los manifestantes han puesto también varias veces el himno de España y han reclamado más seguridad para Torre Pacheco.

Respecto a las quejas contra el Gobierno y su desmesurado y obsesivo empeño por desvincular inmigración y delincuencia, el sindicato Jupol sostienen que los altercados ocurridos en Torre Pacheco (Murcia) «desmienten el discurso triunfalista» sobre la evolución de la criminalidad del ministro del Interior, ya que «los delitos graves aumentan de forma alarmante desde 2017», cuando asumió esta cartera.

De hecho, el sindicato policial ha comparado la evolución de la criminalidad desde la última serie anual en 2017 con el anterior Gobierno del PP para censurar que el incremento de delitos de especial gravedad es «indiscutible»: los homicidios dolosos y asesinatos en grado de tentativa han aumentado un 68% y los delitos graves y menos graves de lesiones y riña tumultuaria han crecido un 62,73%.

La Guardia Civil ha movilizado este martes en Torre Pacheco a más de 130 agentes de unidades antidisturbios ante posibles altercados. Marlaska adelantó este lunes que se había ordenado un refuerzo del dispositivo de seguridad en la población ante el anuncio de «tres días calientes» en la localidad.

La tensión es máxima en Torre Pacheco. Esta tarde de martes, poco después de comenzar la concentración por los citados hechos, se han multiplicado los gritos contra los medios de comunicación y OKDIARIO ha captado el momento en que agentes de la Guardia Civil conducían detenido a un individuo magrebí por alterar el orden en la concentración.

Tras el caos provocado por inmigrantes magrebíes en Torre Pacheco (Murcia)

Moncloa e Interior organizan y coordinan junto a sus terminales mediáticas una campaña para criminalizar a VOX y pedir su ilegalización
Agustín Benito. gaceta. 16 Julio 2025

El Gobierno de Pedro Sánchez ha responsabilizado a VOX del caos en Torre Pacheco (Murcia) provocado por inmigrantes magrebíes. Lo hizo el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que dijo que es «culpa de VOX y culpa de los discursos como los de VOX», y la portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría, que acusó este martes a la formación de «chapotear diariamente» en el «odio al inmigrante».

Las terminales mediáticas del Ejecutivo han seguido la campaña para criminalizar a la tercera fuerza política de España. Así, El País en su editorial de este martes afirmó que «a avivar el discurso anti-inmigración ha contribuido sin ningún género de dudas VOX» y que «lo que demuestran los sucesos de Torre Pacheco es que la extrema derecha española (sic) —incluyendo a VOX, un partido que en Murcia ha tenido responsabilidades de Gobierno— está fomentando el odio a los inmigrantes para capitalizarlo políticamente». Y añadió: «Corresponde a las autoridades frenar esta deriva, vigilar potenciales disturbios y responder a sus organizadores con todo el peso de la ley».

En TVE, en el programa ‘Malas Lenguas’, el periodista izquierdista Jesús Cintora apareció con un bate de béisbol. Y en La Sexta, por su parte, pusieron una captura del presidente de VOX, Santiago Abascal, con el rótulo «llamamiento a la ‘cacería'» —con la palabra ‘cacería’ entre comillas, cuando nunca lo mencionó—. En uno de los programas, Pilar Velasco acusó falsamente a VOX de alentar a la población a salir a «cazar inmigrantes», y el periodista y escritor Ignacio Cembrero aseguró que dirigentes de VOX «han creado un caldo de cultivo para que después se produzcan estas manifestaciones que con xenófobas y racistas».

El socio de Gobierno de Pedro Sánchez, Sumar, fue más allá y —repitiendo la estrategia en Alemania contra la formación de derecha soberanista AfD— ya pidió la ilegalización de VOX. Así, el diputado Alberto Ibáñez, que pertenece a Compromís, abogó por afrontar un debate «sereno pero rápido sobre la ilegalización» del partido.

Mientras, la formación liderada por Santiago Abascal —imparable en los sondeos— defiende que se pregunte a los españoles en referéndum si quieren inmigrantes ilegales en sus barrios, y continúa exigiendo las deportaciones de quienes entren ilegalmente en suelo español y la deportación de los legales que cometan delitos. En este sentido, insiste en señalar al bipartidismo PP-PSOE como responsable de una política migratoria «suicida para nuestro pueblo», y que «trae inseguridad, degradación de los barrios, de los servicios sociales y de la atención sanitaria». «La culpa es de los que acuerdan abrir las fronteras, del PP y del PSOE, que votan juntos la regularización masiva de inmigrantes ilegales y que blanquean el tráfico de personas», afirmó la portavoz de VOX en el Congreso, Pepa Millán.

El Gobierno contra la Justicia
Javier Gómez de Liaño. ABC. 16 Julio 2025

Hace cosa de un año, en esta misma página, trataba de analizar el momento que atravesaba la Justicia española debido a las embestidas que estaba sufriendo. Desde los insultos proferidos en el Parlamento por algunas lenguas viperinas hasta las amenazas a jueces con nombres y apellidos, pasando por la acusación de lo que, con supina ignorancia, algunos rábulas llamaban 'lawfare'. Hoy, como me temía, la situación sigue viva; tanto que, si no envenenada, al menos sí está que arde, lo cual significa que con el tiempo y los cambios de temperatura ha ido empeorando.

Pido licencia, por tanto, para insistir sobre aquel comentario que si cobra actualidad es por la última calentura que ha provocado la iniciativa del Gobierno de reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial, el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal, con los objetivos, entre otros, de cambiar el sistema de acceso a las carreras judicial y fiscal, despojar a los jueces de la función de instruir las causas penales para entregársela al Ministerio Fiscal y eliminar la acción popular. Se trata de innovaciones que, conocido su contenido y vista la reacción de la mayoría de los profesionales del derecho, quizá no merezcan otro adjetivo que el de inaceptable. De ahí que, de nuevo, levante mi voz con la idea de que tomemos conciencia de un problema en el que a menudo insisto: ¿están los políticos al servicio de la Justicia o viceversa? ¿A qué obedecen las constantes agresiones al poder judicial?

Por lo que se refiere a la reforma del sistema de ingreso en las carreras judicial y fiscal y que, según el ministro de Justicia, responde a la necesidad de «modernizar los modos de acceso y dotarlos de mayor objetividad», presiento que la clave no va por donde don Félix Bolaños señala, sino por vereda bien distinta. Ahí están las declaraciones de la gran mayoría de jueces y fiscales, que consideran que, si la ley saliera adelante, supondría «un serio retroceso en el Estado de derecho al propiciar la arbitrariedad y menospreciar los principios de mérito y capacidad».

Como político que es y, desde luego, bastante más que jurista, si el señor Bolaños fuera sincero, reconocería que el fin perseguido es controlar el poder judicial mediante jueces proclives. Es cierto que la intención no es nueva. Sin embargo, hasta la llegada al Gobierno de Pedro Sánchez nunca se había visto un plan tan descarado. Ya que no podemos comprar a los jueces, pongamos a los nuestros. Ese y no otro es el fin de la reforma, por mucho que se pretenda disimular con distintos ornamentos. Lástima que algunos no sepan que la Justicia no es ni retórica ni tautología. Suponer lo contrario es dar carta de naturaleza al timo de la estampita, un truco en el que ya casi nadie cae.

Llevo años pregonando que los oficios judiciales se deben nombrar en función de lo que los aspirantes valen y no por sus afinidades ideológicas. En épocas pretéritas el juez comenzaba por una modesta cabeza de partido y continuaba, peldaño tras peldaño, toda una larga marcha por la judicatura hasta llegar a la cúpula del Tribunal Supremo. Esta es la fórmula que patrocino y bueno sería que revisásemos nuestros espíritus demócratas y votáramos siempre por la calidad.

Mas puesto a defender, frente al plan del ministro Bolaños, sostengo que, hoy por hoy, la dirección de la investigación debe seguir a cargo de los jueces de instrucción y rechazo encomendar ese trabajo a los fiscales. En estos momentos, con una crisis de credibilidad como la que padece el Ministerio Público, el hallazgo del fiscal imparcial es una meta que queda demasiado lejos. La persecución de los adversarios políticos y la búsqueda de impunidad para los amigos es un temor que se justifica por sí mismo. Más cuando tenemos un fiscal general del Estado sobre el que gravita el prejuicio de su insobornable pasión de fidelidad al Gobierno. A la memoria me viene aquello que el filósofo y jurista Gaetano Filangeri pensaba del fiscal cuando afirmaba que era «un personaje creado por el Príncipe, pagado por el Príncipe, que ha recibido del Príncipe todo cuanto tiene y que puede ser despojado de ello por el Príncipe».

Lo anteriormente expuesto sirve para el deseo del Gobierno de abolir la acusación popular. 'Eam popularem actionem dicimus, quae suum ius populi tuetur', escribió el jurisconsulto Paulo y que en español significa que «llamamos acción popular a la que ampara el derecho propio del pueblo». El planteamiento es muy sencillo. Si el delito constituye un ataque a la sociedad como conjunto, el ciudadano, como miembro de ella, puede ejercitarla. En España, la acusación popular es una pieza relevante de la Justicia penal que se remonta a Las Siete Partidas y que, vigente en todo tipo de regímenes, ha llegado al actual con su reconocimiento expreso en el artículo 125 de la Constitución.

En fin. Veremos en qué acaba la espuria iniciativa legislativa que ocupa mi atención, pero si hay algo evidente es que el Gobierno está en contra del poder judicial y quiere que éste sea tributario de él. Dicho con lenguaje paladino y no poca indulgencia, semejante proceder tiene el tufo de los vicios totalitarios y lo peor es que habíamos llegado a creernos que el totalitarismo estaba ya muerto y enterrado. Cuando nuestra Constitución está a punto de cumplir el 47 aniversario, en España ciertas cosas no se han consolidado aún. En la nómina de aquello que no hemos podido afianzar figura en lugar destacado y punto menos que insuperable la fiebre del poder por encima de todo, del poder absoluto, lo que para mí es inexplicable. Me temo que este nuevo asalto al poder judicial va a llevarse hasta sus últimas consecuencias, en unas circunstancias políticas en las que la corrupción que acecha al Gobierno de Pedro Sánchez y al Partido Socialista necesita de medios arbitrarios, incluidos los judiciales, para defender sus intereses.

«La historia enseña que el poder político no ha superado la tentación de debilitar los mecanismos constitucionalmente concebidos para el control democrático de sus decisiones». «El equilibrio entre los poderes del Estado no puede limitarse a un enunciado normativo». Hago notar que estas palabras no son mías. Me las he apropiado, incluso con abuso de confianza, del libro 'Justicia amenazada' que, con mano maestra y la sabiduría del buen juez del que habla Azorín, ha escrito don Manuel Marchena, magistrado del Tribunal Supremo.

Después de la cita, poco más me queda por escribir, salvo añadir que, si las cosas terminan yendo como algunos políticos irresponsables quieren que vayan, impartir justicia en España será sufrir e incluso morirse lentamente. Y, lo que es peor y para mayor escarnio, morir sonriendo al recibir las estocadas de los tirios que juegan con las cartas marcadas y de los troyanos que saltan a la palestra con armas prohibidas porque, según sus propias leyes, ellos son los Supremos y, pase lo que pase, jamás pueden perder.

Ilegalizar la verdad
Irene González. Vozpópuli. 16 Julio 2025

El peligro y la preocupación para el poder político, mediático y económico en España no es la islamización, ni la destrucción del Estado del bienestar, la desindustrialización o el incremento del crimen y las agresiones sexuales, sino el auge de la «extrema derecha», que por supuesto se soluciona ilegalizando cualquier opción de representación de un pueblo abandonado, humillado y expoliado.

Lo que realmente perturba la paz de quien tiene como negocio expoliar España a través del BOE es que haya una reacción legítima, natural y moral en el pueblo, al que esperan manso, que pueda hacer tambalear su poder, el statu quo de un orden donde unos pocos ganan a costa de que perdamos todos todo. Pretenden neutralizar el despertar popular que no quiere que le arrebaten todo lo que tiene, su identidad y prosperidad. Torre Pacheco no inició como una cuestión de raza, ni cultural, es únicamente instinto de supervivencia que conecta con la necesidad existencial del hombre de verdad y justicia ante la barbarie impune. El poder tiene miedo de que el pueblo pierda el miedo.

La mejor forma de hacerlo no es enviando tanquetas a detener un pueblo cansado de incidentes violentos con los mismos de siempre. Lo eficaz es que el delito cambie de bando y acusar a la víctima del crimen que sufre. Las declaraciones de Marlaska y los hechos indican que dejaron a Torre Pacheco sin apoyo de policías porque se buscaba una desgracia que colgar directamente a Abascal, al que acusa el Ministro del Interior como responsable de todo lo que allí suceda. Unas declaraciones que confiesan el incentivo del Gobierno a que allí haya violencia profesional, por lo que desde hace días se ha llenado el pueblo de servicios secretos de dentro y fuera encapuchados liderando la violencia. Todo para criminalizar socialmente cualquier disidencia anti-inmigración e ilegalizar su posible representación política. El estallido inicial de Torre Pacheco ya ha degenerado en una reunión de “agentes” de dentro y fuera.

Nada de lo que está sucediendo en España puede entenderse sin la propaganda constante a favor del multiculturalismo que criminaliza todo grito de auxilio y desesperación de un español como «ultraderecha». Este enorme proceso de manipulación descivilizatorio tiene claras víctimas que sufren las consecuencias de las fronteras abiertas y no despiertan sentimientos en los dictadores emotivistas de izquierdas. Ellos solo tienen contacto con la inmigración, muchas veces ilegal, a través del servicio doméstico a bajo coste. Ellos no llegan de trabajar en transporte público de noche. No hay okupación en su edificio, no conviven con la multiculturalidad. Se benefician de que los salarios de las clases trabajadoras se hayan devaluado al introducir masas de inmigrantes a menor coste. No les importa que la clase media paga cada vez más impuestos para un Estado del bienestar del que ya no disfruta de servicios públicos depauperados.

En los últimos cinco años en España ha avanzado rápidamente la invasión migratoria a la par que sube la peor criminalidad y se normaliza como valor social menospreciar y estigmatizar a todo español que se atreva a denunciarlo y decir la verdad. Según el último INE ya hay 9.500.000 de inmigrantes, un 19,36% de la población, de los cuales han sido nacionalizados 2.500.000. Sólo un 30% trabaja. Han pasado de negar la invasión migratoria a la que llamaban “teoría de la conspiración de la ultraderecha” a defender que es necesario y lo mejor que nos puede pasar.

La patria, la identidad, la fe

La progresía que es clasista no entiende que la clase trabajadora sea de “extrema derecha”, pues desprecia la posibilidad de que una persona de clase humilde, cuyo cerebro no haya sido destruido por leer a Derrida, no tenga inquietudes elevadas como la patria, la identidad, la fe, la justicia social que le pertenecen.

La disidencia encuentra un obstáculo interno que neutraliza su instinto de rebelarse frente a la injusticia y los que ponen en peligro su civilización, todos aquellos que censuran y criminalizan su intento de salvarla. En el momento en el que los ciudadanos rompan definitivamente esos muros opresivos de contención, de autocensura y miedo representados por la progresía y los liberales centristas conservadores del desastre, España será un lugar respirable donde no seas ilegalizado por decir la verdad, como ha vuelto a solicitar el caniche ladrador del PSOE, Sumar.

Lo que une esos dos mundos en apariencia contrapuestos, como el antihumanismo globalista de izquierdas y el islamismo, es su profundo odio a Occidente, a España y a la Cristiandad. En el caso de la progresía globalista hay una patología de autoodio, de desprecio a lo propio y todo lo que representamos. Lo que está en la raíz de esta furia es una incapacidad de superarlo, de mejorarlo por envidia y soberbia que solo puede sentirse calmada destruyendo todo aquello que no es capaz de crear. Saben que no pueden dominar lo que es superior a ellos.

Ante un estallido coordinado en forma de disturbios reaparece el germen de un conflicto. Con la multiculturalidad han traído la guerra a nuestras calles, muchas veces una guerra que viven los vecinos en soledad, con miedo a salir de casa, con miedo a volver al portal. La guerra latente no es civil, sino étnica entre dos grupos (foráneo y autóctono) que no pertenecen ni viven en la misma comunidad política al no tener las mismas normas, pero ocupan el mismo suelo de forma no pacífica. Hay que salvar España. La inmigración masiva es guerra. La islamización es guerra. La multiculturalidad es guerra. Una guerra contra el pueblo declarada por quienes nos gobiernan y traen a quienes nos odian. No es ideológico, es una guerra espiritual que vamos a ganar.

El parasitismo, enfermedad terminal del separatismo
Pedro de Tena. libertad digital. 16 Julio 2025

Uno de los errores más graves de la gran mayoría de los ciudadanos españoles es creer que los separatistas catalanes y vascos, y los demás que vengan, son realmente separatistas o independentistas. Tal cuento forma parte del separatismo imaginario, esto es, la trola que se cuenta a los creyentes y a los paganos y que muchos ingenuos han terminado por aceptar. No, no es verdad. Quieren liberarse de sus obligaciones y quedarse sólo con sus beneficios, pero quieren seguir viviendo en la misma casa nacional para que los demás paguemos los gastos.

Cuando una región quiere ser sinceramente independiente, promueve una separación en toda regla de la nación a la que está ligada y asume todas sus responsabilidades. No sólo bandera y gobierno, sino impuestos, defensa, orden público, seguridad social, salud, pensiones, infraestructuras, mantenimientos, exportaciones e importaciones, ciencia, educación, comercio…

Naturalmente, la separación exige una negociación sobre los bienes "gananciales" con que el común de las demás regiones haya contribuido en el tiempo que duró la unión y una liquidación justa de los mismos. Cuando el Reino Unido se retiró de la Unión Europea, recuérdese el famoso "brexit", acordaron pagar una cantidad próxima a los 50.000 millones de euros en concepto de divorce Bill. Se habían unido el 1 de enero de 1973 a la antigua CEE, apenas 47 años y un mes enlazados.

Imaginen el panorama que sobrevendría sobre País Vasco y Cataluña, que llevan en el seno de España la historia entera, si se tuviera que valorar qué hemos puesto todos los demás españoles en el desarrollo y bienestar de ambas regiones a lo largo de los siglos y qué cantidades saldrían a devolver. Habría que echar cuentas, que a lo mejor conviene a esta "puta España" a la que prostituye a la fuerza el rufián más felón que hemos conocido.

Hace casi dos siglos el poeta Espronceda, extremeño y diputado por Almería, ya se quejaba desde la tribuna de oradores del Congreso del trato preferente que se daba a la industria algodonera de Cataluña y se oponía a los fueros vascongados-navarros:

"Señores, la industria algodonera en Cataluña está protegida por leyes exclusivas y un sistema prohibitivo de comercio desde el tiempo de Carlos III... Cataluña, sin embargo, no ha podido presentar productos comparables (a los ingleses)..." (Sesión del 8 de abril de 1842 en Las Cortes Generales).

Desde el sacrificio de pagar a precios altos lo que podía comprarse a precios bajos al esfuerzo humano de trasladarse a trabajar en Cataluña, pasando por ser el principal mercado para los productos catalanes y vascos, ¿cuánto le correspondería a la España que quede en una hipotética factura de divorcio por su inversión y cooperación global en ambas regiones durante siglos?

¿O es que se quiere hacer lo que desde el Talmud se considera la conducta del impío: "Lo mío es mío y lo tuyo también es mío"? Esto es, ¿robar a manos llenas a los tontos que siempre creyeron, creímos, que para una nación digna de tal nombre "lo mío es tuyo y lo tuyo es mío"? Pero, claro, ¿cómo no ceder a la tentación cuando se encuentra a un presidente del gobierno dispuesto a ceder lo que sea y cómo sea con tal de mantenerse en el poder?[i]

No, no, no. Si se habla de confederación plurinacional - se habló mucho antes de federalismo asimétrico y luego, hace años, de España como nación de naciones, pero, al final, son dos, siempre las mismas, Cataluña y País Vasco, con la Galicia caníbal en la puerta de servicio -, es porque de lo que se trata es de que se imponga una República confederal de la que formen parte tres o cuatro "naciones" (la puta España, sea, el resto de la vieja nación, Cataluña, País Vasco y tal vez Galicia, o no). Nada de separatismo y nada de independencia de verdad.

La soberanía no estaría en la Confederación y mucho menos en su gobierno sino en cada una de las naciones componentes y de lo que se trataría es de que las entidades menores, en potencia económica, en habitantes, en territorio y en expectativas de futuro, se aprovecharan de un mercado común y de una defensa, militar y social, pagada por los más, impidiendo que pudiera competirse con sus empresas e intereses.

Vamos, lo mismo que en el siglo XVIII y siguientes. El resto de España, que no es nación, claro, sería exprimida para beneficio de las naciones "superiores" y "supremacistas". Esto es parasitismo, enfermedad terminal del separatismo. Ectoparasitismo, para ser preciso. Parásitos externos a la España de la que se alimentarán.

Leyendo la digresión de Thomas de Quincey sobre el Iscariote - en su visión Judas vendió a Jesús no por traición sino para darle un motivo para desencadenar su mesianismo -, se me ha ocurrido que tal vez Pedro Sánchez nos está traicionando de esta manera infame para que los españoles nos atrevamos a rebelarnos de una vez por todas contra quienes han convertido una democracia esperanzadora en una cloaca miserable, corrupta y putera.

No es más que una ocurrencia cómica, claro, pero a lo mejor, sin pretenderlo, su canallada lo consigue y España, también la vasca y la catalana, que existen y de qué modo, se levantan contra sus agresores de una puta vez. Si no lo hacemos – juristas, dígannos cómo -, nos mereceremos la indignidad de tal destino.

[i] Nuestro Ignacio Gómez de Liaño lo explicó así hace años: "Cuando el nacionalismo no se proclama abiertamente independentista, es, o porque no le conviene electoralmente, o porque se hace la ilusión de que un día, gracias al entreguismo de la izquierda y la debilidad de la derecha, tendrá a España sometida a una especie de colonialismo o vasallaje, como queda patente en el sistema de los conciertos y en el nuevo Estatuto de Cataluña, que viene a decir a España: «Todo lo mío es mío y sólo mío, y lo tuyo es tuyo y también mío, y me reservo el derecho de decidir lo que, en cada caso, debes entender como tuyo». En virtud del estatuto, el gobierno catalán podrá intervenir activamente en el Consejo General del Poder Judicial, los altos tribunales y otras importantes instituciones españolas, pero rechaza (eso es el «federalismo asimétrico») que España en su conjunto pueda hacer lo mismo en sus consejos e instituciones regionales. Mucho mejor les habría ido a los españoles y, en particular, a los padres de la Constitución si hubieran hecho caso a don Manuel Azaña cuando decía: «Lo mejor de los políticos catalanes es no tratarlos». (Recuperar la democracia, Siruela, 2008)

Europa frente al envilecimiento del Tribunal Constitucional
EDITORIAL. libertad digital. 16 Julio 2025

La pertenencia de España a la Unión Europea y el principio de primacía del derecho de la Unión podrían y, desde luego, deberían ser el dique de contención que impidiera el proceso de demolición de nuestro ordenamiento constitucional y de nuestra nación entendida como Estado de derecho que está perpetrando el gobierno social/comunista de Pedro Sánchez al dictado de sus socios separatistas y con la decisiva complicidad de la mayoría izquierdista del Tribunal Constitucional presidido por Cándido Conde Pumpido.

El tiempo lo dirá, que nadie cante victoria, pero, por de pronto, Europa va a poner en serios aprietos a este envilecido Tribunal de Garantías que sólo parece entregado a garantizar la permanencia del Gobierno de Sánchez al coste que sea: Por un lado, la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla ha acordado plantear una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) tras la bochornosa sentencia del Constitucional que indultó de forma encubierta a una decena de ex altos cargos de la Junta de Andalucía condenados en el caso de los ERE del PSOE de Andalucía, entre ellos, Manuel Chaves y José Antonio Griñán.

Como con razón alegan los magistrados, "esta Sala no puede descartar que las sentencias del TC resulten contrarias al Derecho de la Unión y los Tratados y a la interpretación que de ellos ha realizado la jurisprudencia del TJUE, atenten contra el principio de primacía del Derecho de la Unión y generen una interpretación desigual del Derecho de la Unión en materia de protección de los intereses financieros de la UE y una falta de aplicación uniforme del Derecho de la UE en la materia". Además de denunciar el "espacio de impunidad en la persecución de la corrupción" que originan las sentencias del TC, los magistrados de la Audiencia de Sevilla denuncian como podrían "haber irrumpido en el ámbito reservado a la jurisdicción ordinaria y suplantado la función del Tribunal Supremo como máximo intérprete de la ley y, como consecuencia de ello, pudieran haber ocasionado un daño institucional difícilmente reparable, al anular las sentencias y proceder de una forma inédita con la rectificación del criterio del Tribunal Supremo en la interpretación de un elemento recogido en la descripción de la conducta atípica".

No menos preocupantes para Conde Pumpido y compañía deberían resultar, por otro lado, las alegaciones que la Comisión Europea ha planteado ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en relación a las cuestiones prejudiciales que le había planteado el Tribunal de Cuentas sobre si la amnistía, también bochornosamente avalada por el Tribunal Constitucional, pone en riesgo los intereses financieros de la Unión Europea, en un caso que afecta a 35 ex altos cargos de la Generalidad, entre ellos los expresidentes golpistas catalanes Carles Puigdemont y Artur Mas.

Aunque menos contundente y completo que en las alegaciones que se filtraron hace poco más de un mes, el abogado del Ejecutivo comunitario señala, no obstante, que "no parece que la ley de amnistía responda a un objetivo de interés general, dado que es parte de un acuerdo político para lograr la investidura del Gobierno de España". Eso, sin dejar de denunciar cómo las autoridades españolas "no atendieron a la recomendación de la Comisión de Venecia" de que se tomara el tiempo necesario para realizar un diálogo significativo con el final de lograr el objetivo falazmente invocado de reconciliación.

Insistimos: El tiempo lo dirá pero, una vez constatado el hecho de que la mayoría progresista de los magistrados del Tribunal Constitucional no son más que la voz de su amo, que no es nuestra Carta Magna sino Pedro Sánchez, la única esperanza de supervivencia de nuestra nación entendida como Estado de derecho radica en Luxemburgo.

Hacen frente al intento de censura de la extrema izquierda

VOX y Patriotas presentan en el Parlamento Europeo una exposición en defensa del Valle de los Caídos, símbolo de reconciliación entre los españoles
M. Ruiz. Bruselas. gaceta. 16 Julio 2025

El Parlamento Europeo en Bruselas ha sido escenario de una exposición impulsada por el grupo Patriotas por Europa y la delegación de VOX en el Parlamento europeo, con el objetivo de reivindicar la verdad histórica, artística y espiritual del Valle de los Caídos.

En un acto cargado de intervenciones de gran calado intelectual, historiadores, representantes de asociaciones y autores de documentales han puesto de manifiesto el valor universal de este conjunto monumental, erigido como símbolo de reconciliación entre españoles y como testimonio del sustrato cristiano de Europa.

Alfonso Carreto, concejal portavoz del grupo municipal VOX en el Puerto de Santa María, ha sido el autor de la práctica totalidad de las imágenes expuestas que ha inaugurado las intervenciones y ha subrayado su empeño por «mostrar lo invisible, ir donde está el silencio y decir algo». Ha relatado cómo desde niño ha visitado el Valle, siempre descubriendo en él nuevos matices: «He fotografiado la roca que sostiene con humildad y firmeza la cruz, mientras la luz la acaricia distinta cada minuto del año. Mirar la cruz más grande del mundo no te hace pequeño, sino que te engrandece».

Por su parte, Alejandro Nolasco, historiador, abogado y portavoz de VOX en las Cortes de Aragón, ha destacado el carácter monumental del Valle «por sus proporciones estructurales, artísticas, arquitectónicas y religiosas». Ha recordado que la basílica alberga «decenas de miles de combatientes de ambos bandos», enterrados «bajo la mayor cruz de la cristiandad, símbolo de paz y reconciliación». Nolasco ha denunciado la instrumentalización política de la llamada memoria histórica, a la que ha calificado de «oxímoron», citando al profesor Gustavo Bueno: «La historia es obra del entendimiento, no de la memoria». Para Nolasco, demoler o desvirtuar el Valle sería tan absurdo como «derribar las pirámides porque sus obreros no tenían seguridad social».

Pablo Linares, presidente de la Asociación para la Defensa del Valle de los Caídos, ha reivindicado su historia personal como nieto de un obrero republicano que trabajó orgullosamente en su construcción. «Mi abuelo, más rojo que un coche de bomberos, siempre desmintió los mitos: no hubo 20.000 presos, sino unos 2.000 en siete años, y trabajaron también artistas socialistas o nacionalistas vascos sin que se mirase su carné». Además, ha resaltado la riqueza artística única del monumento, con esculturas de Juan de Ávalos y tapices flamencos del siglo XVI, y el valor de la escolanía, «la única del mundo que canta gregoriano a diario».

El economista Jesús García Conde, ha puesto el acento en la trascendencia espiritual: «El Valle es un lugar único donde reposan héroes y mártires de ambos bandos, unidos bajo la cruz, signo de perdón y reconciliación. Que el espíritu revanchista no interrumpa su oración ni reavive las discordias».

Los integrantes de Terra Ignota, Javier Martínez y Javier Soria, responsables del documental proyectado durante el acto, han defendido la necesidad de «acudir a las fuentes primarias para desmontar mitos y revelar el sentido profundo del Valle como monumento a todos los caídos, sin distinción». Y han denunciado que se pretenda «reescribir la historia para dividir a los españoles y moldear votantes sumisos», alertando contra el peligro de convertir la basílica en un museo laicista o expulsar a los monjes benedictinos que rezan allí «por la paz y la reconciliación».

El eurodiputado Jorge Buxadé ha cerrado la jornada con un contundente alegato en defensa de la identidad europea, inspirándose en San Benito, patrón del continente: «Europa no nació en el tratado de Roma, sino en Subiaco, cuando San Benito escribió su regla. El Valle de los Caídos, excavado en roca, con su abadía benedictina y su escolanía, continúa ese legado espiritual que unió Europa tras la caída del Imperio Romano». Frente a la «Europa que sanciona, cancela y derriba cruces», Buxadé ha reivindicado «la Europa de las patrias, de la libertad y del humanismo cristiano que hizo posible nuestra civilización».

La muestra ha puesto de relieve que la defensa del Valle de los Caídos no es sólo una cuestión española, sino europea: un compromiso con la verdad histórica, la belleza artística y las raíces cristianas que forjaron la unidad espiritual del Viejo Continente. «El Valle es un faro que llama a la concordia, no al odio; a la contemplación, no al sectarismo. Y eso, hoy más que nunca, merece ser protegido», concluyó uno de los asistentes.

Historia

Largo Caballero e Indalecio Prieto: los socialistas sanguinarios que soñaron con una España soviética
Un escolta de Indalecio Prieto asesinó al ministro Jose Calvo Sotelo en las calles de Madrid la madrugada del 13 de julio de 1936
Ambos dirigentes del PSOE protagonizaron el golpe de Estado de 1934 contra la República
Fernán González. ODIARIO. 16 Julio 2025

Francisco Largo Caballero e Indalecio Prieto, los dos dirigentes socialistas cuyas calles el Tribunal Supremo avalará mantener en Madrid, fueron protagonistas de uno de los episodios más controvertidos de la Segunda República. El conocido como el Lenin español y su correligionario vasco encabezaron el golpe de Estado de octubre de 1934 que rompió la legalidad republicana y dejó cientos de víctimas mortales.

Largo Caballero, secretario general de la UGT y líder del ala revolucionaria del PSOE, había manifestado públicamente su intención de convertir España en un Estado soviético. «Habrá soviet en España en cuanto caiga Azaña», declaró en una entrevista al diario La Prensa de Nueva York en febrero de 1936.

Su radicalización había comenzado mucho antes, cuando en 1933 afirmó: «Si no nos permiten conquistar el poder con arreglo a la Constitución, tendremos que conquistarlo de otra manera».

El dirigente socialista mantuvo correspondencia directa con Stalin durante la Guerra Civil. El líder soviético llegó a pedirle por carta «moderación» y que siguiera la vía parlamentaria al socialismo, no la revolucionaria que defendía Largo Caballero. «El socialismo exige ahora una dictadura proletaria: antes de cinco años España será soviética», había proclamado el político madrileño.

Por su parte, Indalecio Prieto impulsó el golpe de Estado de 1934. En septiembre de ese año, el vapor Turquesa fondeó próximo a San Esteban de Pravia, en Asturias, para descargar un importante alijo de armas. Prieto vigiló el desembarque junto con otros dirigentes socialistas, mientras sus correligionarios cargaban el armamento en camiones de la Diputación controlada por el PSOE.

La operación fue interceptada por la Guardia Civil y los Carabineros. Años más tarde, Prieto describió con detalle su participación en el desembarque en su libro Convulsiones de España, escrito desde su exilio mexicano.

La autocrítica llegó décadas después. En la celebración del 1 de mayo de 1942, Prieto asumió su responsabilidad: «Me declaro culpable ante mi conciencia, ante el Partido Socialista y ante España entera, de mi participación en el movimiento revolucionario. Lo declaro como culpa, como pecado; no como gloria».

El episodio más turbulento de la carrera parlamentaria de Prieto tuvo lugar el 4 de julio de 1934 en el Congreso de los Diputados. Según el Diario de Sesiones, el dirigente socialista «sacó la pistola después de haber visto frente a mí otra ya fuera del bolsillo» y la amartilló para apuntar a un diputado conservador. Sin embargo, nadie más vio la supuesta segunda pistola.

El terror rojo

Durante la Guerra Civil, ambos dirigentes tuvieron responsabilidades directas en el llamado terror rojo. Largo Caballero, como presidente del Consejo de Ministros, tuvo conocimiento y responsabilidad en las sacas de Paracuellos, donde se calcula que fueron asesinadas 6.000 personas, incluyendo centenares de mujeres y 276 niños.

El historiador Stanley Payne ha documentado la «responsabilidad directa» de Largo Caballero «en la entrega de armas a los militantes de los partidos y sindicatos de izquierda, y en la conversión ilegal de esos militantes en cuerpos de policía que propició los numerosos crímenes en la zona republicana».

Indalecio Prieto, por su parte, creó el siniestro Servicio de Investigación Militar en agosto de 1937, órgano bajo el cual funcionaban las checas, centros de tortura, secuestro y muerte donde se cometían todo tipo de vejámenes. Estos centros operaron bajo la supervisión del entonces presidente del Consejo de Ministros, Largo Caballero.

El fanatismo de Largo Caballero era tal que llegó a declarar: «Tenía razón Marx: La violencia es la partera de la Historia». En 1933, durante un almuerzo con el soviético Álvarez del Vayo, manifestó: «España debe optar entre el estilo soviético y el estilo nazi; yo me inclino por el soviético».

Fracturas internas

El PSOE de la Segunda República se dividió en tres facciones: los caballeristas (seguidores de Largo Caballero), los prietistas (partidarios de Prieto) y los besteiristas (liderados por Julián Besteiro). Este último fue el único que se opuso sistemáticamente a la violencia y abogó por una solución negociada al conflicto.

Niceto Alcalá-Zamora, presidente de la República, llegó a definir a Largo Caballero como «doblemente traidor a la Monarquía y a la República». Hay que recordar que el dirigente socialista había sido consejero de Estado durante la dictadura de Primo de Rivera.

Las declaraciones belicistas de Largo Caballero marcaron el clima prerrevolucionario de la época. «Pongámonos en la realidad; estamos en plena guerra civil. Estamos en pie de guerra», proclamó en los albores del golpe de 1934. Ya en 1936, escribió en Claridad: «Sea la guerra civil a fondo; todo menos el retorno de la derecha».

El legado de estos dos dirigentes socialistas sigue generando controversia ocho décadas después, demostrando que algunas heridas históricas permanecen abiertas en una España que aún no ha logrado cicatrizar completamente las fracturas de su pasado más convulso.

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Un hatajo de fantoches
Juan Carlos Girauta. el debate. 16 Julio 2025

Como se han encargado de subrayar los inspectores de Hacienda, el sistema de financiación que los abusadores de España han dictado a Sánchez no tiene base, fundamento, ni anclaje legal. Amén de darse de bofetadas con principios consagrados en la Constitución: igualdad de los españoles ante la ley, solidaridad entre comunidades. En esta podredumbre sanchista final (etapa ominosa de la que un día todos sus muñidores, corruptores y corrompidos se desmarcarán, incluyendo a Bolaños, a Montero, a Yoli, a Marlaska, a Pumpido y a Murtra), los descreídos y los hartos insisten en que la ilegalidad nunca ha supuesto un obstáculo para el autócrata y su banda. Es más, como toros obstinadamente abantos, mansos hasta la exasperación del siete, escapan con querencia por lo chungo y se sienten imantados, precisamente, por lo sombrío. Cuánto peor, mejor.. siempre que les perdonen.

Es el caso que impunes no son, aunque se lo crean. Hay que recordárselo al personal, que se desespera enseguida. Uno ha dejado escrito aquí que Sánchez y su banda han dado un golpe de Estado con la inestimable ayuda de Pumpido. El golpe ha consistido en bendecir la ley más anticonstitucional que recuerdan los viejos del lugar: la de amnistía. Además, es una ley que reelabora la historia reciente, el previo golpe de Estado de 2017 en Cataluña, para fabricar paralelismos periféricos con el mentiroso léxico abertzale del «conflicto». Si siguen así, encontrarán «conflicto» en la Comunidad Valenciana, en Navarra por supuesto, en Baleares ni te digo, en Canarias por lo ultraperiférico, en Galicia por los logros de Feijóo en la erradicación del castellano, en León por indiscutible hecho diferencial, en Asturias por aquello de sumarse, y hasta en Teruel por el alpiste. Pudiendo Aragón arrogarse tanto, y sin embargo tan comedido.

La línea de una financiación insolidaria con ruptura o rotura de la caja común y recaudación y gestión de todos los impuestos solo se consolidaría, en toda su ilegalidad, si el personal desesperado tuviera razón. Pero no la tiene. No lo diré dos veces para que a la desesperación no se una el cabreo. Pero síganme con atención. Lo que hagan ahora, por groseramente abusivo que sea, se derogará. Aunque el PP se rilara, que para algo está ahí la nueva derecha, la nueva lealtad a España. Una vez regresados a la legalidad, algunos defenderemos con todo el derecho del mundo una reforma constitucional que acabe con el Estado de Autonomías. Los lerdos, para variar, dirán que eso es fascismo. Como Francia, donde son fascistas todos los partidos, como es sabido. No importa, a palabras necias, programa en TVE. No se me escapa que la desesperación ha llegado al punto de considerar que Sánchez nunca convocará elecciones. Bueno, bueno, no dudo de que eso le encantaría. Como ilegalizar Vox. Como absorber el Poder Judicial, succionarlo, bebérselo. El supuesto poder de Sánchez sobre las leyes es una fantasía de Pumpido, García Ortiz y Marlaska que desaparecerá como lágrimas en la lluvia dorada de una sauna.

Conclusión: un marroquí apalea a un anciano y la izquierda pide la ilegalización de Vox
OKDIARIO. 16 Julio 2025

No hay que ser muy sagaz para concluir que la izquierda ha visto en el polvorín de Torre Pacheco una oportunidad para poner en práctica el sectarismo que le caracteriza. Los socios de Pedro Sánchez han impulsado un debate que es toda una exhibición de totalitarismo: Sumar, a través del diputado Alberto Ibáñez, que pertenece a Compromís, ha indicado desde el Congreso de los Diputados que España no puede permitir «partidos fascistas» y ha propuesto afrontar una reflexión, «serena, pero rápida, sobre la ilegalización del fascismo de Vox». El argumento es que en una democracia como la española «no se puede permitir la coexistencia de partidos filofascistas».

Lo que propone este aprendiz de Stalin es aplicar el artículo 10 de la ley de Partidos Políticos para promover la ilegalización de la formación de Santiago Abascal, algo que no se le ha ocurrido aplicarle a los herederos de una banda de asesinos como Bildu, ni a los separatistas que atentaron contra la democracia española promoviendo un golpe de Estado que ahora Pedro Sánchez -con el apoyo de la izquierda- ha decidido dejar sin condena. Dice el susodicho que «lamentaremos muertes muy pronto» si no se toman medidas para evitar discursos como el de Vox, pero no ha lamentado nunca las muertes -casi un millar- a manos de la banda de asesinos que ahora guía los pasos de la formación de Otegi.

Torre Pacheco vive un estallido de violencia a raíz del brutal apaleamiento de un vecino a manos de un marroquí -es un hecho objetivo- y la izquierda ha decidido que quienes vinculan la delincuencia con determinados inmigrantes violentos como los que casi matan a golpes a un vecino de Torre Pacheco -otro hecho objetivo- son todos unos fascistas y un peligro para la democracia. Y si la Guardia Civil detiene a un joven inmigrante violento en el transcurso de los enfrentamientos en la localidad murciana la conclusión es que la Guardia Civil es racista. No duden de que si por ellos fuera la suprimirían de inmediato.

Autoindulto de Conde Pumpido
Gabriel Albiac. el debate. 16 Julio 2025

A un tribunal europeo le tocará juzgar si España es de verdad una democracia con igualdad jurídica. O un país bananero, en el cual un gobierno dispone de los medios de Estado necesarios para trocar en impunes a todos sus camaradas. Da vergüenza, sí. Pero eso es lo que somos

Al consultar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea acerca de la posible prevaricación del Tribunal Constitucional que preside Conde Pumpido, la Audiencia Provincial de Sevilla ha abierto un frente sobre el cual podría pasar a librarse la última batalla del sanchismo. Perdedora o victoriosa. Se juega en ella lo primordial del garantismo democrático: la autonomía del poder judicial. Porque no otra cosa se dirime. Anulando la sentencia de políticos socialistas a quienes el Supremo condenó por el robo más masivo del último medio siglo español, el Tribunal Constitucional ratificaba lo que busca erigir en doctrina consagrada: legitimar todo autoindulto que beneficie a una casta gobernante, a la cual se viene proclamando inmune a código penal. Se plantea por ello la cuestión prejudicial, para «evitar que se produzca un riesgo sistémico de impunidad futura en escenario similares».

Poner en marcha tal tipo de autoindulto es privar a la condición ciudadana de su universalidad. Responden ante la ley, y por la ley son castigados, aquellos que no poseen relevancia política. Todo gobernante se transustancia, así, en un «forajido», esto es en un «fuera de la ley», en alguien a quien todo está permitido hacer sin pagar responsabilidades por lo hecho. Es la doctrina que el Constitucional ha aplicado a los dirigentes socialistas en Andalucía. Y la que aplicará, de inmediato, a Puigdemont y a los gánsteres del «procès». De todas las armas legales que un gobierno náufrago en el delito tiene a su servicio, Conde Pumpido es hoy, con enorme diferencia, la más eficiente.

En efecto, en precaria mayoría prestada, un presidente con hermano y esposa bajo el peso de la ley, con el núcleo de gravedad de su gobierno y su partido a un paso del presidio, con la mayor tasa de escándalos penales y morales que haya conocido la España constitucional, sabe, sin embargo, que de esa precariedad parlamentaria misma puede hacer instrumento para salvarse. Minoritario, el partido socialista depende de la limosna que a bien tengan concederle los golpistas catalanes, condenados y arbitrariamente amnistiados. Pero esa dádiva de escaños les es altamente rentable a los independentistas negociarla. El golpe de Estado, que fracasó en Barcelona hace ocho años, habrá de completarlo Sánchez victoriosamente por vía de torcedura legal. Los tribunales de justicia son la única barrera que puede impedir esa alianza de intereses delictivos. Los jueces son hoy, en España, la última línea de defensa de la democracia. Y su honor último.

Contra esa barrera, Conde Pumpido es la punta de lanza de un despotismo socialista que aspira a hacer de la ley sólo palanca para la consumación de todos sus intereses. De los personales como de los políticos. Para que esa liquidación de la magistratura sea ejecutada, se ha diseñado una estrategia suicida: que el Tribunal Constitucional se apropie de las funciones jurisdiccionales que ninguna Constitución democrática otorga a tal institución. Y que acabe por convertirse en última instancia de apelación por encima del Supremo.

Porque todo se juega en ese punto. El Tribunal Constitucional, contra lo que la resonancia de su nombre pueda hacer imaginar a los demasiado cándidos, no es poder judicial. Su papel de intérprete de la Constitución es de análisis y demarcación académica: consiste en dirimir las ambigüedades y paradojas que en la aplicación del texto constitucional puedan llegar a producirse entre poderes autónomos. Su papel es particularmente delicado en la resolución de las tensiones que inevitablemente habrán de generarse entre el poder judicial y el poder ejecutivo. La más sabia de las confrontaciones académicas sobre el lugar de esa entidad mestiza se produjo, en la Alemania de 1931, en el choque entre el constitucionalismo garantista de Kelsen y la hipótesis nacional-socialista de Schmitt. Para el primero, sobre el Constitucional debía recaer la neutra valoración normativa de esos conflictos. El segundo resolvía la paradoja de un tajo: «el Führer crea derecho», el único criterio de constitucionalidad es lo que el jefe del ejecutivo, como «guardián de la Constitución», dicta. Con toda evidencia, es éste último el envite hoy de Pumpido y Sánchez.

Ante el Tribunal de Luxemburgo, los magistrados de la Audiencia de Sevilla lo han formulado admirablemente. No hay jurista que pueda cuestionar su objeción. Al menos, sin dejar de ser jurista. Podría haber sucedido, escriben, que «el Tribunal Constitucional, como órgano no integrado en el Poder Judicial, se extralimite en la función de control que le corresponde invadiendo ámbitos reservados a la jurisdicción de los jueces y tribunales al revisar –a través de una interpretación alternativa de elementos normativos de los tipos penales de prevaricación y de malversación de caudales públicos– la valoración probatoria y el juicio de subsunción realizados por los Tribunales ordinarios nacionales?».

Bruselas hace suyos los argumentos del juez Llarena contra la amnistía
OKDIARIO. 16 Julio 2025

El hecho de que la Comisión Europea haya subrayado en su alegato ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea lo cuestionable que supone que la Ley de Amnistía fijara un exiguo plazo máximo de dos meses para la aplicación de la norma -en línea con lo argumentado en su día por el juez Llarena- abre ahora de lleno la puerta al juez instructor para llevar ante el TJUE a los líderes del procés que todavía no han sido juzgados o los que, estando condenados e indultados, no se han beneficiado de la medida de gracia.

Llarena entendía que los dos meses de plazo eran insuficientes para abordar una investigación sobre los fondos públicos utilizados por los líderes separatistas. «La sola realización del referéndum que habían prohibido las instituciones españolas competentes afectaba necesaria y automáticamente a la configuración de España y a la dimensión territorial de la Unión Europea, con reflejo directo en los ingresos comprometidos por España en el presupuesto de la Unión, principalmente los vinculados a la recaudación de IVA y Renta Nacional Bruta, y consecuentemente, a los intereses financieros de la Unión», señalaba el magistrado en un auto que ahora adquiere una nueva dimensión.

La Comisión Europea entiende también que este plazo temporal tan breve «podría impedir» que el Tribunal de Cuentas «pueda llevar a cabo el examen» para comprobar si la malversación afecta los intereses de la Unión Europea y, por tanto, es contraria al derecho comunitario y, en definitiva, ilegal.

Exactamente lo mismo que argumentó Llarena, quien también consideró que la ley no era aplicable al delito de malversación. Según el magistrado, hasta la aplicación de la amnistía no se había analizado si la malversación de fondos afectaba al interés financiero de la Unión Europea. Sin embargo, justificaba que no se había hecho porque ese dato era jurídicamente irrelevante para el objeto del proceso penal que se estaba investigando. En suma, que Bruselas ha reforzado los argumentos del magistrado, lo que significa -sin duda- un paso cualitativo contrario a los intereses del Gobierno de Pedro Sánchez.

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