Recortes de Prensa Domingo 10 Agosto 2025

Trump, abierto a celebrar una cumbre trilateral con Putin y Zelenski: "Se está debatiendo"
Los líderes europeos instan a mantener la presión sobre Rusia y a incluir a Kiev en la negociación para buscar un final a la guerra en Ucrania
el mundo. 10 Agosto 2025

El fin a la guerra en Ucrania no puede pactarse sin el país invadido por Rusia en febrero de 2022. Es el mensaje que en la noche del sábado han lanzado los principales líderes europeos, que reclaman también que se mantenga la presión sobre Rusia.

Su reunión de urgencia se produjo en la antesala de la cumbre que van a mantener el próximo viernes en Alaska Donald Trump, impulsor de un plan para acabar con la guerra en Ucrania que incluye -según sus palabras- "algún intercambio de territorios", y Vladimir Putin. Según la Casa Blanca, Trump está abierto a que haya un encuentro trilateral con Putin y Zelenski, aunque de momento los preparativos se centran en su cara a cara con el presidente ruso.

10:33

El ministro de Defensa polaco ve un alto el fuego en Ucrania "más cerca que nunca"

El ministro de Defensa y viceprimer ministro polaco Wladyslaw Kosiniak-Kamysz ha afirmado este domingo que la posibilidad de un alto el fuego en Ucrania está más cerca que nunca desde el inicio de la guerra y ha manifestado la convicción de que el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, será invitado a participar en los contactos que están manteniendo a tal efecto EEUU y Rusia.

"Creo que estamos más cerca que nunca de la posibilidad de por lo menos acordar un alto el fuego. Los próximos días lo confirmarán", ha dicho en un encuentro con la prensa en Varsovia, en declaraciones citadas por la agencia PAP.

Además, ha expresado la convicción de que Zelenski podría acabar participando también en el encuentro que el presidente estadounidense, Donald Trump, mantendrá el próximo 15 de agosto en Alaska con el líder ruso, Vladímir Putin, el primero de este tipo desde que empezó la guerra.

"Creo que el presidente Zelenski será invitado y hay información que está surgiendo hoy de que hay una posibilidad de que el presidente Zelenski esté presente en la reunión entre el presidente Trump y Putin. Esto sería la mejor solución y creo que ocurrirá", dijo Kosiniak-Kamysz.

09:46

La Casa Blanca, sobre la posible asistencia de Zelenski a la cumbre de Trump y Putin: "Se está debatiendo"

Aunque el sábado Trump no hizo ninguna mención a la presencia de Ucrania en la cumbre con Putin para buscar un fin a la guerra en Ucrania, Washington no la descarta de forma taxativa. "Se está debatiendo", ha asegurado a la cadena NBC una de las personas informadas sobre las conversaciones.

Este alto funcionario estadounidense y las personas informadas sobre las conversaciones afirmaron que aún no se ha confirmado ninguna visita y que no está claro si Zelenski acabará acudiendo a Alaska para las reuniones. Según esta fuente, es "absolutamente" posible. "Todo el mundo tiene muchas esperanzas de que eso ocurra", ha afirmado.

La presencia de Zelenski en la negociación sobre la paz fue exigida el sábado por sus aliados europeos.

09:29

La Fuerza Aérea ucraniana afirma haber neutralizado 70 de 100 drones rusos anoche

La Fuerza Aérea ucraniana informa este domingo en su parte matinal de que en la última noche ha logrado neutralizar 70 de un total de 100 drones lanzados por el enemigo contra territorio ucraniano.

Los drones, tanto de tipo kamikaze como réplicas diseñadas para confundir a las defensas ucranianas, despegaron desde las regiones rusas de Shatalovo, Kursk y Primorsko-Ajtarsk, así como desde la anexionada península de Crimea.

Los 30 drones restantes impactaron en 12 puntos diferentes situados en las regiones del frente de Dnipropetrovsk (centro), Járkov (noreste), Sumi y Chernígov (norte), mientras que en tres emplazamientos se registro la caída de fragmentos de aparatos derribados.

09:03

Zelenski afirma que Ucrania "apoya plenamente" la declaración conjunta de los líderes europeos

Volodímir Zelenski ha afirmado este domingo que Kiev "valora y apoya plenamente" la declaración conjunta de los líderes europeos sobre el logro de la paz en Ucrania, al tiempo que protege los intereses ucranianos y europeos.

"El fin de la guerra debe ser justo, y estoy agradecido a todos los que hoy están del lado de Ucrania y de nuestro pueblo en aras de la paz en Ucrania, que defiende los intereses vitales de seguridad de nuestras naciones europeas", ha escrito en X. "Ucrania valora y apoya plenamente la declaración del presidente Macron, la primera ministra Meloni, el canciller Merz, el primer ministro Tusk, el primer ministro Starmer, la presidenta Ursula von der Leyen y el presidente Stubb sobre la paz para Ucrania".

07:44

Rusia asegura que ha destruido 121 drones ucranianos

Las unidades de defensa aérea rusas destruyeron 121 drones ucranianos durante la noche, incluidos ocho sobre la región de Saratov, según informa el Ministerio de Defensa. Solo informa del número de drones derribados por sus unidades de defensa, no del número de drones lanzados por Ucrania.

05:47

Un ataque con drones ucranianos mata a una persona y daña una instalación industrial en Saratov (Rusia), según el gobernador

Una instalación industrial ha resultado dañada como consecuencia de un ataque con drones ucranianos en la región rusa de Saratov, según informa este domingo el gobernador de la región meridional de Rusia.

"Todos los servicios de emergencia necesarios están trabajando en el lugar", publica Roman Busargin en la aplicación de mensajería Telegram sobre el ataque nocturno. No especifica qué tipo de instalación industrial resultó dañada.

Además, ha señalado que varios residentes fueron evacuados después de que los escombros de un dron destruido dañaran tres apartamentos en el ataque nocturno. "Varios residentes necesitaron asistencia médica»", ha dicho Busargin. "Se prestó ayuda in situ y una persona ha sido hospitalizada. Lamentablemente, una persona ha fallecido", cita el gobernador.

04:48

Trump abierto a celebrar una cumbre en Alaska con Putin y Zelenski, según la Casa Blanca

El presidente Donald Trump está abierto a celebrar una cumbre trilateral en Alaska con el presidente ruso Vladimir Putin y el presidente ucraniano Volodímir Zelenski, según ha declarado en la madrugada del domingo un funcionario de la Casa Blanca citado por Reuters.

Sin embargo, la Casa Blanca está planeando actualmente la reunión bilateral con Putin a petición de este, según ha añadido este funcionario.

02:15

Francia, Reino Unido, Alemania e Italia rechazan el plan del Kremlin y defienden que "el camino hacia la paz no puede decidirse sin Ucrania"

Tras la reunión del sábado, Reino Unido, Alemania, Francia, Italia, Finlandia y la UE han emitido un comunicado en el que declaran que "Ucrania es libre para decidir su propio destino" y que "las negociaciones solo tendrán sentido en el contexto de un alto al fuego o de una reducción de las hostilidades". Asimismo, advierten de que el "camino a la paz en Ucrania no puede ser decidido sin Ucrania". Se trata, así pues, de un rechazo frontal a los planes de Trump y Putin de 'congelar' la guerra a cambio de que Rusia se quede con parte del territorio de Ucrania.

Guerra en Europa

Francia, Reino Unido, Alemania e Italia rechazan el plan del Kremlin y defienden que "el camino hacia la paz no puede decidirse sin Ucrania"
La propuesta de Putin pasa por que Rusia controle el 30% del país invadido a cambio de un alto el fuego permanente
XAVIER COLÁS; PABLO PARDO. Londres. el mundo. 10 Agosto 2025

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reunirá el próximo viernes con Vladimir Putin en Alaska para discutir el fin de la guerra en Ucrania. Una cita sin el presidente del país invadido, Volodimir Zelenski, que avisó ayer de que las decisiones que se toman sin Kiev «nacen muertas».

La posición de Zelenski es compartida por los gobiernos del Reino Unido, Alemania, Francia y Finlandia, además de por la OTAN, que ayer llevaron a cabo una cumbre urgente en la que también participó Ucrania para responder a la iniciativa rusoestadounidense en la que también participó el vicepresidente de EEUU, J. D. Vance, que está de vacaciones en el Reino Unido, así como el secretario de Estado de ese país, Marco Rubio. Según la BBC, la reunión se habría convocado a petición de EEUU.

Tras la reunión, Reino Unido, Alemania, Francia, Italia, Finlandia y la UE emitieron un comunicado en el que declaran que "Ucrania es libre para decidir su propio destino" y que "las negociaciones solo tendrán sentido en el contexto de un alto al fuego o de una reducción de las hostilidades". Asimismo, advirtieron que el "camino a la paz en Ucrania no puede ser decidido sin Ucrania". Se trata, así pues, de un rechazo frontal a los planes de Trump y Putin de 'congelar' la guerra a cambio de que Rusia se quede con parte del territorio de Ucrania. De acuerdo con esa cadena británica, Putin ha renunciado a sus pretensiones de ocupar toda Ucrania u obligar a ese país a desmilitarizarse.

El diario estadounidense 'Wall Street Journal' informó ayer de que en el encuentro los europeos expresaron su oposición total al plan de paz propuesto por Vladimir Putin al enviado especial de EEUU para la guerra de Ucrania, Steve Witkoff, según el cual, a cambio de un alto al fuego permanente, Rusia pasaría de controlar el 20% de Ucrania que ha conquistado a contar con el 30%.

En lo militar la guerra de Ucrania está acabada

La posición de los europeos es que Moscú solo mantendría lo conquistado. En el caso de que fuera a ocupar más, tendría que renunciar a parte de lo que ya tiene. Así, en el supuesto de que quisiera expandir sus posesiones territoriales en el este de Ucrania, debería abandonar territorios en el Sur. Putin reclama cuatro regiones ucranianas: Lugansk, Donetsk, Zaporiyia y Jersón, así como la península de Crimea, que se anexionó en 2014. Sus fuerzas no controlan totalmente el territorio de las cuatro regiones. Desde el verano de 2022, Rusia solo ha conquistado un 1% más de Ucrania que lo que ya tenía en ese momento.

El encuentro en la residencia de Chevening, que es el lugar de descanso de los ministros de Exteriores británicos, también puso sobre la mesa otras tres demandas de los europeos. La primera que, tal y como expresó ayer el presidente francés, Emmanuel Macron, tanto Europa como Ucrania participen en las negociaciones de paz, lo que supone deslegitimizar implícitamente la cumbre de Trump y Putin en Alaska. «El futuro de Ucrania no puede ser decidido sin los ucranianos», posteó Macron en sus redes sociales tras hablar con Zelenski. «Los europeos también deben ser necesariamente parte de la solución, ya que esto concierne a nuestra seguridad», concluyó.

El segundo elemento es un alto el fuego previo a cualquier solución, algo a lo que por ahora Putin se muestra renuente. Finalmente, los europeos exigen que el acuerdo conlleve garantías de seguridad para Ucrania, entre las que no descartan una posible adhesión a la OTAN de ese país en el futuro. Esa medida es necesaria porque el acuerdo de paz sería precario y, como mucho, la guerra se congelaría. Putin ya ha usado esa estrategia en los conflictos en los que ha expandido las fronteras rusas en Georgia y Moldavia.

Además de con Macron, Zelenski conversó ayer con varios líderes europeos en busca de apoyos. Entre ellos, el primer ministro británico, Keir Starmer, la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, y el presidente español, Pedro Sánchez. Este último reiteró su «total apoyo» ante «los últimos acontecimientos sobre el terreno». A través de un mensaje difundido en su cuenta de X, el presidente español se refirió así de forma implícita al próximo encuentro bilateral entre Trump y Putin, informa Marta Belver. «Nada de Ucrania sin Ucrania. Debemos permanecer unidos», recalcó.

Trump indicó que cualquier acuerdo probablemente implicaría «algún intercambio de territorios», pero no proporcionó más detalles.

El presidente Zelenski advirtió ayer de que Ucrania no podía violar su Constitución en cuestiones territoriales y agregó que «los ucranianos no entregarán sus tierras a los ocupantes». En un discurso en vídeo a la nación publicado en su canal de Telegram, Zelenski dijo que cualquier decisión sin Ucrania sería una decisión contra la paz. «No lograrán nada. Son decisiones fallidas. Son decisiones inviables. Y todos necesitamos una paz real y genuina», insistió.

Trump había comentado que «el presidente Putin, creo, quiere paz, y Zelenski quiere paz». Indicó que «para ser justos con el presidente Zelenski, recibirá todo lo que necesita, asumiendo que logremos algo». «Nada fácil», indicó Trump. «Pero vamos a recuperar algo. Vamos a hacer algunos cambios. Habrá algún intercambio de territorios, para el beneficio de ambos». La Constitución del país prohíbe al presidente ucraniano ceder territorio alguno. Algo parecido ocurre con la Constitución de Rusia, un país que incluso ha incorporado a su Carta Magna territorios que están en manos de Ucrania.

Anteriormente, Bloomberg News informó de que funcionarios estadounidenses y rusos estaban trabajando para llegar a un acuerdo que consolidaría la ocupación por parte de Moscú del territorio tomado durante su invasión militar. Según el supuesto acuerdo, Rusia detendría su ofensiva en las regiones de Jersón y Zaporiyia a lo largo de las líneas de batalla actuales. Un funcionario de la Casa Blanca afirmó que el artículo de Bloomberg era pura especulación. Un portavoz del Kremlin no respondió a una solicitud de comentarios, informa Reuters.

«Son decisiones que no pueden funcionar. Una paz que la gente respete», dijo en un mensaje en inglés publicado en X Zelenski, que había reclamado estar presente en una cumbre de líderes sobre el fin de la guerra, así como una participación europea. Analistas y diplomáticos han advertido que Putin podría estar más interesado en recrear la diplomacia para tener tiempo de castigar a Ucrania que en asegurar un acuerdo de paz.

El presidente ucraniano aludió indirectamente a las informaciones que se han filtrado sobre la supuesta propuesta de Trump a Putin, que de acuerdo con algunos medios pasaría por congelar el conflicto a cambio de levantar las sanciones a Moscú. «No vamos a recompensar a Rusia por lo que ha perpetrado», enfatizó, y señaló que todos los socios internacionales deben comprender «qué es una paz digna». Zelenski apuntó, por una parte, a que debe ser Rusia quien ponga fin a la guerra, ya que es quien la inició y quien la está alargando. También rechazó, una vez más, la posibilidad de que un acuerdo con Rusia implique una cesión, al menos formal, de los territorios ucranianos. El presidente ucraniano concluyó resaltando su disposición a trabajar con Trump y con el resto de sus socios en pos de una paz «real y, sobre todo, duradera», que no esté en peligro de «colapsar a causa de los deseos de Moscú».

El desenlace del proceso sigue siendo incierto. Más allá de la cuestión territorial, habría que resolver varios asuntos igualmente espinosos. Entre ellos, si Zelenski obtendría garantías de seguridad de Europa, Estados Unidos o la OTAN para evitar que Rusia suspenda y luego reanude una guerra para intentar apoderarse del resto del país. Putin también ha exigido límites estrictos a la cantidad de armas que Occidente podría proporcionar a Ucrania, y ha mostrado su deseo de cambiar el Gobierno en Ucrania.

El Kremlin confirmó la cumbre del viernes. Además, anunció una posible segunda reunión entre Putin y Trump. Quieren celebrarla en territorio ruso. Trump y Putin no se han reunido en persona desde la cumbre del G-8 de 2019 en Osaka, pero han hablado por teléfono en múltiples ocasiones.

Ucrania rechaza concesiones en plena tensión diplomática

Zelenski se planta: Ucrania no cederá territorio pese a las presiones internacionales
El presidente de Ucrania reafirma que ningún acuerdo de paz incluirá la cesión de tierras ucranianas a Rusia
Paul Monzón. periodista digital. 10 Agosto 2025

El presidente ucraniano Volodímir Zelenski ha lanzado un mensaje claro ante la inminente cumbre entre Donald Trump y Vladímir Putin en Alaska: “Los ucranianos no regalarán sus tierras al ocupante”.

La firmeza con la que Kiev rechaza cualquier posible concesión territorial marca un nuevo episodio en una guerra que lleva más de tres años redefiniendo el mapa político y económico de Europa y el mundo.

La posición ucraniana se cristaliza justo cuando Washington y Moscú preparan una reunión que podría marcar un giro en el conflicto. Sin embargo, los últimos movimientos diplomáticos han encendido las alarmas en Kiev. Trump ha sugerido públicamente que un intercambio territorial podría ser la llave para desbloquear la paz entre Rusia y Ucrania, una posibilidad que el Kremlin no ha descartado y que algunos aliados occidentales ven como inevitable ante la fatiga bélica. Zelenski, lejos de aceptar presiones externas, ha insistido en que “la respuesta a la cuestión territorial ya está en la Constitución de Ucrania” y que cualquier negociación sin el consentimiento ucraniano “es una decisión contra la paz”.

Antecedentes: tres años de resistencia

La guerra comenzó en febrero de 2022, cuando Rusia invadió varias regiones ucranianas, incluida Crimea y partes del Donbás. Desde entonces, Ucrania ha resistido a costa de enormes sacrificios humanos y materiales, apoyada por la OTAN y la Unión Europea. La unidad nacional ucraniana se ha consolidado alrededor de dos ideas clave: defensa del territorio y rechazo a cualquier “paz impuesta” desde fuera.

En estos años, Kiev ha perdido control sobre regiones estratégicas como Jersón, Zaporiyia y parte del Donetsk, pero nunca ha aceptado legalmente su cesión.

Zelenski ha repetido que “nadie podrá desviarse” del mandato constitucional sobre las fronteras nacionales.

La comunidad internacional, especialmente Europa, ha respaldado esta postura con nuevos tramos de ayuda financiera—el último, superior a 3.200 millones de euros—y sanciones renovadas contra Moscú. Incluso países tradicionalmente neutrales han endurecido su discurso ante lo que consideran un intento ruso de modificar fronteras por la fuerza.

¿Qué implica la cumbre Trump-Putin?

El anuncio de Trump sobre su próxima reunión con Putin en Alaska ha elevado la tensión política:

Se espera que ambos líderes discutan propuestas para finalizar la guerra.

La idea de un “intercambio territorial” ha sido calificada como “medida polémica” por medios estadounidenses.

El Kremlin ve lógica la elección del lugar por su proximidad histórica y geográfica a Rusia.

Sin embargo, Zelenski critica que Ucrania quede al margen: “No puede terminar sin nosotros, sin Ucrania”. El líder ucraniano considera que cualquier acuerdo donde Kiev no esté presente está condenado al fracaso. “Son decisiones fallidas. Son decisiones inviables”, afirmó hoy en redes sociales.

Las claves del rechazo ucraniano

El argumento central es sencillo pero contundente:

La Constitución ucraniana prohíbe renunciar a territorio soberano.

Ceder tierra sería premiar al agresor y abrir un peligroso precedente internacional.

La sociedad ucraniana rechaza mayoritariamente cualquier tipo de cesión.

Zelenski insiste en “soluciones reales” para garantizar una paz duradera; no acepta soluciones impuestas ni temporales.

En palabras del presidente: “El pueblo ucraniano merece una paz digna. Pero todos los socios deben comprender lo que es una paz digna”. El mensaje va dirigido tanto a Estados Unidos como a los países europeos que presionan por una solución rápida.

Reacciones internacionales

Las potencias europeas han reiterado su apoyo financiero y político a Kiev. Mientras tanto:

El Consejo de la Unión Europea aprobó ayer un nuevo desembolso millonario para sostener la resistencia ucraniana.

Los países bálticos y Polonia han reafirmado públicamente que “no puede haber paz sin justicia”.

China y Turquía han pedido negociaciones directas pero sin imponer condiciones previas.

Estados Unidos, bajo el liderazgo renovado de Trump, busca un acuerdo pragmático; sin embargo, las divisiones internas sobre hasta dónde presionar a Ucrania son evidentes. Mientras tanto, Moscú mantiene su exigencia sobre Crimea y otras regiones ocupadas como condición para cualquier retirada militar.

Perspectivas futuras

La evolución del conflicto dependerá del resultado de la cumbre Trump-Putin. Si se intenta forzar una solución basada en concesiones territoriales, todo indica que Kiev resistirá diplomáticamente e incluso militarmente. Zelenski está dispuesto a colaborar con socios internacionales para alcanzar una paz “real y duradera”, pero no aceptará fórmulas que impliquen perder parte del país.

Los analistas internacionales coinciden en varios puntos:

Sin participación directa de Ucrania, cualquier acuerdo será difícilmente aplicable sobre el terreno.

La presión social interna sobre Zelenski le obliga a mantener una línea dura.

El riesgo de nuevas ofensivas militares o escaladas si fracasa la vía diplomática sigue presente.

La guerra aún marca el pulso geopolítico global. Este sábado, las declaraciones del presidente Zelenski confirman que Ucrania no cederá territorio bajo ninguna circunstancia. La comunidad internacional observa con cautela mientras se prepara una reunión decisiva lejos del frente pero muy cerca del futuro europeo.

Los drones ucranianos, los mejores del mundo
Pedro F. Barbadillo. okdiario. 10 Agosto 2025

En los próximos años, la invasión de Ucrania por Rusia quizás se conozca como «la guerra de los drones». Estos aparatos están provocando una enorme revolución en los conflictos bélicos, similar a la introducción de la aviación y los tanques en el siglo XX y el arcabucero en el siglo XVI.

En la primera fase de esta guerra, en 2014, ya aparecieron los drones. A partir de la guerra total, iniciada en febrero de 2022, se han convertido en un elemento esencial y hasta principal. Al igual que ocurrió con los primeros aviones, al principio servían para los reconocimientos del terreno y de los movimientos del enemigo, pero ya se han convertido en armas destructoras, empleadas contra edificios, tanques, barcos y soldados.

Ucrania y Rusia, así como los aliados respectivos (Estados Unidos, Irán, China, Israel, Turquía…), están desarrollando nuevos modelos y estudiando las mejoras que realiza el otro bando. Los técnicos que los manejan, en unas ocasiones se encuentran a cientos de kilómetros del frente y en otras a una distancia mínima, son más valiosos que los comandos y los infantes; o al menos causan más daños. También recurren a los drones otros ejércitos, como el iraní y el israelí, aunque el escenario de combate donde se están desplegando las principales innovaciones en esta nueva arma es el ruso-ucraniano.

Y algunas de ellas son la velocidad (ya hay drones que superan los 100 kilómetros por hora) y la autonomía de vuelo. Por ejemplo, en las últimas semanas, los ucranianos han amargado las vacaciones a los rusos privilegiados mediante el envío de cientos de aparatos a rondar los aeropuertos de San Petersburgo y Moscú, con lo que numerosos vuelos se han aplazado o suspendido a fin de evitar choques y aviones estrellados.

En junio de 2025, el presidente Zelensky nombró a Róbert Bródi, de 49 años y antes de la guerra empresario del sector agrícola, jefe de las Fuerzas de Vehículos Aéreos No Tripulados de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Al poco de comenzada la invasión, Bródi dejó las trincheras para organizar por su cuenta una unidad de drones. A medida que ésta creció y resultó cada vez más efectiva contra los rusos, también lo hizo la fama de su comandante. Para Moscú es uno de sus mayores enemigos, por lo que ha intentado matarlo varias veces.

Hace unos días, Bródi participó en una reunión de mandos de la OTAN en la base militar de EEUU en Wiesbaden (Alemania), desde donde se ayuda a los ucranianos en su lucha contra los rusos, y transmitió al auditorio parte de su experiencia. Su charla se encuentra en redes sociales y aquí extractamos algunas de sus frases.

Dirijo 12 unidades de pilotos de drones. El 95 % de sus miembros eran civiles antes de la guerra: empresarios, deportistas, abogados, cantantes… Representamos solo el 2% del ejército ucraniano y, sin embargo, destruimos a uno de cada tres efectivos y blancos enemigos.

Putin ha encontrado un arma muy conveniente, barata y eficaz para intimidar a la población civil ucraniana y destruir nuestra infraestructura. Son los Shahed (drones kamikaze ruso-iraníes).

No hay tanque en el mundo que no pueda ser detenido por un dron de que cuesta en torno a 300 o 400 dólares dó Apuesto lo que sea a que, por muy bien protegido que esté un tanque, un dron fabricado con componentes ucranianos lo detendrá. Por eso afirmo que los drones ucranianos son los mejores del mundo.

Los drones crean una zona de aniquilación, que actualmente se extiende unos 20 kilómetros alrededor del frente en Ucrania. El próximo objetivo es reemplazar a la infantería ucraniana con sistemas robóticos terrestres para gestionar toda la logística del frente.

Estamos construyendo un muro escalonado de varias capas, mucho más grande que la Gran Muralla China, que detendrá todo lo que vuele hacia nosotros, desde aviones, misiles y drones de ataque hasta los drones de reconocimiento.

Nuestra experiencia es invalorable para el mundo civilizado, ya que cualquier país podría enfrentarse a esta misma situación. No sé qué estado miembro de la OTAN podría proteger una sola ciudad mientras le atacan 200 o 300 Shaheds diarios durante una semana, sin parar. La doctrina de seguridad nacional de ustedes requiere una reevaluación urgente.

El año pasado visité una base de un país miembro de la OTAN en Europa. Me mostraron unas instalaciones bien organizadas, con muchísimo equipo, y me preguntaron qué opinaba. Sin acercarse a menos de 10 kilómetros, cuatro equipos de pilotos ucranianos podrían convertir ese lugar en Pearl Harbor en 15 minutos.

Estas tecnologías son tan accesibles y baratas que, si cayeran en manos de terroristas, un centenar de éstos podrían trastocar el orden de cualquier país.

Nuestra lucha, junto con nuestros aliados, nos beneficia a todos. Nosotros pagamos con nuestras vidas; ustedes se benefician de nuestra experiencia, que compartiremos con las naciones que respaldan a Ucrania.

Lamentablemente, las fuerzas armadas españolas dan la impresión de estar ausentes de esta revolución tecnológica. Los recursos se emplean en ir a buscar de las pateras puestas en el mar por los traficantes de esclavos y en desplegar algunos aviones en el Báltico y el mar Negro; y esos cazas F-18, de 80 millones de dólares, pueden ser abatidos por drones de 400 dólares manejados por un muchacho barbilampiño.

La democracia no es lo que nos contaron
La Constitución y las leyes influyen, pero no determinan la calidad de un sistema político
Juan Manuel Blanco. Vozpópuli. 10 Agosto 2025

Una de las confusiones, o manipulaciones, más graves que arraigó tras la Transición en España fue la creencia de que el sistema democrático consiste solamente en el voto, en el principio de la mayoría. Y la convicción de que “democrático” es sinónimo de bueno y “no democrático” de malo. Como consecuencia, el voto otorgaría legitimidad absoluta: quien gana las elecciones quedaría autorizado a gobernar sin controles ni límites. No importa que las decisiones del gobierno sean insensatas, corruptas o dudosamente constitucionales, porque, al haber sido elegido, “son democráticas”.

Esta absurda idea, que considera la democracia un fin en sí misma, un fetiche, conduce a creer que las instituciones del Estado elegidas por votación, como el Parlamento, tienen mucha más legitimidad que las no elegidas, como la judicatura o los órganos reguladores. Los gobiernos utilizaron esta confusión como coartada para ir desmontando piezas clave del sistema constitucional; órganos que deben ser neutrales acabaron dominados por los partidos. Ahora, Pedro Sánchez pretende “democratizar” la justicia, esto es, crear una nueva vía de acceso a la judicatura, donde la última palabra la tenga el Congreso, es decir, los partidos.

Sometidos a leyes justas

Curiosamente, esta pretendida “democratización” implicaría un paso decisivo hacia la aniquilación de la democracia. James Madison formuló en The Federalist Papers (1788) una de las paradojas más profundas del constitucionalismo liberal: para que la democracia funcione, algunos de los poderes del Estado no pueden provenir del voto popular. Unos deben ser elegidos, pero otros no, gozando todos ellos de la misma legitimidad. Madison había puesto el dedo en la llaga.

Los grandes teóricos del constitucionalismo no consideraban la democracia un fin, sino un medio para preservar la libertad y los derechos, para impedir la tiranía y el abuso, para lograr gobiernos con políticas sensatas o para canalizar los conflictos sociales por vías pacíficas. Sabían que la voluntad mayoritaria, aun siendo importante, podía llegar a ser injusta o abusiva, incluso despótica: era necesario someterla a ciertos frenos. Por ello, la democracia liberal se asienta sobre un pilar aún más importante que el voto: la primacía del derecho sobre el poder político. Aun siendo elegidos, los gobernantes quedan sometidos a unas leyes justas y previsibles y deben rendir cuentas de sus acciones. El papel fundamental de una constitución es establecer límites vinculantes al ejercicio del poder para proteger a los ciudadanos de los abusos del gobierno. Son estos límites, más que los votos, los que definen la democracia. Una dictadura no se caracteriza por la ausencia de votos (en muchas se vota) sino porque el poder se ejerce sin más límites que los que el dictador quiera voluntariamente imponerse.

El régimen surgido de la Transición quebró muy pronto este principio. Febrero de 1980, el referéndum andaluz para el acceso a la vía autonómica rápida otorga una abultada mayoría al sí, pero la Constitución establece un listón mucho más elevado, que no se alcanza. La mayoría dice sí, pero la Constitución señala que no, generándose un choque entre dos legitimidades. Aunque en democracia debe prevalecer el derecho (la mayoría solo puede ejercerse a través de reglas legales previamente aprobadas), el presidente, Adolfo Suárez, da por bueno el resultado, saltándose a la torera la recién aprobada Constitución. El hecho creaba un terrible precedente: el poder político podía violar la Constitución si existía suficiente consenso. Las reglas quedaban a merced de la presión política, social o mediática: un peligroso camino hacia la arbitrariedad.

La decisión de Suárez ilustra el problema central: no hay fuerza capaz de sujetar u obligar a los gobiernos (raramente repletos de personas rectas y virtuosas) cuando deciden traspasar los límites. Para romper esta potestad absoluta, pensadores como Montesquieu propusieron una arquitectura constitucional que repartiese el poder entre diversos órganos o instituciones, de manera que cada uno vigilase y controlase a los demás, dentro de un complejo equilibrio de frenos, pesos y contrapesos, con múltiples puntos de fricción y fuertes encontronazos entre instituciones cada vez que alguna intenta traspasar los límites, siendo el voto ciudadano un control de última instancia sobre el gobierno. Al contrario que en las dictaduras, en democracia no son los ciudadanos sino el poder el que está sometido a un control y vigilancia constantes.

En la necesidad de que funcionen correctamente estos controles mutuos, los “checks and balances”, se enmarca la paradoja de Madison: para favorecer los encontronazos entre instituciones, los órganos deben nacer de fuentes distintas porque, de lo contrario, acabarían en connivencia. Si algunos órganos tienen su origen en el voto, otros no pueden tenerlo porque entonces surgirían de la misma fuente, rompiendo el equilibrio institucional. Los órganos electos obtienen su legitimidad del sufragio y deciden las políticas públicas. Pero la misión de los órganos no electos es garantizar el cumplimiento de las reglas del juego: los jueces, el Tribunal Constitucional o los órganos reguladores deben actuar como árbitros, no como jugadores. El rigor técnico, la lealtad institucional y, sobre todo, la neutralidad, son sus fuentes de legitimidad.

En España, la gente aceptó de muy buen grado, que, en lugar de ser neutrales, órganos de control como el Tribunal Constitucional, CGPJ, Tribunal de Cuentas, incluso RTVE, etc. fueran regidos por una representación proporcional de los partidos. Parecía más “democrático”, pero, tal como advirtió Madison, las instituciones de la misma procedencia (las direcciones de los partidos) no se controlan entre sí; mucho menos al gobierno. Desactivados los controles, la democracia se convertía en un decorado de cartón piedra. “Montesquieu ha muerto”, declaró Alfonso Guerra.

Desgraciadamente, ni siquiera una adecuada arquitectura constitucional es suficiente pues no hay ley, por muy perfecta que sea, capaz de obligar a las instituciones a vigilarse en lugar de mirar hacia otro lado o confabularse para repartirse el pastel. La Constitución y las leyes influyen, pero no determinan la calidad de un sistema político. En última instancia, las instituciones están formadas por seres humanos que se comportan según lo que ven en los demás, lo que captan en el ambiente.

El proceso comenzó muy pronto en España

El lubricante que mantiene en funcionamiento la maquinaria constitucional son unas normas informales sanas, esas reglas no escritas, basadas en costumbres, convenciones y expectativas, que marcan la conducta de los individuos que forman las instituciones. La calidad de las normas informales puede cambiar con el tiempo, pero de manera asimétrica. Se corrompen fácilmente, siguiendo el principio del cristal roto: cualquier minúscula vulneración, abre paso a transgresiones mucho mayores. Pero, una vez degradadas, requiere un esfuerzo titánico regenerarlas. En España, el grave deterioro institucional no se debió a grandes cambios legales sino a una fuerte degeneración de las normas informales, favorecida por las erróneas creencias sobre el significado de la democracia. El proceso comenzó muy pronto, avanzando primero con lentitud y acelerándose después. Dos ejemplos lo ilustran.

La función de los secretarios e interventores municipales, funcionarios de acreditación nacional, es garantizar el cumplimiento de la legalidad en los ayuntamientos. Al tener un origen no municipal, actúan como contrapeso frente a la discrecionalidad de alcalde y concejales, precisamente en el país que acuñó la palabra “alcaldada” como sinónimo de abuso o arbitrariedad. La ley no cambió, pero su capacidad de supervisión fue languideciendo en la práctica. Especialmente en ayuntamientos pequeños y medianos, muchos alcaldes y concejales aplicaron presiones informales para ir quebrando su voluntad supervisora. Los descalificaron como “no elegidos por el pueblo” y, por tanto, carentes de legitimidad para cuestionar las decisiones del pleno municipal. Muchos acabaron contemporizando ante la constante presión y, una vez roto el cristal, la bola comienza a rodar cuesta abajo.

El Tribunal Constitucional es otro caso paradigmático. Su método de elección apenas ha cambiado desde 1978 pero su profesionalidad, neutralidad y fiabilidad han caído hasta el subsuelo. El grueso de magistrados (8 de 12) es elegido por Congreso y Senado, con la aprobación de 3/5 de la cámara. Al principio, los políticos entendían tácitamente que profesionalidad y lealtad institucional eran los requisitos para la aprobación: los partidos mostraban una lógica cooperativa, buscando un TC cualificado y neutral. Pero el TC rompió su primer cristal en la sentencia Rumasa (1983), un caso con grandes repercusiones políticas y económicas. Al sentirse presionados por el gobierno, los magistrados se doblegaron, tomando una decisión pragmática, quizá para evitar el conflicto con un ejecutivo recién investido con amplia mayoría votos. El árbitro se amilanaba ante la enorme popularidad del jugador. Esta primera transgresión modifica la percepción sobre los límites permitidos, hace que la segunda parezca menos grave y las siguientes muy leves, impulsando el deterioro de las normas informales.

El TC mantuvo cierta profesionalidad e independencia algunos años más, pero los partidos ya habían olido la sangre: los magistrados eran sensibles a la lógica política en escenarios críticos, priorizando la estabilidad sobre el control estricto de la legalidad. Detectado el talón de Aquiles, los políticos comenzaron a considerar al TC como un órgano influenciable y, más adelante, manejable. La lógica cooperativa dio paso a la lógica de reparto entre partidos, con candidatos cada vez menos cualificados y más partidistas. El TC se transformó en un mini parlamento, con normas informales internas muy cambiadas: de una cultura colegiada, técnica y deliberativa, marcada por la neutralidad, se pasó a una cultura de bloques, obediencia y confrontación con el sector opuesto, dónde la identidad política determina el voto. Hoy es un circo, dónde cada uno salta al chasquido del látigo de su amo: ningún país serio toleraría tan lamentable espectáculo.

Desintegrados los controles, el gobierno puede promulgar leyes de dudosa legitimidad, tomar decisiones arbitrarias, conculcar derechos, favorecer a los amigos o apropiarse impunemente de dinero público. Pero el caldo de cultivo para esta degeneración se gestó en las creencias erróneas de la gente. Durante décadas, libros de texto escolares y medios de comunicación difundieron el mensaje de que la democracia es solo votar, que la legitimidad solo proviene del respaldo electoral.

La deficiente pedagogía generó ciudadanos que aceptan con naturalidad disparates tales como que los partidos se repartan las instituciones de control o que algunos jueces regresen al juzgado tras haber sido ministros. La actitud de los españoles contrasta con la visión, hace algunas semanas, de multitud de conscientes ciudadanos protestando en las calles de Ucrania, desafiando misiles y drones, contra una ley que limitaba la independencia del órgano encargado de perseguir la corrupción.

La escuela debe comenzar urgentemente a educar a niños y adolescentes en las complejidades de sistema democrático y en el ineludible deber ciudadano de estar formado, informado y alerta. También los medios deben ser constantes en esta crucial pedagogía. Un amplio entendimiento del significado de la democracia no resuelve por sí solo nuestros graves problemas, pero es un paso imprescindible pues genera el entorno apropiado para su resolución.

Estos españoles están locos
Luis Ventoso. el debate. 10 Agosto 2025

Resulta que si se les pregunta, una mayoría arrolladora prefiere que el Estado central recupere competencias en detrimento de las autonomías

lo dicen el sentido común y la tozuda experiencia de la historia. Los países que mejor funcionan son los más uniformes, donde sus ciudadanos comparten un proyecto común y están comprometidos con él, y que cuentan además con un Gobierno sólido y eficaz, capaz de afrontar con solvencia los muchos problemas serios que siempre surgen.

Por el contrario, un país donde los vecinos de una esquina y los de otra se llevasen a matar en nombre de rancios resabios paletos, donde el Gobierno fuese un trampantojo, donde se premiase la insolidaridad... perdería impulso y se vería sumido a medio plazo en la mediocridad. Esa nación astillada por dentro saldría a competir con las otras del mundo con unas esposas de plomo atadas a sus tobillos.

Y, sin embargo, el imperio mediático de la izquierda ha hecho cundir la sensación de que los españoles preferimos lo contario a lo que dicta el sentido común. Es decir, según la propaganda oficialista dominante nos chifla el modelo territorial que preconiza el PSOE. Ese gran invento consiste en que en vez de una nación al uso ahora somos «una España plurinacional», o un «Estado confederal», o una «nación de naciones», con ciudadanos de primera (catalanes y vascos) y de segunda (todos los demás). Un país (o ex-país) donde el Gobierno central se ha quedado prácticamente en el chasis, porque casi todo ha sido transferido a los ejecutivos regionales. Como guinda, el Gobierno de España está sometido a partidos que aspiran a destruirla. Los dirigentes independentistas incluso nos imparten altivas lecciones sobre ese proyecto suicida a través de las propias televisiones españolas, donde unos lamentables periodistas de izquierdas —o de seudo derecha— tratan con vaselina a los enemigos declarados de su país.

¿Pero qué pasaría si les preguntásemos su opinión sobre el modelo territorial a los españoles de carne y hueso? Imaginemos un referéndum de respuesta «sí» o «no» con esta única pregunta: «¿Debe España tener un Gobierno central más fuerte recuperando competencias autonómicas?».

Si nos fiamos de la música de nuestro Gobierno y sus socios de la «coalición progresista» y del tono de las televisiones del régimen, la respuesta será un clamoroso «nooo», jamás de los jamases, para nada. En todo caso, son las regiones las que tienen que ir «avanzando en su autogobierno», que diría el farisaico PNV y los ministros encargados de la «desinflamación» con el separatismo.

Este periódico se ha tomado la molestia de plantear la pregunta en una encuesta. Y al parecer los españoles se han vuelto absolutamente locos, porque resulta que el 53 % dicen que prefieren un Gobierno central más fuerte en detrimento de las comunidades, y solo un 26 % opina lo contario. En el caso de los votantes del PP y Vox la cifra de los que quieren más competencias para el Estado central llega al 78 %.

Pero resulta —¡oh maligna sorpresa fachosférica!— que quienes votan al PSOE de las milongas plurinacionales también están en la misma línea: un 51 % quieren más Gobierno central y menos poder autonómico, y solo un 23 % está en lo contrario, en la tesis de Sánchez, Illa y Zapatero. Tan solo los votantes nacionalistas apoyan mayoritariamente el modelo actual de Gobierno débil y autonomías al cargo de todo (79 % a favor).

Es decir, unas minorías políticas nos tienen sometidos a una fabulación en la que nos hacen creer que estamos encantados con el reino de taifas y con el desguace del Estado, cuando resulta que la mayoría de los españoles, de derechas y de izquierdas, desean exactamente lo contario: más Gobierno central y menos autonomismo. No quieren un Gobierno débil, que se lava las manos en cuanto vienen mal dadas y le traspasa el marrón a las comunidades, que se ha quedado reducido a un gabinete de consejos igualitarios y cuya tarea estelar es el pago de regalías al independentismo.

Nos están tomando el pelo con el modelo territorial y hay que decirlo bien alto: no, los españoles no queremos más autonomismo, sino todo lo contrario. Y harían bien los jerarcas del PP en leerse con atención los datos de la encuesta y tomar nota. La gente razona, tiene sentido común, y no quiere convertir España en una colección de cantones insolidarios y enfrentados a codazos en nombre de sus fijaciones localistas. Lo españoles quieren un gran país, que existe, que está ahí. Me parece que se llamaba... España, así de sencillo.

Un país fracturado y cada día más desigual e injusto
La mayoría de los españoles apoya que el Estado español recupere competencias de las CC.AA. frente al desguace perpetrado por Sánchez
Un 55 % de los ciudadanos apoya reforzar el Estado frente a las cesiones de Sánchez a sus socios independentistas
Periodista Digital. 10 Agosto 2025

España despierta este verano con un debate que parecía olvidado, pero que resurge con fuerza: ¿debe el Estado central recuperar competencias cedidas a las comunidades autónomas?

La cuestión, agitada por las políticas de Pedro Sánchez, ha vuelto al centro del escenario, alimentada por la certeza de que el marido de Begoña usa la descentralización como moneda de cambio para mantenerse en el poder.

Según una reciente encuesta de Target Point, publicada en El Debate, un contundente 55 % de los españoles apuesta por recentralizar competencias, reflejando un malestar transversal ante lo que muchos ven como un “desguace” institucional.

Concesiones como la quita de deuda a Cataluña, la transferencia de competencias en inmigración, transporte o seguridad —con los Mossos, la Ertzaintza y la Policía Foral asumiendo roles clave—, han intensifican la sensación de que el modelo autonómico se desborda, alejándose de su espíritu original y de que España como nación está en almoneda.

¿Debe el Estado central recuperar competencias cedidas a las comunidades autónomas?

Una cuestión que parecía enterrada en la Transición ha vuelto a primera línea, agitada por la sensación creciente de que Sánchez ha convertido la política territorial en moneda de cambio para asegurar su supervivencia parlamentaria.

No se trata solo de una cuestión ideológica, sino de una reacción transversal al “desguace” institucional que muchos perciben en las últimas decisiones del Ejecutivo central.

El contexto no es menor.

En los últimos años, el amo del PSOE ha llevado a cabo una serie de concesiones estratégicas a sus socios separatistas y nacionalistas.

Desde la quita multimillonaria de deuda a Cataluña (más de 17.000 millones de euros) hasta la transferencia progresiva de competencias clave en inmigración, gestión de menores extranjeros no acompañados, trenes de cercanías o incluso la gestión fiscal y tributaria propia, el modelo autonómico español ha experimentado una centrifugación sin precedentes.

Especialmente simbólicas han resultado las medidas relativas a la seguridad y la justicia: los Mossos d’Esquadra patrullan ahora puertos y aeropuertos catalanes, mientras que la Ertzaintza vasca y la Policía Foral navarra han asumido competencias antes exclusivas del Estado, como el control del tráfico o la gestión penitenciaria.

Un país fracturado ante el modelo territorial

La respuesta ciudadana no se ha hecho esperar. La encuesta revela matices interesantes:

El 73 % de los votantes de Vox y el 73 % del PP apuestan por devolver poder al Gobierno central, incluso si ello supone reducir el autogobierno regional.

Entre los simpatizantes del PSOE, esa cifra desciende al 52 %, un dato nada desdeñable si se tiene en cuenta la tradicional defensa socialista del modelo autonómico.

En Podemos y Sumar, solo un tercio comparte esa visión recentralizadora.

Resulta llamativo que incluso entre quienes han sostenido históricamente posturas autonomistas —como algunos votantes socialistas— crece el hartazgo ante lo que consideran “cesiones sin contrapartidas” o privilegios asimétricos. El respaldo a fortalecer el Estado central no es solo patrimonio de una derecha que clama por “la unidad nacional”, sino también síntoma del malestar ante lo que muchos interpretan como una erosión silenciosa del principio de igualdad entre españoles.

Las claves políticas: cesiones, pactos y desgaste

El origen inmediato de este malestar se encuentra en una cadena de pactos con independentistas catalanes y vascos:

Quita histórica a Cataluña: más allá del impacto financiero, abre el debate sobre si otras comunidades pueden exigir trato semejante.

Cupo catalán: emulando el sistema vasco y navarro, amenaza con romper la “caja común” y crear desigualdad fiscal entre territorios.

Gestión penitenciaria vasca: permitió el traslado masivo de presos etarras al País Vasco y Navarra, generando polémica sobre seguridad y memoria democrática.

Transferencia policial: desaparición efectiva de la Guardia Civil en carreteras navarras y presencia autonómica reforzada en infraestructuras clave.

Estos movimientos han sido interpretados por amplios sectores sociales como un precio político pagado para garantizar apoyos parlamentarios puntuales —ya sea para aprobar presupuestos o evitar mociones adversas— más que como parte de una estrategia federalista coherente. El término “desguace” utilizado en medios críticos no es casual: transmite la impresión de desmontaje pieza a pieza del entramado institucional construido desde 1978.

El factor Vox y PP: recentralización como bandera

En este escenario polarizado, tanto Vox como Partido Popular han encontrado terreno fértil para reivindicar la recentralización como solución. Sus líderes insisten en que solo un Estado fuerte puede garantizar igualdad y cohesión. Las cifras lo avalan: el 73 % de sus votantes respaldan sin matices devolver competencias clave al Ejecutivo central. El discurso va más allá del simple rechazo al independentismo; plantea dudas sobre la viabilidad financiera y operativa del modelo autonómico tal como está diseñado actualmente.

No obstante, esta postura no está exenta de riesgos políticos. Los partidos regionalistas —y algunos barones autonómicos— advierten que cualquier paso atrás podría generar tensiones mayores e incluso alimentar el victimismo nacionalista. Como ejemplo reciente, Nueva Canarias alertaba hace pocas semanas sobre cómo cualquier pacto PP-Vox podría poner “en riesgo el autogobierno democrático” canario.

El PSOE entre dos aguas: pragmatismo o desgaste

El PSOE vive su propio dilema interno. Aunque más de la mitad de sus votantes son proclives a reforzar el Estado central (52 %), la dirección federal mantiene su apuesta por el diálogo territorial e incluso por fórmulas asimétricas adaptadas a cada comunidad autónoma. Pedro Sánchez ha defendido reiteradamente que estas cesiones son necesarias para asegurar la estabilidad parlamentaria y evitar bloqueos institucionales. Sin embargo, voces críticas dentro del propio partido temen un coste electoral elevado si cala entre su electorado la imagen de debilidad ante los nacionalismos periféricos.

El equilibrio es delicado: mientras algunos líderes territoriales socialistas reclaman mayor uniformidad y control estatal, otros temen perder poder e influencia regional frente a una hipotética recentralización impulsada desde La Moncloa.

La opinión pública, entre el hartazgo y la incertidumbre

La percepción generalizada es que la descentralización ha llegado a un punto crítico. Muchos ciudadanos cuestionan si tiene sentido mantener diferencias tan marcadas en educación, sanidad o fiscalidad según el lugar donde se resida. El argumento recurrente es sencillo: “mismos derechos, mismas obligaciones”. Pero no faltan quienes advierten contra una respuesta emocional que olvide los beneficios históricos del modelo autonómico para cohesionar territorios diversos.

Pese al ruido político, el sondeo revela también un porcentaje significativo (11 %) que admite no tener una opinión clara sobre este complejo dilema. Es posible que parte del electorado esté saturado tras años de disputa territorial sin soluciones definitivas.

Curiosidades y datos llamativos sobre el caso

En Cataluña se estudia implantar un sistema fiscal propio inspirado en el concierto vasco; algo impensable hace solo una década.

Navarra fue pionera en obtener transferencias exclusivas en materia de tráfico; desde entonces ni rastro visible de Guardia Civil en sus carreteras.

El traspaso penitenciario al País Vasco permitió trasladar más presos etarras allí en dos años que en toda la década anterior.

Pese a todo, solo un tercio del electorado progresista apoya abiertamente devolver competencias al Estado central; pero entre jóvenes menores de 30 años ese porcentaje sube ligeramente.

La expresión “desguace institucional” —popularizada por tertulianos críticos— ya forma parte habitual del debate mediático sobre España.

La batalla por las competencias territoriales sigue abierta… Y vista la tendencia demoscópica, todo apunta a que marcará buena parte del curso político venidero.

Escándalos y crisis interna sacuden al PSOE y al Ejecutivo
La debilidad de Sánchez y la corrupción delo PSOE sumen a España en el bloqueo y la parálisis
La crisis de liderazgo de Pedro Sánchez y la oleada de casos de corrupción en el PSOE amenazan con paralizar la acción del Gobierno y sumir a España en una incertidumbre sin precedentes
Mario Lima. periodista digital. 10 Agosto 2025

La debilidad política de Pedro Sánchez y los escándalos de corrupción que envuelven al PSOE han sumido a España en un estado de bloqueo y parálisis institucional. Las decisiones erráticas del marido de Begoña, sus constantes claudicaciones ante separatistas y filoterroristas, marcadas por una gestión opaca e ineficaz, han erosionado de forme irreversibles la confianza ciudadana.

El verano español ha alcanzado temperaturas insólitas, y no solo por la canícula.

La figura de Pedro Sánchez se tambalea acosada por una crisis de credibilidad que combina los peores ingredientes: escándalos de corrupción en el PSOE, gestión errática y un Ejecutivo incapaz de sacar adelante sus propias iniciativas. La trama que envuelve al exsecretario de Organización socialista, Santos Cerdán, ha desatado un terremoto en la cúpula del partido, con ramificaciones judiciales, políticas y sociales que afectan a la gobernabilidad del país.

Los datos son demoledores: más de 1.940 millones de euros en juego según las investigaciones policiales y judiciales, figuras clave del partido implicadas —incluido el entorno familiar del propio presidente—, y una ciudadanía que observa atónita cómo los pilares institucionales tiemblan.

El caso Cerdán se suma a una larga serie de escándalos socialistas, desde los ERE de Andalucía hasta la trama «Tito Berni», pasando por el controvertido papel de Koldo García y el exministro Ábalos. La gota que ha colmado el vaso: la entrada en prisión provisional del propio Cerdán, acusado nada menos que de pertenencia a organización criminal y blanqueo de capitales.

La reacción oficial: promesas, auditorías y huida hacia adelante

Lejos de plantear su dimisión o convocar elecciones anticipadas —como reclama buena parte de la oposición—, Pedro Sánchez opta por una huida hacia adelante. Comparece ante los medios para pedir perdón, anuncia una auditoría externa en las cuentas del partido y promete un Plan Estatal de Lucha contra la Corrupción, “ambicioso” y “realista”, elaborado junto a la OCDE. Pero los gestos no convencen ni a propios ni a extraños: el 71% de los españoles exige una moción de confianza; incluso un 43% del electorado socialista ha perdido la fe en su líder.

Las medidas incluyen:

Creación de una Agencia Independiente de Integridad Pública.

Extensión del control antifraude a toda la Administración.

Auditorías externas obligatorias para partidos políticos con financiación pública relevante.

Reducción drástica del umbral para declarar donaciones.

Sin embargo, el anuncio se percibe más como cortina de humo que como auténtica renovación ética. Sánchez insiste en su inocencia personal (“el culpable es quien comete el delito”, proclama) pero asume responsabilidad política por sus nombramientos. Mientras tanto, no concreta ni fechas ni relevos claros en la Ejecutiva; tampoco despeja dudas sobre futuras dimisiones o cambios profundos.

Incompetencia ministerial y fractura en el bloque parlamentario

A las sombras éticas se suma una gestión cuestionada en múltiples frentes. Los errores acumulados por ministros clave, desde Economía hasta Interior, han alimentado el desgaste del Ejecutivo. Proyectos estrella encallan o decaen: nunca antes tantos decretos ley habían sido rechazados o bloqueados en las Cortes como en este mandato. El propio bloque de investidura —formado por nacionalistas periféricos, independentistas y socios variopintos— muestra grietas insalvables.

Los partidos nacionalistas exigen más concesiones territoriales a cambio de mantener su apoyo.

La izquierda minoritaria amenaza con desmarcarse si no se produce una regeneración real.

En cada votación relevante se evidencia la fragilidad parlamentaria: apenas una mayoría exigua respalda al Gobierno.

Sánchez ha optado reiteradamente por claudicar ante las demandas más radicales para sostenerse: indultos controvertidos, cesiones fiscales, reformas legales ad hoc para satisfacer a sus socios separatistas. El resultado es un Ejecutivo rehén de minorías dispares e incapaz ya no solo de liderar reformas estructurales, sino incluso de garantizar su propia supervivencia legislativa.

Corrupción sistémica: efectos sobre la confianza pública e internacional

La percepción ciudadana no deja lugar a dudas: un demoledor 93% considera que la corrupción del PSOE amenaza seriamente la estabilidad institucional. Las encuestas reflejan también un trasvase masivo hacia el PP —hoy con ocho puntos porcentuales más— y una desafección creciente entre quienes hasta ahora sostenían al Ejecutivo.

El impacto internacional tampoco se hace esperar. Las agencias económicas observan con preocupación cómo España pierde atractivo inversor debido a la inestabilidad política crónica. Los informes sobre calidad democrática alertan sobre el deterioro institucional vinculado al clientelismo y las prácticas corruptas.

Mientras tanto, Pedro Sánchez intenta un giro retórico llamativo: atribuye parte del problema a “la sociedad española”, sugiriendo que los escándalos son reflejo estructural más que excepción puntual. No faltan quienes interpretan este argumento como excusa para diluir responsabilidades propias.

Parálisis legislativa e incapacidad ejecutiva

El bloqueo parlamentario es ya estructural:

Más decretos decaídos que nunca desde 1978.

Proyectos vitales paralizados por falta de apoyos (reforma laboral, vivienda).

Iniciativas estrella relegadas al cajón por falta de consenso interno.

La oposición exige elecciones anticipadas; sin embargo, tres cuartas partes del electorado cree que Sánchez no las convocará voluntariamente por temor al batacazo electoral. El “manual de resistencia” parece agotarse ante un clima político irrespirable donde cada día trae nuevas revelaciones judiciales o fracturas internas.

Curiosidades políticas: datos poco conocidos sobre el caso

El encarcelamiento provisional sin fianza del exnúmero tres socialista es inédito desde los grandes escándalos financieros del felipismo.

El plan anticorrupción anunciado por Moncloa incluye inteligencia artificial para detectar fraudes… pero aún no tiene presupuesto asignado.

En los últimos cinco años, ningún presidente español había pedido perdón tantas veces ante las cámaras como Pedro Sánchez tras cada nuevo escándalo.

Solo dos ministros han sobrevivido intactos a toda la legislatura; varios han dimitido o han sido relevados bajo presión mediática.

Entre las anécdotas parlamentarias recientes: varios socios independentistas han votado contra sus propios proyectos para forzar cesiones adicionales al Gobierno.

En este ambiente crispado, cualquier movimiento puede desencadenar un vuelco político mayor.

A medida que avanza agosto, solo queda claro que el “manual” personalista del presidente ya no basta para tapar las grietas profundas abiertas entre corrupción, parálisis legislativa e incompetencia ejecutiva.

La debilidad de Sánchez sume al país en el bloqueo y la parálisis
Editorial. el mundo. 10 Agosto 2025

Lastrado por la corrupción e incapaz de gestionar, el Ejecutivo ha optado por huir hacia delante dejando al país atrás

España cruza el ecuador de la legislatura sumida en una grave parálisis que bloquea la solución de los problemas más acuciantes para los ciudadanos por culpa de la extrema debilidad de un Gobierno sin mayoría ni Presupuestos, sometido al permanente chantaje de unos socios extractivos de los que depende su supervivencia política y lastrado por los casos de corrupción.

La serie de reportajes que estrenamos hoy en nuestras páginas, bajo el título La España que no funciona, bucea en las consecuencias de la falta de respuesta del Ejecutivo para avanzar en multitud de ámbitos que impactan de lleno en el día a día de los españoles y abarcan desde la vivienda a la educación, y desde la movilidad a la inmigración.

Como evidencia del estancamiento legislativo sólo hay que recordar que hoy decaen más decretos-ley que nunca: de los nueve derogados en democracia (donde se han impulsado 745), seis lo han sido bajo gobiernos de Pedro Sánchez. El último, con medidas clave para blindar la seguridad del suministro eléctrico y evitar otro apagón histórico.

Mientras, el Gobierno saca pecho de unas cifras macroeconómicas que no se traducen en una mayor capacidad adquisitiva: la inflación se ha contenido pero los precios siguen presionando al alza, mientras el paro juvenil continúa en cabeza de Europa. Otro de los mantras «progresistas», el de la protección de los más vulnerables, también sufre por la ausencia de una mayoría sólida que hace peligrar la aprobación de las ayudas sociales.

Así, el triunfal relato del Gobierno sobre la buena marcha económica del país se desmiente al bajar a pie de calle, donde los ciudadanos sufren el progresivo deterioro de la calidad de vida. El transporte público, por ejemplo, deja estampas cotidianas de retrasos y colapsos en las estaciones, mientras la falta de renovación de las infraestructuras provoca una y otra vez averías que desatan el caos.

La vivienda se ha convertido en un símbolo de fracaso de gestión. Con el alquiler disparado -subió un 14% en julio y elevó la factura anual del inquilino en 142 euros-, los topes previstos por la ley impulsada en la pasada legislatura han resultado ineficaces para bajar los precios. Mientras, la burocracia continúa paralizando proyectos urbanísticos vitales para descongestionar la demanda por el bloqueo a la reforma de la Ley del Suelo.

El Ejecutivo tampoco ha sabido hallar una solución a la crisis en Canarias, donde la llegada de cayucos ha provocado el colapso de los servicios, a falta de una política migratoria a largo plazo y no de meros parches para reacomodar con cuentagotas a los menores no acompañados. Una situación que da alas al discurso xenófobo de Vox y su llamamiento a las «deportaciones masivas».

Enfangado en las denuncias de corrupción -una lacra a menudo impune por falta de protección legal a quien la denuncia- e impotente para gestionar, el Gobierno ha apostado por huir hacia delante mientras el país se va quedando atrás.

Vox y el sentido común
Nota del Editor. 10 Agosto 2025

Afortunadamente Vox está del lado de los buenos. Los que defienden papeles y ayudas para los otros (no para los españoles) son unos miserables antiespañoles que se han vendido por un puñado de lentejaa para hoy y hambre y destrucción para mañana.

POR TIERRA, MAR Y AIRE

Revientan el pregón de las Fiestas de Huesca con la canción del verano: ‘¡Pedro Sánchez! ¡Hijo de P#t@!
El cántico contra el marido de Begoña, coreado en discotecas, campos de futbol, fiestas populares y hasta bodas y bautizos eleva la temperatura política del verano 2025
Mario Lima. periodista digital. 10 Agosto 2025

En el verano de 2025, el ‘¡Pedro Sánchez! ¡Hijo de puta!’ ha dejado de ser solo un grito de indignación en las calles españolas, para convertirse en la inesperada canción del verano.

Nacido del hartazgo de una ciudadanía ahitarte de abusos, corrupciones e ineptitudes, este eslogan resuena cada día desde plazas de toros hasta conciertos pasando por estadios deportivos y fiestas populares, donde el público, con más sorna que rabia, lo corea como himno de protesta.

Lo que empezó como un meme espontáneo en redes sociales ahora vibra en estadios, fiestas y hasta en la playa, convirtiéndose en un fenómeno cultural que, entre risas y polémica, refleja el pulso de un país cansado del marido de Begoña y su cuadrilla de maleantes.

LAS FIESTAS DE HUESCA

En Huesca, las fiestas de San Lorenzo son sagradas.

Cada agosto, la ciudad se engalana y miles de oscenses abarrotan la plaza de la Catedral para celebrar su día grande.

Sin embargo, este año la tradición ha cedido protagonismo a la política, y no por voluntad institucional, sino por una masa popular convertida en coro improvisado.

El pregón, que debía inaugurar oficialmente las festividades, se vio abruptamente interrumpido por el ya célebre cántico: “¡Pedro Sánchez, hijo de puta!”.

La escena fue tan clamorosa que por momentos nadie escuchaba ni una palabra del texto festivo, mientras los ecos del grito colectivo resonaban desde el balcón consistorial.

Lo que empezó como un incidente local pronto escaló a fenómeno nacional.

El cántico, más propio de campo de fútbol que de celebración patronal, se ha convertido en la inesperada “canción del verano” española.

No hay evento popular donde no se entone: desde verbenas rurales hasta finales deportivas, pasando por manifestaciones o festivales al aire libre.

Por tierra, mar y aire —literalmente— el eslogan resuena con fuerza singular, incomodando sobremanera al presidente del Gobierno y a su entorno más cercano.

El detonante: autoridades locales en el ojo del huracán

El desencadenante político llegó cuando Octavio López, consejero de Fomento del Gobierno de Aragón (PP), instó a la concejala de Fiestas, Nuria Mur, a detener por unos segundos la lectura del pregón para que se escucharan “los gritos contra Pedro Sánchez” sin tapujos.

“Déjales, déjales, que están contra Pedro Sánchez”, pronunció López entre risas ante los micrófonos y cámaras presentes.

La alcaldesa oscense, Lorena Orduna, también pidió calma ante el estruendo: “No se le oye”, señalaba visiblemente incómoda.

La reacción no se hizo esperar.

El PSOE aragonés acusó a Orduna y López de sectarismo y uso partidista de las instituciones, mientras los populares intentaban restar hierro al asunto asegurando que no era más que un episodio desafortunado provocado por una minoría ruidosa. El propio López se vio obligado a pedir disculpas públicamente horas después, aclarando que su intención nunca fue alentar la confrontación ni la descalificación personal o política. Su defensa: simplemente advirtió a la edil de que no se oía nada desde la calle y que lo prudente era esperar unos segundos hasta poder retomar el hilo del pregón.

De fenómeno local a “himno” nacional

Lo ocurrido en Huesca ha trascendido las fronteras aragonesas gracias a las redes sociales y los medios digitales. Las imágenes del balcón municipal circularon como pólvora y el cántico —de dudoso gusto pero indudable pegada— ha alcanzado categoría de símbolo entre quienes critican abiertamente al presidente socialista.

El lema “Pedro Sánchez corrupto” no solo decora pancartas espontáneas en fiestas populares; también aparece en lonas gigantes desplegadas en urbanizaciones costeras o colgadas en puentes estratégicos durante operaciones salida.

No hay concentración ciudadana relevante donde falte el estribillo coreado con mayor o menor coordinación.

Incluso eventos deportivos han sido escenario del ya omnipresente grito: desde partidos de fútbol regionales hasta competiciones náuticas veraniegas.

En este contexto, España asiste atónita al nacimiento involuntario de un fenómeno viral donde la crítica política se mezcla con el humor ácido propio del folclore ibérico.

Reacciones políticas y sociales: ¿fenómeno espontáneo o agitación interesada?

La interpretación de lo sucedido divide a partidos y analistas:

Para los socialistas aragoneses, este tipo de expresiones son reflejo del “clima crispado” alentado desde la derecha y ponen en cuestión el respeto institucional en actos públicos.

Desde el Partido Popular minimizan lo ocurrido, insisten en que Huesca es una ciudad acogedora y plural, e insisten en condenar cualquier insulto personal sea cual sea el destinatario.

Observadores independientes señalan cómo los episodios como el vivido en San Lorenzo pueden ser tanto síntoma genuino de hartazgo ciudadano como resultado de una estrategia calculada para desgastar al Gobierno central aprovechando cualquier altavoz mediático.

Por su parte, Octavio López ha reiterado su compromiso con el diálogo y el respeto institucional tras pedir disculpas públicas “a quien se haya sentido molesto u ofendido”. No obstante, para muchos ya era tarde: las imágenes del consejero instando a dejar sonar los insultos se habían viralizado y quedarán como anécdota imborrable en la memoria colectiva oscense.

El papel amplificador de las redes sociales

El fenómeno trasciende lo anecdótico gracias a la capacidad viralizadora de X (antiguo Twitter), Instagram o WhatsApp. Los vídeos grabados desde distintos ángulos muestran tanto los rostros serios del balcón consistorial como las carcajadas sinceras —y algunos gestos incómodos— entre los asistentes. La etiqueta #PedroSánchezCancionDelVerano ha llegado a ser tendencia nacional durante varias horas tras el incidente.

Esta viralidad refuerza un patrón ya observado desde hace meses: cualquier acto multitudinario puede convertirse en escenario improvisado para lanzar mensajes políticos directos (y generalmente poco elegantes) hacia La Moncloa.

Curiosidades y datos del caso

Más de 10.000 personas abarrotaron la plaza oscense durante el pregón festivo; según algunos asistentes veteranos “no se recuerda una apertura tan ruidosa ni tan politizada”.

El lanzamiento del chupinazo sufrió un retraso aproximado de tres minutos, suficiente para que las cámaras captaran toda la secuencia polémica con detalle.

El DJ Andrés Campo alegó haberse despistado con el reloj como excusa para justificar parte del retraso; otros apuntan directamente al clima político reinante.

Las críticas más duras han venido desde representantes socialistas regionales como María Rodrigo, quien acusó directamente a Octavio López de sembrar odio ajeno al espíritu festivo.

En paralelo al grito viralizado han proliferado lonas anti-Sánchez por toda España —desde urbanizaciones madrileñas hasta playas malagueñas— generando un insólito movimiento transversal que une protesta política y cultura popular.

En definitiva, este verano político español tiene banda sonora propia… aunque muchos preferirían volver al clásico “Paquito el chocolatero”. Por ahora, parece imposible apagar el eco incómodo para Moncloa: ni siquiera bajo los fuegos artificiales de San Lorenzo.

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El 55 % de los españoles apoyan que el Estado recupere competencias de las CC.AA. frente al desguace de Sánchez
El 73 % de los votantes de Vox y el 73 % de los electores del PP son partidarios de que el Ejecutivo central tenga más poder en detrimento de las diferentes comunidades autónomas
Ramiro Fdez Chillón. Madrid. el debate. 10 Agosto 2025

El hecho de que durante los últimos años Pedro Sánchez se haya plegado en un gran número de ocasiones a sus socios separatistas —otorgándoles competencias que tenía el Ejecutivo central— ha puesto sobre la mesa el debate sobre si el Estado debería recuperar materias que ahora controlan las comunidades autónomas.

El presidente del Gobierno ha realizado varias cesiones al independentismo catalán para asegurar apoyos en el Congreso o en Parlamento catalán. Entre ellas se incluye una quita de más de 17.000 millones de euros de deuda a Cataluña, el cupo catalán –que provocaría la ruptura de la caja común– la transferencia de competencias en inmigración y gestión de menores extranjeros no acompañados, el traspaso de la gestión de trenes de cercanías, la autorización a los Mossos d’Esquadra para actuar en aeropuertos y puertos, y la creación de una agencia tributaria autonómica con amplias capacidades fiscales.

Para contentar a Bildu, en 2021 el Ejecutivo de Sánchez transfirió al País Vasco la gestión de las prisiones, lo que permitió el traslado masivo de presos de ETA a cárceles vascas o navarras. Además, en 2024 se dieron a la Ertzaintza las competencias en puertos y aeropuertos vascos, y a finales de ese año se materializó la transmisión de las competencias de Tráfico a Navarra, lo que supuso la eliminación de la presencia de la Guardia Civil en las carreteras de dicha región.

En este contexto, un sondeo que la empresa demoscópica Target Point ha elaborado para El Debate señala que el 55 % de los ciudadanos creen que «España debe tener un Estado central más fuerte recuperando competencias autonómicas», mientras que el 23 % opinan son contarios, y el 11 % han señalado que no lo saben.

Los potenciales votantes del PP y Vox son los más partidarios de que el Ejecutivo central tenga más poder en detrimento de las diferentes regiones, con un 73 % de apoyo en ambos casos. Tras ellos se localizan los simpatizantes de Se Acabó la Fiesta (SALF) —con un 69 %—, los del PSOE —con un 52 %— y los de Podemos y Sumar, con un 34 % y un 33 % respectivamente.

Por su parte, la encuesta pone de manifiesto que el porcentaje de españoles que consideran que el Estado debe tener más competencias autonómicas se ha acrecentado en el último lustro. En 2020 esta postura era sostenida por el 53 %, así que ha aumentado en dos puntos porcentuales.

La justicia ataca al vascuence
Carlos de Urquijo. el debate. 10 Agosto 2025

Hace unos días el Tribunal Supremo ha anulado algunos artículos del decreto que desarrolla la ley municipal vasca relativos a la exigencia del vascuence en las administraciones públicas vascas. El fallo continúa el criterio manifestado por el Tribunal Constitucional en julio de 2023, cuando consideró inconstitucionales los apartados de aquella ley que obligaban a «alegar válidamente el desconocimiento del euskera» para ser atendido en castellano.

En aquel verano de hace dos años 71 alcaldes del PNV y EH-Bildu, en protesta por la resolución del Constitucional, se concentraron frente al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco para denunciar «los obstáculos de la judicatura para quienes queremos vivir en euskera». Aquella protesta de entonces acaba de repetirse hace unos días. En esta ocasión han sido 75 los alcaldes de las citadas formaciones políticas los concentrados frente al Tribunal Superior. Estos regidores, blandiendo sus varas de alcalde y acompañados de docenas de concejales, han querido coaccionar de nuevo a los jueces en la administración de justicia que solo a ellos compete.

Al margen del descrédito que supone reivindicar conjuntamente cualquier demanda con el brazo político de una banda terrorista, dice muy poco del talante democrático del PNV, del que tanto presumen, cuestionar de ese modo las resoluciones de los tribunales. Las varas portadas en alto por los alcaldes, pasan de ser símbolo de autoridad a bastón amenazante cuando se exhiben como protesta contra el Estado de derecho. Respetar la separación de poderes y su independencia, es el 'abc' de cualquier demócrata.

La bochornosa escena de hace unos días me ha traído a la memoria otro vergonzoso espectáculo protagonizado también por el PNV y Eusko Alkartasuna hace algo más tiempo. Corría el mes de marzo de 2003 y el Tribunal Supremo ilegalizaba por unanimidad al brazo político de ETA —HB, EH y Batasuna—. El 21 de mayo remitía un escrito al presidente del Parlamento Vasco —del PNV— ordenando la disolución del grupo «Sozialista Abertzaleak» —la marca de los ilegalizados—. La Mesa del parlamento con los votos de PNV, EA e Izquierda Unida, desatendió las órdenes del Supremo y los tres representantes de estas formaciones acabaron siendo juzgados y condenados, en primera instancia, por un delito de desobediencia.

Frente a este desafío, cuya única finalidad era proteger a los ilegalizados con dinero y aforamientos, las formaciones nacionalistas convocaron a sus bases frente al Tribunal Superior de Justicia el 3 de diciembre de 2003 para arropar a los imputados mientras prestaban declaración ante el juez. Allí estuvieron, entre otros y cantando el eusko gudariak —himno del soldado vasco—, el diputado general de Vizcaya, el alcalde de Bilbao y el presidente del PNV en Vizcaya. Todo un ejemplo de respeto institucional.

La colaboración entre el PNV y el brazo político de ETA no se ha limitado al cuestionamiento del poder judicial, también se ha prodigado en defensa de la independencia en su versión eufemística del «derecho a decidir». En junio de 2018 otra de esas asociaciones «independientes» que tanto abundan en el País Vasco —«Gure Esku Dago»— convocó una marcha de San Sebastián a Vitoria reclamando la independencia. Al llegar a Vitoria fueron recibidos y acompañados en su protesta por la presidenta nacionalista del Parlamento vasco. Si algo acreditan estos episodios es que el PNV y demás fuerzas separatistas, lejos de ser la quintaesencia de la democracia, se comportan como formaciones próximas al totalitarismo. Si no estamos rozando ya la democracia iliberal mucho se le parece.

Carlos de Urquijo fue delegado del Gobierno en el País Vasco

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