Recortes de Prensa Domingo 19 Octubre 2025
Zelenski regresa de Washington con
avances y decepciones para Ucrania
Aunque por el
momento no parece que Trump vaya a entregar los ansiados misiles
Tomahawk, el estadounidense y el ucraniano coinciden en frenar la
hostilidad de cara a una futura negociación de la paz con
Rusia
Rostyslav Averchuk . Leópolis. la razon. 19
Octubre
2025
La reunión en Washington entre Volodímir Zelenski y Donald Trump no cumplió con las expectativas de la nación, que sigue enfrentándose a una intensa presión rusa en el frente y a ataques diarios contra su sistema energético. Sin embargo, Kiev continúa trabajando pacientemente para asegurar un apoyo estadounidense y para que Moscú enfrente más presión para detener finalmente su agresión, que lleva casi 44 meses en curso.
La conversación, en la que los líderes discutieron la situación en el frente, las defensas aéreas y las perspectivas diplomáticas, fue "sustancial" y “podría acercar el fin de esta guerra”, declaró Zelenski, ya acostumbrado al estilo del presidente estadounidense, un magnate inmobiliario y empresario.
Aun así, el resultado de la visita debió decepcionar al líder ucraniano, quien llegó a Washington animado por dos conversaciones telefónicas con su homólogo estadounidense y la aparente alta probabilidad de recibir misiles Tomahawk, necesarios para intensificar la campaña de ataques de largo alcance de Ucrania contra la producción militar y el sector petrolero de Rusia, elementos clave de la maquinaria bélica del Kremlin.
“Trump no dijo ni sí ni no sobre el envío de los misiles”, comentó Zelenski al canal estadounidense NBC tras la reunión, aunque Trump dejó bastante claro que, por ahora, no planea enviar los misiles a Ucrania.
“La reunión anunciada entre Trump y Vladimir Putin en Budapest también tomó por sorpresa a la delegación ucraniana”, dijo a LA RAZÓN Volodímir Dubovik, profesor de relaciones internacionales en la Universidad Mechnikov de Odesa.
Vladímir Putin está seguramente satisfecho mientras Estados Unidos no ejerza una presión real contra él, lo que permite a las tropas rusas seguir intentando capturar tanto territorio ucraniano como sea posible y sumir a Ucrania en la oscuridad, también opina Vitali Portnikov, un reconocido analista político.
En las últimas semanas, las fuerzas rusas han intentado aprovechar el clima lluvioso y neblinoso, que complica el uso de drones ucranianos, enviando decenas de tanques y vehículos blindados a asaltos. Aunque esto no ha traído avances significativos hasta ahora, Ucrania necesita todas las armas posibles para frenar el potencial ofensivo de Rusia y proteger sus centrales eléctricas y almacenes de gas.
En Ucrania preocupa que Putin use una posible reunión en Hungría para ganar tiempo y evitar medidas concretas desde Washington mientras Ucrania sigue “desangrándose”.
Sin embargo, la reunión no puede considerarse un fracaso, según Dubovik. “El ambiente fue mucho mejor ahora que en los primeros meses de la presidencia de Trump”, subrayó, destacando la mejora en las relaciones entre Zelenski y Trump, lo que da esperanza de que ambos países sigan colaborando para poner fin a la guerra.
Estados Unidos sigue enviando armas a Ucrania a través de la OTAN, presuntamente la asiste con ataques de largo alcance contra Rusia y presiona a países como India para que dejen de comprar petróleo ruso, según Dubovik.
“Crucialmente, Trump no ha abandonado los esfuerzos por la paz, algo que algunos temían que haría ante la incapacidad de cambiar la postura de Putin”, también señaló.
Que Putin esté dispuesto a reunirse con Trump en Hungría muestra que Rusia no puede ignorar la amenaza de los Tomahawk, incluso si Washington mencionó su posible entrega a Ucrania solo por razones diplomáticas, según funcionarios ucranianos.
La reunión en Budapest es “la última oportunidad de Putin”, asegura el coronel Andri Kovalenko, del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional de Ucrania.
“Trump delineó claramente el marco: Rusia debe detenerse en la línea del frente actual y aceptar negociar. Esta es la última oportunidad de Putin para salir de la guerra”, subrayó. Si Putin no lo hace, Ucrania recibirá más apoyo de Estados Unidos y Rusia enfrentará golpes aún más fuertes a su industria militar y economía, cree Kovalenko.
La economía rusa “se está desmoronando” y la presión contra ella solo aumentará, ya que India está comenzando a reducir sus compras de petróleo ruso y Europa se mantiene firme del lado de Ucrania, argumenta el oficial.
Sin embargo, si el presidente ruso aceptará un alto al fuego sigue siendo una gran incógnita, según Kirilo Sazonov, un soldado y bloguero político.
A pesar de sufrir grandes pérdidas en el campo de batalla, Rusia sigue invirtiendo en su producción militar, se prepara para movilizar más soldados y apuesta por una disminución del apoyo internacional a Ucrania a largo plazo.
“No habrá milagros. Ni mañana ni en dos semanas en las negociaciones. El Kremlin evitará dar una respuesta definitiva, ganará tiempo e intentará capturar todo lo que pueda”, escribió Sazonov.
Crucialmente, en este momento, la posición de Ucrania y Estados Unidos, de que las hostilidades deben cesar antes de que comiencen las negociaciones sobre la resolución de la guerra, está sincronizada y se opone a la visión de Rusia de que Ucrania debe ceder primero al menos cuatro regiones parcialmente ocupadas y la Crimea anexada ilegalmente, además de aceptar una serie de demandas militares y geopolíticas debilitantes.
Un psicópata incompetente y corrupto
anda suelto por España
Rafael
García Alonso. esdiario.
19
Octubre 2025
En cualquier manual de psiquiatría un psicópata se define como aquel individuo que sufre un trastorno severo de la personalidad, destacando entre sus principales rasgos caracteriales la amoralidad, la falta de empatía, la impostura y el egocentrismo. A la vista de su acción de gobierno resulta evidente que Pedro Sánchez se ajusta a la perfección al perfil psicológico propio de todo psicópata.
Así, a lo largo de su periplo presidencial, P. Sánchez, haciendo gala de su recalcitrante amoralidad, ha convertido la mentira en el rasgo principal de su discurso político, llegando al punto de incumplir la práctica totalidad de sus promesas electorales. A su vez, esta carencia de barreras morales ha provocado que nuestro deplorable presidente se haya ceñido escrupulosamente a la hora de gobernar a la máxima maquiavélica que señala que “el fin justifica los medios”, de tal forma que en aras de satisfacer su patológica ambición de poder ha desarrollado una agenda política manifiestamente truculenta, mostrando con ello actitudes y conductas más propias de un trilero que de un individuo con responsabilidades de Estado. Un hecho que ejemplifica a la perfección la conducta propia de P. Sánchez es el funesto pacto de gobierno que logró alcanzar con la extrema izquierda, los golpistas catalanes y los filoterroristas vascos, a pesar de que durante la campaña electoral se había comprometido a no establecer ningún tipo de acuerdo con dichas fuerzas políticas, demostrando con ello que la honestidad no forma parte de su vestuario.
Por otra parte, P. Sánchez ha dado a lo largo de su trayectoria muestras más que suficientes de padecer una absoluta falta de empatía con el sufrimiento ajeno. Así, remitiéndonos a un ejemplo sumamente clarificador, pudimos asistir, entre la rabia y la estupefacción, a su negativa a decretar, tal y como era su obligación, el nivel 3 de emergencia tanto en el caso de la DANA que afectó a la Comunidad de Valencia en octubre de 2024, como en el caso de los incendios forestales que asolaron buena parte del territorio nacional este verano de 2025.
Con esta deplorable decisión P. Sánchez evitó que el Ministerio del Interior se hiciera cargo de las tareas de coordinación y movilización de efectivos estatales para luchar de la mejor manera posible contra la catástrofe humanitaria y ecológica provocada por las lluvias torrenciales y el fuego abrasador, dejando así a los damnificados abandonados a su suerte. Obviamente, en la base de esta dejación de responsabilidades se encontraba el hecho de que las comunidades autónomas afectadas estaban gobernadas por el PP, razón por la cual el psicópata monclovita entendió, de forma harto siniestra, que mientras mayor fuera la magnitud del desastre mayor sería su rédito electoral, lo cual no hizo otra cosa que evidenciar que su falta de humanidad quizás tenga parangón, pero no por ello deja de ser estratosférica.
A su vez, P. Sánchez, intentando una vez más tensionar a la sociedad española, quiso mostrarse ante el mundo, de manera absolutamente impostada, como un adalid de la causa palestina, para lo cual no dudó en mostrar su total apoyo al grupo terrorista Hamas -legitimando así el brutal atentado que llevaron a cabo en suelo de Israel en octubre de 2023- al mismo tiempo que criminalizaba al pueblo judío e instigaba movilizaciones nada pacíficas en su contra.
Evidentemente con su posicionamiento frentista P. Sánchez no buscaba acabar con el conflicto entre judíos y palestinos, sino que lo que realmente pretendía era dar un golpe de efecto con la finalidad de mejorar sus menguadas expectativas electorales, demostrando así un cinismo fuera de lo común. Muy por el contrario, el presidente estadounidense, Donald Trump, con un planteamiento orientado a la definitiva resolución del conflicto, presentó un Plan de Paz para finiquitar la espiral de violencia desatada en la Franja de Gaza, el cual ha sido afortunadamente aceptado por Hamas e Israel, con el visto bueno tanto del mundo árabe como de los países occidentales, logrando así, sin posicionamientos maniqueos, acabar con el sufrimiento del pueblo gazatí y los rehenes judíos.
En otro orden de cosas, P. Sánchez lleva un tiempo presumiendo de que España va como un cohete debido a la subida del PIB, si bien tal afirmación tiene trampa, ya que en ella no se contempla el hecho de que dicho incremento recaudatorio se debe fundamentalmente al vaciamiento de los bolsillos que sufren los españoles como consecuencia de una presión fiscal de carácter confiscatorio. Pero es que, además, nuestro confuso psicópata también elude decir que, tras siete años de Gobierno socialcomunista, España, como consecuencia de la parálisis gubernamental, presenta las tasas de paro total y juvenil más altas de la Unión Europea, una inflación que supera con creces la media europea y una Deuda Pública que desde su investidura ha aumentado en un 40%, situándose en el momento actual en el 103,5% del PIB.
A la vista de tan paupérrimos datos macroeconómicos a nadie le debe extrañar el hecho de que a día de hoy casi 10 millones de españoles vivan por debajo del umbral de la pobreza o en riesgo de exclusión social, lo cual no deja de ser aterrador para cualquier persona mínimamente sensible. En consecuencia, cabe afirmar que la presunción sanchista de excelencia gestora solo puede entenderse como la prepotente manifestación de un individuo cuya descomunal egolatría le impide ver su tremenda incompetencia.
Para redondear la faena a P. Sánchez tan solo le faltaba sumergirse en el lodazal de la corrupción y a fe que lo ha hecho de manera prácticamente insuperable. Así, su esposa, Begoña Gómez, su hermano, David Sánchez, y sus dos secretarios de Organización, José Luis Ábalos y Santos Cerdán, están imputados por la práctica totalidad de los delitos relacionados con la corrupción recogidos en el Código Penal, siendo la malversación de fondos públicos y el enriquecimiento ilícito las actividades favoritas de esta caterva de presuntos delincuentes.
A su vez, indicándonos una más que probable financiación ilegal del PSOE, desde la socialista sede de Ferraz salían de forma recurrente sobres llenos de cantidades ingentes de dinero negro que iba a parar a los bolsillos de Ábalos, Cerdán y Koldo, para regocijo de marisqueros y prostitutas de lujo. A la luz de tan mafioso proceder, solo cabe pensar que, presuntamente, el PSOE ha dejado de ser un partido estrictamente político para pasar a ser una organización con importantes ramificaciones criminales, en la que P. Sánchez, por su condición de nexo corruptor de todas las tramas, solo puede ser el líder supremo.
En definitiva, un psicópata incompetente y corrupto, que responde al nombre de P. Sánchez, anda suelto por España, dedicando todos sus esfuerzos a acabar con la democracia e instaurar una república bananera en la que poder saciar su fanática ambición de poder, privilegios y lujo. De la sensatez del pueblo español y de la fortaleza deontológica de los jueces depende que tan siniestro individuo logre alcanzar sus distópicos objetivos políticos o acabe llorando por los rincones de callejuelas inmundas, sin Dios ni patria ni bandera.
La
democracia vaciada
Ignacio
Sánchez Cámara. el debate.
19 Octubre 2025
Son tristes tiempos aquellos, como el nuestro, en los que hay que ocuparse tanto de política. Suceden muchas cosas, pero muy pocas son las verdaderamente importantes. Y las otras desvían con frecuencia la atención. Son cosas que pasan, pero no son lo que pasa.
Para muchos españoles, acaso la mayoría, padecemos un Gobierno pésimo. Omitiré la relación de los desmanes que podrían justificar semejante dictamen. La lista sería necesariamente incompleta y el lector la conocerá con seguridad. El Ejecutivo vive sumido en la corrupción, partido en dos y sometido al despotismo parlamentario de sus aliados. Creo que esto sucede, pero no es todo lo que sucede. Se trata de un proyecto acordado y decidido en tiempos de Rodríguez Zapatero. Lo repetimos algunos, pero es necesario insistir. Este proyecto consiste en la introducción de la ETA y el separatismo catalán en las instituciones del Estado y en la exclusión de la derecha. Naturalmente, esto sería la liquidación del espíritu de la Transición y del régimen de 1978. En esto la extrema izquierda ha sido coherente. El PCE de Santiago Carrillo fue uno de los protagonistas de este proceso constituyente, pero, al hacerlo, dejó de ser la extrema izquierda, si es que lo era antes. Los más a la siniestra denunciaron el proceso como una trampa de la derecha y del franquismo siempre han impugnado la Transición. Lo sorprendente es que ese designio se impone ahora bajo la dirección del PSOE. Creo que bien puede hablarse de una traición a la reconciliación, a la Constitución y a la democracia. Este es el proyecto y esto lo que nos pasa. Se puede ver, no ver o no querer verlo.
Una de dos: o España es una democracia o no lo es. Y si lo es, una nueva transición y un cambio de régimen conducirían necesariamente a algo que no sería una verdadera democracia, a una democracia nominal, pero no real, falsificada, «vaciada». No es fácil que este proceso, aunque bien les gustaría a sus promotores, conduzca a Venezuela. Lo dificultan, al menos, la pertenencia de España a la Unión Europea y, confío, en la negativa de la mayoría de los españoles. Pero sí puede conducir a un sucedáneo de democracia vacía de contenido real. Aparentemente, todo seguiría igual, pero nada seguiría verdaderamente igual. El Frente Popular se apropiaría del poder convirtiéndose en el nuevo régimen. Y no habría más oposición que la interna a él, como ahora sucede más o menos en el seno del Gobierno. La oposición de derechas quedaría ilegalizada de hecho o de derecho. En cualquier caso, sería tildada de anticonstitucional, hostil al régimen y, por tanto, antidemocrática. Quedarían reducidos a mera apariencia la oposición, el control jurídico del Gobierno, la división de poderes y se limitaría muy estrictamente la libertad de expresión. Y los derechos humanos serían los que el Gobierno decida que sean. En lugar de límites al poder, concesiones del Estado.
Todo esto no son atormentadas conjeturas o alucinaciones paranoicas. Es lo que está pasando y lo que en su día se pactó. Menos mal que este proceso indecente se encuentra todavía en su camino ante un terreno minado de justicia y legalidad. Pero solo todavía. En primer lugar, se encuentra frente a su propia incompetencia y corrupción. La miseria en España avanza día a día. Los datos no son discutibles. Pueden, y deben leerse, los informes de Cáritas sobre la pobreza en España, aunque al Gobierno todo eso le quede muy lejos. El Tribunal Constitucional ya ha caído en sus manos. Ahora los siguientes objetivos son la Justicia en general y el Tribunal Supremo en particular, deslegitimar a toda la derecha, apretar el control a los medios de comunicación, marginar a lo que queda de la izquierda decente y, al final, acabar con la Monarquía. Todo esto no es fácil, pero tampoco imposible.
Nada de eso sería ni siquiera posible si no existiera una grave crisis intelectual y moral en buena parte de la sociedad española. Lo malo es que esta regeneración necesaria, en el caso de que se llegue a producir, llevará algún tiempo. Pero la condición fundamental para derrotar al proceso es el reconocimiento de que no estamos solo ante un Gobierno braceando entre la corrupción y la incompetencia, que hace todo lo que puede para mantenerse en el poder, sino frente a un proyecto de cambio de régimen.
China, el monstruo que Occidente
financió
Ignacio
Foncillas. el debate.
19 Octubre 2025
Tras el éxito mediático del acuerdo de paz en la franja de Gaza, las esperanzadoras noticias que empiezan a llegar del Caribe y la reanudación de las conversaciones sobre Ucrania, a Donald Trump le toca ahora afrontar la guerra que realmente importa: la guerra económica y tecnológica con China.
Muchos analistas reducen el conflicto a una disputa comercial o arancelaria. Error. Es mucho más que eso: un esfuerzo concertado, planificado durante más de treinta años por el Partido Comunista Chino (PCCh) para vaciar de capacidad industrial a Occidente y, después, usar su hegemonía económica para subyugar a los «flojos occidentales» y actuar a sus anchas en el Pacífico –y más allá.
Lo irónico es que han sido las propias empresas occidentales quienes financiaron el crecimiento del monstruo que ahora amenaza su supremacía.
La trampa de la apertura
En los años 90, bajo Deng Xiaoping, el PCCh inició su apertura económica, invitando a empresas occidentales a instalarse en China. Atraídas por un mercado potencial de más de mil millones de consumidores, costes laborales ínfimos y generosos subsidios, las multinacionales se lanzaron a la «conquista» del gigante asiático. La inversión directa por parte de Occidente en China se disparó, hasta el año 94 a 100.000 millones de dólares, partiendo de la nada. Una cantidad equivalente al Plan Marshall.
Los chinos, nada ingenuos, exigieron transferencias tecnológicas como precio de entrada. Combinado con la inexistente protección de la propiedad intelectual y una campaña educativa para formar a sus futuras élites, el resultado fue un gigantesco «fondo de comercio» de conocimiento extranjero. Primero, se enfocaron en industrias básicas –acero, química, electrónica, farmacéutica– y más tarde pasaron al siguiente nivel.
La segunda fase: innovación con dinero ajeno
A comienzos de los 2000, China lanzó su Plan de Medio y Largo Plazo para la Ciencia y la Tecnología (MLP), centrado en desarrollar innovación doméstica y convertir al país en líder mundial en I+D. Los sectores estratégicos elegidos: biotecnología, energías renovables, telecomunicaciones y tecnología avanzada. De nuevo, la paradoja: este desarrollo fue financiado por empresas occidentales. Sólo Apple invirtió más de 250.000 millones de dólares en transferencia tecnológica y producción local en cinco años.
Simultáneamente, el régimen impulsó su capacidad militar: la industria naval pasó de ser irrelevante a convertirse en la mayor del mundo. Con subvenciones estatales equivalentes a más del 5 % del PIB anual, China siguió implementando su patrón: invitar a empresas occidentales al país, robarles hasta la camisa en su propiedad intelectual, en paralelo que creaba un campeón nacional para competir, seguido de la expulsión de los occidentales del mercado doméstico, y el desplazamiento de su mercado internacional, destruyendo progresivamente la capacidad industrial de EE. UU. y Europa.
MIC2025: la hegemonía planificada
Con la llegada de Xi Jinping en 2013, la estrategia alcanzó su fase final. En 2015 lanzó el plan «Made in China 2025» (MIC2025), con el objetivo de lograr autosuficiencia del 70 % en materiales estratégicos y sensibles a la seguridad nacional. El programa se centró en diez sectores: tecnología de la información, robótica, aeroespacial, marina, ferroviaria, vehículos eléctricos, generación eléctrica, maquinaria agrícola, nuevos materiales y biomedicina.
Para suplir su déficit intelectual, el régimen financió a miles de estudiantes para formarse en las mejores universidades occidentales y repatriarlos después, integrándolos en empresas «privadas» subsidiadas por el Estado. Solo Huawei recibió más de 75.000 millones de dólares en ayudas directas hasta 2019. Ese mismo año, las universidades estadounidenses tenían mas de 370.000 estudiantes chinos, de los cuales 35.000 eran candidatos a doctorado.
La fábrica del mundo (y del futuro)
El resultado es visible: China controla hoy el 58 % del mercado global de vehículos eléctricos, más del 50 % de la construcción naval y lidera la robotización industrial (500 robots por cada 10.000 trabajadores). Solo los semiconductores se le resisten: los chips occidentales siguen siendo muy superiores, quizás por eso la urgencia en la anexión de Taiwán. Pero el dato clave es otro: China produce ya el 30 % de toda la manufactura mundial. Todo un éxito para un modelo estatal autoritario.
No es política industrial: es guerra económica
A primera vista, podría parecer un caso de política industrial exitosa, al estilo del INI español de los 60 o el «Germany 4.0». Pero no lo es. Las subvenciones chinas no buscan solo el desarrollo interno: buscan desindustrializar al enemigo. Y han contado con la inestimable ayuda de las élites políticas occidentales, que compraron sin reservas la narrativa de la «apertura», convencidas de que la prosperidad traería democratización. A ello se sumaron las políticas medioambientales histéricas y regulaciones industriales y laborales suicidas que hicieron inviable competir a las empresas occidentales.
Mientras tanto, Pekín sigue perfeccionando su guerra híbrida: restricciones a minerales raros (ya en 2010 contra Japón); introducción de patógenos que pretendían afectar las cadenas alimentarias; y preposicionamiento de equipos capaces de interferir en las redes eléctricas y de telecomunicaciones.
El regreso del «loco naranja»
Y aquí entra en escena Trump. ¿Qué hacer ahora? Continuar con la política globalista sería suicida: en cinco años la dependencia sería irreversible. Pero una ruptura total también es impensable: Occidente depende de China para motores eléctricos, minerales raros y componentes críticos. La respuesta parece ser el «desacoplamiento gradual»: aranceles que neutralicen el impacto de las subvenciones chinas a su industria, restricciones tecnológicas para sectores sensibles y apoyo estatal a industrias estratégicas (semiconductores, energía, transporte, farmacéutica). Una política industrial defensiva, y demasiado estatista, pero creo que en este imprescindible, para deshacer el daño de más de tres décadas.
La inteligencia artificial (IA) será la gran variable de la próxima década, y ahí Occidente conserva ventaja gracias a los semiconductores. Pero hay un problema: la energía. China ha añadido 1.500 GW de generación eléctrica en solo cinco años, y su capacidad total ya roza los 3.700 GW. Estados Unidos tiene 1.250 GW. España, apenas 129. La IA necesita electricidad, y mucha. Y mientras ellos construyen reactores, nosotros cerramos las nucleares. Y Yolandita se queja de que cada palabra en la IA es una botella de agua.
En la innovación corremos el riesgo de quedarnos atrás. Desde 2010, China lidera en número de patentes: 1,7 millones en 2023, frente a las 500.000 de Estados Unidos. Aunque la calidad de muchas sea discutible, el volumen empieza a dar miedo. En el terreno militar, su capacidad de producción industrial masiva es innegable, pero la guerra de Ucrania ha demostrado que la calidad tecnológica, la integración mediante IA y los drones pueden compensar esa ventaja… de momento. En el terreno educativo, simplemente dejo un dato. China gradúa cada año a mas de 1,4 millones de ingenieros. EE.UU. a menos de 40.000, de los cuales la mitad son extranjeros. La población china es solo tres veces mayor que la estadounidense.
La nueva guerra fría
Los próximos meses serán decisivos. Los aranceles son solo la superficie: lo que está en juego es la supremacía económica y militar de las próximas décadas. Esta es una nueva Guerra Fría, pero contra un enemigo más sutil, más paciente y más peligroso que el anterior. El enemigo ha aprendido de nuestras debilidades y se está aprovechando de ellas. La pregunta es si nuestros líderes sabrán verlo… a tiempo.
En catalán y sin anestesia
Jesús
Rul. Vozpópuli.
19 Octubre 2025
El PSOE ha presentado el 3 de octubre de 2025 la Proposición no de Ley sobre formación lingüística del personal sanitario en territorios con lengua cooficial. Desde el Congreso de los Diputados se insta, con cinco objetivos, al Gobierno de España a promover planes de formación lingüística de profesionales sanitarios. Pero no se trata de impulsar el conocimiento y uso del español como lengua de todos, sino todo lo contario: la proposición se orienta, exclusivamente, a promover planes de formación en lenguas regionales con las autonomías con lengua cooficial para formar a los sanitarios en esas lenguas a las que denomina "lenguas propias del territorio". Este el objetivo primero que determina el significado de los otros cuatro, introducidos por los verbos: fomentar la capacitación continua, gratuita y voluntaria en lenguas cooficiales, impulsar acuerdos con entidades universitarias y otras para incorporar módulos de competencia lingüística de lenguas regionales en la formación de grado y posgrado de Ciencias de la Salud, apoyar la creación de materiales, recursos y programas para facilitar el aprendizaje flexible y compatible con la actividad profesional y evaluar periódicamente el desarrollo y efectividad de estos planes formativos para garantizar la utilidad y adaptación a cada territorio.
En la exposición de motivos aduce que si los sanitarios no conocen las lenguas regionales puede suponer una barrera en la asistencia por incomprensión del paciente. Es increíble, pero ese es el relato. Da por hecho sin más que las lenguas cooficiales son las lenguas propias de los distintos territorios autonómicos. Abona un marco lingüistico de fractura de la unidad sociolingüística de España y la creación de mosaicos lingüísticos. Es decir que el catalán (Cataluña y Baleares), el valenciano, el vasco y el gallego son las lenguas propias de sus respectivos territorios autonómicos. El paso siguiente es crear deberes de conocer e imponer el uso de esas lenguas a los ciudadanos de esas regiones. La proposición no de ley citada atribuye a las lenguas regionales un carácter exclusivo al eludir el hecho constitucional de que son lenguas cooficiales con el español. Si las lenguas regionales son las lenguas propias de estos territorios ¿qué es el español, lengua impropia? Pero resulta que el español es la lengua realmente propia, materna y habitual de la mayoría de los catalanes, baleares, vascos, valencianos y gallegos porque son los ciudadanos quienes hablan no los territorios.
Imposición contra la realidad
La locución "lengua propia del territorio" expresa dos falacias utilizando el lenguaje: los territorios no hablan; hablan las personas para comunicarse y la lenguas propias son de los hablantes. Por ejemplo, los ciudadanos de Barcelona tienen como lenguas propias más de 300 según un informe de Linguapax Internacional. Por el contrario, los nacionalistas han impuesto contra la realidad que sólo las lenguas regionales, de las que se han apropiado, son las propias. Para referirnos a los territorios lo normal y habitual en todos los países es la denominación de oficialidad lingüística: tanto en Cataluña como en las demás autonomías con lengua regional la lengua oficial común es el español y son cooficiales las lenguas regionales según los estatutos autonómicos, pero el español y las lenguas cooficiales no están en el mismo plano constitucional: sólo el español es la única lengua común de todos en todo el territorio nacional; sólo el español es la lengua común para hablantes españoles de otras lenguas cooficiales; sólo el español es la única lengua con derecho de uso y única con deber constitucional de conocimiento. Este canon determina los usos institucionales y personales en función de la convivencia lingüística: el bilingüismo institucional debe ser simétrico (son instituciones de todos con independencia de la lengua habitual) y el bilingüismo individual es asimétrico, pues los españoles no tienen el deber de conocer ni usar las lenguas regionales cooficiales. El fomento de estas lenguas debe hacerse sin crear obligaciones individuales, pero los nacionalistas y afines imponen el monolingüismo en las lenguas regionales. Las lenguas cooficiales son vehículos normales de comunicación en el sistema educativo, así como de aprendizaje en un registro culto, tanto de las lenguas como de las materias no lingüísticas en una proporción equitativa
El PSOE adopta el marco conceptual de los nacionalistas y hace suyo su argumentario. Han logrado introducir en la normativa el término de propias, esto es, importantes para referirse a las lenguas regionales, dejando intencionalmente en un segundo plano al español al que han logrado eliminar como lengua vehicular en las instituciones catalanas y vascas y excluirlo como lengua de educación en las escuelas con menoscabo de los derechos constitucionales de los alumnos. Este modelo inconstitucional, excluyente y lesivo se ha ido imponiendo en las políticas nacionalistas en Cataluña y País Vasco y ha contaminado a otras autonomías Estamos ante la sinécdoque preferida de los secesionistas: la parte obvia y, en consecuencia, elimina el todo, esto es, que el español es la única lengua propia de todos los españoles en todo el territorio nacional, compatible con los usos de las lenguas cooficiales. He aquí la clave de la cooficialidad del paradigma lingüistico constitucional: el español es la única lengua común que "todos los españoles tienen el deber de conocer y el derecho a usar". Constituye un derecho de ciudadanía sin límites ni restricciones por lo que usar el español en las instituciones estatales, autonómicas y locales, en los servicios públicos como educación y sanidad es normal. En consecuencia, ningún español puede sentirse agraviado por ser atendido en español porque es la lengua de todos. Adicionalmente, como acontece puede usarse la lengua regional cooficial si es compartida por los interlocutores porque son también lenguas de uso normal, pero la doctrina constitucional ha reiterado que no son preferentes. Significa que ni autoridades ni ciudadanos pueden imponer a los ciudadanos españoles obligaciones ni requisitos de aprendizaje y uso de las lenguas regionales.
División y conflicto
Los nacionalistas, que no se sienten españoles y pugnan por la secesión, han roto la convivencia lingüística constitucional y son beligerantes contra comercios que rotulan en español con episodios de violencia, actúan contra profesionales, médicos, enfermeros, profesores que usan el español haciéndoles la vida imposible, crean obligaciones en lengua regional para limitar derechos laborales con efectos de segregación y exclusión. Bien haría el Grupo socialista del Congreso, aún está a tiempo de ampliar la perspectiva y fomentar el "aprendizaje de las lenguas oficiales", pero dentro del paradigma lingüistico constitucional citado, sin crear expectativas ni obligaciones de uso de las lenguas regionales porque usar el español en la sanidad no es una barrera para la asistencia, ni genera incomprensión sobre síntomas o instrucciones médicas. Lo que ocurre, más bien al contrario, es esto: la Administración catalana presiona a los sanitarios, a través de programas, a usar y prescribir recetas en catalán cuando la mayoría de los pacientes tiene el español como lengua habitual. Esa no es la función de los poderes públicos democráticos. El marco conceptual de los secesionistas no es civilizado, lleva a la división y al conflicto como estamos viendo.
******************* Sección "bilingüe" ***********************
ETA hoy: política e impunidad
Carlos
de Urquijo. el debate.
19 Octubre 2025
Política e impunidad, por este orden, ha sido el precio que nos ha hecho pagar el PSOE a todos los españoles para que la banda terrorista ETA dejara de asesinar y extorsionar. Conviene recordarlo cuando han pasado más de veinte años desde que José Luis Rodríguez Zapatero traicionara a nuestro Estado de derecho y más de siete desde que lo hiciera Pedro Sánchez.
Comienzo en sentido inverso, por la impunidad, y traigo el asunto a colación porque llevamos meses asistiendo a la concesión irregular de terceros grados por parte del Gobierno vasco a los presos de la banda terrorista ETA. El último a Juan Carlos Iglesias Chouzas, 'Gadafi', condenado a 1.123 años de prisión por quince asesinatos, pese a no cumplir los requisitos exigidos legalmente para ello: no ha colaborado con la Justicia para esclarecer los crímenes impunes –el 40% de los crímenes de ETA no tienen autor conocido– no se ha apartado de la banda y no ha abonado la responsabilidad civil asumida subsidiariamente por el Estado. Tampoco ha pedido perdón a sus víctimas, así lo ha recordado hace unos días Alex, hermano gemelo de Fabio Moreno, asesinado con tan solo dos años el 7 de noviembre de 1991 en Erandio, al estallar una bomba lapa en el coche de su padre, guardia civil.
Este último tercer grado se suma a otros 19 concedidos este año, de los cuales tan solo 4 han sido recurridos por la Fiscalía. Desde que la competencia fue transferida al Gobierno vasco en octubre de 2021, han sido 83 los presos de ETA beneficiados de este régimen penitenciario –solo se acude a dormir a la cárcel de lunes a jueves– sin haber cumplido los requisitos legales. Obviamente, este trato de favor es consecuencia del apoyo de EH-Bildu y del PNV a Pedro Sánchez para llegar a la Moncloa en 2018. Otegi fue muy claro en octubre de 2021 cuando dijo en Éibar ante sus bases «Tenemos a 200 dentro y esos 200 tienen que salir de la cárcel. Si para eso hay que votar los presupuestos, pues los votaremos». Y así se aprobaron los Presupuestos Generales del Estado para 2022.
La salida anticipada de los terroristas está siendo el pago del segundo plazo a ETA por dejar de matar, una traición innecesaria, pues, la banda estaba prácticamente derrotada en 2003 «Solo con el Estado de derecho, pero con todo el Estado de derecho» como dijo el presidente Aznar. El primer plazo lo pagó Zapatero cuando le entraron las prisas por apuntarse el tanto de la «paz». Lo hizo incluso antes de llegar al Gobierno, cuando encargó a comienzos de 2002 a Jesús Eguiguren, que hablara con Otegi para lograr el final de ETA mediante un proceso de negociación política, fueron las conversaciones de «Txillarre».
En marzo de 2003 todas las marcas políticas de ETA fueron ilegalizadas por el Tribunal Supremo, fue el golpe de gracia a la banda, pero Zapatero ansiaba apuntarse ese tanto y al llegar a Moncloa se empeñó en resucitarla para diseñar otro final en el que aparecer como artífice. El Gobierno pactó hacer la vista gorda con todas las marcas que fueron apareciendo en escena para sustituir a los partidos ilegalizados. En 2005 permitió al Partido Comunista de las Tierras Vascas presentarse a las elecciones autonómicas vascas, pero mientras llegaban las municipales de 2007 no se detuvo, el 17 de mayo de 2005 el grupo socialista presentó una moción en el Congreso de los Diputados instando al Gobierno «a obtener un final dialogado de la violencia». Este acuerdo fue seguido en marzo de 2006 de una tregua y del inicio de conversaciones con la banda terrorista en Ginebra y Oslo, negociación que continuaría a pesar del atentado de la T4 el 30 de diciembre de 2006.
Llegadas las elecciones municipales de 2007 se permitió la participación de otra marca blanca de ETA, Acción Nacionalista Vasca. Para finalizar, en mayo de 2011, el Tribunal Constitucional permitió a EH-Bildu presentarse a las elecciones generales en contra del criterio del Tribunal Supremo que los había excluido por considerarlos una continuidad de las formaciones ilegalizadas. Como último capítulo del pacto, ETA, asfixiada y cumpliendo con su pago a Zapatero por asegurarle su regreso a las instituciones, anunció el 20 de octubre, un mes antes de las elecciones, «el cese de su actividad armada». Esta última baza de nada le sirvió a Zapatero, pero el destrozo irreparable al Estado de derecho ya estaba hecho.
Así, de la mano de la política y la impunidad, ETA, transformada en Sortu y travestida de EH-Bildu, se ha convertido en una fuerza decisiva para determinar el rumbo del Gobierno. Un futuro que pasa por cumplir sus dos objetivos de siempre: la destrucción de España y su desaparición del País Vasco. Hay que reconocer que trabajan con ahínco por conseguir el primero, el segundo ya lo han logrado.
Carlos de Urquijo fue delegado del Gobierno en el País Vasco
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