Recortes de Prensa Domingo 11 Enero 2026

Ucrania ataca una base petrolera rusa en Volgogrado y varios objetivos en territorios ocupados
La Razón. 11 Enero 2026

El Estado Mayor General ucraniano aseguró este sábado que ataques efectuados por las Fuerzas Armadas han alcanzado una base petrolera en la región de Volgogrado de la Federación Rusa y varios objetivos en los territorios ocupados de Ucrania.

"Como parte de las medidas para reducir las capacidades ofensivas del agresor ruso, en la noche del 10 de enero unidades de las Fuerzas de Defensa de Ucrania atacaron la base petrolera Zhutóvskaya, la cual participa en el suministro de combustible a las fuerzas de ocupación", indicó en un comunicado. El Estado Mayor General aseguró que el "objetivo fue alcanzado", si bien aún evalúa los daños causados.

Además, como recoge EFE, el territorio controlado por Rusia en la región sureña de Zaporiyia fue alcanzado un almacén de drones perteneciente a una unidad de la 19ª División Motorizada de Fusileros rusa, aseguró. Asimismo, fue golpeado un punto de mando y control de drones en la zona de Pokrovsk, en la región oriental de Donetsk, añadió.

En la misma provincia fueron alcanzados otros objetivos rusos, entre ellos personal de la 76ª División de Asalto Aerotransportado, un puesto de mando y observación de una unidad del batallón de tanques de la misma división y un puesto de mando de una unidad del 41º Ejército, según la misma fuente.

Trump, Ucrania y Putin: ¿Europa se forjará en esta crisis?
Ricardo Martínez Isidoro. libertad digital. 11 Enero 2026

Uno de los padres fundadores de lo que más tarde sería la Unión Europea, Jean Monnet, que iluminó su devenir incierto en momentos clave, aseveró que los puntos de inflexión pueden ser origen de recuperación o de hundimiento. La historia reciente indica que la recuperación ha sido la tónica en la caótica situación de Europa posterior a la II Guerra Mundial, en la creación de la UE, en la llegada de la unión monetaria, en la pandemia de la COVID 19… claro que con otros líderes más intensos y con menor número de países a conciliar.

La situación actual se configura como uno de esos momentos críticos que acabamos de reseñar, pero con la imperiosa necesidad de detener la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania, dado que Europa no puede desvincularse de la misma, a la manera de como lo está haciendo, subrepticiamente, Estados Unidos, pues la geografía y la geopolítica imponen otras necesidades al único poder capaz de realizar esa tarea, la Unión Europea (UE).

Este momento crítico le llega a Europa sin que la labor se su edificación esté terminada, pues si bien los europeos han consentido en integrarse, lo han hecho en una organización a la que no le faltan las reglas precisamente, pero en la que la Defensa carece de la visión de conjunto que da una unión en torno a unos intereses únicos y comunes, permanentes e institucionales, recogidos en un cuerpo legal que obliga y conduce a todos los miembros; la existencia del "Grupo de Voluntarios sobre Ucrania", que se ha reunido en estos días, da una idea del disperso compromiso europeo.

En estas condiciones, la capacidad de influencia de Europa es más que limitada en las conversaciones de paz que se puedan emprender sobre Ucrania, pues sus líderes nacionales no la representan y los colectivos no poseen todas las voluntades y menos las discrepantes; no existe una opinión única articulada en Europa, solo un deseo de que mejoren las condiciones institucionales, pero no en todos, pues las políticas anti-Europa también han llegado a algunos países miembro.

Si repasamos el nuevo plan de paz para Ucrania, el denominado de "los 20 puntos", reducción negociada del primitivo de Donald Trump de "28 puntos", encontramos diferencias significativas. En el primero se puede admitir que el principal beneficiado era Rusia, no solamente "no pagaba", vía hechos, su vulneración del orden internacional con su invasión de Ucrania sino que se le concedía los territorios conquistados en el este de este país, y también una cierta pero potente opción sobre la soberanía del país invadido, y un negocio futuro en una hipotética colaboración con Estados Unidos y el país objeto. Su única pérdida se cifraba en la utilización de una parte de los fondos rusos "congelados" en Occidente.

Obviamente se ha visto cómo no solo no ha salido adelante ese primitivo plan, sino que, tras una serie de intensas negociaciones, no precisamente con la parte rusa, sino de Estados Unidos y Ucrania, y quizás influencia europea, se le ha dado la vuelta. En el nuevo plan, incompleto de 20 puntos, incompleto porque la cuestión territorial no está resuelta; Ucrania y la UE -esta última en lo que se refiere a expectativas- salen mejor paradas, con la admisión por Ucrania de diferentes opciones territoriales probablemente inexorables, pero sin especificar todavía. Quizás la cláusula más onerosa para el presidente Zelenski sea la obligación de convocar elecciones inmediatamente después de la firma del hipotético acuerdo y el reparto de la gestión, y aprovechamiento de la energía, de la Central nuclear de Zaporiyia, la de mayor potencia de Europa.

Desde luego si el plan es aceptado por Moscú, es decir, por Vladimir Putin, constituiría una gran sorpresa, pues las razones de la continuidad de su agresión son de fondo y todavía no ha conseguido sus objetivos estratégicos y menos con este último plan, por lo que se estima que tampoco tendrá su aceptación tal y como está planteado.

Putin tiene un plan a largo plazo para modificar el orden internacional y Ucrania no es más que una pieza de su dibujo futuro. Su educación KGB se basa en planteamientos de la ex Unión Soviética, adaptados necesariamente a las condiciones actuales, pero sin variar los objetivos. Desprecia como poder a la UE y desea subvertir la OTAN, debilitarla y alejarla de sus fronteras, por lo que el relativo fracaso en Ucrania -fracaso estratégico y militar- no le va a impedir seguir con sus planteamientos a los que, además, la China de Xi Jinping apoya y comparte. Su reciente visita a la India, su aliado permanente y cliente de la energía barata rusa y de su armamento, le dan una fortaleza sustancial en Indo Pacífico.

Europa tiene que asegurar un sostenido apoyo a Ucrania que convenza a Rusia de su persistencia, lo que se traduce en ayuda económica, militar y recuperación de capacidad real de negociación en los niveles decisivos. También, los europeos deben asegurar para el futuro la soberanía y seguridad de Ucrania, mostrando a la par, a Estados Unidos, que Europa no es tan débil como la considera la Administración actual norteamericana.

Sin embargo, la UE, el corazón de Europa, debe tender con celeridad hacia una situación más avanzada de Unión Política, en la que la Defensa sea supranacional, y poseer instrumentos de disuasión ante una potencia nuclear como Rusia, que siempre lo será, mejorando las actuales capacidades nucleares de Francia, y coordinándose debidamente con las británicas, estas fuera de la UE, pero inmersas en la Defensa de Europa.

La perspectiva de una OTAN debilitada, merced a las apetencias geopolíticas de Trump sobre Groenlandia, y sus capacidades operacionales para intentar su adhesión por la fuerza, plantean una situación sombría sobre la Organización Atlántica, la de que un país miembro amenace la seguridad de otro, aunque no es una situación inédita, pues subsiste un enfrentamiento tácito entre Grecia y Turquía, nunca verdaderamente resuelto y origen de algún veto importante todavía que provoca disfunciones en OTAN en una zona vital del Mediterráneo oriental (Implementación del Acuerdo Berlín Plus, vetado por Turquía, que facilitaría capacidades OTAN a la UE, en caso necesario).

En estas condiciones, el rearme ordenado de Europa es una necesidad urgente, con aquellas capacidades que ahora están en manos de Estados Unidos y son realmente las que proporcionan esa autonomía estratégica, tan anunciada como poco lograda. Es necesario que la UE posea un liderazgo fuerte, a la altura de sus contrincantes, que sea capaz de llevar con una sola voz la determinación de sus componentes, solo así se cumplirían las previsiones de Jean Monnet, de que "Europa se forja en sus crisis".

General de División (r) del Ejército de Tierra. Miembro de la Asociación Española de Militares Escritores (AEME).

Venezuela y el fracaso del sistema global de los derechos humanos
Laura Argüello García-Pertusa Abogada especialista en Derecho Internacional Penal
okdiario. 11 Enero 2026

El Derecho Internacional no fue concebido para adornar discursos ni para producir informes que se archivan sin consecuencias. Nació del horror. De la certeza histórica de que, cuando el poder no tiene límites, los Estados pueden convertirse en verdugos de su propio pueblo. Tras las grandes tragedias del siglo XX, la comunidad internacional asumió un principio esencial: la soberanía no puede ser una coartada para el crimen.

Con ese propósito se crearon instituciones como la Organización de las Naciones Unidas y, en el ámbito regional, la Organización de los Estados Americanos. Su razón de ser era clara: garantizar la paz, proteger los derechos humanos y actuar cuando un Estado deja de cumplir su función básica de proteger a su población. Sin embargo, el caso venezolano demuestra hasta qué punto ese objetivo ha fracasado y hasta qué extremo existe una brecha alarmante entre el derecho proclamado y el derecho efectivamente aplicado.

Los crímenes de lesa humanidad se han convertido en política de Estado en Venezuela. Durante más de dos décadas, el régimen chavista ha desplegado un ataque sistemático y generalizado contra la población civil. No se trata de opiniones ni de disputas ideológicas. Son conclusiones jurídicas de la propia ONU.

En 2020, la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela concluyó que existían motivos razonables para creer que se habían cometido crímenes de lesa humanidad, incluyendo asesinatos, torturas, detenciones arbitrarias, violencia sexual y persecución por motivos políticos. Los informes posteriores de 2021, 2022 y 2023 confirmaron que estas conductas no eran hechos aislados, sino el resultado de una estructura organizada del Estado, con cadenas de mando claramente identificables y un patrón reiterado de represión.

A ello se suman los informes de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos publicados entre 2019 y 2022, que documentan:

•⁠ ⁠La represión de protestas pacificas.

•⁠ ⁠Detenciones arbitrarias masivas.

•⁠ ⁠El colapso deliberado de servicios esenciales, incluido el sistema de salud.

•⁠ ⁠El uso del hambre y la escasez como mecanismos de control social.

La conclusión es inequívoca: no se trata de incompetencia ni de excesos puntuales, sino de diseño institucional.

El exilio venezolano advirtió y la comunidad internacional miró hacia otro lado. Durante años, los exiliados venezolanos y organizaciones de la sociedad civil han acudido a todos los mecanismos disponibles: Consejo de Derechos Humanos, relatorías especiales, procedimientos especiales, OEA y Corte Penal Internacional. Han presentado pruebas verificables, testimonios forenses, peritajes jurídicos y listas de víctimas.

Los hechos están acreditados. Los crímenes están documentados. Las víctimas tienen nombre. Y, sin embargo, los responsables siguen gobernando.

Uno de los elementos más inquietantes del chavismo ha sido la instrumentalización ideológica del sistema educativo. Durante años, la educación fue utilizada para normalizar la violencia, demonizar al disidente y sustituir la ética por la lealtad política.

Hoy, muchos de aquellos niños son los militares y agentes de seguridad que sostienen el aparato represivo. El Estado no solo violó derechos: produjo a quienes los violan. Desde la perspectiva del Derecho Internacional, esto agrava la responsabilidad estatal y confirma la existencia de un sistema criminal con vocación de permanencia.

La existencia de informes oficiales que hablan expresamente de crímenes de lesa humanidad plantea una pregunta incómoda para los foros de derechos humanos: ¿Para qué sirve el sistema internacional si no actúa cuando el crimen está acreditado?

La historia ya ofreció una advertencia en Ruanda. En 1994, cerca de 800.000 personas —aproximadamente el 70% de la población tutsi— fueron asesinadas mientras la comunidad internacional dudaba. Años después, la ONU reconoció su fracaso.

Venezuela amenaza con convertirse en otro símbolo de esa misma cobardía institucional. Resulta especialmente llamativo que varios presidentes de países socialistas invoquen hoy la defensa del «orden internacional» y de la «legalidad internacional» para justificar su apoyo o neutralidad frente al régimen venezolano.

Esta postura es profundamente contradictoria. El orden internacional no se viola al actuar contra crímenes de lesa humanidad; se destruye al tolerarlos. Defender a un régimen acusado por la ONU de tortura sistemática y ejecuciones extrajudiciales no es defender la legalidad, sino vaciarla de contenido. El silencio ante el crimen no es neutralidad. Es complicidad política.

Las acciones adoptadas por actores externos frente al régimen venezolano han sido objeto de duras críticas. Sin embargo, plantean una cuestión que no puede seguir evitándose: ¿Es ilegítima la acción cuando quienes tienen el deber jurídico de actuar se niegan sistemáticamente a hacerlo?

Pensemos en un caso realista: una mujer denuncia durante años violencia doméstica. Existen partes médicos, grabaciones y testigos. La policía abre expedientes, pero nunca interviene. El agresor continúa. Un día, un tercero interviene y la saca de la casa, incluso rompiendo la puerta si es necesario. La opinión pública condena al que actuó por «extralimitarse» y justifica a quienes, teniendo autoridad, no hicieron nada. ¿Eso es justicia?

La justicia fue creada para proteger a las víctimas y limitar al poderoso, no para convertirse en un ritual burocrático sin consecuencias. Como advirtió Hannah Arendt, «el mal más peligroso es aquel que se normaliza».

Mientras el Derecho Internacional siga reconociendo crímenes sin actuar, mientras las instituciones prioricen la comodidad política sobre la dignidad humana, la promesa universal de los derechos humanos seguirá siendo incompleta.

Y la pregunta final permanece, incómoda y necesaria: Si el Derecho Internacional no protege a los pueblos frente a la tiranía, ¿para qué —y para quién— existe realmente?

Año de bienes
Jesús Cacho. Vozpópuli. 11 Enero 2026

“Año de nieves, año de bienes", decían los labradores de mi Tierra de Campos natal, siempre pendientes de las heladas tardías, de los calores adelantados, de la pertinaz sequía; siempre mirando al cielo, siempre anhelando ese “año de bienes” que hiciera realidad una buena cosecha de trigo y cebada. El año 26 ha empezado con nieve en no pocos lugares de España y muy mal tiempo en casi todos. Y en lo político, con la promesa de un año excepcional para la libertad, concretado ya en la formidable operación, digna del mejor Hollywood, que el sábado 3 de enero supuso la captura de Nicolás Maduro para ponerlo a disposición de un juez en Nueva York. Un tirano menos. Desde entonces el panorama caribeño se ha llenado de interrogantes, noticias falsas y tinta de calamar. Mucha intoxicación. La decapitación del chavismo se tomará su tiempo antes de convertir Venezuela en esa democracia que ansían los casi ocho millones de venezolanos obligados a la diáspora, pero sin duda se ha convertido ya en la gran noticia de un 2026 que podría pasar a los libros de Historia, con mayúscula, como un año de leyenda para la libertad a poco que la diosa Fortuna eche su cuarto a espadas poniendo fin a la tiranía castrista en Cuba y derribando a la oprobiosa dictadura de los ayatolas en Irán. ¿Y España? ¿Qué le deparará el año 26 a España? De momento, y mientras los españoles hacen cábalas sobre Venezuela, Pedro Sánchez continúa incansable la tarea de demolición del Estado que inició en junio de 2018. Su último regalo ha sido recibir en Moncloa con toda pompa a un sujeto con condena firme por golpista, un tipo inhabilitado para el ejercicio de cargo público, supuesto líder de un partido separatista, con el que ha pactado una financiación singular para Cataluña, perdón, ha efectuado el último pago del alquiler de la Moncloa.

Primero, Venezuela. Cuentan mis fuentes que Donald Trump vio confirmadas sus sospechas sobre la oposición cuando, en la tarde del sábado 3, las calles de Caracas permanecieron desiertas, silenciosas, sin las manifestaciones de júbilo que algunos esperaban tras la captura del bufón. La oposición no era dueña de la calle porque no controlaba el aparato represivo del régimen. No estaba capacitada para encabezar una transición pacífica a la democracia. Trump optó entonces por Delcy y Jorge Rodríguez, con los que había negociado muchos meses antes. “Ellos son los que entregan a Maduro”. La buena noticia es que “los hermanos están a las órdenes directas de Washington, y es Delcy la que está siguiendo al pie de la letra las directrices que le llegan (la excarcelación de presos políticos) vía Marco Rubio”, el nuevo Virrey del Orinoco. El momento de María Corina Machado no ha llegado aún pero está al caer. Su cercanía a Trump se escenificará esta semana cuando sea recibida en la Casa Blanca. “La ventaja de la oposición democrática es que no va a necesitar mancharse las manos, porque la transición se la vamos a hacer nosotros, se la van a hacer los hermanos Rodríguez siguiendo nuestras órdenes”. Y María Corina, mujer inteligente donde las haya, en lugar de ponerse a protestar por su supuesta postergación, se subió pronto al carro de Trump asegurando que, en efecto, la transición en Venezuela ya ha comenzado. Dicho lo cual, nos esperan momentos de inevitable tensión, sin que sea descartable que en algún momento salgan a relucir las pistolas en el Palacio de Miraflores, lo que podría obligar a una segunda intervención norteamericana. “Con la detención de Maduro se ha roto la jerarquía de mando en Caracas, que era lo que se buscaba. Ahora ya nadie se fía de nadie, lo cual acelera la descomposición interna”. ¿De qué gente me puedo fiar? ¿Quién me puede traicionar? ¿Qué será de mí dentro de un par de semanas o un par de meses? Son las preguntas que se formulan en silencio los jerarcas del régimen. La gran incógnita por despejar reside en el poder real de Delcy, la Gorbachov caraqueña, obligada a entregar de inmediato la cabeza de Diosdado Cabello, sobre el Ejército. En el fondo, el régimen chavista son los generales que controlan los fusiles. La democracia llegará, pero tendrá que esperar.

Tras Venezuela, Cuba. Para la dictadura cubana ha empezado la cuenta atrás. Tras la caída de la URSS, el castrismo ha vivido en las últimas décadas de las ayudas de Caracas, de la Rusia de Putin, del Irán de los Ayatolas, y de la China de Xi Jinping, además de narcotráfico y del crudo venezolano que hacía escala en la isla para proseguir viaje con destino al mercado asiático, fuente de divisas para la nomenklatura cubana. La caída de Maduro supone el fin del gotero venezolano. Díaz Canel se queda sin su mayor y casi único sostén. Y con el Caribe y el golfo de México infectado de marines dispuestos a detener cualquier petrolero que ose salir del lago Maracaibo. Con un país en las últimas, verdaderamente exhausto, la crisis final de la dictadura es inminente, lo que estratégicamente viene a coincidir con los intereses políticos de Trump en Estados Unidos. En efecto, al americano medio la película de la captura de Maduro se le agota en media hora. No quiere tropas sobre el terreno y teme el gasto que supondría, además del sacrificio de vidas, una intervención terrestre para asegurar la transición. Pero, sobre todo, la popularidad del presidente se ha deteriorado mucho ante el electorado hispano por culpa de las expulsiones de inmigrantes indocumentados (familias repentinamente rotas), a los que la policía puede detener por sorpresa en su puesto de trabajo. ¿Resultado? El Partido Republicano podría perder las elecciones midterm, noviembre de este año, si nada cambia. Donald Trump necesita una victoria sonada para calmar a la comunidad hispana, y esa victoria se llama Cuba. Por derecho: aseguran mis fuentes que la dictadura castrista caerá “antes del próximo mes de julio”. El zurderío mundial asistirá perplejo al desplome del último bastión del socialismo del siglo XXI. Trump, ese ser tan atrabiliario al que ni usted ni yo sentaríamos a nuestra mesa en Navidad, podría terminar de un plumazo con las dos dictaduras más atroces de la historia latinoamericana, igualando en prestigio a presidentes como Kennedy o Reagan.

Y a continuación, Irán o el estallido de un pueblo en la calle contra una sanguinaria teocracia que golpea a las mujeres, ahorca a los homosexuales, encarcela a sus oponentes y exporta terror mientras ofrece miseria a sus naturales. Una marea humana que crece cada día recorre calles y plazas del país al grito de "Muerte a Jamenei" y "Libertad, libertad". Si el levantamiento iraní tuviera un rostro, sería el de una señora que el viernes en Teherán en medio de la multitud, con el puño levantado y la cabeza descubierta sin pañuelo, gritaba con la boca manchada de sangre: “¡No tengo miedo! ¡Llevo 47 años muerta!" (los transcurridos desde la caída del Sha en enero de 1979). Los ayatolas han optado por la represión pura y dura: ya han cortado el acceso a internet (a la República Islámica le gusta matar sin testigos), reducido las comunicaciones telefónicas, cerrado universidades y aislado barrios enteros en Teherán y otras grandes ciudades para evitar las concentraciones de opositores. Se contabilizan más de 100 muertos y de miles de detenidos y se habla del uso de fuego real y del recurso a francotiradores para infundir miedo e intentar vaciar las marchas de los menos esforzados, mujeres y niños, para quedar frente a los más convencidos, a menudo jóvenes sin futuro protagonistas de este “levantamiento de los hambrientos”. El líder supremo Alí Jamenei advirtió el viernes que no cederá ante "saboteadores" y "vándalos". Desde 1999, el régimen ha superado en cuatro ocasiones otras tantas revueltas ahogando en sangre la ira de los iraníes. ¿Terminará también esta ola de protestas de nuevo en luto y desesperación? Parece muy difícil que el pueblo pueda forzar la caída del régimen sin una acción exterior por parte de Estados Unidos e Israel. Los ayatolas están muy debilitados, pero siguen disponiendo de los fusiles, de la muerte que la Guardia Revolucionaria dispensa en la calle y en los centros de tortura. Todo ocurre ante la indiferencia de los grandes medios y el escandaloso silencio de la izquierda mundial. Lo que sucede en Irán está exponiendo ante el mundo de forma descarnada ese absoluto fraude moral que es la izquierda: el sufrimiento solo importa cuando puede usarse contra Occidente y sus valores. En caso contrario, se oculta y se ignora.

¿Y España, qué pasa en España? Mientras nos distraemos con lo que ocurre lejos de nuestras fronteras, el pérfido gañán que nos preside prosigue la tarea de demolición de la patria común. Esta semana le ha asestado un nuevo golpe, quizá definitivo, a la igualdad y solidaridad entre los españoles. Y lo hace a cara descubierta, porque ya no valen subterfugios ni simulacros. Recibe con pompa en Moncloa al líder de ERC, un tipo condenado en firme por golpista, luego indultado, e inhabilitado para cargo público, con el que pacta una financiación singular para la Generalidad, un “cupo” catalán por importe de 4.700 millones como pago por el alquiler de Moncloa. Y ante los medios el sujeto explica con total desahogo que “el acuerdo es bueno, porque todo el mundo gana, nadie pierde”. Se lleva a casa una parte de la tarta, pero nadie pierde. ¿Qué broma es esta? Y la patética Montero aparece en escena para afirmar que el Gobierno va a volcar en el sistema autonómico algo así como 21.000 millones más (¿será por dinero?), para que nadie proteste y todo el mundo se dé por satisfecho. ¿Y este festival quién lo paga? ¿Quién corre con la cuenta? Cada vez tratan de engañarnos con peores argumentos, cada día ofenden más nuestra inteligencia. Ah, pero eso sí, el principio de ordinalidad solo regirá para Cataluña, al resto de regiones que le vayan dando. Se acabó la solidaridad interterritorial. El plan no va a salir, porque Sánchez carece de los apoyos necesarios en el Congreso para validarlo, pero es perfectamente indicativo de las verdaderas intenciones para con España de un autócrata dispuesto a perpetuarse en el poder a costa de lo que sea, incluso del enfrentamiento entre españoles.

Me cuentan que el sujeto podría haber adelantado a Junqueras una idea que hace tiempo le ronda la cabeza y cuya autoría intelectual lleva el copyright, cómo no, de Rodríguez Zapatero, el presidente en la sombra: la posibilidad de formar un Nuevo Frente Popular electoral, a la manera del que en Francia encabezó Jean-Luc Mélenchon en las legislativas de julio de 2024, para presentarse a las generales que se convocarían este mismo año, haciendo con ello realidad aquel “somos más” de la noche del 23 de julio de 2023. Se trataría de consolidar políticamente el bloque de investidura, toda la izquierda más el nacionalismo de derechas catalán y vasco, para hacer frente al riesgo de un Gobierno “de la extrema derecha y la derecha extrema”, desempolvando la vieja estampa de las “dos Españas”, los dos bloques enfrentados a garrotazos y sin posibilidad de concordia, para caminar decididamente por la senda de esa República Plurinacional Ibérica abrumadoramente socialista, con exclusión de al menos la mitad del país, que persigue el nuevo Pacto de San Sebastián. Sería el intento adelantado hace semanas por otro destacado vividor de ERC, de apellido Rufián, cuando apuntó la posibilidad de unir a los grupos a la izquierda del PSOE para concurrir electoralmente bajo una misma marca. Solo que el capo en esta versión corregida y aumentada no sería el citado sino Sánchez, el jefe de la banda, dispuesto a perpetuarse en el poder. No podrá, porque su suerte está echada. Al viacrucis electoral y judicial que le espera podría añadirse muy pronto las novedades que resulten de las declaraciones de Maduro entre el juez de Nueva York. Dicen que ZP (¿Por cierto, quién está pagando la campaña de lavado de imagen al que algunos medios se están prestando dentro de la M-30?) está muy asustado con lo ocurrido en Caracas y que no le llega la camisa al cuello. Su tiempo se acaba. El de ambos dos. Tic tac, tic tac. El 26 podría ser el año de la definitiva liberación de todos los rufianes que hemos padecido en los últimos tiempos. Tendrá que ser. Año de bienes.

Zapatero, de inspector de nubes a blanqueador de dictaduras
Diego González. libertad digital. 11 Enero 2026

No hay mentira lo suficientemente gorda como para que la izquierda española no se la trague.

Cumplida su misión de arruinar al país y de destruir el futuro de una generación, José Luis Rodríguez Zapatero dimitió como presidente del gobierno de España a finales de 2011. Se despidió con una de esas frases repipis y vacías tan propias de su mandato: "El mejor destino es el de inspector de nubes", dijo, sin que se le cayera la cara de vergüenza. "La tierra no pertenece a nadie salvo al viento", había dicho un par de años antes. Las pistas ya estaban ahí. La sabiduría popular dice que detrás de un cursi siempre se esconde un hijo de puta, y es por algo.

A ZP se le recuerda por haberse presentado a unas elecciones con el lema "Por el pleno empleo" y haber duplicado el número de parados en los siguientes doce meses. Para cuando por fin dejó de maltratar al país con su incompetencia, los desempleados se habían triplicado. Durante todo ese tiempo negó que existiera una crisis, primero, insultando de paso a los que advertían de lo que se nos venía encima, y fingió estar a punto de acabar con ella, después, insultando de paso a los que no se creían sus embustes. Exactamente el mismo método del PSOE con el Coronavirus.

Parecía que después de su nefasta labor en España Zetaparo no podía caer más bajo, pero siendo socialista siempre se puede excavar un poco más en el pozo de la inmundicia. Hace más de una década el ex presidente encontró acomodo ronroneando alrededor de los tobillos de los mandatarios más poderosos de Caracas, empezando por Nicolás Maduro. No contento con hundir España, se entregó con el mismo entusiasmo a la tarea de destruir Venezuela, llevando a cabo una labor permanente de blanqueo del régimen, disfrazado de mediador. A cambio de ella, Zetamugre disfrutó del trato privilegiado del régimen chavista, que le transportaba en los aviones de la petrolera estatal y que, según afirmaciones del entonces jefe de los servicios secretos venezolanos, le entregó la concesión de una mina de oro. ZP se ha presentado como "mediador" porque "conseguidor" queda menos bonito en las tarjetas de visita, y también como excusa para usar sin complejos ese lenguaje melifluo y equidistante con el que la izquierda acaricia el lomo de los dictadores más sanguinarios cuando son de los suyos. Su mediación consistía, entre otras cosas, en decirles a las madres de los presos políticos torturados por el chavismo que cerraran la boca, como desveló Lorent Saleh, un opositor encerrado durante años en las mazmorras bolivarianas. Fue siempre un agente chavista, incapaz de decir una sola palabra crítica con un régimen asesino y criminal que ha robado todas las elecciones que se han celebrado durante la década en la que Zetamuerte ha trabajado en su blanqueo.

Con Nicolás Maduro refrescándose en una celda de Manhattan, el que necesita blanqueo ahora es el propio Zetaperro. Por la razón que sea, la empresa de sus talentosas hijas tenía como único cliente un portal de e-sports venezolano, que mira que hay países en América y justo acaban trabajando en la dictadura a la que asesora su padre. Que Zapatero se reuniera un día antes de su imputación con el director de Plus Ultra, aerolínea que sólo tenía un destino (Caracas) y que recibió cincuenta millones de euros durante el Covid, sin duda es otra casualidad producto del azar. TVE y el resto del oficialismo se han lanzado a la tarea de subir a un pedestal al peor presidente de la historia de la democracia, de cualquier democracia. "Zapatero ha liberado a cinco presos españoles", afirman sin pudor, porque aparentemente la detención de Nicolás Maduro hace seis días no ha tenido nada que ver; en diez años trabajando para el chavismo ni un solo español había disfrutado de los beneficios de la gestión de Zetacejas, ni el gobierno de España había dicho una sola palabra sobre ellos, pero justo ahora, casualmente, es cuando el tipo que hundió España se ha convertido en un hombre de Estado genio de la mediación. Y es que no hay mentira lo suficientemente gorda como para que la izquierda española no se la trague.

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«Frente jurídico» de ETA: las «presiones» a las víctimas para desinflar la causa
Ricardo Coarasa. la razon. 11 Enero 2026

«Los abogados tenían material, mapas de zulos y un pendrive que dejaban clara su vinculación con ETA. No era justo que miembros tan estrechos de la organización terrorista quedaran impunes». Daniel Portero, presidente de Dignidad y Justicia (DyJ), se congratula por la reciente decisión del Tribunal Supremo de ratificar las condenas por integración en organización terrorista a los dos principales abogados del «frente jurídico» de ETA, los letrados Arantza Zulueta (en su caso, también por depósito de armas y explosivos) y Jon Emparantza –siete años y medio de prisión y cuatro, respectivamente– pese a la reducción de pena a los otros dos condenados, Naia Zuriarrain e Iker Sarriegui (dos años y un año y medio de cárcel a cada uno).

Y denuncia «presiones» a lo largo de la instrucción para enterrar el procedimiento. «Dignidad y Justicia ha llevado esta acusación hasta el final a pesar de todas las contradicciones que ha habido y de todas las presiones que la asociación ha recibido para resolver esta causa por la vía de la conformidad», pone de manifiesto. «Nuestros servicios jurídicos se han mantenido firmes contra viento y marea, porque había pruebas», recalca satisfecho.

Ha sido un largo periplo judicial de 15 años desde que en abril de 2010 se llevara a cabo la operación policial contra «Halboka», la red de asistencia letrada que tomó el testigo del «frente de cárceles» de ETA encargándose de mantener la cohesión de los presos de la banda y de transmitirles las directrices de la organización terrorista, llegando incluso a señalar posibles objetivos y colaborando, también, en la recaudación del «impuesto revolucionario» (el chantaje a los empresarios para conseguir fondos para su actividad criminal).

Portero: "Las víctimas no se lo merecían"

«Las víctimas del terrorismo no se merecían que quienes han hecho posibles los atentados que han acabado con la vida de sus familiares siguieran campando a sus anchas como si nada hubiera sucedido», expone a LA RAZÓN el presidente de Dignidad y Justicia, que junto a la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) y la Fiscalía de la Audiencia Nacional ejercen la acusación en esta causa.

La investigación llegó a solaparse con la que se puso en marcha contra «Herrira», que tras el anuncio de disolución de ETA asumió estos cometidos como enlace entre ETA y sus presos. En este caso, se sentaron en el banquillo 47 acusados (entre ellos, también, Zulueta y Emparantza, para quienes la Fiscalía pedía 14 años de prisión), que tras un acuerdo entre las defensas y las acusaciones fueron condenados en 2019 a penas de tres años y medio de cárcel como máximo.

El precedente –y el hecho de que se juzgara antes a los miembros de «Herrira» que a los de «Halboka»– extendía la sombra de un nuevo acuerdo de conformidad (mediante el que las acusaciones garantizan que haya condenas ante una prueba endeble y las defensas consiguen una sustancial rebaja de penas a cambio del reconocimiento de las imputaciones).

"Muchos nos presionaron"

Intentos, por lo que cuenta Portero, no faltaron. «Muchos nos presionaron para llegar a acuerdos que no nos parecían justos. Utilizaron hasta instituciones como el Colegio de Abogados de Bilbao para evitar que nos personáramos o que continuáramos ejerciendo la acusación contra letrados que pertenecían a esa institución solo porque eran parte de ella. Olvidaban, sin embargo, que también eran parte de ETA», apunta el presidente de DyJ.

«Muchos cedieron a esas presiones», señala antes de insistir en que «solo la perseverancia y la profesionalidad» de la letrada de la asociación, Vanessa Santiago, «han mantenido vivo el procedimiento y conseguido llegar hasta el final».

En la AVT también están satisfechos con la decisión del Supremo. Fuentes de la asociación que preside Maite Araluce confirman que las defensas de los cuatro acusados (otros tres fueron absueltos por la Audiencia Nacional) querían llegar a un acuerdo de conformidad que al final no se produjo.

Satisfacción en la AVT por el aval del Supremo

Desde la AVT –representada en la causa por el letrado Antonio Guerrero– consideran relevante que el Tribunal Supremo solo haya estimado que los hechos que llevaron a cabo Zuriarrain y Sarriegui «fueron de menor entidad» (de ahí la rebaja en la condena), «desestimando todos los motivos de su recurso de casación, entre ellos la intervención del CNI» (Centro Nacional de Inteligencia) en el origen de la investigación.

«Su labor fue bastante menor y no tuvieron ningún tipo de actividad ni relación con actos o hechos violentos», apuntan esas mismas fuentes, que distinguen su actuación de la que llevaron a cabo Zulueta y Emparantza, «ya que a la primera le incautan un pendrive con croquis de zulos y respecto al segundo consta acreditado que intervino en el cobro del impuesto revolucionario» (mediante el envío de correos electrónicos y la recepción de cantidades fruto de la extorsión a empresarios por parte de los terroristas).

Los dos abogados esgrimieron sin éxito el principio de cosa juzgada (al haber sido ya condenados previamente como integrantes de «Herrira»), pero el alto tribunal ha ratificado ahora la decisión de la Audiencia Nacional, que consideró que tras ser detenidos en abril de 2010 su pertenencia a ETA (desde 2005) se interrumpió hasta enero del año 2012, cuando tras el anuncio de disolución por parte de ETA se reestructuró el «frente de cárceles», asumiendo los dos acusados de nuevo esas funciones hasta que volvieron a ser detenidos por las Fuerzas de Seguridad en enero de 2014.

Un pendrive con croquis de zulos

A Arantza Zulueta se le intervino en su despacho profesional –oculto tras el marco de un cuadro– un pendrive con información sobre zulos de ETA y unos croquis que llevaron a la Policía francesa hasta esos depósitos de material de la banda terrorista. Allí, los agentes localizaron 92 kilos de clorato sódico, azufre, cordón detonante, un Kalashnikov, un Cetme y munición, además de dinero.

La sentencia ahora confirmada también señala que ETA pidió a «Marxel» (uno de los alias que habría utilizado Zulueta) un informe sobre las medidas de seguridad en la Audiencia Nacional con el objetivo de atentar contra la sede judicial, aunque no hay constancia de que la información se realizara o llegara a los terroristas.

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