Recortes de Prensa Lunes 12 Enero 2026

La legalidad era Maduro
Eduardo Inda. okdiario. 12 Enero 2026

Por la cínica y no menos estúpida regla de tres que esgrime la izquierda internacional tras la captura de Nicolás Maduro, no se podría ni se debería haber actuado contra la Alemania nazi que asesinó en las cámaras de gas a 6 millones de judíos. El derecho internacional lo marcaba una inoperante Sociedad de Naciones que no emitió ningún veredicto formal contra el monstruoso régimen hitleriano tras la Solución Final puesta en marcha en la Conferencia de Wannsee. Entre otras cosas porque de lo que acontecía en los campos de concentración se sabía en tiempo real más bien poco, la omertà funcionaba de puertas afuera, y porque a quienes se atrevían a contar la verdad los tomaban por locos. Nadie se creía las verdaderas dimensiones del espanto provocado por ese pintorcillo austriaco que se creía alemán. Tan sencillo como eso. El mundo carecía de leyes que prohibieran taxativamente la persecución de judíos, gitanos, católicos, homosexuales o personas con discapacidad.

Aunque tardísimo, los aliados decidieron acabar con el horror nazi apelando a ese Derecho Natural que establece que matar contraviene la moral más elemental y exterminar a grupos étnicos constituye la madre de todos los horrores. Cuando escucho al chavista Pedro Sánchez criticar a Donald J. Trump por capturar a Maduro «violando la legalidad internacional» me sobreviene la risa porque no se puede ser más cínico ni más ignorante. Básicamente porque todos los países tienen leyes: los democráticos, los autocráticos y los que padecen la lacra de la dictadura. Los ordenamientos jurídicos son una suerte de orden social, acotan el comportamiento de los individuos mediante reglas.

Lo que hay es reglas justas e injustas. La Alemania nazi tenía su propia legalidad. Las Leyes de Núremberg de 1935 fueron el germen de la Solución Final mediante normas tan aberrantes como la que protegía la «Sangre y el Honor Alemán» o la que otorgaba (o no) la «Ciudadanía del Tercer Reich». También hay normas en Corea del Norte, en esa China que fusila o ahorca a 10.000 personas anualmente, en la Rusia del envenenador Adolf Putin y, por supuesto, haberlas también las había y las hay en la narcodictadura de Hugo Chávez, en la de su sucesor, Nicolás Maduro, y también en la de Delcy Rodríguez, la sucesora del sucesor.

Pedro Sánchez debería saber que derrocar a un sátrapa es ética y moralmente plausible por no decir una bendición del cielo. Eso es lo que hizo exactamente el Gobierno de los Estados Unidos ese 3 de enero de 2026 que quedó escrito en letras mayúsculas en apenas dos horas. Y, aunque nuestro todavía presidente es un iletrado excepcional, no está de más recordarle que hay numerosos teóricos, entre ellos el jesuita español Juan de Mariana —que, obviamente, el robatesis no tiene ni idea de quién es—, que consideran un bien moral el tiranicidio.

Prefiero que Maduro pague sus crímenes encerrado en una fría cárcel neoyorquina hasta el fin de sus días a su eliminación física. Y no precisamente por razones morales sino más bien prácticas. Haber quitado de en medio al asesino de decenas de miles de venezolanos hubiera elevado a la categoría de «mártir del imperialismo» a este indeseable personaje. Siendo pragmáticos se antoja mil veces más conveniente que se pudra en prisión o que se autopractique un Epstein en la celda. Punto.

Los que ahora invocan la legalidad internacional olvidan, para empezar, que la legalidad internacional no ha frenado la ejecución extrajudicial de innumerables venezolanos, tampoco las incontables desapariciones que equiparan cuantitativa y cualitativamente a este régimen con otros tan tenebrosos como las Juntas Militares argentinas o el pinochetismo, menos aún la existencia de miles de presos políticos en los casi 27 años que dura ya la pesadilla del chavismo. La ONU se quedó de brazos cruzados con todas estas atrocidades e igualmente calló ante el exilio de 9 millones de nacionales que han huido de la represión y, manda bemoles, del hambre en un país que posee más reservas petrolíferas que ¡Arabia Saudí!

Las instituciones internacionales encargadas de imponer la legalidad internacional en la nación hermana han arrastrado los pies sistemáticamente. Ya en 2006 el Tribunal Penal Internacional (TPI) abrió y cerró en un santiamén el proceso para dilucidar si existían motivos para encausar por crímenes de lesa humanidad a la República Bolivariana de Venezuela gobernada a la sazón por el asesino de la sonrisa, Hugo Chávez. La Organización de Estados Americanos (OEA) fue la primera que advirtió de manera inequívoca que en el país sudamericano se estaba perpetrando el terrorismo de Estado. Sucedió en 2018. La ONU tardó dos años más en llegar a esta perogrullesca conclusión y el Tribunal con sede en La Haya otros seis. Entre medias, Maduro, Delcy, Diosdado Cabello, Vladimir Padrino y demás gánsters continuaban matando como si no hubiera un mañana. Claro que ni el TPI, la ONU y mucho menos la OEA poseen medios militares para frenar a los autores de estos crímenes de lesa humanidad ni tampoco para detenerlos.

Si la legalidad internacional es papel mojado, si la Declaración de los Derechos Humanos de 1948 se toma a beneficio de inventario, ¿qué hay de malo en que una superpotencia coja al dictador y lo lleve a rendir cuentas ante la Justicia? Mi opinión es que no sólo no hay nada de malo sino que constituye una noticia maravillosa. A este respecto resulta importantísimo resaltar que el inquilino del Despacho Oval se limitó a ejecutar las órdenes de captura dictadas por la Justicia estadounidense a instancias de la Agencia antinarcóticos, DEA, que sostiene con contundentes pruebas que Nicolás Maduro es el principal narcotraficante de Sudamérica, además de un corrupto de marca mayor con una fortuna de miles de millones de dólares.

Me provoca vómitos morales la gentuza que protesta de ocho días a esta parte por el espectacular blitz estadounidense cuando han permanecido callados durante un cuarto de siglo ante las desvergonzadas vulneraciones de derechos humanos cometidas primero por Hugo Chávez y más tarde por el ahora presidiario Nicolás Maduro. Jamás alzaron la voz. Aún recuerdo a José Luis Rodríguez Zapatero negándose ante un servidor en Telecinco a llamar «dictador» al marido de Cilia Flores, haciéndose el sueco a la hora de condenar el descomunal pucherazo en las Presidenciales de julio de 2024 y asegurando que Venezuela no padece una tiranía sino «un conflicto político».

Un juego de niños, lo de Zapatero, al lado del infamante coqueteo del delincuente de Pablo Iglesias, del presunto agresor sexual Errejón y de un Monedero acusado de acoso sexual con la tiranía venezolana. Aunque en su caso se aplicaron el viejo cuento del «por el interés te quiero, Andrés». Esta gentuza recibió toneladas de dinero manchado con la sangre de los demócratas venezolanos para importar a Europa el modelo chavista. Pruebas de ello hay para dar y tomar al punto que constituye una perogrullada tautológica, esto es, una obviedad al cubo. Por cierto: a ninguno de estos cínicos les escuché jamás exigir la liberación de los presos políticos que ahora, por la gracia de Donald Trump, empiezan a salir a la calle. La gran cuestión es dónde estaban en los malos tiempos. Y la respuesta es tan evidente que casi avergüenza responderla: riendo las gracias sin gracia al narcodictador.

Y que el Gobierno de Sánchez es la sucursal europea del chavismo lo certifica más allá de toda duda razonable que toda esta banda ha trincado sin parar dinero proveniente de PDVSA y alrededores. Cómo serán las cosas que un Ejecutivo que se autodenomina «progresista» y «democrático» puso la Embajada en Caracas al servicio de la narcodictadura. Las imágenes de Edmundo Rodríguez Urrutia firmando la derrota electoral que no se había producido en los comicios de 2024 en nuestra legación diplomática, en presencia de esos pedazo de gánsters que son los hermanos Rodríguez, deberían haber conducido supersónicamente al banquillo al embajador Ramón Santos y a buena parte de nuestro Gobierno. Claro que para eso se tendría que dar un supuesto que representa un imposible físico y metafísico en estos momentos: que España fuera una democracia de calidad.

El postureo de toda esta banda salta a la vista. La legalidad internacional que realmente desconocemos cuál es les importa un bledo. El problema se reduce a una cuestión económica. La aprehensión de Nicolás Maduro pone en riesgo el flujo de dinero Caracas-Madrid que ha hecho ricos a tantos y tantos prohombres de la izquierda española. Desde Raúl Morodo, mano derecha e íntimo de José Bono, hasta el propio Zapatero, pasando por los Pablo Iglesias de la vida. La pela es la pela. Y, mientras tanto, los demócratas aplaudimos a Donald Trump porque desde el sábado pasado el mundo es algo mejor. Y Venezuela ni les cuento.

La caída de Maduro: otro revés para Putin y su sueño de un mundo multipolar
La captura de Maduro revela los límites reales del poder ruso y la fragilidad de sus alianzas globales
Anderson Simanca. Washington. la razon. 12 Enero 2026

La fulgurante operación estadounidense en Caracas, que terminó con la captura de Nicolás Maduro, ha tenido un efecto sísmico que va mucho más allá de Venezuela. El verdadero damnificado político no está en el Caribe, sino en Moscú. Con un golpe rápido y quirúrgico, Donald Trump ha dejado al desnudo la gran promesa estratégica de Vladimir Putin: ese «mundo multipolar» que el Kremlin lleva años vendiendo como alternativa al orden occidental y que, a la hora de la verdad, se revela frágil, inconsistente y, sobre todo, inútil para sus supuestos aliados.

La humillación es doble. Primero, porque vuelve a confirmarse que Rusia no es un socio fiable cuando la situación se complica. Ya ocurrió en Nagorno-Karabaj, donde Moscú dejó hacer a Azerbaiyán mientras sus tropas de «mantenimiento de la paz» miraban hacia otro lado. Se repitió en Siria, cuando el régimen de Bashar al-Assad, sostenido durante años por el Kremlin, acabó desplomándose sin que Rusia pudiera evitarlo ni siquiera conservar su estratégica base naval de Tartus. Y volvió a evidenciarse con Irán, incapaz de contar con respaldo ruso cuando Estados Unidos e Israel atacaron sus instalaciones con total impunidad.

La segunda humillación es aún más dolorosa para Putin: Trump ha demostrado ser más audaz y eficaz en el uso del poder duro que el propio líder ruso, quien lleva más de cuatro años empantanado en Ucrania. Mientras el Kremlin soñaba con una «operación relámpago» para neutralizar a Volodímir Zelenski, la realidad ha sido una guerra de desgaste con más de un millón de bajas rusas entre muertos y heridos y un resultado político cada vez más incierto. Trump, en cambio, ha hecho en media hora —según la ácida comparación de analistas rusos— lo que Putin prometió y no logró.

La envidia se ha filtrado sin pudor en los círculos nacionalistas rusos. Abbas Gallyamov, antiguo redactor de discursos del Kremlin, resumía el sentir general con una frase demoledora: Putin debe de estar «insoportablemente celoso». Incluso voces ultras como Igor Girkin, hoy encarcelado, admitieron que Rusia ha sufrido «otro golpe a su imagen» al no socorrer a un país que contaba con su protección. No es precisamente el mensaje que Moscú quería enviar a su constelación de aliados.

Durante años, el Kremlin se presentó como el eje de una alianza informal de regímenes enfrentados a Washington, desde América Latina hasta Oriente Medio. La invasión de Ucrania en 2022 fue el gran llamamiento a filas. Algunos respondieron con hechos: Irán suministró drones, China e India compraron petróleo ruso, y otros gobiernos ofrecieron apoyos simbólicos que ayudaron a Moscú a sostener el relato de que no estaba aislado. Pero los acontecimientos recientes sugieren que ese apoyo era, en realidad, una calle de sentido único. Rusia pide lealtad; rara vez la devuelve.

El caso venezolano es especialmente revelador. Moscú ha invertido más de 20.000 millones de dólares en armamento y energía desde 1999, asegurándose influencia sobre la industria petrolera del país. Todo ese entramado se ha demostrado inútil cuando su principal aliado cae y acaba compareciendo ante un tribunal de Nueva York vestido con mono de preso. Peor aún: Rusia, que en el pasado supo ofrecer refugio a líderes derrocados como Víktor Yanukóvich o el propio Assad, esta vez ni siquiera ha podido garantizar una salida digna.

La reacción oficial rusa ha sido previsible: denuncias de «violación inaceptable de la soberanía» y acusaciones de «imperialismo decimonónico». El problema es que ese discurso choca frontalmente con la práctica cotidiana del Kremlin en Ucrania. La retórica antiimperialista pierde fuerza cuando quien la enarbola ha hecho del uso de la fuerza bruta su principal herramienta de política exterior.

Entre los halcones rusos, el debate oscila entre la fanfarronería y la frustración. Algunos, como Aleksandr Duguin, piden imitar a Trump: actuar más rápido, sin complejos y sin pedir permiso. Otros sugieren que la operación estadounidense confirma que el derecho internacional ya no rige y que, por tanto, Moscú queda legitimado para hacer lo que quiera. La ironía es evidente: Putin lleva años defendiendo la ley del más fuerte, pero ahora descubre que no es el mejor jugador en ese tablero.

La jugada de Trump, además, tiene una dimensión estratégica clara. Al declarar una emergencia nacional para controlar los ingresos del petróleo venezolano —unos 2.500 millones de dólares—, la Casa Blanca convierte el crudo en una palanca de poder en el hemisferio occidental, refuerza su influencia regional y envía un mensaje disuasorio a actores como Cuba, Irán o Hezbolá. Todo ello sin que Washington pague, al menos por ahora, el precio de sanciones o aislamiento internacional que sí sufre Rusia.

En Moscú, la conclusión empieza a abrirse paso, aunque sea a regañadientes. El mundo que Putin ayudó a construir, donde el éxito se mide solo en términos de fuerza, está siendo dominado por otro. Trump no ha cambiado las reglas; simplemente ha demostrado saber jugarlas mejor. Y esa es, quizá, la mayor humillación para el Kremlin: descubrir que en la jungla que promovió, ya no es el depredador más temido.

El partido del sanchismo
Jesús Laínz. gaceta. 12 Enero 2026

No, no es el PSOE, no. Pero no nos precipitemos y comencemos por el principio.

Porque la izquierda nunca se equivoca, nunca hace nada mal, nunca tiene nada de lo que arrepentirse. Así fue en el pasado, así es hoy y así seguirá siendo por los siglos de los siglos, amén.

Recuérdese, por ejemplo, el caso de Stalin, cuyos opresivos años de gobierno los izquierdistas del mundo libre no tuvieron más remedio que condenar cuando ya no siguió siendo posible negar la evidencia, pero no por haber sido culpa del comunismo, sino de Stalin. No en vano a aquel régimen se le llama estalinismo, nunca comunismo o socialismo. Ya saben, la Unión de Repúblicas Stalinistas Soviéticas. ¿No se llamaba así?

Con esta maniobra terminológica y propagandística la izquierda ha echado balones fuera para seguir presentándose como la virgen inmaculada de la historia, siempre en el bando de la luz frente a las eternas tinieblas fascistas. Pero el gobierno de Stalin no fue otra cosa que la continuación del gobierno de Lenin, la prolongación de las instituciones construidas por ambos durante los años de presidencia de aquél y la consecuencia de la elaboración ideológica del partido al que ambos pertenecieron.

¿Acaso tras su muerte llegó la libertad comunista para sustituir a la tiranía estalinista? ¿Lo que llegó no fue la continuación del comunismo bajo el mando de su heredero Kruschev? ¿En qué cambiaron las cosas? ¿No fue Kruschev el que mandó construir el muro de Berlín para que no se escapara la gente del paraíso comunista? ¿No fue durante el gobierno de Kruschev cuando la Unión de Repúblicas exestalinistas Soviéticas invadió Hungría en 1956 para ahogar sus ansias de libertad? ¿Y no fue durante el gobierno de su sucesor Bréznev cuando se hizo lo mismo con Checoslovaquia en 1968 y con Polonia en 1982? Pero no, todo esto no fue culpa del comunismo, sino de Stalin, que seguía adulterando el benéfico ideario marxista-leninista incluso décadas después de muerto.

Pues lo mismo pasa con el socialismo español, siempre angélico, siempre democrático y siempre inocente de todo mal. Porque lo que desgobierna hoy España no es el socialismo, sino el sanchismo. Y no es el PSOE quien repite la letanía para intoxicar la opinión pública, sino el PP y sus voceros, a los que no se les cae el bendito sanchismo de la boca. Porque el PSOE es bueno, dicen los del PP. El malo es Sánchez, sólo Sánchez. Y cuando Sánchez desaparezca, volverá el PSOE bueno y todos volveremos a ser felices.

Así lo ha proclamado, por ejemplo, un Alberto Núñez Feijoo que anunció durante la última campaña electoral que prefería pactar con el PSOE que con Vox y que presume de haber votado en su día a Felipe González. Ya saben, aquel añorado estadista que, entre otros logros, acabó con la división de poderes mediante la eliminación de la independencia judicial, consolidó el vaciamiento del Estado en beneficio de sus aliados separatistas, destruyó la educación mediante la LOGSE, etc.

Pero no, esto no es culpa del PSOE ni consecuencia de su ideología. La culpa la tiene el pérfido sanchismo, que el PP desea defenestrar de la Moncloa para que regrese el verdadero PSOE, que es estupendo. El PP lleva medio siglo demostrando que siempre será el mejor aliado del PSOE, y lo está demostrando de nuevo con esa estrategia de limpieza de cara del socialismo para que pueda volver a estar en condiciones de gobernar.

Bien claro lo deja Aznar, el Pepito Grillo del PP que se materializa frecuentemente para aconsejar a sus hinchas, siempre que tiene ocasión. Por ejemplo, muy recientes son sus palabras sobre que «Vox no es un factor de gobernabilidad y estabilidad y es cómplice de Pedro Sánchez» y su confesión de que «Yo, sin duda ninguna, sintonizo más políticamente con Felipe González que con Abascal».

Por eso sorprende que tantos españoles sigan empeñados en tener esperanza en que el PP hará causa común con Vox para ganar el pulso contra el PSOE. Porque los dirigentes del PP tienen muy claro que ellos y el PSOE son las dos columnas vertebrales del régimen, que el enemigo que tienen que aniquilar es Vox y que lo que tienen que hacer es entenderse con los socialistas para que todo siga igual, como demuestran continuamente en las instituciones europeas.

Lo explicó magníficamente Esteban González Pons: «En Bruselas somos coalición desde hace mucho tiempo con el Partido Socialista. Y con los Verdes. Y seguiremos siendo coalición con el Partido Socialista y los Verdes».

Junqueras nos roba y los socialistas aplauden
EDITORIAL. libertad digital. 12 Enero 2026

Estamos ante un nuevo expolio a los españoles en beneficio de la casta separatista catalana, perpetrado por un presidente socialista.

El nuevo mecanismo de financiación autonómica hecho público por la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, no es una reforma del sistema para que los fondos públicos se repartan entre los territorios con mayor equidad. Tampoco estamos ante el intento de acabar con la infrafinanciación endémica de comunidades como Valencia, Murcia o Andalucía, tras un análisis sesudo de los componentes técnicos del reparto. Lo que hizo Pedro Sánchez el pasado viernes en su reunión con Oriol Junqueras fue, sencillamente, comprarse unos meses más en el poder a costa del resto de los españoles.

La puja para que ERC siga prestando su apoyo parlamentario al Gobierno quedó fijada finalmente en 4.700 millones de euros, que es la cantidad que el Gobierno regional catalán recibirá adicionalmente a partir de 2027. El presidente del Gobierno de España acordó con un delincuente la magnitud exacta de este nuevo expolio a la caja común y el expresidiario se encargó de hacerlo público, a pesar de que su partido está en la oposición en el parlamento catalán. La sordidez que rodea todos los chanchullos de Sánchez con sus socios adquirió así un grado añadido de humillación hacia el presidente de la Generalidad, el socialista Salvador Illa, que se enteró de los términos del acuerdo escuchando la rueda de prensa improvisada de Junqueras desde un aparcamiento público.

Lo que hace a partir de ese momento el Gobierno es manipular los resortes del actual sistema de financiación para que dé como resultado esa cantidad adicional para Cataluña acordada con Junqueras. Por eso aparecen conceptos como la primacía del Arco Mediterráneo, que aumenta la financiación de Cataluña en detrimento de las comunidades del interior, las cuales deberán conformarse con una reformulación tramposa del Fondo de Compensación Interterritorial para que les llegue también unas migajas.

Pero lo más grave de este último atropello del sanchismo es la introducción del principio de ordinalidad, un concepto contrario a la Constitución, cuyo artículo 2 consagra la solidaridad entre las regiones españolas como base fundamental de nuestro ordenamiento político. La ordinalidad, objetivo soñado por los separatistas catalanes durante décadas, consiste en que Cataluña, una de las regiones más prósperas de España, dejará de contribuir al esfuerzo común de los españoles, situándose en una posición de equilibrio entre lo que recibe y lo que aporta.

Sobra decir que esa ordinalidad pactada por Sánchez y Junqueras, como explicó más tarde María Jesús Montero, solo afectará a Cataluña. De hecho, la ministra y candidata socialista andaluza añadió expresamente que ese principio no se aplicará a Madrid, un guiño añadido al separatismo, que ha convertido a la comunidad madrileña en el principal objetivo de su odio inveterado.

Estamos, por tanto, ante un nuevo expolio a los españoles en beneficio de la casta separatista catalana perpetrado por un presidente socialista con una humillación añadida para sus votantes en las regiones más castigadas. Por desgracia para Sánchez y Junqueras, ese pacto antinacional debe pasar por el Parlamento para que pueda ser validado. Entonces veremos si el PSOE se suicida en masa en el altar del sanchismo, como empezó a hacer con la votación de la ley de Amnistía, o todavía queda entre los diputados socialistas algún resto de dignidad.

Hay más de 3,5 millones de funcionarios
Más empleados públicos que autónomos: Sánchez maquilla el paro incrementando en medio millón el número de funcionarios desde que es presidente
LGI. gaceta. 10 Enero 2026

España cuenta actualmente con más empleados públicos que trabajadores autónomos, según los últimos datos oficiales. El número de funcionarios supera al de trabajadores por cuenta propia en un 7,94%, aunque hace apenas unos años la situación era la contraria.

Según la Encuesta de Población Activa (EPA) del Instituto Nacional de Estadística (INE), a cierre del tercer trimestre, había 3,533 millones de empleados públicos, el 15,78% de todos los ocupados, frente a 3,272 millones de autónomos. La diferencia es significativa y refleja un cambio histórico en el mercado laboral español.

En 2015, los autónomos superaban a los empleados públicos en más de 100.000 personas, y en 2016 la brecha se amplió. Sin embargo, en 2018, año en que Pedro Sánchez asumió la presidencia del Gobierno, los funcionarios superaron por primera vez a los trabajadores por cuenta propia, con 3,167 millones frente a 3,086 millones.

Los datos del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública confirman esta tendencia. En julio del año pasado había 3,107 millones de empleados públicos, según el Boletín Estadístico del personal al servicio de las administraciones.

La mayoría de los trabajadores públicos se concentra en las comunidades autónomas, con 1,934 millones, el 62,25% del total. Otro 20,3% trabaja en corporaciones locales y el resto, algo más de 540.000, en la Administración del Estado. El traspaso de competencias desde el Estado a regiones y ayuntamientos ha modificado notablemente el mapa laboral en España.

Dentro de la Administración del Estado, más de la mitad del personal pertenece a Fuerzas Armadas y cuerpos de seguridad, con 280.000 efectivos, incluyendo Guardia Civil y Policía Nacional. En términos absolutos, representan porcentajes menores del total: Fuerzas Armadas 3,95%, Policía Nacional 2,46% y Guardia Civil 2,60%.

Economía

Los ‘comisarios políticos’ de Sánchez: las delegaciones del Gobierno cuestan ya 350 millones
Francisco Núñez. Vozpópuli. 12 Enero 2026

España sostiene un sector público sobredimensionado sin que sepa el sentido de tanto gasto. Están la Administración Central, la Autonómica, la de los ayuntamientos o de las diputaciones y cabildos, así como el ‘puzzle’ de entes y organismos de todo tipo (más de 19.000 en su conjunto). Pero la madeja se extiende también a otras entidades como las Delegaciones del Gobierno en las comunidades autónomas que, salvo el interés político, dejan muchas dudas sobre su utilidad para la ciudadanía.

Hay 19 con un delegado al frente, una en cada territorio; y dos más en Ceuta y Melilla, de las que dependen 44 subdelegados en las provincias y siete direcciones insulares, unas 60 secretarías generales y en su caso vicesecretarías, así como innumerables responsables de las áreas funcionales de gestión y de los gabinetes, como órganos de apoyo y de asistencia, y al menos 150 asesores.

Cuentan con unos 6.500 efectivos y cuestan más de 350 millones de euros anuales (cerca de 280 millones corresponden a gastos de personal) para desempeñar una serie de funciones carentes de contenido en muchos casos y que se solapan con las que ya prestan las comunidades autónomas, los ayuntamientos o el propio Estado. Los delegados, con rango de subsecretario, han sido nombrados ‘a dedo’ y por decreto por Pedro Sánchez entre el personal de su absoluta confianza e incluso pertenecen a su círculo más íntimo de amistad.

Las Delegaciones se han convertido en organismos, en permanente conflicto con los gobiernos regionales, que sirven más al interés del presidente del Gobierno de turno y a su partido que a la prestación de servicios, ya que las ventanillas para la ciudadanías se encuentran centralizadas en el propio Estado o en las autonomías; sobre todo, por la implantación de la gestión pública a través de sistemas informáticos y ahora por la irrupción de la IA.

Es decir, cada vez tiene menos sentido esta representación del Gobierno en las regiones o la gestión de servicios que ya tienen asignados algunos ministerios como, por ejemplo, las autorizaciones administrativas en explosivos y armas que controla ya la Guardia Civil, la tramitación de procedimientos sancionadores en materia de seguridad ciudadana o la coordinación contra la violencia de género. Pertenecen funcionalmente al Ministerio de Política Territorial, que tiene una dotación presupuestaria global de más de 600 millones, con actuaciones que realmente competen al ministerio del Interior o al de Transición Ecológica entre otros.

Aunque la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público determina que representan al Estado en los territorios en coordinación con los presidentes autonómicos, los delegados se han convertido en los ‘comisarios políticos’ de Sánchez y en la verdadera oposición extraparlamentaria a los ejecutivos regionales para contrarrestar la gobernanza de otros partidos. Se trata de otro gasto público más aparentemente ‘superfluo’ que habría que revisar, ajustar o en todo caso suprimir.

Las CCAA tienen la mayoría de las competencias previstas para las Delegaciones del Gobierno, que han quedado poco más que para autorizar o no, según proceda políticamente, las manifestaciones o concentraciones, incluidas, por ejemplo, la del 8-M de 2020 en los orígenes del covid en Madrid o las pro palestinas en la vuelta ciclista a España en 2025, que propiciaron la suspensión de la última etapa en la capital del Estado; así como coordinar las posibles ayudas del Gobierno en catástrofes meteorológicas y alertas o emergencias como la Dana en la Comunidad Valenciana en 2024.

La figura del Delegado del Gobierno está recogida en el artículo 154 de la Constitución, aunque obviamente se ha quedado desfasado, ya que el legislador desconocía hace 50 años el alcance que iba a tener el proceso autonómico y sus transferencias, así como el desarrollo cuasi federal de algunas regiones que han conseguido la práctica totalidad de la gestión administrativa y representativa. Mientras, Cataluña está a punto de lograr incluso su propio cupo económico como moneda de cambio para el intermitente apoyo parlamentario al Ejecutivo de Sánchez. Este artículo señala que “un Delegado nombrado por el Gobierno dirigirá la Administración del Estado en el territorio y la coordinará, cuando procesa, con la Administración propia de la comunidad”.

Falta de coordinación

Sin embargo, la coordinación brilla por su ausencia, sobre todo, cuando el Gobierno Central y el autonómico tienen distinto color político en detrimento de los ciudadanos. Es más, el artículo 72 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público advierte que los delegados representarán al Gobierno de la nación en las CCAA “sin perjuicio de la representación ordinaria del Estado en los mismos a través de sus respectivos presidentes”. Es decir, los presidentes de los ejecutivos regionales, por el principio de lealtad constitucional, ya representan al Estado y al Gobierno nacional. Por tanto, existe una duplicidad de cargos y de servicios que sólo sirven para incrementar el gasto público y las diferencias políticas en detrimento de sus actuaciones sobre todo en los momentos de urgencia o alarma.

Los delegados dependen orgánicamente del presidente del Gobierno y según ese mismo artículo “su nombramiento atenderá a criterios de competencia profesional y experiencia” y deberán reunir los requisitos de “idoneidad” establecidos en la Ley reguladora del ejercicio de alto cargo de la Administración General del Estado (AGE). Sin embargo, al menos cuatro de ellos figuran en la actual comisión ejecutiva del PSOE. Es decir, los órganos directivos del partido se ha convertido en una de las principales ‘canteras’ de las delegaciones del Gobierno. Lo que confiere muchas dudas sobre la “idoneidad” o la “competencia profesional” para el cargo sin pasar filtro alguno salvo el del ‘dedo’ del presidente del Gobierno.

Por ejemplo, el Delegado del Gobierno en Madrid, ingeniero de montes, procede del equipo directo de Sánchez en La Moncloa (es ex secretario general de Presidencia) y siempre ha tenido empleos públicos relacionados con el PSOE. Mientras, el de Extremadura, que según su biografía académica “cursó Formación Profesional de Segundo Grado”, es amigo íntimo de Sánchez, que le ha designado ahora para encabezar la gestora del PSOE en la región extremeña, hasta la celebración del congreso extraordinario tras el batacazo electoral del 21-D.

En todo caso, Sánchez ha apostado por la confianza y la fidelidad en la elección de estos altos cargos ya que sólo cinco de los 19 existentes son funcionarios. Es decir, mayoritariamente los delegados son personal ajeno al sector público que desconoce el funcionamiento del desempeño administrativo.

Según el Portal de la Transparencia de la AGE, los sueldos de los delegados del Gobierno cuestan al contribuyente casi 2,5 millones anuales. Cobran una media anual superior a los 100.000 euros, es decir, obtienen ingresos por encima de la asignación directa del propio Sánchez y de los miembros del Gobierno.

Con datos de 2024, últimos disponibles, es el Delegado del Gobierno en Melilla quien más ganó en aquel ejercicio (117.341 euros); le sigue el de Cataluña (114.022 euros); el de Canarias (113.354 euros); el de Ceuta (112.422 euros); el de Baleares (109.643 euros); el de Madrid (109.274 euros); el de Aragón (108.968 euros); el de la Comunidad Valenciana (105.995 euros); o el de Andalucía (105.429 euros).

Sólo están por debajo de esa media de los 100.000 euros las remuneraciones de los delegados de Cantabria (97.378 euros) o, por ejemplo, los de La Rioja (96.249 euros) o Navarra (97.756 euros). En todo caso, estos salarios no recogen la subida realizada en 2025 ni la que se aplicará en 2026.

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Se cumplen 90 años de su formación

El Frente Popular, la herramienta de la izquierda para conquistar el poder con fraude y violencia
Pedro Fernández Barbadillo. gaceta. 12 Enero 2026

En la lucha política, las izquierdas llevan las de ganar frente a las derechas (al menos las españolas) porque están permanentemente movilizadas y conspirando. La derecha, al menos la vieja derecha, suele retirarse voluntariamente cuando llega al gobierno, como se comprobó en 2011, cuando el PP obtuvo la mayoría absoluta en las Cortes y luego no modificó ni una sola de las leyes del socialista Zapatero. En cambio, para las izquierdas la derrota es un estímulo, para la purga y el combate.

Y así lo demuestra Pedro Sánchez, quien ha realizado una verdadera conquista del poder, recurriendo a conjuras, alianzas, promesas y pagos, primero dentro del PSOE y luego en la sociedad y el Parlamento. Mientras, los gerifaltes del PP aguardan que el coche oficial aparezca de un día a otro en la puerta de su casa por ensalmo, porque ellos se lo merecen desde que aprobaron las oposiciones a abogado del estado.

Otro ejemplo es la historia de la Segunda República. El único partido organizado que había en España a la caída de la Dictadura de Primo de Rivera (1930) era el PSOE, gracias a la labor de supresión de los partidos del turno, el conservador y el liberal, hecha en los años anteriores. La única máquina política en funcionamiento siguió siendo la socialista en el año y medio escaso hasta la proclamación de la República. En frente sólo tenía figurones que se creían muy importantes. En las primeras elecciones, las hechas a Cortes Constituyentes, las derechas estaban tan asustadas y desorganizadas que no ganaron ni un 20% de los 470 escaños de la nueva Cámara. En cambio, el PSOE obtuvo 115 y fue la minoría mayoritaria.

Las izquierdas aprendieron la lección de su derrota en las elecciones de noviembre de 1933. La ley electoral aprobada por ellas mismas premiaba a las mayorías en el reparto de escaños. Las derechas fueron capaces de unirse y de esta manera se hicieron con el control del Parlamento. El PSOE cayó al tercer puesto.

Cuando el presidente de la República, Niceto Alcalá-Zamora, se negó a sus peticiones de impedir la reunir de las Cortes y de repetir las elecciones, se pasaron a la preparación de un golpe de estado. En la revolución de octubre de 1934, anunciada profusamente en la prensa socialista, participaron el PSOE, la UGT y la ERC catalanista. El Ejército la derrotó al precio de más de 1.300 muertos. Pero el Gobierno parlamentario de centro-derecha no se atrevió a prohibir el partido socialista, aunque en sus sedes la Policía había encontrado armas y sus militantes habían participado en el golpe y en atentados.

Durante el año 1935, el socialista Indalecio Prieto (el español más cobarde del siglo XX, ya que huyó cuatro veces del país, la última en 1938, para no ser juzgado por sus responsabilidades en huelgas generales y golpes de estado) y el republicano de izquierdas Manuel Azaña, coincidieron en que debían presentarse juntos en una coalición electoral, como el Frente Popular francés.

Cuando el 30 de noviembre el Tribunal Supremo le absolvió de la acusación de rebelión por el golpe de estado de 1934, Francisco Largo Caballero se unió a las conversaciones. Éste pudo imponer sus condiciones en su condición de secretario general del sindicato UGT, que tenía más afiliados que el mismo PSOE y los demás partidos.

A fin de año, quedó claro que en pocas semanas Alcalá-Zamora disolvería las Cortes, ya que rechazaba nombrar presidente del Gobierno al ministro de la Guerra, José María Gil-Robles, jefe de la CEDA (Confederación Española de Derechas Autónomas), la minoría mayoritaria. En su lugar, había colocado el 14 de diciembre a un viejo politicastro republicano que ni siquiera era diputado, Manuel Portela Valladares. Éste gobernó con la Cámara cerrada y antes de que las derechas exigieran responsabilidades a los dos compinches, Alcalá-Zamora disolvió el Congreso el 7 de enero, cuando había consumido sólo la mitad de la legislatura.

Las conversaciones entre los partidos de izquierdas se aceleraron, mientras las derechas, frustradas por un bienio estéril, caían en disputas. Aunque Gil Robles, por la CEDA, y José Calvo Sotelo, por Renovación Española, proponían un bloque contrarrevolucionario, no fueron capaces de ir juntos, salvo en circunscripciones como Madrid. Falange Española se presentó sola. El PNV, obsesionado con el estatuto de autonomía, rechazó todo acuerdo si las demás derechas no cumplían esta condición. Encima los dos amigachos, Alcalá y Portela, añadían más confusión al montar desde sus despachos y los gobiernos civiles un partido de centro, cuyos candidatos pactaban en unas provincias con el Frente Popular y en otras con la CEDA.

Largo Caballero exigió la inclusión del Partido Comunista, que sólo tenía un diputado, del recién fundado POUM (luego perseguido por los comunistas y socialistas durante la guerra) y de las Juventudes Socialistas. Entre los republicanos burgueses sólo se opuso Felipe Sánchez Román, jefe del Partido Nacional Republicano, con tal convicción que abandonó la última de las reuniones, la noche del 14 de enero. A la mañana siguiente se anunció a la prensa la formación del Frente Popular.

El programa de la coalición española tenía un contenido revolucionario del que carecía el del Frente Popular francés, pues incluía la nacionalización de la banca, la expropiación total de la tierra (salvo las pequeñas parcelas cultivadas por sus propietarios) sin indemnización y el control obrero de la producción. Y el PSOE lo firmó en nombre de los comunistas. La promesa movilizadora fue la amnistía para los condenados y encarcelados por la revolución de octubre de 1934, que ascendían a miles, desde Lluís Companys y su gobierno de la Generalidad a dinamiteros asturianos y pistoleros vascos.

En Cataluña se formó el Front d’Esquerres de Catalunya, con Esquerra Republicana (ERC) como columna vertebral, a la cual apoyaba el Frente Popular. En frente, otro viejo político de la derecha: Francesc Cambó.

Los burgueses como Azaña, Diego Martínez Barrios, José Giral o Santiago Casares Quiroga aceptaron el programa y la incorporación del PCE y otras fuerzas igual de extremistas porque, ante todo, querían regresar al poder de la que consideraban su República y, también, porque creían que podrían controlar al PSOE. En los primeros puestos de las listas había más candidatos de los partidos Izquierda Republicana y Unión Republicana que socialistas y comunistas.

La siguiente parte del plan consistió en ganar las elecciones, por las buenas o por las malas, y para ello las izquierdas prepararon a sus masas para tomar las calles en cuanto empezara el recuento. Antes, sin embargo, desde el 1 de enero hasta el domingo 16 de febrero, la fecha de la primera vuelta electoral, se registraron al menos 37 muertos por violencia política (socialistas, comunistas, anarquistas, falangistas, policías y gente sin vínculos políticos conocidos). Y unos cuarenta mítines no pudieron celebrarse o fueron interrumpidos; cuatro de cada cinco por acción de los matones de las izquierdas.

Tan seguras estaban las izquierdas de su victoria que, como cuenta Alcalá-Zamora en sus memorias, elaboraron “listas negras” de funcionarios para depurar (policías, militares, fiscales, jueces) por haber hecho fracasar la sublevación de 1934 y otras listas de funcionarios adictos, expulsados por su implicación en ésta, a reincorporar inmediatamente, incluso al Ejército, la Guardia Civil y la Guardia de Asalto.

El bloque mayoritario dentro del PSOE buscaba la guerra civil desde el verano de 1933 para imponer la «dictadura del proletariado». Largo Caballero, que había sido ministro de Trabajo en los Gobiernos de Alcalá-Zamora y de Azaña, lo dijo en la campaña electoral de 1933: «Pongámonos en la realidad. Hay una guerra civil… No nos ceguemos camaradas. Lo que pasa es que esta guerra no ha tomado aún los caracteres cruentos que, por fortuna o desgracia, tendrá inexorablemente que tomar». Y es que el partido sovietizante en la Segunda República fue el PSOE más que el PCE.

Antes de que acabase el verano de 1936, España se había precipitado a esa guerra civil y Largo Caballero había alcanzado su sueño de ser presidente de Gobierno y ponerse a hacer la revolución.

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