Recortes de Prensa Viernes 30 Enero 2026
España
y su defensa: no aprendemos
Juan
Rodríguez Garat. Almirante (R). el debate.
30
Enero 2026
Donald Trump quiere hacer grande a los Estados Unidos y nada como Groenlandia para cumplir ese objetivo. Lo mismo quiere Vladimir Putin para Rusia y, a falta de progresos reales en el frente, lo demuestra cada día matando ucranianos en sus casas, en sus calles y en sus trenes. Xi Jinping, por no ser menos, quiere engrandecer China y, aunque en Taiwán elige contenerse, no ocurre lo mismo en el mar de China Meridional. Solo los ignorantes –alguno he leído defender esa tesis– creen que el mar no se posee.
Quizá porque todo se contagia –y el mal más que ninguna otra cosa– las ansias de grandeza no se limitan a las superpotencias. Benjamin Netanyahu, sin ir más lejos, se da bastante maña para recuperar poco a poco, bocado a bocado, lo que él considera su tierra prometida. Más cerca de España, el rey Mohamed VI también sueña con el Gran Marruecos y, al menos en el Sáhara Occidental –siempre se empieza por lo más fácil– su Gobierno está consiguiendo hacer sus sueños realidad.
El mundo tiene el tamaño que tiene. Hay que estar ciego para no entender que cada pueblo que consigue un trozo mayor de la tarta, aunque sea lejos de España, empequeñece a los demás. Incluso en Europa, tanto tiempo de vacaciones estratégicas, la realidad se impone. La Unión despierta estos días de su letargo y reconoce que su apuesta por el llamado «poder blando» ha fracasado.
Las negociaciones sobre la guerra de Ucrania, hasta ahora inútiles para cualquier otra cosa, sirven para recordárnoslo cada día: aunque seamos los europeos quienes hoy pagamos la factura del apoyo a Kiev, aunque quizá mañana seamos el siguiente bocado de la tarta rusa –un dulce, por cierto, delicioso, que no quiero ser acusado de rusofobia– Trump y Putin ni siquiera nos invitan a sentarnos a la mesa donde, además de debatir el futuro de Ucrania, se da carta de naturaleza al orden bajo el que vivirán nuestros hijos. Y, como nos recordó en Davos Mark Carney, el primer ministro de Canadá, el que no está en la mesa está en el menú.
Presionados desde el este y desde el oeste, todos los líderes europeos empiezan a reconocer que nuestra razón se va a medir con la vara de nuestra fuerza; que nuestros argumentos no valen lo que las «cartas» de Trump o las botas de los soldados rusos; que nuestra voz no se va a escuchar sin el altavoz que da el poder militar. Todos se ocupan, algunos muy activamente, de explicar a la ciudadanía los riesgos que corremos y la necesidad de invertir en nuestra defensa. ¿Todos? No. Como en las historias de Astérix el galo, hay un rincón de Europa donde la realidad no consigue penetrar. Y ese es España.
De camino a Bruselas, nuestro ministro de Asuntos Exteriores acaba de declarar solemnemente la siguiente banalidad: «Más que nunca se tiene que afirmar nuestra defensa de los valores más básicos de la construcción europea que tienen un reflejo muy claro en la esfera internacional. El derecho internacional, los principios de la Carta de Naciones Unidas y sobre todo el rechazo del uso de la fuerza o de la amenaza del uso de la fuerza como un instrumento de la política exterior».
He sido educado para creer que la defensa nacional es cosa de todos. Por eso, evito en lo posible enredarme en los asuntos de la política de partidos. Cuando lo hago, como en estas líneas, crea el lector que escribiría lo mismo cualquiera que fuera el color del desafortunado ministro, que parece haberse inspirado en lugares comunes de hace una década en lugar de mirar por la ventana y ver cómo ha cambiado el mundo en los últimos cinco años. No fueron los principios de la Carta de la ONU los que obligaron a Trump a retirar la amenaza de emplear la fuerza para apoderarse de Groenlandia, sino el despliegue de un puñado de soldados de ocho naciones europeas entre las que nosotros nos escaqueamos. No son los valores básicos de la construcción europea los que van a parar a Putin en Ucrania, y nadie –salvo quizás el propio Albares– está pensando en el despliegue de abogados para dar garantías a Kiev en el improbable caso de un acuerdo de alto el fuego.
Yo no sé si el ministro se engaña o nos engaña. ¿No entiende su oficio el jefe de nuestra diplomacia o cree que somos nosotros quienes no estamos maduros para comprenderlo? Apuesto por lo segundo porque estoy convencido de que, además de confiar en sus derechos como ciudadano y en su rechazo firme, frontal y contundente al delito… el hombre cierra la puerta de su casa al salir. Puede que hasta con llave. Por eso pienso que, si prefiere no cerrar la nuestra, lo menos que podría hacer es explicarnos sus motivos.
Rusia
ataca Ucrania con un misil y 111 drones tras el anuncio de una tregua
energética
Javier Munera. el mundo.
30 Enero 2026
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, espera que el supuesto acuerdo con Moscú para un cese de los ataques rusos contra ciudades ucranianas por el frío extremo, anunciado el día de hoy por el líder estadounidense Donald Trump, se haga realidad.
"Esperamos que los acuerdos sean implementados. Los pasos de desescalada contribuyen a un progreso real hacia el final de la guerra", escribió Zelenski en sus redes sociales.
Pero durante la madrugada, Rusia ha lanzado contra Ucrania un misil balístico y 111 drones de larga distancia de distintos tipos dirigidos a regiones ucranianas fronterizas con Rusia o a zonas cercanas al frente.
Además, las defensas antiaéreas rusas derribaron la pasada madrugada 18 drones ucranianos en cuatro regiones rusas y la península ucraniana de Crimea, anexionada en 2014.
8:48
En el corazón de una prisión ucraniana, los destinos entrelazados de extranjeros que combatieron por Moscú
"¡Formación!" El grito rompe el silencio. Un murmullo se eleva desde los pisos; las escaleras se llenan de rostros llegados de los cuatro puntos cardinales del mundo, algunos marcados por cicatrices: egipcios, chinos, cameruneses... Todos soldados de Moscú.
Firmaron "por la libertad", "por trabajar" o "por coacción", antes de ser capturados en el frente ucraniano y detenidos en un lugar secreto del oeste de Ucrania. Aquí no hay veredicto, no hay condena. Solo la espera incierta de un intercambio, el último ámbito de cooperación entre Moscú y Kiev desde el inicio de la invasión rusa en 2022.
La AFP pudo pasar un día en el interior de esta prisión fuera de lo común y hablar, al margen de los guardias, con estos detenidos atrapados por la promesa de una vida nueva, acosados por las pesadillas del frente.
Todos sus nombres de pila han sido modificados conforme a las Convenciones de Ginebra, que prohíben exponer a los prisioneros de guerra a la "curiosidad pública".
8:03
Ucrania neutralizó 80 de los 111 drones lanzados por Rusia esta madrugada
Según el parte de la Fuerza Aérea, 80 de los drones fueron neutralizados por las defensas ucranianas y otros 25 y el misil balístico impactaron en quince localizaciones de Ucrania no especificadas.
7:52
Merz saluda esfuerzos para cese de ataques rusos contra infraestructura ucraniana
El canciller alemán, Friedrich Merz, saludó este jueves los esfuerzos para un cese temporal de los ataques rusos contra las infraestructuras ucranianas debido al frío extremo, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciase que Moscú se ha comprometido a detenerlos durante una semana.
Según un comunicado de la cancillería germana, Merz conversó por teléfono con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, y ambos celebraron los esfuerzos diplomáticos para lograr un alto el fuego.
"El canciller reiteró el apoyo alemán a una paz justa y duradera en Ucrania", destacó la nota, según la cual Merz volvió a condenar "la continua destrucción sistemática y brutal de infraestructuras energéticas civiles ucranianas por ataques rusos".
7:46
Rusia derriba 18 drones ucranianos en cuatro regiones rusas y península ocupada de Crimea
Las defensas antiaéreas rusas derribaron la pasada madrugada 18 drones ucranianos en cuatro regiones rusas y la península ucraniana de Crimea, anexionada en 2014.
"Durante la pasada noche, los sistemas de defensa antiaérea destruyeron 18 drones ucranianos de tipo avión", comunicó el Ministerio de Defensa a través de Telegram.
Siete drones fueron abatidos en la región de Briansk, dos en Rostov, uno en Astraján y otro en Kursk. También fueron interceptados cinco drones sobrevolando la península ucraniana de Crimea y dos sobre el mar Negro.
7:40
Rusia ataca Ucrania con un misil y 111 drones tras el anuncio de una tregua energética
Rusia ha lanzado desde la pasada noche contra Ucrania un misil balístico y 111 drones de larga distancia de distintos tipos, en un nuevo ataque aéreo que se produce horas después de que el presidente de EEUU, Donald Trump, anunciara un acuerdo verbal con su homólogo ruso, Vladímir Putin, en el que este último se comprometió a detener durante una semana los bombardeos a infraestructuras ucranianas.
En el balance del ataque ofrecido por la Fuerza Aérea ucraniana no se especifica cuál ha sido el objetivo de los drones y el misil lanzados por Rusia pero, según las informaciones en tiempo real publicadas durante la noche por este componente del Ejército ucraniano, prácticamente todos los drones han ido dirigidos a regiones ucranianas fronterizas con Rusia o a zonas cercanas al frente.
7:30
Zelenski espera que el cese de ataques rusos por frío anunciado por Trump se haga realidad
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, espera que el supuesto acuerdo con Moscú para un cese de los ataques rusos contra ciudades ucranianas por el frío extremo, anunciado el día de hoy por el líder estadounidense Donald Trump, se haga realidad.
"Esperamos que los acuerdos sean implementados. Los pasos de desescalada contribuyen a un progreso real hacia el final de la guerra", escribió Zelenski en sus redes sociales.
En su mensaje, el presidente ucraniano calificó de "importantes" las declaraciones de Trump sobre "la posibilidad de proporcionar seguridad para Kiev y otras ciudades ucranianas durante este periodo de invierno extremo", sin aludir en ningún momento a Rusia de manera directa.
La Comisión analiza el impacto
Países
miembros de la Unión Europea alertan de la «regularización»
masiva de Sánchez: «Provocará un efecto llamada»
LGI.
gaceta. 30
Enero 2026
La decisión del Gobierno de Pedro Sánchez de regularizar a más de medio millón de inmigrantes ilegales ha desatado un fuerte malestar en varias capitales comunitarias y ha reabierto el debate sobre la política migratoria de la Unión Europea, según publica el diario El Español.
Fuentes diplomáticas europeas advierten de que la medida española rompe con la línea común que se intenta consolidar en Bruselas y podría tener consecuencias directas en el espacio Schengen, donde no existen controles fronterizos internos. La preocupación principal es que una regularización masiva en un solo Estado miembro termine generando flujos secundarios hacia el resto de países de la UE.
«La legalización a gran escala en España podría provocar un efecto llamada hacia Europa y, posteriormente, migración secundaria dentro del continente europeo», ha afirmado el portavoz del Ministerio del Interior de Austria, Markus Haindl. «Por ello, este planteamiento es claramente rechazado por muchos Estados miembros de la UE, así como por Austria», ha subrayado.
Mientras tanto, la Comisión Europea, presidida por Ursula von der Leyen, se mantiene oficialmente al margen. «Somos conocedores de los debates que se están produciendo en España», explica un portavoz comunitario, que recuerda que las políticas de inmigración son competencia exclusiva de los Estados miembros.
Sin embargo, el comisario europeo Magnus Brunner, ya advirtió en una respuesta parlamentaria de que estas decisiones deben evaluarse «para no poner en riesgo la integridad del espacio común de la UE sin controles en las fronteras interiores» y analizar sus posibles implicaciones en materia de seguridad. En su escrito, Brunner insiste en que la UE prioriza la reducción de la inmigración ilegal, el refuerzo de la cooperación con terceros países y la lucha contra las mafias.
Para varios socios europeos, la regularización de Sánchez vuelve a situar a España en el foco de un debate que amenaza con tensionar la política migratoria común y la cohesión de la Unión Europea.
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El
Partido Popular: la pinza y el disolvente
Iván
Vélez. gaceta.
30 Enero 2026
El pasado 20 de enero se publicó una noticia desconcertante: VOX, encuadrado en el eurogrupo Patriots, votó en contra de una propuesta que pretendía imponer un umbral nacional de votos comprendido entre el 2% y el 5% a los partidos políticos nacionales, sin perjuicio de sus objetivos o ideario, para poder tener representación en la Eurocámara. A este requisito se añadía la exigencia de aplicar la reforma electoral aprobada en 2018, que sigue sin ser ratificada por una España que, en este caso, sí, sigue siendo diferente, pues es la excepción dentro de la Unión Europea. El texto, no vinculante, fue aprobado por 417 votos a favor, entre ellos los de los populares, 9 abstenciones y 234 votos en contra. En este último grupo coincidieron PSOE, Vox, Sumar, PNV, Bildu y ERC. El titular estaba servido.
«Ya lo dijo González Pons: ‘En Bruselas somos coalición con el PSOE’»
Un mensaje del Partido Popular Europeo en X -«Vox protege el pacto de Sánchez y sus socios de investidura»- podría servir. La frase, además, venía precedida de una alusión a la manida «pinza». Sin embargo, tan torticera pinza no tiene la escala suficiente como para ocultar una realidad mil veces desvelada: el europeísmo disolvente que, desde hace décadas, cultivan los de Génova. Una fascinación similar a la que padecen los de Ferraz, pues no en vano, ya lo dijo González Pons: «En Bruselas somos coalición con el PSOE, somos coalición desde hace mucho tiempo». Más allá de estas consideraciones, conviene, no obstante, abordar el cuerpo de la propuesta que produjo cierta marejadilla en las redes. En ella se establece:
«La obligación de que todos los partidos políticos y otras entidades que participen en las elecciones europeas observen los procedimientos democráticos y la transparencia a la hora de elegir a sus candidatos y garanticen la igualdad de género en sus candidaturas, ya sea mediante un sistema cremalleras o de cuotas». Es decir, el PP sigue siendo favorable a que las listas se confeccionen de acuerdo a criterios sexistas -«de género», según la jerga popular- o mediante la aplicación de cuotas de muy dudoso democratismo, más allá del procedimental: del acto mecánico de introducir la lista en la urna.
«El PP es un firme partidario de la disolución de los demos nacionales, pues estos, son incompatibles con uno europeo»
«La creación de una circunscripción a escala de la Unión, que comprenda el territorio de todos los Estados miembros, en la que se elegiría a 28 diputados al Parlamento Europeo mediante listas electorales transnacionales». O lo que es lo mismo, dar el primer paso, partitocrático, para el borrado de las fronteras nacionales. En consecuencia, los 28 diputados deberían abstraerse de defender los intereses de sus naciones en aras de objetivos nada claros.
En consonancia con su sentido de voto, el PP se mantiene en el «camino de la europeización», acotado, en este caso, a la cuestión electoral, y se lamenta de que «la realización de un DEMOS europeo está lejos de haberse completado». Dicho de otro modo, el PP es un firme partidario de la disolución de los demos nacionales, pues estos, sépanlo o no en Génova, son incompatibles con uno europeo. Un demos de demos es tan absurdo como una nación de naciones, por más que esta fórmula suene a música celestial en los oídos de quienes han permitido, a un altísimo precio para la ciudadanía, gobernar en España al Partido Popular y al PSOE.
A pesar de tamaña insatisfacción, los de Núñez Feijóo se sienten esperanzados ante la posibilidad de la creación de «una esfera pública europea y de un debate político que vaya más allá de las fronteras nacionales». En su acrítico europeísmo, en su creencia en la Europa sublime, en su papanatismo europeísta, por decirlo con palabras de Unamuno, el Partido Popular está dispuesto a que el nombre de los candidatos aparezca en las papeletas junto al logotipo del partido europeo al que cada partido nacional esté afiliado. La decoloración de los partidos nacionales comienza por uno mismo, parecen pensar los antaño representados por la silueta, hoy corazonizada, de un charrán.
Vayamos ahora al asunto de los porcentajes aludidos. Huelga decir que los partidos programáticamente secesionistas son un auténtico -permítanme el vocablo los censores con asiento en el Congreso- cáncer para España. Que esas sectas extractivas son una fuente de corrupción de la Nación española. Sin embargo, los umbrales propuestos son fácilmente sorteables. La reconstitución de GALEUSCAT, a la que se unirían marcas miméticas surgidas en otras comunidades autónomas, permitiría, previsiblemente, superar ese nivel de voto. La solución para evitar el fomento del secesionismo es sencilla, pero requiere de audacia: ilegalizar a esos partidos, pues su objetivo es la balcanización de esa sociedad política, ese demos, llamado España.
Por lo que respecta al PP, esta medida ni está ni se le espera. No ha de olvidarse que, en 2014, Alberto Núñez Feijóo, en un acto celebrado en el Círculo de Economía de Barcelona, afirmó que Galicia, región en la que su partido ha, prácticamente, erradicado el español de la escena pública, es una nación sin Estado.
«La fórmula que propone para el famoso problema de España es la misma que la que propugna el PSOE: la huida hacia Europa»
No cabe, por lo tanto, esperar que el Partido Popular impulse una medida tan salutífera. Tiempo y mayorías parlamentarias ha tenido, pero ha preferido siempre mantener con vida -política- a los secesionistas. De hecho, la fórmula que propone para el famoso problema de España es la misma que la que propugna el PSOE: la huida hacia Europa, lugar en el que todos nos encontraremos. Las palabras elegidas para desembocar en ese anhelado demos -en relación al origen de este concepto, remitimos al lector al libro La democracia y el llamado «derecho a decidir», de Armando Besga Marroquín-, son «integración» y «federación». Nada novedoso, pues el «camino de la europeización» ya está trazado desde hace décadas y todos conocemos su punto de llegada. Al final de esta vía, la nación española desaparece.
El
precio de construir una nación
"Nunca un
Gobierno sostenido por uno o varios partidos nacionalistas ha estado
contra las cuerdas por cuestiones tan prosaicas como mejorar las
infraestructuras del territorio. Pero sí lo han estado por
cuestiones identitarias"
Alejandro Tercero. CG.
30 Enero 2026
Cuenta la leyenda que, durante una visita a Madrid a finales de los años 90, Pujol se quedó sorprendido por la ampliación del metro de la capital.
“¡Vaya red de metro están construyendo!”, le espetó el president a su homólogo madrileño, el popular Alberto Ruiz Gallardón.
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Y este le contestó: “Es que, como nosotros no tenemos que construir una nación, nos dedicamos a construir el metro”.
Esta anécdota, verosímil, pero probablemente apócrifa, es la mejor explicación del caos que estos días sufren los usuarios de Rodalies en Cataluña.
Durante décadas, el nacionalismo que ha gobernado esta comunidad y ha condicionado varios Gobiernos e innumerables presupuestos generales del Estado ha priorizado construir una nación a mejorar la vida de sus ciudadanos.
Los problemas en Rodalies no son ninguna novedad. De hecho, los retrasos y los cortes en las Cercanías ya fueron utilizados por el independentismo en diciembre de 2007 para organizar una gran manifestación en Barcelona con el lema “Somos una nación y decimos basta. Tenemos derecho a decidir sobre nuestras infraestructuras”.
Aquella marcha –que contó con el apoyo de las formaciones nacionalistas y del expresidente autonómico Pasqual Maragall (PSC)-- es considerada por algunos analistas como la precursora de las posteriores movilizaciones independentistas que, con la crisis económica en pleno estallido, desembocaron en el procés.
De aquella época es también el català emprenyat (el catalán cabreado) que concibió el periodista Enric Juliana desde las páginas de La Vanguardia, y que tanta gasolina echó para cimentar el sentimiento de agravio en buena parte de la población.
Pero los trenes nunca estuvieron, en realidad, entre las principales preocupaciones de los partidos nacionalistas. Las masas que viajaban en los vagones de Cercanías jamás fueron vistos por Pujol ni, después, por Artur Mas como posibles votantes de su proyecto identitario. Así que simplemente fueron carne de cañón para sus planes de construcción nacional. Como ahora ocurre.
Nunca un Gobierno sostenido por uno o varios partidos nacionalistas ha estado contra las cuerdas por cuestiones tan prosaicas como mejorar las infraestructuras del territorio. Pero sí lo han estado por cuestiones identitarias.
Hasta el prepotente Aznar pasó por el aro en 1998, cuando dependía de los votos de la CiU tras el infame Pacto del Majestic. Entonces, el presidente del Gobierno, para contentar a Pujol, tuvo que presionar sin contemplaciones al Defensor del Pueblo, Fernando Álvarez de Miranda, forzándole a no recurrir ante el TC la Ley de Política Lingüística aprobada ese mismo año. Y eso que el PP se había opuesto en el Parlament a un texto que institucionalizaba la discriminación de los catalanes castellanohablantes.
Hace muchos años que las Rodalies funcionarían como la seda si los nacionalistas catalanes hubiesen querido.
Por eso ahora no cuela lo de rasgarse las vestiduras por los trabajadores que hipotecan media vida en trenes que llegan tarde, mal o –a veces– nunca.
"Lo han vuelto a hacer"
Empiezo
a plantearme si además de malo, ególatra y mentiroso Sánchez está
enfermo.
Antonio
Robles.
libertqad digital. 30 Enero 2026
Queridos jubilados, el gobierno no os sube las pensiones, sólo pretende manipular vuestras emociones. Ni el PP las rechaza, ni el gobierno las paga. Las pensiones son ya una cuestión de Estado que ningún partido puede mangonear a su conveniencia. Y su revalorización no es circunstancial, ni un antojo ideológico, es una obligación política y moral con millones de ciudadanos que han sostenido el país durante décadas. No es patrimonio de ningún partido, ni ideología alguna puede prostituir o chantajear para sacar rédito electoral en un sentido o en otro. Y por ello, se debe tramitar en sede parlamentaria previa inclusión en los presupuestos generales del Estado. Sin triquiñuelas, sin mezclarla con otras partidas ni propuestas electorales incompatibles entre sí que pongan en riesgo su revalorización. Precisamente por eso debería tramitarse de forma clara, específica y separada de cualquier otra medida controvertida. Sin trampas. Sin cebos. Sin juegos de manos parlamentarios.
Sostenía ayer el editorial de El Mundo que la derrota política del gobierno sufrida por la presentación del decreto ómnibus fue aprovechada para "convertir la derrota política en un ejercicio de propaganda". Es exactamente al revés: Diseñó y buscó la derrota para lograr un victoria política: la de presentar al PP como enemigo de los pensionistas (9,4 millones de votantes). Pura propaganda electoral. Es el eco sofisticado de aquel bulo chabacano de antaño difundido ante cualquier elección general de que "si ganaba la derecha quitada las pensiones a nuestros ancianos". Hasta las declaraciones públicas del presidente Pedro Sánchez estaban grabadas de antemano. Estamos en manos de trileros y sinvergüenzas.
La escenita de Sánchez con esa cara compungida recitando el slogan del día elaborado por sus publicistas, provoca arcadas: "Lo han vuelto a hacer. Otra vez los del PP han tomado de rehenes a los jubilados y jubiladas de nuestro país…bla,bla,bla. Quizás pienses que a ti esto no te afecta, pero piensa en tu abuelo y en tu abuela…bla,bla,bla".
¡Es tan obscena la estafa!, tan evidente el fraude, que escribir sobre lo que está a la vista de todos casi da vergüenza. Nos trata como si fuéramos imbéciles. A los españoles en general y a sus votantes en particular. Pero por eso, precisamente por eso, da aún más asco. Ya no por el hecho en sí, sino por su desvergüenza al presentarse ante la ciudadanía como el único defensor de nuestros desvalidos abuelitos y catalogando a los del PP como sanguijuelas. No deja rincón alguno del alma a salvo de sus escupitajos. Eso sí, ni pio de Junts, que junto al PP y Vox no tragaron con el potaje de juntar en un solo Decreto ley, grano y paja, fruta fresca y podrida.
Empiezo a plantearme si además de malo, ególatra y mentiroso está enfermo. Hay una constante psicológica en él que ha incorporado a su personalidad con la naturalidad de quien obra convencido. Me refiero al mecanismo de defensa freudiano de la proyección, es decir, atribuir a los demás lo que no soportamos en nosotros mismos. Lo acaba de hacer de nuevo, así empieza su proyección con las pensiones: "Lo han vuelto a hacer". Efectivamente, atribuye a la oposición (él la reduce al PP cuando conviene) lo que él repite sistemáticamente: atribuir a la oposición lo que él hace desde que entró en el gobierno: mentir, manipular, utilizar, corromper, imponer, mangonear las Instituciones, proyectar, indultar, amnistiar… ("Un gobierno que gobierna por decreto, que reforma el código penal a su medida, que coloniza el poder judicial, que infiltra a sus fiscales en el corazón de la judicatura, y que ejerce, fomenta y premia a la corrupción política con indultos y amnistías"). Pilar Almagro se pregunta: ¿qué es?
No hay institución, ni valor moral que no haya prostituido. Y esto es letal para la democracia. Porque cuando un Gobierno convierte los derechos en mercancía política, las formas, en prostíbulos políticos, la democracia deja de ser un sistema de garantías y pasa a ser una técnica de trueques y chantajes propios del hampa. Al menos de la peor mafia de la demagogia política. Y lo más cruel, los que primero caen en su engaño son los más vulnerables, los más dependientes, porque los que más ayuda necesitan se agarran a un clavo ardiendo. Puro terrorismo emocional con los que más sufren. Ellos inspiran ternura, él, asco.
Efectivamente: Lo ha vuelto a hacer. ¡Qué sucio es Pedro Sánchez!, ¡qué banda éste gobierno! Ejercen la política como profesionales de la estafa. No los descalifico, los califico, no los insulto, los acuso, no los desprecio, los defino. Ellos solos se descalifican: El presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, y el ministro de Transportes, los dos máximos representantes del gobierno de España, se negaron a asistir al funeral en Huelva por las 46 víctimas ferroviarias. No tienen ni vergüenza ni dignidad, pero si demasiada cobardía. Allí estaban los Reyes, Alberto Núñez Feijóo y Juanma Moreno.
PD: Que Pedro Sánchez no derrame lágrimas de cocodrilo por nuestros abuelitos, tiene en su mano hoy mismo evitar que se congelen las pensiones: presentar el decreto limpio de otras cuestiones, como las medidas anti desahucios; y ni siquiera tendría que depender de los votos de Junts o de Podemos, Sumar o demás ralea nacionalista: el PP lo apoyaría. Y la revalorización de las pensiones se aprobaría ipso facto. Depende de ti Pedro. Nuestros abuelitos dependen de ti. Yo también. ¡No jodas más!
Universidad perdida y rota
Carlos
Martínez Gorriarán. Vozpópuli.
30 Enero 2026
Esta semana cerraba por última vez el despacho de la universidad a la que he dedicado treinta y seis años. Hace unas semanas tuve amenazas por las paredes (faxista, sionista, machista, tránsfobo), pero esta vez solo recibí silencio del ahora erial humano e intelectual. No suena alegre, pero me voy contento: no recibir premios ni homenajes es, en el País Vasco actual, un buen reconocimiento. Claro que no es algo exclusivo, si observamos que el “debate cultural” está centrado en España en el sarao suspendido de Pérez Reverte tras reventarlo un invitado (merecido lo tienen) que funge de escritor pero escribe mal; eso sí, vende mucho y repite muy bien las consignas: David Uclés, modelo de intelectual sanchista (oxímoron). Y ni siquiera somos originales en eso, porque la decadencia de alta cultura y universidad es un mal occidental.
La cancelación ideológica
La invención europea de las universidades en la Edad Media fue tan buena que el resto del mundo acabó adoptándola; hoy es un indicativo muy respetado de salud cultural. Pero la verdad es que no pasa por su mejor momento. Olvidemos los ránquines internacionales universitarios, no muy distintos a la guía Michelín, y repasemos algunos hechos. Las universidades occidentales han bajado el nivel para plegarse a la capacidad menguante de sus clientes, salidos de una secundaria de peor calidad: la “cultura general” es cosa del pasado, y algunos hasta tienen serias dificultades para entender un texto, escribirlo o seguir un debate abstracto. Se suprimen materias difíciles y se cambian programas para hacerlos políticamente correctos. Algunas estudian suprimir la evaluación con trabajos de ensayo y exámenes porque perjudican las notas de las minorías. Y la cancelación ideológica afecta a Aristóteles, Hume o Darwin. Lo que ahora vende son los sentimientos blandos, no los conocimientos duros.
¿Cuándo comenzó esta degeneración? Los sesenta, con la célebre revuelta universitaria de 1967-68, fueron claves. El Estado de bienestar hizo un esfuerzo colosal para abrir la universidad a las clases bajas y convertirlas en ascensor social. La intención era ortodoxamente ilustrada, pero masificó las carreras, impuso una burocracia poderosa e improvisó nuevas universidades, titulaciones y profesorado. Obtener un título universitario para ingresar en la cúpula de la sociedad pasó a ser una aspiración popular viable.
Pero, como ya denunció Hannah Arendt con los primeros estudios afroamericanos y cuotas para minorías en Chicago y Columbia, la adaptación universitaria a esa política, germen del wokismo izquierdista actual, devaluó la enseñanza impartida. Habría títulos para todos, pero peores y de poco valor añadido, o tan lunáticos como la falsa antropología psicodélica de Carlos Castaneda. A la vez, las élites universitarias fueron girando hacia la extrema izquierda mientras se hacían más reaccionarias en la gestión de sus cursos y feudos: cuanto más apoyaban causas progresistas, del pacifismo a la revolución cultural china, más intransigentes eran en la exigencia de más dinero y privilegios exclusivos.
Publica o perece
En las españolas, la popularización universitaria y la sectarización ideológica del profesorado se inició al final de la dictadura. Se podría decir que empezaron a bajar antes de hacer cumbre, sobre todo las sometidas a los objetivos del nacionalismo, como la Universidad del País Vasco (fundada en 1980). La complaciente legislación española entrega la universidad a castas endogámicas y clientelares parecidas a una familia patriarcal (o matriarcal). Esto no es nuevo, pero las castas han sido blindadas por el sistema mundial del “publish or die”, publica o perece; convierte la carrera profesional en una agotadora lucha por publicar todo lo posible, tenga o no interés, y rara vez lo tiene, en un puñado de exclusivas revistas científicas de pago. Sin el trámite es imposible progresar, ascender en la jerarquía académica y obtener fondos. Por añadidura, hay que formar parte de grupos de investigación con sus propios peajes, como que el catedrático al frente firme en primer lugar, aunque no haya participado en la investigación (de haberla). Así se ingresa en el sistema de citas recíprocas o del yo te cito si tú me citas, un do ut des que mide la investigación en bites o peso de papel y citas conseguidas. Mientras los maestros del pasado publicaban en toda su vida unos pocos libros y algunos artículos, cualquier doctorando actual debe acumular todos los posibles en unos pocos años. Añadamos los filtros ideológicos hegemónicos, que en letras y ciencias sociales sesgan descaradamente las publicaciones.
El euskera como barrera
Por mi parte, entré en 1989 y conseguí la titularidad en 1992 ganando el concurso al aspirante del departamento, cosa que sentó fatal a los muchos convencidos de que la capacidad debe ceder ante la antigüedad. Pero todavía era una casa plural y viva: sustituí temporalmente a Vicente Molina Foix y a Fernando Savater, que hoy estarían excluidos de los encorsetados concursos de méritos por desconocer el euskera impuesto como barrera de acceso, pues hace mucho que no se convocan plazas de letras sin ese requisito excluyente. Eso significa que los aspirantes a PDI son un puñado de personas con el nivel de euskera exigido, pero a menudo sin los conocimientos necesarios; por descontado, la falta se compensa con sumisión al pensamiento obligatorio: mucho Laclau, incluso Byung-Chun Hal, y poco Spinoza o Kant.
En 1997 la universidad vasca todavía integraba a muchos dispuestos a enfrentarse a ETA, que respondió con atentados y amenazas. La solución de emergencia fue retirarnos temporalmente de la docencia a los más amenazados y sustituirnos por nuevos que debían adaptarse a los filtros políticos abertzales, o marcharse. Cuando volví a la docencia normal en 2016, me encontré con un expreso de ETA al frente del departamento, reconvertido entretanto de facto de la Filosofía de los Valores a la antropología de género y woke. Ahora parece que me sustituirán ayudantes de ciencias políticas y antropología, no docentes de filosofía, encaminada a la extinción.
En treinta años, la misma universidad que encabezó la movilización social contra ETA ha pasado a ser territorio Bildu. La legislación vigente desde hace muchos años, más la apatía social y el conformismo de las élites, facilitó la conquista y exclusión de disidentes, otro logro de la cesión a la banda mal llamada “proceso de paz”. Sin embargo, no pasará mucho tiempo sin que la sociedad deba elegir entre la nueva contrailustración de estos búnkeres académicos, reaccionarios y grises, y el pago de pensiones, la construcción de viviendas asequibles y la inversión en verdadero conocimiento. No tendrá justificación sostener cavernas de privilegiados que medran repitiendo consignas y dando la espalda al saber.
Matar
cucarachas en catalán
Sergio Fidalgo. okdiario.
30 Enero 2026
El Ayuntamiento de Vic (Barcelona), que gobierna Junts, exige para matar ratas y cucarachas tener un nivel de catalán adecuado. En el pliego de condiciones para el contrato de servicios de desratización y control de plagas de la ciudad exige que el catalán sea la única lengua obligatoria «por defecto» en todas las comunicaciones del servicio, incluyendo el trato con los ciudadanos. No es nada extraño, dado que un buen número de consistorios catalanes, muchos de ellos gobernados por el PSC, exigen para acceder a puestos de trabajo públicos de baja cualificación académica, como peones auxiliares de cementerios o miembros de la brigada municipal, niveles exagerados de conocimiento de catalán.
Si un ciudadano de Vic quisiera optar a un puesto de barrendero municipal en Tordesillas o en Tomelloso, no tendría barreras idiomáticas que le impidieran acceder a este trabajo público. Pero si un ciudadano de Tomelloso quisiera trabajar de peón en Vic, o matando ratas en una empresa privada contratada por este ayuntamiento, tendría que demostrar que domina el catalán. Esta es la desigualdad que, ahora mismo, rige en nuestro país, en el que hay españoles de primera y de segunda, en función de si su comunidad autónoma —o nación germen de una futura República Confederal— está gobernada por políticos tribalistas.
Esta misma semana, Convivencia Cívica Catalana, entidad que está llevando a los juzgados a todos los ayuntamientos catalanes que se dedican a la discriminación lingüística a la hora de acceder a contratas o empleos públicos, ha conseguido una notable victoria. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha declarado improcedente el despido de un cocinero municipal —que trabajaba para el alcalde, Jaume Collboni— que fue cesado por no acreditar el nivel B2 de catalán. El afectado era un empleado con más de quince años de antigüedad.
El tribunal ha sentenciado que suspender una prueba de catalán no es una «licencia para despedir». La resolución deja claro que los procesos de estabilización no pueden convertirse en mecanismos de expulsión automática del personal. La justicia detectó que el muy socialista y muy progresista Jaume Collboni – el hoy alcalde hizo buena parte de su carrera en el sindicato UGT – utilizó el requisito del catalán como una causa encubierta para deshacerse de empleados veteranos. Y es que el PSC, como sus socios de Junts o ERC, usa la política lingüística a su entera conveniencia para conseguir sus objetivos políticos, sea excluir castellanoparlantes de la esfera de la administración pública o despedir a empleados que no les convengan.
Comenzamos aceptando en la Constitución desigualdades como la del cupo vasco y navarro, que consagró la existencia de españoles de primera y segunda categoría desde el punto de vista fiscal, y ya no escandaliza el hecho de que haya españoles que son discriminados por razones lingüísticas. Así, vemos a niños privados de sus derechos civiles más básicos, como el de recibir educación en su lengua materna, o a españoles que quieren acceder a un empleo público o regularizar su puesto interino pasando a fijo, que son excluidos por razones idiomáticas.
En Cataluña se está llegando al extremo de tener que dominar el catalán para aplicar raticida o matar cucarachas, en una situación peligrosa que se irá extendiendo, como una mancha de aceite, al resto de comunidades autónomas dominadas por el tribalismo político. De momento, mientras Pedro Sánchez no logre desmantelar la justicia, aún nos queda el recurso de los tribunales. Convivencia Cívica Catalana lo está usando con decisión e inteligencia. Sigamos su ejemplo mientras sea posible y los jueces no hayan sido abducidos por la coalición populista-separatista que quiere acabar con nuestro orden constitucional.
Illa
premia con 355.000 euros en un solo mes a la ONG del catalán que
persigue colegios y negocios
En total, en el año
2025, la ONG del catalán ha recibido 614.550 euros en subvenciones
sin contraprestación por parte del Govern de Salvador Illa
Maria
Curiel. el debate.
30 Enero 2026
La Generalitat de Cataluña, liderada por el socialista Salvador Illa, ha regado en el mes de diciembre de 2025 con 355.550 euros a la Plataforma per la Llengua, entidad conocida como la ONG del catalán y que se dedica a perseguir a los colegios y los negocios que vehiculan u operan en castellano en regiones como Cataluña, Islas Baleares o Comunidad Valenciana.
Según ha podido comprobar El Debate en el Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones y Ayudas Públicas, el 31 de diciembre la Generalitat concedió 92.350 euros a esta entidad en concepto de subvención sin contraprestación para que la ONG del catalán realice «actividades de su Plan de acción por el catalán durante el 2025».
Entre las demás subvenciones recibidas en el mes de diciembre, por valor de 124.000 euros, 99.200 euros y varias de 20.000, se conceden para el fomento de la lengua catalana, tanto en la sociedad como en los colegios, lugares donde las campañas de acoso de Plataforma per la Llengua suelen ser más agresivas. En total, en el año 2025, la ONG del catalán ha recibido 614.550 euros en subvenciones sin contraprestación por parte del Govern de Salvador Illa.
Técnico de servicio de quejas
Recientemente, esta entidad ha publicado una oferta de trabajo en su página web para incorporar en la entidad un «técnico del servicio de quejas». En este nuevo puesto de trabajo, la persona seleccionada debe atender telefónicamente y por escrito las quejas y consultas, asesorar a los usuarios del servicio de quejas, analizar las quejas aportando una visión legalista, y apoyar la elaboración de informes y las tareas de seguimiento de campañas de captación de quejas.
Respecto a los requisitos, a los candidatos que apliquen a esta oferta se les solicita licenciatura o grado en Derecho, Ciencias Políticas, Administración y Dirección de Empresas, experiencia realizando tareas de atención al cliente, conocimiento e interés por el sector jurídico e iniciativa y capacidad para trabajar de manera autónoma y organizada.
Asimismo, piden que sea una persona dinámica y energética, que tenga capacidad de comunicación, orientación al servicio, motivación por la defensa de la lengua catalana y buen desarrollo del trabajo sistemático y trabajo en equipo. También piden conocimientos informáticos y, al menos, un nivel C1 de catalán escrito y hablado.
El contrato que oferta Plataforma Per la Llengua es a jornada completa, presencial en la sede de la entidad, ubicada en Barcelona, formación continua en materia de lengua y derechos lingüísticos y un sueldo de 23.500 euros brutos al año.
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