Recortes de Prensa Sábado 31 Enero 2026
Se
mantiene la tregua energética en Ucrania a las puertas de una nueva
negociación de paz en Abu Dhabi
EL
MUNDO. Madrid. 31 Enero
2026
El Kremlin anunció ayer que ha aceptado la petición del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de mantener una tregua contra Kiev en el contexto la guerra en Ucrania, aunque hay dudas de si esta tregua se mantendrá una semana como ha pedido Trump o únicamente hasta mañana domingo. Se trata de una tregua energética por la que se ha pedido a Putin que no dañe las infraestructuras energéticas tras las gélidas temperaturas registradas en Ucrania estos días.
Está previsto que mañana domingo se celebre una nueva ronda de negociaciones en Abu Dhabi para tratar de poner fin al conflicto de la guerra en Ucrania, aunque Putin llega a la misma con su firme intención de controlar todo el Donbás.
10:19
Las fuerzas rusas capturan dos aldeas en el este de Ucrania, dice el Ministerio de Defensa
Las tropas rusas capturaron las aldeas de Petrivka, en la región ucraniana de Zaporiyia, en el sureste del país, y Toretske, en la región oriental de Donetsk, informó el sábado el Ministerio de Defensa.
Reuters no pudo confirmar de forma independiente los informes del campo de batalla.
10:11
La India negocia con EEUU un permiso para importar crudo de Venezuela en lugar del ruso
El Gobierno de la India busca obtener una autorización explícita de EEUU que le permita reanudar las compras de petróleo a Venezuela, una opción que considera la alternativa indispensable para reducir su dependencia del crudo ruso y evitar las penalizaciones comerciales de Washington.
Fuentes diplomáticas y de la industria petrolera consultadas de manera independiente aseguraron a EFE este sábado que Nueva Delhi busca un "corredor seguro" libre de sanciones para los barriles venezolanos.
El argumento de la India, el tercer mayor consumidor de petroleo del planeta, para dejar de ser uno de los mayores compradores de Rusia es que las refinerías del país necesitan una alternativa inmediata de crudo pesado, indicaron las fuentes.
9:53
Rusia condena las sanciones "ilegítimas" de Estados Unidos a Cuba
El Ministerio de Exteriores de Rusia condenó este sábado las presiones que ejerce Estados Unidos sobre Cuba, con la imposición de nuevas medidas restrictivas que tachó de "ilegítimas".
"Se trata de una nueva y radical reincidencia en la repetida estrategia de Washington de máxima presión sobre la Isla de la Libertad, cuyo objetivo es asfixiar económicamente a la isla", señaló la portavoz de Exteriores, María Zajárova, en un comunicado.
Agregó que las sanciones contra La Habana carecen de legitimidad, así como la presión sobre sus dirigentes y ciudadanos.
9:37
Ucrania dice haber neutralizado 64 de 85 drones rusos lanzados la pasada noche
Durante la noche del viernes al sábado, Rusia atacó Ucrania con un total de 85 drones, de los cuales 64 fueron neutralizados, anunció la Fuerza Aérea ucraniana en su parte matinal, sin que se registraran por el momento daños en infraestructuras energéticas, conforme a la tregua parcial acordada esta semana.
"El enemigo atacó con 85 drones de ataque de los tipos Shahed, Gerbera, Italmas y de otras clases, desde las direcciones de Oriol, Milérovo y Primorsko-Ajtarsk (Rusia). De estos, aproximadamente 55 eran Shahed", afirmó la institución este sábado en sus redes sociales.
El ataque fue repelido por la aviación, las tropas de misiles antiaéreos, las unidades de guerra electrónica y de sistemas no tripulados, así como por grupos móviles de las Fuerzas de Defensa de Ucrania.
Según datos preliminares, a las 8:00 horas (6:00 GMT), las defensas antiaéreas "derribaron o suprimieron 64 drones enemigos de los tipos Shahed, Gerbera e Italmas y de otras clases en el norte, sur y este del país", agregó el parte.
9:20
Rusia derriba 26 drones ucranianos en tres regiones rusas y Crimea
Las defensas antiaéreas rusas derribaron durante la noche del viernes al sábado 26 drones ucranianos en tres regiones rusas y la anexionada península de Crimea.
"Durante la pasada noche, los sistemas de defensa antiaérea interceptaron y destruyeron 26 drones ucranianos de ala fija", comunicó el Ministerio de Defensa a través de Telegram.
La mayoría, 17 aparatos, fueron abatidos en la región de Briansk, siete en Smolensk, uno en Bélgorod y otro en Crimea.
8:54
Se mantiene la tregua energética en Ucrania
Se mantiene por segundo día la tregua energética solicitada por Trump en la guerra en Ucrania. El Kremlin anunció ayer que ha aceptado la petición del presidente de Estados Unidos, aunque hay dudas de si esta tregua se mantendrá una semana como ha pedido Trump o únicamente hasta mañana domingo. Se trata de una tregua energética por la que se ha pedido a Putin que no dañe las infraestructuras energéticas tras las gélidas temperaturas registradas en Ucrania estos días.
1,2
millones de muertos, 120.000 drones perdidos, 12.000 tanques
destruidos… Así llega Rusia a la negociación clave
El
recuento de bajas rusas estima que Moscú ha perdido 435 aviones y
347 helicópteros, un lastre para la capacidad militar de Putin
Lucía
Gutiérrez. la razon. 31 Enero
2026
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, encara el momento decisivo de las negociaciones para un alto el fuego en la guerra de Ucrania con el aliento en la espalda del presidente estadounidense, Donald Trump, que le apremia a llegar a un acuerdo ya, y con el desgaste propio de una ofensiva que está a punto de llegar a su cuarto año.
Para intentar calibrar esto último, tan solo están disponibles las cifras de uno de los bandos, el ucraniano, que deben ser tomadas con cierta cautela. Desde el primer momento, el Kremlin renunció a dar el parte de bajas, como mandan los cánones en una guerra, y ni siquiera ofrece su propia versión.
Esto, unido a la falta de transparencia en el país, invita a pensar que el parte de bajas es muy elevado, tanto en vidas humanas como en material, y que Moscú no está dispuesto a conceder al enemigo el triunfo de que le está haciendo daño.
Según las cifras del Ministerio de Defensa ucraniano, actualizadas a este mismo viernes, el total de bajas rusas (muertos y heridos) asciende a 1.238.710 personas.
En cuanto al material pesado, el Ministerio atribuye a Rusia la pérdida de 11.614 tanques y 23.969 vehículos blindados. Más elevadas son aún las pérdidas de 36.748 sistemas de artillería, 1.631 sistemas de lanzamiento múltiple de cohetes (MLRS) y 1.289 sistemas de defensa antiaérea.
En cuanto a los drones, que se han revelado como protagonistas clave de esta guerra, el informe del Ministerio cita 119.234 vehículos aéreos no tripulados (UAVs) destruidos.
Junto a ello, Ucrania calcula que Rusia ha perdido 435 aviones y 347 helicópteros desde el inicio de la invasión, a los que se unen 4.205 misiles de crucero derribados o destruidos. En el mar, el Ministerio de Defensa ucraniano estima que Rusia ha perdido 28 barcos y embarcaciones y 2 submarinos.
Por último, el recuento realizado por Kiev señala también la pérdida de 76.319 vehículos y tanques de combustible destruidos
Abascal
estalla contra Sánchez: "Hay que ser muy cabrón y tener muy
pocos escrúpulos"
Patricia
Rodríguez Corchado. esdiario. 31 Enero
2026
El líder de Vox, Santiago Abascal, protagonizó un duro enfrentamiento verbal contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en un mitin de la formación tras la aprobación en Consejo de Ministros de varias partidas presupuestarias. Durante su intervención pública, Abascal acusó al Ejecutivo de priorizar la propaganda institucional frente a la atención a las víctimas, utilizando una expresión especialmente contundente: "Hay que ser muy cabrón".
Críticas al reparto de fondos
El dirigente de Vox criticó que el Gobierno destinara 20 millones de euros a ayudas para víctimas mientras, según denunció, se aprobaba al mismo tiempo una partida de 270 millones de euros para campañas de publicidad institucional. A su juicio, esta decisión refleja una "falta absoluta de escrúpulos" y una desconexión con las necesidades reales de los ciudadanos afectados por tragedias recientes.
Su declaración fue recibida con aplausos entre sus seguidores y con fuertes críticas desde otros sectores políticos, que reprocharon el uso de un lenguaje ofensivo y acusaron al líder de Vox de alimentar la crispación institucional.
Respuesta del Gobierno
Desde el Gobierno, fuentes del Ejecutivo defendieron que las partidas de publicidad institucional responden a campañas informativas de interés público. Asimismo, subrayaron el compromiso del Estado con las víctimas.
El
Gobierno encubre a 150.000 inmigrantes con orden de
expulsión
OKDIARIO. 31 Enero
2026
Ya no es que se vaya a regularizar a medio millón de inmigrantes -serán bastante más, por cierto, como consecuencia del efecto llamada que provocará la medida del Gobierno-, sino que se está permitiendo que los inmigrantes ilegales con orden de expulsión sigan en nuestro país.
Es al propio Ejecutivo al que corresponde ejecutar dichas órdenes, pero los datos demuestran que no lo hace: de las 41.315 peticiones de deportación dictadas en 2025 sólo se han ejecutado 4.365. Con datos hasta de octubre de 2025. Y no seamos cándidos: no es desidia, sino una estrategia en toda regla. Los efectos de la expulsión no se producen de manera inmediata, salvo que la orden se haya realizado mediante el procedimiento de tramitación preferente.
En este caso, el decreto de salida del país tendría un efecto inmediato, pero en caso de resolverse por la vía ordinaria, las órdenes deberían cumplirse de manera voluntaria en un plazo de entre 7 y 30 días a partir del momento en que se haya notificado la resolución.
Honda preocupación entre los científicos tras encontrar pruebas del impacto real que ti...Predicción del horóscopo para Libra hoy, sábado 31 de enero de 2026Giro oficial en el IMV en España y la Seguridad Social lo confirma: no hay marcha atrásNi harina ni pan rallado: el sencillo truco de la abuela cocinera para hacer las mejore...Parece de restaurante pero éste plato preparado es de Mercadona: mejor que el de tu abu...
Con Pedro Sánchez, el porcentaje de ejecuciones de órdenes de expulsión no ha llegado nunca al 10%, pues entre 2022 y 2024 rozan el 8%. Lo que significa que en tres años se han dictado 173.155 órdenes de expulsión, de las que sólo se han llevado a efecto 15.450.
Y cabe recordar que, según recoge Interior en su apartado de resolución de expulsiones del país, «cuando la persona extranjera suponga una amenaza grave para el orden público, la seguridad pública, la seguridad nacional o para la salud pública», puede acordarse imponer una de prohibición de entrada de hasta diez años, en España.
O sea, que buena parte de los que deberían de ser expulsados no pueden volver a España por una elemental cuestión de seguridad nacional, y, sin embargo, ni siquiera llegan a salir de nuestro país. Es una bomba de relojería en toda regla, porque a los irregulares se les regulariza en masa y a los inmigrantes ilegales con orden de expulsión se les permite en su inmensa mayoría quedarse.
La
plataforma que ha presionado para lograr la «regularización»
masiva de ilegales está vinculada a la asociación que más fondos
ha recibido de Soros
Unai Cano.
gaceta. 31 Enero
2026
Los tentáculos de George Soros vuelven a hacer acto de presencia en la política española, esta vez en el controvertido decreto que regularizará la situación de medio millón de inmigrantes. Según un hilo detallado en la red social X, publicado por el analista Andréi Kononov, la plataforma «Regularización Ya», que ha sido el motor principal detrás de esta iniciativa, mantiene vínculos directos con organizaciones financiadas por el magnate húngaro-estadounidense a través de su Open Society Foundations. Este acuerdo, alcanzado entre el Gobierno y Podemos el 26 de enero, ha generado un intenso debate sobre influencias externas en las políticas migratorias nacionales.
El hilo revela que el New York Times publicó un artículo alabando el pacto, escrito por José Bautista, un periodista especializado en inmigración y miembro de la ONG PorCausa. Esta organización, dedicada al periodismo sobre inmigración, ha recibido fondos significativos de la Open Society de Soros, lo que no se menciona en el texto del Times. Bautista, junto con otros activistas, ha participado en eventos que promueven la regularización masiva, lo que plantea preguntas sobre la neutralidad de la cobertura mediática internacional.
PorCausa, dirigida por Gonzalo Fanjul, quien también lidera el área de análisis en ISGlobal —otra entidad respaldada por Soros—, organizó charlas sobre periodismo migratorio en Mérida. En una de estas sesiones, Fanjul compartió escenario con Dora Hardy, responsable del Programa de Inmigración de Open Society, y con Seinou Diop, portavoz de «Regularización Ya». Esta conexión directa ilustra cómo redes financiadas por Soros han impulsado narrativas favorables a la regularización en España.
La plataforma «Regularización Ya», que ha presionado intensamente al Gobierno para aprobar el decreto, no detalla sus fuentes de financiación en su sitio web. Sin embargo, el hilo expone que su desarrollo digital contó con el apoyo del Fondo de Mujeres Calala, una asociación transfeminista que se presenta como la receptora de los mayores fondos de Open Society Foundations en España. Este vínculo sugiere que la campaña no es un movimiento grassroots puro, sino uno respaldado por intereses globales.
Críticos como Kononov argumentan que estos lazos revelan una agenda oculta para influir en la soberanía migratoria española, alineada con los objetivos de Soros de promover sociedades abiertas y flujos migratorios sin restricciones. El Gobierno, por su parte, defiende la medida como una respuesta humanitaria a la realidad de miles de inmigrantes en situación irregular, pero el hilo pone en evidencia cómo presiones externas podrían haber acelerado el proceso.
En resumen, este caso ejemplifica cómo las fundaciones de Soros operan a través de ONGs y medios para moldear políticas en Europa. Con el decreto ya en marcha, queda por ver si esta regularización masiva beneficiará a la sociedad española o si, como advierten sus detractores, profundizará divisiones y desafíos económicos. El debate sobre la influencia de filántropos globales en la democracia local está más vivo que nunca.
Hazte
Oír publica en un periódico de Nueva York los casos de corrupción
que "acorralan" a Pedro Sánchez
La
acción pretende llevar la "verdad sobre la corrupción y sus
apoyos" al escenario donde más le preocupa: el internacional
C.
Pérez. la razon. 31 Enero
2026
La guerra con la lona de Hazte Oír que calificaba al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de "corrupto" continúa, y en esta ocasión la asociación ciudadana ha emprendido una nueva camapaña en el extranjero.
Para ello, Hazte Oír ha vuelto a viajar a Nueva York, después de que el pasado mes de septiembre viajase junto a Pedro Sánchez para desplegar pequeñas pancartas por los emplazamientos más emblemáticos de la ciudad.
En esta ocasión, la asociación ciudadana emprendió ayer una nueva acción internacional al publicar un artículo en un periódico neoyorquino para exponer "los casos de corrupción que acorralan a Pedro Sánchez".
"Es la lona del corrupto llevada al escaparate internacional", señalan fuentes de la organizaión a LA RAZÓN. Una acción internacional cuyo objetivo es "divulgar" e "informar" sobre lo que ocurre en el interior de España.
Además, desde la organización matizan que esta acción se enmarca en la ofensiva contra el socialista, que "ya está en mercha", y que combina tres frentes: el frente nacional en la Audiencia Nacional; el internacional, en la Corte Penal Internacional; y ahora en Nueva York.
"Ante el empeño de Pedro Sánchez por blindar su imagen fuera de España, Hazte Oír ha decidido internacionalizar lo que está ocurriendo realmente: llevar la verdad sobre la corrupción y sus apoyos al escenario donde más le preocupa, el internacional", matizan desde Hazte Oír.
Todo empezó por una lona frente al Congreso: después llegaron camiones, autobuses y merchandising; incluso un documental
El lunes, 19 de mayo, todas las miradas se dirigieron a un edificio justo enfrente de la Cámara Baja, en el que Hazte Oír aprovechó los andamios por las obras en la fachada del inmueble para desplegar una pancarta contra Pedro Sánchez en la que se le tildaba de "corrupto".
Sin embargo, después de una jornada en la que consiguió "atrapar" la mirada de estupefacción de muchos viandantes, así como de curiosos y, sobre todo, políticos que se encontraban trabajando en la sede parlamentaria, la gran lona apenas duró 12 horas colgada, pues sobre las 22:30 horas del mismo día la Policía Nacional y el Cuerpo de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid se personaron frente a ella para hacerla desaparecer tras varias denuncias.
Como consecuencia de ello, una semana después, el sindicato decidió "darle una vuelta" y pasear la misma lona a bordo de su "Autobús Nacional", también conocido como el "CapoBus". Desde entonces, la plataforma ciudadana ha emprendido diferentes acciones, trasladando la misma lona a través del "Autobús Nacional", de camiones, pancartas y diferentes productos de merchandising, como tazas, camisetas, pegatinas, toallas, chanclas o gorras que comercializan a través de su tienda oficial.
Además, una de sus últimas campañas consistió en perseguir al presidente del Gobierno hasta Nueva York el pasado mes de septiembre -donde acudió Sánchez a la Asamblea General de Naciones Unidas (ONU)- para desplegar pancartas y pegatinas con la misma imagen de la lona.
Sin embargo, el plato fuerte llegó en octubre, cuando la organización Hazte Oír, en colaboración con la productora Terra Ignota, estrenó en el cine Capitol Gran Vía el documental 'Sánchez S.A. Una historia de corrupción', una producción que repasa la trayectoria política de Pedro Sánchez y "sus actuales desafíos judiciales y políticos".
Un documental -disponible en su canal de YouTUbe- en el que, en total, según la propia organización participaron más de 20 especialistas a través de las entrevistas que componen el filme.
La última
bala en la recámara del sanchismo
Emilio
Montilla. libertad digital. 31
Enero 2026
La regularización masiva inmigratoria planteada por el Gobierno no es más que un disparo calculado para ganar tiempo, recomponer mayorías y retrasar un final que parece inevitable.
Esta semana el Gobierno ha aprobado una regularización de inmigrantes en situación irregular que, según las estimaciones disponibles, podría conceder la residencia a más de 800.000 personas. La medida, pactada con Podemos, no es un gesto humanitario ni una respuesta improvisada, sino la pieza definitiva del puzzle en la estrategia de Pedro Sánchez para reconstruir la mayoría parlamentaria que le permitió seguir en La Moncloa.
Al margen de las dudas jurídicas que rodean a esta iniciativa —al modificar de facto una ley orgánica mediante un reglamento aprobado sin pasar por el Congreso y con altas probabilidades de acabar siendo anulado por el Tribunal Supremo—, la regularización planteada no es más que un obsequio a Irene Montero para que esta ceda y apruebe el traspaso de las competencias de inmigración a Cataluña, acabando así con la deriva obstruccionista de Junts. De esta forma, el Gobierno consigue alinear a dos socios que se estaban anulando mutuamente.
Con esta maniobra, Sánchez se asegura del apoyo de ambos partidos y recompone una mayoría suficiente que le posibilite aprobar los Presupuestos y el resto de medidas necesarias para agotar la legislatura. El objetivo es claro: resistir hasta 2027, esperar a que las aguas se calmen y confiar en que la frágil memoria de los electores evite el batacazo electoral que hoy se cierne sobre su cabeza.
No obstante, es un camino lleno de minas en el que todo podría saltar por los aires antes de que su plan maestro pueda ejecutarse. En primer lugar, si el Tribunal Supremo anulara la regularización masiva, Podemos podría quedarse sin su caramelo, lo que les llevaría a volver a ejercer de socio díscolo que desbarata sus planes. Por otro lado, la complicada situación judicial del Ejecutivo —con la depuración de responsabilidades por el descarrilamiento o la dilucidación de los múltiples casos de corrupción que le rodean— podría hacer aflorar a un auténtico cisne negro, un hecho tan objetivamente grave que fuerce a sus socios a abandonarle definitivamente para no quemarse con él en la pira de la desintegración demoscópica.
De igual forma, la aprobación del nuevo sistema de financiación autonómico es otro de los factores que pueden hacer saltar por los aires la estrategia planteada. Sánchez necesita convencer a partidos regionalistas como Compromís, el BNG o el CHA de aceptar un modelo que privilegia a Cataluña, algo que a priori no se antoja sencillo. La cuestión es que el sistema propuesto plantea infrafinanciar al Gobierno central, manteniéndole la obligación de prestar los mismos servicios mientras se derivan hasta 21.000 millones de euros anuales al conjunto de las comunidades autónomas. Con ese dinero, se atajan en buena medida desequilibrios históricos como los que sufrían Andalucía o la Comunidad Valenciana, pero también se beneficia absurdamente a Cataluña. Mi temor es que, si estos partidos aprietan, la tentación sea avanzar hacia un vaciamiento todavía mayor del Estado, poniendo en riesgo su sostenibilidad en los ciclos de crisis económica.
Por último, la sucesión de continuas convocatorias electorales autonómicas podría tensar hasta romper las costuras del Partido Socialista. Tras el batacazo electoral en Extremadura, el contexto no parece nada halagüeño en Aragón, Castilla y León o Andalucía, lo que podría inflamar una rebelión interna ante el hecho incontestable de que los cargos socialistas están dispuestos a transigir con todo siempre y cuando ello no implique sacrificar la poltrona que paga sus sueldos.
Lo que sí parece claro es que el Presidente parece dispuesto a todo con tal de seguir en el poder a toda costa. La regularización masiva de irregulares tensará aún más la situación de la vivienda, el transporte o la sanidad al acrecentar el efecto llamada y al introducir a más personas en el sistema mediante el reagrupamiento familiar. Y, por si el daño a España no fuera suficiente, la cesión de las competencias de inmigración a Cataluña o el cuponazo ahondarán en las desigualdades entre españoles, blindando privilegios que en el futuro será enormemente complicado revertir.
La historia demuestra que las estrategias basadas en ganar tiempo rara vez fortalecen a los gobiernos que las practican, sino que más bien suelen debilitar a las instituciones que los sostienen. El sanchismo ya ha lanzado su disparo, el problema es que me temo que el efecto del retardo puede acabar llevándose por delante al Estado.
El Chernóbil
Sanchista
Diego
González. libertad digital. 31
Enero 2026
El gobierno del PSOE está tomando decisiones que afectarán no solo a los españoles que las padecen sino a las próximas dos o tres generaciones.
Ciento doce años después del inicio de la Primera Guerra Mundial, existen zonas de Francia donde la vida florece pero los humanos no pueden asentarse. Lugares donde la devastación fue tal, que se consideraron irrecuperables; espacios donde la batalla fue tan fiera, que fueron designados como inhabitables. Los nietos de los nietos de los soldados que combatieron en aquellas trincheras encuentran cada año toneladas de munición sin detonar, incluyendo proyectiles con gas venenoso, potentes explosivos o granadas de mano. En una fecha tan cercana como 2014, dos obreros de la construcción belgas murieron en la explosión de una bomba enterrada un siglo antes en el lugar donde se estaba levantando un edificio. Las consecuencias de las guerras perduran décadas después de que callen las armas. En el norte de Francia, donde se libraron las horrendas batallas del Somme o Verdun, a esos lugares se les llama Zona Roja.
En abril se cumplirán cuarenta años del desastre de Chernóbil. Dos mil quinientos kilómetros cuadrados de territorio en Ucrania y Bielorrusia siguen sin ser accesibles por la contaminación radioactiva. La zona de exclusión es más grande que la provincia de Vizcaya; de norte a sur mide ochenta kilómetros. Se calcula que no será habitable de manera segura durante al menos un par de cientos de años más. Decisiones que se tomaron en los años ochenta llegan hasta nuestros días.
El lector más agudo ya habrá visto venir la analogía desde varios kilómetros de distancia. El gobierno del PSOE está tomando decisiones que afectarán no solo a los españoles que las padecen sino a las próximas dos o tres generaciones. Y lo que es peor, lo está haciendo a cambio de nada: únicamente para mantenerse en el poder, para prolongar una legislatura agónica que cuando llegue a su fin solo habrá servido para imputar o condenar por corrupción a los colaboradores y familiares más próximos del presidente. No hay ningún análisis serio de las consecuencias de las decisiones que se toman; vivimos en un cortoplacismo insoportable en el que lo único que cuenta es que Sánchez aguante un día, una semana, un mes más en La Moncloa. Pero los hijos de nuestros hijos tendrán que cargar con las consecuencias de lo que hoy está perpetrando Sánchez con el único fin de seguir cobrando del presupuesto, de seguir mirándose al espejo y que ese rostro cadavérico y demacrado pueda decirle "eres el presidente del Gobierno, eres importante".
Dentro de la Zone Rouge hay localidades que solo existen en el limbo administrativo; pueblos que quedaron arrasados hasta los cimientos donde no quedó un solo muro en pie, y que no fueron reconstruidos tras el armisticio. Cien años después permanecen en el mapa pero solo de forma simbólica. Sus nombres figuran en las señales de las carreteras y en donde antes se encontraban hay carteles que juran que allí se alzaba un lugar donde la gente vivía. "Aquí estaba la iglesia", reza un cartel en mitad de un monte lleno de cráteres cubiertos por la hierba. "Ayuntamiento", se lee en otra señal metálica en mitad de un bosque. Cuando dentro de unos años, o quizá menos, empiecen a suceder cosas inevitables, a los españoles nos pasará lo mismo. "Aquí estaba la separación de poderes". "Por aquí pasaban los contrapesos democráticos". "En este lugar se alzaba el respeto por las decisiones judiciales". Aún no sabemos cuál va a ser el precio a pagar y durante cuánto tiempo, pero hay cosas que no van a ser gratis. Amnistiar a unos golpistas a cambio de una investidura traerá consecuencias más pronto que tarde; que el Fiscal General del Estado sea un delincuente al que su sucesora indulta de forma encubierta corroe las instituciones. Blanquear a los terroristas responsables del asesinato de cientos de personas, cuando han dejado bien claro que no solo no se arrepienten sino que están orgullosos de haber asesinado a niños delante de sus padres, envía un mensaje atroz a la próxima generación. Regularizar a cientos de miles de personas llegadas ilegalmente al país cuando los servicios públicos ya están chirriando y comprar o alquilar un piso es un sueño imposible para una pareja provocará, inevitablemente, un choque social. Aumentar el gasto en pensiones un 45% en siete años, obligando al Estado a endeudarse en decenas de miles de millones cada año incluso con cifras récord de recaudación, impedirá el mantenimiento de infraestructuras o la inversión en vivienda, y alentará un conflicto generacional. Es un doble proceso de degradación, material y política, que seguiremos sufriendo mucho tiempo después de que Sánchez y su familia de presuntos corruptos abandonen el Palacio de la Moncloa.
"Qué más da que la nada fuera nada/si más nada será, después de todo,/después de tanto todo para nada". Con este terceto cerraba el inmenso José Hierro el último poema de su último libro publicado, Cuaderno de Nueva York. Lo peor del Chernóbil sanchista, de la Zona Roja que estos años ominosos dejarán en las instituciones españolas, es que no habrá servido para absolutamente nada. Una sociedad polarizada, unas instituciones vaciadas, infraestructuras clave del Estado en manos de la misma gente que ha jurado destruirlo, todos los consensos rotos y peores servicios públicos a cambio de impuestos cada vez más altos solo habrán servido, única y exclusivamente, para que un narcisista que medró a partir de los prostíbulos de su suegro pueda sacudirse de encima el complejo de inferioridad. La terapia más cara de la historia.
Sanchismo:
efecto llamada y coladero de la inmigración ilegal
Editorial.
libertad digital. 31
Enero 2026
La regularización masiva de inmigrantes pactada entre el Gobierno y Podemos es un paso más no sólo en la demolición de nuestra democracia sino también en la destrucción del sistema de vida español, de ese contexto en el que los servicios y el ascensor social funcionaban, existía una cierta idea de la prosperidad, de la competitividad y de la justicia, del mérito recompensado, de la igualdad entre hombres y mujeres y de la libertad religiosa.
Colapsan las infraestructuras por una criminal falta de mantenimiento, porque la corrupción mata y por la incompetencia de la izquierda. Y colapsan también los fundamentos de la sociedad por la llegada descontrolada de inmigrantes que lejos de integrarse tratan de extender hábitos, creencias y costumbres contrarias a la más elemental idea de la civilización occidental.
Las implicaciones de la regularización masiva sobre el censo electoral se explican por sí solas. El Gobierno está comprando votos a cambio de papeles en una maniobra que forma parte de la operación sanchista para perpetuarse en el poder. El impacto de la decisión sobre la seguridad ciudadana no entra en los cálculos del Gobierno y de Podemos. Tampoco el efecto sobre unos servicios sanitarios, educativos y asistenciales cada vez más tensionados, explotados e infradotados.
No hay más que reparar en la situación de las Canarias o de Ceuta y Melilla para advertir la gravedad del anuncio, su destructivo efecto llamada, las lamentables consecuencias que acarreará el proceso de regularización y el riesgo más que real de que decenas de miles de delincuentes encuentren acomodo en nuestro país con una mera declaración por su parte de que carecen de antecedentes penales en su país de origen.
En Canarias es imposible acoger y atender a más inmigrantes. Y lo mismo sucede en Ceuta y Melilla. Han caído las plantillas policiales, los servicios de salvamento y acogida están desbordados y al Gobierno no se le ocurre otra cosa que anunciar una regularización masiva que de paso tape la tragedia ferroviaria de Adamuz, esa falta de mantenimiento y de decencia que se llevó por delante la vida de 45 personas.
España se ha convertido en un coladero, en el paraíso de las mafias esclavistas, en un puerto franco para toda clase de delincuentes, en un paraíso para quienes aspiran a vivir de las ayudas públicas, en un territorio donde la voluntad del Gobierno cuenta más que las leyes. No hay una sola razón que justifique la regularización de más de medio millón de inmigrantes que están en España de manera ilegal, salvo el interés partidista del PSOE y de Podemos y de sus líderes. El objetivo es evidente. Hay que acabar como sea con la alternancia política. Hay que liquidar a la derecha y para eso vale todo, incluida la desnaturalización del censo.
Gustavo
Martínez: "El socialismo es una enfermedad que destruye la
propiedad a través de la inflación"
El
analista financiero denuncia en esRadio la "zombificación"
de la economía y vaticina que el oro alcanzará los 10.000 dólares
ante el colapso.
Con ánimo de Lucro. libertad digital. 31
Enero 2026
En el programa Con Ánimo de Lucro de esRadio, conducido por Luis F. Quintero, el profesor y asesor financiero Gustavo Martínez ha realizado una radiografía demoledora del actual sistema monetario. Durante su intervención, Martínez ha desgranado cómo la intervención estatal y la impresión masiva de moneda están socavando los cimientos de la libertad individual: la propiedad privada. Según el analista, el actual 'rally' del oro no es un evento aislado, sino la respuesta natural del mercado a décadas de políticas fiscales irresponsables que han dejado al dólar y al euro en una situación de extrema vulnerabilidad.
La inflación como herramienta de confiscación estatal
Gustavo Martínez ha sido tajante al definir el fenómeno inflacionario no como un accidente económico, sino como una decisión política deliberada. "El socialismo es una enfermedad que destruye la propiedad a través de la inflación", ha afirmado, explicando que al diluir el valor del dinero, el Estado confisca de facto el esfuerzo de los ciudadanos sin necesidad de aprobar nuevas leyes tributarias. "La inflación es el robo de tu tiempo que te hace el Estado sin que te des cuenta."
Para Martínez, la magnitud del desequilibrio es histórica. Ha recordado que, solo en los últimos cinco años, la Reserva Federal ha inyectado 8 billones de dólares en el sistema, una cifra que hace inevitable la pérdida de poder adquisitivo. Esta "inundación" de liquidez es la que explica que el oro haya pasado a ser la segunda reserva mundial, representando ya el 25% del total y superando por primera vez al euro.
El fin de la hegemonía del dólar y el objetivo de los 10.000 dólares
El analista ha subrayado que estamos ante un cambio de ciclo sistémico donde el dinero papel está perdiendo la batalla frente a los activos reales. "Vamos a ver el oro en 10.000 dólares seguro", ha vaticinado Martínez, aclarando que no se trata de una revalorización del metal, sino de la caída estrepitosa del valor de las divisas fiduciarias. "El oro no sube, el dólar baja", ha matizado, señalando que la hegemonía del billete verde ha caído del 60% al 40% en las reservas internacionales debido a su uso como "arma política".
Esta desconfianza global está llevando a los bancos centrales, especialmente en Asia, a acaparar oro físico para protegerse de una posible quiebra del sistema de deuda occidental. Según Martínez, los inversores que no entiendan que el sistema está "zombificado" corren el riesgo de ver cómo sus ahorros desaparecen bajo el peso de una deuda pública que califica de "impagable".
En su análisis para Con Ánimo de Lucro, Martínez también ha señalado a los responsables regulatorios en Europa. Ha definido la Agenda 2030 como "un estatuto que protege a la burocracia y desprecia la propiedad privada", argumentando que la hiperregulación verde y social es solo una capa más de control estatal sobre la economía productiva.
Frente a este escenario, la receta del experto es clara: alejarse de la exposición total al sistema bancario tradicional y buscar refugio en activos que el Estado no pueda imprimir. "El ahorro real es la única defensa contra el Leviatán", ha concluido, advirtiendo que la batalla por la propiedad privada se librará en el terreno de la soberanía monetaria y la posesión de activos duros.
La corrupción
se paga muy cara
El incremento del
gasto público en España no se comparece con la satisfacción
ciudadana por la calidad de los servicios
Pedro Pablo Valero.
Vozpópuli. 31
Enero 2026
Los datos son muy claros: en la última década, el gasto público se ha incrementado un 50% (en realidad, la mitad si tenemos en cuenta la inflación pero sigue siendo una cifra alta) y la presión fiscal sobre el contribuyente ha aumentado 4 puntos del PIB, lo que unido al crecimiento de éste, ha impulsado la recaudación en más del 70% (de nuevo podemos restarle la mitad por la inflación pero sigue siendo un número enorme). Es decir, cada vez pagamos más impuestos, cada vez el Estado recauda más, cada vez el gobierno destina más de ese dinero al gasto público pero… la mayoría se va en pagar pensiones y otros gastos sociales como el IMV y mientras, caen las inversiones en casi todas las demás partidas, a pesar del aumento de dinero. Esto se ha traducido en peores servicios públicos, algo que prácticamente todos -incluso los que siguen apoyando a este gobierno- percibimos. El problema mayor es que esa degradación de nuestra vida cotidiana, ese retroceso en la anhelada prosperidad, no sólo se refleja en el desgraciado accidente ferroviario sino en tantos ámbitos como vivienda, sanidad, educación.... Y si a eso se suma el factor corrupción, el mal destino de lo recaudado por Hacienda empeora todavía más la situación.
Cuando alguien dilapida el gasto en señoritas de compañía, sobornos, mordidas etc. con el argumento de que se trata de una cantidad muy pequeña en comparación a las partidas presupuestadas, está confundiendo el verdadero coste de la corrupción. Más allá de temas éticos y más allá de que es intolerable lo que, por ejemplo, ha pasado en el Ministerio de Transportes durante la época de Ábalos, parecen olvidar que adjudicar determinadas obras a empresas que han pagado por su adjudicación, implica que no se ha optado por las más confiables ni por las de precio más competitivo ni, en resumen, por las mejores. Esto tiene una repercusión directa en el mal servicio al ciudadano. Y, en ocasiones, ese daño incluso se traduce en accidentes mortales, y éstos en una reducción de la sensación de seguridad necesaria para el viajero, y esa desconfianza quién sabe si en menos turistas, nacionales y extranjeros,
Efecto propagandísticos
Es como las subvenciones mal asignadas, que no sólo aportan un dinero público inmerecido a determinadas compañías, además perjudica a las que sí lo merecen pero no les llegan los fondos. Y si no hay sólo un error de gestión, sino que además viene de una mordida (como parece en el caso de la aerolínea Plus Ultra), de nuevo la corrupción perjudica al tejido empresarial del país, restando eficiencia y productividad a nuestra economía. Incluso lo que no suele denominarse corrupción y suele serlo (como gastar dinero a espuertas en empresas públicas deficitarias buscando efectos propagandísticos, caso RTVE por ejemplo), también tiene un coste que va más allá de ese dinero malgastado. Porque lo que se dedica a esos propósitos, no se destina donde coresponde, por ejemplo la supervisión de una vía de tren. Y es que nada debería ser tratado con más cuidado y honestidad que el dinero público, puesto que de él depende en gran parte nuestra seguridad. Educación, sanidad, transportes… todo es parte de unos presupuestos limitados que no están pensados para llenar los bolsillos de un puñado de gene atrabiliaria.
Tampoco es ni ético ni económicamente adecuado comprar votos en el Parlamento a costa de aumentar la desigualdad territorial, otra forma de corrupción. Lo que ocurre es que los últimos tiempos en España estamos normalizando lo que jamás debería ocurrir, como que el gobierno por puro afán de poder, no convoque elecciones y prefiera seguir prorrogando los Presupuestos Generales del Estado año tras año. También es una forma de corrupción hacer algo a sabiendas de que es lo peor para tu país, ya que no tener Presupuestos impide muchas inversiones necesarias y aumenta la arbitrariedad de las mismas (facilitando con ello la corrupción), ya que nada está asignado previamente. Gastarse más de dos mil millones de euros en adquirir el 10% de Telefónica es un ejemplo perfecto de esto. ¿Cómo es posible que sin Presupuestos semejante operación haya podido ocurrir? Y sobre todo, ¿cuál es la verdadera razón de que se haya hecho? Nadie ha visto mejora alguna en la compañía, ni se pueden establecer criterios de servicio público, pero curiosamente sí hemos encontrado que Movistar ha adquirido un documental, que nadie más durante años ha querido comprar, sobre Pedro Sánchez en la Moncloa y que todo apunta a que tiene un sesgo claramente propagandístico. ¿Acaso eso no es corrupción también? Como si no fuera bastante con el dinero de todos que se tira en cadenas de televisión públicas por todo el país.
Del mismo modo que en otras democracias avanzadas haya dimisiones porque se asuman responsabilidades políticas de errrores, pifias y mentiras y en España los afectados no se den por aludidos, incluso cuando una mayoría de parlamentarios lo pida, también es una forma de corrupción. Empeñarse en mantener en un cargo oficial a alguien claramente inadecuado es lo contrario de un buen servicio público e insisto, es un problema, además de político, económico. Aunque claro, en buena lid nuestro presidente no podría cesar a nadie por lo mismo que él lleva haciendo años.
Economía
España
bate un nuevo récord de funcionarios: ya superan a los autónomos en
350.000
El país tiene más empleos
públicos que autónomos desde 2017, pero el fuerte aumento de los
primeros en los últimos años ha llevado a una brecha
histórica
Beatriz Triguero. Vozpópuli. 31
Enero 2026
España cerró el año 2025 con un nuevo récord de empleados públicos: 3,64 millones contabilizados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). El fuerte aumento de funcionarios en los últimos años ha dejado una brecha récord con respecto al número de autónomos, que crecen a un ritmo mucho más lento y cerraron el año en 3,29 millones. La diferencia ronda ya las 350.000 personas, máxima en la serie histórica.
Tras media década de estancamiento, en 2017 la creación de empleo público volvió a intensificarse y a finales de ese año el total de trabajadores en las administraciones superó la cifra de autónomos. Desde entonces la brecha no ha hecho más que agrandarse y en el último periodo era de 346.500 personas, según la encuesta de población activa (EPA) que actualizó el INE hace unos días. En el verano de 2024 llegó a rondar las 400.000.
En la primera década del siglo, entre los años 2002 y 2008, el trabajo autónomo registró un crecimiento sostenido hasta alcanzar un récord de 3,65 millones de personas, una cota que nunca se ha vuelto a recuperar y en la que está ahora el empleo público. Entonces la situación fue la inversa: con la expansión económica y el boom inmobiliario, los trabajadores por cuenta propia llegaron a superar en casi 700.000 a los empleados públicos.
Con la crisis posterior, muchos de ellos abandonaron su actividad y la cifra de trabajadores se desplomó hasta su cota mínima, por debajo de los tres millones. Hoy el número de autónomos se mantiene estable en niveles de 2009, tras el gran auge, con un aumento del 7% en los últimos ocho años. En ese mismo periodo los trabajadores del sector público han crecido un 18%, casi el triple.
180.000 millones de euros en nóminas
El gasto público en remuneración de asalariados también está en máximos: a falta de conocer el dato definitivo, en 2025 habrá rondado ya los 180.000 millones de euros. No sólo por el aumento en el número de nóminas, sino también por el incremento de los salarios. Tras un 2025 con los sueldos públicos prácticamente congelados, a finales del año subieron un 2,5%, al que se ha sumado otro 1,5% en el arranque de 2026.
Esas subidas forman parte del acuerdo del Gobierno con los funcionarios para revalorizar las nóminas públicas un 11,4% entre diciembre de 2025 y 2028, lo que elevará el salario medio de los funcionarios por encima de los 3.500 euros brutos en 12 mensualidades al final del periodo. No obstante, la mayor parte de ese incremento salarial se deja para los dos últimos años del periodo, 2027 y 2028, ya en la próxima legislatura.
Es una línea roja que marcó el Gobierno en su negociación con los sindicatos por el escaso margen con el que cuentan ya las administraciones públicas ante el límite del 3,5% que marca la regla de gasto. A la par, el Gobierno está revalorizando 10 millones de pensiones con la inflación, como marca la ley tras la reforma impulsada por el exministro de Seguridad Social José Luis Escrivá, lo que eleva la factura de estas dos partidas hasta los 400.000 millones.
Los autónomos denuncian la "asfixia"
En cuanto a los empleados por cuenta propia, el presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, aseguró, tras conocerse los últimos datos de la EPA, que "la burocracia, las regulaciones, las cargas administrativas, los impuestos, las cotizaciones y el incremento de costes laborales está hundiendo a los autónomos empleadores". Una "asfixia" que lleva tiempo denunciando.
Desde la patronal de los autónomos destacan que en 2025 se perdieron 8.100 autónomos empleadores y en los últimos cinco años han desaparecido 60.000 comerciantes. Un "daño" que vinculan a medidas como la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), que afecta particularmente en las pequeñas empresas y en los autónomos.
Esta semana el Gobierno ha cerrado con los sindicatos y sin el apoyo de los empresarios, por sexto año consecutivo, la subida del SMI en un 3,1%, hasta los 1.221 euros. Sobre este asunto, el presidente de ATA ha acusado de "trilerismo estadístico" al comité de expertos que han calculado el incremento, además de calificar de "esperpéntica" la pugna entre los ministerios de Trabajo y Hacienda para hacer propuestas que pudieran acercar a los empresarios a un acuerdo.
******************* Sección "bilingüe" ***********************
La
inmersión avanza en Asturias: el Gobierno valora reconocer a los
profesores de bable
Desde el
Principado pretenden reclamar al Ministerio los cambios normativos
oportunos para hacer posible el reconocimiento oficial de las
especialidades docentes de Lengua Asturiana y Eonaviego
Maria
Curiel. el debate. 31
Enero 2026
El pasado 21 de enero, varios representantes de la Asociación de Docentes de Asturiano y Eonaviego (ADAE) mantuvieron una reunión con Eva Ledo, la consejera de Educación del Principado de Asturias, con el fin de tratar la situación de los profesores de Lengua Asturiana y Eonaviego, para reconocer esta especialidad docente.
Durante esta reunión, tal y como informó La Nueva España, la consejera reiteró su disposición a mantener el impulso en este ámbito y avanzó que pedirá un encuentro con la recién nombrada ministra de Educación, Milagros Tolón. Con esa reunión se pretende reclamar al Ministerio los cambios normativos oportunos en los reales decretos vigentes para hacer posible el reconocimiento oficial de las especialidades docentes de astiuriano y eonaviego
Este hecho, que supondría un paso más para la imposición lingüística en Asturias, ha sido celebrado por ADAE, entidad que ha también remarcó que la eficacia de este plan de inmersión del bable dependerá de que exista una colaboración real y sostenida entre la Consejería, las organizaciones sindicales y el profesorado implicado. En la misma línea se expresó Ledo, que incidió en la necesidad de aunar voluntades y coordinar esfuerzos para desbloquear definitivamente el conflicto.
La asociación recordó, además, que más de 300 docentes siguen encadenando contratos temporales por la ausencia de reconocimiento oficial de estas especialidades, una situación de precariedad laboral que se arrastra desde hace décadas. Por ello, ADAE confía en que el Gobierno del Principado de Asturias actúe con firmeza y voluntad política para cerrar de una vez este problema histórico.
Más avances del bable
En lugares como Cataluña, País Vasco, Galicia, Comunidad Valenciana o Baleares, la imposición lingüística está a la orden del día. Mientras que en los colegios se educa en un modelo inmersivo en catalán, vasco o gallego, el nacionalismo se cuela poco a poco a través de la educación, arma eficaz del independentismo para adoctrinar a los más pequeños.
Ahora, la izquierda quiere ir más allá e imponer también el aragonés y el asturiano como lenguas cooficiales en sus respectivos territorios y, como ya es costumbre, la forma de comenzar pasa por las aulas. Recientemente, el Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar ha registrado en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley relativa al reconocimiento de las especialidades de maestro y de profesor de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) de aragonés y asturiano, para su debate en la Comisión de Educación y Formación Profesional.
La iniciativa insta al Gobierno a modificar los reales decretos de especialidades con el objetivo de reconocer, de forma genérica, la especialidad docente de aquellas comunidades autónomas con lengua propia que, sin tener carácter oficial, dispongan de protección legal. De este modo, Sumar busca eliminar «las trabas para que puedan dignificarse tanto la enseñanza del aragonés y del asturiano como el trabajo docente en ambas lenguas».
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