Recortes de Prensa Domingo 1 Febrero 2026
Mueren dos personas por un ataque ruso en
Dnipro en plena tregua energética
El presidente
estadounidense, Donald Trump, pidió a Putin que llevara a cabo una
tregua en los ataques debido a las bajas temperaturas
Noelia
Marín. Madrid. el mundo. 1 Febrero
2026
En medio de una tregua energética en la guerra en Ucrania, dos personas han muerto por un ataque ruso con drones contra la ciudad de Dnipró, en el este de Ucrania, según ha anunciado la administración regional. "En Dnipró, dos personas --una mujer y un hombre-- murieron debido a un ataque enemigo con drones", informó en Telegram el jefe de la administración militar regional, Oleksandr Ganzha.
Este ataque se ha producido en medio de una pausa en los bombardeos rusos contra la capital de Ucrania, Kiev, aceptada por el presidente ruso, Vladimir Putin, por petición de Donald Trump a causa de las bajas temperaturas que azotan al país estos días.
8:06
Dos muertos en Dnipro tras un ataque ruso
Dos personas han muerto por un ataque ruso con drones contra la ciudad de Dnipró, en el este de Ucrania, según ha anunciado la administración regional. "En Dnipró, dos personas --una mujer y un hombre-- murieron debido a un ataque enemigo con drones", informó en Telegram el jefe de la administración militar regional, Oleksandr Ganzha.
Rusia
ataca la infraestructura de transporte ucraniana
Agencia
Efe. Moscú. la razon. 1 Febrero
2026
El Ministerio de Defensa de Rusia
informó este sábado de ataques contra la infraestructura de
transporte de Ucrania, que utilizan las Fuerzas Armadas del país.
Según el parte castrense, los golpes fueron asestados a “objetos de la infraestructura de transporte que se usa en intereses de las Fuerzas Armadas, almacenes de armas y lugares de concentración de tropas y mercenarios”.
En su comunicado, Defensa también informó de la toma de dos localidades, una en Donetsk y otra en Zaporiyia, a lo largo de las últimas 24 horas.
Moscú ha detenido desde hace unos días sus ataques a la infraestructura energética ucraniana por petición de EE. UU.
Patria o muerte... pero sin luz: Cuba se apaga ante la presión de Trump
El líder estadounidense Donald Trump anunció el jueves que había pedido a su homólogo ruso, Vladímir Putin, que detuviese durante una semana los ataques contra el sistema energético ucraniano por la ola de frío, algo que el Kremlin aceptó, aunque indicó que la tregua parcial concluiría este domingo.
Por su parte, el Gobierno ucraniano ha anunciado este sábado que un fallo técnico ha provocado perturbaciones en el sistema eléctrico, maltrecho por los ataques rusos, las cuales han provocado interrupciones del suministro y han afectado también a la vecina Moldavia con apagones en parte del país.
"Hoy a las 10:42 (8:42 GMT) se produjo una perturbación tecnológica, con la caída simultánea de la línea de 400 kilovatios entre los sistemas energéticos de Rumanía y Moldavia y la línea de 750 kilovatios entre las partes occidental y central de Ucrania", informó el ministro de Energía Denís Shmihal en Telegram.
"Esto provocó una parada en cascada en la red eléctrica de Ucrania y la activación de las medidas de seguridad automáticas en las subestaciones. Las unidades de las plantas nucleares fueron vaciadas", dijo y agregó que el operador ha introducido cortes de luz de emergencia en las regiones de Kiev, Zhitomir y Járkov.
Así por ejemplo, en la capital ucraniana dejó de funcionar este sábado el servicio de metro y los ascensores de las estaciones del transporte subterráneo, según anunció por la mañana la administración de la región capitalina.
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, informó en Facebook de que el problema se había producido en las líneas de interconexión entre la red ucraniana y la red moldava.
"Todas las medidas de respuesta necesarias al nivel del sistema energético ucraniano están activadas y las labores de restablecimiento están en marcha. La tarea ahora es estabilizar la situación lo antes posible", escribió el jefe de Estado.
Buena parte de la capital moldava, Chisinau, se quedó este sábado sin electricidad debido a los problemas en la red eléctrica de la vecina Ucrania, informaron las autoridades locales.
”Se registran cortes de electricidad en gran parte de Chisinau”, escribió en Telegram el alcalde de la ciudad, Ion Choban, que pidió a los ciudadanos mantener la calma y agregó que las autoridades se han reunido de urgencia para evaluar la situación y ”conectar generadores allá donde sea necesario”.
En la vecina Rumanía, sin embargo, no se han producido por el momento perturbaciones.
Pese a la tregua parcial entre Rusia y Ucrania para detener los ataques contra el sistema energético durante la presente ola de frío -en la que las temperaturas bajarán esta noche a 20 grados bajo cero en buena parte del país atacado- el sistema energético ucraniano está maltrecho tras meses de ataques de ataques enemigos.
El
'progresismo', enemigo capital de la innovación
Jesús
Banegas. Vozpópuli.
1 Febrero 2026
La innovación, no solo tecnológica, y la consecuente movilidad social que genera en la sociedades libres, son los principales factores concatenados del progreso de las naciones, no solo ahora, sino durante toda la historia de la humanidad. Es más, la innovación ha desplazado al capital como cúspide de la pirámide económica y social. Hoy, es el capital el que sirve a la innovación y no al contrario. La inteligencia creativa es mucho menos frecuente que el capital y por lo tanto mucho más valiosa. Compruébese en la lista de los nuevos millonarios cuales fueron sus antecedentes sociales. Y esa tendencia también es aplicable a la lista de los CEOs de las principales empresas o en general de los altos cargos de la empresa privada. La historia del progreso social está indeleblemente asociada con la innovación en los quehaceres económicos, y ésta con la libertad. En un magistral libro, How Innovation Works and Why Flourishes in Freedom (2020), Matt Ridley señala cómo surge la innovación: “No ocurre de arriba hacia abajo, sino al revés. Es un fenómeno evolutivo, que nace de la colaboración, de la experimentación, de la libertad de especular en torno a distintas soluciones para un mismo problema. Bebe de la posibilidad de fracasar y de recompensar a quienes logran tener éxito”.
Los progresistas -apelativo de invención estalinista– siempre han creído que la innovación debe ser el producto de la planificación y de la sindicalización de la inteligencia, y que en contra de lo que sostiene Ridley, funciona de arriba hacia abajo; sin embargo, la contribución histórica a la innovación de los países comunistas y autoritarios carentes de libertad, siempre ha sido nula. Como nuestros progresistas no son capaces de innovar ni de inventar nada útil a la sociedad, se empeñan en obstaculizar, por todos los medios políticos a su alcance, el desarrollo y puesta en marcha de la innovaciones de la sociedad civil. Y cuando resultan inevitables, penalizan con extravagantes ordenanzas y una presión fiscal desorbitada a sus creadores. Además tratan de desacreditar socialmente a los innovadores más exitosos que obviamente se hacen ricos, llamándoles insolidarios, a pesar de los impuestos que pagan y la riqueza que crean.
Tecnología y empleo
La innovación es entrópica, siempre crece, nunca retrocede; y cuanto más abunda, más y más multiplica sus efectos, mientras invita a llevar a cabo nuevas innovaciones, sobre la base de las preexistentes. Los tecnófobos, siempre al acecho, no han cesado de anunciar un “futuro sin empleo”, que ahora andan resucitando con la Inteligencia Artificial contra todas las evidencias empíricas a lo largo de la Historia que ponen de manifiesto cómo las nuevas tecnologías y la creación de empleo siempre han ido de la mano. Según McKinsey, un tercio de los nuevos puestos de trabajo creados en Estados Unidos en los últimos 25 años, se corresponden con ocupaciones que, al comienzo de dicho periodo, o no existían o eran marginales. Una encuesta realizada en Francia en 2011 halló que Internet destruyó 500.000 puestos de trabajo en los últimos 15 años, pero creó 2,4 por cada empleo destruido.
William J. Baumol, el más sobresaliente economista schumpeteriano y por tanto, evangelista de su teoría de la destrucción creativa, definió con toda precisión -The Free-Market Innovation Machine (2002)- los cuatro elementos básicos de una economía innovadora exitosa:
Debe ser fácil crear una empresa, ponerla en marcha y también cerrarla, sin consumir tiempo ni recursos burocráticos.
El marco institucional debe facilitar la actividad empresarial, es decir: los derechos de propiedad, el cumplimiento de los contratos y el estado de derecho.
Los gobiernos no deben frenar el crecimiento del tamaño de las empresas, ni dar facilidades a actividades económicas improductivas y mucho menos a los buscadores rentas y a lobistas.
Las instituciones gubernamentales deben asegurar a los emprendedores de éxito y las grandes compañías ya establecidas, que continúen teniendo incentivos para innovar y crecer
Previamente, el maestro Baumol, en un imperecedero artículo: Contestable Markets: An Uprising in the Teory of Industry Structure (1982), había señalado la necesidad de que los mercados sean contestables; en los que es posible entrar y salir sin costes para una nueva firma. Muchas empresas ineficientes se mantienen en el mercado retardando las innovaciones de la entrantes mediante todo tipo de ardides políticos. Es evidente que las políticas socialistas, y muy particularmente las del actual gobierno, operan contra las citadas palancas del verdadero progreso, como ponen de manifiesto el estancamiento de nuestra productividad y el descenso permanente en los rankings comparativos de innovación; octavos por la cola entre los 38 países de la OCDE.
Mientras tanto, el gobierno presume del crecimiento del PIB -no de la renta per cápita- liderado a nivel mundial por Sudán, Libia y Guyana; en cuyo ranking de los mejores solo hay un país desarrollado, Irlanda, y España ni aparece, mientras nos situamos en la mitad del nivel del 30º . Sin innovación permanente y competitiva, la movilidad social -obviamente hacia arriba- se ve imposibilitada, mientras los salarios apenas progresan y tienden a igualarse en la única dirección posible; hacia abajo, como propugna y tristemente consigue la comunista -¡en el siglo XXI!- vicepresidenta del gobierno. El Instituto Juan de Mariana acaba de publicar un informe titulado Igualitarismo salarial y empobrecimiento económico, en el que se pone manifiesto el “achatamiento salarial y la consecuente menor movilidad social” de nuestro tiempo, el de Sánchez. Sus datos son muy elocuentes:
España es el cuarto país de la OCDE con peor evolución de los salarios en las últimas tres décadas.
Al acercarse el salario modal al mínimo, se ha exacerbado la tendencia al estancamiento, porque se reducen los incentivos a formarse, mejorar profesionalmente o asumir responsabilidades, frenando la movilidad social y alimentando la economía sumergida y los empleos precarios.
Pero lo peor no son estos pésimos datos, sino que el gobierno en pleno presuma de los mismos, señalando groseramente que vivimos una época de esplendor y que además ¿se lo crean? sus sufridos votantes. Será porque, tal y como señala José Castillejo en su Democracias destronadas (2008), “cuanto más milagrosa es una explicación, más útil es para la propaganda”.
La educación pervertida
La movilidad social no solo depende del marco institucional, también y mucho del ambiente cultural, definido por el reciente premio Nobel de economía, Joel Mokyr en A Culture of Growth. The Origins of the Modern Economy (2017), como el "conjunto de creencias, valores y preferencias capaces de influir en la conducta, que son socialmente —no genéticamente— transmitidas, y que son compartidas por grupos sociales». Para Mokyr, “los valores culturales determinan cuánto tiempo y dinero deciden gastar los padres en la educación de sus hijos”. Como es bien sabido, la educación ha sido consciente y deliberadamente pervertida y depreciada por nuestra izquierda con la finalidad, sobradamente lograda, de convertir la sociedad civil en servil del poder político. Pero ello no dispensa a los padres de su responsabilidad; de no votar tan despreciables políticas e invertir -como señala Mokyr- tiempo y dinero en la palanca decisiva del mejor futuro: la educación.
La izquierda española, como muy bien señalaba recientemente el insigne catedrático de historia Gabriel Tortella, no asume el éxito de la revolución socialdemócrata -de origen inglés- cuya consecuencia ha sido “una sociedad sin clases, o, si se prefiere, una sociedad con gran movilidad social”, para regresar a una sociedad dual -pobres y ricos- típica de nuestro lejano pasado y propia de los países menos desarrollados. Frente a una prosperidad maravillosamente generalizada, gracias a la educación y la libertad política y económica, el ridículo guerracivilismo del actual gobierno hace todo lo posible para volver a la España de hace un siglo; ¿también para repetir la desgraciada experiencia de la fracasada 2ª República? Tal es su muy manifiesta intención; pero ¿dispondrán de votos suficientes para terminar de acometer tan insensata empresa?
El
lento apagón de la UE: "Los líderes políticos no son
conscientes de la deriva"
El pinchazo del
acuerdo de Mercosur, la tensión en Groenlandia o el frenazo de la
transición energética ahondan la crisis de identidad que sufre la
Unión
Juan T. Delgado Vozpópuli.
1 Febrero 2026
"Si continúan las tendencias actuales, el continente será irreconocible en 20 años o menos". Más que una afirmación es un reproche y aparece en un documento fundamental para entender el marco geopolítico. Se denomina National Security Strategy, tiene 33 páginas y lleva el emblema presidencial de Estados Unidos.
La última edición fue publicada el pasado noviembre y sorprendió a analistas e inversores por la aspereza con la que Washington se refiere a la Unión Europea. La Adminstración Trump advierte que Europa será "irreconocible" para mal; y culpa directamente a las "regulaciones nacionales y transnacionales", que están mermando el peso en el PIB mundial (del 25% de 1990 al 14% actual). Y si la UE es cada vez más débil, es dudoso que "ciertos países europeos vayan a contar con economías y fuerzas militares lo suficientemente fuertes como para seguir siendo aliados fiables", zanja el documento.
La Estrategia de Seguridad Nacional estadounidense es un auténtico torpedo en la línea de flotación de la Unión, cada vez más hundida por la falta de liderazgo, por sus contradicciones internas y por un lastre que la Casa Blanca define como "asfixia regulatoria".
La pérdida de influencia internacional y la deriva del Europarlamento hacia posiciones ideológicas cada vez mas escoradas empieza a desesperar a los altos funcionarios que no se han dejado arrastrar por los vaivenes. Uno de ellos, del rango más elevado, confiesa en privado: "Los poderes políticos no se están enterando de nada, no están sabiendo leer lo que pasa, hacia dónde vamos. No son conscientes de la deriva". Recuerda un dato: en torno a un tercio de los escaños del Parlamento Europeo ya están ocupados por partidos de extrema derecha o de izquierda radical. Y muchos de ellos son contrarios al proyecto comunitario.
Esa realidad es conocida, obviamente, en los despachos de mando en Bruselas. Hay suficientes señales de alarma y, aún así, el transatlántico mantiene firme el rumbo en las políticas regulatorias; y los bandazos en las apuestas económicas.
Lo ocurrido con el acuerdo del Mercosur es una muestra. Sin entrar a valorar si el pacto tiene más pros o contras, la Comisión Europea ha sufrido un rapapolvo monumental, a ojos de sus grandes rivales comerciales (Estados Unidos y China). Después de que Úrsula von der Leyen se hiciera la foto en Río de Janeiro para sellar el acuerdo, el Europarlamento lo echó abajó, visibilizando la falta de unidad en asuntos clave para la economía europea.
Días después, el Ejecutivo comunitario volvió a proyectar otra imagen de acción, firmando otra alianza comercial con India. Sobre la mesa, el acuerdo es beneficioso, al mejorar el acceso a un mercado de 1.400 millones de personas. Pero el tratado también tiene detractores. El principal temor es la competencia desleal que los empresarios indios puedan hacerle a la UE, basada en sus menores costes laborales y en el proteccionismo sobre sus industrias más estratégicas.
A ningún economista se le escapa lo que China hizo en su día, invadiendo durante años el continente europeo con manufacturas baratas. Mientras tanto, sus compañías derivaban esfuerzos y capital hacia la inversión en tecnología, para convertir el país en lo que es hoy: un gigante económico a la altura de Estados Unidos.
La gran pregunta es si India tiene mucho más que ganar que la UE, que intenta abrirse paso a duras penas en el tablero económico mundial. La pérdida de autoridad se visibilizó hace dos semanas en Davos. Sus propuestas en materia de sostenibilidad o transición energética han pasado a un plano secundario, cuando acaparaban todos los focos en las ediciones anteriores.
Y no sólo porque Donald Trump, negacionista reconocido, fuera el gran protagonista del foro de este año. Ante un panorama muy incierto y la necesidad de priorizar el gasto en defensa, multitud de inversores han derivado hacia posiciones mucho más pragmáticas. Se trata de asegurarse el suministro energético a un precio razonable, sin renunciar a ninguna fuente, incluido el petróleo y, por supuesto, la nuclear. Ello implica no atarse a los compromisos rígidos y urgentes de reducción de emisiones que venía pregonando la UE.
El caso más paradigmático es el de BlackRock, el mayor fondo de inversión del mundo. Su fundador, Larry Fink, viró su portura y defiende abiertamente una transición menos acelerada. Y sus postulados marcan tendencia en las inversiones de todo el planeta.
Ese no es el caso de la UE. Según el último balance oficial de ayudas estatales, correspondiente a 2024. La protección del medio ambiente y el ahorro energético absorbieron 69.000 millones en subvenciones públicas, el 45% del total. Las políticas de descarbonización costaron otros 30.000 millones.
"Esto demuestra que los Estados miembros siguen apoyando la transición ecológica, garantizando que los beneficios de la descarbonización y la innovación digital lleguen a los hogares y a las empresas de toda Europa", aseguró, hace dos semanas, la vicepresidenta para la Transición Limpia, Justa y Competitiva de la Comisión Europea, Teresa Ribera.
Nadie como la ex ministra española simboliza tanto el apagón comunitario. Ribera paseó por Europa como gurú del giro 'verde'. El Gobierno de Pedro Sánchez, de hecho, se presentó desde el inicio como abanderado de una transición acelerada.
El escaso protagonismo de Teresa Ribera
La también comisaria de Competencia no se ha dejado ver en Davos y su exposición pública ha caído de forma considerable. En la cúpula del Ejecutivo comunitario ha perdido terreno frente al otro vicepresidente, el francés Stéphane Séjourné, defensor de la energía a la que Ribera y Sánchez le cortaron las alas en España (la nuclear).
Aún así, la comisaria española sigue argumentando que la regulación europea no es un lastre, sino una ventaja competitiva, porque genera "altos estándares" de calidad, sostiene. "No hay ningún actor empresarial en Europa que no comprenda o niegue que, a través de estos altos estándares, puede mejorar su competitividad", aseveraba en diciembre en una entrevista con 'Financial Times'.
La rotundidad de Ribera choca con las quejas constantes de infinidad de empresarios, que ven una desventaja competitiva en las cargas regulatorias y burocráticas. La "asfixia" que dice Trump. Hay ejemplos chocantes como las directivas de sostenibilidad CSRD y CSDDD, que costarán en torno a un millón de euros a un millar de compañías sólo en España, en el momento de su aplicación.
La carga es tal que hasta los propios funcionarios europeos comprendieron que se estaban pasando de frenada. Por eso aplicaron propuestas de simplificación, conocidas como 'Stop the clock'. Una suerte de medidas para desregular un poco lo que se ha regulado en exceso.
De poco han servido hasta ahora las advertencias de los contundentes informes que elaboraron Enrico Letta y Mario Draghi. Dos hojas de ruta clarividentes, que analizan los puntos débiles de la UE y sus posibles remedios. "La carga regulatoria que pesa sobre las empresas europeas es elevada y sigue creciendo", alerta el informe de Draghi. "Las empresas innovadoras que quieren crecer en Europa se ven obstaculizadas en cada etapa por políticas inconsistentes y restrictivas", añade el ex primer ministro italiano y ex presidente del BCE, quizá el ciudadano europeo que más ha hecho por salvar la moneda única.
Por si fuera poco, las ambiciones de Trump en Groenlandia han añadido más tensión aún a la UE, incapaz de poner fin a la guerra en Ucrania ni de mediar en el conflicto de Israel. Para Bruselas, una maniobra no pactada por parte de Washington constituiría una "anexión hostil de facto", recuerda un detallado informe elaborado por Freemarket.
El 'think tank' que preside Lorenzo Bernaldo de Quirós recuerda ese choque supondría "el fin de la UE como Actor Ártico". "Sin Groenlandia (y tras el Brexit), la UE perdería su mayor plataforma terrestre en el Norte. Quedaría excluida del Consejo Ártico en la práctica, dejando la gestión de la Ruta del Mar del Norte y el Paso del Noroeste exclusivamente en manos de EEUU, Rusia y, quizá, Canadá", señala.
Ante el desmoronamiento progresivo de los equilibrios tradicionales, gobiernos europeos como el español han puesto sobre la mesa propuestas. El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, abogó hace dos semanas por una "Alianza Mundial para el Multilateralismo".
El planteamiento es tan rimbombante en la forma como vacío de contenido. Y viene a dar la razón al alto funcionario que alerta sobre los desnortados líderes políticos y la "deriva" generalizada. "Europa sigue siendo estratégica y culturalmente vital para Estados Unidos", asegura la Casa Blanca en su Estrategia de Seguridad Nacional. La gran incógnita hoy día es hasta cuándo lo será.
Así influye la despoblación en las
elecciones de Aragón: un voto en Teruel vale el triple que en
Zaragoza
Diego Rodríguez Veiga. la razon.
1 Febrero 2026
Las elecciones autonómicas en Aragón encaran ya su recta final. El domingo de la semana que viene, 8 de febrero, más de un millón de aragoneses están llamados a las urnas y los partidos ultiman sus esfuerzos para intentar obtener el mejor resultado posible. La aragonesa, además, es una campaña especialmente compleja de diseñar a nivel territorial, que requiere de muchos esfuerzos y cálculos. Principalmente, porque no todos los votos valen lo mismo.
La despoblación que sufre gran parte del territorio y los intentos de los políticos por corregir las diferencias que produce han llevado a que el sistema electoral aragonés tenga unas particularidades muy interesantes que, en la práctica, hace por ejemplo que un voto depositado en la provincia de Teruel valga distinto a uno depositado, por el mismo partido u otro, en Zaragoza. La diferencia es que el de Teruel vale el triple.
Esto, unido a un umbral bajo para poder conseguir un diputado, provoca que algunos partidos pequeños, especialmente los regionalistas y aquellos a la izquierda del PSOE, tengan más facilidad para conseguir escaños. O que una mayoría absoluta sea prácticamente imposible, por esos mismos motivos. Y obliga a las formaciones, grandes y pequeñas, a concentrar sus esfuerzos en un territorio u otro, según donde creen que pueden obtener un mejor resultado.
Número elevado de diputados
En total, el Parlamento de Aragón lo componen 67 diputados, una cifra muy elevada para los 1,35 millones de habitantes que hay en la comunidad autónoma. En términos poblacionales, Aragón es la undécima comunidad más poblada, pero es la séptima con más diputados. Castilla-La Mancha y Murcia, por ejemplo, tienen más habitantes y sus parlamentos sólo tienen 33 y 45 diputados, respectivamente. Esto provoca que el voto de cada aragonés sea mucho más decisivo que el de otros españoles en sus respectivos territorios. Sólo les ganan, en cuanto a ratio de diputados por habitantes, en las comunidades autónomas de Navarra, Extremadura, Cantabria, en ese orden.
Además, en Aragón, los partidos que concurren a las elecciones sólo necesitan alcanzar un 3% del voto válido en aquellas circunscripciones en las que se presentan. Aunque esto sí sucede en otras comunidades, hay muchas que ponen la barrera en el 5%. Todas estas circunstancias premian a los partidos más pequeños, ya que les resulta más fácil obtener un escaño y, por lo tanto, robárselo a los más grandes.
Pero la verdadera clave está en el reparto interno. Aragón es una comunidad autónoma muy sensible a la despoblación. Teruel es, después de Soria, la segunda provincia con menos habitantes de España. Huesca también se encuentra en la parte más baja de la tabla. Para evitar un excesivo desequilibrio, durante el mandato de Javier Lambán se reformó el Estatuto de Autonomía en 2023 y se estableció que cada provincia (y, por lo tanto, cada circunscripción) aportara un mínimo de 14 diputados al Parlamento, independientemente de sus habitantes.
14 escaños para Teruel
Es decir, de los 67 diputados que hay en Aragón, 42 se reparten de manera fija y equitativa entre Zaragoza, Huesca y Teruel. Los 25 restantes sí se reparten según criterios de población por cada provincia, pero aun así el artículo 13.4 del Estatuto incluye mecanismos correctores para que las más pobladas no superen en exceso a las menos habitadas. Así, se logra que la provincia de Zaragoza no tenga un peso desmedido con respecto a las demás.
¿En la práctica qué significa? Que Zaragoza tiene, actualmente, el 73% de los habitantes de la comunidad, pero aporta sólo el 52% de los diputados. Huesca, en cambio, tiene el 17% de la población y el 27% de los diputados y Teruel tiene el 21% de los diputados, a pesar de que sólo representa al 10% de la población.
Este sistema permite que los partidos más pequeños obtengan una representación casi asegurada si consiguen suficientes votos en Teruel y Huesca, pero sobre todo en Teruel. También es una oportunidad para las fuerzas a la izquierda del PSOE, ya que no les penaliza tanto el concurrir por separado a las elecciones, como finalmente harán el próximo 8 de febrero. En unas generales, sería prácticamente un suicidio la falta de acuerdo entre Sumar, Izquierda Unida y Podemos; en estas autonómicas, no tanto.
Pocos votos, muchos escaños
Se puede observar con claridad usando las elecciones de 2023 como ejemplo. Teruel Existe obtuvo tres escaños por Teruel, donde cosechó 15.249 votos. En la provincia de Zaragoza, este partido logró una cifra bastante similar de votos, 13.944, pero no le sirvió para ganar ni siquiera un escaño. Chunta, en cambio, obtuvo un escaño por 6.075 votos en Huesca, y en Zaragoza cuadruplicó el número de votos, pero sólo rascó dos escaños. Pero el ejemplo más claro lo vivió el PAR: 4.817 votos en Teruel le sirvieron para ganar un escaño, pero no sacó ninguno por Zaragoza pese a que obtuvo más votos ahí, 5.286 papeletas.
Así, la mayoría absoluta para Jorge Azcón (o para cualquiera que lidere la carrera electoral) es prácticamente imposible de conseguir, porque el porcentaje de voto dista mucho de los escaños que luego se obtienen y los pequeños tienen ventanas muy amplias para conseguir representación, algo que siempre juega en contra de los grandes. Al mismo tiempo, ello obliga a redirigir esfuerzos para los partidos pequeños, que pueden dar algunas provincias por perdidas y centrarse en ganar donde sí tienen oportunidad.
Aragón es la comunidad en la
que más aumentó la criminalidad
Imposición
de la cultura árabe, llegada de menas, Pacto Verde… Azcón (PP)
defiende e impone en Aragón las políticas del bipartidismo
Unai
Cano. gaceta.
1 Febrero 2026
El presidente de Aragón,Jorge Azcón (PP), se ha convertido en uno de los líderes políticos más sumisos a las agendas que están acabando con la vida de los españoles, adoptando políticas que, bajo el pretexto de la legalidad y el consenso, perpetúan las políticas del bipartidismo en materia de inmigración masiva y destrucción del campo.
La gestión de Azcón en Aragón revela una alineación preocupante con las políticas del Gobierno central de Pedro Sánchez. El presidente aragonés ha priorizado las agendas progresistas.
Uno de los puntos más críticos es la acogida masiva de menores extranjeros no acompañados (menas). Azcón defendió esta medida alegando el cumplimiento de la ley, lo que llevó a la ruptura con VOX y al abandono de su coalición de gobierno. Esta postura no sólo ignora las preocupaciones locales sobre seguridad y recursos, sino que replica la política de inmigración abierta del PSOE, criticada por sobrecargar los servicios públicos.
Otro eje de esta sumisión es la destrucción del campo aragonés. Bajo el mandato de Azcón, se ha permitido a empresas como Forestalia —investigada por irregularidades— expropiar tierras agrícolas para proyectos eólicos masivos, talando miles de árboles y fragmentando el territorio rural. Esta política verde amenaza la viabilidad de los agricultores locales y se alinea con las ambiciones ecológicas del PSOE, que priorizan renovables sobre la soberanía alimentaria. Agricultores han denunciado que, en lugar de proteger el sector primario, el Gobierno de Azcón importa fruta marroquí para comedores escolares, afectando a 100.000 alumnos y socavando la producción nacional.
La inmigración no se limita a los menas: Azcón ha facilitado la llegada de 2.200 trabajadores chinos para la gigafactoría de CATL, vinculada al Partido Comunista Chino, incluso financiando sus viviendas con fondos públicos. Esto, sumado al aumento de la delincuencia —Aragón lideró el crecimiento criminal en 2024 debido a la inmigración magrebí—, crea «zonas no go» en Zaragoza y refleja una política de puertas abiertas típica del socialismo, que ignora el impacto en la cohesión social. Además, el Ejecutivo aragonés promueve clases de cultura marroquí en colegios, fomentando la islamización y destinando millones en subvenciones a ONG como Cruz Roja para gestionar ilegales.
En el plano ideológico, Azcón ha preferido pactos con el PSOE de Lambán o formaciones como Chunta Aragonesista antes que con VOX. Ha intentado derrumbar cruces cristianas históricas bajo excusas medioambientales —paralizado por recurso de VOX— y ha acatado la creación inminente de un registro de objetores al aborto, plegándose a las exigencias de Sánchez y promoviendo la cultura de la muerte.
Estas decisiones pintan un retrato de un PP aragonés que, lejos de oponerse al sanchismo, lo sostiene en la práctica. Mientras VOX denuncia esta «estafa» y exige un cambio de rumbo, Azcón opta por el consenso con la izquierda, perjudicando a los aragoneses.
El
viejo odio a la libertad
Editorial. ABC.
1 Febrero 2026
La cancelación cultural es la manifestación más antidemocrática de la izquierda actual, porque reviste su coacción con ropajes de dignidad y virtud. Es un método tradicional en la actuación del izquierdismo radical: sus fines son tan legítimos que cualquier medio está justificado, incluso la amenaza de la violencia o la violencia misma. El totalitarismo de esta izquierda no admite discrepancias con el adversario, ni disidencias internas. Directamente, cuando no le gusta algo directamente lo cancela. Por eso, la izquierda inquisitorial cosecha víctimas en la derecha y en la izquierda, incluso a veces con más saña en este segundo caso, por aquello de añadir a la tacha de fascista la condena de la traición.
El último fruto de esta cosecha de arrogancia intelectual de la izquierda ha sido el aplazamiento de unas jornadas sobre la Guerra Civil, que iban a celebrarse en Sevilla, organizadas por el académico y escritor Arturo Pérez-Reverte y la Fundación Cajasol. El detonante de este aplazamiento es de menor cuantía: la deserción de un escritor de súbito éxito comercial –casualmente, va a presentar nuevo libro en los próximos días–, quien se ofendió mucho porque iba a compartir cartel con Aznar y Espinosa de los Monteros. Tiempo le faltó a quien era menor de edad cuando Aznar presidía el Gobierno para regurgitar los prejuicios históricos habituales de la izquierda y enlazar a ambos políticos conservadores con el bando franquista. Tamaña heroicidad –básicamente una táctica comercial de un maleducado– fue secundada por otros políticos de izquierda, como Antonio Maíllo, de IU, o la exvicepresidenta Carmen Calvo, quien había participado en la organización.
La suspensión del evento lo ha celebrado la izquierda como si fuera una revancha de la batalla del Ebro, sin reparar en la imagen de fanatismo e intolerancia que transmiten los protagonistas de la cancelación. El temor a que la extrema izquierda reventara las jornadas con violencia ha sido determinante para la decisión de los organizadores, siguiendo las instrucciones de Pablo Iglesias Turrión, exvicepresidente del sanchismo, que sostenía que los escraches «son el jarabe democrático de los de abajo».
El foro sevillano es otro espacio de libertad y debate eliminado por una izquierda intemperante, que ha dejado su huella de amenaza y violencia en universidades, librerías, auditorios y en todo lugar donde se pretendiera el libre cruce de ideas y pensamientos. Sería chistoso, si no fuera por su toxicidad antidemocrática, que los reventadores del acto pensaran que han sido muy «progresistas», cuando lo cierto es que su conducta es de lo más rancio y podrido que conoce nuestra historia: el guerracivilismo, la fractura entre españoles buenos y malos. Se ve que titular unas jornadas como '1936: La guerra que todos perdimos' es blanquear el franquismo y no reconocer una tragedia común frente a la que incluso el PCE pidió, en 1956 una reconciliación nacional para «una nueva generación que no vivió la guerra civil, que no comparte los odios y las pasiones de quienes en ella participamos».
Tirarse muertos a la cara es muy fácil y todos pueden hacerlo, porque la historia de España lo permite, por desgracia. Habría sido muy fácil para algunos invitados darse de baja diciendo que en el cartel de ponentes hay representantes de partidos con responsabilidades directas en algunas de las peores matanzas de la Guerra Civil o que abrieron checas en Madrid antes del 18 de julio de 1936. Pero, ¿no era esta la página que hasta el PCE quería pasar para empezar una nueva etapa de concordia? Los que hoy celebran su miserable victoria sobre la libertad no son más que fantasmas del pasado.
******************* Sección "bilingüe" ***********************
No es una regularización, es un pucherazo
en diferido
EDUARDO INDA. okdiario.
1 Febrero 2026
En la época en la que a los dictadores se les llamaba «dictadores», estos jefes de Estado despóticos amañaban las elecciones vía pucherazo puro y duro o, simplemente, negando el derecho de voto a los disidentes o a los sospechosos de disidencia. Como quiera que hoy día ejercer de tirano tiene mala prensa, los practicantes de esta repugnante forma de hacer política se hacen llamar «autócratas» y no niegan el sufragio a nadie, simplemente optan por los robos electorales encubiertos, prácticamente sin que te enteres. No cogen una urna y la inundan de papeletas propias sino que más bien preparan el terreno para las próximas citas electorales alterando el censo, que es como modificar el reglamento de fútbol 24 horas antes de la final de un Mundial.
Esto último es exactamente lo que ha hecho un Pedro Sánchez que técnicamente es un autócrata y que gracias a Dios aún no nos ha transportado a Venezuela porque de momento continuamos en la Unión Europea. La regularización de entre 500.000 y 800.000 inmigrantes ilegales, han dado tantas cifras que no sé ya con cuál quedarme aunque creo que esta última es la más fiable, va en esa línea de modificar el mapa electoral a las bravas introduciendo de matute actores que ni estaban, ni se les esperaba ni por supuesto jamás deberían estar.
Un ilegal es, para empezar, una persona que ha infringido la Ley de Extranjería y a la que hay que meter en un avión y mandarla de vuelta a su país. Lo que está haciendo Trump pero pacíficamente y lo que van a tener que llevar a cabo todos los gobiernos de Occidente si no quieren que el vendaval de protesta popular se los lleve por delante. La gente está harta de que extranjeros que entraron sin papeles posean más derechos sociales y paguitas que los que llevan tributando en España toda su puñetera vida, que les impongan sus normas medievales en los barrios en los que viven desde que eran niños o que no puedan pasear tranquilamente por la calle por temor a que les peguen un tirón o agredan sexualmente a sus hijas. Esto no es xenofobia, son esas cuentas que desmienten en vano los cuentos de la izquierda: los extranjeros representan el 14% de la población residente en España pero son el 33% de la carcelaria y cometen el 40% de las violaciones, el 53% de los asesinatos de mujeres, amén del 50% de los homicidios y los robos.
Lo más curioso de todo es que el marido de Begoña Gómez ha anunciado esta medida de la manita de sus hace no tanto enemigos de Podemos, el partido de ese par de delincuentes llamados Pablo e Irena. Medida que además de alterar la dinámica electoral a medio-largo plazo, representa un tongo de tres pares de narices que provocaría vergüenza ajena al mismísimo Negreira. Ochocientas mil papeletas nuevas acabarán decidiendo unas generales más pronto que tarde. En los comicios del 2023 la diferencia de sufragios entre el bloque de izquierdas y el de derechas fue de poco más de 800.000 si no incluimos a Junts. Purita matemática electoral. Que Sánchez robó su tesis electoral pero no es tonto.
Y, para colmo, hacerla efectiva sin pasar por el Parlamento es dudosamente legal aunque ya se sabe la afición que tiene nuestro presidente a pasarse el corpus normativo por la entrepierna echando mano del Derecho alternativo. Nada nuevo bajo el sol, este sujeto es el que cerró el Parlamento en plena pandemia, el que decretó dos estados de alarma ilegales, el que pactó con ETA y los protagonistas del 1-O para llegar bastardamente al poder y el que sigue ahí en el machito pese a tener a su mujer pentaimputada, a su hermano biprocesado, a su primer número 2 en Soto del Real y al otro recién salidito del hotel rejas.
El Gobierno se ha apresurado a subrayar por activa y por pasiva que sus 800.000 ilegales no podrán votar en las generales. Cierto es que en las próximas no, salvo que se saquen de la manga otro tocomocho, pero muchos de ellos sí podrán hacerlo en las siguientes. Para emitir el sufragio al Congreso de los Diputados y al Senado es condición sine qua non estar en posesión de la nacionalidad española. Muchas de estas 800.000 personas podrán introducir la papeleta al Parlamento a partir de 2028. Desde los nacionales de países iberoamericanos, los filipinos, los portugueses, los andorranos y los ecuatoguineanos, a los que se exigen dos años de estancia para tener derecho al pasaporte, pasando por el añito de todos aquellos casados con españoles o que cuenten con padre, madre o abuelos rojigualdas.
La bomba de relojería social está servida porque en 10 años como máximo la totalidad de los 800.000 beneficiados por la regularización del autócrata tendrán en sus manos el destino de nuestro país con un arma tan efectiva como es el voto. Y podrán alterar mayorías con la misma facilidad con la que el feriante corta churros. Y resulta una perogrullada insultante recordar el elemental hecho de que cuando tú garantizas la residencia en un Estado a un ilegal lo normal es que te acabe votando por aquello de que de bien nacidos es ser agradecidos.
Los cubanos a los que acogió Estados Unidos tras el golpe de Estado de ese pedazo de asesino que era Fidel Castro votaron siempre republicano por el mero hecho de que fue un presidente de este partido, Dwight D. Eisenhower, el que les acogió tras salir por patas de Cuba la Nochevieja de 1959. Y también, todo hay que decirlo, porque unos ciudadanos que han huido del comunismo es normal que opten electoralmente por el partido que más y mejor ha combatido esta ideología diabólica. Pocas cosas hay más fieles en la vida que un votante si te portas bien con él.
No podemos ni debemos tomarnos a beneficio de inventario la nueva machadita que anunció el autócrata el martes. En contra de lo que nos quieren vender, no es un gesto de humanidad con unos pobres infelices que se jugaron la vida en una patera para poner tierra de por medio con el hambre. No. A un desalmado como Sánchez estos infelices le importan un comino, es más, si los ve les estrechará la mano para acto seguido lavársela con gel hidroalcohólico como ya hizo en el pasado con personas de color como si le dieran asco. Quiere resolver o, al menos, paliar la brutal sangría de votos que están padeciendo PSOE, Sumar y Podemos y que les deja a 45 escaños de la mayoría absoluta mientras la combinación de PP y Vox está sólidamente instalada en los 190.
Es un pucherazo en diferido pero algo más, un golpe de Estado. ¿Cómo denominamos un fenómeno que altera la igualdad de condiciones que debe primar entre todos y cada uno de los contendientes electorales y que acabará haciendo saltar por los aires el censo? Por no hablar de esos descendientes de republicanos residentes en Iberoamérica a los que se está concediendo directamente la nacionalidad y, por tanto, el sufragio. El calibre de esta otra cacicada constituye un misterio mayor que el de los agujeros negros, más que nada porque se lleva en el mayor de los secretos, pero una cosa está clara: entre unas cosas y otras el cuerpo electoral ya nada tendrá que ver en la próxima década.
Se repite la historia porque en esto de robar elecciones los zurdos acumulan notable autoridad: fue el PSOE el que de la mano de sus socios independentistas y comunistas sisó las municipales de 1931 y el que afanó 50 escaños para apartar a la derecha de la gobernabilidad de España en 1936 con las consecuencias por todos conocidas. E igualmente el que en las municipales de 2023 protagonizó varios pucherazos por todo el Sureste español que indignarían a ese Maduro que quemaba los votos ajenos para colar en las urnas papeletas chavistas. Sin olvidar que el voto por correo se disparó en las generales de julio de 2023 y que, según todos los indicios, se expresó en dirección diametralmente opuesta a la de dos meses antes en las municipales y autonómicas. Pues eso, que como no espabilemos, el marido de Bego nos robará definitivamente la democracia. Ya lo avisó Ayuso hace meses: «Sánchez se resistirá a dejar el poder… si es que lo deja». Cuidadín porque la presidenta madrileña normalmente no suele fallar en sus augurios.
Recortes de Prensa Página Inicial