Recortes de Prensa Martes 23 Junio 2026

Guerra de Ucrania – Día 1580. Jun 22, 2026
admin. https://www.guerradeucrania.com. 23 Junio 2026

Una vez más, ante el estancamiento en el frente, vuelve a hablarse de movilización parcial en Rusia. Al mismo tiempo, continúan los intercambios de golpes, con Rusia alcanzando regiones como Zaporiyia o Sumy, mientras los ucranianos dañan una importante fábrica de componentes electrónicos en Voronezh y alcanzan el centro de comunicaciones espaciales ruso de Dubna. A nivel internacional, mientras tanto, la jornada ha estado marcada por el debate sobre el papel de Europa en unas eventuales negociaciones con Rusia, la preparación de una nueva reunión de las principales potencias europeas en Berlín, la dimisión anunciada del primer ministro británico Keir Starmer y las tensiones en torno a Bielorrusia, pero también entre Ucrania y Polonia.

Finalmente, entre los días 21 y 22 de junio, las Fuerzas Armadas rusas habrían empleado, siempre según los datos oficiales publicados por el Estado Mayor de Ucrania, 88 drones de ataque de largo alcance sumados a un misil balístico Iskander-M. Esa misma fuente afirma haber derribado 89 de los drones, no así el misil. En total, durante la jornada, habrían sido una decena los civiles muertos por todo el país y 48 más los heridos, incluyendo una familia al completo en Sumy, víctima de un ataque con drones que habría alcanzado de lleno su vivienda.

Como cada día, y desde entonces, los lanzamientos de armas de largo alcance han continuado produciéndose, de forma que ha sido alcanzada por ejemplo Pavlograd, al este de Ucrania, al igual que Zaporiyia, en donde han sido varios los drones que han llegado a esta ciudad, en donde han estado muy activas las defensas antiaéreas, no pudiendo evitar daños a un depósito de combustible en la localidad de Vysokohirne. Además, desde Ucrania han reconocido daños en una de las instalaciones propiedad de General Cherry, a la sazón uno de los mayores fabricantes de drones del país.

Más allá de los drones de largo alcance, tanto la artillería como las bombas planeadoras lanzadas por la aviación rusa y los drones tipo FPV usados contra la población civil han seguido desempeñando su papel. De esta forma, por ejemplo en Járkov se ha registrado el uso de FABs, mientras que en esta misma región, concretamente en la localidad de Saltivskyi, ha resultado herido un civil tras un ataque con drones. Además, en la vecina Sumy un conductor de autobuses tuvo que ser hospitalizado tras otro ataque similar, resultando el vehículo completamente destruido. En Nikopol, por su parte, se ha registrado un muerto y al menos un herido, tras otro bombardeo con FABs. En Jersón, por último, se ha producido un fuerte incendio tras un ataque ruso con drones contra una gasolinera.

Al margen de todo lo anterior, desde el Servicio de Seguridad de Ucrania y la Policía Nacional de este mismo país, han publicado una nota de prensa informando sobre la desarticulación de un grupo de operativos del FSB ruso que estaría supuestamente a punto de cometer un atentado terrorista.

Además, un buque de carga se habría incendiado en el Mar Negro tras un ataque ruso con drones, causando la muerte de uno de sus tripulantes, según el viceprimer ministro de Ucrania para la reconstrucción, Oleksiy Kuleba. Se trata ría de un buque con pabellón de panamá, siendo el tripulante fallecido de nacionalidad egipcia y 58 años de edad. Otros dos buques más, con pabellones de Palaos y Belice, habrían sido también atacados sufriendo daños menores y sin que se registrasen víctimas.

Del lado contrario, la actividad ha sido también intensa. Durante el día 22, el Ministerio de Defensa ruso asegura haber derribado 141 drones ucranianos sobre Moscú o los mares Negro y de Azov. Nada de eso ha podido evitar, empero, que distintos puntos tanto del país, como de los territorios ocupados, vuelvan a ser alcanzados.

Comenzamos el repaso en este caso por Voronezh, donde han sido varias las explosiones y en donde Alexander Gusev, gobernador de esta región rusa, anunció la muerte de cinco personas como consecuencia de los ataques ucranianos, hablando también de decenas de heridos más, la mayoría de los cuales habrían sufrido heridas leves. Un ataque en el que Ucrania ha alcanzado una instalación industrial relevante, concretamente la planta de semiconductores VZPP-S dedicada a la producción de componentes electrónicos empleados en los misiles balísticos Iskander.

Además de en Voronezh, se han registrado ataques ucranianos contra Briansk, en donde han sido varias las localizaciones afectadas por los drones (incluyendo infraestructuras ferroviarias) o por la caída de restos, incluyendo varios edificios residenciales. Además, otro dron habría impactado contra una vivienda en Schokino, en la región de Tula, sin reportarse víctimas.

Quizá el ataque más impactante del día ha tenido lugar contra el norte de la región de Moscú, al ser alcanzado el centro de comunicaciones espaciales ruso de Dubna, una instalación vital no sólo para las fuerzas convencionales, o el funcionamiento del Estado, sino también para las comunicaciones estratégicas y el control de satélites, entre muchas otras funciones. Ucrania sigue por tanto demostrando que la disuasión clásica está completamente en jaque, incluyendo a los niveles más altos, gracias al alcance, precisión y escaso coste de las armas más modernas.

Más allá de esto, también Mariúpol, bajo ocupación rusa, ha sufrido ataques durante la noche, registrándose un apagón en esta ciudad costera. Una situación similar a la que se ha vivido en las últimas horas en la parte oriental de la península de Crimea, en donde también ha fallado el suministro eléctrico.

Ya por último, hemos de comentar que, entre lo más interesante de la jornada, a propósito de los ataques a larga distancia llevados a cabo por Ucrania, está la posibilidad de que haya llegado a este país desde los Estados Unidos un número indeterminado de misiles de crucero AGM-188A “Rusty Dagger”; en realidad una evolución de las bombas planeadoras con alcance extendido hasta los 450 kilómetros (aunque podría ser muy superior) y con la capacidad de transportar una ojiva de 500 libras, lo que le otorga un poder destructivo mayor que el de la mayoría de drones de ataque. De hecho, algunos canales rusos culpaban a estas armas del reciente ataque contra Voronezh.

Pasamos ahora a tratar la actividad en el frente de batalla, en donde las novedades continúan circunscribiéndose a un número muy limitado de sectores. Una actividad que ha incluido, en las últimas horas, la destrucción por parte ucraniana del puente de Vasylivka, por el que pasa la E-105 y que es fundamental para abastecer a las fuerzas rusas en Stepnohirsk. Una infraestructura que ha quedado, dicho esto, completamente inutilizable, si bien ya había sido atacado y reparado en ocasiones anteriores. Lo relevante, en cualquier caso, es que las AFU siguen con su intensa campaña de ataques contra la logística rusa, alcanzando no sólo vehículos (aunque la campaña sigue), sino también las infraestructuras viarias y ferroviarias.

Comenzamos el repaso a los combates y movimientos por el norte del frente. Así, nuevamente, se han vuelto a producir enfrentamientos menores en la región de Sumy, en la localidad de Riasne, objeto en las últimas horas de nuevos ataques rusos, al igual que Kidrativka.

Del mismo modo, en la región de Járkov, algunas fuentes hablan de la toma rusa de Bochkove, una pequeña aldea en la que se ha luchado durante las últimas semanas y que ahora habría caído del lado ruso.

También se ha hablado de cambios recientes en dirección a Kupiansk, junto al río Oskil, con las tropas rusas asentándose en Kurylivka y en Kucherivka, al tiempo que atacan también Radkivka.

Otro punto «caliente» sigue siendo Limán, en donde las incursiones rusas son constantes y estarían respaldadas por el empleo de artillería pesada pero, sin embargo, no parece haber un verdadero riesgo de caída de esta localidad a corto plazo.

Más al sur, en el sector de Siversk, algunas fuentes asignan a Rusia el control de Kalenyky, al este-noreste de Rai-Oleksandriva, localidad que a pesar de las múltiples banderas rusas avistadas últimamente, seguiría en disputa.

La clave de bóveda de todo el largo frente continúa estando, en estos momentos, en Konstyanytnivka, ciudad que vive una compleja situación con incursiones constantes de infantes rusos hacia zonas muy al norte de la misma.

Además de lo anterior, ya en el recodo del Vovcha, determinados mappers comienzan a reconocer la retoma por parte de las AFU de la localidad de Novopavlivka, al norte del río, tras más de siete meses de combates ininterrumpidos, aunque de intensidad muy variable.

Y más allá del frente, finalizamos la sección hablan sobre una hipotética movilización rusa que, cada vez más, va ganando probabilidades de producirse. Seamos sinceros, más allá del discurso ruso acerca de una guerra que «va bien», la realidad es otra. La tecnología está haciendo posible a las AFU superar en buena medida sus estrecheces humanas. Rusia avanza muy lentamente y lo hace a golpe de FAB y de infantería, a un precio astronómico. La toma de ciudades como Dobropillia, Sloviansk o Kramatorsk podría ser posible, pero sin duda se dilatará enormemente y necesitará de muchas más muertes. Todo lo cual, reduce las opciones del Kremlin.

Putin no puede aceptar una derrota estratégica como la que ha cosechado, en términos generales, hasta el momento (Ucrania independiente y como estado occidental, Suecia y Finlandia en la OTAN, Crimea inefectiva desde el punto de vista militar, cuestionamiento de sus fuerzas estratégicas, etc.). Por ello, necesita algo que sea posible vender a sus propios ciudadanos y sus élites (en última instancia, lo que está en juego es su propia supervivencia y no sólo política, a pesar de que ejerce un control bastante firme del aparato estatal) y, para ello, o bien arranca unas condiciones aceptables a Estados Unidos en términos estratégicos, o bien se hace con el conjunto del Donbás. Todo ello mientras, cada vez más, Ucrania está llevando a los propios rusos las penurias del conflicto, con ataques a miles de kilómetros en el interior de Rusia.

Es normal, por tanto, que por un lado en Moscú agiten el fantasma nuclear (no del todo descartable, aunque sí muy improbable) y que, por otro, se hable una y otra vez de una nueva movilización parcial que sería necesaria para continuar las operaciones con un mínimo de garantías, aunque ni siquiera eso asegura un éxito a corto o medio plazo.

Contexto internacional, diplomacia y sanciones

A nivel internacional, la jornada ha estado marcada por el debate sobre el papel de Europa en unas eventuales negociaciones con Rusia, la preparación de una nueva reunión de las principales potencias europeas en Berlín, la dimisión anunciada del primer ministro británico Keir Starmer y las tensiones en torno a Bielorrusia, pero también entre Ucrania y Polonia.

En primer lugar, Volodímir Zelenski subrayó que será Ucrania quien decida quién representa a Europa en unas futuras conversaciones con Rusia. En declaraciones para Reuters, el presidente ucraniano insistió en que Kiev debe ocupar el lugar central en cualquier formato negociador y que la participación europea debe definirse de acuerdo con Ucrania. Hay que tener en cuenta que estas declaraciones llegan después de las cumbres del G7 y Consejo Europeo, en las que se planteó nuevamente la cuestión del papel de Europa en una posible negociación, así como la necesidad de reforzar la presión sobre Moscú.

En este contexto, se espera una nueva reunión de líderes europeos este 24 de junio en Berlín para abordar la situación en Ucrania y el papel de Europa en los esfuerzos diplomáticos. En particular, se dará cita el E5, es decir, los líderes de Francia, Alemania, Reino Unido, Italia y Polonia. Este encuentro se produce, además, después de que los líderes del G7 acordasen aumentar el suministro de defensa antiaérea a Ucrania, reforzar las sanciones contra Rusia y estudiar fórmulas para permitir la producción bajo licencia en territorio ucraniano de sistemas de defensa aérea y misiles de largo alcance; cuestiones que se esperan que estén en la agenda. Además, recordemos, que, finalizada la cumbre, Ucrania, EE. UU. y Francia mantuvieron una llamada de coordinación.

A propósito y en relación con el apoyo estadounidense, Zelenski afirmó que el presidente Trump prevé pedir a empresas de defensa de Estados Unidos que produzcan misiles de defensa aérea bajo licencia en Europa y Ucrania. De este modo, y en línea con lo anterior, el mandatario ucraniano ha explicado que esta posibilidad se había discutido durante la cumbre del G7 y que Kiev esperaba avances formales en una cuestión vinculada directamente a la defensa antiaérea y antibalística del país.

Por otro lado, la dimisión (ya esperada) de Keir Starmer como primer ministro y líder del partido laborista fue otro de los asuntos que coparon la escena internacional. Desde Kiev, el presidente Zelenski agradeció públicamente a Starmer su cooperación y apoyo a Ucrania, afirmando que será siempre bienvenido en Ucrania. Por su parte, Ursula von der Leyen y Emmanuel Macron también destacaron el papel de Starmer en el refuerzo de la seguridad europea, el apoyo a Ucrania y la reactivación de las relaciones entre Londres y Bruselas. Por el momento, Starmer pertenecerá en el cargo hasta que se elija a un nuevo líder, algo que se espera antes de que el parlamento regrese de su receso de verano en septiembre.

Desde Moscú, sin embargo, opinan que no esperan un cambio sustancial en la posición británica con un nuevo primer ministro. En particular, Leonid Slutsky, presidente del Comité de Asuntos Internacionales de la Duma, afirmó que la dimisión de Starmer no modificará la política británica de apoyo a Kiev. Por su parte, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, declaró “Siempre ha defendido mantener las relaciones en cero, que es la situación actual. Por eso, no hay nada que recordar de él”, añadiendo: “Muchos se preguntan si las cosas podrían mejorar después de él. Pues bien, es improbable que surja en la escena política británica un político cuya postura sobre nuestras relaciones bilaterales difiera de la de Starmer”.

En lo que concierne a Bielorrusia, el Kremlin acusó a Ucrania de amenazar la soberanía de Minsk tras el ultimátum lanzado por Zelenski para que Aleksandr Lukashenko retire los equipos que, según Kiev, facilitan ataques rusos contra Ucrania. De este modo, Peskov calificó las declaraciones ucranianas de injerencia agresiva en los asuntos de otro Estado y afirmó que Rusia confía en que las autoridades bielorrusas sean capaces de proteger su soberanía. El portavoz del Kremlin añadió que los presidentes Putin y Lukashenko abordarían la cuestión próximamente, ya que plantean reunirse en un futuro cercano.

Cambiando de tercio, durante el día ha continuado la tensión entre Ucrania y Polonia en torno a la memoria histórica y la Conferencia de Recuperación de Ucrania que tendrá lugar el 25 de junio. En particular, la novedad de la jornada ha sido conocer que el presidente polaco Karol Nawrocki no ha sido invitado al evento en Gdansk, algo que Kiev ha calificado como un asunto interno polaco. Sin embargo, como sabemos, esta noticia llega después de que Nawrocki decidiese retirar a Zelenski la Orden del Águila Blanca en protesta por la denominación de una unidad militar ucraniana en honor del Ejército Insurgente Ucraniano y de que, en consecuencia, el actual líder ucraniano, así como expresidentes, devolviesen y renunciasen sus condecoraciones.

Además, y como nota interesante, Zelenski destacaba al conocerse la decisión del líder polaco que, si bien a él le retiraban la condecoración, la mantenían para Mussolini, la emperatriz rusa Catalina II y el excanciller alemán Gerhard Schröder. La respuesta de la oficina de Nawrocki ha sido nada más y nada menos que tanto Mussolini como Catalina II fallecieron hace mucho tiempo y no revocan la Orden a título póstumo, mientras que consideran que “el excanciller alemán nunca ha insultado a la nación polaca tan abiertamente como lo hizo el presidente ucraniano”, aunque señaló que los vínculos de Schröder con el Kremlin deben ser condenados.

Cambiando de tercio, se espera que el Parlamento Europeo acoja una reunión con representantes de la oposición democrática rusa, activistas contrarios a la guerra, miembros de la sociedad civil y académicos. El encuentro, previsto en Bruselas y que contará con altos cargos de la UE tales como la presidenta del Parlamento Europeo y los Comisarios de Ampliación y Defensa, tiene como objetivo abordar las perspectivas y desafíos de las fuerzas prodemocráticas rusas, con la participación de figuras como activista de derechos humanos y fundadora y presidenta del Comité de Asistencia Cívica, y Dimitry Muratov, premio Nobel de la Paz y antiguo redactor jefe de Novaya Gazeta.

Para concluir y a nivel cultural, hay que destacar que la oficina de la primera dama Olena Zelenska ha informado sobre la ampliación de dos iniciativas internacionales ucranianas como son las audioguías en ucraniano y las “Ukrainian Bookshelves”, es decir las estanterías en bibliotecas con obras en ucraniano. En particular, desde comienzos de 2026 se han puesto en marcha audioguías en cinco nuevos países europeos y se han abierto 25 nuevas estanterías ucranianas en distintos Estados. Además, el proyecto de audioguías suma ya 122 espacios en 59 países, mientras que la iniciativa de libros ucranianos alcanza más de 390 estanterías en 73 países y en la sede de la UNESCO.

Si caen ellos, caemos todos
Javier Benegas. libertad digital. 23 Junio 2026

El peligro ya no consiste en que un Gobierno intente influir en la Justicia; eso ha ocurrido siempre, de forma más o menos torpe o encubierta. El peligro real es otro: que un presidente acorralado por investigaciones que afectan a su partido, a su entorno y a su familia haya decidido que su única salida es arrodillar a los jueces o, si no puede, destruir su credibilidad.

Esa es la cuestión de fondo tras la polémica sobre el juez Juan Carlos Peinado y las medidas cautelares a Begoña Gómez. La retirada del pasaporte, la prohibición de salir del país o el razonamiento sobre la escolta policial son decisiones discutibles. En un país normal, este sería el debate: la proporcionalidad y el riesgo de fuga. Para eso existen los recursos. Los jueces, como cualquier ser humano, se equivocan y se exceden; por eso el sistema es garantista y permite corregirlos.

Pero España no vive circunstancias normales sino excepcionales. El Gobierno pretende reducirlo todo a una frase polémica del auto para vender que el problema no es un juez, sino el Poder Judicial entero; para convertir cualquier actuación que afecte a Pedro Sánchez en una anomalía democrática o una conspiración.

Puede que Peinado se haya excedido, pero existe una tensión innegable en las fuerzas de seguridad. Los agentes obedecen a la ley y a los jueces, pero la cúpula depende del Ministerio del Interior y los puestos clave se deciden con criterios políticos. No se trata de dudar de cada policía, pero tampoco seamos ingenuos: la libre designación puede generar presiones cuando el asunto afecta al poder. Y no se me ocurre una situación más propicia para dispararlas que la que afecta a la esposa del presidente.

Aun así, el verdadero problema no es si el juez hiló más o menos fino con la escolta, sino que Moncloa usa cualquier resquicio para desacreditar al Poder Judicial entero. No se recurre una resolución: se monta el relato de la cacería; no se discute un auto: se denuncia una persecución; no se apela jurídicamente: se agita la idea de que la Justicia es una máquina de acoso contra el Gobierno.

Con el ruido mediático Sánchez consigue, además, que olvidemos lo importante. Begoña Gómez se enfrenta a cuatro presuntos delitos graves: tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación y apropiación indebida. Aquí —ahora sí procede— su parentesco no es un detalle menor, sino el núcleo del caso, porque permite sospechar del uso de contactos y recursos de La Moncloa para beneficio propio. Ser la esposa de Sánchez no debe perjudicarla, pero tampoco puede servir como mecanismo de impunidad.

El Gobierno y sus satélites hablan de lawfare, de jueces conspiradores y de una operación política contra Sánchez. Sin embargo, las investigaciones sobre el caso Leire Díez apuntan a una operación en sentido inverso: una presunta trama destinada a presionar a policías, reventar investigaciones y desacreditar a jueces y fiscales molestos para el entorno presidencial. Quizá sí haya una ofensiva organizada contra la Justicia; sólo que los indicios no sitúan a los jueces entre los sospechosos.

Eso invierte la carga de la prueba. Quien acusa a los tribunales de conspirar debe explicar por qué, cada vez que una causa se acerca al perímetro de La Moncloa, se activa una maquinaria política y mediática contra el instructor. Debe explicar también para qué se buscaba información comprometida sobre policías, fiscales o jueces vinculados a procedimientos sensibles: si no era para presionarlos, desacreditarlos o condicionar su actuación. Y qué hacían quienes, según las investigaciones, se ocupaban de recopilarla.

Por eso el ataque contra Peinado resulta tan revelador. Begoña Gómez tiene abogados y garantías para defenderse. Puede recurrir las medidas cautelares y, si el juez se ha excedido, una instancia superior puede corregirlo. Lo intolerable es la respuesta en bloque del poder: ministros cargando contra el juez, cámaras de eco amplificando el mensaje y presión sobre el Consejo General del Poder Judicial.

Que el CGPJ haya activado un procedimiento disciplinario tras las protestas de un ministro y la agitación promovida por el entorno mediático afín al Gobierno deja una impresión inquietante: que basta una campaña política intensa para que el órgano de los jueces reaccione bajo presión. Y un CGPJ que se asusta con el ruido político empieza a parecerse a una Justicia que teme al poder.

Sánchez puede apretar al CGPJ, porque el CGPJ nació demasiado cerca de los partidos y demasiado lejos de la independencia que debería salvaguardar. Puede movilizar ministros, tertulianos de guardia y brigadas virtuales para convertir a Peinado en el problema nacional. Puede intentar que cada juez que se acerque demasiado al círculo de poder de La Moncloa parezca un conspirador togado.

Pero el Estado de Derecho no es una mera abstracción. Al final depende de personas: jueces, fiscales, policías y guardias civiles que deciden cumplir la ley aunque el precio sea una campaña de desprestigio, un traslado, una amenaza velada o la soledad. El caso Ábalos y Koldo recuerda precisamente eso: cuando hay quienes resisten, los hechos llegan a los tribunales y la propaganda deja de bastar.

Ahí está la última línea de defensa. No en una institución reducida a sigla, sino en quienes no olvidan que su juramento no fue ante un Gobierno ni ante un partido, sino ante la ley y la sociedad a la que sirven. La supervivencia del Estado de Derecho depende hoy más que nunca de esos servidores públicos: los que no miran a La Moncloa antes de hacer su trabajo.

La ley del silencio sanchista
Pablo Planas. libertad digital. 23 Junio 2026

Si el Gobierno y el PSOE no presionaran a los jueces de una manera terrible, feroz y muchas veces eficaz, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) no habría abierto un expediente al juez Juan Carlos Peinado por pedirle el pasaporte a Begoña Gómez, la esposa de Pedro Sánchez. La supuesta falta grave del juez es haber tratado a la señora como a una ciudadana cualquiera en vez de dispensarle el trato VIP que corresponde a una especie de diva que cada vez que tiene que comparecer ante el juez provoca el colapso de medio Madrid para que nadie la vea entrar en el juzgado.

El cerco contra Peinado coincide con la sentencia que condena a José Luis Ábalos y a Koldo García a 24 y 19 años de prisión respectivamente y libra de la cárcel a Víctor de Aldama por colaborar con la justicia. De entrada, parece de mayor calado que el pasaporte de Begoña Gómez la condena a Ábalos, el tipo que inauguró el sanchismo con un discurso demoledor contra la corrupción en la moción de censura que tumbó a Rajoy. Ábalos, ariete de Sánchez en la reconquista del PSOE, peón de confianza, amigo del alma, confidente y confesor, ministro de contrataciones... Al hombre que lo fue todo le toca esperar un indulto o la "absolución" de Cándido Conde-Pumpido en el Constitucional, como ya ocurrió con los condenados por el caso ERE de Andalucía.

Para no hablar de Ábalos y su colega Sánchez, el socialismo mediático roe el hueso de Aldama y gruñe contra Peinado. La cacería continúa. Empezaron diciendo del juez que tenía dos números de carnet de identidad y que utilizaba uno de ellos para camuflar una enorme cartera inmobiliaria. Todo falso. Ni carnet ni pisos. Luego han seguido sin freno. Que si está gagá, que si se va a jubilar y se quiere colgar la medalla de haber empurado a la señora, que si está zumbado, que si no rige, que si es un golpista. La intemerata y más.

Hasta cierta prensa tenida por seria ha sucumbido a las presiones de Félix Bolaños y Sarah Santaolalla y pregona editorialmente que el juez se ha pasado de frenada. Tal vez lo siguiente sea pedir el ingreso inmediato en prisión de Aldama porque según las fuentes de Cintora se trata de un personaje "muy malo, el peor de todos". Se conseguiría así restaurar el orden natural del sanchismo, la ley del silencio a la que se mantienen aferrados Ábalos y Koldo. Incluso el obtuso de Rufián se ha dado cuenta de que el testaferro de Zapatero, Julito Rodríguez, y la fontanera del PSOE Leire Díez podrían estar tentados de colaborar con la justicia visto el resultado. Se le ha olvidado mencionar a su amigo Santos Cerdán, otro segundo de Sánchez que conoce de primera mano cómo se duerme en los paradores de la administración penitenciaria.

A ver qué pasa. El poder siempre es el poder y tiene en su mano indultos y amnistías. Y la ley del silencio funciona. Este mismo lunes Salvador Illa ha homenajeado a Jordi Pujol y ha hablado de él y de Convergencia durante un buen rato sin mencionar la palabra corrupción. Entre bomberos es que no se pisan la manguera.

Una sentencia contra la 'omertà'
EDITORIAL. libertad digital. 23 Junio 2026

Primera sentencia firme de un gran caso de corrupción de los muchos que afectan al Gobierno de Pedro Sánchez. El Tribunal Supremo ha condenado nada menos que a 24 años de cárcel al ex secretario de Organización del PSOE y ex ministro de Transportes José Luis Ábalos, a 19 a su ex asesor Koldo García y a 4 años y medio al empresario Víctor de Aldama en el marco del caso mascarillas.

Se trata de unas sentencias, ciertamente, duras que no por ello resultan menos justas, ponderadas y proporcionales a la extrema gravedad de los delitos por los que han sido condenados: pertenencia a organización criminal, cohecho, malversación y tráfico de influencias.

En el caso de Aldama, la Sala aprecia la atenuante muy cualificada de la confesión por su colaboración "relevante" con la Justicia, por lo que, en una acertada aplicación del principio de oportunidad, acuerda rebajarle la pena en dos grados, respecto del delito de organización criminal y el delito continuado de cohecho y en un grado respecto del resto de delitos atribuidos. Ninguna de las penas supera los dos años de cárcel, circunstancia que permite suspender la entrada en prisión, al ser una primera condena.

Ya dijimos en su día que un Gobierno verdaderamente comprometido con la lucha contra la corrupción y dispuesto a que la Justicia llegue hasta el final, caiga quien caiga, sería el principal valedor de las rebajas de pena a todo delincuente que hubiera colaborado con la Justicia a la hora de esclarecer el delito cometido y de señalar a sus compinches. Pero es evidente que ese no es el caso del Gobierno presidido por Sánchez por lo que no nos debe sorprender que algunos de sus representantes hayan salido a la palestra a considerar excesivas tanto la pena de Ábalos como la reducción de pena de Aldama. Sin embargo, la "atenuante muy cualificada" que el Tribunal Supremo ha apreciado en el caso de Aldama es la misma que apreció el propio fiscal jefe anticorrupción, Alejandro Luzón, en sus conclusiones finales, en las que hizo un acertadísimo alegato en favor de la rebaja de penas para quien colaborara con la Justicia, por mucho que finalmente no lo pudiera solicitar por orden de Teresa Peramato, fiscal general del Estado que ya sabemos, por Pedro Sánchez, de quien depende.

Afortunadamente el Tribunal Supremo sí ha hecho suyo ese principio de oportunidad al premiar la colaboración con la Justicia con la rebaja de pena a Aldama lo que, además de ser un acto de justicia, constituye un aviso a navegantes en otros casos de corrupción que afectan al Gobierno donde todavía impera la ley del silencio. A este respecto, téngase en cuenta no sólo que Aldama señaló al juez la sociedad Apamate por canalizar la financiación ilegal del PSOE a través de Zapatero y Ábalos, sino lo mucho que podría también favorecer a la acción de la Justicia que personajes como Julio Martínez Martínez, llamado el "lacayo" de Zapatero, o como Leire Díez se saltaran la mafiosa ley del silencio y tiraran de la manta en casos como el del Plus Ultra o el de las cloacas del PSOE.

Ni que decir tiene que la más elemental asunción de responsabilidades políticas llevaría, ciertamente, al presidente del Gobierno a presentar su dimisión tras la condena de su ex número dos o a convocar elecciones anticipadas. Pero no hay que olvidar que estamos ante una trama delictiva en plena simbiosis con un Gobierno presidido por Sánchez, quien, por esa razón y por su patológica querencia a la poltrona, va a seguir comportándose como si todos estos escándalos, se hayan o no zanjado ya con condenas, no vayan con él.

Aun así, el célebre Manual de Resistencia de Pedro Sánchez va estrechamente ligado a una ley del silencio, la famosa omertà de las organizaciones mafiosas, que la sentencia del Tribunal Supremo ha hecho muy difícil que impere.

La corrupción del sanchismo socava la democracia
Vozpópuli. 23 Junio 2026

Lamentablemente, el interminable cúmulo de casos de corrupción con origen en el sanchismo que los jueces están destapando está abocando a la sociedad española a perder su capacidad de asombro o de escandalizarse. Es tal el volumen de esa corrupción que ha aflorado tanto en el PSOE, como en el seno del Gobierno, como en el entorno familiar más directo de Pedro Sánchez, que no da tiempo a digerir su extrema gravedad. A base de registros continuos, detenciones, autos judiciales, conversaciones intervenidas, cloacas, prostitución y hasta una cloaca a la medida del sanchismo para proteger a Sánchez y a su familia, hemos normalizado lo que no es sino una grave anomalía. Quienes llegaron al poder en 2018 a lomos de una moción de censura y un mensaje inequívoco de regeneración política y ejemplaridad no han podido caer más bajo. Los españoles no podemos naturalizar esta escombrera, y menos aún, cuando el tiempo de la legislatura está agotado de modo fulminante.

Si Sánchez continúa en el poder tras la sentencia del Tribunal Supremo que condena al 'inventor' del sanchismo, José Luis Ábalos, a la friolera de 24 años de prisión, y a Koldo García a otros 19 años, es sólo por dos motivos: primero, por su obsesión por aferrarse a la presidencia de un modo indigno negándose a asumir una responsabilidad política intransferible; y segundo, por el insoportable cinismo de los socios del Gobierno, que parecen disfrutar sumiendo a España en un limbo pernicioso, sin leyes, sin presupuestos y en un estado de interinidad tóxico para la credibilidad y la estabilidad del sistema. Sánchez nos trató de convencer de que odiaba la corrupción, y sin embargo la evidencia es que por acción o por omisión la ha promovido sin el menor recato: desde la presidencia y la dirección del PSOE hasta la oficina económica del Palacio de La Moncloa; desde la Fiscalía General del Estado hasta la cúpula de la Guardia Civil; desde los inéditos intentos por amordazar y 'matar' civilmente a los jueces y fiscales libres que se limitan a hacer su trabajo a su propia familia. Sencillamente, el sanchismo supura corrupción.

La sentencia conocida es dura, pero acorde con la suma gravedad de los hechos juzgados. Diseñar desde la misma campaña para las primarias del PSOE (2017) una organización criminal para delinquir -Ábalos, Koldo, Cerdán… y Sánchez-, y después utilizar una pandemia para forrarse los bolsillos a cambio de un burdo sistema de cobro de comisiones, no sólo revela un ansia de dinero y un uso espurio del poder. Revela tal carencia de ética pública, tal desprecio por los ciudadanos, y tal falta de escrúpulos, que convierte el fallo del Tribunal Supremo en doblemente necesario. Una resolución judicial no debe ser ejemplarizante. Pero sin duda, esta actúa como aviso a navegantes. De hecho es la segunda sentencia, y la segunda condenatoria, que salpica personalmente a Pedro Sánchez tras la inhabilitación como fiscal general del Estado de Álvaro García Ortiz. Y queda, a la vuelta de la esquina, una tercera sentencia: la de la Audiencia Provincial de Badajoz por el 'enchufazo' como músico y director de la Oficina de Artes Escénicas de la Diputación provincial de David Sánchez, hermano del presidente. De producirse esa condena también, el sanchismo empezaría a acumular un 'pleno' de sentencias penales demoledoras.

Resulta llamativa, por otro lado, la furibunda reacción del Gobierno y de los propios socios de Sánchez por el hecho de que el comisionista Víctor de Aldama haya sido condenado a cuatro años y medio de cárcel, pero no vaya a ingresar en prisión por haber colaborado con la Fiscalía y con los magistrados. Y es llamativo porque la izquierda siempre pregonó un concepto pretendidamente humanístico de la justicia basado en el arrepentimiento, la reparación, la rehabilitación, la generosidad y la reinserción del reo. Pues bien, ahora rechaza frontalmente que Aldama pueda beneficiarse de un atenuante de la gravedad de sus conductas, lo que es tanto como rechazar que los ciudadanos colaboren con el Estado para destapar tramas criminales y organizadas, como en este caso desde el mismo núcleo duro del poder. Aldama no se va a beneficiar del sistema mucho más de lo que en el pasado se beneficiaron, por ejemplo, terroristas de ETA a los que se suavizaron penas incluso a sabiendas de que su arrepentimiento era falso, o narcotraficantes que contribuyeron a destapar grandes mafias de drogas. Pero para ministros como Óscar Puente, que por cierto ha contribuido desde el Consejo de Ministros a indultar a corruptos 'arrepentidos' que destaparon secuelas de la 'trama Gürtel', es irrelevante lo que el sistema pueda ofrecer a un colaborador de la justicia. Lo imperante es que Sánchez se mantenga en el poder a toda costa. No le preocupa que su excompañero de partido y número tres del PSOE sea condenado a 24 años de cárcel. Ni los principios de la izquierda que dice defender. Lo que le preocupa es que Aldama seguirá en libertad porque ha colaborado con los jueces a desentrañar una corrupción sistémica, lo que demuestra que la escala de valores políticos de quienes defienden que no hay que delatar la corrupción está profundamente averiada.

Igualmente es necesario ponderar la preocupante advertencia que han lanzado los magistrados por la extensión permanente de la corrupción en el poder político. El Supremo es taxativo, y tiene razón: sencillamente, este grado de corrupción socava nuestra democracia, nuestro régimen de libertades, la estabilidad de las instituciones y la credibilidad en el sistema. Son palabras muy serias que reflejan, tal y como lo hizo el fiscal Anticorrupción al concluir este juicio, la verdadera preocupación de un poder independiente del Estado, el judicial, por la deriva de nuestra democracia. La izquierda sostendrá que no es un argumento jurídico, sino político. Tratarán de seguir deslegitimando al Tribunal Supremo y a otros jueces que están retratando al sanchismo. Insistirán en los manidos argumentos de los jueces 'fachas', el 'lawfare' y usarán las eternas excusas de que hay una persecución a Sánchez y a su gobierno para fulminarlos. Pero la única realidad, y ya son hechos probados, es que una parte sustancial de la cúpula del PSOE hizo todo lo posible desde hace ocho años para llegar al poder con el único objetivo de lucrarse. Lo que ocurre es que ya no es ningún bulo ni hay máquinas generadoras de fango. Esta corrupción masiva e insoportable está acreditada, negro sobre blanco, en una sentencia demoledora que debería avergonzar a cualquier militante socialista.

Cualquier medida para evitar el fraude electoral es poca estando Pedro Sánchez
OKDIARIO. 23 Junio 2026

El recuento del voto por correo se realiza a la par que el recuento del voto ordinario, pues las papeletas procedentes del primero se introducen en las urnas al acabar la votación, de modo que a partir de ese momento es imposible determinar la procedencia de unos y de otros. Vox va a presentar una proposición de ley orgánica para reformar la ley electoral, a fin de evidenciar una eventual manipulación del voto por correo cuando este no guarde ninguna relación de proporcionalidad con el voto presencial. Lo que se pretende es que el voto por correo se cuente aparte del voto presencial, de manera que sea fácilmente comprobable si hay una distorsión entre ambos.

Puede parecer una medida exagerada, pero en la España de Sánchez cualquier posibilidad de fraude no es en absoluto descartable, más aún cuando va en la naturaleza del sanchismo adulterar el resultado de las urnas, como ocurrió en el Comité Federal extraordinario del PSOE que terminó, tras el intento de pucherazo, con la renuncia de Sánchez. Y es que en una situación de normalidad institucional la medida no tendría sentido alguno, pero con este Gobierno adquiere una dimensión distinta.

Basta observar cómo el Ejecutivo está procediendo a una reforma del censo electoral por la vía de nacionalizar a todos los descendientes de españoles a fin de impulsar el voto exterior en beneficio del partido del Gobierno. Por eso, la iniciativa de Vox adquiere una lógica evidente: hay que despejar cualquier sombra de manipulación electoral, algo impensable hasta la llegada de Pedro Sánchez al Gobierno, pero en absoluto descartable si tenemos en cuenta que este Ejecutivo ha dado muestras de una querencia constatable al fraude.

Cualquier medida que dificulte un potencial pucherazo es bienvenida, aunque a algunos les pueda resultar desproporcionada. Y es que cuanto más herido políticamente esté Pedro Sánchez, más posibilidades hay de que intente retorcer el resultado de las urnas.

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